Archivos de categoría: Derechos de la Naturaleza

Trabajamos para expandir y completar el paradigma de los derechos humanos, incluyendo dentro de los marcos institucionales el de los derechos de la naturaleza.

Matanza de pingüinos en Punta Tombo: organizaciones presentan querella penal

22 de noviembre de 2022.-

Las organizaciones Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina presentaron una querella penal respecto al ecocidio de cientos de pingüinos que tuvo lugar en la Reserva Natural Punta Tombo (Chubut), en 2021. En esta reserva se encuentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo. 

Durante agosto y noviembre de 2021, sin autorización previa de impacto ambiental y mediante la utilización de retroexcavadora, se abrieron caminos, realizaron desmontes de vegetación nativa y movimientos de suelo sobre el Área de la Colonia de Pingüinos de Magallanes y la ribera marina Punta Clara que limita con la Reserva Natural Punta Tombo, lo que ocasionó graves daños a la fauna, flora y los ecosistemas asociados.

Se estima que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos. 

“Lo sucedido da cuenta que estamos ante una masacre de pinguinos a cielo abierto, actos atroces de crueldad animal y daños a los ecosistemas que no pueden quedar impunes”, sostuvo Lucas Micheloud, Co-director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Necesitamos que la justicia condene a los responsables con las máximas penas previstas para estos hechos y que el Congreso de la Nación avance urgentemente en la reforma del código penal tipificando los crímenes ambientales”.

José María Musmeci, Director Ejecutivo de Fundación Patagonia Natural afirmó: “Es necesaria  y muy positiva la intervención de la justicia para reforzar los esfuerzos de conservación constante y limitar el accionar arrogante sobre la biodiversidad que nos pertenece a todos y no al propietario del área”. 

“Estamos frente a un verdadero ecocidio. Este es un claro ejemplo de cómo los ecosistemas y las especies son vulnerados a diario por la actividad humana. No podemos permitir que más hechos como este ocurran, necesitamos con urgencia una ley de delitos ambientales, que contemple penas específicas para estos crímenes”, mencionó Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace. 

Más información sobre la especie: 

El pingüino de Magallanes se caracteriza por medir unos 50 cm de altura aproximadamente, y su plumaje es blanco y negro. El color del plumaje le garantiza un eficiente mimetismo con el medio marino, y una serie de características relativas a la adaptación al clima, le permiten minimizar la pérdida de calor corporal. Se alimentan de peces, como sardinas, pejerreyes, anchoas y otros. Anidan en terrenos blandos cercanos a la costa y padres y madres se turnan para empollar los huevos y buscar alimento. Las crías alcanzan la madurez a los 90 días.

Más información sobre delitos ambientales: 

México y Brasil han avanzando en la tipificación de los delitos ambientales y cuentan con tribunales ambientales especializados. 

En Argentina, el Código Penal vigente, aunque con distintas reformas, es de 1921 y no cuenta actualmente con un capítulo penal ambiental que tipifique conductas cuyo obrar puedan afectar el ambiente y la madre tierra. Solo existen algunos tipos penales en leyes especiales. Algunas de las iniciativas que están hoy en el Congreso de la Nación apuntan a incorporar un capítulo en el código vigente o una ley especial, como la de Fauna y Residuos Peligrosos, y otras proponen una reforma general del Código Penal que incorporen los crímenes ambientales.

Libertad de los ríos

Cumplir íntegramente la Ley de Libertad de los Ríos

Por Jorge Daneri (*)

La ley de libertad de los ríos (1) en Entre Ríos fue construida con una enorme participación y movilización social durante los años 1996/1997 y sancionada por unanimidad el 25 de setiembre de 1997, luego de dos sentencias históricas de la Justicia Federal que declaraba inconstitucional el Decreto Presidencial que avanzaba con los estudios diversos para la construcción de represas hidroeléctricas en el sector medio del río Paraná.

En estos tiempos de incendiarios del Delta y negacionistas de casi todos los colores políticos, prestamos particular atención a los siguientes tres artículos de la norma liberadora, buscando la necesaria comprensión de la política mayoritaria frente al incumplimiento de décadas, más aún, ante los escenarios del fenómeno de las tres corrientes de la Niña, la sequía sostenida en la cuenca y la locura ambiental de decisiones tendientes a una mayor profundización de la denominada hidrovía Paraguay Paraná, frente a semejante crisis ambiental en todo el valle de inundación de los ríos de la cuenca del Plata.

“Art. 2. Declárense los ríos y demás cursos de agua de la Provincia de Entre Ríos bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, en particular en lo referido a la calidad de las aguas, cantidad, distribución y uso jerarquizado, como al sustento de la biodiversidad.

Art. 3. Decláranse de interés provincial todos los proyectos de conservación y recuperación de suelos, bosques, vegetación y fauna, especialmente nativas, en riberas, barrancas y zonas aledañas a ríos, lagos, arroyos e islas.

Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la Provincia, con incidencia en los ríos indicados en el Artículo 1º y sus recursos naturales, es de atribución exclusiva de la Provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.

Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados Provinciales y/o el Estado Nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo.”

Recuperación de suelos, bosques, vegetación y fauna nativas en riberas, barrancas y zonas aledañas a ríos, lagos, arroyos e islas. Aquí un primer desarrollo sobre una ley que ya tiene más de 25 años de vigencia, violada, entre otras razones, por la inexistencia del protagonismo del poder legislativo y las áreas de competencia ambiental, con la convicción, compromiso y foco en la aplicación y cumplimiento de estas normas. La Comisión que la Ley crea, no existe, lo que mata a la propia norma en su objetivo de sostenibilidad del sistema de humedales, muy concretamente. La realidad todo lo expone. La escala de incumplimiento programado, es temeraria.

El Art. 6 de la norma en estudio, dispone: “Créase la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible, rigiéndose por los preceptos fijados por los artículos 41º y 124º de la Constitución Nacional”.

Su inexistencia es tal, que nunca fue convocada seria y responsablemente. No existe política ejecutiva alguna en semejante escenario. Es una norma olvidada o negada por la autoridad pública provincial, salvo para recordarla de manera hipócrita, cada 25 de septiembre.

Así la realidad de los fuegos descontrolados, la falta de presupuestos, equipamiento y personal para las áreas naturales protegidas, casi el 80% del sistema de humedales de la Provincia de Entre ríos, recién ahora, frente al ecocidio en marcha, se comienzan a dar algunos pasos institucionales a destacar, como el traslado de la Dirección de tierras fiscales a la Secretaría de Ambiente y la delimitación técnica de las áreas naturales protegidas por parte de la Dirección competente.

Finalmente, el proyecto hidrovía sigue, con sus funcionarios militantes del extractivismo voraz, desarrollando y concretando -sin aguas en la cuenca y con la gravedad de los impactos sociales y ambientales que esto produce- mayores profundizaciones, sobre-dragados y canales más anchos, para que sus socios del agronegocio sigan jugando a la ruleta de la desertificación del sistema de humedales con todos sus reinos de vida.

En la misma línea, no existe rol legislativo alguno en los procesos institucionales interjurisdiconales, como el artículo 4 señalado ordena. Lo expuesto se advierte en el caso del denominado PIECAS, como acuerdo entre las provincias ribereñas y el Estado Nacional para garantizar la sostenibilidad ecológica y social del Delta, como también en el caso del proyecto Hidrovía Paraguay Paraná.

Basta de esta locura. No toquen más el río en sus cauces y profundidades existentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la enorme responsabilidad de consolidar este Basta que están solicitando las organizaciones sociales y ecologistas del País. La CSJN debe ponerse a la altura de esta crisis ambiental y civilizatoria y dictar un BASTA inapelable para frenar esta locura irresponsable y sin límites políticos que lo detengan. Ya tiene en sus manos expedientes relevantes en este sentido, como otros que están llegando en estos tiempos a su consideración.

Si el Poder Legislativo Provincial, si los Presupuestos Nacionales y Provinciales, no se adaptan a la necesidad de una transición ordenada y democrática hacia una cuenca de sociedades y ecosistemas sostenibles y por lo tanto perdurables para las generaciones futuras, si no se cumple con estos artículos aquí detallados de la ley de libertad del río Paraná, es el máximo tribunal el que debe cambiar el rumbo y ratificar la libertad y determinar el proceso de reconformación institucional y territorial hacia la sanación del Delta y la cuenca toda.

(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas. Unidad de Vinculación Ecologista, Fundación La Hendija

(1) https://argentinambiental.com/legislacion/entre-rios/ley-9092-ley-anti-r…

Lanin sitio sagrado

El Lanín como sitio sagrado: un rechazo que atrasa la discusión

Por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

La revocación en tiempo récord de la decisión de declarar al volcán Lanín como “sitio natural sagrado” para la comunidad mapuche es parte de la campaña racista contra el pueblo. Un acto sin ningún costo político ni para la derecha ni para el oficialismo, sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale en esta columna. Además que impide la discusión sobre la interculturalidad, golpea la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza y alienta el discurso de odio contra un pueblo originario.

Asistimos, una vez más, a una campaña racista contra el pueblo Mapuche, ahora con la excusa de una simple declaración del volcán Lanín como “sitio natural sagrado” en la provincia de Neuquén. Una declaración hecha por la Administración de Parques Nacionales (APN), pero revocada en tiempo récord, esto es, en menos de 24 horas. 

No nos cansaremos de decirlo: en Argentina el hecho de discriminar a las comunidades mapuches no solo pareciera estar “permitido”, sino que no conlleva costo político alguno. Incluso para muchos es rentable mediáticamente, sea desde sectores de la derecha dura y refractaria a la ampliación de derechos, aunque también desde un oficialismo débil y temeroso en estas cuestiones. El primero es el caso del eterno funcionario público Miguel Angel Pichetto, acostumbrado a mensajes de odio y discriminación contra las comunidades indígenas y otras minorías o disidencias. El segundo es el de un funcionario como Juan Cabandié, quien dejó sin efecto la declaración desde la jefatura del Ministerio de Ambiente, de la cual depende la APN.  

Hasta Mauricio Macri tuiteó sobre el tema. Justo él que pasó sus primeras vacaciones como Presidente, a los días de haber asumido, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis quien tiene secuestrado el Lago Escondido, a pesar de su carácter público y de la infinidad de fallos judiciales que lo obligan a permitir su libre acceso y uso. 

Es sorprendente el odio que despiertan los Mapuches. Trasciende la grieta, incluso en el periodismo, donde no sólo los medios y caras acostumbrados a replicar mensajes de derecha y destrato con las minorías, sino también con jóvenes periodistas “progres” que hace unos días ironizaban en las redes sociales acerca de la quietud del Volcán y el “problema” en el que se habría metido el gobierno, ignorando (la base de la discriminación) el valor sagrado, inmaterial y espiritual que éste tiene para las comunidades mapuches.

¿Se animarían a discutir el valor sagrado de religiones más poderosas o su valentía discriminatoria es sólo un discurso recurrente contra las minorías oprimidas?  Peor aún, es ahí donde afloran la hipocresía y la doble vara. Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio, muy especialmente contra los Mapuches, a quienes se acusa de todo, incluso de buscar una suerte de “Estado paralelo”.  

Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio

En realidad, tal como hemos dicho en este diario, en una Patagonia hipermercantilizada, aquellos que han logrado crear un Estado dentro del Estado no son precisamente los mapuches, a los cuales se los condena a vivir en la pobreza, sino esos poderosos apellidos de los super-ricos como Benetton -el mayor latifundista del país- o el del ya citado  Lewis, quienes crean sus propias reglas, por encima de la ley nacional.

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país. Sino que, además, atrasa la discusión varias décadas pues viola legislación internacional, nacional y provincial, que lleva vigente ya más de 30 años (la propia Constitución Nacional –art. 75 inc. 17- y el Convenio 169 de la OIT, entre muchas otras normas). En función de esta normativa es que el pueblo mapuche, como otros de los tantos pueblos indígenas que habitan la Argentina y de tantos otros países de América Latina, demanda el reconocimiento de su cultura, su lengua y territorio, proponiendo como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional que los contenga. 

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país.

Tampoco es que dicha declaración como “sitio sagrado”, asociado a un pueblo originario, sea único en el mundo. Incontables son los casos y la legislación internacional, muy extensa. Por ejemplo, en Colombia existe un decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen.

Este decreto de 2018 fue resultado de un acuerdo entre los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el gobierno derechista de Santos. Agreguemos a esto que, al mismo tiempo que el Gobierno argentino revocaba de manera vergonzosa la declaración en relación al volcán Lanín y la derecha mediática y política se alineaba en las descalificaciones; en Colombia, Gustavo Petro y Francia Marquez participaban de una ceremonia ancestral, de asunción de cargos, poco antes de la asunción oficial, junto a los pueblos indígenas que habitan Sierra Nevada, su sitio Sagrado.

Por su parte, en Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2012, cinco agencias federales (los Departamentos de Defensa, Interior, Agricultura, Energía y el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica (ACHP) firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la protección y el acceso de los indígenas a sitios sagrados a través de la coordinación y colaboración entre agencias. Ya en 1996, la legislación federal reconocía los sitios sagrados indígenas.

En Bolivia los sitios sagrados más conocidos se encuentran en Uyuni, en Potosí; en el Volcán Thunupa de Oruro; en Peñas y la Isla del Sol de La Paz, en Waraco Apacheta de El Alto; en el parque Piñata de Pando y Tarija. De hecho, ya en 2006 Evo Morales asumió ante las autoridades originarias también en el sitio sagrado de Tiahuanacu. 

Como destaca la legislación mexicana, “Los sitios sagrados son parte importante del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio”.

En México existen aproximadamente 45 sitios sagrados correspondientes a 18 pueblos originarios. En el estado de Baja California existen  sitios sagrados de los pueblos indígenas cochimí, kumiai, paipai y cucapah; en Sonora, sitios de los tohono-o’otam, comca’ac y yoreme (mayos); en Sinaloa, al pueblo indígena yoreme; en Nayarit y Jalisco, del pueblo wirrarika (huichol); en San Luis Potosí existen sitios correspondientes a los pueblos indígenas teenek, nahua, wirrarika y pame; en Michoacán, al pueblo indígena purépecha; en Morelos y Guerrero, al pueblo nahua; en Hidalgo, al pueblo ñhañhu (otomí); en Veracruz, al pueblo totonaco; en Oaxaca, a los pueblos ñuu savi (mixteco), ben’zaa (zapoteco) y ha shuta enima (mazateco), y en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al pueblo maya.

Tampoco en Argentina esto aparece como una excepción. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), basado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce sitios sagrados asociados a los pueblos indígenas “referidos a la identidad y la integridad cultural, a los recursos culturales que forman parte de su territorio y hacen a su vida como pueblo y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses que les afecten”.

En lo que va de 2022, ya se han declarado diez sitios sagrados de forma oficial, con el objetivo de recuperar una parte fundamental de la identidad y memoria de los pueblos originarios. Desde Las Grutas, donde hay un cementerio ancestral de más de 6000 años, a Napalpí, lugar de la masacre contra los pueblos Qom y Moqoi (declarado crimen de lesa humanidad) hasta el lugar donde fuera enterrado un personaje histórico como Ceferino Namuncurá. 

En respuesta a la marcha atrás del gobierno, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado, del cual transcribimos dos párrafos:

“…INFORMAMOS a la sociedad de la región y del mundo que al igual que nosotros valora la presencia de nuestro Pijan Mawiza Volcán Lanín, que la declaratoria de Sitio Sagrado no cierra puertas. Por el contrario abre nuevas puertas como es incorporar un nuevo valor a todo lo que conoce y disfruta la sociedad argentina. A lo paisajístico, científico, turístico se agrega todo el potencial cosmogónico mapuche que hasta hoy no se conoce. ¿Alguien se animará a oponerse a esta valoración cuando es parte de la identidad de la región?”

Por último, y de acuerdo a lo expresado por el gobierno federal, la nueva convocatoria que realizará debe apuntar a respaldar el reconocimiento de “LANIN SITIO SAGRADO del PUEBLO MAPUCHE”. Es urgente que tanto Nación como Provincia dejen de utilizar los derechos del pueblo mapuche como moneda de cambio y se decidan a salir de la ilegalidad de no cumplir con un marco normativo y constitucional al que están obligados respetar. De allí ya no retrocedemos porque es una vergüenza como se suceden los gobiernos y administraciones y siguen acumulando deudas con el pueblo Mapuche….“

Confederación Mapuche de Neuquén

En esa línea, la significación de esta declaración sobre el volcán Lanín como sitio sagrado es también una propuesta de interculturalidad que nos abre la puerta hacia otras miradas sobre la naturaleza, no occidentales, en un momento de colapso ambiental y emergencia climática. Se trata de una mirada que postula un horizonte relacional y espiritual, que puede servirnos de punto de partida para afrontar y salir de la crisis socioecológica que atravesamos. 

Finalmente, tengamos en cuenta que en esta campaña anti-indígena no hay solo ignorancia y una ausencia total de mirada comparativa. No solo es falta de coraje y fragilidad de convicciones en sostener una declaración trabajada, en diálogo intercultural y durante años, entre el Estado Nacional y las comunidades indígenas. Luego del genocidio perpetrado por el ejército argentino, en el siglo XIX, gran parte de los pueblos indígenas fueron empujados a territorios considerados zonas marginales o de fronteras.

Pero, desde hace un tiempo esos territorios han sido revalorizados por el capital, en función de la expansión de la gran minería, la explotación petrolera (Vaca Muerta), la frontera agropecuaria y los megaemprendimientos turísticos y urbanísticos, los latifundios, entre otros. Eso hace que hoy, nuevamente, los mapuches se encuentren en el ojo de la tormenta. Su demonización está directamente ligada al nivel de desafío que éstos representan respecto del mandato extractivista, pues en tanto pueblo originario estos tienen otra relación con la tierra y la naturaleza, que cuestiona su mercantilización. 

En fin, el rechazo de esta declaración del Volcán Lanin como sitio sagrado mapuche, atrasa la discusión sobre la interculturalidad, y golpea contra la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza. Asimismo, alienta el discurso de odio y de discriminación contra un pueblo originario. Ante esta campaña racializada, el verdadero desafío es no tener miedo de emprender una batalla cultural para romper con las visiones y discursos demonizantes. No podemos permanecer indiferentes, necesitamos un compromiso decidido de parte de la sociedad en apoyo a los pueblos indígenas. Debemos tender puentes, desmontar mitos y falsedades, descolonizar nuestras mentes y palabras, para comenzar a saldar la enorme deuda histórica que el Estado nacional y gran parte de nuestra sociedad tenemos hacia los pueblos indígenas. 

MS/EV

Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza

Lanzamiento del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con organizaciones de la región, lanzamos el Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza. Llevamos a cabo la propuesta lanzada en Glasgow, Escocia, durante la Conferencia de las Partes 26 y creamos una plataforma mundial de impulsores de Derechos de la Naturaleza. Personas independientes, parlamentarios, Diputados/as, Concejales y funcionarios públicos unen fuerzas para impulsar este paradigma no antropocéntrico.

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Con base en las cosmovisiones de los pueblos indígenas que asumen que todas las comunidades humanas son parte de la Naturaleza, avanzamos en el marco jurídico y regulatorio que necesitamos para avanzar hacia una sociedad con justicia ecosocial. Todos los seres humanos y no humanos estamos interconectados e interrelacionados en una comunidad que necesita practicar la complementariedad, la reciprocidad y la cooperación para mantener el equilibrio dinámico de la Naturaleza.

VIVO DEL LANZAMIENTO

“Promover la elaboración y ejecución de políticas pu´blicas, programas, presupuestos y proyectos que contribuyan al avance efectivo de los Derechos de la Naturaleza.”

Propuesta del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza

Los Derechos de la Naturaleza son un proceso en construcción que se nutre de los
saberes ancestrales indígenas y de otras comunidades tradicionales, y de corrientes
científicas, éticas y jurídicas para forjar una visión alternativa frente a la crisis sistémica de la comunidad de la Tierra.

Declaración del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza:

Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan de la
misma fuente de existencia. Así como los seres humanos tienen derechos humanos,
todos los demás seres de la Madre Tierra también tienen derechos, que son
específicos a su condición y apropiados para su rol y función dentro de las
comunidades en las cuales existen.

Conferencia de prensa desde la Amazonía del Tribunal Internacional de los #DerechosDeLaNaturaleza.
Conferencia de prensa desde la Amazonía del Tribunal Internacional de los #DerechosDeLaNaturaleza.

Transmisión en vivo de la Asamblea Mundial por la Amazonía

La defensa de las cosmovisiones, la cultura y el territorio de los pueblos tradicionales y
comunidades locales deben ir de la mano con la ciencia, la ética y el propio concepto
de los Derechos de la Naturaleza, adoptándolos como el norte de la concepción e
interpretación de este nuevo paradigma como propuesta alternativa.

Firmas del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza
Organizaciones que integran el Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza
Megafábricas de cerdos

Declaración: América sin megafábricas de cerdos

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🔺 ¿Por qué y cómo avanzan las fábricas porcinas en América Latina? 🔺

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Desde Homún, Yucatán, México, pueblo maya que ha logrado la suspensión de operaciones de una mega fábrica de 49 mil cerdos, comunidades indígenas y campesinas en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, ambientalistas, personas expertas y de la academia de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México suscribimos esta Declaración en donde exigimos el cese de la expansión de las mega fábricas de cerdos en el continente.
Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal.
Las operaciones de las mega fábricas de cerdos violan el derecho a la salud de las personas y de las comunidades, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la integridad personal, los derechos laborales, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a la información y la participación al dañar el medio ambiente de manera irreparable.
Estas mega fábricas producen una gran cantidad de desechos tóxicos y orgánicos que contaminan los suelos, el aire y el agua. Cuando los residuos de las mega fábricas de cerdos se descomponen, liberan sulfuro de hidrógeno, amoníaco y cientos de compuestos orgánicos volátiles,[1] además de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero [2] a la atmósfera.
Los olores y la pestilencia causan náuseas, dolores de cabeza, mareos, secreción nasal, picor de garganta, ardor en los ojos, tos y dificultad para respirar.[3] Además, afectan la salud respiratoria de las personas que viven cerca de estas instalaciones y se asocian a enfermedades respiratorias, como el asma en la niñez.
Las mega fábricas de cerdos también usan grandes cantidades de agua: solamente para producir un kilogramo de carne emplean 6 mil litros del líquido. Por otro lado, la contaminación que genera esta industria en el agua puede perjudicar a los seres humanos, a la fauna y al medio ambiente.[4]
Es decir, el almacenamiento y la eliminación de los residuos de las megafábricas de cerdos contamina las aguas superficiales, subterráneas (pozos y cenotes y otras fuentes de donde las comunidades obtienen agua), e incluso los océanos, con heces y orines.
El exceso de nutrientes en los residuos de las megafábricas se asocia a la proliferación de algas nocivas en las aguas superficiales, en las rías y lagunas donde se reproducen las especies marinas necesarias para la subsistencia de las comunidades pesqueras. Esta contaminación puede matar a los peces [5] y causar molestias en el tracto gastrointestinal e infecciones de la piel, los ojos y los oídos en los seres humanos.[6] Además, la contaminación del agua puede ocasionar enfermedades como defectos de nacimiento y a casos de metahemoglobinemia, o “síndrome del bebé azul”[7] hipertiroidismo y diabetes insulinodependiente.[8]
Las condiciones de hacinamiento en las que viven los cerdos deprimen su respuesta inmune y facilitan la transmisión de enfermedades. Por ello, los animales son sometidos a una alta cantidad antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Esta exposición constante a altas dosis de antibióticos favorece el desarrollo de genes de resistencia a dicho antibióticos por parte de las bacterias. Además, las condiciones de hacinamiento pueden provocar nuevas infecciones y potenciales pandemias.
Las operaciones de estos recintos industriales también amenazan el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales de los pueblos indígenas y campesinos. Estas mega fábricas se establecen de forma desproporcionada en comunidades indígenas y afroamericanas, violando su derecho a la libre determinación, sin acceso a la información, sin evaluaciones de impacto ambiental y social, y sin su consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Lo anterior, representa una forma del colonialismo ambiental. Ante el abandono del gobierno, y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos provocados por la operación de mega fábricas de cerdos a los pueblos y comunidades, las y los firmantes señalamos firmemente que tenemos el legítimo derecho a organizarnos y defendernos.
Este modelo agroindustrial genera despojo territorial, desplaza otras formas de vida, el patrimonio biocultural y afecta de forma negativa la vida comunitaria. Cuando las comunidades exigen sus derechos se encuentran con la falta de información y de transparencia de la industria, y, en ocasiones, con la represión. Las violaciones a los derechos humanos se dan con la aquiescencia y complicidad de los gobiernos de todos los niveles, en un contexto de captura corporativa de Estado por parte de las empresas de la carne.
La organización de las megafábricas de cerdos en una economía vertical además desplaza otras formas de producir alimentos, incluso carne. El modelo de las mega fábricas de cerdos requiere una gigantesca cantidad de agua potable, soja, maíz y cereales para alimentación animal. Por ello, profundiza el modelo de agronegocio basado en monocultivo, muchas veces transgénico, con devastadoras consecuencias para los territorios (fumigaciones con agrotóxicos, deforestación, muerte de abejas y polinizadores y acaparamiento de tierras). Un aspecto alarmante es que el modelo de producción de alimentos cada vez se aleja más de la ganadería y agricultura sostenibles, en los que cada pueblo pueda producir y acceder a alimentos de una manera culturalmente adecuada, conforme a los cultivos y a la alimentación ancestral y la agroecología, lo cual es la base de la soberanía alimentaria.
Ante los graves impactos y las violaciones a los derechos humanos de las personas y la naturaleza, exigimos que se frene la alarmante expansión de las mega fábricas de cerdos a nuestros países impulsada por acuerdos comerciales, subsidios e incluso bancos de desarrollo. En este sentido, le exigimos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, bancos y donantes y a las instituciones internacionales que:
● No otorguen más permisos para este tipo de industria ¡Ni una mega fábrica de cerdos más!
● El cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos que se encuentran operando
● No subsidien este modelo agroindustrial e inviertan en una agricultura que garantice la soberanía alimentaria mediante la agroecología, el cultivo y la alimentación ancestral
● Respeten el derecho a la libre determinación, a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria porcícola
● Se respete el principio de precaución y prevención frente a las mega fábricas de cerdos

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PRIMERAS ADHESIONES
Suscriben:
Acción Ecológica
Agua para todos, agua para la vida
Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN)
ARTICLE 19, Oficina México y Centroamérica, A. C.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Atención Comunitaria U Yutzil Kaaj
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil
Center for Biological Diversity
Che’en Kuxtal
Co’ox Mayab
Colectivo de Derechos Humanos Yopoi
Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-ja”
Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Greenpeace México, A. C.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Kanan Derechos Humanos, A. C.
Kanan Lu’um Chapab
Kanan Ts’ono’ot, Guardianes de los cenotes
La Esperanza de Sitilpech
Mundo y Conciencia, A. C.
Museo del Hambre
Observatorio para la Defensa del Territorio Maya
Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán
Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)
Red de Apoyo Comunitario (Redacom), Yaxkukul
Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Slow Food Chile
Universidad Andina Simón Bolívar
Waterkeeper Alliance

10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos

10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina

A fin de informar a la opinión pública, hemos elaborado  un libro colectivo cuyo título es  “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan  instalar en Argentina”.

En dicho texto se analizan los impactos sociales, ambientales, sanitarios y económicos de las megafactorías  de cerdos. También las resistencias a nivel mundial, su relación con la zoonosis y las pandemias. Hasta las razones de por qué en realidad estamos frente a una falsa solución, un modelo de maldesarrollo que en nada ayudará a la recuperación del país.   

Nuestro propósito es caracterizar y analizar las consecuencias e impactos que tienen estos agronegocios, a fin de prevenir a la sociedad con información que no está
expuesta públicamente. Y aun cuando tiene implicancias muy significativas en términos
de políticas públicas. La evidencia que arrojan las experiencias en funcionamiento, hace
tiempo justifica la preocupación y estimula la investigación que aquí se presenta.

Así, trata de un escrito de urgencia, que apunta a contribuir a la apertura de un debate público, plural y democrático e interpelar a los sectores que defienden tal proyecto. Quienes sostenemos una postura crítica frente a este modelo productivo sabemos que nos encontramos ante una problemática compleja, con muchas capas y aspectos controversiales.

A modo de advertencia cabe agregar que, más allá de la indudable unidad que presenta este texto, cada uno de los mitos y verdades puede ser leído de modo independiente. En el orden que deseen, y según el interés de lxs lectorxs. Lo único que garantizamos es que, más allá del orden rayuelístico escogido para la lectura, el resultado será siempre el mismo.

Este libro de descarga y difusión gratuita, que cuenta con las ilustraciones de: María Alcobre, Che Alejandra, Ezequiel García, Isol, Mariana Ruíz Johnson, Maitena, Power Paola, Daniel Paz, Gabriel Serulnicoff y Tute. Es el resultado del trabajo colectivo de Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Maristella Svampa y Enrique Viale.

Los pinguinos magallanes

Denuncia penal ante la masacre de pingüinos magallanes en la Reserva de Punta Tombo

➡️ Ante la masacre de pingüinos en Punta Tombo, desde Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina solicitamos el inmediato embargo del bien para que el terreno forme parte de la reserva. También la incorporación de otros delitos a la denuncia penal ante el Min. Público Fiscal de #Chubut.

🌎 Estamos ante un #Ecocidio. Se generó un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración

🌿 Es precisamente por la impunidad de este tipo de crímenes que necesitamos avanzar en la implementación de los #DerechosDeLaNaturaleza y en la sanción de un proyecto de ley que incorpore los #DelitosAmbientales en un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales que estén a la altura de la presente crisis ecológica y de eventos como el de la masacre de pingüinos.

Fumigar

La justicia imputó penalmente a un productor agropecuario por fumigar con agrotóxicos

Ante las sistemáticas fumigaciones desde 2015 a una familia. 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con Capibara NDS y la Multisectorial Paren de Fumigarnos comunicamos que el pasado martes 26 de octubre, la justicia imputó a un productor agropecuario por ser penalmente responsable de fumigar con agrotóxicos a Norma Cabrera y su familia, en la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Este sería el primer proceso en Santa Fe que podría llegar a una condena por los alcances de la Ley de Residuos Peligrosos.

Asimismo, por solicitud de la fiscalía y la querella, el juez interviniente dictó una medida cautelar ordenando el cese de la aplicación de agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana. Desde la querella se señaló que las prácticas llevadas a cabo por el productor agropecuario imputado son un fiel reflejo de un modelo de agroindustria de base biotecnológica que depende de la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos. Durante al menos 6 años, este productor aplicó agrotóxicos a sabiendas de que podría estar dañando la salud de la familia Cabrera y jamás tomó medida alguna para minimizar los riesgos o evitar que se produjeran daños sobre la salud humana o el ambiente.

Adicionalmente, argumentan que nunca se respetó la distancia mínima de la legislación provincial; las fumigaciones se realizaban sin dar previo aviso a la familia Cabrera; no se contó, en muchos casos, con la receta agronómica correspondiente; sin tener en cuenta la dirección del viento; sin importarle en lo más mínimo que inmediatamente frente al campo que arrienda y donde se aplican agrotóxicos de manera indiscriminada, viva una familia compuesta por un matrimonio, sus hijos y nietos. Sin importar que esa familia tenga en su terreno una pequeña y modesta granja para la cría de animales; sin importarle que esa familia tenga una huerta orgánica.

La denuncia de Norma Cabrera.

En 2018 presentó una denuncia penal, acusando al productor aplicador terrestre de los herbicidas agrotóxicos, por ser responsables de la auténtica pesadilla toxicológica y sanitaria, que se suma a una persecución y hostigamiento político por parte de la Municipalidad de Cañada de Gómez.

Las fumigaciones comenzaron en noviembre de 2015 y hasta el día de la fecha. Tanto el Municipio como la Fiscalía local no han tomado intervención ante la amenaza a la salud de la familia Cabrera, su granja y el ambiente. Se han ocasionado graves daños en la salud de Norma Cabrera, su esposo, hijos, y nietos, provocando a su vez el fallecimiento de sus animales de granja y la pérdida de sus huertas de hortalizas.

A lo largo de los últimos 3 años, la investigación penal ha producido significativos avances gracias al compromiso de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ha presentado evidencia que respalda las denuncias realizadas por Norma Cabrera y su familia. Al menos 10 episodios de fumigación, la mayoría de ellas, con apenas 15 metros de distancia entre el límite del campo del productor y el hogar de la familia Cabrera.

Se realizaron extracción de muestras de sangre, tierra y agua que, tras ser debidamente analizadas en laboratorios revelaron la presencia de glifosato en el cuerpo de Norma Cabrera, en la tierra y el agua de la casa.Es por todo lo anterior que la fiscalía y la querella decidieron solicitar la imputación al productor en razón de la cuantiosa evidencia aportada y producida a lo largo de la investigación penal.

Concretamente, el hecho imputado haber envenenado, adulterado y contaminado, de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera y el ambiente en general, en calidad de autor. Desde la fiscalía y la querella solicitamos una medida cautelar donde se le ordena al productor el cese de aplicación de productos fitosanitarios de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros contados desde el límite de la zona urbana.

Ley de Envases

Rechazo a amenazas a la Ley de Envases

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, comunicamos nuestra adhesión total al Proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social (Ley De Presupuestos Mínimos De Gestión Ambiental De Envases Y Promoción Del Reciclaje Inclusivo) presente en la Cámara de Diputados y con un reciente dictamen favorable de la comisión. Acompañamos a las organizaciones socioambientales de cartoneros y cartoneras que impulsan este proyecto que forma una política integral para la problemática del envasado. 

A su vez rechazamos taxativamente las injerencias de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) por tratarse de intereses privados que representan un atraso en la concepción de entender la justicia social y ambiental dentro del territorio argentino. 

En la actualidad existe una producción diaria de 50.000 toneladas de residuos, cuyo destino termina siendo sistemas ecológicos ya de por sí vulnerados, como las cuencas hídricas o los ecosistemas marinos.

A su vez la problemática presente en los rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto es de una precariedad extrema, ya que las consecuencias ecológicas y sanitarias impactan con aún mayor fuerza y crudeza a las poblaciones más vulnerables. La mayor parte de estos residuos son envases que se descartan luego de consumidos los productos, lo cual deriva en que los productores de los mismos no se responsabilicen de su tratamiento posterior.  Gran parte de esta responsabilidad se encuentra depositada hoy en día en casi 150.000 trabajadores y trabajadores del reciclado informal. 

La responsabilidad extendida del productor y la creación de fondos específicos para manejo de los residuos, es parte del marco jurídico y regulatorio necesario para avanzar hacia una transición socioecológica ya que reduce la cantidad de envases, promueve el análisis del ciclo de vida entero de los envases, el compromiso a lo largo de toda la cadena de uso, incluye a los y las trabajadores y trabajadores del reciclado y mejorará las condiciones ambientales de las zonas de sacrificio que hoy representan los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios. 

Derechos de la Naturaleza

🌿 Derechos de la Naturaleza en Mendoza

➡️ Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, estaremos presentando el Proyecto de Ley: “Los Derechos de la Naturaleza en la Provincia de Mendoza, Argentina”.

Necesitamos reconocer este valor para acercarnos a las formas de entender el ambiente, la naturaleza y los ecosistemas por su valor propio, independientes de los valores otorgados por los seres humanos. Descargá al Proyecto de Ley:

Sin perjuicio de que la iniciativa aludida corresponde a un parlamento federal, desde nuestro despacho realizamos los ajustes correspondientes a los fines de promover la presente iniciativa en el ámbito legislativo de la provincia de Mendoza. Hasta la fecha, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, se han presentado iniciativas en el mismo sentido.

También tomamos conocimiento de que las provincias de Neuquén, Entre Ríos y Córdoba, como así también otros distritos municipales, va camino a presentar sus propios proyectos.

Asimismo, este proyecto recoge los aportes de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) , en el marco de una campaña sobre derechos de la naturaleza que tiene, entre otros objetivos, promover legislación que reconozca los derechos de la naturaleza en la república argentina.

Por los motivos que expondremos a continuación, entendemos que resulta oportuno iniciar la senda por el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, desde la Cámara Senadores y Senadoras de la Provincia de Mendoza