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Petróleo en Malvinas: presentamos una acción judicial para frenar el proyecto británico-israelí y proteger nuestras islas y territorio marítimo de la explotación petrolera

El ilegal proyecto pretende instalar una explotación petrolera de gran escala sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Solicitamos a la Justicia Federal que suspenda las obras, detenga su financiamiento y ordene un embargo preventivo contra las empresas responsables.

Tierra del Fuego / Buenos Aires, 2 de septiembre de 2026

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentamos una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum Development (israelí).

La demanda busca frenar el proyecto de petróleo y gas Sea Lion que pretende avanzar en la Cuenca Malvinas Norte sin haber realizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación argentina y sin autorización de las autoridades nacionales.

La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia territorial sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además de la suspensión inmediata de las obras, solicitamos detener las operaciones financieras destinadas al proyecto y disponer un embargo preventivo por 156.432.000 dólares sobre los bienes y activos de las empresas demandadas.

Malvinas Acción Descarga

Dónde se encuentra el proyecto de petróleo en Malvinas

El proyecto León Marino se encuentra sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b.

Mapa esquemático que muestra la localización del pretendido proyecto frente a la costa patagónica argentina, las Islas Malvinas, Puerto Argentino y la ubicación aproximada a 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Su infraestructura se distribuye entre el área marítima de la Cuenca Malvinas Norte y distintas instalaciones terrestres proyectadas en las islas. El centro logístico se localizaría en Puerto Argentino, donde las empresas prevén ampliar instalaciones portuarias y construir depósitos, oficinas, viviendas para trabajadores y plantas destinadas al almacenamiento de combustibles, productos químicos, lodos de perforación y otros insumos industriales.

Las dos primeras fases contemplan 23 pozos submarinos: 16 pozos productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas. También incluyen colectores, cañerías, equipos de control sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.

Navitas informa que la primera etapa comprende 11 pozos y que otros 12 se incorporarían en una segunda fase. La compañía proyecta iniciar la producción en 2028 y mantenerla durante más de 30 años. La propia empresa ubica el yacimiento a 220 kilómetros al norte de las islas.

Durante 2026 comenzaron las obras sobre el muelle y la base terrestre. Las empresas también avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que operaría en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027 y la primera extracción de petróleo para el primer semestre de 2028. Rockhopper informó públicamente el inicio de estos trabajos.

En enero de 2026,desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía.

Las respuestas oficiales confirmaron que Rockhopper y Navitas no realizaron las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.

La evaluación ambiental previa permite conocer los riesgos, exigir estudios independientes, establecer medidas de prevención, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana. Ninguno de esos procedimientos fue realizado ante las autoridades argentinas. Las autorizaciones emitidas por la administración colonial británica no sustituyen el cumplimiento de las leyes argentinas ni pueden disponer legítimamente sobre los bienes naturales, llamado recursos naturales en nuestra ley, de la plataforma continental argentina.

Es de importancia también destacar que Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades fueron consideradas ilegales por la Secretaría de Energía en 2012. En 2013 fue inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022.

La Cancillería argentina también rechazó en diciembre de 2025 la decisión de inversión anunciada por ambas compañías. Sostuvo que el proyecto no cuenta con autorización argentina y que las actividades unilaterales de exploración y explotación contradicen las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía. El comunicado oficial de Cancillería reafirma que ambas empresas ya fueron sancionadas.

Los ecosistemas del Mar Argentino que están amenazados

El proyecto de petróleo en Malvinas afecta de manera directa a dos ecorregiones reconocidas oficialmente por Argentina: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Su área de influencia también se conecta ecológicamente con la Antártida.

La ecorregión Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y sostiene una enorme productividad biológica. Allí viven, se reproducen o se alimentan alrededor de 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.

Las obras previstas implican perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito permanente de embarcaciones, ruido submarino, descargas operativas, utilización de sustancias químicas y riesgo de derrames. Sus efectos pueden extenderse mediante las corrientes marinas y afectar áreas de alimentación, reproducción y migración utilizadas por especies que se desplazan entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Las instalaciones de Puerto Argentino agregan impactos terrestres y costeros vinculados con la ampliación portuaria, el almacenamiento de combustibles y químicos, la generación de residuos, el aumento del tránsito y la construcción de infraestructura industrial. Ambos componentes forman un único sistema extractivo y deben ser evaluados de manera integral.

La medida cautelar presentada solicita:

Suspender inmediatamente las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino relacionados con León Marino y los bloques adyacentes.
Impedir que las empresas celebren nuevos contratos, reciban desembolsos, realicen transferencias o constituyan garantías destinadas a continuar el proyecto.
Ordenar un embargo preventivo de 156.432.000 dólares sobre bienes y activos de Rockhopper y Navitas.
Informar sobre la causa a los organismos de control financiero y mercados donde operan las empresas.
Exigir que las compañías identifiquen a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores que financian la explotación.
Declarar que las licencias y autorizaciones emitidas por la administración colonial británica no pueden reemplazar las autorizaciones exigidas por Argentina.

La soberanía también implica la capacidad de proteger los territorios, controlar las actividades extractivas y prevenir daños. El avance del petróleo en Malvinas priva al Estado argentino y a la sociedad de la posibilidad de conocer, evaluar y decidir sobre un proyecto que pretende explotar durante décadas recursos naturales pertenecientes a la plataforma continental argentina.

En enero de 2022 la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a organizaciones ambientales y asambleas iniciaron la acción judicial contra la exploración petrolera offshore autorizada por el Estado nacional en el Mar Argentino, costas afuera de Mar del Plata. Presentaron un amparo climático contra la Resolución 436/2021 que otorgó la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto Adquisición Sísmica 2d-3d-4d Offshore” de Equinor-YPF. En esa causa se consiguió una medida cautelar que paralizó las actividades sísmicas durante más de 600 días, constituyendo un hito sin precedentes en la historia judicial ambiental argentina.
En esa causa interpelamos el avance de la actividad hidrocarburíferas sobre áreas de enorme biodiversidad sin una evaluación integral de sus impactos acumulativos sobre los ecosistemas marinos. Ambas acciones forman parte de una misma defensa del Atlántico Sur frente a la expansión de la frontera petrolera, tanto dentro de las áreas autorizadas por Argentina como en los espacios marítimos ocupados ilegítimamente por el Reino Unido.

Frente al comienzo de las obras y la proximidad de las perforaciones, la intervención judicial debe ser inmediata. Una vez producidos, muchos de los daños sobre los ecosistemas marinos pueden resultar irreversibles o extremadamente difíciles de reparar.

Contactos de prensa

Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM): Ernesto Alonso +54 9 2214 20-7449
Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM): Jerónimo Guerrero Iraola +54 9 2215 07-2123
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas: Enrique Viale +54 9 11 5120-7518

Sobre las empresas: sancionadas en Argentina y con antecedentes contra regulaciones ambientales

Rockhopper Exploration es una petrolera británica, constituida en Inglaterra y Gales, con sede en Salisbury y cotización en el mercado AIM de la Bolsa de Londres. Información corporativa de Rockhopper. En Argentina fue declarada clandestina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional. En 2013, la Secretaría de Energía la inhabilitó durante 20 años para operar en el país. Pese a esas sanciones, continúa participando del proyecto León Marino y conserva el 35 % de la explotación. Resolución de inhabilitación.
Navitas Petroleum es una petrolera israelí, con sede en Israel y cotización en la Bolsa de Tel Aviv. Controla el 65 % del proyecto mediante Navitas Petroleum Development and Production Limited, una subsidiaria constituida en el Reino Unido. El Estado argentino le advirtió formalmente que debía abstenerse de financiar y participar en actividades petroleras no autorizadas alrededor de Malvinas. La empresa decidió seguir adelante: en 2022 fue declarada clandestina e inhabilitada durante 20 años para operar en Argentina. Información oficial sobre la sanción.

COMARSA case: one of Neuquén’s largest oil waste dump cases will go to public trial

A court in Neuquén has ordered the COMARSA case to proceed to a public oral trial over the accumulation of more than 300,000 cubic meters of hazardous waste generated by the oil and gas industry, including fracking operations. During the pre-trial hearing, most of the evidence submitted by the Argentine Association of Environmental Lawyers (AAdeAA) was admitted.

The case will be heard by a panel of judges. At the same hearing, the judge dismissed the fraud charge and ruled that he did not have jurisdiction to decide whether the case should be heard by a jury. AAdeAA has been pushing for a jury trial because of the scale of the environmental damage involved and the broader public significance of the case.

The case investigates the illegal accumulation of more than 300,000 cubic meters of hazardous waste produced by the oil and gas industry at COMARSA facilities in the Neuquén Oeste Industrial Park.

Waste generated by hydrocarbon operations was deposited on land without proper impermeable lining. The case examines impacts on the atmosphere and on land located in an area designated for the urban expansion of the city of Neuquén.

This is one of the most serious pollution cases linked to the oil industry in the province’s history. The case brings into public debate a dimension of the Vaca Muerta development that is often overlooked: oil and gas extraction also generates enormous volumes of hazardous waste that must be properly treated and controlled, and whose impacts must be repaired when damage occurs.

During the pre-trial hearing, the court admitted most of the evidence submitted for the oral proceedings.

Some witnesses were excluded because the court considered their testimony redundant. One piece of evidence was also excluded because professional confidentiality had not been formally waived.

The judge ultimately ordered the case to proceed to a public oral trial before a panel of judges.

At the same time, the court dismissed the fraud charge that had also been under investigation. The case will therefore move forward to trial over the alleged pollution caused by hazardous oil and gas waste.

One of the central arguments put forward by the Argentine Association of Environmental Lawyers is that a case of this magnitude should be decided by a popular jury. The Environment and Natural Resources Foundation (FARN) and the Institute for Comparative Studies in Criminal and Social Sciences (INECIP) were previously admitted by the Superior Court of Justice of Neuquén as amicus curiae, or “friends of the court,” and supported this position.

Both organizations argued that public participation in the administration of justice is particularly important in cases involving collective rights and impacts affecting entire territories. A jury brings a plurality of experiences, perspectives and social backgrounds into proceedings concerning harms that go far beyond a dispute between private parties.

During the hearing, however, the judge stated that he did not have jurisdiction to determine whether the case should proceed before a jury.

The question of who should judge one of Neuquén’s most significant oil pollution cases is itself a central issue. The impacts generated by the hydrocarbon industry affect collective goods and raise questions that directly concern society as a whole: what controls should apply to companies, who is responsible for hazardous waste, and how damaged territories should be repaired.

The COMARSA case exposes a structural problem of the hydrocarbon model: the enormous volume of waste generated by oil and gas extraction.

Drilling muds, drilling cuttings, contaminated soil and other hazardous materials must be transported and treated away from extraction sites. When these systems fail, the costs of the industry remain in the territories in the form of massive oil and gas waste dumps. The upcoming public trial will make it possible to openly examine responsibility for what happened at COMARSA and the scale of the damage caused.

As oil and gas extraction continues to expand in Neuquén, effective oversight, corporate accountability and mechanisms for repairing damage are essential. Vaca Muerta must also be assessed in terms of the waste and damage left behind by extraction.

The Argentine Association of Environmental Lawyers will continue to take part in the proceedings to ensure that responsibility for the pollution is determined and that the damage caused to affected territories does not go unaddressed.

Fotografía: Observatorio Petrolero Sur

Basureros Petroleros en Neuquén: la causa por uno de los mayores casos de contaminación de Vaca Muerta irá a juicio oral y público

La Justicia de Neuquén ordenó elevar a juicio oral y público la causa contra la empresa COMARSA por la acumulación de más de 300.000 m³ de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera, incluido el fracking realizado a lo largo de las actividades petrolíferas de Vaca Muerta. Durante la audiencia de la causa iniciada por la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas en el año 2020 y en la cual participan como querellantes, la mayor parte de la prueba presentada fue admitida.

El juicio se realizará ante un tribunal colegiado. En la misma audiencia, el juez resolvió el sobreseimiento respecto del cargo de defraudación y sostuvo que no tiene competencia para decidir si la causa debe tramitar mediante un juicio por jurados, una discusión que la Asociación viene impulsando por tratarse de un caso de enorme relevancia ambiental y social.

La causa investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos generados por la industria petrolera y gasífera en instalaciones de COMARSA ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste.

Los residuos provenientes de la actividad hidrocarburífera fueron depositados sobre suelo sin impermeabilización. La causa analiza los impactos producidos sobre la atmósfera y sobre tierras ubicadas en una zona destinada a la expansión urbana de la ciudad de Neuquén.

Se trata de uno de los casos de contaminación vinculados a la industria petrolera más graves registrados en la provincia. El expediente permite poner en discusión una dimensión muchas veces invisibilizada del desarrollo de Vaca Muerta: detrás de la extracción de petróleo y gas existe también una enorme generación de residuos peligrosos que deben ser tratados, controlados y reparados cuando producen daños en los territorios.

Algunos testimonios fueron rechazados por considerarse sobreabundantes y también quedó afuera una prueba respecto de la cual no se había producido el relevamiento del secreto profesional.

Por otra parte, resolvió el sobreseimiento por el cargo de defraudación que también formaba parte de la investigación. La causa avanzará, entonces, hacia el juicio por los hechos vinculados con la contaminación producida por los residuos peligrosos.

Uno de los puntos centrales es que una causa de esta magnitud debe ser juzgada mediante un jurado popular. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) fueron aceptados previamente como “Amigos del Tribunal” por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y respaldaron esta posición.

Ambas organizaciones sostuvieron que la participación ciudadana en la administración de justicia adquiere particular importancia frente a delitos que afectan bienes colectivos y territorios enteros. Un jurado incorpora al proceso una pluralidad de experiencias, miradas y trayectorias sociales para analizar hechos que exceden ampliamente una discusión entre particulares.

Durante la audiencia, sin embargo, el juez sostuvo que no tiene competencia para resolver si el caso debe tramitar mediante un juicio por jurados.

La discusión sobre quién debe juzgar uno de los casos de contaminación petrolera más importantes de Neuquén resulta central. Los daños producidos por la industria hidrocarburífera afectan bienes colectivos y abren preguntas que involucran directamente a la sociedad neuquina: qué controles deben existir sobre las empresas, quién responde por los residuos peligrosos y cómo se reparan los territorios afectados.

La causa COMARSA expone un problema estructural del modelo hidrocarburífero: la enorme cantidad de residuos que deja la extracción de petróleo y gas. Lodos, recortes de perforación, tierras contaminadas y otros residuos peligrosos deben trasladarse y tratarse fuera de los pozos. Cuando estos sistemas fallan, el costo de la actividad queda en los territorios bajo la forma de basureros petroleros de enormes dimensiones.

El avance hacia el juicio oral permitirá discutir públicamente las responsabilidades por lo ocurrido en COMARSA y la dimensión del daño provocado. Frente a la expansión de la explotación de hidrocarburos en Neuquén, garantizar controles efectivos, responsabilidades empresariales y mecanismos de reparación resulta indispensable. El desarrollo de Vaca Muerta también debe ser evaluado por los residuos y daños que deja detrás.

Carta abierta firmada por más de mil de académicos, científicos e investigadores de todo el país advierte sobre los riesgos del “Súper RIGI”

BUENOS AIRES, 19 de agosto de 2026.—

Un grupo de académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de la todo el país envió una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores de la Nación en la que expresa su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento de comisiones en el Senado. Los firmantes sostienen que la iniciativa establecería un régimen de inversiones con beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional para grandes corporaciones tecnológicas internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local, la transferencia de tecnología o compromisos concretos con el desarrollo nacional.

Según la carta, el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera” y advierte que sus efectos se profundizarían al combinarse con otra propuesta en debate: el reconocimiento de personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial. A criterio de los autores, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.

El documento también cuestiona el alcance de los incentivos fiscales previstos, al señalar que la evidencia internacional indica que las exenciones impositivas no constituyen el principal factor para definir la localización de centros de datos. Otro de los puntos planteados es el impacto ambiental potencial de estas inversiones. Los firmantes advierten que infraestructuras de gran escala vinculadas a la inteligencia artificial demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua, por lo que consideran necesario establecer regulaciones estrictas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono, especialmente en un contexto de crisis climática y estrés hídrico.

Asimismo, la carta sostiene que la cesión de competencias regulatorias en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas. Los firmantes también señalan una contradicción entre la promoción de beneficios extraordinarios para grandes empresas tecnológicas extranjeras y la situación que atraviesa el sistema científico nacional. En el documento afirman que el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos para las universidades y la pérdida de capital humano especializado debilitan las posibilidades de construir una estrategia de desarrollo tecnológico con capacidades propias.

La carta hace un llamado para que se evalúe el proyecto considerando sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo, y concluye que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero sin una renuncia permanente a las herramientas regulatorias ni comprometer las posibilidades de decisión de las futuras generaciones.

La misiva fue firmada por docentes, investigadores y miembros de las Universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), del Litoral (UNL), de Córdoba (UNC), de Río Cuarto (UNRC), de Cuyo (UNCuyo), de San Juan (UNSJ), de Salta (UNSa), de Jujuy (UNJu), de Río Negro (UNRN), del Comahue (UNCo), de Entre Ríos (UNER), de Tierra del Fuego (UNTDF), de Santiago del Estero (UNSE), de San Luis (UNSL) y de San Juan (UNPSJB), así como de universidades del conurbano bonaerense como Quilmes (UNQ), San Martín (UNSAM), Hurlingham (UNAHUR), Moreno (UNM), Avellaneda (UNDAV), Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF), y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La carta abierta asimismo está firmada por miembros de casi todas las provincias pertenecientes a organismos científicos y de investigación bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC PBA) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones.

SUPER RIGI – CARTA ABIERTA DE LA COMUNIDAD ACADEMICA Y CIENTIFICA AL SENADO (19-08-2026) FINAL Descarga

YPF se retira de áreas petroleras: presentamos un amparo para que reparen el daño antes de irse

YPF pretende salir de áreas petroleras en Chubut después de décadas de explotación, pero abandonando las responsabilidades del daño ocasionado y pretende trasladar a la Provincia reclamos posteriores. Después de un siglo de actividad petrolera, miles de pozos abandonados o inactivos, instalaciones antiguas y tareas de saneamiento todavía pendientes, especialmente en Comodoro Rivadavia, hacen que esta decisión necesite ser revertida.

Buenos Aires / Chubut, 13 de agosto de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y vecinos de Comodoro Rivadavia promovimos una acción de amparo ambiental colectivo contra el Estado Nacional, YPF y la Provincia del Chubut. Solicitamos la nulidad del acuerdo firmado el 26 de junio de 2026, que libera a YPF de responsabilidades por pozos abandonados acumulados durante décadas de explotación petrolera, y pedimos una medida cautelar urgente para suspender sus efectos mientras se tramita la causa.

El punto central de la demanda es el alcance de la llamada “liberación de responsabilidad”. A través del acuerdo, la Provincia acepta liberar de manera total e irrevocable a YPF frente a contingencias vinculadas con los pasivos ambientales de esas áreas y asumir eventuales reclamos futuros. Para la Asociación, esta decisión afecta una obligación básica del régimen ambiental argentino: quien produjo un daño debe afrontar prioritariamente su recomposición. La reparación de suelos, aguas, pozos e instalaciones contaminadas constituye una obligación vinculada a derechos colectivos y su alcance requiere establecer previamente qué daño existe, dónde se encuentra y cuánto cuesta repararlo.

La demanda cuestiona el Acta Acuerdo firmada entre la Provincia del Chubut e YPF el 26 de junio de 2026 y aprobada pocos días después por la Legislatura provincial mediante la Ley XVII N° 166. El acuerdo acompaña la transferencia de seis áreas hidrocarburíferas —El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr— y establece una contraprestación extraordinaria de USD 25 millones, además de compromisos de donación de vehículos y terrenos.

Esa es una de las principales inconsistencias. El acuerdo sostiene que las auditorías disponibles describen de manera completa la situación ambiental de las áreas. Sin embargo, distintas disposiciones de la propia autoridad ambiental de Chubut ordenaron continuar relevando pasivos que todavía no habían sido individualizados. Una de ellas estableció incluso un programa de relevamiento complementario con un plazo de hasta tres años.

Esas mismas disposiciones también dejaron asentado que la aprobación de las auditorías y de los planes de gestión ambiental requería un acto administrativo específico para autorizar cualquier liberación de responsabilidad. El Acta Acuerdo menciona como fundamento una Disposición N° 110/26 que habría cumplido esa función. Según surge de la demanda, ese documento no pudo ser localizado en los canales oficiales relevados y se solicita ahora que la Provincia lo incorpore al expediente judicial.

La acción también cuestiona la forma en que se determinó la suma de USD 25 millones. La demanda sostiene que todavía falta conocer la magnitud total del pasivo y plantea que resulta imposible establecer anticipadamente una compensación adecuada cuando siguen pendientes relevamientos esenciales. Como referencia, el escrito estima que solamente el sellado definitivo de los pozos catalogados como abandonados dentro del ejido de Comodoro Rivadavia podría representar entre USD 240 millones y USD 740 millones, utilizando costos estimados de entre USD 65.000 y USD 200.000 por pozo. La determinación definitiva deberá surgir de la prueba técnica solicitada en la causa.

El problema adquiere una dimensión particular en Restinga Alí, un área incorporada a la liberación de responsabilidad mediante la cláusula 11 del acuerdo. Restinga Alí queda fuera de la enumeración original de las seis áreas que constituyen el objeto principal del convenio y, según la demanda, tampoco tiene una contraprestación económica específicamente asignada.

Los registros oficiales de la Secretaría de Energía incorporados al expediente identifican 560 pozos en Restinga Alí. De ese total, 364 figuran declarados como abandonados, 111 como “a abandonar” y otros 85 presentan diferentes estados operativos o de reserva. En conjunto, 196 pozos —el 35% del total— no registran estado de abandono. El escrito también advierte que la categoría “abandonado” surge de la información declarada por el operador y requiere verificar técnicamente las condiciones reales de sellado y saneamiento de cada sitio.

Restinga Alí comprende además instalaciones vinculadas al frente marítimo de Comodoro Rivadavia. Esta característica amplía las dimensiones de la discusión: el abandono de infraestructura petrolera en el mar involucra pozos, ductos, cabezales y otras instalaciones que requieren procedimientos técnicos específicos y pueden comprometer al Mar Argentino y sus ecosistemas. Por eso se solicitó una pericia para determinar, a partir de las coordenadas oficiales, cuántos de los 560 pozos se encuentran efectivamente en el lecho marino y cuál sería el costo diferenciado de su abandono y remediación.

La demanda incorpora también la situación histórica de Comodoro Rivadavia. Más de un siglo de extracción petrolera dejó miles de pozos, instalaciones y ductos integrados hoy a zonas urbanizadas. El escrito recoge estimaciones de aproximadamente 6.000 pozos dentro del ejido urbano, entre ellos miles catalogados como abandonados o inactivos. Parte de esas instalaciones se encuentra cerca de viviendas y sectores residenciales, mientras siguen pendientes tareas de identificación, sellado definitivo y saneamiento.

Esta historia también explica por qué la acción fue dirigida contra el Estado Nacional. La Ley 24.145, que reguló la transformación y privatización de YPF, estableció que el Estado Nacional asumiría las contingencias generadas por hechos anteriores al 31 de diciembre de 1990. La demanda solicita que la Justicia determine su responsabilidad patrimonial sobre los pasivos correspondientes a ese período y la responsabilidad de YPF por los generados posteriormente.

El amparo plantea además un problema de participación pública. Según el escrito, el acuerdo fue negociado, firmado y aprobado sin una instancia previa de participación de la población afectada y sin intervención de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pese a que una parte sustancial de los pasivos se encuentra dentro de su ejido y afecta directamente la planificación territorial. Por esta razón se pidió la citación del Municipio como tercero dentro del proceso.

La información y la participación ciudadana forman parte de las obligaciones que rigen las decisiones con consecuencias ambientales. La Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú establecen mecanismos para que las comunidades puedan acceder a la información disponible e intervenir antes de decisiones capaces de afectar los territorios, la salud, el agua y los ecosistemas. La demanda sostiene que esas instancias resultaban particularmente relevantes frente a una decisión que redefine quién deberá responder económicamente por un pasivo construido durante décadas.

Junto con el amparo solicitamos una medida cautelar para preservar la situación mientras la Justicia analiza el fondo del caso. El pedido incluye la suspensión de los efectos del Acta Acuerdo y de la Ley XVII N° 166 en todo lo relativo a la liberación de responsabilidad de YPF y a la transferencia de las concesiones involucradas.

También se solicita impedir nuevas cesiones o transferencias durante el proceso y establecer un mecanismo de control sobre las operaciones de abandono y sellado de pozos. En concreto, la demanda pide que cualquier intervención de este tipo sea informada con al menos diez días hábiles de anticipación para permitir el control pericial y preservar la evidencia técnica sobre el estado de los pozos, los suelos y las aguas.

Finalmente, se reclama que el Estado Nacional, la Provincia y YPF informen en cinco días el estado de las operaciones de cesión, transferencia, abandono o sellado actualmente en curso y que aporten los estudios hidrogeológicos, registros de monitoreo, auditorías y antecedentes utilizados para evaluar los pasivos.

El objetivo de la acción es que la magnitud del daño acumulado pueda ser determinada mediante información pública, pericias independientes y control judicial; que se establezcan las responsabilidades correspondientes a cada período de explotación; y que los recursos necesarios se destinen efectivamente a la recomposición de los territorios afectados.

Después de más de un siglo de explotación petrolera, Comodoro Rivadavia enfrenta una deuda material que atraviesa su suelo, su costa y buena parte de su trama urbana. Determinar la dimensión de esa deuda, identificar a quienes deben responder y garantizar su reparación constituye una cuestión central de justicia ambiental para la ciudad y para las generaciones que van a habitarla.

Un amparo ingresa a la justicia para frenar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro Argentino de Meteorólogos y la diputada nacional Adriana Serquis presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional. Denuncian una caída del 43% del presupuesto real del Servicio Meterológico Nacional SMN, la pérdida de alrededor de 300 puestos de trabajo y una fuerte degradación de la red de observación meteorológica. En plena crisis climática, el debilitamiento del organismo reduce la capacidad del Estado para anticipar inundaciones, incendios, sequías, tormentas y temperaturas extremas.

Buenos Aires, agosto de 2026.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) y la diputada nacional, física e investigadora Adriana Serquis presentaron una acción de amparo colectivo ambiental contra el Estado Nacional para exigir que garantice el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y detenga la reducción de sus capacidades técnicas, científicas y operativas.

La presentación judicial solicita una medida cautelar urgente para frenar nuevas desvinculaciones de personal, cierres o reducciones de estaciones y observaciones meteorológicas, nuevos recortes presupuestarios y la aplicación del Decreto 274/2026 en los aspectos que permiten reemplazar al SMN por terceros en la prestación del servicio meteorológico para la navegación aérea.

En el amparo se explica que el SMN constituye una infraestructura pública fundamental para enfrentar la crisis climática. Sus más de 120 estaciones distribuidas en el territorio argentino producen información fundamental para pronósticos, alertas tempranas, prevención de inundaciones, monitoreo de sequías, incendios, olas de calor y frío, navegación aérea y marítima y planificación agropecuaria. El organismo lleva 153 años construyendo series continuas de información meteorológica que se verían interrumpidas impactando en los registros históricos de datos vitales para la ciencia.

Según la documentación presentada, el presupuesto real ejecutado del SMN cayó un 43% durante la gestión de Javier Milei iniciada en diciembre de 2023. Solo durante 2024, la reducción fue del 30% respecto del año anterior. La demanda sostiene que este recorte afectó la compra de equipamiento, el mantenimiento de la red de observación y la renovación de instrumentos.

El vaciamiento del organismo también es de capacidad técnicas y de cuadros científicos. La planta pasó de 1.148 trabajadores en enero de 2024 a aproximadamente 849 en mayo de 2026: una pérdida de alrededor de 300 trabajadores. A este recorte se le suman 48 contratos que dejaron de renovarse en marzo de 2024 y al menos 123 despidos adicionales en abril de 2026.

El deterioro ya puede observarse en la información que Argentina aporta a la Red Básica de Observaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Entre comienzos de 2024 y el segundo trimestre de 2026, las estaciones de superficie que reportaban datos pasaron de 63 a 42, frente a un objetivo internacional de 70. En las observaciones de altura, el país registra cero estaciones reportando dos veces al día frente a una meta de 12.

A esto se suma la pérdida de cobertura horaria. El Centro Argentino de Meteorólogos relevó que, a junio de 2026, 57 estaciones de distintas provincias habían dejado de realizar mediciones nocturnas entre las 21 y las 6 horas. La demanda explica que estos vacíos afectan la continuidad de las observaciones que alimentan los pronósticos y sistemas de alerta.

Este debilitamiento del SMN ocurre mientras aumenta la exposición de la Argentina a eventos climáticos extremos. El propio organismo registró que el 2025 estuvo entre los años más cálidos del país en las últimas décadas, con olas de calor intensas, temperaturas superiores a 40 °C, inundaciones y situaciones de sequía en distintas regiones. El organismo de la ONU (IPCC) advierte además que Sudamérica enfrentará mayores riesgos de sequías, estrés hídrico y eventos extremos a medida que avanza el calentamiento global.

En este contexto, la capacidad técnica y científica de anticipar fenómenos extremos se vuelve cada vez más importante. Una alerta meteorológica temprana permite evacuar una zona inundable, organizar el combate de un incendio, anticipar una ola de calor o tomar decisiones sobre vuelos y navegación. La calidad de esa alerta depende de una red continua de observaciones, personal especializado y series de datos confiables, lo que no se está garantizando hoy.

La demanda advierte además sobre el impacto en la prevención de incendios. Los vuelos de combate con aviones hidrantes necesitan información precisa sobre viento, visibilidad, tormentas y condiciones térmicas. En escenarios de incendios cada vez más frecuentes e intensos, esas capacidades forman parte de la infraestructura necesaria para proteger vidas, comunidades y ecosistemas.

Otro punto central de la causa es el Decreto 274/2026. La norma modificó el régimen del servicio meteorológico para la navegación aérea y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a prestarlo directamente o mediante terceros. El escrito solicita que esa modificación sea declarada inconstitucional y plantean que la meteorología aeronáutica requiere continuidad, estándares técnicos internacionales y una autoridad pública con capacidad nacional.

La acción solicita que la Justicia ordene mantener la capacidad operativa del SMN y garantizar su autonomía técnica y económica. También pide preservar la red nacional de estaciones, los sistemas de alerta temprana, los servicios de monitoreo y pronóstico y la producción y conservación pública de datos meteorológicos y climáticos.

La presentación define las series construidas durante 153 años como un “patrimonio científico soberano irrecuperable”: cada interrupción deja un vacío que posteriormente resulta imposible reconstruir. En un escenario de crisis climática, debilitar la capacidad pública de observar qué ocurre en la atmósfera significa debilitar nuestra capacidad de anticiparnos a los daños. Fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional es una política básica de prevención, adaptación climática y protección de la población y los territorios.

Las fuerzas de la calle: del efecto “bandera Malvinas” a “la patria no se vende”

La derrota del oficialismo en el Senado por la reforma de la ley de tierras y el manejo del fuego abrió algo más que una discusión legislativa: mostró que la sociedad puede volver a organizarse en defensa del territorio y una idea de soberanía. Entre el “efecto bandera de Malvinas” y años de luchas socioambientales, las fuerzas de la calle volvieron a hacerse visibles.

por Enrique Viale y Maristella Svampa para elDiarioAr

Lo ocurrido en el Senado argentino el jueves 6 de agosto con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada constituye un punto de inflexión que va mucho más allá de esta votación en particular. No solo fue un gran triunfo popular, pues gracias a la presión de la movilización social el oficialismo tuvo que resignar en solo 48 horas los dos títulos mayores, el de la reforma de la ley de tierras y el del manejo del fuego, sino que la dinámica política que se estableció abrió a la discusión sobre qué proyecto de Argentina podemos o estamos dispuestos a aceptar, y quién decide sobre su territorio, sus aguas, su energía y sus bienes naturales.

Pero ¿qué sucedió para que la sociedad argentina, que parecía tan derrotada, tan rota, avanzara hacia este punto de inflexión y desafiara al gobierno en acciones tan masivas cuyo desenlace último es todavía incierto? En las últimas semanas, la sociedad argentina -por encima de sus diferencias- fue tejiendo una cadena de equivalencias asociados a la defensa del territorio, la tierra y los bienes comunes naturales, lo que fue configurando un “nosotros” de rechazo a un proyecto importante del gobierno de Milei. Un nosotros colectivo que, de modo más general, podría unificarse detrás de la denuncia de la raíz antinacional y colonial del proyecto político del gobierno.

Desde nuestra perspectiva, hay dos hitos que explican parte de este gran logro popular: el “efecto bandera de Malvinas” producido por la selección argentina, y las acciones promovidas por el movimiento socioambiental.

El efecto bandera de Malvinas

Empecemos por el fútbol. Durante el largo Mundial de Fútbol, lejos de permanecer inactivo, en medio del desgastante escándalo Adorni y los triunfos agónicos de la selección argentina, el oficialismo siguió promoviendo múltiples iniciativas políticas que comprometen seriamente el futuro del país. Algunos afirmaban que el gobierno aprovechaba la distracción futbolera para profundizar el latrocinio y vender la Argentina, de acuerdo a sus ideales de desregulación y su alineamiento colonial con Estados Unidos. Sin embargo, a muchos otros nos parecía que en realidad el problema residía en el desalentador estado de ánimo que exhibía la población. Esto hizo que el gobierno de ultraderecha de Milei ni siquiera necesitara de la distracción del mundial de fútbol para continuar con su bombardeo de medidas antinacionales y anti-igualitarias, ya que parecía haber captado la pasividad y el desaliento de amplias franjas de la sociedad. Así, confiado en sus éxitos legislativos y lo imparable de su suma de decretos, el gobierno fue desestimando la capacidad de lucha y de resiliencia de la sociedad argentina.

Pero sucedió algo impensable, un acontecimiento. En el Mundial de fútbol la selección argentina desafió a la FIFA y al gobierno que habían prohibido la exhibición de banderas con “consignas políticas”, lo que incluía “el mapita de las islas Malvinas”, según palabras inolvidables de la actual ministra de seguridad. Nadie podía imaginar sin embargo hasta donde llegaría el “efecto bandera”, cuando algunos jugadores de la selección desplegaron aquella sábana de hotel con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” en el gran triunfo de Argentina contra Inglaterra, que incluyó una remontada histórica en los últimos minutos. Nadie pudo ver que ese momento de festejo absoluto, el de la bandera desplegada y exhibida ante el mundo, expresó el acto de mayor comunión entre los jugadores de la selección y la sociedad argentina, para convertirse en el disparador de algo nuevo. Cierto es que tanto la selección argentina como las Malvinas son de los pocos temas que unen a los y las argentinas. Pero aquella bandera y la intensidad del festejo -y acá la palabra clave es “intensidad”- no sólo desmintió todo lo que se había dicho en la previa de “que se trataba solo de un partido de fútbol” sino que abrió a una nueva situación.

Sociológicamente, los momentos extraordinarios e intensos, sobre todo si son colectivos, pueden generar algo nuevo, pues liberan mucha energía social. Esa bandera y ese festejo fueron el clímax de esa intensidad exacerbada, hiperbólica, que vivimos los y las argentinas durante el mundial de fútbol junto a la selección mayor y sus remontadas heroicas. El hecho, como acontecimiento, podía haber terminado en una catarsis, sin instalar algo nuevo, y sin embargo, mezclado con la insoportable y asfixiante coyuntura política argentina, su corolario fue el de abrir una ventana de aire fresco ahí donde todo parecía oler a encierro y muro clausurado. Hasta el origen artesanal de esa bandera que llegó casi de casualidad al césped -ya que sus creadores prefirieron lanzarla al campo de juego, cerca de los jugadores argentinos, antes que entregarla a la policía- parece todo un símbolo de lo que nos pasa como sociedad, pues habla sobre la situación de desastre que atravesamos, en nuestra escasez o pobreza de herramientas para combatir el poder demencial y aparentemente arrollador de la ultraderecha libertaria.

Lo extraordinario desembocó así en una defensa del sentido común. ¿Si las Malvinas son argentinas, acaso no lo son nuestros ríos, nuestros bienes naturales y nuestras tierras a punto de ser enajenadas o ya entregadas? Esta pregunta se instaló al día siguiente del triunfo contra Inglaterra, cuando el oficialismo pretendió tratar la reforma de la ley de tierras pero tuvo que retroceder al darse cuenta que al menos, el día después, no sería posible. El horno no estaba para bollos, aunque el presidente Milei en su ceguera libertaria y con su acostumbrado desprecio por lo nacional, continuaba sobreactuando un vergonzoso modelo de colonialidad servil ante los Estados Unidos. Lo cierto es que el “efecto bandera de Malvinas” trajo nuevos aires de rebeldía y colocó la intensidad de la sociedad argentina en otro lugar, estableciendo una cadena de equivalencias o significados en torno a la tierra y el territorio, concebidos como una conjunción de soberanía nacional y bienes comunes. Así que, lo que en el origen podía ser leído como un aparente desplazamiento de la intensidad -la energía colectiva no estaba puesta en la lucha sino en en el aguante ilimitado y sin respiro a la selección de fútbol- volvió redoblado bajo la forma de la lucha colectiva, ahora en defensa del territorio en peligro.

Las luchas socioambientales

Dicho esto, sería profundamente injusto decir que todo es “efecto bandera de Malvinas” . Siempre detrás de un acontecimiento político que nos sorprende y nos interpela, están las luchas sociales, su historia y el proceso de acumulación anterior. Sin duda, las bases de esta gran victoria popular están en todo la dinámica de resistencia territorial a la modificación a la Ley de Glaciares. Así, entre fines de 2025 y principios de 2026, la importancia de defender nuestras reservas de agua fue ganando cada vez más visibilidad mediática y más popularidad. Fue así que artistas, científicos y académicos, expertos y, sobre todo, sectores amplios de la sociedad civil, se inscribieron en la audiencia pública de forma masiva -más de 100.000 inscritos, un récord histórico a nivel mundial-. A medida que el involucramiento social crecía, en resonancia con las consignas levantadas por el movimiento socioambiental (“La Ley de glaciares No Se Toca”), la sociedad civil hizo escuchar su voz en las redes sociales, y finalmente también salió a la calle en varias oportunidades, pese a la amenaza de represión, en manifestaciones cada vez más nutridas y heterogéneas. A esto habría que añadir también la lucha en defensa de los humedales y contra los incendios (sean intencionales o no), que pese a su fracaso, dejó instalada una marca en la memoria, que vuelve a ser revivida con cada incendio que arrasa con bosques, montes o humedales.

Todo ello remite a las luchas que desde hace años se despliegan en el territorio argentino en defensa del agua, las cuencas hídricas, los humedales, los glaciares, los glaciares; en fin, en la defensa de la tierra y el territorio que viene haciendo el movimiento socioambiental, que incluye colectivos, organizaciones ambientales y pueblos originarios. Hay toda una línea de acumulación de las luchas socioambientales, que amplía cada vez más su resonancia con la sociedad y que es visible en la consigna “la tierra no se vende, se defiende”. No es casual entonces que el freno a la embestida colonial que reflejaba esta ley promovida por el gobierno esté asociada a dos capítulos -el de la tierra y el del manejo del fuego- que tienen un carácter profundamente socioambiental.

El “efecto bandera de Malvinas” como acontecimiento y sus inesperadas consecuencias -su articulación con la consigna “la patria no se vende”- tuvo la virtud de sumar nuevos actores sociales, entre ellos numerosos artistas que se pronunciaron y llamaron a movilizar, y que fueron dando más textura a un consenso social, ante la evidencia de que este gobierno se propone liquidar alegremente todo el patrimonio natural y territorial de las y los argentinos.

Dos reflexiones finales

Una, sabemos que han quedado dos temas con media sanción: los desalojos express y la expropiación agravada. Pero el impulso que ha dado la enorme victoria popular al voltear la columna vertebral del proyecto oficialista (tierra y fuego) abre un escenario mucho más favorable para lograr que la ley se caiga entera en la Cámara de Diputados. Hacer retroceder al gobierno, que se vio obligado a retirar la propuesta de modificación de la ley de manejo del fuego a último momento, constituye una derrota adicional enorme para el oficialismo, que esa misma mañana tenía los votos para aprobar este capítulo, lo cual nos permite afrontar todo lo demás (incluso otros temas) desde otro lugar, con más fortaleza y con un gobierno más debilitado.

Dos, es cierto que las y los argentinos venimos del futuro, pues somos un laboratorio de desigualdades, en manos de la ultraderecha local, en su subordinación colonial con Estados Unidos y los tecnomagnates fascistas que desprecian abiertamente la democracia. Pero quizá seamos también un laboratorio para la resistencia colectiva y la creación de otros proyectos de sociedad. En todo caso, lo de ayer fue una victoria popular, no tenemos dudas. Y mucho tiene que ver la acción del movimiento socioambiental. Que ello sea un oasis en medio de este desierto de crueldad o un nuevo comienzo en la resistencia contra este proyecto colonial, depende primordialmente de nosotros, de nuestras decisiones y las acciones colectivas que adoptemos como sociedad. Pero este jueves 6 de agosto la Argentina de los bienes comunes, la de defensa de lo colectivo, la del sentimiento nacional, se movilizó y se puso de pie, colocando un límite al gobierno de Milei.

Así, lejos de lo que muchos creen, la Argentina no está toda rota. No todos tienen una mentalidad colonial ni tampoco son indiferentes a lo que el gobierno haga con el territorio nacional. No todos apuestan a la distopía colectiva, indiferentes a la tierra arrasada que, de seguir así, dejaremos irremediablemente a las futuras generaciones de argentinos. No todos piensan que la desconexión entre lo que pasa en el palacio y la calle no tiene fondo ni límite. En algún punto todo puede cambiar, porque la lucha colectiva sirve, porque en su masividad las fuerzas de la calle tienen siempre un poder de cambio tan contingente como imprevisible, tal como lo muestra nuestra historia.

La otra remontada: la masiva movilización ciudadana marca un límite a la entrega de los bienes comunes

La presión de la sociedad logró que el Gobierno retirara el capítulo que pretendía eliminar
los límites a la extranjerización de tierras y el que modificaba la gestión del fuego. A la
aprobación ajustada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, las
organizaciones destacan una victoria histórica que abre una discusión mucho más amplia:
quién decide sobre la tierra, el agua, la energía y los bienes comunes de la Argentina.

Las organizaciones advierten que el mensaje popular de la movilización trasciende esta ley y
alcanza también al Súper RIGI, la Ley de Sociedades y a cualquier iniciativa que pretenda abrir
indiscriminadamente el territorio y los bienes comunes a grandes inversores sin una discusión
democrática sobre sus consecuencias para el futuro del país.

BUENOS AIRES, 6 de agosto de 2026.

La pírrica aprobación en el Senado de la recortada Ley de
Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ahora sin los capítulos que eliminaban los límites a la
extranjerización de tierras y modificaba la gestión del fuego, representa un punto de inflexión en el
debate político de las últimos tiempos: la movilización de la sociedad obligó al Gobierno a retirar por
completo los capítulos que pretendían eliminar los límites a la extranjerización de tierras rurales y
flexibilizar la gestión del fuego en la Argentina.

Esta victoria popular se logró, además, a pesar de los intentos de disciplinar y acallar a quienes se
manifestaron en la calle. La represión policial afuera del Congreso no logró desalentar la participación
ciudadana ni debilitar el reclamo: por el contrario, reafirmó que la sociedad argentina está dispuesta a
defender sus bienes comunes incluso frente a maniobras de amedrentamiento.

Lo que comenzó como una iniciativa que avanzaba prácticamente sin debate público encontró una
reacción social amplia y transversal que atravesó organizaciones ambientalistas, entidades de
derechos humanos, movimientos sociales y distintos sectores de la ciudadanía. Esa movilización puso
la discusión sobre la tierra, los bienes comunes y los recursos estratégicos en el centro del debate
público y terminó modificando el proyecto que el Gobierno pretendía aprobar.

Lo ocurrido constituye un punto de quiebre que va mucho más allá de esta votación. La discusión que
se abrió es sobre qué país quiere construir la Argentina y quién decide sobre su territorio, su agua, su
energía y sus bienes naturales.

La retirada de los capítulos sobre extranjerización y el fuego demuestra que existe un límite social a
una política que pretende tratar esos bienes estratégicos exclusivamente como activos disponibles
para el mercado y reducir las capacidades del Estado para establecer condiciones sobre su uso,
explotación y propiedad. Esa discusión continúa inmediatamente con el proyecto conocido como
Súper RIGI, que propone otorgar beneficios y garantías extraordinarias durante décadas a grandes
inversiones en sectores estratégicos. No puede discutirse de manera separada de lo ocurrido con la
Ley de Tierras: ambos debates plantean la misma pregunta acerca de cuánto poder está dispuesto a
ceder el Estado sobre recursos esenciales para el desarrollo futuro del país.

La movilización de estas semanas también dejó otra señal: la sociedad reaccionó antes y con mayor
claridad que buena parte de la dirigencia política frente a una transformación que podía tener
consecuencias irreversibles sobre el territorio argentino.

Esa reacción debe convertirse ahora en una participación mucho más activa en las decisiones sobre
tierra, agua, minerales, energía e infraestructura estratégica. Decisiones de esta magnitud no pueden
resolverse mediante reformas aceleradas, negociaciones parlamentarias de último momento o
regímenes excepcionales diseñados para garantizar rentabilidad a grandes inversores durante
décadas.

Pero la discusión que comenzó estas semanas ya es más grande que una ley.
La defensa de la tierra abrió una conversación sobre los límites que la sociedad argentina está
dispuesta a poner a un modelo de apertura indiscriminada de sus bienes comunes y recursos
estratégicos. La tierra, el agua, los minerales y la energía no son solamente activos económicos. Son
las condiciones materiales sobre las que se construye el desarrollo de un país y, fundamentalmente,
las posibilidades de las próximas generaciones.

Contactos para mayor información:

Micaela Sánchez Malcolm, Géneras: +54 9 11 6028-2510 / micaela@generas.org.ar

Enrique Viale, AAdeAA: +5491151207518 / enriqueviale@aadeaa.org

Florencia Gómez, CEPPAS, +54 9 11 64325200 / flordelestero@gmail.com

Mirko Moskat, Taller Ecologista, +54 9 3415 79-5088 / mirkomoskat2017@gmail.com

Pablo Bergel, PACHAS: +54 9 11 2875-8238 / pablobergel2@gmail.com

Para coordinar entrevistas con otros expertos y expertas: kris.saldana@topsocial.org

Para recibir actualizaciones de próximos procesos legislativos: clickear al grupo de WhatsApp aquí

Exigimos que el Senador Joaquín Benegas Lynch sea excusado del debate por conflicto de interés

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y otras organizaciones enviaron una carta urgente a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Solicitaron que el senador se excuse de intervenir en el debate y la votación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2026. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto con organizaciones sociales, de derechos humanos y de justicia ecosocial, presentó una solicitud urgente ante la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, para que el senador Joaquín Benegas Lynch se aparte del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La presentación advierte sobre la existencia de un posible conflicto entre la función pública del senador y sus intereses económicos privados. Según la información pública recogida en la carta, Benegas Lynch es socio fundador y gerente de Glocal Terra SRL, una empresa creada en 2020 cuyo objeto comprende el asesoramiento y la intermediación para inversores extranjeros interesados en adquirir y administrar tierras rurales en distintos países de la región.

Carta al Senado Benegas Descarga

El proyecto que será debatido en el Senado modifica normas centrales vinculadas con la propiedad, las expropiaciones, los desalojos y el uso de las tierras afectadas por incendios. Si bien el oficialismo retiró el capítulo que eliminaba expresamente los límites a la extranjerización de tierras rurales, el texto continúa incidiendo sobre el mercado de tierras y sobre las condiciones que pueden volverlas más atractivas para grandes inversiones.

La solicitud también acompaña la impugnación presentada que pidió que Benegas Lynch se abstenga de participar del debate, firmar dictámenes y emitir su voto. Las organizaciones reclaman que la Presidencia del Senado dé trámite inmediato a esa presentación antes de la sesión convocada para este jueves.

Basureros petroleros en Neuquén: piden un juicio por jurados por uno de los mayores daños ambientales de Neuquén

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) fueron aceptados como “Amicus Curiae” por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en la causa penal promovida por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra la empresa COMARSA por daño ambiental.

En este caso se investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 m³ de residuos peligrosos producto de la industria petrolera y gasífera y del fracking. Estos residuos fueron depositados en el Parque Industrial Neuquén Oeste sobre suelo sin impermeabilización, afectando la atmósfera y tierras destinadas a urbanización. También se investiga, junto con la Fiscalía de Delitos Ambientales, una posible administración fraudulenta por el ocultamiento de un pasivo ambiental de millones de dólares.

En su intervención como Amigos del Tribunal, FARN e INECIP respaldan la posición de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas acerca de que los delitos de contaminación y administración fraudulenta deben ser juzgados mediante un juicio por jurados.

El juicio por jurados expresa esencialmente el derecho del pueblo a participar de la administración de justicia. El veredicto surge de un proceso deliberativo atravesado por una pluralidad de opiniones, experiencias de vida, edades, géneros y oficios.

Para remediar el daño ecológico ocasionado por COMARSA, resulta fundamental contar con una decisión judicial robusta que abra el juego a un debate judicial pleno. La manera de garantizar ese debate público es a través de un jurado popular. En este sentido, la participación de los jurados no es una opción, sino un mandato constitucional que garantiza el acceso a la justicia ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú.

Estamos ante uno de los casos de contaminación más graves que ha sufrido la provincia de Neuquén en su historia. Frente a la complejidad y magnitud del caso, es crucial que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén haga historia y permita que tenga lugar el primer juicio por jurados referido a un delito ambiental.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica