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Manejo del fuego

Los arrestos no apagan incendios: el manejo del fuego demanda prevención, financiamiento y estructura

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, denunciamos la criminalización deliberada que responsabiliza al pueblo mapuche por los incendios en la Patagonia y desvía la atención de la ineficiente política de manejo del fuego. No hay ninguna evidencia que sustente estas acusaciones contra los pueblos originarios Se trata de una narrativa racista que busca desviar la atención del problema real: la ausencia de políticas estructurales de prevención y la desfinanciación crónica de los organismos encargados de proteger los ecosistemas.

La Ley de Manejo del Fuego sigue vigente

La Ley 26.815 de Manejo del Fuego NO fue derogada. Esto es falso. La ley está en plena vigencia y establece la organización y acción coordinada entre la Nación y las provincias para la prevención y combate del fuego. Sin embargo, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por el vaciamiento de recursos y la falta de inversión en personal especializado. El problema no es la ley, sino su incumplimiento sistemático. 

La falta de financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego deja a brigadistas y comunidades en situación de indefensión. A esto se suma la precarización laboral: contratos temporarios, sueldos bajos y carencia de equipamiento adecuado.

Más brigadistas que aviones

La respuesta estatal cuando el fuego está prendido es insuficiente, propio de políticas públicas vaciadas y de posturas negacionistas. La prevención de incendios debe realizarse permanentemente, con acción y comunicación territoriales. La estructura necesaria es lo fundamental, pero aún más el personal capacitado y un sistema de prevención que actúe durante todo el año.

Un Estado que esté a la altura de la policrisis combate y previene el fuego constantemente, no sólo cuando las llamas están activas. Se requieren estrategias de prevención sostenidas en el tiempo: gestión de la vegetación, monitoreo de zonas críticas, planes de mitigación y fortalecimiento de las estructuras de combate del fuego.

Vaciamiento y precarización profesional

El recorte de fondos impacta en todos los niveles. Falta personal técnico, equipos de investigación, comunicadores y formación continua para brigadistas. Las provincias carecen de capacidad de acción efectiva y de la voluntad política para construirla.

Este vaciamiento no es casual, la falta de prevención, lejos de ser un error, es una política. En marzo vuelven a vencer los contratos de todos los brigadistas que dependen de nación (Administración de Parques Nacionales y Servicio Nacional de Manejo del Fuego), esta inestabilidad laboral no puede permitirse en un contexto de creciente frecuencia, intensidad y velocidad de propagación de megaincendios.

Exigimos políticas reales de prevención en el manejo del fuego

Los incendios forestales son una tragedia previsible. Se necesita un plan integral de prevención con:

  • Más brigadistas, con salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones laborales dignas.
  • Ejecución del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
  • Fortalecimiento de la investigación y monitoreo ambiental.
  • Educación comunitaria y coordinación interjurisdiccional en la gestión de los territorios.
  • Cumplimiento efectivo de la prohibición de cambio de uso del suelo en tierras quemadas.

El fuego no es un desastre natural. Es consecuencia de políticas que priorizan el negocio sobre la vida. Seguiremos denunciando la irresponsabilidad del Estado y exigiendo justicia.

incendios

La desigualdad es inflamable: Radiografía del fuego

La Comarca Andina, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, donde hace semanas se multiplican los incendios, está atravesada por múltiples desigualdades. Allí conviven gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación, grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades en busca de una vida buena y organizaciones indígenas que luchan por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural. También, el avance de la frontera extractiva, los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad y el entramado corrupto de la política local, la justicia y los magnates territorializados. Maristella Svampa disecciona el combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican: la desigualdad.

Por Maristella Svampa para Revista Anfibia

“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica. 

En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en  zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en  pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita. 

Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios. 

Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.

En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.

El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje. 

Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”. 

Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.

El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.

En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes. 

En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas,  como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa. 

Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros. 

Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.

Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal. En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.

La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.

 Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte  de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?

Statkraft viola derechos humanos en Chile; pueblo indígena mapuche williche presenta queja en Noruega.  

Statkraft avanza proyectos hidroeléctricos que violan el derecho al consentimiento libre, previo e informado, el territorio, la identidad cultural y a defender derechos humanos por parte de comunidades indígenas. 
La empresa contraviene su deber de respetar derechos humanos y de aplicar la debida diligencia en sus actividades en el exterior.

Oslo, Noruega y Valdivia, Chile. 14 de septiembre de 2023. Statkraft viola los derechos humanos con motivo de proyectos hidroeléctricos que pretenden ser desarrollados en el territorio  del pueblo mapuche williche del Pilmayken, en Chile.

El día de hoy, comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el consejo de lonkos,  en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas,  presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.

Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken. 

En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos. Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.

Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado.

Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento de sus derechos ancestrales.

Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas–  a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche, a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la creación de grupos interés que favorecen a la empresa.

Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.

Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias. 

“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche. 

Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega, un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en consideración a la Ley noruega de Transparencia.

Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices. 

Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras –particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.

En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos económicos, sociales y culturales. 

Contacto:

Andrea Pietrafesa (+54) 9 2324 46-4836 / andipietrafesa@gmail.com

Silje Kvanvik (+47) 418 52 691 / Silje@lagnorge.no

Lanin sitio sagrado

El Lanín como sitio sagrado: un rechazo que atrasa la discusión

Por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

La revocación en tiempo récord de la decisión de declarar al volcán Lanín como “sitio natural sagrado” para la comunidad mapuche es parte de la campaña racista contra el pueblo. Un acto sin ningún costo político ni para la derecha ni para el oficialismo, sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale en esta columna. Además que impide la discusión sobre la interculturalidad, golpea la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza y alienta el discurso de odio contra un pueblo originario.

Asistimos, una vez más, a una campaña racista contra el pueblo Mapuche, ahora con la excusa de una simple declaración del volcán Lanín como “sitio natural sagrado” en la provincia de Neuquén. Una declaración hecha por la Administración de Parques Nacionales (APN), pero revocada en tiempo récord, esto es, en menos de 24 horas. 

No nos cansaremos de decirlo: en Argentina el hecho de discriminar a las comunidades mapuches no solo pareciera estar “permitido”, sino que no conlleva costo político alguno. Incluso para muchos es rentable mediáticamente, sea desde sectores de la derecha dura y refractaria a la ampliación de derechos, aunque también desde un oficialismo débil y temeroso en estas cuestiones. El primero es el caso del eterno funcionario público Miguel Angel Pichetto, acostumbrado a mensajes de odio y discriminación contra las comunidades indígenas y otras minorías o disidencias. El segundo es el de un funcionario como Juan Cabandié, quien dejó sin efecto la declaración desde la jefatura del Ministerio de Ambiente, de la cual depende la APN.  

Hasta Mauricio Macri tuiteó sobre el tema. Justo él que pasó sus primeras vacaciones como Presidente, a los días de haber asumido, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis quien tiene secuestrado el Lago Escondido, a pesar de su carácter público y de la infinidad de fallos judiciales que lo obligan a permitir su libre acceso y uso. 

Es sorprendente el odio que despiertan los Mapuches. Trasciende la grieta, incluso en el periodismo, donde no sólo los medios y caras acostumbrados a replicar mensajes de derecha y destrato con las minorías, sino también con jóvenes periodistas “progres” que hace unos días ironizaban en las redes sociales acerca de la quietud del Volcán y el “problema” en el que se habría metido el gobierno, ignorando (la base de la discriminación) el valor sagrado, inmaterial y espiritual que éste tiene para las comunidades mapuches.

¿Se animarían a discutir el valor sagrado de religiones más poderosas o su valentía discriminatoria es sólo un discurso recurrente contra las minorías oprimidas?  Peor aún, es ahí donde afloran la hipocresía y la doble vara. Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio, muy especialmente contra los Mapuches, a quienes se acusa de todo, incluso de buscar una suerte de “Estado paralelo”.  

Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio

En realidad, tal como hemos dicho en este diario, en una Patagonia hipermercantilizada, aquellos que han logrado crear un Estado dentro del Estado no son precisamente los mapuches, a los cuales se los condena a vivir en la pobreza, sino esos poderosos apellidos de los super-ricos como Benetton -el mayor latifundista del país- o el del ya citado  Lewis, quienes crean sus propias reglas, por encima de la ley nacional.

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país. Sino que, además, atrasa la discusión varias décadas pues viola legislación internacional, nacional y provincial, que lleva vigente ya más de 30 años (la propia Constitución Nacional –art. 75 inc. 17- y el Convenio 169 de la OIT, entre muchas otras normas). En función de esta normativa es que el pueblo mapuche, como otros de los tantos pueblos indígenas que habitan la Argentina y de tantos otros países de América Latina, demanda el reconocimiento de su cultura, su lengua y territorio, proponiendo como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional que los contenga. 

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país.

Tampoco es que dicha declaración como “sitio sagrado”, asociado a un pueblo originario, sea único en el mundo. Incontables son los casos y la legislación internacional, muy extensa. Por ejemplo, en Colombia existe un decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen.

Este decreto de 2018 fue resultado de un acuerdo entre los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el gobierno derechista de Santos. Agreguemos a esto que, al mismo tiempo que el Gobierno argentino revocaba de manera vergonzosa la declaración en relación al volcán Lanín y la derecha mediática y política se alineaba en las descalificaciones; en Colombia, Gustavo Petro y Francia Marquez participaban de una ceremonia ancestral, de asunción de cargos, poco antes de la asunción oficial, junto a los pueblos indígenas que habitan Sierra Nevada, su sitio Sagrado.

Por su parte, en Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2012, cinco agencias federales (los Departamentos de Defensa, Interior, Agricultura, Energía y el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica (ACHP) firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la protección y el acceso de los indígenas a sitios sagrados a través de la coordinación y colaboración entre agencias. Ya en 1996, la legislación federal reconocía los sitios sagrados indígenas.

En Bolivia los sitios sagrados más conocidos se encuentran en Uyuni, en Potosí; en el Volcán Thunupa de Oruro; en Peñas y la Isla del Sol de La Paz, en Waraco Apacheta de El Alto; en el parque Piñata de Pando y Tarija. De hecho, ya en 2006 Evo Morales asumió ante las autoridades originarias también en el sitio sagrado de Tiahuanacu. 

Como destaca la legislación mexicana, “Los sitios sagrados son parte importante del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio”.

En México existen aproximadamente 45 sitios sagrados correspondientes a 18 pueblos originarios. En el estado de Baja California existen  sitios sagrados de los pueblos indígenas cochimí, kumiai, paipai y cucapah; en Sonora, sitios de los tohono-o’otam, comca’ac y yoreme (mayos); en Sinaloa, al pueblo indígena yoreme; en Nayarit y Jalisco, del pueblo wirrarika (huichol); en San Luis Potosí existen sitios correspondientes a los pueblos indígenas teenek, nahua, wirrarika y pame; en Michoacán, al pueblo indígena purépecha; en Morelos y Guerrero, al pueblo nahua; en Hidalgo, al pueblo ñhañhu (otomí); en Veracruz, al pueblo totonaco; en Oaxaca, a los pueblos ñuu savi (mixteco), ben’zaa (zapoteco) y ha shuta enima (mazateco), y en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al pueblo maya.

Tampoco en Argentina esto aparece como una excepción. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), basado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce sitios sagrados asociados a los pueblos indígenas “referidos a la identidad y la integridad cultural, a los recursos culturales que forman parte de su territorio y hacen a su vida como pueblo y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses que les afecten”.

En lo que va de 2022, ya se han declarado diez sitios sagrados de forma oficial, con el objetivo de recuperar una parte fundamental de la identidad y memoria de los pueblos originarios. Desde Las Grutas, donde hay un cementerio ancestral de más de 6000 años, a Napalpí, lugar de la masacre contra los pueblos Qom y Moqoi (declarado crimen de lesa humanidad) hasta el lugar donde fuera enterrado un personaje histórico como Ceferino Namuncurá. 

En respuesta a la marcha atrás del gobierno, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado, del cual transcribimos dos párrafos:

“…INFORMAMOS a la sociedad de la región y del mundo que al igual que nosotros valora la presencia de nuestro Pijan Mawiza Volcán Lanín, que la declaratoria de Sitio Sagrado no cierra puertas. Por el contrario abre nuevas puertas como es incorporar un nuevo valor a todo lo que conoce y disfruta la sociedad argentina. A lo paisajístico, científico, turístico se agrega todo el potencial cosmogónico mapuche que hasta hoy no se conoce. ¿Alguien se animará a oponerse a esta valoración cuando es parte de la identidad de la región?”

Por último, y de acuerdo a lo expresado por el gobierno federal, la nueva convocatoria que realizará debe apuntar a respaldar el reconocimiento de “LANIN SITIO SAGRADO del PUEBLO MAPUCHE”. Es urgente que tanto Nación como Provincia dejen de utilizar los derechos del pueblo mapuche como moneda de cambio y se decidan a salir de la ilegalidad de no cumplir con un marco normativo y constitucional al que están obligados respetar. De allí ya no retrocedemos porque es una vergüenza como se suceden los gobiernos y administraciones y siguen acumulando deudas con el pueblo Mapuche….“

Confederación Mapuche de Neuquén

En esa línea, la significación de esta declaración sobre el volcán Lanín como sitio sagrado es también una propuesta de interculturalidad que nos abre la puerta hacia otras miradas sobre la naturaleza, no occidentales, en un momento de colapso ambiental y emergencia climática. Se trata de una mirada que postula un horizonte relacional y espiritual, que puede servirnos de punto de partida para afrontar y salir de la crisis socioecológica que atravesamos. 

Finalmente, tengamos en cuenta que en esta campaña anti-indígena no hay solo ignorancia y una ausencia total de mirada comparativa. No solo es falta de coraje y fragilidad de convicciones en sostener una declaración trabajada, en diálogo intercultural y durante años, entre el Estado Nacional y las comunidades indígenas. Luego del genocidio perpetrado por el ejército argentino, en el siglo XIX, gran parte de los pueblos indígenas fueron empujados a territorios considerados zonas marginales o de fronteras.

Pero, desde hace un tiempo esos territorios han sido revalorizados por el capital, en función de la expansión de la gran minería, la explotación petrolera (Vaca Muerta), la frontera agropecuaria y los megaemprendimientos turísticos y urbanísticos, los latifundios, entre otros. Eso hace que hoy, nuevamente, los mapuches se encuentren en el ojo de la tormenta. Su demonización está directamente ligada al nivel de desafío que éstos representan respecto del mandato extractivista, pues en tanto pueblo originario estos tienen otra relación con la tierra y la naturaleza, que cuestiona su mercantilización. 

En fin, el rechazo de esta declaración del Volcán Lanin como sitio sagrado mapuche, atrasa la discusión sobre la interculturalidad, y golpea contra la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza. Asimismo, alienta el discurso de odio y de discriminación contra un pueblo originario. Ante esta campaña racializada, el verdadero desafío es no tener miedo de emprender una batalla cultural para romper con las visiones y discursos demonizantes. No podemos permanecer indiferentes, necesitamos un compromiso decidido de parte de la sociedad en apoyo a los pueblos indígenas. Debemos tender puentes, desmontar mitos y falsedades, descolonizar nuestras mentes y palabras, para comenzar a saldar la enorme deuda histórica que el Estado nacional y gran parte de nuestra sociedad tenemos hacia los pueblos indígenas. 

MS/EV