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James Cameron en Jujuy: ¿Ambientalismo sólo para las cámaras?

📣 Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, hemos decidido hacer pública la carta enviada por las Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc al director de cine estadounidense James Cameron, con motivo de su visita a Jujuy. Las comunidades tienen conocimiento de que él recibió la carta y tomó nota de su contenido.

🚫🌿 En conjunto con las comunidades, diversas organizaciones ambientales, culturales y artísticas, denunciamos el “greenwashing” que representa su reunión con el gobernador Morales y su participación en el foro de sustentabilidad organizado por las mismas empresas que llevan a cabo la extracción de litio, lo cual afecta directamente a las cuencas de la zona.

✉️ La carta expone la incongruencia que representa que el autor de una obra cinematográfica con un mensaje decolonial y ambientalista, como lo es Avatar, legitime la nueva forma de colonialismo que se está imponiendo en las cuencas jujeñas. Este avance se sostiene a expensas de violaciones de derechos humanos y ambientales en la zona.

Jujuy, Argentina 6 de Junio de 2023

Estimado Sr. Cameron:

Habiendo tomado conocimiento de su próxima visita a la Argentina para participar en el Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando” nosotros, miembros de comunidades indígenas que viven ancestralmente en las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, provincia de Jujuy, le hacemos llegar esta carta a los fines de acercarle información sobre lo que está ocurriendo en nuestra provincia en relación con la industria extractiva del litio. Asimismo, le pedimos que reconsidere su participación en el evento o, en forma alternativa, nos conceda una reunión para profundizar estos puntos.

¿Por qué? Tenemos la convicción de que su credibilidad y notoriedad serán usadas para legitimar proyectos que dañan nuestra cultura, la naturaleza y nuestro derecho al agua. La minería de litio, que hoy se disfraza de necesidad clave para lograr una transición energética, tiene impactos crueles e irreversibles en nuestras comunidades.

La naturaleza de esta zona de la Argentina es muy diferente a la grandiosidad megadiversa de Pandora, o de la Amazonia, pero cuenta con una belleza propia que hoy es amenazada por una nueva forma de colonialismo que se disfraza de verde: la producción de baterías a gran escala para la elaboración de paneles solares, autos eléctricos y otras innovaciones que, paradójicamente, es hoy un boom en la carrera por la transición hacia energías libres de petróleo.

Por mucho que nos encantaría contar con su visita, y tener el honor de su presencia, creemos que participar del “Foro Sustantabilizando” no solo sería caer en un trampa de relaciones públicas en un contexto muy difícil para las comunidades locales de toda la región, sino también un golpe publicitario durísimo contra la resistencia que estamos llevando a cabo. Pero si usted igualmente decide asistir a ese evento, nos gustaría al menos poder reunirnos para contarle en primera persona lo que está ocurriendo, el lado B del boom del litio en Argentina.

Sr. Cameron, con Avatar usted nos ha inspirado a revivir la épica de la resistencia, la ética de la solidaridad comunitaria y ecológica, y retomar la estética de la lucha por la vida. Por ello le pedimos que se solidarice con nuestra lucha, tal como lo ha hecho anteriormente en la Amazonia y con tantas causas donde las comunidades indígenas locales, los Davids de la historia, nos animamos a combatir a los Goliats. Otros artistas e instituciones internacionales reconocidas se han solidarizado con nuestra causa como lo muestra la instalación “Web(s) of Life” de Tomas Saraceno inaugurada la semana pasada en la Serpentine Gallery de Londres. En la película “Aerocene Pacha” usted podrá apreciar la majestuosidad de la naturaleza de nuestra “casa” y la lucha de nuestras comunidades en defensa del agua y nuestros territorios.

En la sensacional película Avatar, Usted nos acerca una metáfora en la que se hace evidente que necesitamos reaprenderlo todo: la voracidad de las corporaciones por el lucro sin importar las consecuencias se antepone a los conocimientos ancestrales. En Avatar los diálogos relacionales se mantienen activos, despiertos para que el mundo siga respirando. El saqueo y la supresión de otras culturas forman parte del eje central de esta atrapante historia. Eso, como usted bien sabe, ocurre en la vida real, seguramente de allí se inspiró. Y América Latina es parte del modelo extractivista que nos imponen colonialmente.

Jujuy es Pandora, y está bajo la amenaza de la avaricia de la industria minera, y nosotros somos los Na’vi. Esperamos que usted, eventualmente el Jake Sully de esta historia, se convierta en nuestro Tsyeyk te Suli y juntos podamos luchar por todo aquello que amamos, tanto para esta y las próximas generaciones.

En solidaridad,

Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc

En caso de necesitar más información o contactarse con nosotros, por favor comunicarse con:

Alicia Chalabe, +549388 4148448 (Provincia de Jujuy)

Gastón Chillier (AAdeAA/CAJE), +54911 64879884 (Ciudad de Buenos Aires)

PS: aquí debajo le presentamos nuestros argumentos para que Usted reconsidere su participación en el evento en cuestión.

¿POR QUÉ DEBERÍA REVISAR SU VISITA AL AL FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “SUSTENTABILIZANDO”?

En primer lugar, hace más de 12 años nos encontramos luchando por la vigencia de nuestros derechos humanos frente al avance de la extracción del litio en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que comparten las provincias de Salta y Jujuy.

Realizamos acciones para obtener información ambiental sobre los proyectos mineros que se querían instalar en nuestro territorio y reclamamos la aplicación de la consulta libre, previa e informada, de conformidad con el Convenio No 169 de la OIT mediante acciones legales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a nuestros reclamos en distintos organismos judiciales, administrativos y foros internacionales, nuestros derechos no son respetados. Corremos el riesgo de que se afecte el agua de la que dependemos para nuestra vida, nuestras actividades económicas y la reproducción de nuestra identidad y cultura.

La minería de litio puede generar un daño ambiental irreparable debido a los enormes volúmenes de agua que demanda, particularmente en estos territorios. En esta región del mundo también estamos viviendo un emergencia hídrica y el agua es escasa y es fundamental para una biodiversidad única y también es esencial como para las comunidades locales. Esto es especialmente preocupante en una región en la que se prevé que los efectos del cambio climático generarán aumentos en las temperaturas y cambios en los patrones de precipitación que pueden poner en riesgo la vida de las personas y la integridad y capacidad de resiliencia de los ecosistemas.

En segundo lugar, en el marco de una creciente ampliación de la frontera extractiva del litio y otro conjunto de “elementos críticos para la transición” (Informe del Banco Mundial, 2020) se impulsa una presión extractivista sobre los territorios de América Latina que cuentan con estos recursos, trasladando los costos socioambientales, vulnerando derechos y despojando poblaciones, que multiplican conflictos ecológicos-distributivos característicos de los procesos de injusticia ambiental en nuestra región.

Argentina junto a Chile y Bolivia poseen alrededor del 58% de las reservas de litio en salmueras. Como Argentina es el único de los tres en el que el litio es libremente concesible, existen hoy más de 40 proyectos de litio a base de salmuera en sus salares de altura, emplazados en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, de los cuales dos se encuentran en etapa de extracción, seis en construcción, y aproximadamente 10 en grado avanzado.

Existe una enorme presión sobre nuestros territorios con más de una decena de proyectos en cartera, porque los gobiernos provincial y nacional quieren avanzar sobre la explotación de litio para atraer inversiones y satisfacer una demanda global de los llamados minerales críticos que estima que deberán aumentar hasta un 500% para dar cumplimiento con objetivos climáticos para el 2050.

Sin embargo, no se aplican adecuadamente las herramientas de gestión y de política ambiental que debieran implementarse para gestionar y minimizar los potenciales impactos, y no se aplican la evaluación ambiental estratégica de políticas mineras, ni los procesos de consulta previa, libre e informada. Así tampoco se busca revertir la profundización del extractivismo, ni se apuesta por un proceso de transición energética propia que aleje al país de la dependencia de los combustibles fósiles.

Nosotros vivimos cuidando a la naturaleza desde hace siglos. Protegemos los salares y a la naturaleza que vive en esos territorios. Lamentablemente, hoy somos una nueva zona de sacrificio para esta competencia geopolítica.

En tercer lugar, queremos señalar que quienes organizan la visita en Argentina y la Provincia de Jujuy seguramente busquen contarle una historia parcial sobre potencialidades para la inversión económica, pero difícilmente le cuenten cómo estas propuestas de inversiones y proyectos están afectando nuestros derechos humanos, entre ellos el derecho al agua, al ambiente sano, y a la autodeterminación que nos corresponde como comunidades indígenas.

Las corporaciones y dueños del poder económico, junto a los gobiernos, hacen su juego. Todos los fondos de inversiones más relevantes del mundo se reparten cual tablero de ajedrez los territorios y salares de Argentina y Chile donde se encuentra el litio, lo mismo hacen las automotrices más importantes del mundo (Toyota, BMW, VW, Nissan, General Motors, Audi, BAIC, y los gigantes Tesla y ByD). Las firmas electrónicas Samsung, Panasonic, Huawei o Apple, y las empresas dedicadas al almacenamiento estacionario, como Vestas, LG Chem, General Electric.

Vivimos hace siglos de manera armoniosa con los Salares y su cuenca. Como en su película Avatar vemos el gigantesco desembarco de grandes corporaciones, en connivencia de la autoridades locales, sin respetar nuestras culturas ni nuestro territorio.

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Organización para romper el consenso extractivista

Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva

El humo de incendios forestales y de humedales se ve, se siente y se respira fuerte en las grandes ciudades del país. Interminables olas de calor con temperaturas récord en el marco de la mayor sequía de la que se tenga memoria. Incendios de pastizales que, además de la destrucción natural, provocaron un apagón en medio país. No, no es el comienzo de una novela futurista distópica. Es ahora, es acá. Época de colapso que en Argentina se invisibiliza, se rehúsa el debate y se profundiza aún más en un espiral sin fin.

Es inaceptable que todo esto no se lo vincule con el modelo de maldesarrollo imperante. Desmonte récord —solo en 2022 fueron 200 mil hectáreas de bosque nativo—, más la destrucción de humedales. El mapa de los incendios coincide mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas que crece destruyendo humedales y pastizales. Pero los medios solo hablaron del lado pintoresco de la ola de calor.

Y nos dicen que haciendo más de lo mismo vamos a salir de lo que nos trajo hasta acá.

Para dar vuelta todo hay que romper el “consenso extractivista” que coloca a América Latina en proveedor de Naturaleza para el norte global como si fuese un destino y no, como es, una decisión geopolítica mundial que nos pone colonialmente en este lugar.

Romper con los “consensos” requiere mucha determinación y convicción. Oponerse tiene un costo alto porque la ridiculización y la “cancelación” son las armas para mantener el statu quo. “¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta si nos va a salvar?” “¿Y la soja? Si somos líderes en el mundo.” Nadie puede discutir esto bajo pena de ser despreciado y atacado. Se califica de insensato e irrazonable a quienes cuestionan los modelos de maldesarrollo que nos trajeron a la actual crisis ecológica y económica. Instalan un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al modelo extractivista.

Lo cierto es que Argentina con fracking, agronegocio y megaminería tiene más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza. No pareciera razonable que profundizando ese modelo vayamos a tener resultados distintos. No hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, glaciares, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones del Norte Global.

Marcha por un mar libre de petroleras – Foto: Greenpeace

Colonialismo verde y ambientalismo extractivista

Con este contexto, un nuevo capítulo de saqueo y devastación ambiental se cierne sobre nuestra región. La “transición energética” se convierte en un nuevo altar para que, nuevamente, América Latina se convierta en una zona de sacrificio para que cada estadounidense tenga su automóvil/camioneta Tesla eléctrico o un europeo su BMW a baterías de litio.

Es que esta transición energética no es la nuestra. Es una de características corporativa, de mercado, que sólo tiene en cuenta las necesidades del Norte global sin importar las consecuencias en nuestras tierras. “Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños”, dijimos desde el Pacto Ecosocial del Sur en el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Energética Justa y Popular.

“Colonialismo verde” se ha denominado a esta nueva dinámica y preocupa la cerrazón e invisibilización de los enormes impactos locales que conlleva. Este tipo de transición corporativa aumenta la deuda ecológica del Norte sobre el Sur.

Europa realizó el listado global de los recursos estratégicos críticos. Los europeos consumen el 19 por ciento de los recursos naturales mundiales, pero en sus territorios extraen solo el tres por ciento. El colonialismo europeo requiere nuevamente a América Latina como zona de sacrificio. El norteamericano también, por ello la desesperación de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, quien visitó el país dos veces sólo en los últimos meses.

Este “colonialismo verde” necesita la construcción de un nuevo “ambientalismo” que esté totalmente desconectado de los territorios, que sea indiferente de las consecuencias locales. Los medios se encargarán de poner a este novedoso “ambientalismo” como interlocutor para invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales. Los gobiernos harán su parte, dándoles lugar y mostrándolos en (falsos) diálogos para legitimar el nuevo avance sobre la naturaleza y las comunidades.

Este novedoso “ambientalismo”, a contramano de la totalidad del movimiento socioambiental de América Latina, no cuestionará el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, ni el fracking en Vaca Muerta, ni el avance de la minería trasnacional de litio sobre las comunidades indígenas en el norte de nuestro país (incluso son defensores del nuevo trigo transgénico y la minería metalífera, con la excusa de los minerales para la transición).

No sólo no cuestionará a estas figuras extremas del extractivismo sino que las impulsará abiertamente en nombre del “desarrollo” (aunque con esto atrasen 30 años). Esto es realmente novedoso e inédito. Como si dentro del movimiento feminista apareciera una corriente que no apoye el aborto y esté en contra de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En realidad no sería una corriente feminista.

Planificadas y costosas campañas publicitarias para influir en la opinión pública se realizan para disfrazar de soberanía nacional este nuevo ciclo de saqueo neocolonial. Se esconderán las transnacionales (de siempre) que están detrás y seguirán hablando de soberanía aún con casos extremos, como que una de las directoras de la petrolera Equinor (que hará explotación offshore en nuestro mar) es asesora del ilegal gobierno kelper en las Islas Malvinas. ¡Y tendrá a cargo el mapeo de los recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino!

Así, el objetivo es mantener intacto el modelo colonial extractivista sin discutir el modelo extractivista, solo importa la oportunidad de ser (nuevamente) proveedores de materias primas para la denominada transición (del Norte). Un proceso impulsado por las corporaciones y orientado a la exportación de commodities hacia las grandes potencias (Europa, China, Estados Unidos) que encuentra así legitimación interna.

Consenso extractivista, economía para la vida y justicia social

Salir de este modelo no solo es posible, sino que es un deber en América Latina donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. No por casualidad es la región más desigual del planeta.

El modelo extractivista empobrece y desiguala. Siempre fue así en el Sur Global. Urge cambiar esta matriz. Son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños en la pobreza en nuestro país. Por ello, confrontar al extractivismo es luchar por la justicia social.

Para ello es fundamental que todo ecologista conozca y respete los territorios, su gente y comunidades. Es esencial esto porque no sólo te da conocimiento sino que, fundamentalmente, te ubica y contiene. No por casualidad es que el “ambientalismo extractivista”, sin territorio mas que las redes sociales, plantea desde la ciudad de Buenos Aires disparates como si fueran estadistas.

Como dijimos con Maristella Svampa, la salida a la crisis ecológica y climática es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política.

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. Convertir la distopía en utopía. El socio ambientalismo es una gran disputa de sentido, tenemos que revalorizar otras experiencias que existen y crear nuevos relatos alternativos a ese destino extractivista que nos imponen desde el Norte.

Como plantea el presidente colombiano Gustavo Petro, necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Una economía que garantice acceso a la tierra y genere posibilidades de progreso a la población y no que la expulse y condene a malvivir en los cordones de las grandes ciudades.

Es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae devastación, saqueo y exclusión.

A la Corte Suprema en la Causa por el Golfo San Matías

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en la causa por el Golfo San Matías. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera, y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. Por eso interpusimos el 31 de mayo pasado un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro.

Como organización patrocinante, denunciamos que en el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada el 9 de agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no regresión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural Golfo San Matias.

Lo único que hizo el STJ en su resolucion es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la accion legal: Fundación Inalafquen, Multisectorial Golfo San Matías; Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Patagonia Natural; Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Pastoral Social Diócesis de Viedma; Pastoral Social Diócesis Alto Aalle, Radio Comunitaria La Korneta, Feria de Artesanos Victor Menjolou de las Grutas; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Partido Socialista de Rio Negro y Asamblea Socioambiental de Cipolletti.

Esta y otras acciones del Poder Judicial local se encuentran alineadas con las políticas fosilistas y extractivistas del gobierno provincial y las empresas petroleras y gasíferas que operan históricamente en la región. Esto incluye la falta de transparencia y consulta ciudadana, lo que se encuentra en violación del Acuerdo de Escazú, ratíficado por nuestro país. También la suspensión de la Audiencia Pública organizada para esta causa, cuyas flagrantes irregularidades fueron denunciadas por las organizaciones ante la Fiscalía de Estado.

El rechazo de la causa niega la voz de las comunidades territoriales que resisten el avance de la infraestructura de Vaca Muerta. La cual necesariamente viola derechos humanos y ambientales para maximizar y lograr su rentabilidad macroeconómica. El modelo actual de avance del entramado petrolero avanza sobre falsas promesas de riqueza, que a 10 años de Vaca Muerta, se ha comprobado que no solo son falsas, sino que han fugado más divisas de las que han ingresado. Recientemente estuvimos presentes en las Grutas y pudimos una vez más comprobar la voz del Pueblo: ¡La Ley 3308 no se toca!

La causa por el golfo San Matías

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial. Esto fue realizado de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista.

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Foto: Greenpeace

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Deforestación ilegal de bosques de Palo Santo: argumentos hacia una condena

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó argumentos jurídicos relevantes en el caso “Tierra Vasca” de deforestación ilegal de bosques de palo santo (EXPTE. N° 4121/201). La presentación se realizó después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un acuerdo de reparación integral propuesto por empresarios forestales, quienes están acusados de falsificar documentación pública para obtener permisos administrativos con el fin de exportar palo santo. Esto se llevaba a cabo en el marco de una actividad que el juzgado de primera instancia definió como “tala clandestina”.

Los desmontes ilegales de palo santo y otras especies protegidas son parte de la deforestación que la industria extractiva de la madera realiza en nuestro territorio. La deforestación ilegal es un problema significativo en el país. Según informes, entre 2015 y 2018, Argentina perdió alrededor de 1,3 millones de hectáreas de bosques nativos debido a la deforestación ilegal. La provincia de Salta, en el norte del país, ha sido una de las áreas más afectadas. Esta situación representa una urgencia ecológica y también social, ya que el avance ilegal de la industria conlleva violación de los derechos humanos y vulneración de las comunidades.

La causa se centra en los desmontes ilegales llevados a cabo en los bosques de palo santo y en el rechazo de un acuerdo de reparación por parte de la Corte de Casación. Es importante destacar que el entonces Secretario de Ambiente fue responsable de la empresa encargada de la tala de los bosques de palo santo y se encuentra también vinculado a esta causa. El avance de la industria extractiva de la tala no solo tiene consecuencias ambientales, sino que también afecta a las instituciones, a la democracia ambiental y a la seguridad jurídica de las zonas donde la industria está presente.

Desde la Asociación, se presentó el recurso jurídico llamado Amicus Curiae, una figura legal que permite a terceros ajenos al proceso judicial presentar argumentos y opiniones ante un tribunal en relación con un caso específico. Fue realizado para proporcionar al tribunal una serie de argumentos jurídicos relacionados con el derecho constitucional, internacional, nacional y local que son relevantes para la resolución del caso. Se realizó especial énfasis en aquellos elementos jurídicos considerados trascendentales para su consideración y que son de vital importancia en este asunto, en el que se decide sobre una cuestión de relevancia colectiva que se relaciona directamente con la Justicia Ambiental, los Derechos de la Naturaleza y la protección de nuestros ecosistemas en un contexto de crisis ecológica.

Tomar medidas en contra de la deforestación ilegal es fundamental para proteger nuestro planeta y garantizar el respeto de los derechos humanos. En un contexto de crecientes sequías y crisis climática, es necesario que las instituciones también se sumen a la lucha contra la deforestación en nuestro país.

Avanza la investigación penal por los basureros petroleros de Vaca Muerta

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con la Asamblea Por los Derechos Humanos de Neuquén, fue admitida como querellante de la investigación penal en curso en los basureros petroleros de Vaca Muerta. La misma pesa sobre COMARSA, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial. La solicitud de querella fue aceptada por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén.

Se investiga la posible comisión del delito de contaminación peligrosa para la salud y el ambiente por parte de la empresa Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), así como la posible responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de supervisar dicha actividad. La Fiscalía consideró que este delito protege dos bienes jurídicos fundamentales: el ambiente y la salud, los cuales están estrechamente relacionados. Además, destacó la legitimación amplia en materia ambiental, respaldada por la Constitución Nacional y Provincial, reconociendo el papel activo de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa del ambiente y el acceso a la justicia en temas ambientales como un derecho humano reconocido internacionalmente.

En la causa existe documentación oficial, informes y testimonios en donde, por una parte, se exponen abiertamente una serie de irregularidades en el accionar de COMARSA, en cuanto al tratamiento de los residuos petroleros; y, por otra parte, el conocimiento de estos incumplimientos reiterados por parte de las autoridades públicas competentes.

Dentro de voluminoso legajo de la investigación penal, se destacan más de 1180 fojas que contienen las actas de las inspecciones realizadas a Comarsa por funcionarios estatales entre 2013 y 2021. También se encuentra el historial de las infracciones constatadas por la autoridad de aplicación, los registros del programa de trazabilidad de residuos (incorporados en 2017), estudios de emisiones de gases de hornos pirolíticos y manifiestos de la cadena de custodia. Se ha comprobado que la cantidad de residuos peligrosos que genera el fracking hace que su correcto tratamiento sea imposible.

Esta nueva información ratifica la la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA. La misma se apropió ilegalmente de tierras fiscales para depositar en ellas residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos no convencionales. También son evidentes las reiteradas declaraciones falaces sobre el volumen de los residuos acopiados y el acopio de basura por sobre las capacidades de tratamiento. La violación a las suspensiones por mal funcionamiento de hornos son de especial gravedad, ya que ponen en peligro a la población con emisiones de dioxinas y material particulado.

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020

Desde diciembre de 2020 que la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas expone el escandaloso negocio millonario de los basureros petroleros en Vaca Muerta. Denunció penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo. También a las compañías petroleras YPF, Shell, Chevron, Tecpetrol (entre otras) por producir esos residuos en el marco de las perforaciones de fracking. Por último, a los funcionarios públicos del gobierno provincial de Neuquén, responsables por la omisión de los controles correspondientes.

Rechazo al inconstucional avance de la industria petrolera y gasífera en el Golfo San Matías

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por Asambleas del Curru Leufu, el encuentro de distintas asambleas de la provincia de Río Negro.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Verguez +54 9 223 426-8927

El STJ evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley 3308

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro utilizó un artilugio jurídico para evitar pronunciarse sobre el pedido de inconstitucionalidad que varias organizaciones, asambleas, vecinxs e instituciones presentamos para defender nuestro Golfo San Matías del avance petrolero. El STJ concluye que no existe “legitimación activa” de los demandantes. La conclusión se basa en lo enviado por la fiscalía y la procuraduría, que tiene escasez argumental y niega hechos conocidos públicamente como el “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF. Ante esto, el gran interrogante deberá ser: Señores jueces ¿quiénes consideran ustedes que son legítimos accionantes? Todos los firmantes continuaremos considerándonos legítimos accionantes, porque nuestros argumentos son sólidos y verdaderos. Esta sentencia no resuelve la cuestión de fondo, porque el tribunal no respondió a los planteos centrales esgrimidos en la demanda.

Las organizaciones hemos visto cómo distintas instancias estatales (el Legislativo de la provincia de Río Negro con la modificación de la Ley 3308, el Ejecutivo Nacional con el impulso de Vaca Muerta, el Ejecutivo Provincial con el aval y promoción del proyecto y ahora al Poder Judicial Provincial) no funcionan como garantes de un ambiente sano, ni de la población, ni de las actividades económicas regionales y el futuro.

El fallo ha violado nuevamente el Acuerdo de Escazú, y las Leyes Nacionales que promueven nuestra participación en la toma de decisiones que afectarán el futuro y la vida de nuestros territorios. Desde que este proceso empezó, observamos la imposibilidad de discutir la cuestión de fondo del conflicto.

Tal como expresamos, el fallo no apunta a ninguno de los argumentos que elaboramos entre todas las organizaciones, menosprecia a la población aduciendo que la información no existe porque el proyecto es hipotético y, por lo tanto, la afectación posible también. Esta actitud de negación no resiste ni un mínimo análisis; el proyecto es tan conocido como la hoja de ruta de la empresa, que hasta pauta tiempos y objetivos, entre ellos la modificación de la Ley 3308 que solicitamos que sea considerada inconstitucional. El ejecutivo ha realizado el llamado de Audiencia Pública en la provincia, la cual tuvo que suspenderse por incurrir en una serie de irregularidades que estas mismas organizaciones señalamos ante la Fiscalía de Estado. A su vez, se realizó la Audiencia Pública en Neuquén para dar lugar a la construcción del primer tramo del oleoducto. Lo que el tribunal marca como “hipotético” no es parecer ni suponer, es una realidad contundente que están decidiendo no ver.

El fallo brindado no respeta los derechos y garantías que obligan a los jueces a hacer una interpretación amplia de las leyes, tampoco escucha los reclamos legítimos del pueblo rionegrino. Más bien pareciera responder a los intereses de las corporaciones petroleras ignorando el planteo central y corriendo la discusión hacia la legitimación activa del pueblo que defiende el ambiente sano. No hay un solo argumento interpretativo propio de la labor y obligación que tienen los jueces.

Volvemos a sostener que la modificación de la Ley 3.308 es INCONSTITUCIONAL y que fue hecha a espaldas del pueblo.

Exigimos que se respeten nuestros derechos y denunciamos que la legitimidad que nos niega el Poder Judicial la haremos manifiesta en la calle. En cada uno de los territorios se levantarán acciones ante este proyecto que contamina agua, aire y suelo, que destruirá nuestros ecosistemas y afectará los miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca del Golfo.

Si la balanza está inclinada tocará al pueblo rionegrino ponerla en su lugar.

Multisectorial Golfo San Matías – Observatorio Petrolero Sur – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta promotora APDH Alto Valle- Pastoral social Diócesis de Viedma- Feria de artesanos «Victor Menjoulou» Las Grutas- Red de Comunidades Costeras – Asamblea Mar Libre de Petroleras Mar del Plata – Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea Trawn Ko Viedma – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel- Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Asamblea en Defensa del Territorio de Pto. Madryn – Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS – CTA Bahía Blanca – Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca.

Teléfonos de contacto:

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías

☎️ 2984 73-4419 Mauro Istueta | Abogado- Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco

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Los corredores bioculturales de Villa Urquiza

Por Jorge Daneri (*). La naturaleza, con sus seres dentro, ha esculpido un conjunto de corredores biológicos y culturales invalorables en términos cualitativos, contemplativos. Una ordenanza¹ reciente sancionada en la comuna de Villa Urquiza, los comienza a reconocer. La sanción de esta normativa prioriza la preservación de sus bienes culturales, históricos, paleontológicos, arqueológicos y, en definitiva, las diversidades del territorio ambiental que habitan todos los seres, no humanos, como nosotros, los que podemos narrar estas historias.

En estos tiempos podremos ver, acompañar, celebrar su demarcación y cuidado, como en un ejercicio cívico de la participación ciudadana y la gestión de los gobiernos locales. Son acuerdos del porvenir que, ojalá, se lideren con generosidad, con la continuidad de las buenas decisiones aprobadas por consensos amplios y en el caso que nos ocupa, unánimes.

Los corredores bioculturales a jerarquizar, en un diálogo de preservación ecológica y rescate de la memoria fósil y cultural de Villa Urquiza, comienzan a ser identificados, diseñados en su cartelería, en la búsqueda de pasados, recuerdos, relatos, como en la identificación de miradores de paisajes que nos pueden permitir imaginar diálogos, mateadas y abrazos entre Juan L. Ortiz, Cesáreo Bernardo de Quiroz, Gloria Montoy, Polo Martínez y tantos otros creadores que se enamoraron de esa costa soleada y su río mágico y misterioso.

El corredor de los cementerios, comenzando por el Convento, el de las casonas de los abuelos inmigrantes, vascos, alemanes e italianos, también franceses, criollos, nativos.

La selva en galería con sus barrancas legalmente protegidas en el valle de inundación del Paraná Medio. Los árboles centenarios, y esos saltos de agua a reestablecer, restituir a la madre tierra, recuperar para siempre.

Los corredores bioculturales hacia Colonia Nueva, como hacia la balsa y su enorme humedal, en conversación eterna con la reserva natural Berduc, son opciones para disfrutar de la bicicleta con buenos kilómetros de sorpresas y alegrías maravillosas.

La comisión creada por esta ordenanza de preservación está en marcha, funcionando, conformando su reglamento interno, soñando y aterrizando. La integran decenas de instituciones, vecinos. Logra trascender las confrontaciones estériles y seguir los caminos de transiciones para cuidar sus identidades y la serenidad de los seres buenos que nos preceden, respetando el porvenir de las generaciones que continuarán defendiendo la necesidad de comprender y trasmitir estos conceptos que nuestra Constitución Provincial moviliza custodiar y disfrutar como un legado irrenunciable. Esta tarea es la que hoy nos convoca.

Ordenanza Nº 227/22 Municipalidad de Villa Urquiza, Entre Ríos, diciembre 2022.

(*) Abogado ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de Fundación La Hendija de Paraná.

Esta nota fue publicada originalmente en Era Verde y reproducida aquí con el permiso correspondiente.

Reunión de las partes del Acuerdo de Escazú

por Enzo Culasso Orué, Equipo Legal de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

La COP2 del Acuerdo de Escazú (Buenos Aires 19 al 21 de abril de 2023) definirá la composición del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, espacio donde la ciudadanía podrá elevar quejas ante el incumplimiento por parte de los Estados de los derechos de acceso a la información, participación y a la justicia en asuntos ambientales.

¿Qué es lo novedoso del Acuerdo de Escazú?

Es una oportunidad única de propiciar la integración regional en América Latina y el Caribe, en cuanto el acuerdo busca elevar e igualar la garantía de los derechos humanos en asuntos ambientales entre los distintos países.

Lo más novedoso es lo relativo a Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Debiendo los Estados brindar una protección especial a quienes se le reconozca esta categoría, garantizando que su integridad física, la libertad corporal, de expresión, de reunión, entre los más relevantes, no sean vulnerados.

En nuestro país ya se han dictado leyes relativas a los derechos de acceso, tanto en la Ley General del Ambiente 25.675, como leyes particulares relativas al acceso a la información pública ambiental (ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental).

En ese sentido la participación ciudadana es uno de los instrumentos de la política ambiental nacional (Art. 19 a 21 LGA) pero posicionado como una instancia dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental previo a emitir el certificado de aptitud ambiental o en el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio.

En cambio el Acuerdo de Escazú posiciona la participación de la ciudadanía en un momento distinto, debiendo los Estados “asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos” (Art. 7.4 Acuerdo de Escazú).

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es mejor conocido como Acuerdo de Escazú (por haber sido celebrado en la ciudad de Escazú, Costa Rica). Ha sido suscrito y ratificado por nuestro país (por Ley 27.566), y pasa a formar parte del sistema de derechos constitucionales, por tratarse de un tratado sobre derechos humanos ambientales, con jerarquía superior a las leyes.

Este acuerdo se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como Río 92. Es el único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). También el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. América Latina y El Caribe es la región más peligrosa para las defensoras y defensores ambientales, el informe de Global Witness así lo confirma.

Observamos como la legislación internacional recepta situaciones que se han vuelto el modo de imponer modelos de desarrollo por encima de la voluntad del pueblo, basado en el extractivismo de los bienes comunes, la acumulación por desposesión y el consecuente avasallamiento de derechos humanos fundamentales. He aquí la importancia de este Acuerdo Regional, para la superación de los flagelos que atentan contra la salud de nuestros pueblos-territorios, la integración regional sudamericana desde una perspectiva de derechos y el fortalecimiento de la democracia para la garantía de los derechos humanos.

Establece tres “derechos de acceso”: a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Recepta los siguientes principios:

a) principio de igualdad y principio de no discriminación;
b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas;
c) principio de no regresión y principio de progresividad;
d) principio de buena fe;
e) principio preventivo;
f) principio precautorio;
g) principio de equidad intergeneracional;
h) principio de máxima publicidad;
i) principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales;
j) principio de igualdad soberana de los Estados; y
k) principio pro persona.

Dispone que cada Estado parte debe adecuar su legislación interna para receptar cabalmente el acuerdo. En Argentina ya contamos con legislación al respecto, lo que necesitamos es avanzar en su implementación y efectividad.

También determina un rol activo del Estado en cuanto a la comunicación del Acuerdo, que debe hacerlo en términos claros y comprensibles para la adquisición de conocimiento por parte de la ciudadanía en cuanto a los derechos de acceso, la necesaria asistencia que debe brindar para garantizar el ejercicio de estas derechos de acceso, posibilitando la adaptación lingüística y cultural, los medios informáticos más actuales; a la vez que debe propiciar entornos seguros para defensores ambientales.

Derecho de Acceso a la Información en Escazú

Este derecho está regido por el principio de MÁXIMA PUBLICIDAD. Este derecho comprende el solicitar y recibir información en poder del Estado, en sus diversas escalas, sin necesidad de manifestar algún interés particular al respecto, ni tener que justificar la solicitud. En caso de que esa información no exista o no esté en poder del Estado, debe ser informado a la brevedad. Cuando sea denegada de manera injustificada o no se reciba respuesta en el tiempo legalmente estipulado, se habilita la instancia de acceso a la justicia, por ejemplo en nuestro país interponiendo un amparo.

El Estado debe brindar facilidades y asistencia al público, para ello debe acompañar en los procedimientos de acceso desde que se hace la solicitud hasta que se entrega la información, teniendo en especial consideración las características socio culturales de quien solicita, en especial si son pueblos indígenas o grupos étnicos, con la finalidad de posibilitar la participación en igualdad de condiciones.

El Acuerdo establece Mecanismos de revisión independientes.

“Cada Parte establecerá o designará uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información. Cada Parte podrá incluir o fortalecer, según corresponda, las potestades sancionatorias de los órganos o instituciones mencionados en el marco de sus competencias.”

“Cada Parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles.”

Este artículo está íntimamente ligado a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable o mejor conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que básicamente establece una serie de advertencias que deben ir al frente de los envases de alimentos que contengan excesos de nutrientes críticos y/o calorías en exceso, como también en caso de contener edulcorantes o cafeína, que no son recomendables en niños/as.

Participación pública en el proceso de toma de decisiones

“Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.”

“(…) 5. El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que participe en forma efectiva (…)”

Se debe posibilitar la participación ciudadana en cada instancia donde se decidan cuestiones que puedan tener impactos sobre el ambiente, hasta aquí son derechos que en Argentina ya están reconocidos, por leyes de presupuestos mínimos, como también leyes provinciales, como ser la Ley General del Ambiente que establece la participación ciudadana como una etapa dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo que es aún más interesante es el artículo 7.4 por el cual “Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.” Esto significa que al momento de diseñar, por ejemplo una política pública o una obra pública, se debe dar participación desde el comienzo, para que se convierta en un proceso virtuoso y no solo una etapa que debe cumplirse para una formalidad legal que en los hechos no cambia nada.

Para participar de manera efectiva debe contarse con plazos razonables que dejen tiempo para que la ciudadanía se informe debidamente, en términos comprensibles y oportunos, para ello deben usarse todos los medios a disposición, desde los escritos a los digitales, medio de comunicación por audio e imágenes.

Al momento que se comunica, debe especificarse cómo mínimo:

a) el tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico;

b) la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas;

c) el procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública; y

d) las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos para solicitar la información.

Este derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales debe incluir la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados, ya que antes de adoptar una decisión, la autoridad pública tiene que tomar debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación.

Se deben brindar condiciones propicias para que la participación pública se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de la ciudadanía. Mismo cuando el público habla otro idioma distinto al oficial, deben garantizarse las condiciones para su correcta comprensión y participación.

Aquí hay un vínculo al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la necesaria consulta previa, libre e informada, cuando puedan afectarse territorios tradicionalmente ocupados por estas comunidades (ver mas abajo).

Se deben realizar esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad y así involucrarse de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación, considerando los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación.

Así mismo, la autoridad pública debe hacer esfuerzos por identificar público que sea directamente afectado por proyectos o actividades que tengan impactos significativos sobre el ambiente y entablar acciones que faciliten su participación.

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

Este es el tercer derecho de acceso que establece el Acuerdo de Escazú, que en asuntos ambientales debe garantizar el debido proceso.

ARTÍCULO 8.2 Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento:

a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental;

b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y

c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.

Para el acceso a la justicia debe contarse con órganos estatales con conocimientos específicos en materia ambiental, así como procesos claros, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, en su caso, el derecho de litigar sin gastos. Una legitimación activa amplia, la posibilidad de interponer medidas cautelares ante la inminencia del riesgo o daño al ambiente, así como medidas para facilitar la producción de la prueba, o en su caso, la inversión de la carga probatoria, es decir que pruebe quien está en mejores condiciones de hacerlo, que en la mayoría de los casos es quien pretende llevar adelante la actividad o proyecto, por ser quien mejor conoce lo que pretende hacer.

Muy importante también la etapa de la ejecución de la sentencia, ya que contamos en Argentina con fallos trascendentales que no logran manifestarse en los hechos. Así mismo los mecanismos de reparación, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, el pago de una sanción económica, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Para hacer efectivo este derecho deben eliminarse o reducirse al máximo las barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, atender las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad estableciendo mecanismos de apoyo, como la asistencia técnica y jurídica gratuita.

Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales

ARTÍCULO 9.1 “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Esto incluye su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso.

Debiendo el Estado tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir.

Aquí vemos la plena vigencia de Acuerdo de Escazú a la luz de los hechos que vienen ocurriendo en los pueblos que sufren la megaminería, donde las empresas multinacionales, muchas veces con complicidad del Estado y las fuerzas policiales, persiguen a grupos que defienden históricamente estos territorios, con la intención de doblegar sus resistencias.

También establece directrices en cuanto al Fortalecimiento de capacidades, la Cooperación, un Fondo de contribuciones voluntarias y la Conferencia de las Partes donde cada parte tendrá UN VOTO.

Se crea un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento donde se recibirán las denuncias ante incumplimientos al acuerdo y también un mecanismo de Solución de Controversias.

Conclusiones

Habiendo sido elaborado con participación del público, redactado en palabras sencillas, es una invitación a que desde la ciudadanía seamos parte activa en la promoción y garantía del cuidado de la Madre Tierra, comprendiendo el destino común y la interdependencia que une a todas las personas por habitar una misma Tierra.

Este Acuerdo Regional vinculante es sin lugar a dudas un punto de partida y horizonte que debe guiar la cultura democrática a la luz de los hechos que se vienen suscitando en la región, para lograr disminuir al máximo la violación a los derechos humanos ambientales, el hostigamiento y persecución a grupos que cuidan la naturaleza y sus territorios, como mecanismos de imposición de proyectos extractivos sobre la voluntad de los pueblos.

Basado en el Informe sobre “Abusos de poder, extractivismos y derechos en la región andina.”

Saqueo en el Mar Argentino: Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore de hidrocarburos

Contexto y antecedentes

Desde la llegada del offshore de hidrocarburos al debate público en nuestro país, la exploración y explotación petrolera en el Mar Argentino fue presentada, sin fundamentos, como una “oportunidad única para el crecimiento económico de nuestro país”. Al igual que sucede con el proyecto Vaca Muerta, los principales argumentos “eldoradistas” presentados alrededor de estos proyectos son la generación de divisas, energía y de empleos.

Pero se esconde que el contexto mundial nos encuentra inmersos en un proceso global de transición energética. El abandono de los combustibles fósiles, y de la infraestructura que los acompaña, es inevitable en una senda ya demorada de reducción y prevención de la crisis climática. Impulsar proyectos de petróleo y gas offshore en este contexto termina siendo, inexorablemente, en detrimento financiero para Argentina. Especialmente bajo las condiciones de entrega, saqueo y dependientes con las grandes empresas transnacionales petroleras.

La reorganización del sistema energético en su conjunto y la incorporación de nuevas tecnologías, principalmente renovables, en la producción y distribución de energía, son inevitables. Si bien Argentina todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles, es necesario que comencemos la senda que convierta al país en un líder regional en tecnologías e infraestructura renovable y no en seguir ampliando la frontera hidrocarburífera. La incorporación de fuentes de energía renovable, con la solar y la eólica a la cabeza, impulsará la renovación de la industria energética que necesitamos, garantizando un derecho a la energía en todo el territorio que permita ahorrar la importación de energía externa y generando un verdadero impacto en la balanza comercial y económica del país.

Precisamos un rol central del Estado para articular y diseñar los procesos locales y regionales de transición energética. Liderar este proceso es urgente, como lo es realizarlo en conjunto con las empresas estatales nacionales y provinciales, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas eléctricas de todo el país. Si no empezamos cuanto antes, corremos el riesgo de perder la oportunidad y un rol estratégico y central en la industria naciente de renovables. Una demora de décadas en este sentido reducirá a que nuestros procesos de transición energética local sean absolutamente dependientes del Norte Global y los procesos neocoloniales y de capitales transnacionales (como pretende avanzar el offshore) bajo una esfera eminentemente corporativa y privativa.

Presentamos entonces el presente documento como un insumo clave para una discusión real sobre el avance y la implementación de proyectos de exploración y explotación petrolera offshore. Todo ello sin considerar los enormes impactos ambientales locales de este tipo de explotación. Los datos de este documento comprenden el marco regulatorio vigente bajo el cual se inscribe el descontrolado embate de la exploración y explotación petrolera, tanto para las empresas extranjeras como Shell y Equinor, como para la empresa YPF (parcialmente nacional).

Acceso a divisas en país de origen

Según el marco regulatorio actual, las empresas que aumenten su producción de hidrocarburos respecto del año anterior podrán acceder al mercado de cambios para pagar deuda en el exterior, dividendos o girar dinero al exterior. Esto significa que las compañías pueden comprar una determinada cantidad de divisas (al cambio oficial) y sacarlas del país. Por lo cual no hay ninguna garantía que suceda lo mismo que con el megaproyecto Vaca Muerta donde la salida de divisas supera al ingreso de las mismas.

El Decreto N° 277/22 creó regímenes de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo y Gas.
Las compañías pueden acceder a comprar una determinada cantidad de divisas (al cambio oficial) y sacarlas del país. El modus operandi de estas empresas para poder sacar la mayor cantidad de divisas al exterior es:
- Las filiales locales se endeudan con la empresa matriz a tasas de interés infladas y con el pretexto de saldar su deuda, giran así mayor volumen de utilidades, sin reinvertir en el país.
- De esta manera, reducen sus ganancias en el papel y erosionan la base de sus pagos de impuestos en el país de producción, elevando las ganancias financieras reales de la misma empresa o grupo económico en el exterior.
La salida de divisas para financiar las inversiones del sector, podrían estar por encima de las regalías y beneficios que generarán estos proyectos los próximos 30 años, como viene ocurriendo conforme lo muestra el informe de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

Derechos de exportación y retenciones

A su vez, la necesidad de obtener un saldo positivo en la balanza comercial y energética se presenta como otro gran argumento para el avance sobre el mar, para así reducir la dependencia del país de la importación de combustibles. Pero nada del marco regulatorio garantiza esto, el avance de la exploración y explotación petrolera tendrían permitido orientar su extracción a la exportación.

La Resolución 26/2023 de la Secretaría de Energía publicada a principios de 2023, habilita a las empresas a solicitar una alícuota de 0% por derechos de exportación.
Esto significa que los proyectos que inviertan 1000 millones de dólares en 5 años y, de esa manera, queden dentro del Régimen de Promoción del Decreto 929/13 y acceden a pagar nada por exportar hasta el 20% de los hidrocarburos extraídos en suelo y mar argentino.
Vale destacar que el marco de aplicación de esta resolución es el Decreto 929/2013 firmado por el Poder Ejecutivo nacional, llamado “Soberanía Hidrocarburífera”, el cual crea un régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos.

La promesa de las regalías

El impacto sobre las regalías a nivel nacional es otra de las promesas que constantemente se usan para justificar el avance y la profundización de la frontera hidrocarburífera en nuestro país. Como se ve, aún utilizando los datos oficiales, los montos reales a obtener en este concepto no cambian la ecuación económica de un país, ni siquiera de una provincia.

Según el decreto Decreto 900/2021, empresas concesionarias del bloque CAN-100 abonarán las regalías en un esquema escalonado.
- Los primeros 10 años de explotación abonarán solamente el 6%
- del año 11 al 20 abonarán el 9%
- del año 21 al 30 abonarán el 12%
Considerando el potencial de la cuenca Argentina Norte según estimaciones de Rystad, la consultora noruega líder a nivel mundial para la industria del petróleo y el gas, sería de 20.706.200 barriles (a un precio de referencia de exportación de hoy: US$75 x barril)
- Las regalías que dejarían los primeros 10 años de explotación del CAN 100 serían de sólo unos US$9 millones por año.
- Debido a la “maduración” de la cuenca y la baja en la producción estimada por pozo, del año 11 a 20 de producción, las regalías serían menores, de solo de US$4,7 millones por año.
Para los bloques otorgados a través del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1 llamado “Ronda 1” se aplican las regalías según determina el Decreto 872/2018
- Corresponde abonar entre el 5% y 12% en función del grado de desarrollo de los respectivos proyectos
Considerando que potencialmente se exportarán 37 mil barriles por día y tomando como precio de referencia de exportación de hoy a US$75 el barril
- Las regalías totales anuales serían de sólo US$51 millones con la alícuota del 5%
En Noruega, si bien las empresas petroleras como Equinor no pagan estrictamente regalías, el petróleo y el gas pagan un elevado impuesto adicional, que se suma al impuesto corporativo del 22%. Así que el impuesto total sobre el petróleo es del 78%¹. La diferencia es tanta que nos omite de comentarios.

Nivel de empleabilidad magro

La generación de empleos y de desarrollo local en la costa argentina también poseen narrativas que contradicen el marco vigente. Cabe destacar que muchos de los puestos de trabajo que se generan con el offshore son de corta duración o implican competencias y/o habilidades especiales lo cual requiere el empleo de trabajadores extranjeros.

Según los datos publicados en 2022, Equinor en Argentina tiene tan solo 3 personas empleadas en forma directa.
Considerando las estimaciones de la consultora Ecolatina para la cuenca Argentina Norte, con una producción supuesta de 80.000 barriles diarios, utilizando datos de referencia del ente oficial noruego de petróleo³, esto implicaría 300 empleos directos en offshore y 6575 indirectos. Un número muy lejano a los 200.000 empleos que prometen infundadamente desde los gobiernos y las empresas.

Emisiones comprometidas por los proyectos

En un contexto de crisis climática y eventual abandono total o parcial de los combustibles fósiles, las emisiones asociadas a los proyectos de exploración y explotación petrolera offshore en Argentina también representan externalidades y costos financieros no incorporados. Esto es de mayor preocupación teniendo en cuenta que debido a los efectos de la crisis climática, por la cual los hidrocarburos son uno de los principales causantes, los costos económicos y financieros que tendrán sobre el Sur Global serán aún mayores que los que caerán sobre el norte.

Un relevante y altamente subestimado factor a tener en cuenta al evaluar estos proyectos son las emisiones estimadas que generaría la producción, transporte y quema de dichos combustibles fósiles.
Tomando el potencial de producción que estima el análisis previamente citado de la consultora Ecolatina⁴, y aplicando los factores de emisiones de CO2 para crudos offshore de la región de entre 554 y 588 kg^{5 6} de CO2 por barril (valor estimado de emisiones por extracción,transporte y quema).
- En ese sentido, dado que Ecolatina estima 58.850.000 de barriles de petróleo para la cuenca Argentina Norte, esto implicaría entre 30.960.290 y 34.603.800 toneladas de CO2.
- Para la cuenca MLO se estiman 698.562.500 barriles, lo que generaría entre 387.003.625 y 410.754.750 toneladas de CO2.
- Es decir que esta expansión de la frontera petrolera en el mar, generaría un total de entre 417.963.915 y 445.358.550 toneladas de C02 en sus 20 años de vida útil. Esto equivale a lo que emitirían 14 millones de autos medianos durante un año entero año, durante ese lapso de tiempo.

Análisis de un informe realizado por la consultora Ecolatina

La consultora Ecolatina realizó un estudio de largo plazo del impacto económico que generaría el desarrollo Hidrocarburífero offshore en el Mar Argentino. El estudio aborda cuál sería el efecto sobre la economía argentina de la exploración y del desarrollo de los proyectos Hidrocarburíferos Costa Afuera licitados en la Ronda 1 Argentina más el bloque CAN 100.

Producción proyectada para cuenca Argentina Norte por consultora Rystad

Base de Datos Rystad. Rystad Energy UCube. Consultado el 7/12/2022

Se analizaron los impactos económicos en caso de que existieran descubrimientos hidrocarburíferos en las Cuencas Argentina Norte (CAN) y Malvinas Oeste (MLO). Se consideraron los escenarios hipotéticos de mínima, media y máxima, de 1,5 y 10 descubrimientos para CAN y 1,3 y 7 para MLO.
Ecolatina estima para Cuenca Argentina Norte una producción de 80.000 barriles diarios (con tres escenarios para el potencial de producción total: 560 millones de barriles de mínima, 2800 millones de media y 5600 millones de máxima):
- Eso equivale aproximadamente a 14 veces la producción actual de la Cuenca Austral – la cual lleva más de 30 años de desarrollo.
- Según Rystad, el pico de producción para CAN será 24.000 barriles diarios con una producción promedio, durante la vida útil estimada del yacimiento (2038-2058), de 7.900 barriles diarios
El análisis realizado por la consultora toma como supuesto un precio de barril de petróleo a 80 USD, para toda la duración del proyecto a partir de 2034. Este valor sugerido no es el apropiado para evaluar la factibilidad de un proyecto de largo plazo, ya que ignora factores coyunturales y las proyecciones de demanda mundial de hidrocarburos.
- Hoy el Brent, el valor de referencia que se utiliza a nivel mundial, está cercano a los 80USD/bbl (barril de petróleo crudo). Este valor se da por una coyuntura muy particular: la guerra en Ucrania, la escasez provocada por este conflicto y la OPEP restringiendo la oferta.
Por último, Rystad estima el potencial de producción total de CAN en 57 millones de barriles, lo que equivale a aproximadamente 3 meses de la producción actual de la Argentina. Un valor muy lejano a lo que se difunde en medios y desde el gobierno.
Según el análisis que realizó Rystad Energy, los precios de equilibrio (break even – es decir cuando la explotación comienza a generar ganancias y cubre todos los gastos) en el área CAN para Equinor oscilarán entre 107 USD/barril y 160 USD/barril. No existe previsión de un precio de barril en esos valores. Rystad tiene para el precio futuro del petróleo, que se sitúa en 50 USD/barril hasta 2050. También son mucho más altos que las expectativas de precios de Equinor, que son de 65 USD/barril hasta 2040. Shell, en cambio, asume un precio fijo de 60 USD/barril desde 2025 en adelante.

Referencias

“The Petroleum Tax System”
Noway’s Offshore Oil Workers Threaten To Strike | OilPrice.com
Employment in the petroleum industry – Norwegianpetroleum.no
“Impacto Económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera” elaborado por Ecolatina
Oil-Climate Index
https://oci.carnegieendowment.org/#oil/brazil-frade
Base de Datos Rystad. Rystad Energy UCube. Consultado el 7/12/2022

La Delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza presentó sus resultados provisionales luego de su recorrido por la zona de Vaca Muerta

5 de abril de 2023

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza – Vaca Muerta es una formación geológica que se ha transformado en la “roca de la disputa” por parte de las corporaciones y los gobiernos ante los derechos humanos y de la Naturaleza.

Las graves afectaciones a la Naturaleza y a la vida de las comunidades y vecinos en la zona de Vaca Muerta fueron constatadas por los miembros de la Delegación de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Esta misión del Tribunal llegó a Argentina invitada por parte de la Confederación Mapuche y Fuerzas Vivas de Neuquén, que participó en la sesión internacional de dicho Tribunal en diciembre del año 2019.

Las conclusiones y evidencias relevadas por el Tribunal fueron presentadas en la ciudad de Neuquén en una actividad pública en la Universidad Nacional del Comahue el día lunes. Luego de la misma, se realizó una presentación ante el gobernador de la provincia de Neuquén en casa de gobernación. Por último fueron expuestas ante el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La audiencia fue impulsada por Leonardo Grosso, Diputado Nacional en ejercicio, quien a su vez elevó dichos resultados ante cada uno de los y las miembros actuales de la Cámara baja.

Una de las primeras conclusiones de la misión fue constatar que los discursos de El Dorado que recorren Latinoamérica siempre son falsos. La búsqueda del desarrollo y el progreso demuestran que el mapa del extractivismo coincide con el mapa de la pobreza. Lo que el Tribunal vio en estos días son las profundas afectaciones en esta región patagónica; una explotación sin conciencia socioambiental que solo es posible en un marco de violencia y corrupción.

En relación al agua, el daño es inmenso. No hay fracking posible sin el uso irresponsable de inconmensurables cantidades de agua. El fracking conduce al colapso del agua, el origen y mantenimiento de la vida, lo que provoca tremendas destrucciones de los ecosistemas. El impacto se reproduce en otros ámbitos, como en el suelo; allí se constataron los efectos de los recurrentes sismos provocados por la fractura hidráulica del subsuelo, que obligaron a muchos habitantes de las regiones afectadas a desplazarse de sus hogares.

Un punto crucial es la falta de acceso al agua para las comunidades indígenas, así como también para el resto de la población de la zona; así sucede en la localidad de Añelo, donde los vecinos no tienen agua potable. Sufren también las afectaciones provocadas por la contaminación del aire, por la contaminación sonora, y por la falta de protección frente a tantos destrozos ambientales. Asimismo, quienes trabajan en las actividades hidrocarburíferas -petróleo y gas- también terminan siendo víctimas a raíz del no cumplimiento de las normas de protección ambiental en el desempeño de sus trabajos.

Todo lo anterior provoca graves afectaciones a la salud de los seres humanos y de la vida toda, desde malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades de los pulmones, y metales pesados en la sangre, hasta crecientes padecimientos psicológicos.

En la zona también se puede apreciar una creciente desaparición de animales silvestres.

La intensiva ocupación del territorio por parte de las empresas extractivas ha generado profundos impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de la frontera hidrocarburífera ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida. También ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas productivas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Los mapuches, pueblos originarios, no fueron consultados previamente, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de la consulta libre e informada y la necesidad del consentimiento de las comunidades preexistentes. No sólo eso, han sido víctimas de otras múltiples formas de violencia, llegado al punto de negar su presencia ancestral en dichos territorios.

Otra constante en este tipo de actividades, tal como se conoció durante la visita, es la violación permanente a las normas ambientales y de protección de los derechos humanos. La desidia de las autoridades es permanente. Así se observó tanto en Plaza Huincul, donde existe un depósito de desechos tóxicos de la actividad petrolera totalmente abandonado, como en COMARSA, ubicado en la capital de la provincia donde se extiende un enorme basural petrolero a cielo abierto.

No sólo la Naturaleza resulta golpeada por estas actividades, sino los mismos seres humanos. De especial atención por parte de la misión fueron los problemas permanentes que aquejan a defensores y defensoras de la Naturaleza.

Todas estas cuestiones son de especial preocupación para el Tribunal. Luego de 10 años del inicio de la explotación no convencional de los hidrocarburos a gran escala, es tiempo de reflexionar sobre lo que está provocando. Las promesas bajo las cuales se impuso el modelo que hoy se continúa profundizando siguen pendientes. No sólo eso: tal como van las cosas, es indudable que las destrucciones van en aumento. Por lo tanto, la misión del Tribunal, que presentará un informe de su visita, anticipa la necesidad de construir estrategias de transición post-extractivista.

La visita in situ fue organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita fueron la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica