Offshore
En un contexto de crisis climática y ecológica, la expansión de la frontera fósil forma parte del pasado. Es una tecnología obsoleta que debe entrar en desuso cuanto antes y esos fondos deben ser desviados hacia la construcción de la infraestructura necesaria para una transición energética justa. Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Uruguay, Dinamarca, EEUU, España son algunos de los países que han prohibido toda nueva exploración de petróleo en el mar. Esto significa a su vez que invertir en infraestructura fósil derivará en activos varados y en inversiones malgastadas. Mientras el norte abandona la industria hidrocarburífera, no podemos permitir nuevos proyectos de multinacionales en nuestro territorio y mares, lo cual va en detrimento de nuestra propia soberanía financiera, marítima y energética.
Desde el punto de vista ecosistémico, es necesario destacar que ante la acidificación y contaminación de nuestros mares y océanos, los proyectos de explotación de combustibles fósiles en el mar son la antesala de un auténtico ecocidio que no solo va a afectar al mar, a la ballena franca, lobos marinos, delfines y muchas otras especies, sino que también puede convertirse en una catástrofe que recaiga sobre el mar y las playas de uso público e incluso actividades productivas como la pesca. A su vez, esto disminuye sus funciones ecosistémicas fundamentales, como la captura de carbono, más necesaria que nunca debido al efecto invernadero ocasionado en gran parte por los mismos combustibles fósiles que se buscan.
Desde la dimensión climática, la protección del Mar Argentino es necesaria para proteger sus ecosistemas, su rica biodiversidad y los medios de vida de las comunidades costeras. También es vital, de cara a la emergencia climática que estamos viviendo, siendo el océano el principal mitigador del cambio climático y el responsable de la generación de oxígeno, almacenamiento de carbono, regulación de la temperatura planetaria y también proveedor de alimento para tantas especies, incluyendo la humana. Argentina tiene la oportunidad de ser una guía de los países de la región para fortalecer a América Latina frente a la amenaza del Cambio climático.
Desde el lado económico los beneficios son claramente para un sector concentrado. Por Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de concesiones hidrocarburíferas offshore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Esto significa que con una inversión de solo 982 millones de dólares (menos del 0,4% de las divisas que generarían estas concesiones hasta el año 2035), las petroleras, mayoritariamente transnacionales, tendrían libre disponibilidad de más 150.000 millones de dólares hasta el año 2035. Asimismo, por esta misma ley, las concesiones offshore son a 30 años, con opción a extensión por 10 años más, por lo que durante ese período las petroleras extranjeras dispondrían libremente de 300.000 millones de dólares que jamás ingresarían al país.
Estamos en un punto de inflexión de la historia y es fundamental acelerar la ambición ambiental de las políticas, y comenzar la transición para abandonar los combustibles fósiles.
