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El silencio en Jacobacci: Lo que la megaminería quiere callar del Proyecto Calcatreu

Maristella Svampa, investigadora Superior del Conicet y miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) participó recientemente en la audiencia pública en Jacobacci, Río Negro, para hablar sobre los impactos de la megaminería y el Proyecto Calcatreu. Lo que encontramos fue un bloqueo informativo por partida doble. Por un lado, los medios tradicionales decidieron ignorar las voces críticas. Por otro, gran parte de las asambleas locales decidieron no participar en la audiencia, lo que dejó fuera a muchas de las voces que denuncian los efectos nocivos de la minería.

La base de nuestra intervención hizo eje en el hecho de que la minería a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajos, no resuelve el problema de la pobreza y sus impactos en términos de desarrollo local son insignificantes.

La audiencia pública fue, como dijeron los obispos en peregrinación a Chimpay, “una obra de teatro con actores pagos”. En todo caso, se advirtió la fuerte manipulación política que el gobierno hace de las esperanzas y expectativas de la gente, que espera encontrar trabajo en la minería.

Cuando hablamos a nivel nacional de megaminería hay que ser claros: no genera mucho trabajo. La minería no es intensiva en mano de obra. A nivel global, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, de las 24 mil personas que trabajan en la megaminería (sin contar la extracción de rocas de aplicación), apenas 12 mil están empleadas en el sector. Eso representa solo el 0.15% del empleo privado registrado en el país. El empleo es una falsa promesa que nunca termina de concretarse. En Perú, país minero por excelencia, apenas llega a emplear al 1,5% de la población económicamente activa..

En las provincias mineras, el empleo de la megaminería no ha logrado mover la aguja. En localidades mineras como Belén, solo el 1.5% de la población está empleada en minería, y en Jáchal, apenas el 3.3%. Los datos hablan por sí solos: la megaminería no ha resuelto la crisis de empleo. En Catamarca y San Juan, donde la minería tiene una fuerte presencia, los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes. En el segundo trimestre de 2023, Catamarca tenía una pobreza del 45%, y San Juan, del 41%. Incluso en Santa Cruz, donde las empresas mineras tienen una fuerte presencia, hay una crisis fiscal. El poco empleo que se crea, con salarios altos, solo beneficia a un puñado de trabajadores altamente calificados. El resto de los trabajos son precarios: construcción, comercio, trabajadoras domésticas. Y junto a la minería, llegan otros problemas: trata de personas y prostitución.

Otro punto clave es el uso del agua. No solo hablamos de una región árida, sino de una crisis climática que está multiplicando los eventos extremos y provocando más sequías. La adaptación a estos problemas será crucial para las comunidades. Sin embargo, el llamado “circuito cerrado” de agua que prometen las empresas mineras no está probado. En el informe de impacto ambiental de Newmont, de 2023, la minera de oro más grande del mundo, se menciona que han logrado reducir el consumo de agua a 400 litros por tonelada de mineral. Sin embargo, en Jacobacci prometen 154 litros por tonelada de mineral procesado, una cifra que no cierra por ningún lado. Y además, hay una alarmante falta de datos confiables.

A su vez, este avance en un contexto de aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) plantea enormes preocupaciones en relación al acceso y uso del agua. Este importantísimo recurso vital y bien común se encuentra en riesgo en el contexto de una megaminería que depende dle acceso al agua para mantener el funcionamiento y los márgenes de renta que el Estado le promete a las empresas. El RIGI otorga privilegios absolutos a las empresas mineras, permitiendo que “los insumos necesarios para sus operaciones”, incluyendo el agua, no estén sujetos a regulaciones preexistentes ni futuras. Esto significa que las empresas mineras van a tener acceso prioritario al agua, incluso en un país donde la escasez hídrica es un problema creciente.

El proyecto Calcatreu es solo la puerta de entrada para otros 53 proyectos mineros en Río Negro. Lo que estamos viendo es un intento de transformar la provincia en una zona de sacrificio a gran escala, basada en un modelo primario exportador centrado en el petróleo y la megaminería. Y lo peor es que este modelo también se está colando en la educación. El Ministerio de Educación publicó un manual que promueve la minería, que busca normalizar esta actividad en las escuelas. El Manual para quinto grado, Encontrarnos en Río Negro. Un viaje por nuestra provincia, se abre con una carta del gobernador actual; y tiene un capitulo sobre minería en el cual nos encontramos con una presentación sesgada de la actividad, sin hacer contrapeso o equilibro con los numerosos impactos sociales y ambientales de esta actividad. Se trata de un intento abusivo desde el poder por construir “licencia social”, buscando influir en niños y niñas de quinto grado, que están en esa edad configurando su aparto perceptual. Esto es algo que ningún docente puede pasar por alto.

La megaminería no ha logrado solucionar ninguno de los problemas que prometen. Sus profundos impactos socioambientales son evidentes y la profundización de un modelo primario de exportación de bienes naturales solo concentra más poder y riqueza en sectores financiarizados y extranjerizados.

Datos clave sobre la megaminería en Argentina

Empleo en la Megaminería: A pesar de la promoción de la minería como generadora de empleo, en el segundo trimestre de 2023, el empleo minero representó apenas el 0.15% del total del empleo en el país.
Pobreza en Provincias Mineras: En Catamarca, la pobreza alcanzó el 45% y en San Juan el 41% en 2023, a pesar de la fuerte presencia de la minería en estas provincias. Esto indica que la minería no ha sido efectiva en la reducción de la pobreza local.
Uso del Agua: Las promesas de un “circuito cerrado” de agua son cuestionables. La minería en Jacobacci promete un uso de 154 litros de agua por tonelada de mineral, cifra que no se alinea con los promedios que presentan otras operaciones mineras a nivel mundial. Ejemplo de esto es de la minera Newmont, que reporta, después de enormes esfuerzos, haber podido bajar su uso a 400 litros por tonelada. Esto plantea serias dudas sobre la rigurosidad del estudio de Calcatreu.
Impactos Ambientales: La minería metalífera implica el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, con riesgos de drenajes ácidos y contaminación del agua. Estos impactos son bien documentados y han llevado a la oposición de diversas asambleas socioambientales.
Profundización del Modelo primario-exportador en Río Negro: El avance del proyecto Calcatreu es parte de un modelo más amplio que busca transformar Río Negro en una zona de sacrificio a gran escala, priorizando la explotación de recursos naturales a expensas del bienestar de las comunidades locales y del medio ambiente

Lo sucedido en la audiencia de Jacobacci, y en torno al Proyecto Calcatreu y el avance de la megaminería en toda la Argentina, es un ejemplo de la forma de avanzar sobre los territorios que tiene la megaminería. No podemos permitir que el avance de proyectos en Argentina siga ocurriendo bajo estas condiciones. Invitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a seguir de cerca estos procesos y a denunciar nuevos intentos de manipulación de los espacios participativos.

Ley Bases: Hacia un no-país, el sueño libertario

Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Desde hace cinco meses, nos encontramos inmensos en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), de entrega explícita, sin pudor alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a la vista de todo el mundo. La denominada nueva Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados empeora notablemente la anterior, aquella que fuera retirada por el gobierno en febrero pasado. De ser aprobada por el Senado, la Ley Bases nos convertiría en un no-país, sin control del territorio, ni estado de derecho. Nos quedaría solo la bandera, el himno, el escudo y la selección nacional de futbol (¡si no la privatizan!).

La Ley Bases habilita, por un lado, lo que algunos políticos y políticas levantamanos parecen ya haber olvidado de febrero a esta parte, y es el hecho de que otorga facultades extraordinarias al presidente, casi la suma del poder público, convirtiéndolo en un autócrata consumado que podrá decidir por decreto, a gusto y piacere, en casi todos los campos (económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, cultural). Estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y antiderechos.

Por otro lado, la Ley Bases implica una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional. De aprobarse el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.

La Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio

En esta línea, la Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Ciertamente, podría decirse que la Argentina ya conoce y padece todo esto desde hace 40 años, cuando el régimen de Carlos Menen reconfiguró la sociedad en un sentido neoliberal, desmantelando el Estado y privatizando grandes empresas públicas. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.

La entrega y retrocesos que propone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes naturales y sociales perdidos. Fíjense con todo aquello que se entregó y se retrocedió durante la fiesta menemista de privatizaciones y nuevas normativas de saqueo. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados, pero también más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió todavía no pudo ser recuperado, como los trenes que vertebraban el país. Los retrocesos legales, relativos a la legislación minera de saqueo, continúan intactos.

La Ley Bases es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final. Profundizará hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental como la Administración de Parques Nacionales o Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y organismos científicos. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, además de ello, apunta a la limitación de los espacios de participación pública.

Esta ley establece la prioridad a las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que usen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. Todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto, la minería del litio y el fracking en Vaca Muerta. Es decir que si en alguna provincia de Argentina escasea el agua (como sucede hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Agreguemos a esto lo que podría suceder o más bien, lo que ya está sucediendo en contextos repetidos de colapsos localizados, como los que se producen en la actualidad, provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios, tormentas, tornados) o por stress hídricos (sequías). Las consecuencias serán tan imaginables como catastróficas para el conjunto de la población, con un Estado inexistente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público. Solo existirán los intereses y necesidades de las empresas.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Finalmente, en medio de esta vorágine destructiva, uno se pregunta que se oculta en esta entrega de facultades extraordinarias, a un presidente que dice odiar el estado y la justicia social y que elogia todo el tiempo a empresarios llamándolos “héroes” y promoviendo que fuguen divisas. ¿Qué hay detrás del RIGI, que sorprende en su abierta y absoluta concesión que implica incluso una entrega de todo por nada?

En realidad, nos quieren convertir en una zona de “Crack-Up capitalismo”, concepto acuñado por el historiador Quinn Slobodian en un libro publicado en 2023. Con Crack-Up capitalismo (que se puede traducir como choque, desplome, desmoronamiento), el autor se refiere a la creación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, sin límite alguno, sin derechos sociales, sin regulaciones estatales, libres de impuestos. Canary Wharf en Londres, Liechtenstein, comunidades cerradas en Estados Unidos y enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, y Dubai entre otros, son ejemplos de esta peligrosa tendencia. No por casualidad el subtítulo del libro Crack-up Capitalism es “Los radicales del mercado y el sueño de un mundo sin democracia”.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas

Ciertamente,esa es la aspiración del anarco-capitalismo; la de convertirnos en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos, como Elon Musk o, en su versión local, el magnate dueño de Mercado libre, que no quieren regulaciones estatales y sociales que controlen el capital ni pagar impuestos al Estado. Lo notable hoy de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario se había animado con determinadas ciudades o zonas; nunca con un país completo. Pero Milei les devuelve el sueño hecho realidad, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio “libre” para un pancapitalismo en el cual solo existen el mercado y el derecho del capital.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas. En esa línea, la Argentina todavía no es un modelo del horror y de autoritarismo, como lo es Bukele (presidente de El Salvador) con sus cárceles, sino un experimento de liquidación del Estado y todo depende si en estos meses ese proyecto se consolida para que se convierta en un modelo a seguir internacionalmente. Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue muy de cerca, con mucha atención, porque está hecho a medida del deseo del pancapitalismo y de odio a la democracia.

Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta donde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que ésta diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie en un país aguante tanta demolición institucional y crueldad social. Le toca decidir al Senado Nacional en esta encrucijada mayor de nuestra historia nacional. Y está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento consolidado y empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente en cómo reconstruir derechos, estado y sociedad en clave de solidaridad, de sostenibilidad de la vida y de transiciones ecosociales justas.

MS-EV/MF

Río Paraná: revelamos el alarmante acuerdo con el Ejército de Estados Unidos

7 de mayo, 2024, Argentina

Desde la la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial revelaron el contenido del acuerdo secreto que plantea serias implicaciones para el ambiente y la soberanía nacional en Argentina y en el Río Paraná.

Lo sucedido en marzo es motivo de preocupación ya que es una profunda irregularidad anunciar un acuerdo sin revelar su contenido. A través de una actuación legal administrativa, hemos logrado acceder al acuerdo que, hasta hoy, había permanecido en secreto. Lo compartimos a la sociedad a través de este medio y realizamos un primer análisis mediante la presente.

Memorando de Entendimiento Descarga

Este Memorandum establece una supuesta colaboración conjunta entre la Administración General de Puertos de Argentina y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América. Es el entendimiento de estas organizaciones que es imposible entender este marco como una colaboración de partes iguales. El rol histórico y actual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos debe entenderse como un cesión de injerencia territorial, política social y cultural sobre el territorio y las instituciones locales. Si bien a primera vista, parecería un acuerdo técnico, su contenido revela implicaciones profundamente políticas. Entre los puntos destacados que habrá injerencia del Ejercito de Estados Unidos estarán:

Políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos.
Cuestiones de políticas públicas hídricas.
Gestión de cuencas hidrográficas.
Preservación de ambientes fluviales, humedales y evaluación del hábitat.
Sedimentación y dragado.
Expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones.
Capacidad para “diseñar ecosistemas” y compromisos de investigación y desarrollo.

Sin embargo, lo más preocupante es que este acuerdo, que afecta directamente los bienes comunes y la mayor cuenca de nuestro país, ha sido ratificado sin la participación de los actores políticos pertinentes. En primer paso, un acuerdo de tan enorme implicancia debería ser ratificado en el Congreso Nacional. En segunda instancia, las provincias involucradas, quienes son las titulares de los bienes naturales, deben también ser consultadas y hechas partícipe de la decisión. Esta falta de consenso va en contra de los principios fundamentales del federalismo y la democracia ambiental.

Entre los nuevos datos, se encuentra el hecho de que el Memorándum de Entendimiento (MOU) anunciado en Marzo por la administración de Javier Milei, fue iniciado por la Administración General de Puertos durante la gestión del Presidente Alberto Fernández, bajo la firma del entonces interventor Jose Carlos Beni. Esto significa que el acuerdo fue realizado a espaldas de la población y de la institucionalidad política y democrática. Sólo dándose a conocer al público cuando la actual gestión ratificó este rumbo.

Desde una perspectiva jurídica e institucional, es necesario un Tratado Interjurisdiccional que ratifique este Memorándum o cualquier acuerdo posterior que afecte a programas, proyectos o investigaciones en estas áreas. Además, es crucial señalar que la realización de proyectos concretos o actividades en las cuencas debe ser respaldada por convenios vinculantes y sujetos a la legislación vigente en cada provincia.

Este acuerdo también plantea preocupaciones sobre la divulgación de información y la falta de transparencia en el proceso. Restricciones sobre la divulgación de informes y programas podrían limitar el acceso a información crucial para la toma de decisiones informadas por parte del público y las autoridades pertinentes.

Es imposible desligar esta avanzada de las declaraciones de altos rangos de Estados Unidos en torno a garantizar a cualquier costo su propio acceso a los mal llamados “recursos naturales”. La injerencia de actores externos en nuestro territorio solo fomenta un mayor extractivismo y una mayor primarización de la economía.

Esto profundiza y pretende fijar el rol de los países del Sur Global como proveedores de naturaleza.

A medida que se pierde capacidad de decidir sobre los propios territorios, el avance del extractivismo descontrolado exacerba las grandes afectaciones que atraviesa el sistema de humedales que compone la cuenca del Paraná.

Es necesario instar a una revisión inmediata de este Memorándum de Entendimiento y a la necesaria conformación de un Comité de Cuenca que integre a los diferentes sectores sociales, culturales y ambientales que deben tener fundamental voz en la gobernanza y en la participación política de las decisiones alrededor de la cuenca del Río Paraná y cualquier proyecto que la modifique. La protección y conexión con nuestros ríos y ecosistemas es fundamental para el bienestar de nuestro país y su población.

Solicitan conocer el contenido del acuerdo con la Embajada de Estados Unidos por la gestión y control del Río Paraná

Por un Mar Argentino sin Petroleras y en rechazo al Pozo Argerich 1

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas nos unimos al contundente llamado de todas las comunidades costeras por un #MarSinPetroleras y en rechazo al Pozo Argerich 1. Por un mar argentino para el bienestar de todos y todas.

Por eso nos sumamos al #Atlanticazo. Rechazamos enérgicamente al proyecto petrolero con el cual se pretende avanzar de manera absolutamente irregular. El Pozo Argerich 1 va a generar daños irreperables en nuestro ecosistema marino, consecuencias sociales y ecosistémicas para todas las comunidades costeras.

Hace más de dos años que damos esta batalla. Que denunciamos que quieren hacer pagar los impactos ambientales y sociales a quienes viven a lo largo de la costa. Pero a las grandes empresas les permitirán fugar divisas al exterior. Así lo evidencia el marco regulatorio actual, el cual solo puede llegar a empeorar si avanza la #LeyBases y las otras propuestas de un gobierno que niega la crisis climática y beneficia a las grandes petroleras.

Saqueo en el Mar Argentino: Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore de hidrocarburos

Nuestro análisis sobre la economía del offshore: las ganancias son extranjeras

En la misma causa nos reconocieron el incumplimiento a los tratados internacionales que Argentina se comprometió. Prometimos reducir nuestras emisiones para el 2050, y con estos proyectos va a ser imposible lograrlo.

Demandamos la protección de nuestros bienes comunes; la construcción de alternativas energéticas para quienes habitan los territorios, a construir otras lógicas, otras redes regionales de economías para el bienestar de quienes están, no de quienes invierten. Asegurar que vamos a poder mirar a las generaciones venideras y saber que no las hemos traicionado ni condenado a transitar una emergencia ecológica y climática, mientras profundizamos la explotación petrolera.

🌊4 de Mayo. Atlanticazo. 🌊

De madrugada, la Legislatura de Chaco habilitó el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo

En una sesión escondida y disimulada por la discusión de la ley Bases en Buenos Aires, los diputados provinciales elaboraron una nueva zonificación que revierte la protección de algunos territorios. Cambios a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma.

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH.

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó.

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores:

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena.

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino).

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

El colapso no es solo ambiental, sino democrático

Además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, hay una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

Aunque soy ecologista, estoy lejos de pensar que el colapso de las sociedades es o sólo puede ser ambiental. En realidad, si miramos con perspectiva histórica, la desaparición de determinadas sociedades no refleja solamente causas climáticas o ecológicas, como la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, la mala gestión del agua, entre otros factores, hoy agravados por el extractivismo y la crisis climática, así como por la gran escala de los fenómenos. El colapso involucra también factores determinantes de orden político y geopolítico.

Autores como el ya fallecido español Ramón Fernández Durán, cofundador de Ecologistas en Acción (quien dejó una gran obra que analiza el rol de la energía en el declive del capitalismo global) incluyen, además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades, en el marco de una clima de guerra.

De hecho, hoy está de moda hablar de policrisis para caracterizar el momento postpandémico, en el cual se entrecruzan crisis múltiples, desde la crisis social vinculada al aumento de las desigualdades, la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, la escalada de la guerra a nivel global y, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, de fuerte vocación anti-igualitaria y antidemocrática. Asimismo suele decirse que la policrisis civilizatoria podría adquirir rasgos de “tormenta perfecta”, en la medida en que estas dimensiones tienden a superponerse y potenciarse, generando escenarios de mayor incertidumbre, incluso de (auto)destrucción política a gran escala. Así que, a la hora actual, las sociedades no solo se encaminan conscientemente al ecocidio, sino antes que nada, al suicidio político de sus instituciones democráticas.

En Argentina, el triunfo de Javier Milei y los primeros meses de su gobierno nos han instalado de modo hiperbólico en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Nada mejor que recordar el libro “Cómo mueren las democracias”, escrito en 2018, en el cual S.Levitsky y D. Ziblatt, impulsados por el caso de Donald Trump, desarrollan cuatro indicadores de un comportamiento autoritario. Según los autores, el hecho de incurrir en uno solo de ellos, colocaría ya a un gobierno en la vía del autoritarismo. Sin embargo, en sólo cuatro meses Milei cumple acabadamente con los cuatro puntos, y pretende avanzar a pasos acelerados hacia un modelo autocrático.

El primer indicador se refiere al “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego”. Así, la escasa vocación republicana del nuevo presidente arrancó con el inconstitucional DNU (todavía vigente) y en la fracasada Ley Ómnibus; se hizo visible en el trato violento y despectivo hacia el Congreso Nacional (al que ha tratado de “nido de ratas”); También lo reflejan sus declaraciones previas acerca de si cree o no en el régimen democrático. Como otras extremas derechas hoy en boga, Milei dice creer en la libertad (a la que entiende como “libertad individual”, sobre la base de mercados libres y propiedad privada), pero no en la democracia (que en su formato constitucional requiere el equilibrio de poderes y de una mirada colectiva de la sociedad basada en el bien común).

El segundo indicador alude a la “negación de la legitimidad de los adversarios políticos”. En esto Milei ha dado más que pruebas suficientes, a través del insulto y la agresión reiterada. En el plano nacional, los adversarios políticos son tratados de “delincuentes”, “traidores”, “corruptos” y “extorsionadores”. En el plano internacional, tampoco ha ahorrado calificativos: se ha referido a Gustavo Petro de Colombia como “asesino” y “terrorista”, y durante la campaña electoral había tildado a Lula da Silva de “corrupto” y “ladrón”.

El tercero refiere a la “Tolerancia y /o fomento de la violencia”. Dicha intolerancia se manifiesta en una tendencia a la obscenidad serial, muy particularmente a través del uso de las redes sociales, en las que Milei invierte horas de su trabajo presidencial. Con estupor, hemos visto como repostea publicaciones vulgares y violentas contra gobernadores (como sucedió con el de Chubut, Ignacio Torres), o como en reuniones dejaba trascender la promesa de “mear a todos” los gobernadores, si no aprobaban su paquete de leyes. Hemos asistido al ensañamiento con algunos artistas (Lali Espósito) y en general para con todo aquel/la y que tenga cierta visibilidad pública y que critique o se atreva a discrepar con algunos de sus dichos o medidas.

El último indicador se refiere a la “predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”. En aras de ser expeditiva, enumero aquí solo dos elementos: uno, el alarmante dispositivo represivo puesto en marcha a nivel nacional para disuadir o no permitir movilizaciones sociales opositoras, de la mano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El llamado “protocolo antipiquetes” ha sido cuestionado por la totalidad de los organismos de Derechos Humanos, y ha generado en marzo de este año pedidos de informe de la OEA –y la CIDH– en relación “a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, así como por “las constantes agresiones a periodistas y obstáculos a la cobertura periodística”. Dos, los desaforados insultos a periodistas o medios que se atrevan a cuestionar mínimamente al presidente y sus políticas, más allá de cual sea la filiación político-ideológica. Lo escuchamos hablar con frecuencia de “periodistas ensobrados” (que cobran coimas), pese a lo cual no ha hecho ninguna denuncia judicial. Recientemente calificó el espacio periodístico como “corrompido, ensuciado, prostituido”; acusándolo de ejercer “la extorsión, la mentira, la difamación y la calumnia”. En fin, ya son más de veinte los periodistas de relieve nacional que han sufrido sus ataques de ira y vulgaridad.

Todo ello sin mencionar que en tan sólo cuatro meses Milei implementó una brutal política de ajuste económico neoliberal que potencia el fenómeno de la pobreza y la exclusión; que su política se encamina no solo a reducir sino decididamente a destruir la capacidad reguladora del Estado; y que su ataque virulento contra la educación pública, la ciencia y la cultura constituye un primer paso en la tarea de disciplinamiento de la sociedad.

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Sin embargo, este inventario rápido que acabo de hacer, está lejos de ser secreto o clandestino; al contrario, opera a plena luz del día, con grandilocuencia y crueldad, frente a la sorpresa muchos, pero también de cara a la complicidad y el silencio de otros tantos. En este punto, poco vale responsabilizar a la gestión anterior o al conjunto de las anteriores administraciones. Ningún fracaso político-económico anterior ni tampoco las disfunciones o problemas que pudiera tener el Estado argentino en sus diferentes facetas –político, social, de derechos humanos, cultural, educativo, sanitario, entre tantos otros- justifican la actual liquidación del legado democrático, que hoy el gobierno de Milei viene realizando con una brutalidad desenfrenada.

Este es el punto que quisiera subrayar para cerrar este artículo. Las democracias no sólo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria, y éste avanza sobre las instituciones. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y complicidad de una parte importante del arco político- partidario; que en este caso involucra a las fuerzas de centroderecha y derecha; esas mismas fuerzas que hasta hace poco se consideraban a sí mismas como parte del campo democrático y republicano. Y que jamás hubieran permitido a un gobierno opositor ni el diez por ciento de los atropellos institucionales que a gran escala está llevando a cabo Javier Milei. La centroderecha y la derecha argentina, que hoy están siendo absorbidas aceleradamente por la extrema derecha antidemocrática, son corresponsables de esta tragedia mayor que estamos viviendo como país.

En suma, los indicadores que proponen Levistky y Zibaltt para leer el quiebre de las democracias, son ante todo un mensaje-recordatorio que deberían tener en cuenta el conjunto de las fuerzas políticas argentinas que aun hoy se siguen diciendo y considerando democráticas.

Desarrollo Legal en la Causa por el Mar Argentino: Avances judiciales en un clima de presión mediática

Ante los recientes avances en la causa concerniente a la exploración petrolera en el Mar Argentino

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se emitió una respuesta en la causa por el Mar Argentino frente a la acción de amparo ambiental. La causa cuestiona la validez del avance del modelo petrolero offshore en aguas ultraprofundas en nuestro país. Representa para un gran porcentaje de la población una batalla crucial por la defensa del Mar Argentino, de nuestras costas, de sus entornos naturales y de los derechos de las generaciones futuras.

La resolución cuestionada es la que otorga permisos a la exploración sísmica en la zona del Mar Argentino llamada Cuenca Argentina Norte. Esto representa una amenaza inminente para nuestras costas y ecosistemas marinos. Situada a meros 300 km de las costas de la ciudad de Mar del Plata, esta actividad propuesta por empresas como Equinor, YPF y Shell, es un golpe directo a dimensiones fundamentales para una sociedad social y ambientalmente justa. Representa un ataque a la soberanía argentina sobre su territorio y sobre sus aguas, una profundización de la matriz fósil en un contexto de crisis ambiental, una incapacidad de cumplir los compromisos climáticos argentinos en espacios internacionales y un detrimento absoluto para el avance hacia transición energética popular y justa que nuestro país merece.

Incluso, al día de la fecha, continúa la presión mediática constante en la cual se celebra la llegada de las embarcaciones para la explotación offshore, a pesar de que la causa sigue completamente en curso.

Desde la presentación de la acción específica contra el pozo exploratorio Argerich I en octubre de 2023, hasta la más reciente presentación del jueves 4 de abril de 2024, ha surgido información con la que la comunidad no contaba.

Dentro de los argumentos presentados por las empresas y el Estado, se encuentran datos realmente preocupantes. La falta de legitimación y la interpretación sesgada del principio precautorio son solo el comienzo de una lista de manipulaciones y omisiones flagrantes. Las confesas conversaciones a puertas cerradas entre el Estado y las empresas petroleras, previas a la emisión de los decretos y resoluciones en cuestión, son a su vez, evidencia de lo viciado que se encuentra este proceso. La ausencia real de una inversión que puede generar el llamado “derrame económico” ya que todo lo que invierten ahora es sísmica.

Saqueo en el Mar Argentino: Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore de hidrocarburos

Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore donde se demuestra la ausencia de “derramamiento de inversiones”

La reciente aparición de más de 14 mil páginas reflejan la falta de transparencia y responsabilidad que manejaron hasta ahora las empresas y el Estado. La negativa a reconocer las graves implicaciones ambientales de este proyecto y la escasa atención prestada al cambio climático son una afrenta a la sostenibilidad de nuestro planeta y una falta de justicia con las generaciones futuras.

Es necesaria una acción inmediata por parte de las autoridades judiciales para detener este atentado contra nuestro ambiente y nuestras comunidades. Apelamos a la responsabilidad de todos los involucrados en este proceso para hacer lo correcto y proteger nuestros bienes comunes.

La causa por el Mar Argentino

La causa cuestiona no solo la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que autoriza la exploración sísmica en la mencionada cuenca, asignada a empresas como Equinor, YPF y Shell. Se busca además que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones que dieron origen a la Ronda I, adjudicando áreas marítimas a múltiples compañías internacionales sin el debido proceso.

La respuesta presentada destaca los vicios administrativos en la motivación del acto, la ausencia de consideraciones ambientales en la normativa hidrocarburífera y las falencias en los estudios de impacto ambiental del proyecto Argerich. Además, se ha denunciado la falta de comunicación sobre el daño transfronterizo y el reconocimiento por parte del Estado de la imposibilidad de cumplir los acuerdos internacionales climáticos.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

La justicia de Catamarca da lugar a reclamos comunitarios y frena obras de minería de litio

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) celebramos el reciente fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que hace parcialmente lugar a una acción de amparo en defensa de las poblaciones, la naturaleza y los bienes comunes en el territorio de Antofagasta de la Sierra. Los daños irreparables que produce la minería de litio en el Salar de Hombre Muerto son denunciados hace años por la Comunidad Atacameños del Altiplano, la red de asambleas socioambientales PUCARÁ y diversos movimientos sociales e indígenas de la provincia .

Este salar, está ubicado y compartido entre las provincias de Catamarca y Salta, e integra la subcuenca hídrica del Hombre Muerto y la subcuenca glaciaria del Salar Pocitos. Territorios habitados desde tiempos ancestrales por comunidades indígenas que desarrollan sus actividades comunitarias, culturales y económicas.

El tratamiento de la acción cautelar presentada evidencia que la provincia de Catamarca ha entregado 6 permisos de exploración y explotación sobre este territorio. Esto viola la normativa aplicable, dado que no se proveyó la debida información a la población, como tampoco se ha garantizado su participación ni la Consulta Previa Libre e Informada, ni se ha realizado la evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo.

Conforme los arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional corresponde a las provincias el ejercicio de control ambiental por ser titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y deben aplicar los presupuestos mínimos previstos en la Ley General de Ambiente N° 25675

A su vez, el Estado Nacional debe garantizar la efectividad y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, reconocidos en los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75 inc. 22 de la CN, y el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por ley nacional y por el art. 75 inc. 17 de la CN. El Estado Nación es responsable de garantizar el derecho a un ambiente sano conforme el artículo 41 de la CN y del art. 12 inc. b y le corresponde intervenir en virtud del art. 4 de la Ley General de Ambiente en casos de impacto ambiental interjurisdiccional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de los organismos creados al efecto como el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA). Finalmente, el Estado Nación debe intervenir conforme a la Ley N° 26639 dado que en la zona afectada existen diferentes tipos de glaciares.

La acción legal presentada solicitaba suspender las autorizaciones a las empresas norteamericana Livent (ex Minera del Altiplano S.A.) y Galaxy Lithium S.A., para las diversas obras que construyen en el marco de los proyectos Fénix. Al menos hasta que se realizara una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo, se estableciera la línea de base ambiental de la Subcuenca del Hombre Muerto con la adecuada y oportuna participación y consulta de la Comunidad Atacameños del Altiplano, y con la intervención de las autoridades nacionales. Esto implicaba el cese de: la construcción del acueducto Río Los Patos, la ampliación del proyecto Fénix y su respectiva ampliación para la extracción de agua y para el proyecto Sal de Vida la ampliación del campamento, la construcción de pozos y piletas de evaporación y expansión de extracción de agua.

La decisión de la corte fue limitada a “dar lugar parcialmente a la acción cautelar”, ordenando en concreto:

Al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto –
A brindar el libre acceso a la información, como su consecuente participación a la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a los miembros de la localidad afectada -Antofagasta de la Sierra.
Al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a abstenerse de otorgar nuevos permisos, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.-

Celebramos este fallo que representa un freno al avance descontrolado del extractivismo de litio en el salar de Hombre Muerto y creemos indispensable este precedente en la defensa de los bienes comunes, agua, salar, humedales altoandinos y glaciares en la provincia, así como en el conjunto de los territorios y poblaciones afectadas en nuestro país.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

Nos proponen más extractivismo y menos democracia: hay que reaccionar ahora

El autor, abogado ambientalista, considera uno de los puntos del acuerdo ofrecido a los gobernadores habilita un “pacto para el saqueo” y señala la gravedad de querer declarar “organización terrorista” a Greenpeace, como propuso un legislador de LLA. Llama a la acción: “Lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos”.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Ahora es la agencia Télam. Después será un hospital público, una Universidad también pública vallada, una escuela desmantelada. Hoy un diputado libertario sentencia que la organización Greenpeace es terrorista, mañana lo dirán de todas las organizaciones ambientalistas, pasado buscarán cerrarlas.

Hoy vacían el Conicet, la institución de investigación pública académica más prestigiosa de América Latina, después irán por ARSAT, como ya han ido por el INADI, el INAI, y quieren hacerlo con instituciones culturales.

Tenemos que reaccionar, urgente, ya.

En el marco de medidas económicas totalmente deshumanizadas que están destruyendo a la clase media, empujándola a la pobreza, y a la pobreza a la indigencia, la vertiginosidad de los retrocesos es alarmante. Solo anunciadas con “likes” en cuentas random en la frenética actividad orgiástica del Presidente en X (ex Twitter). El vaciamiento del Conicet es ya una realidad concreta y la imposibilidad de pagar los gastos corrientes de las universidades e institutos de investigación públicos hará inviable cualquier presente consistente.

Esta semana el propio Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunció en un comunicado oficial que se detuvo a un joven por una discusión en Instagram por su “pensamiento apegado a la propaganda de la ex Unión Soviética” y que “contaba con vínculos con grupos comunistas” (el entrecomillado es textual). 40 años de Democracia y se detiene a una persona por su ideología. En otras palabras, la persecución política ya es una realidad en la Argentina distópica de Milei.

En la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Milei anunció el denominado “Pacto de Mayo”. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Un “Pacto para el Saqueo” denuncian las organizaciones socioambientales. Reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales por el DNU o en el intento en la Ley Ómnibus (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), solo profundizan las crisis ecológica y apuntalan la desigualdad producida por el modelo extractivista. En definitiva nos proponen más extractivismo y menos democracia. Más colonialismo y reprimarización de la economía. Ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio.

Con este contexto preocupan las declaraciones del Legislador bonaerense de la Libertad Avanza, Agustín Romo, que pide declarar “organización terrorista” a Greenpeace. Sabemos que es un disparate, pero estamos rodeados de disparates que luego se consuman. Desde un Decreto Nacional para prohibir el “lenguaje inclusivo y la perspectiva de género”, hasta un Presidente que habla con el perro muerto (ojo que hablar con los perros, todos hablamos, pero no todos le entendemos cuando ladran y, seguro, ninguno puede hablar con un perro muerto). Por eso en el contexto actual las declaraciones del referente del partido de gobierno preocupan. Señalar de “terrorista” a una reconocida organización ambientalista, que lleva la palabra “paz” en su nombre, es parte de la construcción del enemigo. Y eso es peligroso, máxime en América Latina que ostenta el triste récord de más defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.

Y este ataque al movimiento socioambiental también viene de sectores de la ¿oposición? El exsenador eterno Miguel Pichetto, ahora devenido en diputado nacional señaló que el ambientalismo es una construcción “de la izquierda boutique de la Capital que llevó a todo el país al rechazo a la minería”. Cuando es exactamente al revés, los que más resisten al extractivismo son las poblaciones de las provincias, no son ambientalistas de CABA: Famatina (La Rioja) Esquel (Chubut) Mendoza Jachal (San Juan) Pueblos Fumigados Mar del Plata (PBA) Jujuy, son solo algunos ejemplos. De ellas tenemos que aprender a cuidar derechos y conquistas sociales. Fueron los movimientos populares más grandes y efervescentes de los últimos tiempos. Desde el Famatinazo, hasta los más recientes Chubutazos y Mendozazos. Con gran protagonismo de las mujeres y maestras.

Es fundamental comprender que lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos. Fijense con todo lo entregado, retrocedido y saqueado de la fiesta menemista. Todavía no pudo ser recuperado, desde los trenes hasta retrocesos legales que continúan aún hoy intactos como toda la legislación minera de saqueo.

¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo meros espectadores pasivos de este brutal retroceso de derechos y conquistas sociales? Lo abrumador de la realidad no puede quitarnos la solidaridad ni la ternura (si, la ternura, no hay nada más político que reivindicarla en estas épocas de crueldad). Tampoco la indignación, que debemos transformarla en acción. Resistir en este contexto es una obligación histórica. Hay que dejar de lado las especulaciones, las mezquindades y los cálculos políticos. Las bases mismas de la democracia y donde se asienta, están más que en peligro, ya están siendo vertiginosamente erosionadas.

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales.

De manera concreta nos referimos a:

Ley de Glaciares: Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social.

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo.

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico.

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto.

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta.

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica