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Presupuesto para incendios

Incendios, pinos y mal desarrollo

por Enrique Viale y Malena Srur para elDiarioAr

La Argentina enfrenta incendios devastadores en el sur y noreste del país, agravados por sequías, altas temperaturas y desfinanciamiento estatal. Las plantaciones de pinos aumentan el riesgo y dificultan la regeneración del ecosistema. Este modelo forestal, basado en monocultivos exóticos, afecta la biodiversidad, el agua y las comunidades, promoviendo un desarrollo insostenible y regresivo.

Otro verano con incendios en todo el país. En la Patagonia, donde aún continúan activos, consumieron miles de hectáreas de bosques en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanin. En la Comarca Andina ya se quemaron también miles de hectáreas en una zona de interfase urbano-rural, destruyendo casi 200 viviendas y con centenares de familias evacuadas. Hasta el momento más de 45.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego en el Sur. Los peores en las últimas tres décadas.

También hay incendios de gran extensión en las provincias del noreste del país, ya muy castigadas por el fuego durante los últimos años. En lo que va de 2025, solo en Corrientes se quemaron cerca de 150.000 hectáreas, aunque los datos varían por la ausencia de información oficial confiable.

En todos los casos se combina una sequía atípica, temperaturas extremas y fuertes vientos como detonantes principales, sumado a que los recursos para prevención y control que destinan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son insuficientes y cada vez más escasos. El desfinanciamiento y precarización de las áreas de control del fuego en el Gobierno Nacional se hace sentir en los territorios y tiene consecuencias desastrosas muy concretas en el marco del Cambio Climático Global.

La mayor respuesta estatal fue la persecución a comunidades mapuches y grupos comunitarios. Una verdadera cacería, por parte del Gobierno Nacional y provinciales. Para des-responsabilizarse de los incendios necesitan un culpable, un “enemigo” que alimente teorías conspirativas.

Pero existe otra constante de la que se habló en mucho menor medida: los habitantes y productores de las zonas bajo fuego indican que la presencia de plantaciones forestales de pinos —y, en menor proporción, eucaliptos— han contribuido a aumentar los riesgos, actuando como focos o haciendo que los incendios se propaguen con tal velocidad o adquieran magnitudes de tal violencia, que los deja fuera de control. También sucede que se prioriza el control del fuego en las plantaciones forestales, y se deja a merced del fuego a los bosques verdaderos, pastizales y humedales.

Pinos e incendios

No es sorprendente. Desde hace décadas que esta característica “pirogénica” de los pinos está estudiada y documentada en otras partes del mundo, tanto donde se cultivan como en los países del hemisferio norte de donde son originarios.

Contribuyen sustancialmente a que los incendios sean más frecuentes e intensos porque, de alguna manera, les resultan favorables. Tienen características que les permiten sobrevivir o regenerarse rápidamente, aumentando incluso su superficie gracias a este disturbio (cortezas gruesas, enorme producción de semillas que germinan o dispersan en respuesta al calor extremo). Además, contienen aceites o resinas inflamables que aumentan la probabilidad de incendio, y su hojarasca (la “pinocha”) se acumula sin degradarse y es más inflamable que la de nuestros ambientes nativos. Como si esto fuera poco, como las copas están tan cercanas el fuego se puede trasladar en altura, siendo estos incendios de copa los tipos de incendios forestales de mayor severidad y peligro.

En condiciones post fuego también se ven favorecidas, interfiriendo con la regeneración de nuestros bosques, matorrales y pastizales quemados. En esas condiciones los pinos germinan literalmente como un césped y cubren completamente el suelo, ahogando a la vegetación nativa e impidiendo que prospere.

Ya sea por causas naturales o antrópicas, el fuego forma parte de la dinámica de varios ecosistemas argentinos. Pero la combinación de fuegos repetidos y catastróficos con las plantaciones de pinos es un nuevo tipo de disturbio que puede llegar a convertir tierras productivas en improductivas y ocasionar graves deterioros ambientales y socioeconómicos en una región.

Las plantaciones forestales pueden causar y agravar las sequías

Además del riesgo de incendio que se retroalimenta y de la pérdida masiva de biodiversidad que provocan las plantaciones forestales, uno de sus impactos más importantes se produce sobre la hidrología de las regiones en donde se instalan, pudiendo afectar la calidad, cantidad y distribución del agua superficial y subterránea.

Los pinos y eucaliptos consumen cantidades enormes de agua, mucha más de la que consume la vegetación nativa, especialmente cuando reemplazan arbustales y pastizales. Normalmente consumen más agua de la que llueve, con lo cual deben bombearla de las napas y de los cuerpos de agua vecinos. Además, su altura y densidad de ramas y hojas impiden que un alto porcentaje del agua de lluvia llegue al suelo (hasta el 95%); ésta queda retenida en las copas y luego simplemente se evapora con el sol. Estos procesos combinados contribuyen a que, con el paso del tiempo, disminuya o desaparezca la recarga de agua de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos, que finalmente se secan. Esta situación se agrava al aumentar la superficie plantada o invadida, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo (Ej: Sudáfrica, con reducciones de caudales en cuencas enteras de hasta un 70%).

En años secos, las lagunas no se llenan y las napas se hacen más profundas. El resultado es un agotamiento local del agua que ya no queda disponible para la fauna y flora nativas ni para el consumo humano u otros usos productivos. Es algo que repiten todas las personas que viven en lugares en donde se instalan estas plantaciones: “desde que se plantó el pino o el eucalipto, se acabó el agua”. En sectores de los Esteros del Iberá, por ejemplo, los pozos que antes daban agua a los 8 metros de profundidad, ahora recién lo hacen cerca de los 20 metros.

A estos hay que sumar los impactos directos de las obras hidráulicas que se deben hacer en zonas de humedales y pastizales (naturalmente inundables) para conducir el drenaje y permitir que se haga la plantación inicial y la apertura de caminos: “camellones”, terraplenes y canales de drenaje, directamente diseñados para secar los sectores en donde se hacen las plantaciones de estas especies exóticas.

La invasión silenciosa

Las inmensas plantaciones forestales implican un riesgo ambiental en sí mismas como agentes de cambio de la dinámica hídrica de la región en donde se instalan, por modificar la estructura y funcionamiento del paisaje, por no servir como hábitat para la flora y fauna silvestres, y por su papel como agentes de cambio cultural en las comunidades rurales de la zona, entre otros. Como si esto fuera poco, existe otro riesgo tal vez más grande debido a su carácter de “especies invasoras”: los pinos se propagan descontroladamente hacia ambientes naturales y áreas productivas y poblados vecinos, lo que puede hacer escalar todos estos impactos hasta dimensiones impensadas.

Especialistas de todo el mundo destacan la gravedad del problema de las llamadas “especies exóticas invasoras” como los pinos, que conforman el grupo de especies forestales más irruptivas para todo el hemisferio Sur afectando bosques, pastizales, humedales, estepas y dunas costeras. Las pérdidas de biodiversidad y la homogeneización del paisaje disminuyen la resiliencia frente a cambios ambientales como las sequías y los incendios, y pueden aumentar el riesgo de plagas y enfermedades atentando contra las propias plantaciones forestales. Impactan así sobre todas las actividades productivas de una región, incluyendo la agrícola, ganadera y turística. Daños todos ya registrados en nuestro país, desde la Patagonia hasta los Esteros del Iberá. A todo esto, se suma que los pinos fuera de las plantaciones ni siquiera tienen valor forestal ya que su madera es de mala calidad por la densidad en la que crecen.

Los pinos y el mal desarrollo

Pese a los extensos y riquísimos bosques y selvas pobladas de especies valiosas que supo tener nuestro país, este mal llamado “desarrollo” forestal argentino se basó fundamentalmente en el desmonte y posterior instalación de extensos monocultivos, artificiales y altamente mecanizados, de especies de pinos originarios de Estados Unidos y otras especies exóticas. Se hizo copiando al modelo chileno: se fueron desarrollando a la par, con inversiones de los gobiernos militares de la década del 70, fomentando la plantación sobre tierras fiscales y construyendo las pasteras que los gobiernos luego privatizaron a precios bajísimos, para quedar finalmente en manos de 2 o 3 corporaciones como la chilena Celulosa Arauco y Constitución.

Este modelo constituye un ejemplo de un tipo de desarrollo socialmente regresivo y ambientalmente insustentable que ha generado miseria, despojo y explotación en todos los territorios en donde prospera. Las plantaciones forestales no sólo fracasaron en reducir la presión sobre los bosques nativos, en mejorar la conservación de suelo y agua o en promover el empleo y el desarrollo social, sino al contrario: dieron lugar a una creciente homogeneización de los paisajes y a la destrucción y radical transformación de otros ecosistemas, como los pastizales correntinos y las estepas patagónicas, tan valiosos como los bosques, generando problemas cada vez más difíciles de resolver. Se desarrolló a expensas de la apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, dejando a comunidades campesinas y localidades enteras encerradas dentro de “jaulas de pinos”, sin fuentes de empleo y provocando migraciones masivas con una caída general en los estándares de vida.

Este modelo de mal desarrollo forestal no distingue entre bosque nativo y plantaciones, y ve a los árboles como una mercancía, donde los criterios cuantitativos de “número de árboles”, “toneladas por hectárea” o “PIB per cápita” son instrumentos suficientes de estrategia y política, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. Los verdaderos bosques y recursos forestales nativos siguen siendo ignorados o depredados, mientras se promueve el modelo fabril de monocultivos industriales con instrumentos tan efectivos como el del régimen de promoción instaurado desde finales de los 90 con la ley nacional 25.080 y otras leyes provinciales relacionadas. Desde entonces, el Estado subsidia todos los pasos productivos de implantación, mantenimiento, riego y cosecha de las plantaciones, exime a las empresas del pago de impuesto inmobiliario por las tierras sembradas, de impuestos de sellos y de ingresos brutos, les devuelve el IVA en forma anticipada, y les otorga estabilidad fiscal por 30 años, entre otros beneficios y exenciones fiscales e impositivos.

Frente a estos fracasos tan devastadores, ampliamente documentados, del paradigma de desarrollo forestal basado en los monocultivos, resulta urgente establecer una inmediata moratoria que prohíba la plantación de especies exóticas, que destine gran parte del presupuesto de la actual ley de promoción forestal a la restauración de ecosistemas nativos, el manejo de áreas naturales protegidas, la promoción de la producción de alimentos a escala local, la educación ambiental, la restauración productiva de las tierras quemadas y el control y prevención de incendios catastróficos.

Manejo del fuego

Los arrestos no apagan incendios: el manejo del fuego demanda prevención, financiamiento y estructura

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, denunciamos la criminalización deliberada que responsabiliza al pueblo mapuche por los incendios en la Patagonia y desvía la atención de la ineficiente política de manejo del fuego. No hay ninguna evidencia que sustente estas acusaciones contra los pueblos originarios Se trata de una narrativa racista que busca desviar la atención del problema real: la ausencia de políticas estructurales de prevención y la desfinanciación crónica de los organismos encargados de proteger los ecosistemas.

La Ley de Manejo del Fuego sigue vigente

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego NO fue derogada. Esto es falso. La ley está en plena vigencia y establece la organización y acción coordinada entre la Nación y las provincias para la prevención y combate del fuego. Sin embargo, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por el vaciamiento de recursos y la falta de inversión en personal especializado. El problema no es la ley, sino su incumplimiento sistemático. 

La falta de financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego deja a brigadistas y comunidades en situación de indefensión. A esto se suma la precarización laboral: contratos temporarios, sueldos bajos y carencia de equipamiento adecuado.

Más brigadistas que aviones

La respuesta estatal cuando el fuego está prendido es insuficiente, propio de políticas públicas vaciadas y de posturas negacionistas. La prevención de incendios debe realizarse permanentemente, con acción y comunicación territoriales. La estructura necesaria es lo fundamental, pero aún más el personal capacitado y un sistema de prevención que actúe durante todo el año.

Un Estado que esté a la altura de la policrisis combate y previene el fuego constantemente, no sólo cuando las llamas están activas. Se requieren estrategias de prevención sostenidas en el tiempo: gestión de la vegetación, monitoreo de zonas críticas, planes de mitigación y fortalecimiento de las estructuras de combate del fuego.

Vaciamiento y precarización profesional

El recorte de fondos impacta en todos los niveles. Falta personal técnico, equipos de investigación, comunicadores y formación continua para brigadistas. Las provincias carecen de capacidad de acción efectiva y de la voluntad política para construirla.

Este vaciamiento no es casual, la falta de prevención, lejos de ser un error, es una política. En marzo vuelven a vencer los contratos de todos los brigadistas que dependen de nación (Administración de Parques Nacionales y Servicio Nacional de Manejo del Fuego), esta inestabilidad laboral no puede permitirse en un contexto de creciente frecuencia, intensidad y velocidad de propagación de megaincendios.

Exigimos políticas reales de prevención en el manejo del fuego

Los incendios forestales son una tragedia previsible. Se necesita un plan integral de prevención con:

  • Más brigadistas, con salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones laborales dignas.
  • Ejecución del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
  • Fortalecimiento de la investigación y monitoreo ambiental.
  • Educación comunitaria y coordinación interjurisdiccional en la gestión de los territorios.
  • Cumplimiento efectivo de la prohibición de cambio de uso del suelo en tierras quemadas.

El fuego no es un desastre natural. Es consecuencia de políticas que priorizan el negocio sobre la vida. Seguiremos denunciando la irresponsabilidad del Estado y exigiendo justicia.

incendios

La desigualdad es inflamable: Radiografía del fuego

La Comarca Andina, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, donde hace semanas se multiplican los incendios, está atravesada por múltiples desigualdades. Allí conviven gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación, grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades en busca de una vida buena y organizaciones indígenas que luchan por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural. También, el avance de la frontera extractiva, los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad y el entramado corrupto de la política local, la justicia y los magnates territorializados. Maristella Svampa disecciona el combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican: la desigualdad.

Por Maristella Svampa para Revista Anfibia

“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica. 

En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en  zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en  pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita. 

Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios. 

Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.

En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.

El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje. 

Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”. 

Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.

El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.

En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes. 

En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas,  como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa. 

Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros. 

Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.

Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal. En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.

La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.

 Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte  de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?

Presupuesto para incendios

Exigimos al Estado Nacional que rinda cuentas en el Manejo del Presupuesto para Incendios 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2025

 La Patagonia arde. Más de 20.000 hectáreas ya fueron consumidas por incendios en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El vaciamiento estatal y la opacidad en el uso de los recursos disponibles hace cuestionar la capacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que ya ha provocado evacuaciones masivas y pérdidas irreparables.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitamos formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional, en virtud de la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, detalles sobre la ejecución del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) entre 2022 y 2025. 

Los megaincendios que devastan nuestra región no son ni atentados terroristas ni desastres naturales inevitables: son consecuencia directa de la crisis climática y de políticas públicas deficientes. Mientras el fuego avanza, devorando territorios y arrasando ecosistemas, el Estado persiste en una política de opacidad sobre los recursos destinados a la prevención y combate de incendios. El presupuesto para incendios debe ser público en esta situación. Es imprescindible conocer cómo se han distribuido los fondos, qué equipamientos se han adquirido y si los brigadistas cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su labor. Desde nuestra organización exigimos respuestas concretas en los siguientes puntos:

  1. Ejecución del presupuesto: Detalle del porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto asignado al SNMF desde 2022 hasta la fecha.
  2. Licitaciones públicas y equipamiento: Información sobre adquisiciones de equipos y su distribución por provincias.
  3. Flota de medios aéreos: Comparación del aumento o disminución de aviones y helicópteros en la última gestión.
  4. Condiciones laborales de brigadistas: Detalles del presupuesto destinado a mejorar su equipamiento y seguridad.
  5. Criterios de asignación de recursos: Explicación sobre la distribución territorial de los fondos y equipamientos.

El derecho a la información ambiental es una herramienta fundamental para la defensa de los bienes comunes. La Ley 25.831 y el Acuerdo de Escazú garantizan la obligación del Estado de brindar información clara, accesible y oportuna. Sin transparencia, no hay control ciudadano posible, y sin control, se perpetúa la impunidad en el manejo de recursos esenciales para la protección de los ecosistemas.

Los incendios no solo devastan paisajes: afectan la vida de comunidades, profundizan la crisis hídrica y expulsan poblaciones de sus territorios. No podemos permitir que la desinformación siga siendo la norma. Exigimos al Ministerio de Seguridad y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego que cumplan con su deber legal y brinden, en los plazos estipulados por la normativa vigente, las respuestas que la ciudadanía merece sobre el presupuesto para incendios.

El silencio y la inacción no son una opción. Como sociedad, tenemos derecho a saber por qué estamos ante esta destrucción. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

incendios

Incendios, la conspiración avanza

El Gobierno niega la crisis climática y desmantela políticas ambientales mientras los incendios arrasan ecosistemas. Se persigue a brigadistas y se fomenta el racismo anti-indígena con teorías conspirativas. Es urgente fortalecer la defensa civil y movilizar solidaridad ambiental para contrarrestar la indiferencia estatal y la manipulación política de la extrema derecha.

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAR

Enfrentamos un gobierno negacionista que, por definición, niega la crisis ecológica y climática y, por ende, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal, mientras los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas, seres humanos, animales y viviendas. ¿Cómo incidir públicamente o con qué estrategias responder en medio de esta crisis que no es solo ambiental, sino también política? Parece difícil de responder porque al Gobierno no le interesan los grandes incendios, ya que todavía percibe que no paga ningún costo político frente a la sociedad. 

En todo caso, creemos que es necesario recuperar o repensar algunas claves para poder enfrentar estos megaincendios del Antropoceno o el Capitaloceno: por un lado, información y capacitación. Por otro lado, solidaridad y empatía ambiental a gran escala.El primer eje apunta al Estado, porque requiere de políticas públicas, que es lo que efectivamente no está en la agenda del Presidente. Contamos con un sistema de información meteorológico altamente capacitado, que también ha sido afectado por despidos del Gobierno. Lo mismo ha sucedido con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que además de ser desfinanciado y precarizado, pasó de la cartera ambiental a la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Así, en vez de estar planificando cómo activar las alertas tempranas (que se basan en datos meteorológicos, territoriales y en el monitoreo de las zonas más propensas a sufrir incendios), y que servirían para controlar la propagación de focos de incendios (intencionales o no), lo que el Gobierno está haciendo es reducir el personal científico y de defensa civil, mantenerlos en la angustia de la precariedad laboral permanente y amenazarlos con despidos o represalias si –por ejemplo- hablan de “cambio climático”. Es evidente que una política pública de adaptación y mitigación de la crisis climática debe pasar por el fortalecimiento y la contratación de más personal científico y de defensa civil, incluso de formación de más brigadistas entre la población y dotarlos de equipamiento y la logística adecuada.  

Pero lo cierto es que estamos ante un ecocidio anunciado: al Gobierno le interesa usar la información para sembrar noticias falsas en las redes sociales (como explica Giuliano Da Empoli en su libro Los Ingenieros del caos, al referirse a las extremas derechas), no para fortalecer un sistema de defensa civil o una red de información científica que permita prevenir, adaptarse y mitigar la crisis climática en curso. Las respuestas del Gobierno siempre van en la línea de la negación (como lo muestra el constante “Yo no dije lo que dije” del Presidente), a lo que se suman toda suerte de teorías conspirativas. Por ejemplo, se prefiere buscar un chivo expiatorio –como hizo el gobernador de Chubut hace un par de semanas y ahora replica la superministra de seguridad nacional Patricia Bullrich—, en continuidad con la campaña anti-indígena (que inició la propia Bullrich durante el mandato de Mauricio Macri), y alentar la hipótesis de que los responsables están entre la comunidad mapuche, lanzando todo tipo de acusaciones absurdas, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y son tan afectadas como cualquier otro sector de la población en estos incendios. Incluso muchos de los brigadistas en la primera línea de fuego son miembros de esta comunidad indígena. El racismo anti-indígena de este Gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa.

Más aún, las fuerzas policiales de la provincia estarían persiguiendo y deteniendo incluso a brigadistas comunitarios que están colaborando en el combate contra los incendios y del centro de donaciones en la Comarca Andina, de manera aleatoria, afirmando que han encontrado a los responsables de los incendios intencionales. También corre el rumor en la Patagonia que sería inminente el ingreso del Ejército a la región. Queda claro que están dispuestos a habilitar una verdadera cacería.

Falta que Milei culpe de los incendios a algún ambientalista también… Parece chiste, pero si Milei dijo hace poco en una entrevista que la izquierda debería hacerse cargo del “nacionalsocialismo” de la segunda guerra mundial, todo es posible en la Argentina de hoy. A algún troll envalentonado o alguna entusiasta diputada oficialista se le podría ocurrir y lanzarlo sin aspavientos al tóxico debate político que hoy impera en los medios televisivos.

El colmo del carácter anticiencia de este Gobierno, que viene desmantelando y desfinanciando el aparato científico nacional, se logró con la noticia de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un hecho sin precedentes, que provoca a nuestro país innumerables perjuicios muy concretos y un aislamiento en relación a la cooperación internacional en materia de salud.

Solidaridad y Empatía Ambiental

La pregunta también es cómo desmantelar las lecturas conspirativas. Estas no solo tienen por objetivo dar una respuesta fácil, rápida y mentirosa. Las lecturas conspirativas habilitan a quien las esgrime a “recuperar” el control, cuando todo es incontrolable. La extrema derecha LO SABE y lo viene haciendo en todos lados, utilizando hechos siniestros –se trate de un crimen aberrante o de un desastre ambiental— para apelar a teorías conspiranoicas, que des-responsabilicen al Gobierno y a los poderes económicos, y que fabriquen un culpable —que ineludiblemente está entre los sectores mas vulnerables de la sociedad—. Eso suele amainar las angustias de sectores de la sociedad que solo quieren volver a la situación anterior, negando las verdaderas causas de la crisis. 

El segundo eje apunta a la necesidad de organizar social y políticamente la solidaridad y la empatía, como claves para transitar una crisis ecológica anunciada, que se va agravando. La solidaridad que vemos emerger en los territorios dañados es conmovedora y de una gran potencia. Pero por el momento es posible en un escenario de colapso climático localizado. La pregunta es cómo potenciar esas solidaridades y empatía a una escala mayor. Necesitamos, como dicen Omar Giraldo e Ingrid Toro en un hermoso libro sobre “La Afectividad Ambiental”, de 2020, volver sobre la cuestión de las emociones y el régimen de afectividad. “Este régimen establece qué elementos pueden ser amados y ante cuáles se debe permanecer indiferente, modulando así la economía afectiva de los individuos. En este contexto, la afectividad no es caótica, sino que responde a una lógica y un orden que son determinados por las estructuras de poder.” Lo cierto es que deviene complicado y difícil en un contexto nacional donde la población —o más bien, diríamos, el régimen de afectividad— está siendo constantemente bombardeado con mensajes de insensibilidad y de crueldad.

En el contexto de la policrisis contemporánea, uno de nuestros grandes desafíos es trazar una vía de construcción colectiva hacia un cambio en la afectividad que nos reconecte con la pluralidad de la vida. Esto no se logra solamente por una vía racional o a través del conocimiento científico (que a veces asusta y desmoviliza), sino “por la revolución de los afectos y las emociones”, por la movilización en defensa de la vida que incluye no solo la nuestra y la de los vecinos, sino la de los seres no humanos, animales, bosques, fuentes de agua, que están siendo devastadas. Si no alentamos esa pulsión de vida, nuestros mejores sentimientos y emociones, en clave de construcción colectiva e interdependencia, de democracia plural y participativa, nadie se salvará. Ni siquiera los ricos o los grandes empresarios que hoy contratan bomberos privados para salvar sus propiedades… 

En suma, varias veces hemos hablado aquí que de cara a una transición ecosocial justa y popular es necesario pensar en las bases de un Estado Ecosocial para hacer frente al doble desafío, el de la crisis climática y el de las desigualdades sociales. Pero afrontar la policrisis en la que vivimos también exige activar colectivamente la pulsión de vida, el respeto por la diversidad y la interdependencia como condición de la vida misma, frente al proyecto destructivo que tanto hacia arriba (instituciones/Estado) como hacia abajo (subjetividades) impulsan políticos como Milei y el conjunto de las extremas derechas.

incendios negacionismos

Incendios y negacionismo ecológico

por Enrique Viale y Sofía Nemenmann para el Diario Ar

El fuego descontrolado en el Parque Nacional Nahuel Huapi expuso la precariedad laboral de más de 500 brigadistas sin contratos renovados. Mientras el Gobierno transfiere competencias al Ministerio de Seguridad, ignorando su vínculo con el cambio climático, la crisis se agrava con políticas ambientales regresivas y condiciones extremas que demandan planificación urgente.

En medio de un descontrolado incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los brigadistas forestales que dependen de la Nación enfrentan una situación compleja. La semana de fiestas se vio empañada por la falta de estabilidad laboral para quienes responden tanto a la Administración de Parques Nacionales (APN) como al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El 2024 terminó con una oleada de despidos que agravan su ya precaria situación laboral. Hay más de 500 brigadistas a quienes aún no se les ha renovado el contrato y están yendo a combatir el incendio sin tener la certeza de su continuidad laboral.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los empleados de la APN y el SNMF han sido recontratados bajo modalidades trimestrales. La falta de garantías laborales y la constante incertidumbre generan un escenario de vulnerabilidad, tanto para los brigadistas que luchan contra el fuego a lo largo y ancho del país, como para las áreas técnicas que posibilitan que los operativos de combate se realicen de manera segura y eficaz.

Además, esta fragilidad contractual actúa como un instrumento de control sobre los trabajadores y profesionales. Tanto brigadistas como guardaparques y técnicos, tienen estrictas órdenes de las autoridades de Parques Nacionales de no publicar en redes sociales información sobre la crisis climática, sobre “los mapuche” y “lo menos posible sobre incendios”. Incluso en sus cuentas personales, las cuales son controladas sistemáticamente. El costo de desobedecer estas órdenes orwellianas es la no renovación del contrato trimestral.

Así las cosas, el trabajo de los brigadistas, fundamental para la protección de los ecosistemas y las comunidades, se ve hoy doblemente amenazado: por el riesgo inherente de su tarea y por la falta de un marco laboral que respalde su esfuerzo. En un momento en que la prevención y control de incendios debería ser una prioridad, las condiciones laborales precarias de estos trabajadores dejan al descubierto una crisis que podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

El Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad

Y cuando el incendio seguía creciendo en cercanías de Bariloche, el Presidente decretó, un 30 de diciembre (Decreto Nacional 1136/24), el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la cartera ambiental al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Esta medida representa un grave retroceso en tanto que desliga de la agenda ambiental una problemática profundamente ligada al cambio climático, como son los incendios forestales.

Este traspaso del SNMF al Ministerio de Seguridad es coherente con la visión negacionista de la problemática ecológica que tiene el Gobierno Nacional. Los incendios forestales, para esta visión, son un siniestro más. Como si fuese el incendio de un edificio y debiera tratarse con fuerzas de seguridad. No encuentra esta visión una vinculación ni con el Cambio Climático, ni con la mala ocupación territorial.

Actualmente, los incendios en las localidades del noroeste de la Patagonia están creciendo a un ritmo acelerado. Barrios en expansión sobre zonas forestales donde el bosque lleva décadas de fuertes ciclos de sequías, o colindando con plantaciones de especies exóticas pirófitas, como el pino, son potenciales escenarios de catástrofe. Este fue el caso en la Comarca Andina (Chubut) el 9 de marzo de 2021, cuando dos focos de origen antrópico arrasaron con 13.000 hectáreas de bosque y cerca de 500 viviendas. O la provincia de Corrientes, donde las plantaciones de especies arbóreas exóticas ya superan las 500 mil hectáreas y solo en el año 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio.

Lo cierto es que la problemática de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva socioambiental, así lo es en todas partes del mundo. Las características que tienen los incendios forestales, están intrínsecamente relacionadas con la ocupación y distribución territorial y con el cambio climático: mayor ocurrencia de largos períodos de sequías, aparición y aumento en la frecuencia de tormentas eléctricas donde antes no sucedían y olas de calor.

El traspaso del SNMF a Seguridad implica la pérdida de una perspectiva territorial y ambiental, así como el abandono de la complejidad de variables que hay detrás de estos desastres. Confrontar estos incendios va mucho más allá de la gestión de riesgos; incluye también educación ambiental, prevención y regulación de la ocupación territorial, entre otros factores que usualmente inciden en los incendios.

Los cambios en los patrones climáticos hacen que el desarrollo de cada incendio no dependa solo del trabajo de las brigadas en el terreno, sino de una planificación adecuada a nivel nacional. En este sentido, el equipo interdisciplinario de Alerta Temprana del SNMF es una pieza clave en este momento en que los incendios vinieron para quedarse.

En este contexto, el rol del SNMF se ha vuelto indispensable. Por un lado sus brigadas han sido un refuerzo fundamental para todas las regiones que han atravesado escenarios complejos de grandes incendios. En algunos casos, las provincias ni siquiera cuentan con cuerpos especializados en incendios forestales, y la participación y capacitación brindada por las brigadas nacionales se vuelve sustancial. Por otro lado, su equipo técnico de Alerta Temprana permite planificar con antelación la distribución de recursos a lo largo del país, gestionando los operativos de la forma más preventiva y eficaz posible.

Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Los días 15 y 16 de diciembre, Río Negro y Neuquén se vieron afectadas por una gran tormenta eléctrica que dejó como saldo múltiples incendios activos. En el caso de Neuquén se registró un récord histórico de más de 30 focos en toda la provincia. Científicos del Conicet han detectado un aumento exponencial en la frecuencia de tormentas eléctricas en la región, a partir de los ’90. Este cambio nos enfrenta a nuevos desafíos en materia de incendios forestales.

Los incendios provocados por rayo tienen la particularidad de, una vez que el rayo penetra en el bosque, permanecer en estado de latencia hasta que las condiciones climáticas sean ideales para la propagación del fuego. Es por eso que, en algunas ocasiones, se han activado incendios con posterioridad a la actividad eléctrica. Los incendios causados por rayo pueden tomar grandes dimensiones por iniciar en zonas muy remotas y complejas, a las cuales las brigadas no pueden acceder rápidamente, ni trabajar con facilidad. Son investigadores, técnicos y brigadistas quienes contribuyen año a año en la generación de datos y desarrollo de estrategias de cara a los bruscos cambios de comportamiento y frecuencia a los que nos está enfrentando la crisis climática.

El 25 de diciembre, fuentes oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi informan la presencia de dos focos de incendio activos en la zona sur del mismo. Desconociendo el origen del fuego, se presupone que dicha tormenta eléctrica podría haber sido la causa.

En un contexto donde las consecuencias del Cambio Climático son evidentes, con olas de calor que afectan a la Patagonia, con temperaturas superiores a los 32º y un aumento en la velocidad del viento, la situación del incendio se ha vuelto cada vez más compleja, alcanzando rápidamente una magnitud crítica. Aunque el fuego se encuentra alejado de áreas de uso público y zonas residenciales, continúa expandiéndose, arrasando hectáreas de bosque nativo a su paso.

Dado que los recursos son limitados y están destinados a combatir este incendio, es indispensable que no se activen nuevos focos cuya demanda podría colapsar la capacidad de respuesta. No hacer fuego en áreas no habilitadas es fundamental. También lo es apoyar activamente la defensa de las entidades que llevan adelante cada operativo de respuesta a incendios.

La regresión como política de Estado

Así como Donald Trump en su primer mandato, y Jair Bolsonaro en Brasil, el desarticulamiento de las políticas ambientales se convierte en una política de Estado en los países donde gobierna la ultraderecha. El estadounidense degradó varios organismos ambientales, desreguló legalmente y se retiró fallidamente del Acuerdo Climático de París. Por su parte, el brasilero también desintegró áreas ambientales y alentó la deforestación y quema de la Amazonía para permitir el avance del agronegocio, tan poderoso en el vecino país.

La degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, el intento de destruir las Leyes de Bosques y de Glaciares en el proyecto de ley Ómnibus, el retiro de la delegación argentina de la última Cumbre de Cambio Climático, la vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que permite el avance descontrolado del extractivismo en las provincias, son solo parte de las medidas regresivas en materia ambiental del gobierno argentino.

En la última semana, en otro hecho que marca un retroceso en las políticas climáticas, el Gobierno nacional nombró al militar retirado Antonio José Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional. El puesto requiere de un conocimiento especializado y la nueva designación incumple los más elementales requisitos vigentes. El prestigioso Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó este nombramiento por “falta de idoneidad y vinculación con las ciencias de la atmósfera.”

En un contexto mundial con eventos climáticos extremos que rompen récords, con inundaciones nunca antes vistas (Valencia, Rio Grande do Sul), mega incendios en la selva amazónica y catástrofes cotidianas en todas las latitudes, tener la variable climática como prioridad e invertir en prevención, es el mínimo acto de supervivencia esperable por parte de un gobierno.

A contramano del mundo y con gestos de crueldad, comienza el 2025 demandando que pongamos el foco en lo que ocurre con los y las brigadistas, técnicos, científicos y especialistas en incendios forestales de nuestro país. La Patagonia está en llamas y este fuego se apaga con trabajo interdisciplinario, presencia estatal y organización colectiva.

Este artículo fue escrito por Enrique Viale y Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Incendios, negacionismos y cambio cultural

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

n bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas.
Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE

Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.

Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.

Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa

La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.

También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.

Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado. 

Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE

En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?

Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.

La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie, El territorio habla que tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?

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Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.

Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.

El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.

Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.

Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.

Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.

El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.

Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?

Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.

Emergencia ambiental: Incendios revelan los riesgos de avanzar con la Ley Ómnibus

Estamos en medio de la emergencia desatada por los devastadores incendios forestales que azotan nuestras tierras. Por eso, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo categórico hacia las regresiones ambientales que se intentan avanzar, incluidas la Ley de Manejo de Fuego y de Control de Quema, en el marco de la Ley Ómnibus.

En un contexto de crisis climática, con récords de sequías y altas temperaturas, avanzar en la derogación de leyes como la de manejo de fuego y quemas es un grave retroceso. La crisis ambiental y sus desafíos requieren de una intervención activa y coordinada por parte de autoridades nacionales, provinciales y locales para garantizar el cuidado de nuestros bienes comunes y la salud de la población.

La lógica mercantilista, basada únicamente en la rentabilidad y la explotación desregulada de los ecosistemas, ha demostrado una y otra vez ser totalmente ineficiente y perjudicial para el ambiente y las comunidades. El rol del Estado es protagónico a la hora de establecer y promover políticas ambientales sólidas, que puedan sentar los primeros pasos hacia una verdadera justicia ecosocial. 

La situación en las áreas afectadas, como el Centinela dentro del Parque Nacional Los Alerces, el Alto Río Percy, y el Arroyo Crettón en el Parque Nacional Nahuel Huapi, refleja la urgencia de fortalecer nuestras leyes ambientales en lugar de debilitarlas. Los incendios actuales son una clara muestra de por qué es imperativo mantener y reforzar la estructura institucional y social que es capaz de ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de catástrofes. 

Los incendios forestales requieren de una acción coordinada de los organismos estatales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. La precarización laboral, falta de recursos y la intención de derogar el presupuesto mínimo destinado a combatir estos desastres ambientales representarían una enorme negligencia de cara a los escenarios que, científicos y especialistas, vaticinan para estos ecosistemas. 

La flexibilización de las acciones de quema y la derogación de prohibiciones en el cambio de uso del suelo después de un incendio son medidas inaceptables. Que benefician solamente a ciertos sectores de alto poder adquisitivo que pueden realizar negocios sobre las tierras arrasadas, y van en detrimento de la población que depende de estos ecosistemas para su salud y bienestar. 

Desde nuestras organizaciones, exigimos a los/as diputados/as nacionales que rechacen categóricamente las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y otras normativas ambientales. La preservación de nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestras comunidades precisa de estructuras que trasciendan a los intereses particulares. La defensa de los bienes comunes y la preservación de nuestro patrimonio natural son cuestiones que trascienden cualquier agenda política o económica. 

La mirada vigilante de toda la sociedad está puesta en este momento crucial sobre ustedes.

Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.

El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.

Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).

El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.

Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional. 

En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.

El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.

El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil. 

En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático. 

Contacto de Prensa: +541123904594

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ceguera ecológica

De la ceguera ecológica a la indignación colectiva

“Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros”, sostienen los autores, quienes aseguran que como sociedad vivimos una especie de “ceguera ecológica”, por la cual se toman como naturales eventos extremos en el medio ambiente. Y agregan que es “inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo”.

Enrique Viale y Maristella Svampa en elDiarioAr

El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires.
El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Olas de calor nunca antes vistas, cortes de energía eléctrica en una buena parte de la Argentina, incendios forestales y de pastizales que no cesan y que se expanden, mientras puede verse cómo el fuego rodea peligrosamente a la central atómica Atucha. Humo constante en decenas de medianas y grandes ciudades del país. Una sequía histórica potenciada por los efectos del cambio climático global y destrucciones locales tanto de bosques nativos como de humedales. Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros, como si se tratara del comienzo de una película o una serie distópica de las que abundan en las plataformas televisivas. 

En el mundo de la biología, a finales de la década de los 90, se acuñó el término “plant blindless” o “ceguera botánica” que define la incapacidad del ser humano para ver o percibir las plantas en el propio entorno. Si se le preguntara a una persona acerca de elementos del paisaje mientras camina por un bosque, por un ser vivo, la mayoría indicaría a lo sumo un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en un bosque son especies vegetales. 

Aplicado esto a la coyuntura actual, podríamos decir que, como sociedad, vivimos una especie de “ceguera ecológica”. Una negación colectiva que se expresa en la naturalización de los eventos climáticos y ecológicos extremos. El humo en las ciudades, producto de las quemas intencionales de bosques, humedales y pastizales, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano y rural. Tal es así que ya es un dato más que aportan los servicios meteorológicos, junto con la temperatura, la humedad y la sensación térmica. Otra imagen elocuente es la gente bailando entre el humo, como pudo verse en los sensacionales carnavales correntinos, en una provincia literalmente prendida fuego como nunca antes en su historia. 

Claro que esta ceguera ecológica está íntimamente relacionada con la visión de la modernidad que colocó al ser humano -figurativamente hablando- por fuera de la Naturaleza. Se redefinió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma, desconociendo que los seres humanos también somos Naturaleza. Esto consolidó un paradigma binario que ignora las interdependencias y complementaridades y reduce a la Naturaleza a una mera canasta de recursos infinitos y manipulables. Selló nuestro divorcio con quien nos da alimentos, ambiente y vida y sentó las bases de la destrucción a gran escala.

Pero obviamente esta ceguera tiene a la clase dirigente (política, empresarial y mediática) y su perspectiva economicista como su máxima expresión. Abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas, se toman decisiones que aceleran aún más la emergencia ecológica y climática. Esta ceguera no es exclusiva de nuestras élites vernáculas ni de nuestros economistas (sean ortodoxos o heterodoxos), aunque en Argentina se expresa de una manera potenciada, ante la falta de un horizonte político de cambio.

Así, es posible ver al Gobierno nacional y aquellos provinciales, promoviendo la ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, incluso en el Golfo San Matías (lindante con la invaluable península Valdés). Podemos ver como se aumentan los beneficios fiscales a las petroleras en Vaca Muerta. También cómo se incentiva la ampliación del agronegocio y de la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos (según un informe de Greenpeace se desforestaron 200 mil hectáreas de bosque nativo solo en 2022) o la quema y destrucción de pastizales y humedales (que alcanzó sus niveles récords durante la pandemia hasta la actualidad). Podemos escucharlos hablar con pasmosa linealidad sobre el litio como el nuevo eldorado, aguardando “la lluvia de inversiones”, desestimando el debate acerca de la transición energética y los costos sociales y ambientales que están pagando los pueblos de Sudamérica.

Es inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo imperantes en nuestro país. Los medios de comunicación suelen hablan sólo del lado pintoresco mientras la clase política continúa ignorando de modo sistemático la emergencia ecológica. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde la crisis climática no genera ningún tipo de debate político ni mediático. Al contrario, se cancela al ambientalismo por “prohibicionista” y hasta hay jueces federales que para justificar el fallo en favor del offshore en Mar del Plata sobreactuaron su lealtad al poder político y económico hablando de “fascismo ambiental”… 

Dos caras de la misma crisis

El avance de la megaminería también es muy fuerte. En provincias como Mendoza la Legislatura provincial aprobó ilegalmente (porque viola, entre otras cosas, la Ley Nacional de Glaciares) el proyecto de Cerro Amarillo. Lo hizo a espaldas de una sociedad que, recordemos, en 2019, salió masivamente a las calles en defensa de la ley 7.722 que protege el agua y restringe la minería.

Si algo faltaba, la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de la poderosa corporación del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del Presidente de la Nación no hizo más que confirmar que el embate extractivista y corporativo es total. Aunque hubo reclamos de diferentes sectores de la sociedad civil -que incluyen franjas del oficialismo- el presidente Alberto Fernández se mantuvo ajeno e indiferente.

La excusa de esta avanzada es siempre la misma: hay que enfrentar la crisis económica y pagar la deuda externa. Como si la crisis económica y la crisis ecológica no tuvieran las mismas causas, sobre todo en nuestra región. Son los modelos de maldesarrollo los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza en Argentina y que convirtieron a América Latina en la región más desigual del planeta. No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en el Sur global con los de las figuras extremas del extractivismo. Como si la crisis de la deuda externa y la deuda ecológica no estuvieran vinculadas y no se retroalimentaran de modo perverso. La sobreexplotación de los bienes naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias. 

Salir de la ecoansiedad y la visión distópica

¿Cómo hacemos entonces para que la problemática ecosocial sea transversalmente considerada a la hora de discutir sobre las políticas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que el Congreso nacional sancione una ley que realmente proteja los humedales y el gobierno tome decisiones que superen el economicismo estrecho y el poder de los lobbies? ¿Cómo hacemos para no naturalizar el humo y las visitas a los hospitales por problemas respiratorios, mientras nos convertimos -como dijo un activista rosarino- en un crematorio a cielo abierto? ¿Cómo superar esa ansiedad ecológica que genera una actitud colapsista poco proclive al cambio? 

Para comenzar, creemos fundamental colocar el foco en algunas de las respuestas más comunes desde la sociedad civil a esta ceguera ecológica, en un contexto de clausura política: la impotencia y la resignación que hoy se expande en muchas franjas sociales y etarias; incluso lo que hoy se denomina “ecoansiedad”. Esta puede ser definida rápidamente como la condición de ciertas personas que sienten un temor constante a un cataclismo ambiental debido a la acción humana sobre el clima y la naturaleza. Este término relativamente nuevo tuvo sus primeras apariciones a finales de la década de 1990 y cobró más notoriedad durante la pandemia y los recientes eventos climáticos extremos. 

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la distopía y la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. No podemos sucumbir a la tentación colapsista y pensar el quiebre civilizatorio como si éste fuera un destino único, predeterminado. Porque si sólo imaginamos un futuro distópico, caemos en la parálisis y actuamos de manera individualista y egoísta. Pensar (y buscar) un futuro justo -social y ecológicamente- nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y solidaria. Y en épocas de emergencia, como la actual, esto se transforma en una obligación. 

Cultivar re-existencia o cómo no bajar los brazos

La preocupación tiene que dar paso a la indignación, porque ése es el motor colectivo de los cambios. Y la indignación convertirse en acción. No hay que traicionarse ni autoconsolarse ante la sensación de que no hay nada para hacer, o que ya está todo perdido o clausurado porque eso desalienta aún más o impulsa a tomar atajos.

La aceptación tácita o explícita del “consenso del extractivismo” contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al desarrollo extractivista actual, como si éste fuera un destino inevitable y no una imposición geopolítica colonial que, con la intervención activa de las elites nacionales, nos coloca en el lugar de proveedor de commodities para el Norte Global. Un consenso extractivista que, además, califica de insensato e irrazonable a quien cuestiona los modelos de maldesarrollo que nos llevaron (y continúan haciéndolo) a la actual crisis ecológica.

Lo cierto es que no hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones locales y del Norte Global.

Una estrategia para combatir estos tiempos de resignación y ansiedad ecológica es pasar a la acción. Organizarse y buscar a quienes están organizados. En cada provincia argentina, en cada pueblo o ciudad hay una asamblea, un grupo de ciudadanos/as, multisectoriales que están día a día disputando sentidos y defendiendo causas vinculadas a un horizonte ecosocial justo y sostenible. No estamos hablando de autoayuda, sino de organización colectiva y solidaria.

No es cierto tampoco que todo sea derrota. En nuestro país hay una gran multiplicidad de colectivos y organizaciones solidarias que van generando otros espacios de re-existencia. Eso nos lleva a entender que el camino no es lineal, que está atravesado no solo por regresiones, sino también por avances importantes.

En Argentina ha habido grandes triunfos ambientales, desde que la asamblea de Esquel dijo “no a la minería”, un acontecimiento que justo en estos días cumplirá 20 años (el 23 de marzo habrá conmemoración), pasando por la Ley Nacional de Glaciares (2010), hasta las grandes movilizaciones socioambientales que culminaron recientemente en triunfos populares, desde el Mendozazo (2019, contra la minería), el Chubutazo (2021, idem), el rechazo a las megafactorías de cerdo (2020), y las primeras movilizaciones y amparos en contra de la exploración offshore en el Mar Argentino (2022). 

A nivel latinoamericano, hay propuestas como las del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, cuyo propósito es generar plataformas regionales y debatir condiciones de transición ecosocial justa, desde la perspectiva de los pueblos. En Colombia, pese a todos los obstáculos de una guerra que se ha extendido por décadas, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez apuesta a la vida y la esperanza; más aún, se propone revolucionar los progresismos fósiles para colocar otra agenda, la de un progresismo socioambiental. Incluso Lula Da Silva, quien asumió la presidencia en Brasil por tercera vez, comprendió que hay que salir de la ceguera ecológica, para detener la deforestación y el genocidio de los pueblos indígenas en la Amazonía. No sería raro que ambos gobiernos -Colombia, a la cabeza, y Brasil- generen un nuevo espacio latinoamericano para articular propuestas regionales en estos tiempos de colapso, pero también de transición. 

Finalmente, para poder romper con la ceguera ecológica de gran parte del establishment (los lobbies políticos, económicos y mediáticos) y replantear las condiciones de habitabilidad de nuestra tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política, para incluir por ejemplo el agua, los ríos, los humedales, el conjunto de seres sintientes no humanos, que son parte indisoluble de la red de sostenibilidad de la vida. Entender que nuestra tierra está dañada pero no definitivamente perdida, reconectar nuestra indignación con las prácticas de resiliencia que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, son la vía para la construcción de “una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma”, como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz, en su fascinante Manifiesto ecológico-político.

Comprender que la salida es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida.