Nueva medida cautelar contra la exploración offshore
El día de la fecha, organizaciones socioambientales solicitan ante la Justicia Federal una medida cautelar por las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la perforación que la compañía noruega Equinor tiene autorizada para comenzar en los próximos meses en el pozo Argerich 1 del bloque CAN-100, frente a la costa de Buenos Aires. Esta acción es una nueva cautelar que se realizó en paralelo a la acción existente sobre CAN-100 presentada en enero de 2022, que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La acción legal fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar).
Esta acción se presenta en simultáneo a la movilización recurrente #Atlanticazo, convocada por diversas organizaciones y la ciudadanía el día 4 de cada mes. Desde las organizaciones argumentan que existe una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos hacia dicha fauna y flora. “Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La empresa ha omitido o subestimado diferentes impactos de esta actividad, afectando no solo la biodiversidad sino también la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, que podrían verse impactados por posibles derrames, de acuerdo a modelados que fueron realizados tomando parámetros meteorológicos promedio y no los peores escenarios en términos climatológicos.
A su vez, la fecha prevista para la realización de la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Franca Austral.
Otra falencia detectada en el estudio es que no especifica cuáles serán los elementos químicos utilizados en la perforación y los parámetros que se utilizarán para determinar cuáles se arrojarán al agua, cuáles podrán ser tratados a bordo del buque y cuáles deberán retornar a tierra para remediación y tratamiento.
Las organizaciones también señalan una falta de implementación real y efectiva del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de carácter constitucional ratificado en el Congreso y vigente por Ley 27.566. El mismo ampara el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones vinculadas con el Patrimonio Natural de la Nación.
La presión ejercida sobre la justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad.
Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore.
Contactos de prensa:
Gonzalo Vergez (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 223 426-927
Florencia Rodriguez (Prensa de Greenpeace Argentina) +54 9 11 3761-2969
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.
La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.
Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan).
Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco.
Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.
Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522 hectáreas de bosques nativos. La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.
Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.
Un veinticinco de septiembre, de 1997, Entre Ríos declaró la libertad de sus ríos. La educación pública lo sigue celebrando cada renacimiento de las primaveras.
La constitución provincial renovada en 2008 lo consolida, para todos los tiempos, cuidando los principios de prevención como de progresividad desde el restablecimiento y sanación de los «corredores biológicos» de sus ríos y «ecosistemas asociados».
Fue y es una convocatoria política y social hacia el ejercicio de la equidad y la ética intergeneracional, que, en estos tiempos de enormes cambios globales, adquiere una desafiante provocación frente a la gestión de cuencas y la inexistente democracia participativa.
“Entre Ríos Sí, entre represas No”; «ríos libres para pueblos libres», cantaban marchando por las calles de Paraná, sus gentes celebrando aquella libertad.
En estos tiempos adquiere una dimensión simbólica y amorosa muy particular, ratificando el valor de un pueblo que supo desde la resistencia al represamiento del río más grande del país, volverse creativo y constructor social de una ley liberadora y protectora de las aguas y sus reinos de vida.
En el actual proceso electoral, en momentos de una enorme crisis civilizatoria, se convoca desde los estrados libertarios a la privatización de los ríos. Chile lo concretó durante una dictadura. Fue una calamidad. De alguna manera privatizó el ciclo del agua, único caso en el mundo. El reciente intento de reforma constitucional en el país hermano infelizmente no logró retrotraer semejante violación del derecho humano y no humano de acceso al agua saludable.
Ante la amenaza privatizadora del río, y por lo tanto de sus bienes comunes y naturales no humanos, manifestada en la presencia, belleza y milenaria diversidad biológica, la mercantilización de las vidas es un agravio a la dignidad del ser, del estar y el habitar los mundos, en paz, en convivencia y en confraternidad entre todas las especies de las que somos parte.
Somos ríos, somos naturaleza, de ella inter-dependemos, nos sostiene, alimenta, limpia y cura.
En primavera nació la ley de libertad de los ríos en un concierto federal donde los bienes naturales son del dominio originario de las provincias. Los libertarios no tendrán poder democrático legislativo para reformar constituciones, ni leyes, ni los pactos relevantes vigentes en el país, ratificados en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El único modo de privatizar la vida, de transformarla en más y más mercancías, será violentando, forzando, tiranizando el contrato social mayor y provincial.
Este anunciado autoritarismo de Estado privatizador de las vidas, es impensado en la República. Deberán, el Congreso de la Nación como la Justicia, actuar con la emergencia cívica y la paz social que nuestra tierra y sus pueblos tanto necesitarán.
Y si se atreven, los entrerrianos volveremos a estar en las calles y plazas, caminaremos y navegaremos los senderos de la verdadera libertad, la de todos los seres que somos, porque somos humedal, somos Pachamama, somos naturaleza, somos la trama de la vida. Estamos abrazados a ustedes, con los nuestros y las de ayer, mil años y más, todas madres de la libertad real, verdadera, fraterna y solidaria, libertad de aguas, porque agua somos.
Celebramos ratificando el espíritu constitucional así narrado: «…La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados…».
(*) Abogado, ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná.
La investigadora Maristella Svampa del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la UNSAM fue distinguida por la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania) por sus aportes sociológicos al estudio de los riesgos del extractivismo en sus diversas facetas.
La socióloga y filósofa Maristella Svampa, investigadora superior del CONICET con sede de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) de la UNSAM, fue distinguida con el Premio de Investigación Georg Forster, que otorga la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania).
El trabajo de Svampa fue reconocido junto con el de otrxs cinco investigadorxs de países emergentes, nominadxs por colegas de Alemania e invitadxs a ese país para desarrollar proyectos colaborativos. El premio es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania como un instrumento para promover la cooperación científica y el avance del conocimiento en diversas disciplinas académicas. De las seis personas premiadas, dos son argentinas: Maristella Svampa y Andrea Bragas, física de la UBA. Los Georg Forster 2023 también reconocieron al agrónomo Achille Assogbadjo (Benín), al químico Igor Olegovich Fritsky (Ucrania), al teólogo Louis Cloete Jonker (Sudáfrica) y al lingüista Abdelhadi Soudi (Marruecos).
Foto: Dafne Gentinetta
Svampa, que suele definirse como una investigadora anfibia, estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en Historia y Filosofía en Francia, y el doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Recibió varios premios y reconocimientos, como la Beca Guggenheim (2007), el Premio Konex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo (2018). En 2022 ocupó la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge.
Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo (2020) y La transición energética en Argentina (coeditora). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, una propuesta latinoamericana que propone disputar sentidos sobre la transición socioecológica (particularmente, la transición energética) en clave geopolítica. Es también miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y de la Colectiva Ecofeminista Mirá, junto con destacadas escritoras argentinas.
“Maristella Svampa es, sin duda, una de las investigadoras más importantes del Sur Global y de América Latina”, celebró Hans-Jürgen Burchardt, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kassel y director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), que promueve el intercambio de ideas entre el Norte y el Sur. “En particular, Svampa ha investigado intensamente las cuestiones de la exportación de materias primas y los riesgos del modelo de desarrollo exportador de materias primas en sus diversas facetas con el fin de desarrollar alternativas social y ecológicamente compatibles. Su extenso trabajo sobre este tema, que refleja críticamente los avances actuales, podría considerarse un ejemplo paradigmático de excelencia científica y de compromiso sociopolítico”.
Felicitamos a Maristella, una investigadora cuyo trabajo siempre ha estado anclado en la defensa del pensamiento crítico y del sistema de investigación y educación pública.
Representantes de las Asambleas del Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, Río Negro, para denunciar penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Dina Lina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se llevaría a cabo en la ciudad de Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a: -Tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A.
De acuerdo a dicha resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se les impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando: las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia.
La secretaria de ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo y toda ciudadano y ciudadana deben tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Para citar sólo algunas, nos referimos a la ley 27566, la 27275, la 25831, la 3266, la 2631.
Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada. Asimismo, comunicamos públicamente la denuncia penal elevada contra Dina Migani por las responsabilidades que mencionamos y las previstas en los términos del artículo 248 del Código Penal.
Firmas:
Asambleas de la Curru Leufú – Multisectorial Golfo San Matías – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea en Defensa del Agua de Ing. Jacobacci – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel – Agrupación Trawn ko (Viedma) – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral Social Diócesis de Viedma – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – Observatorio Petrolero Sur – Red de Comunidades Costeras
Teléfonos de contacto:
☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
☎️+54 9 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina
El gobierno de Corrientes destruyó decenas de kilómetros de bosque ribereño del arroyo Riachuelo. Luego de un fallo judicial y una audiencia de partes, tiene diez días para plantear cómo va a restaurar el daño provocado y qué medidas concretará para proteger el ambiente. Fue fundamental la acción de ciudadanas nucleadas bajo la consigna “el Riachuelo se defiende”.
Corría el mes de julio de 2018. Una draga y dos retroexcavadoras se internaron en las márgenes del arroyo Riachuelo, a diez kilómetros de la capital correntina, y arrasaron con enormes extensiones de bosques ribereños, incluso dentro del Parque Provincial San Cayetano. La excusa: obras de dragado del arroyo.
El responsable de este daño ambiental fue el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA), organismo del estado provincial que contrató y autorizó a la empresa Ecodyma Sociedad Anónima para las tareas de dragado y refulado del Riachuelo. Es necesario destacar que no se realizó siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental, ni se realizaron mecanismos de participación pública, como establece la más elemental legislación vigente. Tampoco se consultaron organismos públicos como la Dirección Provincial de Recursos Forestales ni a las autoridades del Parque Provincial afectado.
Al no existir una Evaluación de Impacto Ambiental nunca se pudieron determinar todos los componentes ambientales que iban a ser afectados por los impactos de la obra y en qué magnitud, ni del medio físico, ni social, ni biológico. Ni, menos aún, replantear las obras para evitar el daño y afectación.
El daño ambiental fue extenso y la biodiversidad afectada es incontable. Entre las especies perjudicadas por las obras ilegales se encuentran: el lobito de río, el mono carayá, aves y fauna íctica. Entre los ambientes afectados a lo largo de los veinte kilómetros se pueden señalar los bosques de ribera, el propio río, esteros, bañados y el paisaje en general.
Leyes vulneradas y acción judicial
El dragado fue ilegal porque violaron todo tipo de normativa, entre otras la Ley Nacional de Ambiente (25.675), la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos 26.331 (artículo 9 y concordantes) y la Ley Provincial 5974 (artículo 16, entre otros). También la Ley 6360 de creación del Parque San Cayetano y otras provinciales como la 5175 y la 4736. Es por ello que fue la propia Dirección de Recursos Forestales de la provincia que afirmó que “el desmonte de bosques nativos no está permitido. La autorización solo puede ser otorgada en zonas categorizadas de bajo valor de conservación o verde”.
Es que todo el bosque ribereño dañado por las obras estaban clasificados y protegidos como bosques tipo I (rojo) y tipo II (amarillo), según la clasificación de la Ley Nacional de Bosques Nativos, lo que debió impedir su destrucción. También se violó la protección legal del lobito de río (declarado por ley “monumento natural”, que insta a la protección del animal y su hábitat) y se afectó el Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) Estero Valenzuela.
Valientemente un grupo de mujeres profesionales de la biología y la ecología (nucleadas bajo la consigna “El Riachuelo Se Defiende”) iniciaron una acción judicial para intentar revertir la situación de daño ambiental. No es fácil en provincias como Corrientes iniciar acciones judiciales contra el poder sin tener represalias personales o laborales, por ello lo encomiable de esta acción.
En una larga batalla judicial lograron, en julio de 2022, que el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria que implica realizar tareas de recomposición del ambiente dañado. A más de un año de la sentencia, el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) —condenado judicialmente— no realizó ninguna de las tareas ordenadas por el fallo.
En la actualidad, la zona deforestada y la ribera dañada por el dragado y refulado presentan un gravísimo daño ambiental. La vegetación que conformaba el bosque, en especial los grandes árboles, no se ha recuperado ni lo hará en el corto o mediano plazo y muchos animales que habitaban en la ribera intervenida no han regresado. Las familias de monos aulladores que estaban siendo estudiadas se han ido, al igual que muchas aves que anidaban en las copas de los árboles. Tampoco se ve al lobito de río nadando en el cauce intervenido.
La zona dañada a lo largo de la ribera fue afectada seria y definitivamente por la empresa contratista y, también, por la omisión de contralor del Estado provincial. Es alarmante esa inacción, ya que tiene la ineludible obligación de asegurar la integridad ecológica de los ecosistemas.
Particularmente, los bosques ribereños, además de su belleza, cumplen funciones esenciales ecosistémicas: evitar la erosión de las costas, retener sedimentos, aportar de nutrientes a los cuerpos de agua, ser refugio y corredor de fauna.
Foto: El Riachuelo se Defiende
Cuatro medidas concretas y un plazo de diez días
La jueza Lorena Alicia Rak (Juzgado Civil 8 de Corrientes) llamó a una audiencia, la semana pasada, para establecer la forma de ejecución de sentencia (que ya se encuentra firme). Este hecho en sí mismo ya fue muy importante porque —por primera vez en mucho tiempo— funcionarios provinciales tuvieron que dar explicaciones de su inacción y así comenzar a romper la impunidad con la que se manejan. Como ejemplo de inacción, complicidad e impericia sobresale Mario Rubén Rujana, quien era titular del Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) al momento del daño ambiental (2018).
A la audiencia judicial acudieron las demandantes y la parte condenada: el ICAA y el gobierno provincial. En un largo debate, las impulsoras de la denuncia, avaladas por la ciencia y los antecedentes jurídicos en causas similares, exigieron medidas muy concretas que incluyen la recomposición de las áreas afectadas pero también medidas de compensación ambiental por el enorme daño ambiental ya realizado.
Exigieron:
Ampliación de la Reserva Provincial en algún sector del AICA Estero Valenzuela (las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves son áreas prioritarias y de alto valor para la conservación).
La sanción de un decreto provincial que prohíba totalmente el desmonte en bosques de ribera (bosques ribereños inundables y no inundables que se desarrollen hasta 200 metros desde la costa) hasta en tanto exista una norma provincial que establezca un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana, sobre los bosques de ribera.
La realización de una sostenida campaña de difusión del valor y la importancia de los bosques ribereños, de las cuencas y la biodiversidad acuática.
Que se lleven adelante proyectos de restauración de bosques ribereños de todo el arroyo Riachuelo, incluyendo propiedades privadas. Estos proyectos deberán ser realizados por un grupo de expertos en comunidades arbóreas de la provincia.
El Poder Judicial le otorgó un plazo de diez días hábiles al Estado Provincial y al ICAA para que respondan al pedido concreto de las accionantes y empezó a delinear una mesa de trabajo, junto a la sociedad civil, para que se controlen las acciones de reparación ambiental.
Los funcionarios públicos están obligados a proteger al ambiente y recomponer el daño ambiental, como señala la propia Constitución Nacional. De no realizar estas acciones son pasibles de ser denunciados penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Y esto incluye no solo a los funcionarios que ejercían sus cargos al momento de la comisión de los daños ambientales sobre el arroyo Riachuelo sino también a los actuales porque, como vimos, el daño ambiental continúa sin reparación alguna. Además que también podría iniciarse una acción autónoma por el daño ambiental, lo que significaría un largo derrotero judicial pero una segura y costosa condena para la provincia y la empresa Ecodyma (ejecutora del daño).Registro de las máquinas dragando, sin estudio de impacto ambiental, en el arroyo Riachuelo
Una provincia castigada y con impunidad
Corrientes es una provincia donde existe una gran impunidad ambiental. Según estudios locales conserva apenas el 7,8 por ciento de sus bosques nativos y, peor aún, menos del dos por ciento de sus bosques ribereños originales. En el 2022 sufrió incendios forestales y de humedales equivalentes al 12 por ciento de su territorio sin que se haya establecido ningún responsable, ni civil, ni penal, ni siquiera político.
En Corrientes también se produce una irracional y descontrolada aplicación de agroquímicos, que hasta provocó la muerte de un niño: José “Kily” Rivero tenía 4 años, vivía en el paraje Puerto Viejo (Lavalle), zona de producción de tomates y altamente pulverizada con agrotóxicos dañinos para la salud y el ambiente y murió por ello en el año 2012.
Por ello la importancia de esta causa judicial y una buena resolución de la misma. Tanto por las acciones concretas de recomposición y compensación ambiental pero, también y muy importante, porque podría ser el comienzo del fin de la impunidad ambiental en la provincia. Y, de este modo e irrefrenablemente, se empiece a revertir la larga historia de injusticia ambiental de Corrientes, donde la permanente violación de legislación y la destrucción de ecosistemas quedan impunes.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaremos formalmente un escrito para exponer, denunciar y detallar las violaciones a los derechos democráticos que sucedieron el día de hoy en la localidad de Sierra Grande, en la Audiencia Pública por el el oleoducto Vaca Muerta-Costa Atlántica-YPF Oil Sur. Ante un contexto de escalada de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad e instituciones estatales, es esencial preservar la participación ciudadana en los procesos legítimos y salvaguardar la integridad de nuestros principios democráticos.
La presencia abrumadora de fuerzas policiales y grupos de choque, que amedrentaron, amenazaron e impidieron el acceso de la ciudadanía a la Audiencia, es de particular relevancia en la evaluación de proyectos extractivos que avanzan sin legitimidad social. Exigimos se integre la voluntad popular mediante la participación de la comunidad en los procesos legales y democráticos. La entrada restringida a la Audiencia atenta contra la esencia misma de la democracia participativa.
En condiciones tan adversas, no puede llevarse a cabo una Audiencia Pública que pueda ser considerada válida por la ciudadanía. La ausencia de garantías para la seguridad física de los ciudadanos y ciudadanas socava la posibilidad de una participación libre y sin restricciones. Es esencial que los procesos democráticos se desarrollen en un entorno que promueva la seguridad y la expresión genuina de las voces ciudadanas.
La encrucijada política en la que nos encontramos nos invita a reflexionar sobre los valores que defendemos como sociedad. Si la acción que se emprende conlleva destrucción y vulneración de derechos, no puede ser considerada un avance o progreso genuino. Es nuestra responsabilidad colectiva proteger nuestro entorno y nuestros principios y derechos democráticos.
Fotos y registro desde el exterior de la Audiencia: Pablo Piovanno
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentamos formalmente una denuncia ante la UNESCO y RAMSAR sobre el alarmante avance de un proyecto petrolero ilegal en la Península Valdés, ubicada en la Provincia Argentina de Chubut. La península, un ecosistema único y protegido, está en riesgo de sufrir daños ambientales irreparables debido a una inconstitucional modificación de la legislación provincial que permitiría la instalación de oleoductos en el área.
La denuncia pone de manifiesto la inconstitucionalidad de la ley que deroga la ley Nro. 3308 de la Provincia de Río Negro. La misma prohibía la prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino. También la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten estos productos. La modificación legislativa aprobada sin ningún tipo de consulta a los pueblos originarios ni participación ciudadana, ha abierto la puerta a un oleoducto y un puerto de exportación de combustibles fósiles no convencionales, poniendo en grave peligro el frágil ecosistema de la península.
La Península Valdés ostenta una doble protección como Patrimonio Natural de la Humanidad y Sitio RAMSAR, reconocimientos que subrayan su valor único y excepcional en términos de conservación de la biodiversidad y los hábitats marinos. Hemos destacado ante ambos organismos la importancia de estas designaciones internacionales y cómo la modificación legislativa viola directamente los compromisos asumidos por Argentina en relación con la preservación de este patrimonio. La Convención RAMSAR tiene un papel crucial en designar y proteger humedales de importancia internacional (como lo es el caso de la Península Valdés). Por otro lado, la UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que otorga el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad, que reconoce su valor excepcional y promueve su conservación. Estas presentaciones buscan garantizar la protección de la Península Valdés, un área de importancia mundial para la conservación de mamíferos marinos y humedales costeros.
Además de la presentación ante UNESCO y RAMSAR, vecinas y vecinos preocupados han llevado a cabo presentaciones administrativas en toda la región, desde Chubut a Río Negro, en la Subsecretaría de Ambiente de Cambio Climático, la Defensoría Provincial, la Fiscalía y el CONICET. Estas acciones ciudadanas reflejan la preocupación generalizada por la preservación de este importante ecosistema. A su vez, también se realizó una manifestación en el marco del Artículo 16 de la Ley Provincial de Audiencias Públicas de Río Negro para que se incorpore a vecinos/as como asistentes aunque no tengan domicilio en la provincia. Esto debería garantizar que puedan participar como asistentes los expertos relevantes para la temática.
La causa por el golfo San Matías
El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial, prohibiendo la instalación de ductos. Esta modificación fue realizada de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista. Por eso presentamos un Recurso Extraordinario Federal el 31 de mayo pasado para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro.
En él denunciamos que el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada en agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no represión y al derecho de información y participación ciudadan. Esto modificó así la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural del Golfo San Matias. El STJ también le negó la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la acción legal:
Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.
Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927
Las asambleas de Río Negro, Chubut y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentan recurso administrativo exigiendo la suspensión de la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para el 17 de agosto en la localidad de Sierra Grande. El conjunto de irregularidades existentes en el llamado cercenan la libre participación ciudadana y constituyen una acción más de degradación democrática. Imponen el extractivismo sin escuchar las alertas que expresamos en defensa de un ambiente sensible como el Golfo San Matías y la Península Valdés, patrimonio natural de la humanidad declarado por la Unesco. A su vez impulsan más fracking en Vaca Muerta profundizando las consecuencias de esa explotación.
La violencia de imposición de este proyecto viene coartando múltiples derechos ciudadanos desde su inicio. Hoy se está llegando a esta Audiencia sin aplicar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocida en la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a las comunidades directamente afectadas por el proyecto. Dicho hecho es contrario al espíritu del reciente fallo del juez Muscillo que expresa con claridad la nulidad de cualquier acto administrativo sin consulta. Hay que destacar que no han sido consultados ni el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, ni la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, órgano representativo de las comunidades.
Por otra parte, el llamado a evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) carece de voluntad de mayor participación ciudadana. Las 4250 páginas están presentadas en un archivo escaneado que no permite usar motores de búsqueda ni trabajar en él. Así mismo, se pretende que el EIA sea estudiado por la población en 30 días previstos para el llamado a Audiencia, usando el piso mínimo establecido por ley. La cantidad de días en un proceso honesto debería depender, entre otras cosas, del volumen y la complejidad de la documentación a analizar. No es este caso.
La normativa establece ese límite menor, pero entendiendo que el proyecto involucra más 600 km de extensión, que comprende tres provincias que pueden verse afectadas, así como la construcción de dos grandes obras como un centro de acopio y un puerto petrolero de grandes dimensiones, el plazo es claramente insuficiente. Además, es violatorio de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al suscribir el acuerdo de Escazù y hacerlo efectivo en nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 27566.
Estos mecanismos tornan la Audiencia en un acto absolutamente simulado que pretende algo que sabe que no logrará: garantizar la implementación plena y efectiva del derecho al acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de decisiones ambientales.
El Estudio de Impacto Ambiental presentado lo realizaron tres consultoras diferentes, con criterios distintos de evaluación de impacto e información poco legible o entendible para la población de interés. Incluso con páginas en inglés. Este estudio técnico -de 4250 páginas-, elaborado por especialistas y profesionales de distintas disciplinas que pretenden que sea estudiado en menos de un mes, asi como que las críticas, inquietudes o dudas se expresen en intervenciones de no más de cinco minutos. Por su parte, el formulario de inscripción es sólo para personas residentes de la provincia, lo que significa quienes residen en el resto de las provincias afectadas, asi como especialistas que pueden aportar pero no residen en Rio Negro, están excluidas. La falta de interés de participación plena denota en no realizar el llamado de manera híbrida dando lugar a distintos actores de interés. Teniendo en cuenta las distancias, el costo del viaje y el tiempo que toma llegar, la modalidad híbrida debería ser parte esencial de la Audiencia.
Hemos visto en la última semana a la Secretaria de Ambiente, Dina Migani, promover con la empresa YPF el proyecto. No nos sorprende en absoluto, entendiendo que la ministra también es una empresaria del sector petrolero que se beneficiará directamente. Dina Migani y su familia verán acrecentadas sus ganancias con mayor actividad de fracking; su empresa Quinpe SRL que vende químicos a las petroleras, entre ellas a YPF.
El consenso del fracking no logrará imponerse esta vez. Las Asambleas de toda la provincia y organizaciones de Chubut, Neuquén, entre otras, nos movilizaremos el día 17 de agosto para reafirmar el rechazo a este proyecto de saqueo, contaminación y muerte.
El Golfo no se toca. Si contamina, no es progreso.
Firmas
Multisectorial Golfo San Matías – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – Observatorio Petrolero Sur – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral social Diocesis de Viedma- Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche –Asamblea de Contralmirante Cordero Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel- Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Agrupación Trawnko
Teléfonos de contacto:
☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías
☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina
Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:
Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos
Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
Violación del derecho a la protesta
Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara
Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as.
Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.
El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes.
Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio.
Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”
El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo.
Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.
