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Manejo del fuego

Los arrestos no apagan incendios: el manejo del fuego demanda prevención, financiamiento y estructura

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, denunciamos la criminalización deliberada que responsabiliza al pueblo mapuche por los incendios en la Patagonia y desvía la atención de la ineficiente política de manejo del fuego. No hay ninguna evidencia que sustente estas acusaciones contra los pueblos originarios Se trata de una narrativa racista que busca desviar la atención del problema real: la ausencia de políticas estructurales de prevención y la desfinanciación crónica de los organismos encargados de proteger los ecosistemas.

La Ley de Manejo del Fuego sigue vigente

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego NO fue derogada. Esto es falso. La ley está en plena vigencia y establece la organización y acción coordinada entre la Nación y las provincias para la prevención y combate del fuego. Sin embargo, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por el vaciamiento de recursos y la falta de inversión en personal especializado. El problema no es la ley, sino su incumplimiento sistemático. 

La falta de financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego deja a brigadistas y comunidades en situación de indefensión. A esto se suma la precarización laboral: contratos temporarios, sueldos bajos y carencia de equipamiento adecuado.

Más brigadistas que aviones

La respuesta estatal cuando el fuego está prendido es insuficiente, propio de políticas públicas vaciadas y de posturas negacionistas. La prevención de incendios debe realizarse permanentemente, con acción y comunicación territoriales. La estructura necesaria es lo fundamental, pero aún más el personal capacitado y un sistema de prevención que actúe durante todo el año.

Un Estado que esté a la altura de la policrisis combate y previene el fuego constantemente, no sólo cuando las llamas están activas. Se requieren estrategias de prevención sostenidas en el tiempo: gestión de la vegetación, monitoreo de zonas críticas, planes de mitigación y fortalecimiento de las estructuras de combate del fuego.

Vaciamiento y precarización profesional

El recorte de fondos impacta en todos los niveles. Falta personal técnico, equipos de investigación, comunicadores y formación continua para brigadistas. Las provincias carecen de capacidad de acción efectiva y de la voluntad política para construirla.

Este vaciamiento no es casual, la falta de prevención, lejos de ser un error, es una política. En marzo vuelven a vencer los contratos de todos los brigadistas que dependen de nación (Administración de Parques Nacionales y Servicio Nacional de Manejo del Fuego), esta inestabilidad laboral no puede permitirse en un contexto de creciente frecuencia, intensidad y velocidad de propagación de megaincendios.

Exigimos políticas reales de prevención en el manejo del fuego

Los incendios forestales son una tragedia previsible. Se necesita un plan integral de prevención con:

  • Más brigadistas, con salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones laborales dignas.
  • Ejecución del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
  • Fortalecimiento de la investigación y monitoreo ambiental.
  • Educación comunitaria y coordinación interjurisdiccional en la gestión de los territorios.
  • Cumplimiento efectivo de la prohibición de cambio de uso del suelo en tierras quemadas.

El fuego no es un desastre natural. Es consecuencia de políticas que priorizan el negocio sobre la vida. Seguiremos denunciando la irresponsabilidad del Estado y exigiendo justicia.

incendios

La desigualdad es inflamable: Radiografía del fuego

La Comarca Andina, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, donde hace semanas se multiplican los incendios, está atravesada por múltiples desigualdades. Allí conviven gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación, grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades en busca de una vida buena y organizaciones indígenas que luchan por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural. También, el avance de la frontera extractiva, los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad y el entramado corrupto de la política local, la justicia y los magnates territorializados. Maristella Svampa disecciona el combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican: la desigualdad.

Por Maristella Svampa para Revista Anfibia

“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica. 

En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en  zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en  pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita. 

Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios. 

Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.

En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.

El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje. 

Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”. 

Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.

El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.

En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes. 

En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas,  como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa. 

Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros. 

Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.

Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal. En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.

La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.

 Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte  de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?

Presupuesto para incendios

Exigimos al Estado Nacional que rinda cuentas en el Manejo del Presupuesto para Incendios 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2025

 La Patagonia arde. Más de 20.000 hectáreas ya fueron consumidas por incendios en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El vaciamiento estatal y la opacidad en el uso de los recursos disponibles hace cuestionar la capacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que ya ha provocado evacuaciones masivas y pérdidas irreparables.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitamos formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional, en virtud de la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, detalles sobre la ejecución del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) entre 2022 y 2025. 

Los megaincendios que devastan nuestra región no son ni atentados terroristas ni desastres naturales inevitables: son consecuencia directa de la crisis climática y de políticas públicas deficientes. Mientras el fuego avanza, devorando territorios y arrasando ecosistemas, el Estado persiste en una política de opacidad sobre los recursos destinados a la prevención y combate de incendios. El presupuesto para incendios debe ser público en esta situación. Es imprescindible conocer cómo se han distribuido los fondos, qué equipamientos se han adquirido y si los brigadistas cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su labor. Desde nuestra organización exigimos respuestas concretas en los siguientes puntos:

  1. Ejecución del presupuesto: Detalle del porcentaje efectivamente ejecutado del presupuesto asignado al SNMF desde 2022 hasta la fecha.
  2. Licitaciones públicas y equipamiento: Información sobre adquisiciones de equipos y su distribución por provincias.
  3. Flota de medios aéreos: Comparación del aumento o disminución de aviones y helicópteros en la última gestión.
  4. Condiciones laborales de brigadistas: Detalles del presupuesto destinado a mejorar su equipamiento y seguridad.
  5. Criterios de asignación de recursos: Explicación sobre la distribución territorial de los fondos y equipamientos.

El derecho a la información ambiental es una herramienta fundamental para la defensa de los bienes comunes. La Ley 25.831 y el Acuerdo de Escazú garantizan la obligación del Estado de brindar información clara, accesible y oportuna. Sin transparencia, no hay control ciudadano posible, y sin control, se perpetúa la impunidad en el manejo de recursos esenciales para la protección de los ecosistemas.

Los incendios no solo devastan paisajes: afectan la vida de comunidades, profundizan la crisis hídrica y expulsan poblaciones de sus territorios. No podemos permitir que la desinformación siga siendo la norma. Exigimos al Ministerio de Seguridad y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego que cumplan con su deber legal y brinden, en los plazos estipulados por la normativa vigente, las respuestas que la ciudadanía merece sobre el presupuesto para incendios.

El silencio y la inacción no son una opción. Como sociedad, tenemos derecho a saber por qué estamos ante esta destrucción. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

incendios

Incendios, la conspiración avanza

El Gobierno niega la crisis climática y desmantela políticas ambientales mientras los incendios arrasan ecosistemas. Se persigue a brigadistas y se fomenta el racismo anti-indígena con teorías conspirativas. Es urgente fortalecer la defensa civil y movilizar solidaridad ambiental para contrarrestar la indiferencia estatal y la manipulación política de la extrema derecha.

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAR

Enfrentamos un gobierno negacionista que, por definición, niega la crisis ecológica y climática y, por ende, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal, mientras los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas, seres humanos, animales y viviendas. ¿Cómo incidir públicamente o con qué estrategias responder en medio de esta crisis que no es solo ambiental, sino también política? Parece difícil de responder porque al Gobierno no le interesan los grandes incendios, ya que todavía percibe que no paga ningún costo político frente a la sociedad. 

En todo caso, creemos que es necesario recuperar o repensar algunas claves para poder enfrentar estos megaincendios del Antropoceno o el Capitaloceno: por un lado, información y capacitación. Por otro lado, solidaridad y empatía ambiental a gran escala.El primer eje apunta al Estado, porque requiere de políticas públicas, que es lo que efectivamente no está en la agenda del Presidente. Contamos con un sistema de información meteorológico altamente capacitado, que también ha sido afectado por despidos del Gobierno. Lo mismo ha sucedido con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que además de ser desfinanciado y precarizado, pasó de la cartera ambiental a la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Así, en vez de estar planificando cómo activar las alertas tempranas (que se basan en datos meteorológicos, territoriales y en el monitoreo de las zonas más propensas a sufrir incendios), y que servirían para controlar la propagación de focos de incendios (intencionales o no), lo que el Gobierno está haciendo es reducir el personal científico y de defensa civil, mantenerlos en la angustia de la precariedad laboral permanente y amenazarlos con despidos o represalias si –por ejemplo- hablan de “cambio climático”. Es evidente que una política pública de adaptación y mitigación de la crisis climática debe pasar por el fortalecimiento y la contratación de más personal científico y de defensa civil, incluso de formación de más brigadistas entre la población y dotarlos de equipamiento y la logística adecuada.  

Pero lo cierto es que estamos ante un ecocidio anunciado: al Gobierno le interesa usar la información para sembrar noticias falsas en las redes sociales (como explica Giuliano Da Empoli en su libro Los Ingenieros del caos, al referirse a las extremas derechas), no para fortalecer un sistema de defensa civil o una red de información científica que permita prevenir, adaptarse y mitigar la crisis climática en curso. Las respuestas del Gobierno siempre van en la línea de la negación (como lo muestra el constante “Yo no dije lo que dije” del Presidente), a lo que se suman toda suerte de teorías conspirativas. Por ejemplo, se prefiere buscar un chivo expiatorio –como hizo el gobernador de Chubut hace un par de semanas y ahora replica la superministra de seguridad nacional Patricia Bullrich—, en continuidad con la campaña anti-indígena (que inició la propia Bullrich durante el mandato de Mauricio Macri), y alentar la hipótesis de que los responsables están entre la comunidad mapuche, lanzando todo tipo de acusaciones absurdas, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y son tan afectadas como cualquier otro sector de la población en estos incendios. Incluso muchos de los brigadistas en la primera línea de fuego son miembros de esta comunidad indígena. El racismo anti-indígena de este Gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa.

Más aún, las fuerzas policiales de la provincia estarían persiguiendo y deteniendo incluso a brigadistas comunitarios que están colaborando en el combate contra los incendios y del centro de donaciones en la Comarca Andina, de manera aleatoria, afirmando que han encontrado a los responsables de los incendios intencionales. También corre el rumor en la Patagonia que sería inminente el ingreso del Ejército a la región. Queda claro que están dispuestos a habilitar una verdadera cacería.

Falta que Milei culpe de los incendios a algún ambientalista también… Parece chiste, pero si Milei dijo hace poco en una entrevista que la izquierda debería hacerse cargo del “nacionalsocialismo” de la segunda guerra mundial, todo es posible en la Argentina de hoy. A algún troll envalentonado o alguna entusiasta diputada oficialista se le podría ocurrir y lanzarlo sin aspavientos al tóxico debate político que hoy impera en los medios televisivos.

El colmo del carácter anticiencia de este Gobierno, que viene desmantelando y desfinanciando el aparato científico nacional, se logró con la noticia de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un hecho sin precedentes, que provoca a nuestro país innumerables perjuicios muy concretos y un aislamiento en relación a la cooperación internacional en materia de salud.

Solidaridad y Empatía Ambiental

La pregunta también es cómo desmantelar las lecturas conspirativas. Estas no solo tienen por objetivo dar una respuesta fácil, rápida y mentirosa. Las lecturas conspirativas habilitan a quien las esgrime a “recuperar” el control, cuando todo es incontrolable. La extrema derecha LO SABE y lo viene haciendo en todos lados, utilizando hechos siniestros –se trate de un crimen aberrante o de un desastre ambiental— para apelar a teorías conspiranoicas, que des-responsabilicen al Gobierno y a los poderes económicos, y que fabriquen un culpable —que ineludiblemente está entre los sectores mas vulnerables de la sociedad—. Eso suele amainar las angustias de sectores de la sociedad que solo quieren volver a la situación anterior, negando las verdaderas causas de la crisis. 

El segundo eje apunta a la necesidad de organizar social y políticamente la solidaridad y la empatía, como claves para transitar una crisis ecológica anunciada, que se va agravando. La solidaridad que vemos emerger en los territorios dañados es conmovedora y de una gran potencia. Pero por el momento es posible en un escenario de colapso climático localizado. La pregunta es cómo potenciar esas solidaridades y empatía a una escala mayor. Necesitamos, como dicen Omar Giraldo e Ingrid Toro en un hermoso libro sobre “La Afectividad Ambiental”, de 2020, volver sobre la cuestión de las emociones y el régimen de afectividad. “Este régimen establece qué elementos pueden ser amados y ante cuáles se debe permanecer indiferente, modulando así la economía afectiva de los individuos. En este contexto, la afectividad no es caótica, sino que responde a una lógica y un orden que son determinados por las estructuras de poder.” Lo cierto es que deviene complicado y difícil en un contexto nacional donde la población —o más bien, diríamos, el régimen de afectividad— está siendo constantemente bombardeado con mensajes de insensibilidad y de crueldad.

En el contexto de la policrisis contemporánea, uno de nuestros grandes desafíos es trazar una vía de construcción colectiva hacia un cambio en la afectividad que nos reconecte con la pluralidad de la vida. Esto no se logra solamente por una vía racional o a través del conocimiento científico (que a veces asusta y desmoviliza), sino “por la revolución de los afectos y las emociones”, por la movilización en defensa de la vida que incluye no solo la nuestra y la de los vecinos, sino la de los seres no humanos, animales, bosques, fuentes de agua, que están siendo devastadas. Si no alentamos esa pulsión de vida, nuestros mejores sentimientos y emociones, en clave de construcción colectiva e interdependencia, de democracia plural y participativa, nadie se salvará. Ni siquiera los ricos o los grandes empresarios que hoy contratan bomberos privados para salvar sus propiedades… 

En suma, varias veces hemos hablado aquí que de cara a una transición ecosocial justa y popular es necesario pensar en las bases de un Estado Ecosocial para hacer frente al doble desafío, el de la crisis climática y el de las desigualdades sociales. Pero afrontar la policrisis en la que vivimos también exige activar colectivamente la pulsión de vida, el respeto por la diversidad y la interdependencia como condición de la vida misma, frente al proyecto destructivo que tanto hacia arriba (instituciones/Estado) como hacia abajo (subjetividades) impulsan políticos como Milei y el conjunto de las extremas derechas.

incendios negacionismos

Incendios y negacionismo ecológico

por Enrique Viale y Sofía Nemenmann para el Diario Ar

El fuego descontrolado en el Parque Nacional Nahuel Huapi expuso la precariedad laboral de más de 500 brigadistas sin contratos renovados. Mientras el Gobierno transfiere competencias al Ministerio de Seguridad, ignorando su vínculo con el cambio climático, la crisis se agrava con políticas ambientales regresivas y condiciones extremas que demandan planificación urgente.

En medio de un descontrolado incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los brigadistas forestales que dependen de la Nación enfrentan una situación compleja. La semana de fiestas se vio empañada por la falta de estabilidad laboral para quienes responden tanto a la Administración de Parques Nacionales (APN) como al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El 2024 terminó con una oleada de despidos que agravan su ya precaria situación laboral. Hay más de 500 brigadistas a quienes aún no se les ha renovado el contrato y están yendo a combatir el incendio sin tener la certeza de su continuidad laboral.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los empleados de la APN y el SNMF han sido recontratados bajo modalidades trimestrales. La falta de garantías laborales y la constante incertidumbre generan un escenario de vulnerabilidad, tanto para los brigadistas que luchan contra el fuego a lo largo y ancho del país, como para las áreas técnicas que posibilitan que los operativos de combate se realicen de manera segura y eficaz.

Además, esta fragilidad contractual actúa como un instrumento de control sobre los trabajadores y profesionales. Tanto brigadistas como guardaparques y técnicos, tienen estrictas órdenes de las autoridades de Parques Nacionales de no publicar en redes sociales información sobre la crisis climática, sobre “los mapuche” y “lo menos posible sobre incendios”. Incluso en sus cuentas personales, las cuales son controladas sistemáticamente. El costo de desobedecer estas órdenes orwellianas es la no renovación del contrato trimestral.

Así las cosas, el trabajo de los brigadistas, fundamental para la protección de los ecosistemas y las comunidades, se ve hoy doblemente amenazado: por el riesgo inherente de su tarea y por la falta de un marco laboral que respalde su esfuerzo. En un momento en que la prevención y control de incendios debería ser una prioridad, las condiciones laborales precarias de estos trabajadores dejan al descubierto una crisis que podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

El Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad

Y cuando el incendio seguía creciendo en cercanías de Bariloche, el Presidente decretó, un 30 de diciembre (Decreto Nacional 1136/24), el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la cartera ambiental al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Esta medida representa un grave retroceso en tanto que desliga de la agenda ambiental una problemática profundamente ligada al cambio climático, como son los incendios forestales.

Este traspaso del SNMF al Ministerio de Seguridad es coherente con la visión negacionista de la problemática ecológica que tiene el Gobierno Nacional. Los incendios forestales, para esta visión, son un siniestro más. Como si fuese el incendio de un edificio y debiera tratarse con fuerzas de seguridad. No encuentra esta visión una vinculación ni con el Cambio Climático, ni con la mala ocupación territorial.

Actualmente, los incendios en las localidades del noroeste de la Patagonia están creciendo a un ritmo acelerado. Barrios en expansión sobre zonas forestales donde el bosque lleva décadas de fuertes ciclos de sequías, o colindando con plantaciones de especies exóticas pirófitas, como el pino, son potenciales escenarios de catástrofe. Este fue el caso en la Comarca Andina (Chubut) el 9 de marzo de 2021, cuando dos focos de origen antrópico arrasaron con 13.000 hectáreas de bosque y cerca de 500 viviendas. O la provincia de Corrientes, donde las plantaciones de especies arbóreas exóticas ya superan las 500 mil hectáreas y solo en el año 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio.

Lo cierto es que la problemática de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva socioambiental, así lo es en todas partes del mundo. Las características que tienen los incendios forestales, están intrínsecamente relacionadas con la ocupación y distribución territorial y con el cambio climático: mayor ocurrencia de largos períodos de sequías, aparición y aumento en la frecuencia de tormentas eléctricas donde antes no sucedían y olas de calor.

El traspaso del SNMF a Seguridad implica la pérdida de una perspectiva territorial y ambiental, así como el abandono de la complejidad de variables que hay detrás de estos desastres. Confrontar estos incendios va mucho más allá de la gestión de riesgos; incluye también educación ambiental, prevención y regulación de la ocupación territorial, entre otros factores que usualmente inciden en los incendios.

Los cambios en los patrones climáticos hacen que el desarrollo de cada incendio no dependa solo del trabajo de las brigadas en el terreno, sino de una planificación adecuada a nivel nacional. En este sentido, el equipo interdisciplinario de Alerta Temprana del SNMF es una pieza clave en este momento en que los incendios vinieron para quedarse.

En este contexto, el rol del SNMF se ha vuelto indispensable. Por un lado sus brigadas han sido un refuerzo fundamental para todas las regiones que han atravesado escenarios complejos de grandes incendios. En algunos casos, las provincias ni siquiera cuentan con cuerpos especializados en incendios forestales, y la participación y capacitación brindada por las brigadas nacionales se vuelve sustancial. Por otro lado, su equipo técnico de Alerta Temprana permite planificar con antelación la distribución de recursos a lo largo del país, gestionando los operativos de la forma más preventiva y eficaz posible.

Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Los días 15 y 16 de diciembre, Río Negro y Neuquén se vieron afectadas por una gran tormenta eléctrica que dejó como saldo múltiples incendios activos. En el caso de Neuquén se registró un récord histórico de más de 30 focos en toda la provincia. Científicos del Conicet han detectado un aumento exponencial en la frecuencia de tormentas eléctricas en la región, a partir de los ’90. Este cambio nos enfrenta a nuevos desafíos en materia de incendios forestales.

Los incendios provocados por rayo tienen la particularidad de, una vez que el rayo penetra en el bosque, permanecer en estado de latencia hasta que las condiciones climáticas sean ideales para la propagación del fuego. Es por eso que, en algunas ocasiones, se han activado incendios con posterioridad a la actividad eléctrica. Los incendios causados por rayo pueden tomar grandes dimensiones por iniciar en zonas muy remotas y complejas, a las cuales las brigadas no pueden acceder rápidamente, ni trabajar con facilidad. Son investigadores, técnicos y brigadistas quienes contribuyen año a año en la generación de datos y desarrollo de estrategias de cara a los bruscos cambios de comportamiento y frecuencia a los que nos está enfrentando la crisis climática.

El 25 de diciembre, fuentes oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi informan la presencia de dos focos de incendio activos en la zona sur del mismo. Desconociendo el origen del fuego, se presupone que dicha tormenta eléctrica podría haber sido la causa.

En un contexto donde las consecuencias del Cambio Climático son evidentes, con olas de calor que afectan a la Patagonia, con temperaturas superiores a los 32º y un aumento en la velocidad del viento, la situación del incendio se ha vuelto cada vez más compleja, alcanzando rápidamente una magnitud crítica. Aunque el fuego se encuentra alejado de áreas de uso público y zonas residenciales, continúa expandiéndose, arrasando hectáreas de bosque nativo a su paso.

Dado que los recursos son limitados y están destinados a combatir este incendio, es indispensable que no se activen nuevos focos cuya demanda podría colapsar la capacidad de respuesta. No hacer fuego en áreas no habilitadas es fundamental. También lo es apoyar activamente la defensa de las entidades que llevan adelante cada operativo de respuesta a incendios.

La regresión como política de Estado

Así como Donald Trump en su primer mandato, y Jair Bolsonaro en Brasil, el desarticulamiento de las políticas ambientales se convierte en una política de Estado en los países donde gobierna la ultraderecha. El estadounidense degradó varios organismos ambientales, desreguló legalmente y se retiró fallidamente del Acuerdo Climático de París. Por su parte, el brasilero también desintegró áreas ambientales y alentó la deforestación y quema de la Amazonía para permitir el avance del agronegocio, tan poderoso en el vecino país.

La degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, el intento de destruir las Leyes de Bosques y de Glaciares en el proyecto de ley Ómnibus, el retiro de la delegación argentina de la última Cumbre de Cambio Climático, la vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que permite el avance descontrolado del extractivismo en las provincias, son solo parte de las medidas regresivas en materia ambiental del gobierno argentino.

En la última semana, en otro hecho que marca un retroceso en las políticas climáticas, el Gobierno nacional nombró al militar retirado Antonio José Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional. El puesto requiere de un conocimiento especializado y la nueva designación incumple los más elementales requisitos vigentes. El prestigioso Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) rechazó este nombramiento por “falta de idoneidad y vinculación con las ciencias de la atmósfera.”

En un contexto mundial con eventos climáticos extremos que rompen récords, con inundaciones nunca antes vistas (Valencia, Rio Grande do Sul), mega incendios en la selva amazónica y catástrofes cotidianas en todas las latitudes, tener la variable climática como prioridad e invertir en prevención, es el mínimo acto de supervivencia esperable por parte de un gobierno.

A contramano del mundo y con gestos de crueldad, comienza el 2025 demandando que pongamos el foco en lo que ocurre con los y las brigadistas, técnicos, científicos y especialistas en incendios forestales de nuestro país. La Patagonia está en llamas y este fuego se apaga con trabajo interdisciplinario, presencia estatal y organización colectiva.

Este artículo fue escrito por Enrique Viale y Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

HISTÓRICO VEREDICTO EN LA CAUSA DE LOS PINGÜINOS DE PUNTA TOMBO

Rawson, 7 de noviembre de 2024.- Las organizaciones querellantes en la causa de la masacre de los pingüinos Magallanes de Punta Tombo, Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebran la decisión del Tribunal Colegiado de Juicio. 

En veredicto sin precedentes, la justicia encontró culpable a La Regina de los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal.  Ahora, quedará pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena. Las organizaciones esperan que la sentencia refleje la comprobación del daño ocasionado expuesto por testigos locales e internacionales a lo largo de una semana de juicio oral y público. 

Matías Arrigazzi, biólogo e integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino sostuvo. “Este caso es un hito para la justicia ambiental y la protección de los pingüinos y la naturaleza. Esta masacre de más de un centenar de pingüinos, que despertó gran indignación de la ciudadanía, hoy recibe justicia. Este hecho constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”.  

La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Lamentablemente, en 2021, esta reserva fue testigo de una masacre sin precedentes. Un centenar de pingüinos, huevos y pichones muertos y un estimado de 175 nidos destruidos fue el saldo que dejó el paso de maquinaria pesada por encima de la colonia, lo que provocó además el desmonte de vegetación nativa. 

Lucas Micheloud, abogado ambientalista y Co-director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresó: “Estamos ante una condena histórica y un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la impunidad ambiental en Argentina. Es un poderoso precedente que enfrenta la criminalidad ecológica. Hoy, la justicia ha enviado un mensaje muy claro a toda la sociedad: destruir la naturaleza y maltratar a los animales no humanos tiene consecuencias penales” 

Por su parte, José María Musmeci, presidente de la Fundación Patagonia Natural agregó “Respecto al fallo de la justicia por los pingüinos de Magallanes y el sistema Punta Clara – Punta Tombo, el fallo es el que esperábamos. Ahora, las expectativas están puestas hacia delante, sobre todo en las herramientas que tendremos a disposición en el ámbito de la justicia para defender la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas”

Sobre la Reserva Punta Tombo:

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. ​El pingüino Magallánico, cuyo ​Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, ​principalmente la industria​ petr​olera​, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Contactos de prensa: 

Lucas Micheloud (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 341 304-2305

Florencia Rey  (Fundación Patagonia Natural) +54 9 280 430-5115

Florencia Rodriguez (Greenpeace Argentina): +54 9 11 3761 2969

El último río de la patagonia

El último río de la Patagonia: a diez años de su comienzo, la lucha por el río Santa Cruz continúa

Tras una década de vaivenes sobre el río Santa Cruz, que parecía encarar una batalla perdida, la serpiente de agua turquesa que viaja desde la cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino, sigue fluyendo libremente. La película “El último río de la Patagonia”, dirigida por Sofía Nemenmann (AAdeAA/CAJE) e Ignacio Otero, narra una de las travesías en kayak organizadas en defensa de este emblemático río.

El documental narra un viaje plagado de emociones al ritmo vertiginoso del agua: 4 días de remo, 3 noches de camping, 27 activistas viajan desde distintas regiones de Argentina, Alemania, Estados Unidos y Chile para conocer el río Santa Cruz y remar sus 360 kilómetros. 

Luego de meses de incertidumbre, la construcción de las mega-represas Jorge Cepernic y Nestor Kirchner sobre el río Santa Cruz, permanece paralizada, a la espera de nuevos desembolsos capaces de reactivar la obra. 

VER EN CINE.AR https://play.cine.ar/INCAA/produccion/9075

En defensa de sí mismo, el río ha librado una batalla incesante con crecidas extraordinarias, inundaciones, movimientos sísmicos y demás fenómenos que han derribado puentes y estructuras a lo largo de su curso. Como resultado, a 10 años de la primera concesión, no se ha logrado avanzar en ninguno de los objetivos previstos, ni siquiera en la desviación del caudal principal que permitiría la puesta en marcha de los muros de hormigón, la pieza central de esta infraestructura.

El documental captura la red de defensores socioambientales que lucha por la libertad de este río, llevando adelante una resistencia que parecía perdida, pero que sigue viva y libre.

Imágenes de naturaleza salvaje, una travesía a través de los paisajes más inhóspitos del país y un centenar de curvas que convierten a esta arteria glaciaria en una serpiente transportadora de nutrientes y tesoros invaluables. El cortometraje ofrece una mirada profunda hacia la majestuosidad y la fragilidad de este ecosistema único, mientras el río despliega su danza surcando el territorio santacruceño.

Un viaje. Un grito. Un conjuro por la libertad de los ríos.

Emergencia ambiental: Incendios revelan los riesgos de avanzar con la Ley Ómnibus

Estamos en medio de la emergencia desatada por los devastadores incendios forestales que azotan nuestras tierras. Por eso, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo categórico hacia las regresiones ambientales que se intentan avanzar, incluidas la Ley de Manejo de Fuego y de Control de Quema, en el marco de la Ley Ómnibus.

En un contexto de crisis climática, con récords de sequías y altas temperaturas, avanzar en la derogación de leyes como la de manejo de fuego y quemas es un grave retroceso. La crisis ambiental y sus desafíos requieren de una intervención activa y coordinada por parte de autoridades nacionales, provinciales y locales para garantizar el cuidado de nuestros bienes comunes y la salud de la población.

La lógica mercantilista, basada únicamente en la rentabilidad y la explotación desregulada de los ecosistemas, ha demostrado una y otra vez ser totalmente ineficiente y perjudicial para el ambiente y las comunidades. El rol del Estado es protagónico a la hora de establecer y promover políticas ambientales sólidas, que puedan sentar los primeros pasos hacia una verdadera justicia ecosocial. 

La situación en las áreas afectadas, como el Centinela dentro del Parque Nacional Los Alerces, el Alto Río Percy, y el Arroyo Crettón en el Parque Nacional Nahuel Huapi, refleja la urgencia de fortalecer nuestras leyes ambientales en lugar de debilitarlas. Los incendios actuales son una clara muestra de por qué es imperativo mantener y reforzar la estructura institucional y social que es capaz de ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de catástrofes. 

Los incendios forestales requieren de una acción coordinada de los organismos estatales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. La precarización laboral, falta de recursos y la intención de derogar el presupuesto mínimo destinado a combatir estos desastres ambientales representarían una enorme negligencia de cara a los escenarios que, científicos y especialistas, vaticinan para estos ecosistemas. 

La flexibilización de las acciones de quema y la derogación de prohibiciones en el cambio de uso del suelo después de un incendio son medidas inaceptables. Que benefician solamente a ciertos sectores de alto poder adquisitivo que pueden realizar negocios sobre las tierras arrasadas, y van en detrimento de la población que depende de estos ecosistemas para su salud y bienestar. 

Desde nuestras organizaciones, exigimos a los/as diputados/as nacionales que rechacen categóricamente las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y otras normativas ambientales. La preservación de nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestras comunidades precisa de estructuras que trasciendan a los intereses particulares. La defensa de los bienes comunes y la preservación de nuestro patrimonio natural son cuestiones que trascienden cualquier agenda política o económica. 

La mirada vigilante de toda la sociedad está puesta en este momento crucial sobre ustedes.