La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denuncia el incumplimiento flagrante de la medida cautelar que ordena la suspensión total de desmontes en la provincia del Chaco. Presentaron pruebas contundentes sobre dos desmontes ilegales realizados los días 25 y 27 de agosto, pese a la prohibición judicial vigente.

En el marco de la megacausa por la Mafia del Desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de la mafia del desmonte en la provincia de Chaco. A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del gobierno provincial. Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el Tatú Carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que este aporta para su subsistencia y vida digna. Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región.

La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.

Este amparo se basa en la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. Según dicha ley, el desmonte es definido como cualquier actividad humana que transforme el bosque en otra forma de uso del suelo, causando graves impactos ambientales y sociales. La medida es clara: los desmontes están estrictamente prohibidos durante 90 días para permitir una evaluación de los daños y evitar mayores perjuicios.

A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo. En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar.

Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente, como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio.

La Asociación también solicitó a la Justicia Federal que se tomen medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. Se ha requerido la intervención de fuerzas federales para patrullar las áreas más afectadas y la utilización de herramientas satelitales para monitorear los desmontes en tiempo real. Además, se solicita la implementación de mecanismos de control estrictos para evitar que las guías de aprovechamiento forestal sean utilizadas como camuflaje para el comercio ilegal de madera proveniente de desmontes ilegales.

Los desmontes ilegales no solo arrasan con los bosques nativos y su biodiversidad, sino que también afectan profundamente a las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas para su sustento. Las consecuencias a largo plazo incluyen la desertificación del suelo, pérdida de biodiversidad y la expulsión de las comunidades rurales de sus territorios. Estas prácticas benefician exclusivamente a un reducido grupo de megaempresarios y funcionarios, mientras el pueblo chaqueño paga el precio de la degradación ambiental.

La violación de la medida cautelar constituye un delito grave, tipificado como desobediencia en el Código Penal argentino, lo cual conlleva penas de prisión. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas hace un llamado a la Justicia para que actúe con celeridad y detenga los crímenes ambientales que continúan destruyendo los bosques del Chaco. Las imágenes y pruebas presentadas son claras y contundentes: es urgente proteger los últimos remanentes de bosque nativo y asegurar que se cumpla la ley en todo su rigor.

La sociedad está atenta y controlando. Las pruebas están sobre la mesa, y las consecuencias de no actuar serán irreversibles.