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Proyectos trabajados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Militancia judicial con perspectiva ecológica.

Comienza el Juicio a la contaminación de Vaca Muerta

Neuquén 15 de Febrero del 2024

Acusan y embargan a empresarios investigados por contaminación y defraudación

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos hoy a dos empresarios y un empleado que, teniendo a su cargo la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.

La empresa es Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad y sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.

Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el y la representante de la fiscalía solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de U$7.000.000.

Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.

Desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

La participación de los tres comienza a partir de abril de 2014, pero por diferentes períodos: el fiscal jefe precisó la acusación hasta la actualidad sólo respecto de J.M.L, mientras que sobre las otras dos personas acusadas definió límites: H.E.B hasta enero de 2021 y F.A.P hasta septiembre de 2016. Además, los dos primeros fueron imputados como coautores, mientras que el último como partícipe necesario.

La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas entidades en carácter de querellantes particulares. Su intervención en la causa tiene el aval de la fiscalía, pero ante un cuestionamiento de parte de las defensas, el juez de garantías ratificó su legitimidad.

Investigación

Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.

Según precisó el fiscal, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.

Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014  comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.

En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.

En Marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.

“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.

De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

Caso complejo y embargos

Luego de que el juez a cargo de la audiencia tuviera por formulados los cargos, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron la declaración de caso complejo. Argumentaron la necesidad de contar con plazos mayores de investigación –pidieron 1 año- dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Breide Obeid y de la asistente letrada González y declaró el caso complejo. Igualmente, dispuso el embargo de bienes por la suma y las precisiones indicadas respecto de la empresa y, en el caso de los imputados como coautores, también de las cuentas bancarias.

Prohibición de salir del país

Los representantes de la unidad fiscal de Delitos Ambientales solicitaron también al juez que disponga la prohibición de salir del país durante, al menos, 4 meses, respecto de J.M.L y de H.E.B. Breide Obeid sostuvo que existe respecto de ambos el riesgo de no sometimiento al proceso. En este caso, el juez también hizo lugar.

El único planteo de la fiscalía que no prosperó tiene que ver con establecer una restricción de 1.000 metros desde los límites del predio para la radicación o avance de urbanizaciones. Respecto de esto, el magistrado consideró que se trata de iniciativas que deben regirse por trámites específicos y que requieren, por caso, la presentación de estudios que son evaluados en otras sedes administrativas que, además, no están representadas en la causa.

fuente: mpfneuquen

Salvá las Leyes Ambientales

Salvá las leyes ambientales: Una iniciativa de las ONGs para frenar los avances sobre los bosques y glaciares

Fotos en este link

BUENOS AIRES, 15 DE ENERO, 2024. Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas (1) lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus, que complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa.

“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección. Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos. Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros conquistados por miles de argentinos y argentinas para proteger el ambiente, y continuaremos nuestro trabajo para defender a la naturaleza”.

Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.

“En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares”, sostuvo Enrique Viale, Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Para obtener más información y participar en la campaña, entre aquí, o ingresando en salvalasleyesambientales.org

(1)      Organizaciones que promueven la iniciativa: Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales, Sin Azul No Hay Verde, Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

COMUNICADO DE PRENSA. 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile. Domingo 14 de enero de 2024

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad. 

Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1.- Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;

2.- Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;

3.- Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;

4.- Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;

5.- Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;

6.- Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;

7.- Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;

8.- Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.

La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

Puede encontrar más información sobre la sesión haciendo click aquí.

Para acceder a la audiencia completa, haga click aquí.

Para acceder a la lectura del veredicto, haga click aquí.

CUÑAS VEREDICTO DE JUECES

–   Claudio Donoso (Ingeniero Forestal, Chile)

“Cuando llegan las forestales cambia un poco ese escenario (deforestación en terrenos planos para uso agrícola) y se empieza a intervenir las cordilleras y las montañas, las grandes surtidoras de agua; allí es cuando comienza a notarse más el impacto sobre el equilibrio natural y los suelos, comenzando la escasez hídrica. En la medida que se sigue destruyendo ese territorio el tema del agua se va agravando, lo que se acrecienta con el monocultivo forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, donde todos los árboles son de la misma especie y la misma edad, consumiendo enormes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. Estos monocultivos, que otorgan grandes utilidades para unos pocos, han secado gran parte del territorio, ya es escasa el agua y a pesar de que vemos los ríos correr, el suelo está seco y hoy día este territorio qué tratamos tan mal, se está quemando”.

–       Lucio Cuenca (OLCA, Chile)

“Sin duda acá se ha repetido, y lo hemos constatado en terreno, que hay una omisión e irresponsabilidad del estado en la expansión de este modelo nefasto que lleva ya más de 50 años. Hay antecedentes que nos permiten aproximarnos a una conclusión: Existe una especie de captura de los grupos como Arauco y Mininco, CMPC, Masisa, para moldear la institucionalidad y la política en función de sus mezquinos intereses”.

–       Jacqueline Arriagada (ANAMURI, Chile),

“Un agradecimiento profundo de cómo nos abrieron las puertas de casas, juntas de vecinos, espacios, en las cuales fuimos testigos presenciales y pudimos constatar el avasallamiento de lo que nos hacen vivir cada cierto tiempo, y de los infiernos en los que nos sumergen. Hoy los testimonios están diciendo que no lo imaginamos, que no nos pasa solo a pocos en un espacio, sino que es todo un territorio que viene siendo dañado por un modelo forestal que nos hace daño, y que no respeta los derechos de la naturaleza”.

–       Karina Riquelme (Chile).

“Por muchos años las comunidades han realizado denuncias a través de la legislación y no han sido escuchadas, Desgraciadamente la feble legislación ambiental genera hoy día las terribles situaciones que hemos podido constatar en poco tiempo de manera presencial. El día de ayer vimos situaciones en las que no creo que sea posible en 24 horas, tener la capacidad espiritual de poder entenderla y poder comprenderla profundamente. La mayoría de los jueces nos encontramos en un estado de shock, por el gran dolor que quienes habitan estos territorios han tenido que sufrir durante gran cantidad de años”.

11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Ley de Bosques: en riesgo con la Ley Ómnibus

Nuevamente, la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, se encuentra en la esfera pública debido al reciente ataque que recibió durante el debate de la Ley Ómnibus presentada en el Congreso.

Esta legislación, que busca la conservación de los bosques nativos, ha aportado cambios significativos en el ordenamiento territorial a nivel nacional y la preservación ambiental en el país. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde su implementación en 2007, la ley ha contribuido a la protección de más de 22 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina.

El proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el gobierno nacional, genera inquietud entre los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta contempla la sustitución de los artículos 26 y 31 de la ley mencionada, lo que permitiría desmontes en áreas actualmente designadas como de alto y mediano valor de conservación.

El Equipo Técnico Asesor encargado del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta expresó su oposición, calificando la modificación como “técnicamente errónea, económicamente innecesaria, ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable”. Esta postura se respalda con informes técnicos que detallan los logros ambientales alcanzados bajo la actual legislación.

Según datos del mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la ley ha demostrado ser un motor para el turismo sustentable y la generación de empleo en las áreas boscosas protegidas. La eliminación de restricciones podría revertir estos avances y comprometer el aporte en materia económica para las regiones afectadas.

Además, la modificación amenaza los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas, ya que elimina protocolos de consulta previa sobre proyectos de manejo del suelo. Datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) indican que, en áreas bajo protección de la ley actual, se ha fortalecido la participación activa de las comunidades originarias en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra.

Desde una perspectiva legal, la modificación ignora el Principio de Progresividad, establecido en la Ley Nacional N°25.675, y la participación pública, perdiendo legitimidad social. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Bosques ha sentado un precedente importante en materia ambiental, y cualquier retroceso podría ser objeto de cuestionamiento legal.

Las provincias, a pesar de la modificación propuesta, tienen la autonomía para mantener leyes más estrictas. Datos del Observatorio de Desarrollo Regional indican que varias provincias han fortalecido sus legislaciones locales en concordancia con la Ley de Bosques Nacional, logrando así un marco legal más sólido para la protección ambiental.

Si bien no de una manera absoluta, la Ley de Bosques ha logrado hacer un aporte en la protección de la biodiversidad y la prevención de desmontes indiscriminados. Según informes del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la ley ha contribuido a la conservación de especies amenazadas y la preservación de ecosistemas únicos en Argentina.

En un contexto en el cual el desafío a nivel ambiental que enfrenta todo el movimiento no tiene precedentes, todos los posibles aportes que la estructura institucional existente tenga han de ser mantenidos. La posible eliminación de restricciones y la falta de consideración hacia la sostenibilidad ambiental plantean una amenaza significativa para la conservación de los bosques nativos en Argentina. La ciudadanía, en este contexto, se encuentra llamada a la acción para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

Ley de Glaciares: Nuestro patrimonio hídrico en Riesgo

Hace más de trece años, Argentina dio un paso crucial en la preservación de sus bienes naturales, cuando decidió sancionar la Ley de Glaciares N°26.639. Esta legislación ambiental se destaca como una de las más trascendentales del país, por ser producto de una conquista de la sociedad civil. La norma establece presupuestos mínimos para que el Estado garantice la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. También reconoce su papel estratégico en la preservación de las cuencas hídricas, al declarar a los cuerpos glaciares como bienes de carácter público.

La promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental en Argentina representa un desafío monumental. Los poderosos intereses de la economía extractiva poseen una considerable capacidad e influencia política. La defensa del ambiente implica un interés colectivo, por lo cual debe ser abrazado por la población en su conjunto para hacer frente los lobbys. Al alcanzar niveles altos de legitimidad social es que se puede avanzar hacia legislaciones más comprometida con la justicia social y ecológica.

El interés de las personas por proteger nuestros ecosistemas se enfrenta a las ambiciones de grandes corporaciones internacionales y élites locales, ansiosas de apropiarse del territorio y de los bienes comunes. Esta apropiación implica sacrificar estos recursos para convertirlos en commodities destinados a la exportación, sin que los supuestos beneficios económicos lleguen a la ciudadanía.

Bajo este modelo, la salud de la población local se ve afectada. Los ríos se contaminan y los ecosistemas sufren una explotación desmedida, todo en nombre de un progreso nacional, que nunca logra mejoras tangibles para la sociedad.

Es por eso que la Ley de Glaciares marcó un hito significativo en la historia legislativa argentina. Es producto de las luchas populares y de la organización de la sociedad civil. Fueron fundamentales estos impulsos para que el Congreso promulgue una norma que no favorecía a los grandes intereses corporativos. Esta legislación, la segunda de presupuestos mínimos tras la Ley de Bosques, enfrentó incluso un veto presidencial en 2008.

Avances y Desafíos

Desde su implementación, la ley ha enfrentado recibió varios ataques de intereses de empresas mineras, en connivencia con ciertas autoridades provinciales. Logró resistir gracias al apoyo popular y su legitimidad.

Los embates legales y estrategias para limitar su alcance llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en procesos legales para confirmar su vigencia. Empresas mineras, como Barrick Gold, intentaron desafiarla judicialmente, evidenciando su desdén por la legislación ambiental argentina.

A pesar de los avances significativos, como la re-evaluación de 44 proyectos mineros que pretendían operar en áreas en las cuales afectarían directamente a los glaciares o sus cuencas, las amenazas que buscan eludir su aplicación vuelven.

En defensa del Agua

Esta legislación es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que alimentan el 70% del agua dulce de Argentina y son necesarios para la vida y el desarrollo de actividades económicas. A pesar de esto, la presión constante del sector minero para modificar las normativas provinciales suele desencadenar movilizaciones sociales en diversas provincias. Las más recientes son el Chubutazo (2021) y el Mendozazo (2022) evidenciando la preocupación que tiene la población por sus fuentes de agua.

Desafíos Pendientes:

A pesar de que en 2018 se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, este aún está incompleto y excluye ciertos glaciares, dejándolos desprotegidos. En un contexto de crisis climática y ecológica mundial, la implementación plena de esta ley se convierte en una decisión estratégica de nuestro país, no solo para preservar el ambiente, sino para garantizar el acceso vital al agua de toda la población.

Minería y Derechos Humanos:

Derogar esta ley sería abrir las puertas al avance de una minería que, históricamente, ha basado su rentabilidad en violaciones de derechos humanos y ambientales. Contrario a las afirmaciones de beneficios para las poblaciones locales, la realidad muestra que las comunidades no han experimentado mejoras económicas significativas debido a la minería.

Beneficios para la Población

La ley no solo protege nuestros glaciares como reservas estratégicas de agua sino que también resguarda la biodiversidad, proporciona información científica y contribuye al atractivo turístico. La preservación de los glaciares y de las cuencas hídricas de nuestro territornio no puede ser interpretado solamente como un condicionamiento a la minería. Es una decisión estratégica superior para preservar la fuente vital para las presentes y futuras generaciones.

La Ley de Glaciares es un hito en las conquistas ambientales argentina, pero su plena implementación es esencial. A medida que las consecuencias de la crisis climática se hacen más intensas sobre nuestros territorios, proteger los ecosistemas que nos otorgan resiliencia no es solo una elección ambiental, sino un compromiso con el bienestar y el futuro de la población argentina. Mantener y fortalecer esta legislación es crucial para resguardar la integridad de nuestros glaciares y garantizar un acceso sostenible al agua, un recurso invaluable para todos.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en el Biobío por modelo forestal y megaincendios de 2023

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en la región BioBío.

Caso: Incendio Forestales.

● En la instancia, diversas comunidades denunciarán los graves impactos del modelo forestal y los incendios de 2023, buscando identificar a los responsables y contribuyendo a la judicialización de esta causa.

● Los megaincendios superaron las 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía, correspondiendo un 61,3% a monocultivo forestal y un 9,4% a bosque nativo.

Concepción, enero de 2023. Las denuncias han sido preparadas por comunidades afectadas de Tomé, Coronel, Nacimiento y Santa Juana entre otras, en diferentes encuentros realizados en los meses de noviembre y diciembre. En todos estos casos, las personas denunciantes identifican acciones que tendrían como responsables tanto a empresas forestales como entidades estatales, lo que en conjunto con otras situaciones, han propiciado no solo los incendios, sino muchas de las graves afectaciones tanto para la población humana como también para la naturaleza. Estas denuncias serán formalizadas mediante la acción de un Fiscal de la Tierra, cargo que desempeñará el abogado Ricardo Frez de la ONG Defensa Ambiental.

Por otra parte, el Tribunal contará con importantes jueces y jueces de renombre nacional e internacional. Enrique Viale de Argentina presidirá el Tribunal, y serán jueces del mismo Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile). Los diversos especialistas que integrarán el Tribunal de los DDNN en calidad de jueces, serán quienes recibirán y analizarán las acusaciones, dando en primera instancia un veredicto al finalizar la jornada, lo que se complementará con la redacción de un fallo que será entregado con posterioridad, y que sintetizará los antecedentes considerados para el veredicto, lo que probablemente constituirá una fuente para la jurisprudencia desde un enfoque biocéntrico y exhibirá de una forma concreta como la teoría de los derechos de la naturaleza se aplica a la problemática forestal.

La Sesión del Tribunal se iniciará a las 08:30 hrs. del viernes 12 de enero en Concepción, en dependencias del Sindicato de ENAP. El Tribunal examinará las evidencias, argumentos y testimonios presentados por los denunciantes, considerando los principios fundamentales de los derechos de la Naturaleza, dictaminando sentencias desde esta perspectiva. Natalia Greene (Ecuador), llevará la Secretaría del Tribunal.

Pero no sólo se trata de una audiencia, ya que durante la jornada previa del jueves 11 los jueces realizarán visitas a terreno en Tomé y Santa Juana, con el fin de conocer presencialmente la magnitud de los siniestros y recoger las vivencias de las propias personas que enfrentaron la catástrofe.

Megaincendios en el Biobío

Respecto a la magnitud de los megaincendios, cabe recordar que durante el verano del año 2023 se multiplicaron los incendios forestales de manera descontrolada, llegando a extenderse alrededor de 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía, y que de la superficie quemada, un 61,3% corresponde a monocultivo forestal y un 9,4% a bosque nativo. Específicamente en la región del Biobío, un solo evento quemó un total de 112.622 hectáreas, que comprende el 60% de la comuna de Santa Juana y más del 40% de la comuna de Nacimiento. La intensidad de los incendios fue tan elevada que incluso se generó el fenómeno conocido como Tormenta de fuego, lo que de acuerdo a CONAF constituye una categoría que supera a las cinco anteriores dado la alta intensidad de la línea de fuego y la elevada velocidad de propagación.

Sesión del Tribunal

La instancia reunirá a expertos en el campo de la justicia ambiental y los derechos humanos, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias, fomentando un diálogo constructivo respecto a los mega incendios forestales desde este nuevo enfoque jurídico que supone a la naturaleza como sujeto de derechos. De esta forma la sesión del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza es una oportunidad que permite, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como también el reconocimiento de los derechos de ecosistemas como el río Biobío, la cordillera de Nahuelbuta, o de especies endémicas protegidas como el Queule, que actualmente tiene la categoría de Monumento Natural. Todos afectados no solamente por los eventos de incendios, sino además por el impacto constante del monocultivo forestal de pino y eucalipto. Silvana Ceballos, miembro de la Red por la Superación del Modelo Forestal, sostiene: “Para muchos de nosotros y nosotras estos incendios son consecuencia directa de la operación irresponsable de las empresas forestales, la fiscalización ausente o negligente del Estado y la reacción negligente de ambos”.

Mientras que para el abogado ambiental y miembro permanente del Tribunal en Latinoamérica, Enrique Viale, este es un hito relevante dado que: “Mirar los territorios desde los derechos de la naturaleza es muy importante porque cambia esa visión antropocéntrica, solo funcional de la naturaleza como una cosa, que está ahí para ser explotada de manera ilimitada”.

Organizan

La iniciativa es organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío y desde un plano internacional por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza-GARN. La primera, compuesta por diversas organizaciones como la Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental, las que comparten la perspectiva de los derechos de la naturaleza como una vía válida y necesaria para enfrentar las afectaciones a los derechos del río Biobío y otros elementos bioculturales. Mientras que la segunda corresponde a una diversa Red mundial de científicos, abogados, economistas, autores, políticos, actores, amas de casa, estudiantes, activistas, líderes indígenas, espirituales y empresariales: personas de múltiples ámbitos de la vida en más de 100 países, en 6 continentes.

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionará en el Biobío

Fecha: Viernes 12 de enero, 08:30 hrs.

Lectura del veredicto: 16:00 hrs.

Contacto: Ricardo Frez, abogado ONG Defensa Ambiental. +56973255852 . Rodrigo Mellado, comunicaciones. +56975468417

Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías 

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros. 

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental. 

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero. 

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas. 

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. 

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas: 

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

  1. https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general


Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

Cumbre Climática ONU Julieta De la Cal.

América Latina y el Caribe Exigen Acción Histórica en la Cumbre Climática ONU

En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.

La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.

En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.

Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.

En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.

La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.

Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.

En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.

Imagen de portada: Julieta De la Cal.

Avance de proyectos de canalización ponen en riesgo a la cuenca del Río Uruguay 

22 de noviembre de 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas hacemos pública nuestra inquietud y desaprobación a los Estudios de Impacto Ambiental presentados en relación al proyecto de habilitación de la vía navegable del Río Uruguay desde Paysandu-Colón hasta Concordia-Salto. Hemos dirigido estas mismas críticas al Sr. Alejandro Nardin, de la Secretaría Técnica Comisión Administradora del Río Uruguay, y a los consultores de dicho organismo. 

De acuerdo a análisis técnicos y jurídicos relevados, hemos realizado distintas observaciones sobre aspectos del proyecto, destacando extrema preocupación sobre la falta de una visión integral de cuenca, la necesidad de una Evaluación Ambiental Estratégica, y la convocatoria a licitaciones sin la finalización del proceso de estudios y participación social.

Los estudios, revelados recientemente, destacan conclusiones que nos instan a formular las siguientes observaciones:

Inexistente visión de cuenca: Los estudios realizados limitan su enfoque al área del proyecto de canalización, careciendo así de una visión integral de la cuenca. Esta limitación impide abordar impactos sociales y ambientales no estudiados, violando principios fundamentales de prevención y precaución.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): La ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica es evidente. La sucesión de hechos propuestos, con probabilidad de consumarse en etapas a corto y mediano plazo, requiere una EAE previa. Tanto la normativa vigente del Ministerio de Ambiente de Argentina, como la Constitución de Entre Ríos respaldan esta necesidad, considerando que la provincia es la titular originaria de los bienes naturales que podrían ser afectados.

Licitaciones sin finalización del proceso de estudios y participación social: Resulta sorprendente la convocatoria a licitaciones sin la finalización de estudios exhaustivos y la participación social correspondiente. Esta práctica omite consideraciones cruciales para la toma de decisiones informadas y la protección de los bienes comunes.

Instamos a una revisión exhaustiva de los estudios presentados, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica y la inclusión de la participación social como componente esencial en la toma de decisiones relacionadas con este proyecto. 

Destacamos la importancia de considerar los impactos acumulativos de la intervención propuesta, como la necesidad de estudios más profundos sobre los procesos acumulativos de impactos a mediano y largo plazo. Además, subrayamos la ausencia de evaluaciones sobre las condiciones naturales del río y la necesidad de transparencia en los Términos de Referencia de los consultores.

Entre las preocupaciones específicas, destacamos la afectación a áreas protegidas, como el Sitio Ramsar Palmar Yatay, y la falta de consideración de la Ley 10735/2019 que declara áreas naturales protegidas en la región.

Enfatizamos la importancia de aplicar el principio precautorio y solicitamos la participación de los organismos ambientales nacionales y provinciales, así como la conformación de un Panel de Expertos Independientes para la evaluación de los estudios. En su estado actual, el proyecto actual no puede continuar. Proponemos la construcción social de los Términos de Referencia para una Evaluación Ambiental Estratégica.

Solicitamos por último la extensión del plazo para observaciones, para lograr la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, promoviendo un diálogo de saberes entre diversos actores interesados en la preservación de los ecosistemas asociados al Río Uruguay.

Contacto de prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491