Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial anunciamos un duro golpe a la Mafia del Desmonte en Chaco La acción de ayer, desarrollada en las inmediaciones de Tres Isletas, Chaco, constituye una respuesta contundente a prácticas ilegales que vulneran las órdenes de la justicia. Esta intervención, fruto de la presentación judicial interpuesta al constatar el incumplimiento de la medida cautelar, envía un mensaje claro: la desobediencia frente a una orden judicial no quedará impune.

El operativo, coordinado por la Justicia Federal, se efectuó en un predio próximo a la localidad de Tres Isletas, en Chaco. Durante la inspección, los operarios reconocieron estar ejecutando tareas de desmonte en beneficio del Sr. Roberto Nardelli, lo que evidenció la infracción denunciada y validó la intervención legal. Esta confesión, que encaja de forma precisa en la denuncia realizada, valida la acción del Estado para frenar actividades que afectan directamente la integridad del monte.

En una medida sin precedentes, se procedió al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking, maquinaria vinculada a múltiples desmontes en los últimos años. La incautación de este equipo no solo detuvo la actividad en el acto, sino que también marca el inicio de un proceso judicial que sancionará la transgresión cometida. Para quienes no están familiarizados con el lenguaje legal, se trata de que la autoridad, al percibir el incumplimiento de una orden de no intervención, ha procedido a retirar la maquinaria de la operación, evidenciando la aplicación efectiva de la ley.

La violación de la medida cautelar implica, en términos simples, el no acatar una orden emitida por la justicia destinada a evitar daños irreparables en el monte. La acción judicial emprendida se sustenta en los conceptos de desobediencia y daño, términos que en lenguaje llano significan que quien infringe la norma no solo desatiende una orden, sino que genera perjuicios en el territorio. Esta claridad jurídica permite que la ciudadanía comprenda las implicancias de tales actos y se comprometa con la defensa de nuestro entorno natural.

El operativo de ayer no es un hecho aislado, sino el reflejo de un accionar coordinado entre organismos judiciales y la sociedad civil. La determinación de detener la labor del desmonte y de secuestrar la topadora envía un mensaje contundente a aquellos que pretenden evadir la ley para lucrar a costa del monte. Cada acción en este sentido es un paso firme para recuperar el control sobre nuestro territorio, en el que la fuerza del accionar colectivo se impone frente a intereses privados.

Esta intervención judicial pone en evidencia la eficacia del trabajo coordinado entre la justicia y los ciudadanos comprometidos con la defensa del monte nativo. La participación activa de quienes, desde diversos ámbitos, se suman a la denuncia de actos contrarios a la ley, demuestra que la protección del territorio es una lucha compartida. En este sentido, la acción de ayer es una muestra de cómo la presión social y la vigilancia constante se traducen en medidas concretas que protegen lo que es de todos.

El secuestro judicial de la Topadora LD160 Lonking establece un precedente importante: la impunidad no es una opción. La clara tipificación de desobediencia y daño abre la puerta a la aplicación de sanciones firmes, lo que refuerza el compromiso de las instituciones de garantizar que se cumplan las normas que protegen nuestro monte. Este proceder no solo refuerza la autoridad de la ley, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en un accionar justo y transparente.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas entendemos que la defensa del territorio es tarea de todas las personas. La acción de la Justicia Federal, sumada a la denuncia ciudadana, convierte a cada actor social en un guardián del monte. Es la unión y la conciencia colectiva lo que posibilita la construcción de un frente común que rechaza las prácticas destructivas y exige el respeto irrestricto de la ley.

Hacemos un llamado a periodistas, activistas y a toda la ciudadanía comprometida con la protección del territorio a seguir informando y denunciando hechos que atenten contra la integridad del monte. La transparencia y la responsabilidad son pilares indispensables para que la justicia actúe con firmeza y eficacia. Cada noticia, cada denuncia, fortalece el marco jurídico que hoy respalda una acción decisiva contra el desmonte ilegal.

La intervención de ayer es una victoria compartida y un incentivo para redoblar esfuerzos en la defensa de lo que es patrimonio que la ciudadanía tiene que proteger. Con la convicción de que la justicia se fortalece cuando se ejerce de manera colectiva, invitamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y a sumar sus voces en esta lucha. Sigamos adelante con determinación, conscientes de que cada acción cuenta para preservar la integridad del monte y el futuro de nuestro país.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas