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La demanda colectiva para proteger los glaciares se acerca al millón de adhesiones

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 22 de abril de 2026 — En un hito sin precedentes, la demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares alcanza, en menos de 15 días, cerca de 900.000 adhesiones individuales.  La demanda será llevada a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país en las próximas semanas.

En un hito sin precedente, la demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares alcanza, en menos de 15 días, 900.000 adhesiones individuales. En las próximas semanas, la demanda será llevada a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país.

Las organizaciones informaron que se encuentran trabajando activamente en la demanda colectiva, en coordinación con equipos legales y técnicos, para asegurar una presentación sólida, abarcativa y  federal, que esté a la altura del alcance de este reclamo de la sociedad.

Este respaldo masivo a la demanda surge como un rechazo a la reciente modificación de la norma y da cuenta del consenso social existente. La reforma a la Ley de Glaciares, sancionada el 9 de abril, ha sido rechazada y cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional, asambleas ciudadanas, juristas y constitucionalistas, sectores eclesiásticos, organizaciones civiles, organismos de Naciones Unidas, universidades nacionales, referentes del deporte y la cultura,  y la sociedad en general.

Además de los casi 900.000 adherentes individuales, cientos de organizaciones de la sociedad civil y asambleas, entre ellas representantes de comunidades ya afectadas por daños socioambientales, acompañarán la demanda institucionalmente y con responsabilidad legal.

Por el momento, se aguarda la publicación de la norma en el Boletín Oficial, un paso formal que habilita la presentación judicial, mientras las organizaciones avanzan en una estrategia propia que prioriza la solidez del proceso por sobre los tiempos administrativos. El bloque actor hará las presentaciones formales apenas los tiempos sean los indicados para ello y comunicará a la brevedad al público.

“Este Día de la Tierra nos encuentra en acción por la defensa de la Ley de Glaciares. Estar cerca del millón de firmas no es un éxito simbólico sino una clara demanda ciudadana para que el Estado garantice el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas frente a intereses extractivos de corto plazo” manifiestan las organizaciones que lideran la iniciativa.

En un hito sin precedente, la demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares alcanza, en menos de 15 días, 900.000 adhesiones individuales. En las próximas semanas, la demanda será llevada a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país.

Causa Basureros Petroleros: La Justicia revoca la probation y confirma que debe ir a juicio

NEUQUÉN — Durante los días jueves 16 y viernes 17 de abril se realizaron audiencias clave en la causa contra los directivos de la empresa COMARSA, imputados por contaminación con residuos petroleros y maniobras fraudulentas. El Tribunal de Impugnación resolvió revocar esa decisión la suspensión del juicio a prueba (probation) como mecanismo permite evitar el juicio penal a cambio de cumplir ciertas condiciones, por lo cual la causa irá a juicio. 

Se presentaron las apelaciones desde la Fiscalía de Delitos Ambientales y las querellas de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la APDH-Neuquén contra la decisión del juez de garantías Lucas Yancarelli, que había otorgado la suspensión del juicio a prueba. La resolución del Tribunal señaló que la decisión del juez Yancarelli fue arbitraria, irrazonada, inmotivada e infundada. O sea que no tuvo fundamentos sólidos, que ignoró pruebas clave y que avanzó con un criterio propio por fuera de las reglas del proceso.

Esto significa que se anula el beneficio otorgado a los imputados y se confirma que la causa penal debe seguir adelante. No hay cierre del caso: se ratifica que los hechos deben ser investigados hasta el final y juzgados en un juicio oral y público.

El Tribunal decidió apartar al Juez Yancarelli de la causa. Marcó cómo el juez desoyó la oposición de la Fiscalía y de las querellas. En este caso, había planteado con claridad que el caso debía ir a juicio por su gravedad, pero esa posición fue ignorada sin explicación suficiente. El Tribunal consideró que esto implicó una intromisión indebida del juez en el rol de la acusación, rompiendo el equilibrio básico del proceso penal. Además, el Tribunal cuestionó que la decisión se haya tomado en contra de las pruebas técnicas acumuladas durante años de investigación: pericias, informes, estudios ambientales y documentación que dan cuenta de la magnitud del daño y de la conducta de los imputados. 

La oposición a la probation — ahora convalidada por el Tribunal— se basó en una serie de elementos concretos que muestran la gravedad del caso:

  • La existencia de numerosos planes de tratamiento y saneamiento que fueron incumplidos sistemáticamente por la empresa y sus responsables.
  • El riesgo ambiental persistente y la contaminación efectiva generada por esos incumplimientos.
  • El beneficio económico millonario obtenido por los imputados en ese contexto.
  • La defraudación interna, mediante la adulteración de documentación para obtener beneficios personales.
  • La contradicción de otorgar una salida sin juicio a quienes tenían la obligación de tratar los residuos y cobraron millones por hacerlo.
  • La acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, con presencia de sustancias que pueden afectar gravemente la salud.
  • La falta de conocimiento real sobre la magnitud del daño, expresada por el propio imputado: “no sé lo que hay abajo”.
  • La ausencia de un compromiso serio y verificable para tratar correctamente esos residuos.
  • El carácter intencional de la conducta: simulación de tratamiento, encubrimiento de la contaminación, obtención de ganancias y entorpecimiento de la investigación penal.
  • La existencia de un interés público evidente, dado que está en juego la salud de la población de Neuquén y de las generaciones futuras.
  • La obligación del Estado de actuar con debida diligencia en delitos ambientales, investigando y sancionando a los responsables.

El Tribunal reconoció que estos argumentos fueron expuestos de manera clara durante las audiencias, pero que el juez Yancarelli los ignoró al momento de resolver la causa por contaminación más grave en la historia de la provincia de Neuquén. Pone en evidencia el funcionamiento del sistema de gestión de residuos de la industria petrolera en el contexto de Vaca Muerta y abre una discusión de fondo sobre el modelo de explotación y sus consecuencias en los territorios.

Próximos pasos

Desde la querella celebramos la decisión del Tribunal de Impugnación. No se trata solo de una discusión técnica. Se trata de garantizar que un caso de esta magnitud no se cierre sin juicio, sin verdad y sin responsabilidades.

La revocatoria de la probation permite que la causa continúe su curso y que toda la prueba reunida durante años pueda ser debatida en un juicio oral y público, con participación de jurado popular. Ese es el ámbito donde corresponde determinar qué ocurrió, quiénes son responsables y qué reparación corresponde.

El Tribunal de Impugnación asumió competencia y dictó su decisión con efectos inmediatos. Ahora deberá realizarse la audiencia de control de la investigación durante el mes de mayo. En esa instancia se ordenará formalmente la prueba y se definirá el camino hacia el juicio.

Luego de esa etapa, el caso podrá ser elevado a juicio oral y público. Allí, frente a un jurado, se discutirá la responsabilidad penal de los imputados y el alcance del daño producido.

Abandono de la exploración petrolera y gasífera en las costas de Mar del Plata: Shell y Qatar dejan la búsqueda después de años de promesas

Durante años, el offshore petrolero fue presentado en el discurso mediático así como de distintos sectores políticos y empresariales como una suerte de salvación económica. Sin embargo, hoy el proceso va en retroceso. En los últimos días se dieron de baja los permisos de exploración en los bloques de la Cuenca Argentina Norte (CAN) 107 y 109, bajo la titularidad de Shell y Qatar Energy, evidenciando la irresponsabilidad de las empresas petroleras y gasíferas en impulsar proyectos con la promesa de generar divisas, empleo y desarrollo.


15 de abril de 2026 

La Secretaría de Energía de la Nación dio de baja un permiso para explorar el fondo marino en busca de petróleo y gas en el área del Mar Argentino denominada CAN 109, localizada costas afuera de la ciudad de Mar del Plata. Esta decisión se suma a la reciente extinción del permiso para el bloque marítimo denominado CAN 107 comunicada hace pocas semanas. Con este movimiento los permisos de exploración, otorgados en 2019 a Shell Argentina y Qatar Energy (ex Qatar Petroleum), vuelven a estar en manos del Estado, poniendo fin a las promesas de exploración petrolera y gasífera en esas áreas del Mar Argentino, ubicadas a unos 300 kilómetros mar adentro sobre el talud continental.

Para llevar adelante las exploraciones, se ignoraron advertencias técnicas, jurídicas y sociales, y se desoyó a las comunidades costeras. El antecedente del “pozo seco” en otro bloque de la cuenca (Argerich), sumado a la devolución de las áreas CAN 111 y CAN 113, (por parte de Total y BP) terminan por sepultar las expectativas que generaron una serie de promesas económicas realizadas sin evidencia. Similar situación ocurrió con la devolución de 5 áreas de la Cuenca Malvinas Oeste. Estos hechos demuestran que los ingresos proyectados por estas actividades nunca tuvieron la capacidad de alterar realmente la matriz energética y económica del país. Se trató, más bien, de una narrativa inflada para justificar la expansión de la frontera hidrocarburífera.

A costa de impulsar los proyectos, se ocultó el perjuicio ambiental de este modelo: la fase exploratoria daña el mar a través de bombardeos sonoros de baja frecuencia. Los enormes impactos acústicos utilizados para trazar perfiles geológicos generan impactos físicos y conductuales irreversibles a la biodiversidad marina; algunos de ellos temporarios, otros incluso son mortales. 

Ese avance sobre el Mar Argentino se produjo a expensas de debilitar los mecanismos básicos de la democracia ambiental. Las evaluaciones de impacto fueron cuestionadas por su falta de profundidad y transparencia, mientras que las audiencias públicas —lejos de ser espacios reales de participación— se transformaron en instancias formales, vaciadas de contenido, que no lograron canalizar las preocupaciones sociales. A su vez, decidieron avanzar a pesar de la irregular omisión de una Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración petrolera en las distintas áreas del Mar Argentino e involucrando a diferentes empresas.

La salida de Shell Argentina de la exploración petrolera offshore también demuestra que se trata de proyectos que no son viables desde el punto de vista económico, ambiental y social. Aún con precios de los hidrocarburos en crecimiento ante los escenarios bélicos globales, el negocio real de las empresas transnacionales fue haber mostrado circunstancialmente acceso a posibles recursos para la valorización de sus acciones. Este negocio especulativo (y de consultoras especializadas) se hace a costa de daños ambientales y pérdidas económicas para nuestro país. También realizando promesas vacías y motivando a la población a posicionarse bajo las falsas esperanzas de trabajo y sustento dignos.

La decisión de dar de baja este permiso no repara los daños ocasionados, pero sí deja una señal clara: el discurso del petróleo y gas offshore como “salvación” económica fue una enorme irresponsabilidad por parte de voceros empresariales y funcionarios públicos. 

Desde las organizaciones firmantes lo dijimos desde el principio: el petróleo offshore no va a resolver los problemas estructurales de nuestro país. Por el contrario, implica nuevos riesgos ambientales y consolida una dependencia de actividades con alto costo ecológico y nulo impacto real en términos de desarrollo.

En un contexto de crisis climática, insistir en falsas soluciones no es solo un error de diagnóstico, sino una forma de profundizar los problemas. El desafío es otro: salir de la lógica de las promesas extractivas y construir alternativas que no comprometan el mar, los territorios y las generaciones futuras.

Firman

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea Mar Libre de petroleras Partido de la Costa

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Mar del Plata

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Necochea Quequén

Asamblea por un Mar Libre de petroleras Villa Gesell

Asociación Argentina de Abogados/ass Ambientalistas 

Comarca Marítima Viedma – Patagones – El Cóndor

Confederación Mapuche de Neuquén

Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Multisectorial Golfo San Matías

Observatorio de Sismicidad Inducida

Observatorio Petrolero Sur 

Parlamento Mapuche – Tehuelche de Río Negro

Pastoral Social Diócesis de Viedma 

Surfrider Argentina

Reforma a la Ley de Glaciares: convocan a la demanda colectiva más grande de la historia

BUENOS AIRES, 9 de abril de 2026- Tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en un proceso viciado y a espaldas a la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para frenar este retroceso.

Cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares y fueron ignoradas. “Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, dando inicio a una nueva etapa en la defensa de las reservas hídricas del país.

Las organizaciones advierten que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua, para reafirmar la voluntad de la sociedad que ya expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.

Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y por lo tanto la vida de millones de argentinos y argentinas y los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial. 

Para adherir, la ciudadanía puede acceder al sitio web www.demandacolectivaglaciares.org y ser parte de la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia.  La firma es una forma de amplificar ese reclamo colectivo. No genera obligaciones legales, pero sí construye una fuerza social imposible de desestimar.

En 12 horas, la demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares reunió más de 300 mil adhesiones

BUENOS AIRES, 9 de abril de 2026- En el primer día tras la aprobación de la reforma de la ley de glaciares, la demanda colectiva que impulsan las organizaciones de la sociedad civil alcanzó un número récord de adhesiones, superando todas las expectativas; más de 300 mil personas se sumaron a esta iniciativa que ya se perfila como la demanda colectiva más grande de la historia. 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace lanzaron en las primeras horas de la mañana una plataforma que permite ser parte de esta demanda contra este retroceso ambiental, que pone en riesgo el agua de los argentinos, y que fue aprobado en contra de  la mayoritaria voluntad de la ciudadanía. 

En menos de 12 horas se recibieron más de 300 mil adhesiones, superando los números previstos, y triplicando la inscripción a la Audiencia Pública. Esto consolida el reclamo de la sociedad contra la reforma aprobada en el día de ayer, y representa un hito en la historia ambiental argentina. 

“Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, declararon desde las organizaciones, dando inicio a una nueva etapa en la defensa de las fuentes de agua del país.

Las organizaciones advierten que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una nueva etapa en la participación ciudadana en defensa del agua, para reafirmar la voluntad de la sociedad que ya expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.

Para adherir, la ciudadanía puede acceder al sitio web demandacolectivaglaciares.org y ser parte de la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia.  La adhesión no genera obligaciones legales y es una forma de amplificar el reclamo colectivo, construyendo una fuerza social imposible de desestimar.

Ley de Glaciares: La sociedad ya decidió, ahora les toca a los diputados

Ignorando por completo la voluntad de las más de 100.000 personas inscriptas en la ilegítima audiencia pública, el oficialismo emitió un dictamen de comisiones y confirmó que el miércoles 8 de abril será el debate por el vaciamiento de la Ley de Glaciares. Un tratamiento exprés calcado del que ya usaron en el Senado: a espaldas de la ciudadanía, sin debate real, con el resultado cantado de antemano. Porque lo que llamaron “proceso democrático” fue una farsa. Alrededor de 102.000 personas se inscribieron para participar. Sólo 213 pudieron hablar, y la mayoría de los expositores rechazó rotundamente la reforma.

Un día antes de la votación, este martes 7, funcionarios de representación provincial y con intereses en la minería fueron al Congreso a disciplinar a los diputados de sus provincias para que voten a favor de la reforma. Y lo hacen dejando afuera a los gobernadores de las demás provincias cuyas cuencas y fuentes de agua se verán comprometidas. Ocho provincias -La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy y Córdoba,- ya advirtieron que esta reforma afecta ríos que atraviesan sus territorios y abastecen a millones de personas. El plenario de este martes no fue un debate: fue una instancia cerrada para imponer una decisión ya tomada, ignorando deliberadamente a la sociedad .

Y sin embargo, frente a ese atropello, la respuesta de la sociedad fue unánime y viene de todos lados, no hay licencia social para avanzar con esta reforma.

Lo dijeron los científicos. Especialistas en glaciología, ciencias criosféricas, hidrología, ciencias ambientales y geografía de todo el mundo escribieron a los diputados para advertir que los glaciares y el ambiente periglacial son ecosistemas críticos cuyo daño es irreversible, y que la reforma reduce su protección en el peor momento posible: cuando el cambio climático ya los está destruyendo.

Lo dijeron los juristas. Integrantes de la comunidad jurídica argentina -profesores universitarios, especialistas en derecho constitucional y ambiental, jueces y ex jueces de todo el país- advirtieron que la reforma no es una modificación técnica sino un retroceso inconstitucional que ataca directo a los fundamentos constitucionales del sistema argentino de protección ambiental.

Lo dijo la universidad pública. El rectorado de la UBA y sus facultades de Ciencias Exactas y Naturales y  de Agronomía, la Mesa de Responsables Académicos de Licenciaturas Ambientales de Universidades Públicas y 162 docentes, la Universidad Nacional de Tucumán y el CICTERRA-CONICET-UNC -que reúne 106 investigadores y científicos- se pronunciaron en rechazo y pidieron a los diputados mantener la protección vigente.

Lo dijeron las fiscalías ambientales. La Red Argentina de Fiscalías Ambientales advirtió que la reforma desconoce el sentido de una ley de presupuestos mínimos y tiene carácter regresivo e inconstitucional.

Lo dijo la Iglesia. La Comisión Episcopal de Pastoral Social y los Obispos de la Patagonia escribieron a los legisladores para defender los glaciares como “catedrales de agua” y denunciar las maniobras de vaciamiento del debate democrático que ya conocen de cerca en sus territorios.

Lo dijeron organismos internacionales y relatores de Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, la Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua expresaron su preocupación urgente al gobierno argentino por el impacto de la reforma sobre el derecho al agua y los derechos de los pueblos indígenas.

No hay un solo sector de la vida institucional argentina que haya pedido esta reforma. Ni la ciencia, ni el derecho, ni la Iglesia, ni los organismos internacionales, ni la ciudadanía. Solo grandes corporaciones mineras  se benefician, a costa del agua de millones de personas, de destruir lo que la naturaleza tardó millones de años en formar en las montañas.

La sociedad ya habló. Y fue deliberadamente ignorada. Que cada diputado y diputada sepa que en su voto se define algo tan básico y vital para todas las y los argentinos: las fuentes de agua dulce y cada cuenca que nace en la cordillera y llega hasta el último rincón del país.

La sociedad ya eligió. Los diputados todavía están a tiempo de no traicionar a la ciudadanía.

La Ley de Glaciares no se toca.

El entramado para vaciar la Ley de Glaciares: denuncian penalmente, por intereses cruzados a Luis Lucero (Secretario de Minería de la Nación) y amplían las evidencias contra Flavia Royón

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en audiencia judicial celebrada hoy, ratificó y amplió la denuncia penal contra la Senadora Royón, y denunció penalmente al Secretario de Minería Luis Lucero por incompatibilidad

La denuncia expone un mismo entramado de funcionarios, abogados corporativos, consultores y legisladores ligados al sector empujan el vaciamiento de la Ley de Glaciares mientras ejercen el doble rol estatal/privado de manera incompatible e ilegal. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ratificamos y ampliamos el día de hoy la denuncia penal contra la senadora Flavia Royón e incluimos mayores evidencias. 

También denunciamos penalmente al actual Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por su directa intervención en asuntos que benefician a empresas con las que tuvo vínculos previos. 

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De acuerdo a una minuciosa investigación de información pública, Lucero formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal donde asesoró a empresas mineras del rubro como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining plc, Denison Mines, Andean Resources, Pan American Silver y Newmont. Intervino en Bajo la Alumbrera, Cerro Vanguardia y en numerosas operaciones de M&A y de compraventa de activos del sector, incluyendo la venta por Rio Tinto a Vale del proyecto Potasio Rio Colorado y la adquisición de Andean Resources (Proyecto Cerro Negro) por parte de Goldcorp. También ha asesorado a las empresas mineras Glencore Pachón SA, Minera Alumbrera Limited, Minera Agua Rica LLC SUC ARG, M I M Argentina SA y M I M Argentina Exploraciones SA

Lucero fue excusado oficialmente mediante Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía (14/05/2025) por su relación con firmas vinculadas a proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA), sin embargo intervino activamente en la construcción de la modificación de Ley de Glaciares que favorece directamente a estas empresas mineras.

En la denuncia demostramos que la excusación de Lucero no fue real sino apenas declarativa, porque el funcionario siguió influyendo sobre una modificación normativa que favorece de manera directa a empresas mineras ligadas a proyectos como El Pachón y MARA, que se benefician directamente del vaciamiento de la Ley de Glaciares. Es decir: el secretario reconoce sus vínculos con esas compañías, pero actúa igual en el proceso político que busca remover obstáculos legales para esos mismos intereses. 

Concretamente el accionar de Lucero en favor de la modificación regresiva de Ley de Glaciares amplía el margen de habilitación para proyectos mineros en zonas que antes se encontraban prohibidas, flexibilizando la norma, todo ello por pedido expreso de las propias empresas mineras que ahora pusieron a sus asesores y directivos en el Estado justamente para destruir la normativa que protege a los glaciares.

En el caso de la Senadora salteña y consultora Flavia Royón, en la audiencia judicial celebrada hoy, ratificamos y ampliamos la denuncia penal, donde agregamos un nuevo eje: el patrón de endeudamiento que en la denuncia describimos como persistente, concentrado en un solo acreedor y sin cancelación significativa. Ese comportamiento financiero no se corresponde con un consumo ordinario y por eso se pide profundizar la investigación patrimonial. La denuncia marca especialmente la concentración de la deuda en el Banco Macro y los vínculos entre esa entidad, el sector minero y la trayectoria política y empresarial de la Senadora.

Desde la Asociación exigimos nuevas medidas de prueba, además de nuestra incorporación como querellante en la causa. Lo que se discute no es solo responsabilidad penal individual. Se discute hasta qué punto el Estado está siendo usado para beneficiar a quienes quieren avanzar sobre glaciares y territorios de montaña.

El cuadro es elocuente: la trama de puertas giratorias entre empresas mineras, estudios jurídicos, banca, cargos públicos y bancas legislativas intenta vaciar la Ley de Glaciares sin tener el interés social y público en cuenta. Los mismos nombres aparecen una y otra vez ligados a los mismos intereses y el mismo objetivo: correr la protección del agua para abrir paso a negocios mineros.

La Ley de Glaciares protege fuentes de agua a lo largo del país y fija un piso mínimo a las actividades que pueden realizarse en territorios sensibles a lo largo de toda la cordillera. Estas fuentes de agua tienen aportes en territorio donde habitan más de 7 millones de personas. Debilitar su protección y fragmentar los controles para habilitar proyectos mineros destructivos es un rumbo con consecuencias irreversibles.

Massot, Frigerio y los intereses mineros

 por Mel Argento, Romina Araguas, Gonzalo Vergez, Jorge Daneri para Análisis Digital

El Gobierno Nacional presiona con todas las herramientas a su alcance para que los representantes del pueblo voten a favor de la destrucción de la Ley de Protección de Glaciares. Esta iniciativa instrumenta la decisión de abrir las puertas, de modo ilimitado, a megacorporaciones transnacionales para servirse de los minerales ubicados en las áreas glaciares y periglaciares de la cordillera de los Andes. El proyecto oficial se burla y arrasa con la labor milenaria y clave que cumplen los glaciares en nuestras vidas diarias, en las economías regionales y en la diversidad biológica y cultural de las cuencas.

Las “herramientas” utilizadas para consolidar esta votación se valen de modalidades propias del uso y abuso de la peor política: desde el manejo discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y créditos hipotecarios fabulosos otorgados a legisladores por bancos públicos, hasta los vínculos directos de algunos miembros del Congreso con el cerrado mundo de las corporaciones mineras extranjeras. En este escenario, la Ley de Ética de la Función Pública (N.° 25.188) ha quedado totalmente de lado.

Frente a esto, cabe preguntarse si resulta sano para la democracia y el debate parlamentario que ciertos diputados levanten la mano u otorguen quórum para la sesión del próximo miércoles. Nos referimos a aquellos legisladores que poseen vínculos previos con el mundo de las megainversiones mineras a través de asesorías o consultorías, especialmente bajo el contexto de vigencia inconstitucional del RIGI y sus desmedidos privilegios.

El caso del diputado Nicolás Massot no es menor y fundamenta por qué no debería ser parte de la sesión: sus intereses económicos y empresariales se lo impiden. Una notable investigación de la revista ANÁLISIS (1) de Entre Ríos acredita que el actual gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, integró junto a Massot un emprendimiento empresarial prominero denominado Ronialem S.R.L. Esta firma actuó como subsidiaria local de la megaminera canadiense Portofino (2).

Lo sorprendente es que Frigerio, siendo entonces diputado nacional y antes de asumir la Gobernación, firmó un acuerdo tripartito entre la empresa minera canadiense, la empresa estatal de la provincia de Salta (REMSA) y la recién conformada Ronialem S.R.L., una firma sin experiencia previa en el sector. Según el sitio web oficial (3) de Portofino, Ronialem proporcionó asesoramiento local para estructurar el acuerdo a cambio de una participación del “15” por ciento en cualquier empresa conjunta que se formara con REMSA. Así lo expone el Boletín Oficial de la Rca. Argentina (4), con una integración en pesos, de 50.000 cada socio, lo que también no nos deja de sorprender.

Por otra parte, la Secretaria de Minería de Salta al momento de la firma de dichos acuerdos era la actual senadora nacional Flavia Royon. Royon fue denunciada penalmente por la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas por sus vinculaciones directas con empresas del sector, lo que demuestra la incompatibilidad de su representación legislativa frente a la modificación de la Ley de Glaciares.

Ante este panorama, surgen interrogantes ineludibles:

  • ¿Cómo votarán los representantes del oficialismo de Entre Ríos en esta sesión?
  • ¿Cuáles fueron las instrucciones del gobernador, tanto las genéricas como las puntuales?
  • ¿Saben los diputados que deben ejercer su libertad de conciencia ética y política?
  • ¿Respetarán sus convicciones y sus Cartas Orgánicas frente a un voto vital que no debería responder a la coyuntura ni a la mercantilización del poder central?

La iniciativa oficial cabalga sobre la voracidad corporativa y las “puertas giratorias” entre lo público y lo privado. Además, representa un agravio grosero a la participación cívica de las más de 100.000 personas que se inscribieron para la Audiencia Pública convocada por la Cámara de Diputados —un hito de participación único en el mundo— y a quienes el propio Gobierno les negó la palabra. Los tiempos de la democracia legislativa, ambiental y social no son compatibles con el extractivismo, la depredación por acumulación y la creación de zonas de sacrificio en las regiones más áridas del país.

Aquellos legisladores que aún preserven su sentir y pensar ético deben frenar este proceso de deconstrucción legislativa. Es necesario asegurar que la brecha entre el pueblo y sus representantes no se profundice. Es tiempo de honrar a los miles de ciudadanos que buscaron expresarse en aquella audiencia trunca. Pero, por sobre todas las cosas, es un punto de inflexión para “honrar la vida” y el recinto del pueblo, tal como nos convoca y conmueve la poesía de Eladia Blázquez: como un verdadero himno a la dignidad humana.

1. Frigerio, el litio y el enigma del tuit de Milei | Edición Impresa | Análisis de fecha 14 de marzo de 2024.

2. Ronialem SRL formada en noviembre de 2021, fue propiedad de tres ex funcionarios y diputados macristas como son el exministro Rogelio Frigerio, el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el exdiputado por Córdoba y presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, hoy miembro nuevamente de la cámara baja.

3. Portofino firma un acuerdo relativo a múltiples proyectos de litio, que cubren más de 27.000 ha en Salta, Argentina – Portofino Resources Inc.

4. Boletín Oficial de la Rca. Argentina del 5 de noviembre de 2021, página 28.

(*) Mel Argento es Doctora en Ciencias Sociales UBA, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales UNR, miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE). 
Romina Araguas, Gonzalo Vergez y Jorge Daneri, integran la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el CAJE. 

Conflicto de intereses en Diputados por la Ley de Glaciares: organizaciones exigen que legisladores con vínculos mineros se aparten del debate

En el marco del inminente tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma regresiva a la Ley de Glaciares, organizaciones exigieron a legisladores y legisladoras que informen públicamente si tienen vínculos con proyectos, empresas o consultoras dentro del sector minero y que se aparten del debate en caso de encontrarse en situación de conflicto de intereses.

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La advertencia no es menor. La modificación en discusión apunta a debilitar los niveles de protección sobre glaciares y zonas periglaciares, áreas clave para la disponibilidad de agua en la Argentina. En este contexto, la participación de diputados con intereses económicos en la actividad minera compromete la legitimidad del proceso legislativo y pone en riesgo el interés público.

La Carta enviada a la Cámara de Diputados existen legisladores que mantienen relaciones directas o indirectas con empresas del sector minero —ya sea como accionistas, proveedores, abogados corporativos, tenedores de activos o mediante vínculos familiares—, lo que los ubica en una situación incompatible con su rol institucional .

La normativa vigente es clara. La Ley de Ética Pública obliga a quienes ejercen funciones públicas a priorizar el interés general por sobre cualquier beneficio particular, y establece la obligación de abstenerse de intervenir en decisiones donde existan intereses propios. En la misma línea, estándares internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las directrices de la OCDE establecen que estos conflictos deben prevenirse, declararse y gestionarse antes de cualquier toma de decisión .

El problema no es abstracto. Actualmente, múltiples proyectos mineros se encuentran limitados por la Ley de Glaciares. Reducir los estándares de protección en estas zonas implicaría beneficios directos para ese sector económico. Por eso, permitir que legisladores con intereses en la actividad participen del debate implica habilitar decisiones atravesadas por beneficios privados.

Desde las organizaciones también recordaron la reciente denuncia penal contra la senadora Flavia Royón por negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de su accionar en favor del proyecto en el Senado. “La repetición de situaciones de este tipo deben evitarse por todos los medios en el futuro”, señala la carta .

En este escenario, el pedido es concreto: que los diputados y diputadas en situación de conflicto declaren públicamente sus intereses y se autoexcluyan del tratamiento del proyecto, tanto en comisiones como en el recinto. A su vez, se solicita al conjunto del cuerpo legislativo que establezca mecanismos institucionales para identificar y visibilizar estos conflictos, garantizando que las decisiones se tomen en defensa del interés público.

La discusión sobre la Ley de Glaciares no es solo técnica ni sectorial. Define el futuro del agua en la Argentina. Y también pone a prueba si el Congreso puede actuar sin condicionamientos de intereses privados en una de las decisiones más sensibles para los territorios.

La comunidad científica internacional advierte sobre los riesgos de reformar la Ley de Glaciares en Argentina

Especialistas internacionales en glaciología y disciplinas afines enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para expresar su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un contexto en el que los glaciares se están deteriorando a un ritmo acelerado —registrando los mayores niveles de pérdida en las últimas dos décadas y contribuyendo a un aumento del 21% del nivel del mar—, los especialistas llaman a mantener la ley sin modificaciones que debiliten su alcance.

En la carta, los especialistas advierten que los ambientes periglaciales son uno de los componentes más críticos del sistema hidrológico. En este sentido, señalan que, de aprobarse la reforma, podría ponerse en riesgo el acceso al agua potable para más de 7 millones de personas, así como provocar la pérdida de reservas de agua, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas frente a sequías prolongadas, afectar los caudales de los cursos de agua y reducir la resiliencia hídrica en regiones que ya atraviesan crisis de agua.

La Ley N.º 26.639, Ley de Glaciares de la Argentina, “Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, fue la primera de su tipo a nivel mundial. En la carta, los especialistas explican que “la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial y establece un estándar uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino”.

La reforma de esta ley intenta transferir la facultad de decidir si un área glaciar debe ser protegida o no a la jurisdicción donde se encuentra el glaciar, en lugar de mantenerla en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El objetivo de la reforma es habilitar el acceso a más áreas glaciares para la actividad minera, específicamente para la extracción de litio destinado a la producción de baterías. “Esto reemplazaría una metodología científica por decisiones basadas en oportunidades económicas y políticas”, agregan los expertos.

La reforma ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. A pesar de la intención del gobierno de acelerar su aprobación, el proceso quedó atravesado por una audiencia pública sin precedentes, que superó las 100.000 personas inscriptas, convirtiéndose en la más grande registrada hasta el momento y evidenciando el nivel de preocupación social en torno al debate.

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