Archivos de categoría: Áreas de trabajo

Proyectos trabajados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Militancia judicial con perspectiva ecológica.

Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías 

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros. 

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental. 

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero. 

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas. 

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. 

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas: 

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

  1. https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general


Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. 

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria. 

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

Documento analisis-DNU-70_2023.docxDescarga
Cumbre Climática ONU Julieta De la Cal.

América Latina y el Caribe Exigen Acción Histórica en la Cumbre Climática ONU

En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.

La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.

En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.

Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.

En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.

La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.

Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.

En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.

Imagen de portada: Julieta De la Cal.

Avance de proyectos de canalización ponen en riesgo a la cuenca del Río Uruguay 

22 de noviembre de 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas hacemos pública nuestra inquietud y desaprobación a los Estudios de Impacto Ambiental presentados en relación al proyecto de habilitación de la vía navegable del Río Uruguay desde Paysandu-Colón hasta Concordia-Salto. Hemos dirigido estas mismas críticas al Sr. Alejandro Nardin, de la Secretaría Técnica Comisión Administradora del Río Uruguay, y a los consultores de dicho organismo. 

De acuerdo a análisis técnicos y jurídicos relevados, hemos realizado distintas observaciones sobre aspectos del proyecto, destacando extrema preocupación sobre la falta de una visión integral de cuenca, la necesidad de una Evaluación Ambiental Estratégica, y la convocatoria a licitaciones sin la finalización del proceso de estudios y participación social.

Los estudios, revelados recientemente, destacan conclusiones que nos instan a formular las siguientes observaciones:

Inexistente visión de cuenca: Los estudios realizados limitan su enfoque al área del proyecto de canalización, careciendo así de una visión integral de la cuenca. Esta limitación impide abordar impactos sociales y ambientales no estudiados, violando principios fundamentales de prevención y precaución.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): La ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica es evidente. La sucesión de hechos propuestos, con probabilidad de consumarse en etapas a corto y mediano plazo, requiere una EAE previa. Tanto la normativa vigente del Ministerio de Ambiente de Argentina, como la Constitución de Entre Ríos respaldan esta necesidad, considerando que la provincia es la titular originaria de los bienes naturales que podrían ser afectados.

Licitaciones sin finalización del proceso de estudios y participación social: Resulta sorprendente la convocatoria a licitaciones sin la finalización de estudios exhaustivos y la participación social correspondiente. Esta práctica omite consideraciones cruciales para la toma de decisiones informadas y la protección de los bienes comunes.

Instamos a una revisión exhaustiva de los estudios presentados, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica y la inclusión de la participación social como componente esencial en la toma de decisiones relacionadas con este proyecto. 

Destacamos la importancia de considerar los impactos acumulativos de la intervención propuesta, como la necesidad de estudios más profundos sobre los procesos acumulativos de impactos a mediano y largo plazo. Además, subrayamos la ausencia de evaluaciones sobre las condiciones naturales del río y la necesidad de transparencia en los Términos de Referencia de los consultores.

Entre las preocupaciones específicas, destacamos la afectación a áreas protegidas, como el Sitio Ramsar Palmar Yatay, y la falta de consideración de la Ley 10735/2019 que declara áreas naturales protegidas en la región.

Enfatizamos la importancia de aplicar el principio precautorio y solicitamos la participación de los organismos ambientales nacionales y provinciales, así como la conformación de un Panel de Expertos Independientes para la evaluación de los estudios. En su estado actual, el proyecto actual no puede continuar. Proponemos la construcción social de los Términos de Referencia para una Evaluación Ambiental Estratégica.

Solicitamos por último la extensión del plazo para observaciones, para lograr la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, promoviendo un diálogo de saberes entre diversos actores interesados en la preservación de los ecosistemas asociados al Río Uruguay.

Contacto de prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491

Ambiente, Clima y Energía

Seminario virtual: Ambiente, Clima y Energía en América Latina y el Caribe

Debates en torno a la transición ecosocial desde el Sur Global. Noviembre 2023

OBJETIVOS

Generales
● Contribuir a la formación de funcionarios/as y empleados/as municipales, provinciales y nacionales, referentes de movimientos sociales y ambientales, organizaciones sindicales y partidos políticos, comunidades estudiantiles y religiosas, docentes de enseñanza media, en torno a temas y problemas relacionados con el ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Crear, desarrollar y mantener de espacios de formación que tengan por objeto educar desde una perspectiva socio-ambiental y de derechos humanos.

Particulares
● Presentar y exponer un panorama general, aunque especializado, y dialogar con los/as participantes, en torno a contenidos curriculares sobre derecho, ambiente, cambio climático y transición energética, con perspectiva sudamericana y con énfasis en el estado de situación de la República Argentina.
● Aproximar a los/as participantes hacia temas fundamentales sobre ambiente, cambio climático y transición energética, haciendo énfasis en políticas públicas, dispositivos legales, diseños institucionales, matrices económico productivas, sistema científico-tecnológico y rol movimientos sociales.
● Compartir discursos, saberes y experiencias provenientes de diversas formas de asociación colectiva de base comunitaria, territorial, no gubernamental, científicas y académicas, con escalas nacionales y trasnacionales, en torno a las alternativas a los modelos hegemónicos de maldesarrollo.
● Compartir insumos bibliográficos que contengan literatura sobre ambiente, cambio climático y energía, como así también materiales normativos, jurisprudenciales, documentos oficiales, informes, investigaciones científicas, insumos pictóricos, literarios y cinematográficos.
● Propiciar la participación en clase de los/as participantes desde una perspectiva humanista y ecocéntrica.

METODOLOGÍA DE CURSADO
Los/as participantes deberán asistir a la totalidad de los 4 encuentros a los fines recibir la certificación en calidad de ASISTENTES.

DURACIÓN
El seminario estará estructurado a partir de 4 encuentros semanales consecutivos, con carácter virtual, de 90 minutos de duración, distribuidos entre 60 minutos expositivos y 30 de diálogo colectivo abierto.

CALENDARIO

INSCRIPCION
Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/n92xtvHHPDSs9KHC7

PROGRAMA

MODULO 1: “ACUERDO DE ESCAZÚ: DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”.

Docentes

  • Romina Araguas. Abogada, Mag. en Derecho Ambiental y Urbanístico – Limoges; Especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural UNL. Miembro de El Paraná No se Toca. Docente de Prácticas Profesionales Comunitaria en la UNR Facultad de Derecho.
  • Lucas D. Micheloud. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Docente Universitario. Asesor Parlamentario. Consultor independiente especializado en Ambiente y Cambio Climático. Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

MODULO 2: “TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.

Docentes

  • Melisa Argento. Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. Dra. en Ciencias Sociales por la UBA. Mg. En Ciencia Política FLACSO Ecuador y Lic. en Ciencia Política por la UNR. Forma parte del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Es docente universitaria, actualmente en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario.
  • Rafael Colombo. Abogado ecologista (FCJS-UNL). Docente e investigador universitario. Entre 2019 y 2022 fue Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, desempeñándose actualmente como Project Manager y Asesor Legal de dicha ONG. Ha trabajado como asesor y consultor para la Fundación Humedales; asesor legal y abogado litigante en representación de Greenpeace Argentina. Coordinador regional de GARN Latinoamérica y miembro fundador del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

MODULO 3: “CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA”

Docentes

  • Jorge Cuello. Abogado. Especialista en Derecho Ambiental. Es docente en la
    Universidad Andina Simón Bolívar (UASB. Miembro de la Asociación Civil
    Econciencia. Secretario de la Catedra Libre José G. Artigas para la integración de
    la UNLP desde donde impulso la creación de la Red Latinoamericana de
    Universidades frente al Cambio Climático (REDLUCC) y la Escuela de Formación
    para la Integración Latinoamericana. Autor del libro Pintemos de Verde la Educación
    y de numerosos artículos relacionados con la temática ambiental.
  • Liliana Oropeza Acosta. Economista y abogada con maestría en Relaciones Internacionales, doctoranda en Estudios Globales y postgrados en género. Con experiencia académica y laboral en Argentina, Austria, Suecia, Alemania y Estados Unidos. Experiencia con el sector público y ONG’s y enlace con el sector privado. Coordinadora y gestora de proyectos sociales y desarrollo sostenible. Docente en la Escuela de Formación Política y Sindical en México.

MODULO 4: “EXTRACTIVISMO Y NEO-EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA”.

Docentes

  • Enrique Viale. Abogado, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra e integrante del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature (GRAN).
  • María Marta Di Paola. Licenciada en Economía y Administración Agraria (UBA). Master en Relaciones Económicas Internacionales. Consultora independiente en tema de transiciones energéticas y políticas ambientales. Vicepresidenta de Sociedad y Naturaleza. Realizó diferentes tareas vinculadas a la investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) por 12 años.
Atlanticazo, Mar Argentino, exploración offshore

Encuentro Plurinacional Atlanticazo

Compartimos el documento realizado el pasado 4 de noviembre en el Atlanticazo por el Mar Argentino de Puerto Madryn. El encuentro sirvió para compartir problemáticas y reclamos en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y en defensa del Mar Argentino. Nos reunimos junto a diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país para marchar y visibilizar la resistencia que se opone a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Compartimos estas reflexiones acerca de la unidad territorial y los derechos socioambientales de las comunidades costeras argentinas son de fundamental importancia para una justicia social y ambiental.

Documento del Encuentro Plurinacional ATLANTICAZO

4 de noviembre, PTO. MADRYN, CHUBUT.

El Atlanticazo, hijo del Chubutazo, nació el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización de la exploración sísmica en el Mar Argentino. Ahí nació la decisión de marchar los 4 de cada mes, como símbolo de resistencia y del NO PASARÁN que gritamos aún hoy.

El mar es uno solo, estamos acá para demostrar que la fragmentación de los territorios que nos quieren imponer es una fantasía de los gobiernos y sus funcionarios. Somos, de la cordillera al mar, un solo cuerpo-territorio.

En un nuevo día 4, nos convocamos en Pto. Madryn diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país donde compartimos las diferentes problemáticas y los reclamos comunes en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y del mar argentino. Estos espacios nos permiten recuperar la identidad como comunidad costera: ser habitantes de una costa, compartir el mar y los golfos nos da la fuerza, nos une. Debemos volver al mar, a sentirnos parte de él.

Durante la jornada nos encontramos, abrazamos, emocionamos y marchamos juntes a lo largo de la playa, buscando visibilizar los proyectos extractivos que quieren imponer desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con la total connivencia del poder judicial que mira para otro lado ante nuestros reclamos.

Mientras las causas en contra de las empresas y los intereses económicos se frenan y caen, la judicialización de la protesta y de les defensores ambientales se incrementa en todo el país al ritmo que el capitalismo extractivista necesita. En Chubut, un reciente fallo a 40 años de la democracia, absuelve a policías torturadores de vecines en el marco del Chubutazo, pero embarga y criminaliza a les defensores ambientales rápidamente. En Jujuy la dictadura minera y el gobierno fascista de Morales reprime al pueblo y procesa a un abogado ambientalista. Legislaturas sesionando a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, audiencias públicas armadas para habilitar proyectos ecocidas y no para garantizar la participación de las comunidades y la autodeterminación de los pueblos. Cámaras y Cortes judiciales completamente cooptadas por intereses políticos y económicos, instituciones científicas a disposición de las ganancias e intereses del poder corporativo, funcionaries a ambos lados del mostrador, operando para favorecerse y favorecer a sus socios empresariales.

Tenemos la experiencia y los antecedentes de 10 años de Vaca Muerta que, contrariamente a lo anunciado, no trajo divisas, ni desarrollo, ni empleo. Las comunidades están perdiendo sus casas producto de los sismos provocados por el fracking y sus territorios están siendo contaminados por los derrames y los deshechos. El avance de estos proyectos sobre los territorios marca una violenta continuidad de la matriz productiva, sin consentimiento, perpetuando así un modelo colonial de saqueo.

En este nuevo Atlanticazo participaron integrantes del 3er Malón de la Paz, compuesto por más de 400 comunidades que desde el 1 de agosto se encuentran acampando frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la situación de Jujuy, donde se busca acallar al pueblo y se le quitan los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En Jujuy, el gobierno de Morales realizó una modificación exprés sin la consulta previa a los pueblos originarios y a la medida de las corporaciones extractivas.

Nos solidarizamos con el pueblo palestino, denunciamos el genocidio que está realizando el estado sionista de Israel y decimos que no es una guerra, es un exterminio étnico. La empresa de agua estatal israelí Mekorot es utilizada para llevar adelante los asesinatos, dejando sin agua a la población confinada en Gaza. FUERA MEKOROT de nuestros territorios.

En este encuentro reivindicamos lo importante de cuidar el equilibrio de la Madre Tierra, que cada vez se desbalancea más, porque no solo avanzan sobre el mar, si no sobre toda la diversidad de la Ñuque Mapu, de la cual somos parte, como nos enseña el pueblo nación mapuche tehuelche con su cosmovisión. La recuperación y el cuidado de los territorios ancestrales es urgente y necesaria, hermanadas con las luchas socioambientales.

La democracia NO es solo ir a votar: debemos involucrarnos porque es la única manera de frenar el avance extractivista de los grandes capitales extranjeros. Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Las denuncias judiciales son importantes pero prácticamente inútiles sin la gente en las calles. Debemos mantenernos actives, organizades y resistir desde la alegría y la esperanza de sabernos juntes. Hay que dar vuelta el sistema que nos explota y que saquea nuestra forma de vida. Somos un mismo mar, somos una misma resistencia y sabemos que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza. Queremos que se garantice el buen vivir ahora y siempre, desde la interculturalidad y el respeto: somos un Estado plurinacional.

Desde este territorio, que consideramos uno:

● Exigimos la restitución de la ley N°3308 obtenida por la lucha colectiva y popular, modificada de manera fraudulenta.

● Gritamos que no tienen licencia social para explorar ni explotar el mar argentino.

● Exigimos a las instituciones una ciencia digna por y para el pueblo. Hacemos un llamado de compromiso a los científicos para que asuman su rol y se involucren en las luchas socioambientales.

● Denunciamos la falsa transición energética que sostiene las mismas prácticas de muerte para nuestros territorios. No puede haber transición justa, anticapitalista y anticolonial, utilizando las mismas recetas y contaminando nuestros pueblos. Si no se disputa el modelo, es cambiar el enchufe de lugar.

● No queremos pagar con la vida de nuestros cuerpos-territorios una deuda fraudulenta e ilegal. No nos convertiremos en zonas de sacrificio. Fuera FMI.

● Luchar no es delito. Basta de criminalizar a les defensores ambientales. Absolución ya de todes les procesades por causas socioambientales.

● Abajo la reforma. Arriba los derechos.

En la era de la ebullición global elegimos la resistencia organizada y comunitaria. En un solo abrazo y un mismo grito: POR UN MAR LIBRE DE PETROLERAS. SOMOS MAR. DEFENDERLO ES DEFENDERNOS, NO VAMOS A ENTREGARNOS.

Organizaciones firmantes:

Asamblea por un MARLIBRE de petroleras, Mar del Plata/Red de Comunidades Costeras/Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn/Asamblea Rawson playa/Asamblea No a la mina Esquel/Asamblea por la tierra y el agua. Las Grutas/350.org/Multisectorial Golfo San Matías/Asamblea del Valle de Conesa/Asamblea comunidad costera de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur/Asambleas del Curru leufu/Observatorio Petrolero Sur/Asamblea Ambiental Interpueblos/Tribuna Ambiental/Red Ecosocialista/Arbustock/Asociación de Abogades Ambientalistas y CAJE/Fundación Inalafquen/COA KIUS/Coordinadora BFS/Colectivo Golfo diverso Somos trama naturaleza/Colectivo de Cientificxs Autoconvocadxs Ciencia y Territorio Pto. Madryn/Ambiente en lucha/Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa/Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras Necochea, Quequen/Coordinadora socioambiental Bahía Blanca/CTA Bahía Blanca/Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones/Proyecto socioeducativo inclusivo Cronopios/Fundación el Vuelo Centro de Día/Agricultura Biodinamica de Nebubu/3er Malón de la Paz/Alerta roja, agrupación ambiental anticapitalista/Comodoro FASP/Frente de organizaciones en lucha, Coordinadora por el cambio social.

¿Quién comprará el GNL argentino?

por Alejo di Risio y Fernando Cabrera para elDiarioAR

En las actuales condiciones, a pesar de la reciente media sanción en Diputados de la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado, el país enfrenta una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Con el respaldo de sectores oficialistas y afines, el proyecto crea un régimen promocional para grandes inversiones y define para ellas un marco fiscal inamovible por 30 años. El debate que suscitó la norma plantea preguntas sobre el futuro energético del país. El mercado mundial del GNL parece haber sido una carrera en la cual Argentina tendrá serias dificultades para ser competitiva.

El objetivo del proyecto de ley es promover la exportación del gas obtenido con fracking en Vaca Muerta y generar así las divisas que al país le faltan. Sin embargo, les permite a las empresas llevarse los dólares más fácilmente y no contempla regulaciones de carácter técnicas o ambientales.

La futura ley favorece a inversiones de más de U$S1.000 millones y les garantiza la estabilidad fiscal por 30 años. Establece retenciones de entre el 0 y el 15% del precio del gas en el buque. Las empresas podrán disponer del 50% de los dólares de las exportaciones para el pago de deudas y repatriación de inversiones. Se beneficiarán, además, de la exención de derechos de importación y tasas por servicios portuarios, entre otras.

¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales?

Si bien este tipo de exportación podría haber sido una oportunidad para Argentina en el pasado, las condiciones del mercado actual indican que el país enfrentará una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial. El GNL se presenta como una opción de alto riesgo en un país que enfrenta costos de flete más elevados debido a la distancia de los países importadores y a la falta de previsibilidad de las condiciones macroeconómicas.

Según las previsiones empresariales, el proyecto de instalación en Bahía Blanca de una planta de GNL entre la petrolera estatal malaya Petronas e YPF se terminaría en 10 años. Ante ese escenario, las empresas anticiparon la contratación de dos buques de licuefacción que pondrían en funcionamiento la exportación en menos tiempo, pero la capacidad de exportación de esa infraestructura es muy restringida.

Según estimaciones del think tank climático E3G, Europa ya superó el pico de demanda de GNL y en menos de diez años sus niveles de importación de GNL serán marginales. Al mismo tiempo, la capacidad de exportación de Estados Unidos está en vías de saturar el mercado internacional. De acuerdo a la Administración de Información de Energía de ese país, existen en Estados Unidos once nuevos proyectos de terminales estadounidenses de GNL aprobadas, aparte de las cuatro ya en construcción, que se suman a las siete existentes.

En el ámbito regional, Brasil planea múltiples terminales de GNL en la Costa Atlántica mientras contempla importar gas argentino por ductos para consumo doméstico, con la ambición de convertirse también en exportador. La proximidad de los mercados hace prever que el GNL brasileño podría tener costos de flete inferiores, planteando así otro desafío para la industria del gas en Argentina.

Este panorama suscita una pregunta crucial: ¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales? Samuel Ade, químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y analista energético del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos, arriesga algunas respuestas. Con experiencia previa en la industria química y en transiciones energéticas en el Caribe, Ade lidera análisis interdisciplinarios sobre las implicancias internacionales de las exportaciones de GNL de Estados Unidos.

-¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos más significativos del actual mercado mundial de GNL?

“Los tres principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Qatar y Australia, y representan casi dos tercios de los volúmenes de exportación mundiales. Históricamente, China, Japón y Corea del Sur han sido los mayores importadores individuales de GNL. Sin embargo, la agresión rusa en Ucrania provocó cambios significativos en los patrones mundiales. Más de un año después, la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales motores de la dinámica del mercado mundial de GNL”.

“Antes de la invasión rusa de Ucrania, los países de la Unión Europea recibían alrededor del 40% de sus importaciones procedentes de Rusia. El flujo de este gas por gasoducto hacia Europa disminuyó aproximadamente un 56% entre 2021 y 2022 y la demanda de GNL ha aumentado a corto plazo para ayudar a desplazar el suministro de gas ruso. Europa (incluida Turquía) experimentó el mayor aumento regional de las importaciones de GNL a lo largo de 2022, aumentando un 65% en comparación con 2021”.

“Este aumento inesperado de la demanda europea provocó picos de precios sin precedentes y volatilidad en el mercado mundial del GNL. En respuesta a estos elevados precios, los importadores de GNL de otras regiones (especialmente Asia y Latinoamérica) han reducido su consumo de GNL a corto plazo. Las importaciones de GNL disminuyeron un 9% en Asia y un 34% en América Latina a lo largo de 2022 en comparación con los niveles de 2021”.

“Al mismo tiempo, este aumento a corto plazo de la demanda de GNL ha suscitado un renovado interés en la expansión de las cadenas de suministro a escala mundial por parte de productores y financiadores públicos y privados”.

-¿Qué horizonte futuro imagina para este mercado?

“Aunque la demanda de GNL puede crecer en el corto plazo, muchos de los principales consumidores pretenden reducirla a mediano y largo plazo. El plan europeo RE Power EU, por ejemplo, prevé una reducción de más del 50% del consumo de gas para 2030 en relación con los niveles de 2020. Esta reducción prevista de la demanda de gas tiene importantes consecuencias para los nuevos proyectos de suministro de GNL destinados a aprovechar los elevados precios actuales del mercado generados por la crisis energética europea”.

“Dados los plazos necesarios para construir nuevas instalaciones de exportación de GNL (de 3 a 5 años en el mejor de los casos) y la vida operativa de estos proyectos una vez construidos (de 25 a 35 años), existe un riesgo significativo de que los nuevos proyectos de suministro de GNL puedan convertirse en activos varados debido a los planes más estrictos de descarbonización climática y energética de diversos países”.

“Al mismo tiempo, la industria del petróleo y el gas se apura para aprovechar la crisis energética mundial y poner en marcha nuevos proyectos. El aumento previsto de la capacidad mundial de suministro de GNL plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera de estos nuevos proyectos; mientras que se espera que disminuyan importantes fuentes de demanda mundial de gas.Cualquier país debería considerar el desarrollo estratégico de sus recursos renovables, que podrían descarbonizar su perfil energético nacional en conjunción con sus compromisos climáticos declarados y también ayudar a poner fin a la dependencia externa”.

Alejo di Risio es periodista y Coordinador de Comunicación de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Fernando Cabrera es Coordinador del Observatorio Petrolero Sur.

Megaproyecto Vaca Muerta

América Latina y el Caribe libre de fósiles 

Esta semana con México y Yasuní a la cabeza, y Colombia con liderazgo global y hacia Amazonía, cada vez son mayores los pasos y demandas para dejar los combustibles fósiles bajo tierra

Ciudad de México, 24 de agosto de 2023.

Esta semana, en tres ciudades de México en simultáneo, un ciclo de 11 debates presenciales y en línea reúne a más de 40 expertos entre activistas, investigadores, ingenieros e ingenieras, abogados especializados en ambiente y líderes indígenas de México, Guatemala, Colombia, Argentina, la Amazonía ecuatoriana y Portugal, para reflexionar sobre posibles caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía para los próximos 20 años que sea común y justo con los pueblos y la naturaleza.

El ciclo llevado a cabo en las ciudades de México, Guadalajara y Mérida termina mañana viernes, y hasta el momento convocó a más de 600 personas in situ y cerca de 7 mil en línea. Es organizado por “Nuestro Futuro, Nuestra Energía”, una propuesta de articulación impulsada por 40 espacios de diverso orden en México, incluidos organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, sindicatos, personas trabajadoras y de la academia, para repensar y modificar el futuro socio-energético en el país, bajo las siguientes premisas:

  • Disminución planificada de hidrocarburos en la matriz energética. Reducción de las licencias sociales de los combustibles fósiles.
  • Cese de megaproyectos que atentan contra la vida en los territorios.
  • Multiplicación de alternativas públicas y comunitarias para la transformación socioenergética. Fortalecimiento de capacidades para que más grupos agrarios y comunidades gestionen sus bienes comunes.

El momento del lanzamiento de “Nuestro Futuro, Nuestra Energía” es oportuno en tanto se suma a muchas otras iniciativas en América Latina y el Caribe que, prácticamente de forma simultánea, buscan la disminución gradual, con mínimos impactos para los sectores más vulnerables, de la explotación de petróleo y gas en la región. Ejemplo concreto de camino hacia una transición energética colectiva y consultada que otros países pueden seguir.
Sucede justo después de que el pueblo ecuatoriano hiciera historia el domingo pasado al votar abrumadoramente a favor de dejar el petróleo y el gas bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. Mientras que Colombia lleva dando pasos más decididos, desde el año pasado, con la llegada al poder del presidente Petro, buscando vías para la eliminación de la dependencia fósil en el país.

Organizaciones presentan una nueva acción en la justicia por el avance petrolero en el Mar Argentino 

Nueva medida cautelar contra la exploración offshore

El día de la fecha, organizaciones socioambientales solicitan ante la Justicia Federal una medida cautelar por las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la perforación que la compañía noruega Equinor tiene autorizada para comenzar en los próximos meses en el pozo Argerich 1 del bloque CAN-100, frente a la costa de Buenos Aires. Esta acción es una nueva cautelar que se realizó en paralelo a la acción existente sobre CAN-100 presentada en enero de 2022, que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La acción legal fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar,  Asociación de Surf Necochea Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar).

Esta acción se presenta en simultáneo  a la movilización recurrente #Atlanticazo, convocada por diversas organizaciones y la ciudadanía el día 4 de cada mes. Desde las organizaciones argumentan que existe una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos hacia dicha fauna y flora. “Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. 

La empresa ha omitido o subestimado diferentes impactos de esta actividad, afectando no solo la biodiversidad sino también la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, que podrían verse impactados por posibles derrames, de acuerdo a modelados que fueron realizados tomando parámetros meteorológicos promedio y no los peores escenarios en términos climatológicos. 

A su vez, la fecha prevista para la realización de la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y  mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Franca Austral. 

Otra falencia detectada en el estudio es que no especifica cuáles serán los elementos químicos utilizados en la perforación y los parámetros que se utilizarán para determinar cuáles se arrojarán al agua, cuáles podrán ser tratados a bordo del buque y cuáles deberán retornar a tierra para remediación y tratamiento.

Las organizaciones también señalan una falta de implementación real y efectiva del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de carácter constitucional ratificado en el Congreso y vigente por Ley 27.566. El mismo ampara el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones vinculadas con el Patrimonio Natural de la Nación. 

La presión ejercida sobre la justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad.

Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore. 

Contactos de prensa: 

Gonzalo Vergez (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 223 426-927

Florencia Rodriguez (Prensa de Greenpeace Argentina) +54 9 11 3761-2969

Modelado de derrame de pozo Argerich, Página 121 Anexo VII D del Estudio de Impacto Ambiental. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/equinor-can-100-pozo-argerich#1

OTRA VEZ LOS BOSQUES DE CHACO EN PELIGRO: “AUDIENCIAS PÚBLICAS” QUE ATENTAN CONTRA BOSQUES NATIVOS

  Argentina – 28 de Septiembre, 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.

Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan). 

Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco. 

Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.

Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522  hectáreas de bosques nativos.  La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.

Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: 

Abg. Enrique Viale 1151207518

Abg. Lucas Micheloud 3413042305