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Incendios, negacionismos y cambio cultural

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

n bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas.
Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE

Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.

Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.

Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa

La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.

También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.

Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado. 

Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE

En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?

Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.

La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie, El territorio habla que tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?

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Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.

Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.

El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.

Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.

Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.

Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.

El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.

Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?

Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.

Emergencia ambiental: Incendios revelan los riesgos de avanzar con la Ley Ómnibus

Estamos en medio de la emergencia desatada por los devastadores incendios forestales que azotan nuestras tierras. Por eso, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo categórico hacia las regresiones ambientales que se intentan avanzar, incluidas la Ley de Manejo de Fuego y de Control de Quema, en el marco de la Ley Ómnibus.

En un contexto de crisis climática, con récords de sequías y altas temperaturas, avanzar en la derogación de leyes como la de manejo de fuego y quemas es un grave retroceso. La crisis ambiental y sus desafíos requieren de una intervención activa y coordinada por parte de autoridades nacionales, provinciales y locales para garantizar el cuidado de nuestros bienes comunes y la salud de la población.

La lógica mercantilista, basada únicamente en la rentabilidad y la explotación desregulada de los ecosistemas, ha demostrado una y otra vez ser totalmente ineficiente y perjudicial para el ambiente y las comunidades. El rol del Estado es protagónico a la hora de establecer y promover políticas ambientales sólidas, que puedan sentar los primeros pasos hacia una verdadera justicia ecosocial. 

La situación en las áreas afectadas, como el Centinela dentro del Parque Nacional Los Alerces, el Alto Río Percy, y el Arroyo Crettón en el Parque Nacional Nahuel Huapi, refleja la urgencia de fortalecer nuestras leyes ambientales en lugar de debilitarlas. Los incendios actuales son una clara muestra de por qué es imperativo mantener y reforzar la estructura institucional y social que es capaz de ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de catástrofes. 

Los incendios forestales requieren de una acción coordinada de los organismos estatales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. La precarización laboral, falta de recursos y la intención de derogar el presupuesto mínimo destinado a combatir estos desastres ambientales representarían una enorme negligencia de cara a los escenarios que, científicos y especialistas, vaticinan para estos ecosistemas. 

La flexibilización de las acciones de quema y la derogación de prohibiciones en el cambio de uso del suelo después de un incendio son medidas inaceptables. Que benefician solamente a ciertos sectores de alto poder adquisitivo que pueden realizar negocios sobre las tierras arrasadas, y van en detrimento de la población que depende de estos ecosistemas para su salud y bienestar. 

Desde nuestras organizaciones, exigimos a los/as diputados/as nacionales que rechacen categóricamente las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y otras normativas ambientales. La preservación de nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestras comunidades precisa de estructuras que trasciendan a los intereses particulares. La defensa de los bienes comunes y la preservación de nuestro patrimonio natural son cuestiones que trascienden cualquier agenda política o económica. 

La mirada vigilante de toda la sociedad está puesta en este momento crucial sobre ustedes.

Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.

El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.

Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).

El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.

Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional. 

En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.

El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.

El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil. 

En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático. 

Contacto de Prensa: +541123904594

ceguera ecológica

De la ceguera ecológica a la indignación colectiva

“Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros”, sostienen los autores, quienes aseguran que como sociedad vivimos una especie de “ceguera ecológica”, por la cual se toman como naturales eventos extremos en el medio ambiente. Y agregan que es “inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo”.

Enrique Viale y Maristella Svampa en elDiarioAr

El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires.
El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Olas de calor nunca antes vistas, cortes de energía eléctrica en una buena parte de la Argentina, incendios forestales y de pastizales que no cesan y que se expanden, mientras puede verse cómo el fuego rodea peligrosamente a la central atómica Atucha. Humo constante en decenas de medianas y grandes ciudades del país. Una sequía histórica potenciada por los efectos del cambio climático global y destrucciones locales tanto de bosques nativos como de humedales. Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros, como si se tratara del comienzo de una película o una serie distópica de las que abundan en las plataformas televisivas. 

En el mundo de la biología, a finales de la década de los 90, se acuñó el término “plant blindless” o “ceguera botánica” que define la incapacidad del ser humano para ver o percibir las plantas en el propio entorno. Si se le preguntara a una persona acerca de elementos del paisaje mientras camina por un bosque, por un ser vivo, la mayoría indicaría a lo sumo un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en un bosque son especies vegetales. 

Aplicado esto a la coyuntura actual, podríamos decir que, como sociedad, vivimos una especie de “ceguera ecológica”. Una negación colectiva que se expresa en la naturalización de los eventos climáticos y ecológicos extremos. El humo en las ciudades, producto de las quemas intencionales de bosques, humedales y pastizales, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano y rural. Tal es así que ya es un dato más que aportan los servicios meteorológicos, junto con la temperatura, la humedad y la sensación térmica. Otra imagen elocuente es la gente bailando entre el humo, como pudo verse en los sensacionales carnavales correntinos, en una provincia literalmente prendida fuego como nunca antes en su historia. 

Claro que esta ceguera ecológica está íntimamente relacionada con la visión de la modernidad que colocó al ser humano -figurativamente hablando- por fuera de la Naturaleza. Se redefinió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma, desconociendo que los seres humanos también somos Naturaleza. Esto consolidó un paradigma binario que ignora las interdependencias y complementaridades y reduce a la Naturaleza a una mera canasta de recursos infinitos y manipulables. Selló nuestro divorcio con quien nos da alimentos, ambiente y vida y sentó las bases de la destrucción a gran escala.

Pero obviamente esta ceguera tiene a la clase dirigente (política, empresarial y mediática) y su perspectiva economicista como su máxima expresión. Abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas, se toman decisiones que aceleran aún más la emergencia ecológica y climática. Esta ceguera no es exclusiva de nuestras élites vernáculas ni de nuestros economistas (sean ortodoxos o heterodoxos), aunque en Argentina se expresa de una manera potenciada, ante la falta de un horizonte político de cambio.

Así, es posible ver al Gobierno nacional y aquellos provinciales, promoviendo la ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, incluso en el Golfo San Matías (lindante con la invaluable península Valdés). Podemos ver como se aumentan los beneficios fiscales a las petroleras en Vaca Muerta. También cómo se incentiva la ampliación del agronegocio y de la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos (según un informe de Greenpeace se desforestaron 200 mil hectáreas de bosque nativo solo en 2022) o la quema y destrucción de pastizales y humedales (que alcanzó sus niveles récords durante la pandemia hasta la actualidad). Podemos escucharlos hablar con pasmosa linealidad sobre el litio como el nuevo eldorado, aguardando “la lluvia de inversiones”, desestimando el debate acerca de la transición energética y los costos sociales y ambientales que están pagando los pueblos de Sudamérica.

Es inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo imperantes en nuestro país. Los medios de comunicación suelen hablan sólo del lado pintoresco mientras la clase política continúa ignorando de modo sistemático la emergencia ecológica. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde la crisis climática no genera ningún tipo de debate político ni mediático. Al contrario, se cancela al ambientalismo por “prohibicionista” y hasta hay jueces federales que para justificar el fallo en favor del offshore en Mar del Plata sobreactuaron su lealtad al poder político y económico hablando de “fascismo ambiental”… 

Dos caras de la misma crisis

El avance de la megaminería también es muy fuerte. En provincias como Mendoza la Legislatura provincial aprobó ilegalmente (porque viola, entre otras cosas, la Ley Nacional de Glaciares) el proyecto de Cerro Amarillo. Lo hizo a espaldas de una sociedad que, recordemos, en 2019, salió masivamente a las calles en defensa de la ley 7.722 que protege el agua y restringe la minería.

Si algo faltaba, la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de la poderosa corporación del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del Presidente de la Nación no hizo más que confirmar que el embate extractivista y corporativo es total. Aunque hubo reclamos de diferentes sectores de la sociedad civil -que incluyen franjas del oficialismo- el presidente Alberto Fernández se mantuvo ajeno e indiferente.

La excusa de esta avanzada es siempre la misma: hay que enfrentar la crisis económica y pagar la deuda externa. Como si la crisis económica y la crisis ecológica no tuvieran las mismas causas, sobre todo en nuestra región. Son los modelos de maldesarrollo los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza en Argentina y que convirtieron a América Latina en la región más desigual del planeta. No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en el Sur global con los de las figuras extremas del extractivismo. Como si la crisis de la deuda externa y la deuda ecológica no estuvieran vinculadas y no se retroalimentaran de modo perverso. La sobreexplotación de los bienes naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias. 

Salir de la ecoansiedad y la visión distópica

¿Cómo hacemos entonces para que la problemática ecosocial sea transversalmente considerada a la hora de discutir sobre las políticas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que el Congreso nacional sancione una ley que realmente proteja los humedales y el gobierno tome decisiones que superen el economicismo estrecho y el poder de los lobbies? ¿Cómo hacemos para no naturalizar el humo y las visitas a los hospitales por problemas respiratorios, mientras nos convertimos -como dijo un activista rosarino- en un crematorio a cielo abierto? ¿Cómo superar esa ansiedad ecológica que genera una actitud colapsista poco proclive al cambio? 

Para comenzar, creemos fundamental colocar el foco en algunas de las respuestas más comunes desde la sociedad civil a esta ceguera ecológica, en un contexto de clausura política: la impotencia y la resignación que hoy se expande en muchas franjas sociales y etarias; incluso lo que hoy se denomina “ecoansiedad”. Esta puede ser definida rápidamente como la condición de ciertas personas que sienten un temor constante a un cataclismo ambiental debido a la acción humana sobre el clima y la naturaleza. Este término relativamente nuevo tuvo sus primeras apariciones a finales de la década de 1990 y cobró más notoriedad durante la pandemia y los recientes eventos climáticos extremos. 

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la distopía y la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. No podemos sucumbir a la tentación colapsista y pensar el quiebre civilizatorio como si éste fuera un destino único, predeterminado. Porque si sólo imaginamos un futuro distópico, caemos en la parálisis y actuamos de manera individualista y egoísta. Pensar (y buscar) un futuro justo -social y ecológicamente- nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y solidaria. Y en épocas de emergencia, como la actual, esto se transforma en una obligación. 

Cultivar re-existencia o cómo no bajar los brazos

La preocupación tiene que dar paso a la indignación, porque ése es el motor colectivo de los cambios. Y la indignación convertirse en acción. No hay que traicionarse ni autoconsolarse ante la sensación de que no hay nada para hacer, o que ya está todo perdido o clausurado porque eso desalienta aún más o impulsa a tomar atajos.

La aceptación tácita o explícita del “consenso del extractivismo” contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al desarrollo extractivista actual, como si éste fuera un destino inevitable y no una imposición geopolítica colonial que, con la intervención activa de las elites nacionales, nos coloca en el lugar de proveedor de commodities para el Norte Global. Un consenso extractivista que, además, califica de insensato e irrazonable a quien cuestiona los modelos de maldesarrollo que nos llevaron (y continúan haciéndolo) a la actual crisis ecológica.

Lo cierto es que no hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones locales y del Norte Global.

Una estrategia para combatir estos tiempos de resignación y ansiedad ecológica es pasar a la acción. Organizarse y buscar a quienes están organizados. En cada provincia argentina, en cada pueblo o ciudad hay una asamblea, un grupo de ciudadanos/as, multisectoriales que están día a día disputando sentidos y defendiendo causas vinculadas a un horizonte ecosocial justo y sostenible. No estamos hablando de autoayuda, sino de organización colectiva y solidaria.

No es cierto tampoco que todo sea derrota. En nuestro país hay una gran multiplicidad de colectivos y organizaciones solidarias que van generando otros espacios de re-existencia. Eso nos lleva a entender que el camino no es lineal, que está atravesado no solo por regresiones, sino también por avances importantes.

En Argentina ha habido grandes triunfos ambientales, desde que la asamblea de Esquel dijo “no a la minería”, un acontecimiento que justo en estos días cumplirá 20 años (el 23 de marzo habrá conmemoración), pasando por la Ley Nacional de Glaciares (2010), hasta las grandes movilizaciones socioambientales que culminaron recientemente en triunfos populares, desde el Mendozazo (2019, contra la minería), el Chubutazo (2021, idem), el rechazo a las megafactorías de cerdo (2020), y las primeras movilizaciones y amparos en contra de la exploración offshore en el Mar Argentino (2022). 

A nivel latinoamericano, hay propuestas como las del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, cuyo propósito es generar plataformas regionales y debatir condiciones de transición ecosocial justa, desde la perspectiva de los pueblos. En Colombia, pese a todos los obstáculos de una guerra que se ha extendido por décadas, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez apuesta a la vida y la esperanza; más aún, se propone revolucionar los progresismos fósiles para colocar otra agenda, la de un progresismo socioambiental. Incluso Lula Da Silva, quien asumió la presidencia en Brasil por tercera vez, comprendió que hay que salir de la ceguera ecológica, para detener la deforestación y el genocidio de los pueblos indígenas en la Amazonía. No sería raro que ambos gobiernos -Colombia, a la cabeza, y Brasil- generen un nuevo espacio latinoamericano para articular propuestas regionales en estos tiempos de colapso, pero también de transición. 

Finalmente, para poder romper con la ceguera ecológica de gran parte del establishment (los lobbies políticos, económicos y mediáticos) y replantear las condiciones de habitabilidad de nuestra tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política, para incluir por ejemplo el agua, los ríos, los humedales, el conjunto de seres sintientes no humanos, que son parte indisoluble de la red de sostenibilidad de la vida. Entender que nuestra tierra está dañada pero no definitivamente perdida, reconectar nuestra indignación con las prácticas de resiliencia que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, son la vía para la construcción de “una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma”, como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz, en su fascinante Manifiesto ecológico-político.

Comprender que la salida es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida. 

información sobre los incendios

Exigen información sobre los incendios en tierras públicas de Entre Ríos

Ante los incendios catastróficos que asedian el Delta del Paraná, organizaciones ambientalistas presentaron ante el gobierno de Entre Ríos un pedido de Acceso a la Información Pública y Ambiental exigiendo que se revele la situación de las tierras públicas ubicadas en las islas y humedales de la provincia de Entre Ríos. La solicitud fue presentada el día de ayer por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con la Multisectorial por los Humedales de Paraná y de Rosario, la organización El Paraná No se Toca y Salvemos los Humedales Villa Constitución.

La solicitud de acceso a la información pública ambiental es presentada por los enormes incendios que vienen sufriendo los humedales del Delta del Paraná. La situación del daño a los ecosistemas se intensifica a niveles nunca vistos con la bajante histórica que sufre nuestro río Paraná. Según las últimas noticias gran parte de los focos de incendios se registran en tierras que no presentan titular catastral claro, con fuertes indicios que se generan en tierras de dominio público del Estado Entrerriano.

El Estado entrerriano posee aproximadamente más de 300 mil hectáreas protegidas de islas y humedales.

La información solicitada apunta a una comprensión global y una rendición de cuentas sobre qué tierras posee la provincia de Entre Ríos sobre islas y humedales. También exigieron saber con qué criterios y condiciones las mismas fueron cedidas (algunas incluso gratuitamente), a quienes y para qué se utilizan. Y si sobre las mismas realizaron terraplenes o construcciones que afecten el régimen hidrológico de la cuenca y de los ecosistemas de humedales allí presentes.

También solicitaron información sobre las infracciones labradas en el contexto de incendios desde 2020, los Planes de Ordenamiento Ambiental Territorial existentes, si se han realizado Evaluaciones de Impacto Ambiental. Por último exigieron saber las acciones realizadas el Comité de Emergencia Ambiental del PIECAS.

El acceso a la información pública y ambiental es fundamental para garantizar la posibilidad de participación y control de las decisiones sobre los bienes comunes. También es fundamental para generar el marco jurídico y regulatorio para evitar la producción de daños de difícil o imposible recuperación en territorios. Especialmente la Ley de Humedales, fundamental para preservar ecosistemas que merecen un cuidado extremo por los graves impactos que vienen sufriendo y el contexto de amenaza en un escenario de crisis ambiental global.

Contactos de prensa:   Alejo di Risio +5491123904594

Argentina9 de Agosto 2022