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YPF se retira de áreas petroleras: presentamos un amparo para que reparen el daño antes de irse

YPF pretende salir de áreas petroleras en Chubut después de décadas de explotación, pero abandonando las responsabilidades del daño ocasionado y pretende trasladar a la Provincia reclamos posteriores. Después de un siglo de actividad petrolera, miles de pozos abandonados o inactivos, instalaciones antiguas y tareas de saneamiento todavía pendientes, especialmente en Comodoro Rivadavia, hacen que esta decisión necesite ser revertida.

Buenos Aires / Chubut, 13 de agosto de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y vecinos de Comodoro Rivadavia promovimos una acción de amparo ambiental colectivo contra el Estado Nacional, YPF y la Provincia del Chubut. Solicitamos la nulidad del acuerdo firmado el 26 de junio de 2026, que libera a YPF de responsabilidades por pozos abandonados acumulados durante décadas de explotación petrolera, y pedimos una medida cautelar urgente para suspender sus efectos mientras se tramita la causa.

El punto central de la demanda es el alcance de la llamada “liberación de responsabilidad”. A través del acuerdo, la Provincia acepta liberar de manera total e irrevocable a YPF frente a contingencias vinculadas con los pasivos ambientales de esas áreas y asumir eventuales reclamos futuros. Para la Asociación, esta decisión afecta una obligación básica del régimen ambiental argentino: quien produjo un daño debe afrontar prioritariamente su recomposición. La reparación de suelos, aguas, pozos e instalaciones contaminadas constituye una obligación vinculada a derechos colectivos y su alcance requiere establecer previamente qué daño existe, dónde se encuentra y cuánto cuesta repararlo.

La demanda cuestiona el Acta Acuerdo firmada entre la Provincia del Chubut e YPF el 26 de junio de 2026 y aprobada pocos días después por la Legislatura provincial mediante la Ley XVII N° 166. El acuerdo acompaña la transferencia de seis áreas hidrocarburíferas —El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr— y establece una contraprestación extraordinaria de USD 25 millones, además de compromisos de donación de vehículos y terrenos.

Esa es una de las principales inconsistencias. El acuerdo sostiene que las auditorías disponibles describen de manera completa la situación ambiental de las áreas. Sin embargo, distintas disposiciones de la propia autoridad ambiental de Chubut ordenaron continuar relevando pasivos que todavía no habían sido individualizados. Una de ellas estableció incluso un programa de relevamiento complementario con un plazo de hasta tres años.

Esas mismas disposiciones también dejaron asentado que la aprobación de las auditorías y de los planes de gestión ambiental requería un acto administrativo específico para autorizar cualquier liberación de responsabilidad. El Acta Acuerdo menciona como fundamento una Disposición N° 110/26 que habría cumplido esa función. Según surge de la demanda, ese documento no pudo ser localizado en los canales oficiales relevados y se solicita ahora que la Provincia lo incorpore al expediente judicial.

La acción también cuestiona la forma en que se determinó la suma de USD 25 millones. La demanda sostiene que todavía falta conocer la magnitud total del pasivo y plantea que resulta imposible establecer anticipadamente una compensación adecuada cuando siguen pendientes relevamientos esenciales. Como referencia, el escrito estima que solamente el sellado definitivo de los pozos catalogados como abandonados dentro del ejido de Comodoro Rivadavia podría representar entre USD 240 millones y USD 740 millones, utilizando costos estimados de entre USD 65.000 y USD 200.000 por pozo. La determinación definitiva deberá surgir de la prueba técnica solicitada en la causa.

El problema adquiere una dimensión particular en Restinga Alí, un área incorporada a la liberación de responsabilidad mediante la cláusula 11 del acuerdo. Restinga Alí queda fuera de la enumeración original de las seis áreas que constituyen el objeto principal del convenio y, según la demanda, tampoco tiene una contraprestación económica específicamente asignada.

Los registros oficiales de la Secretaría de Energía incorporados al expediente identifican 560 pozos en Restinga Alí. De ese total, 364 figuran declarados como abandonados, 111 como “a abandonar” y otros 85 presentan diferentes estados operativos o de reserva. En conjunto, 196 pozos —el 35% del total— no registran estado de abandono. El escrito también advierte que la categoría “abandonado” surge de la información declarada por el operador y requiere verificar técnicamente las condiciones reales de sellado y saneamiento de cada sitio.

Restinga Alí comprende además instalaciones vinculadas al frente marítimo de Comodoro Rivadavia. Esta característica amplía las dimensiones de la discusión: el abandono de infraestructura petrolera en el mar involucra pozos, ductos, cabezales y otras instalaciones que requieren procedimientos técnicos específicos y pueden comprometer al Mar Argentino y sus ecosistemas. Por eso se solicitó una pericia para determinar, a partir de las coordenadas oficiales, cuántos de los 560 pozos se encuentran efectivamente en el lecho marino y cuál sería el costo diferenciado de su abandono y remediación.

La demanda incorpora también la situación histórica de Comodoro Rivadavia. Más de un siglo de extracción petrolera dejó miles de pozos, instalaciones y ductos integrados hoy a zonas urbanizadas. El escrito recoge estimaciones de aproximadamente 6.000 pozos dentro del ejido urbano, entre ellos miles catalogados como abandonados o inactivos. Parte de esas instalaciones se encuentra cerca de viviendas y sectores residenciales, mientras siguen pendientes tareas de identificación, sellado definitivo y saneamiento.

Esta historia también explica por qué la acción fue dirigida contra el Estado Nacional. La Ley 24.145, que reguló la transformación y privatización de YPF, estableció que el Estado Nacional asumiría las contingencias generadas por hechos anteriores al 31 de diciembre de 1990. La demanda solicita que la Justicia determine su responsabilidad patrimonial sobre los pasivos correspondientes a ese período y la responsabilidad de YPF por los generados posteriormente.

El amparo plantea además un problema de participación pública. Según el escrito, el acuerdo fue negociado, firmado y aprobado sin una instancia previa de participación de la población afectada y sin intervención de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pese a que una parte sustancial de los pasivos se encuentra dentro de su ejido y afecta directamente la planificación territorial. Por esta razón se pidió la citación del Municipio como tercero dentro del proceso.

La información y la participación ciudadana forman parte de las obligaciones que rigen las decisiones con consecuencias ambientales. La Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú establecen mecanismos para que las comunidades puedan acceder a la información disponible e intervenir antes de decisiones capaces de afectar los territorios, la salud, el agua y los ecosistemas. La demanda sostiene que esas instancias resultaban particularmente relevantes frente a una decisión que redefine quién deberá responder económicamente por un pasivo construido durante décadas.

Junto con el amparo solicitamos una medida cautelar para preservar la situación mientras la Justicia analiza el fondo del caso. El pedido incluye la suspensión de los efectos del Acta Acuerdo y de la Ley XVII N° 166 en todo lo relativo a la liberación de responsabilidad de YPF y a la transferencia de las concesiones involucradas.

También se solicita impedir nuevas cesiones o transferencias durante el proceso y establecer un mecanismo de control sobre las operaciones de abandono y sellado de pozos. En concreto, la demanda pide que cualquier intervención de este tipo sea informada con al menos diez días hábiles de anticipación para permitir el control pericial y preservar la evidencia técnica sobre el estado de los pozos, los suelos y las aguas.

Finalmente, se reclama que el Estado Nacional, la Provincia y YPF informen en cinco días el estado de las operaciones de cesión, transferencia, abandono o sellado actualmente en curso y que aporten los estudios hidrogeológicos, registros de monitoreo, auditorías y antecedentes utilizados para evaluar los pasivos.

El objetivo de la acción es que la magnitud del daño acumulado pueda ser determinada mediante información pública, pericias independientes y control judicial; que se establezcan las responsabilidades correspondientes a cada período de explotación; y que los recursos necesarios se destinen efectivamente a la recomposición de los territorios afectados.

Después de más de un siglo de explotación petrolera, Comodoro Rivadavia enfrenta una deuda material que atraviesa su suelo, su costa y buena parte de su trama urbana. Determinar la dimensión de esa deuda, identificar a quienes deben responder y garantizar su reparación constituye una cuestión central de justicia ambiental para la ciudad y para las generaciones que van a habitarla.

Servicio Meterológico nacional

Un amparo ingresa a la justicia para frenar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro Argentino de Meteorólogos y la diputada nacional Adriana Serquis presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional. Denuncian una caída del 43% del presupuesto real del Servicio Meterológico Nacional SMN, la pérdida de alrededor de 300 puestos de trabajo y una fuerte degradación de la red de observación meteorológica. En plena crisis climática, el debilitamiento del organismo reduce la capacidad del Estado para anticipar inundaciones, incendios, sequías, tormentas y temperaturas extremas.

Buenos Aires, agosto de 2026.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) y la diputada nacional, física e investigadora Adriana Serquis presentaron una acción de amparo colectivo ambiental contra el Estado Nacional para exigir que garantice el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y detenga la reducción de sus capacidades técnicas, científicas y operativas.

La presentación judicial solicita una medida cautelar urgente para frenar nuevas desvinculaciones de personal, cierres o reducciones de estaciones y observaciones meteorológicas, nuevos recortes presupuestarios y la aplicación del Decreto 274/2026 en los aspectos que permiten reemplazar al SMN por terceros en la prestación del servicio meteorológico para la navegación aérea.

En el amparo se explica que el SMN constituye una infraestructura pública fundamental para enfrentar la crisis climática. Sus más de 120 estaciones distribuidas en el territorio argentino producen información fundamental para pronósticos, alertas tempranas, prevención de inundaciones, monitoreo de sequías, incendios, olas de calor y frío, navegación aérea y marítima y planificación agropecuaria. El organismo lleva 153 años construyendo series continuas de información meteorológica que se verían interrumpidas impactando en los registros históricos de datos vitales para la ciencia.

Según la documentación presentada, el presupuesto real ejecutado del SMN cayó un 43% durante la gestión de Javier Milei iniciada en diciembre de 2023. Solo durante 2024, la reducción fue del 30% respecto del año anterior. La demanda sostiene que este recorte afectó la compra de equipamiento, el mantenimiento de la red de observación y la renovación de instrumentos.

El vaciamiento del organismo también es de capacidad técnicas y de cuadros científicos. La planta pasó de 1.148 trabajadores en enero de 2024 a aproximadamente 849 en mayo de 2026: una pérdida de alrededor de 300 trabajadores. A este recorte se le suman 48 contratos que dejaron de renovarse en marzo de 2024 y al menos 123 despidos adicionales en abril de 2026.

El deterioro ya puede observarse en la información que Argentina aporta a la Red Básica de Observaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Entre comienzos de 2024 y el segundo trimestre de 2026, las estaciones de superficie que reportaban datos pasaron de 63 a 42, frente a un objetivo internacional de 70. En las observaciones de altura, el país registra cero estaciones reportando dos veces al día frente a una meta de 12.

A esto se suma la pérdida de cobertura horaria. El Centro Argentino de Meteorólogos relevó que, a junio de 2026, 57 estaciones de distintas provincias habían dejado de realizar mediciones nocturnas entre las 21 y las 6 horas. La demanda explica que estos vacíos afectan la continuidad de las observaciones que alimentan los pronósticos y sistemas de alerta.

Este debilitamiento del SMN ocurre mientras aumenta la exposición de la Argentina a eventos climáticos extremos. El propio organismo registró que el 2025 estuvo entre los años más cálidos del país en las últimas décadas, con olas de calor intensas, temperaturas superiores a 40 °C, inundaciones y situaciones de sequía en distintas regiones. El organismo de la ONU (IPCC) advierte además que Sudamérica enfrentará mayores riesgos de sequías, estrés hídrico y eventos extremos a medida que avanza el calentamiento global.

En este contexto, la capacidad técnica y científica de anticipar fenómenos extremos se vuelve cada vez más importante. Una alerta meteorológica temprana permite evacuar una zona inundable, organizar el combate de un incendio, anticipar una ola de calor o tomar decisiones sobre vuelos y navegación. La calidad de esa alerta depende de una red continua de observaciones, personal especializado y series de datos confiables, lo que no se está garantizando hoy.

La demanda advierte además sobre el impacto en la prevención de incendios. Los vuelos de combate con aviones hidrantes necesitan información precisa sobre viento, visibilidad, tormentas y condiciones térmicas. En escenarios de incendios cada vez más frecuentes e intensos, esas capacidades forman parte de la infraestructura necesaria para proteger vidas, comunidades y ecosistemas.

Otro punto central de la causa es el Decreto 274/2026. La norma modificó el régimen del servicio meteorológico para la navegación aérea y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a prestarlo directamente o mediante terceros. El escrito solicita que esa modificación sea declarada inconstitucional y plantean que la meteorología aeronáutica requiere continuidad, estándares técnicos internacionales y una autoridad pública con capacidad nacional.

La acción solicita que la Justicia ordene mantener la capacidad operativa del SMN y garantizar su autonomía técnica y económica. También pide preservar la red nacional de estaciones, los sistemas de alerta temprana, los servicios de monitoreo y pronóstico y la producción y conservación pública de datos meteorológicos y climáticos.

La presentación define las series construidas durante 153 años como un “patrimonio científico soberano irrecuperable”: cada interrupción deja un vacío que posteriormente resulta imposible reconstruir. En un escenario de crisis climática, debilitar la capacidad pública de observar qué ocurre en la atmósfera significa debilitar nuestra capacidad de anticiparnos a los daños. Fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional es una política básica de prevención, adaptación climática y protección de la población y los territorios.

Las fuerzas de la calle: del efecto “bandera Malvinas” a “la patria no se vende”

La derrota del oficialismo en el Senado por la reforma de la ley de tierras y el manejo del fuego abrió algo más que una discusión legislativa: mostró que la sociedad puede volver a organizarse en defensa del territorio y una idea de soberanía. Entre el “efecto bandera de Malvinas” y años de luchas socioambientales, las fuerzas de la calle volvieron a hacerse visibles.

por Enrique Viale y Maristella Svampa para elDiarioAr

Lo ocurrido en el Senado argentino el jueves 6 de agosto con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada constituye un punto de inflexión que va mucho más allá de esta votación en particular. No solo fue un gran triunfo popular, pues gracias a la presión de la movilización social el oficialismo tuvo que resignar en solo 48 horas los dos títulos mayores, el de la reforma de la ley de tierras y el del manejo del fuego, sino que la dinámica política que se estableció abrió a la discusión sobre qué proyecto de Argentina podemos o estamos dispuestos a aceptar, y quién decide sobre su territorio, sus aguas, su energía y sus bienes naturales.

Pero ¿qué sucedió para que la sociedad argentina, que parecía tan derrotada, tan rota, avanzara hacia este punto de inflexión y desafiara al gobierno en acciones tan masivas cuyo desenlace último es todavía incierto? En las últimas semanas, la sociedad argentina -por encima de sus diferencias- fue tejiendo una cadena de equivalencias asociados a la defensa del territorio, la tierra y los bienes comunes naturales, lo que fue configurando un “nosotros” de rechazo a un proyecto importante del gobierno de Milei. Un nosotros colectivo que, de modo más general, podría unificarse detrás de la denuncia de la raíz antinacional y colonial del proyecto político del gobierno.

Desde nuestra perspectiva, hay dos hitos que explican parte de este gran logro popular: el “efecto bandera de Malvinas” producido por la selección argentina, y las acciones promovidas por el movimiento socioambiental.

El efecto bandera de Malvinas

Empecemos por el fútbol. Durante el largo Mundial de Fútbol, lejos de permanecer inactivo, en medio del desgastante escándalo Adorni y los triunfos agónicos de la selección argentina, el oficialismo siguió promoviendo múltiples iniciativas políticas que comprometen seriamente el futuro del país. Algunos afirmaban que el gobierno aprovechaba la distracción futbolera para profundizar el latrocinio y vender la Argentina, de acuerdo a sus ideales de desregulación y su alineamiento colonial con Estados Unidos. Sin embargo, a muchos otros nos parecía que en realidad el problema residía en el desalentador estado de ánimo que exhibía la población. Esto hizo que el gobierno de ultraderecha de Milei ni siquiera necesitara de la distracción del mundial de fútbol para continuar con su bombardeo de medidas antinacionales y anti-igualitarias, ya que parecía haber captado la pasividad y el desaliento de amplias franjas de la sociedad. Así, confiado en sus éxitos legislativos y lo imparable de su suma de decretos, el gobierno fue desestimando la capacidad de lucha y de resiliencia de la sociedad argentina.

Pero sucedió algo impensable, un acontecimiento. En el Mundial de fútbol la selección argentina desafió a la FIFA y al gobierno que habían prohibido la exhibición de banderas con “consignas políticas”, lo que incluía “el mapita de las islas Malvinas”, según palabras inolvidables de la actual ministra de seguridad. Nadie podía imaginar sin embargo hasta donde llegaría el “efecto bandera”, cuando algunos jugadores de la selección desplegaron aquella sábana de hotel con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” en el gran triunfo de Argentina contra Inglaterra, que incluyó una remontada histórica en los últimos minutos. Nadie pudo ver que ese momento de festejo absoluto, el de la bandera desplegada y exhibida ante el mundo, expresó el acto de mayor comunión entre los jugadores de la selección y la sociedad argentina, para convertirse en el disparador de algo nuevo. Cierto es que tanto la selección argentina como las Malvinas son de los pocos temas que unen a los y las argentinas. Pero aquella bandera y la intensidad del festejo -y acá la palabra clave es “intensidad”- no sólo desmintió todo lo que se había dicho en la previa de “que se trataba solo de un partido de fútbol” sino que abrió a una nueva situación.

Sociológicamente, los momentos extraordinarios e intensos, sobre todo si son colectivos, pueden generar algo nuevo, pues liberan mucha energía social. Esa bandera y ese festejo fueron el clímax de esa intensidad exacerbada, hiperbólica, que vivimos los y las argentinas durante el mundial de fútbol junto a la selección mayor y sus remontadas heroicas. El hecho, como acontecimiento, podía haber terminado en una catarsis, sin instalar algo nuevo, y sin embargo, mezclado con la insoportable y asfixiante coyuntura política argentina, su corolario fue el de abrir una ventana de aire fresco ahí donde todo parecía oler a encierro y muro clausurado. Hasta el origen artesanal de esa bandera que llegó casi de casualidad al césped -ya que sus creadores prefirieron lanzarla al campo de juego, cerca de los jugadores argentinos, antes que entregarla a la policía- parece todo un símbolo de lo que nos pasa como sociedad, pues habla sobre la situación de desastre que atravesamos, en nuestra escasez o pobreza de herramientas para combatir el poder demencial y aparentemente arrollador de la ultraderecha libertaria.

Lo extraordinario desembocó así en una defensa del sentido común. ¿Si las Malvinas son argentinas, acaso no lo son nuestros ríos, nuestros bienes naturales y nuestras tierras a punto de ser enajenadas o ya entregadas? Esta pregunta se instaló al día siguiente del triunfo contra Inglaterra, cuando el oficialismo pretendió tratar la reforma de la ley de tierras pero tuvo que retroceder al darse cuenta que al menos, el día después, no sería posible. El horno no estaba para bollos, aunque el presidente Milei en su ceguera libertaria y con su acostumbrado desprecio por lo nacional, continuaba sobreactuando un vergonzoso modelo de colonialidad servil ante los Estados Unidos. Lo cierto es que el “efecto bandera de Malvinas” trajo nuevos aires de rebeldía y colocó la intensidad de la sociedad argentina en otro lugar, estableciendo una cadena de equivalencias o significados en torno a la tierra y el territorio, concebidos como una conjunción de soberanía nacional y bienes comunes. Así que, lo que en el origen podía ser leído como un aparente desplazamiento de la intensidad -la energía colectiva no estaba puesta en la lucha sino en en el aguante ilimitado y sin respiro a la selección de fútbol- volvió redoblado bajo la forma de la lucha colectiva, ahora en defensa del territorio en peligro.

Las luchas socioambientales

Dicho esto, sería profundamente injusto decir que todo es “efecto bandera de Malvinas” . Siempre detrás de un acontecimiento político que nos sorprende y nos interpela, están las luchas sociales, su historia y el proceso de acumulación anterior. Sin duda, las bases de esta gran victoria popular están en todo la dinámica de resistencia territorial a la modificación a la Ley de Glaciares. Así, entre fines de 2025 y principios de 2026, la importancia de defender nuestras reservas de agua fue ganando cada vez más visibilidad mediática y más popularidad. Fue así que artistas, científicos y académicos, expertos y, sobre todo, sectores amplios de la sociedad civil, se inscribieron en la audiencia pública de forma masiva -más de 100.000 inscritos, un récord histórico a nivel mundial-. A medida que el involucramiento social crecía, en resonancia con las consignas levantadas por el movimiento socioambiental (“La Ley de glaciares No Se Toca”), la sociedad civil hizo escuchar su voz en las redes sociales, y finalmente también salió a la calle en varias oportunidades, pese a la amenaza de represión, en manifestaciones cada vez más nutridas y heterogéneas. A esto habría que añadir también la lucha en defensa de los humedales y contra los incendios (sean intencionales o no), que pese a su fracaso, dejó instalada una marca en la memoria, que vuelve a ser revivida con cada incendio que arrasa con bosques, montes o humedales.

Todo ello remite a las luchas que desde hace años se despliegan en el territorio argentino en defensa del agua, las cuencas hídricas, los humedales, los glaciares, los glaciares; en fin, en la defensa de la tierra y el territorio que viene haciendo el movimiento socioambiental, que incluye colectivos, organizaciones ambientales y pueblos originarios. Hay toda una línea de acumulación de las luchas socioambientales, que amplía cada vez más su resonancia con la sociedad y que es visible en la consigna “la tierra no se vende, se defiende”. No es casual entonces que el freno a la embestida colonial que reflejaba esta ley promovida por el gobierno esté asociada a dos capítulos -el de la tierra y el del manejo del fuego- que tienen un carácter profundamente socioambiental.

El “efecto bandera de Malvinas” como acontecimiento y sus inesperadas consecuencias -su articulación con la consigna “la patria no se vende”- tuvo la virtud de sumar nuevos actores sociales, entre ellos numerosos artistas que se pronunciaron y llamaron a movilizar, y que fueron dando más textura a un consenso social, ante la evidencia de que este gobierno se propone liquidar alegremente todo el patrimonio natural y territorial de las y los argentinos.

Dos reflexiones finales

Una, sabemos que han quedado dos temas con media sanción: los desalojos express y la expropiación agravada. Pero el impulso que ha dado la enorme victoria popular al voltear la columna vertebral del proyecto oficialista (tierra y fuego) abre un escenario mucho más favorable para lograr que la ley se caiga entera en la Cámara de Diputados. Hacer retroceder al gobierno, que se vio obligado a retirar la propuesta de modificación de la ley de manejo del fuego a último momento, constituye una derrota adicional enorme para el oficialismo, que esa misma mañana tenía los votos para aprobar este capítulo, lo cual nos permite afrontar todo lo demás (incluso otros temas) desde otro lugar, con más fortaleza y con un gobierno más debilitado.

Dos, es cierto que las y los argentinos venimos del futuro, pues somos un laboratorio de desigualdades, en manos de la ultraderecha local, en su subordinación colonial con Estados Unidos y los tecnomagnates fascistas que desprecian abiertamente la democracia. Pero quizá seamos también un laboratorio para la resistencia colectiva y la creación de otros proyectos de sociedad. En todo caso, lo de ayer fue una victoria popular, no tenemos dudas. Y mucho tiene que ver la acción del movimiento socioambiental. Que ello sea un oasis en medio de este desierto de crueldad o un nuevo comienzo en la resistencia contra este proyecto colonial, depende primordialmente de nosotros, de nuestras decisiones y las acciones colectivas que adoptemos como sociedad. Pero este jueves 6 de agosto la Argentina de los bienes comunes, la de defensa de lo colectivo, la del sentimiento nacional, se movilizó y se puso de pie, colocando un límite al gobierno de Milei.

Así, lejos de lo que muchos creen, la Argentina no está toda rota. No todos tienen una mentalidad colonial ni tampoco son indiferentes a lo que el gobierno haga con el territorio nacional. No todos apuestan a la distopía colectiva, indiferentes a la tierra arrasada que, de seguir así, dejaremos irremediablemente a las futuras generaciones de argentinos. No todos piensan que la desconexión entre lo que pasa en el palacio y la calle no tiene fondo ni límite. En algún punto todo puede cambiar, porque la lucha colectiva sirve, porque en su masividad las fuerzas de la calle tienen siempre un poder de cambio tan contingente como imprevisible, tal como lo muestra nuestra historia.

La otra remontada: la masiva movilización ciudadana marca un límite a la entrega de los bienes comunes

La presión de la sociedad logró que el Gobierno retirara el capítulo que pretendía eliminar
los límites a la extranjerización de tierras y el que modificaba la gestión del fuego. A la
aprobación ajustada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, las
organizaciones destacan una victoria histórica que abre una discusión mucho más amplia:
quién decide sobre la tierra, el agua, la energía y los bienes comunes de la Argentina.


Las organizaciones advierten que el mensaje popular de la movilización trasciende esta ley y
alcanza también al Súper RIGI, la Ley de Sociedades y a cualquier iniciativa que pretenda abrir
indiscriminadamente el territorio y los bienes comunes a grandes inversores sin una discusión
democrática sobre sus consecuencias para el futuro del país.

BUENOS AIRES, 6 de agosto de 2026.

La pírrica aprobación en el Senado de la recortada Ley de
Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ahora sin los capítulos que eliminaban los límites a la
extranjerización de tierras y modificaba la gestión del fuego, representa un punto de inflexión en el
debate político de las últimos tiempos: la movilización de la sociedad obligó al Gobierno a retirar por
completo los capítulos que pretendían eliminar los límites a la extranjerización de tierras rurales y
flexibilizar la gestión del fuego en la Argentina.


Esta victoria popular se logró, además, a pesar de los intentos de disciplinar y acallar a quienes se
manifestaron en la calle. La represión policial afuera del Congreso no logró desalentar la participación
ciudadana ni debilitar el reclamo: por el contrario, reafirmó que la sociedad argentina está dispuesta a
defender sus bienes comunes incluso frente a maniobras de amedrentamiento.


Lo que comenzó como una iniciativa que avanzaba prácticamente sin debate público encontró una
reacción social amplia y transversal que atravesó organizaciones ambientalistas, entidades de
derechos humanos, movimientos sociales y distintos sectores de la ciudadanía. Esa movilización puso
la discusión sobre la tierra, los bienes comunes y los recursos estratégicos en el centro del debate
público y terminó modificando el proyecto que el Gobierno pretendía aprobar.


Lo ocurrido constituye un punto de quiebre que va mucho más allá de esta votación. La discusión que
se abrió es sobre qué país quiere construir la Argentina y quién decide sobre su territorio, su agua, su
energía y sus bienes naturales.


La retirada de los capítulos sobre extranjerización y el fuego demuestra que existe un límite social a
una política que pretende tratar esos bienes estratégicos exclusivamente como activos disponibles
para el mercado y reducir las capacidades del Estado para establecer condiciones sobre su uso,
explotación y propiedad. Esa discusión continúa inmediatamente con el proyecto conocido como
Súper RIGI, que propone otorgar beneficios y garantías extraordinarias durante décadas a grandes
inversiones en sectores estratégicos. No puede discutirse de manera separada de lo ocurrido con la
Ley de Tierras: ambos debates plantean la misma pregunta acerca de cuánto poder está dispuesto a
ceder el Estado sobre recursos esenciales para el desarrollo futuro del país.


La movilización de estas semanas también dejó otra señal: la sociedad reaccionó antes y con mayor
claridad que buena parte de la dirigencia política frente a una transformación que podía tener
consecuencias irreversibles sobre el territorio argentino.


Esa reacción debe convertirse ahora en una participación mucho más activa en las decisiones sobre
tierra, agua, minerales, energía e infraestructura estratégica. Decisiones de esta magnitud no pueden
resolverse mediante reformas aceleradas, negociaciones parlamentarias de último momento o
regímenes excepcionales diseñados para garantizar rentabilidad a grandes inversores durante
décadas.


Pero la discusión que comenzó estas semanas ya es más grande que una ley.
La defensa de la tierra abrió una conversación sobre los límites que la sociedad argentina está
dispuesta a poner a un modelo de apertura indiscriminada de sus bienes comunes y recursos
estratégicos. La tierra, el agua, los minerales y la energía no son solamente activos económicos. Son
las condiciones materiales sobre las que se construye el desarrollo de un país y, fundamentalmente,
las posibilidades de las próximas generaciones.

Contactos para mayor información:

Micaela Sánchez Malcolm, Géneras: +54 9 11 6028-2510 / micaela@generas.org.ar

Enrique Viale, AAdeAA: +5491151207518 / enriqueviale@aadeaa.org

Florencia Gómez, CEPPAS, +54 9 11 64325200 / flordelestero@gmail.com

Mirko Moskat, Taller Ecologista, +54 9 3415 79-5088 / mirkomoskat2017@gmail.com

Pablo Bergel, PACHAS: +54 9 11 2875-8238 / pablobergel2@gmail.com

Para coordinar entrevistas con otros expertos y expertas: kris.saldana@topsocial.org

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Joaquín Benegas Lynch

Exigimos que el Senador Joaquín Benegas Lynch sea excusado del debate por conflicto de interés

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y otras organizaciones enviaron una carta urgente a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Solicitaron que el senador se excuse de intervenir en el debate y la votación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2026. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto con organizaciones sociales, de derechos humanos y de justicia ecosocial, presentó una solicitud urgente ante la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, para que el senador Joaquín Benegas Lynch se aparte del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La presentación advierte sobre la existencia de un posible conflicto entre la función pública del senador y sus intereses económicos privados. Según la información pública recogida en la carta, Benegas Lynch es socio fundador y gerente de Glocal Terra SRL, una empresa creada en 2020 cuyo objeto comprende el asesoramiento y la intermediación para inversores extranjeros interesados en adquirir y administrar tierras rurales en distintos países de la región.

El proyecto que será debatido en el Senado modifica normas centrales vinculadas con la propiedad, las expropiaciones, los desalojos y el uso de las tierras afectadas por incendios. Si bien el oficialismo retiró el capítulo que eliminaba expresamente los límites a la extranjerización de tierras rurales, el texto continúa incidiendo sobre el mercado de tierras y sobre las condiciones que pueden volverlas más atractivas para grandes inversiones.

La solicitud también acompaña la impugnación presentada que pidió que Benegas Lynch se abstenga de participar del debate, firmar dictámenes y emitir su voto. Las organizaciones reclaman que la Presidencia del Senado dé trámite inmediato a esa presentación antes de la sesión convocada para este jueves.

Basureros petroleros en Neuquén: piden un juicio por jurados por uno de los mayores daños ambientales de Neuquén

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) fueron aceptados como “Amicus Curiae” por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en la causa penal promovida por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra la empresa COMARSA por daño ambiental.

En este caso se investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 m³ de residuos peligrosos producto de la industria petrolera y gasífera y del fracking. Estos residuos fueron depositados en el Parque Industrial Neuquén Oeste sobre suelo sin impermeabilización, afectando la atmósfera y tierras destinadas a urbanización. También se investiga, junto con la Fiscalía de Delitos Ambientales, una posible administración fraudulenta por el ocultamiento de un pasivo ambiental de millones de dólares.

En su intervención como Amigos del Tribunal, FARN e INECIP respaldan la posición de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas acerca de que los delitos de contaminación y administración fraudulenta deben ser juzgados mediante un juicio por jurados.

El juicio por jurados expresa esencialmente el derecho del pueblo a participar de la administración de justicia. El veredicto surge de un proceso deliberativo atravesado por una pluralidad de opiniones, experiencias de vida, edades, géneros y oficios.

Para remediar el daño ecológico ocasionado por COMARSA, resulta fundamental contar con una decisión judicial robusta que abra el juego a un debate judicial pleno. La manera de garantizar ese debate público es a través de un jurado popular. En este sentido, la participación de los jurados no es una opción, sino un mandato constitucional que garantiza el acceso a la justicia ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú.

Estamos ante uno de los casos de contaminación más graves que ha sufrido la provincia de Neuquén en su historia. Frente a la complejidad y magnitud del caso, es crucial que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén haga historia y permita que tenga lugar el primer juicio por jurados referido a un delito ambiental.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil exigen al Senado frenar el paquete legislativo que “entrega la tierra,el agua y la energía” a capitales extranjeros

BUENOS AIRES, 3 de agosto de 2026.– Un amplio bloque transversal de organizaciones de la
sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de
los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el “Súper RIGI”.

Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de “dos llaves de la
misma cerradura” que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los
bienes comunes estratégicos del país.

Las ONG denuncian que este esquema configura un “traje a medida” para crear enclaves, apuntando
especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima
frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el
Súper RIGI busca atraer.

A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este
paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos
(Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes
de trabajo masivas.

En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es
precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le
vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién
compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una
arquitectura diseñada para el saqueo”.

Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que “el senador que apruebe esto estará
cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación
inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir
regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI
otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier
cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que “la reforma a la ley de tierras forma parte de un
programa de remate de la Argentina, junto al Super RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el
resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros
territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión,
corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis
climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es
renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.

Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata
manifestó: “Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios
usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio
continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de
argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos
dió la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable”.

Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del
engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía.
Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre
activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de
cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.

Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al
Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el
rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
como del Súper RIGI. “Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de
la defensa nacional está en rechazar los dos”, concluye el documento.

De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan
que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para
facilitar la apropiación de territorios:

  1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el
    proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición
    fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua
    permanentes (como lagos y ríos).
  2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los
    territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información
    contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
  3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones
    otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando
    a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.

Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
(AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la
Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el
Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el
Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), el Equipo Transiciones,
Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación
Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio
Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir, Salus
Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).

Desmonte en Chaco Charata

Nuevos desmontes ilegales en Chaco: pedimos restablecer la cautelar sobre el bosque nativo

Desde la Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos una nueva denuncia ante la Justicia Federal por la continuidad de desmontes ilegales en Chaco. Aportamos evidencias sobre nuevos desmontes ocurridos en Charata, nuevas pruebas sobre fallas graves en los controles provinciales y el sorprendente cierre de la investigación de un desmonte ilegal que protagonizó la familia del actual Ministro de la Producción de la Provincia del Chaco -Oscar Pablo Dudick-.

Buenos Aires / Chaco, julio de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciamos ante la Justicia Federal la continuidad de desmontes ilegales en la provincia del Chaco y la persistencia de graves falencias en los mecanismos provinciales de control forestal. Frente a este escenario, solicitamos al Juzgado Federal de Resistencia el inmediato restablecimiento de la medida cautelar ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de prevenir la continuidad del daño ambiental y garantizar una tutela judicial efectiva sobre el Corredor Biológico del Chaco Seco.

Incorporamos hechos ocurridos durante junio de 2026 en el Lote 56, Sección 13, Pampa Flores, en la zona de Charata. Según la declaración jurada acompañada, personas desconocidas violentaron el candado de ingreso al campo y una topadora avanzó sobre el bosque nativo. La denunciante afirmó que el desmonte afectó aproximadamente veinte hectáreas y que el predio forma parte de un campo de monte nativo cuidado por su familia desde 1986.

También aportamos datos sobre la falta de respuesta estatal. La denunciante relató llamados al 911, denuncias penales reiteradas y una visita a la oficina de la Dirección de Bosques en Charata, donde afirmó que encontró la dependencia sin funcionarios en actividad. En el campo se constataron huellas de maquinaria, movimientos recientes de suelo y árboles derribados.

La denuncia suma otro hecho central: el cierre de una investigación por desmonte ilegal vinculada a la familia del actual ministro de Producción de la provincia del Chaco, Oscar Pablo Dudick. Pedimos que la Justicia Federal revise esa decisión y analice la actuación de los organismos provinciales que debían controlar, investigar y frenar el avance sobre el bosque nativo.

Los nuevos elementos refuerzan la hipótesis sobre mecanismos de impunidad y captura institucional en torno a los desmontes ilegales en Chaco. Mientras sigue pendiente la resolución judicial sobre la medida cautelar, las topadoras avanzan sobre territorios protegidos. La demora estatal facilita la pérdida de pruebas y consolida daños sobre el Corredor Biológico del Chaco Seco.

Solicitamos al Juzgado Federal de Resistencia el restablecimiento inmediato de la medida cautelar ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pedimos medidas concretas para frenar nuevos desmontes, preservar pruebas e identificar a quienes participaron en los hechos denunciados. También reclamamos que se investigue el rol de funcionarios provinciales y el cierre de investigaciones previas. La Justicia Federal debe actuar con urgencia. La “Mafia del Desmonte” sigue operando en Chaco mientras el bosque nativo pierde hectáreas, pruebas y protección efectiva.

Una planta de combustibles sintéticos de HIF Global sobre el Río Uruguay amenaza a Colón: Exigimos a la provincia de Entre Ríos que proteja a su población

Exigimos precisiones sobre los estudios de impacto, el rol de Cancillería, la aplicación del Estatuto del Río Uruguay y la falta de un equipo técnico provincial para evaluar el proyecto de HIF Global en Paysandú

Desde la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas solicitamos información pública ambiental al Gobernador de Entre Ríos por la planta de combustibles sintéticos de HIF Global proyectada en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón.

Con este pedido buscamos conocer qué acciones concretas adoptó el Estado provincial para resguardar el río Uruguay, la costa argentina y los derechos de las comunidades de la región ante un emprendimiento de gran escala, con potenciales impactos transfronterizos y sin licencia social suficiente en los territorios involucrados.

La respuesta provincial agrega que, tras un análisis de los datos disponibles, “se ha dictado la Validación Ambiental de la Localización del proyecto y emitido los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, habiendo el interesado presentado este último documento, que puede consultarse en el enlace mencionado”.

En términos concretos, la respuesta no aclara lo que pedimos. Seguimos sin saber si la Provincia de Entre Ríos dispone formalmente de los Términos de Referencia de los estudios que deben evaluar los posibles impactos sobre la costa argentina. Tampoco informa si solicitó una ampliación específica del análisis sobre el margen entrerriano del río Uruguay.

Qué le solicitamos al Gobierno de Entre Ríos

Pedimos que el Gobierno provincial informe si, a través de la Cancillería Argentina y la Embajada Nacional en la República Oriental del Uruguay, formalizó una petición dirigida a la máxima autoridad ambiental del país vecino para ampliar los Estudios de Impacto Ambiental sobre el margen argentino del proyecto de HIF Global.

También solicitamos saber si Entre Ríos pidió los Términos de Referencia de esos estudios. Si el documento que define qué impactos deben evaluarse, con qué metodología, sobre qué territorios y bajo qué condiciones de participación pública.

El Director de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Lic. Maximiliano Gómez, respondió que el 24 de septiembre de 2025 la Secretaría de Ambiente de la provincia remitió una nota al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, se promueva ante la Cancillería de Uruguay el acceso al Observatorio Ambiental Nacional del país vecino, a fin de acceder a la información vinculada al proyecto.

Sin embargo, esa información ya es de acceso público en el sitio oficial del Observatorio Ambiental Nacional de Uruguay.

No se conformó un equipo técnico interdisciplinario

También solicitamos que la Provincia informe si conformó un equipo interdisciplinario para avanzar en el estudio preventivo de todos los documentos públicos y disponibles vinculados al proyecto, identificando áreas responsables, coordinación institucional y criterios de seguimiento.

Sobre este punto, la respuesta oficial señala que no se conformó un equipo interdisciplinario específico para analizar el Estudio de Impacto Ambiental realizado.

Esta respuesta nos resulta alarmante por la magnitud del emprendimiento, por su localización frente a Colón y por el nivel de preocupación expresado en las poblaciones de la región, tanto en la Argentina como en el área de Paysandú.

Un proyecto de estas características exige una evaluación rigurosa, preventiva y coordinada. La provincia no puede limitarse a observar documentos publicados por otro Estado sin conformar una capacidad propia de análisis técnico, social, sanitario, territorial y jurídico.

Estatuto del Río Uruguay y consulta binacional

Finalmente, solicitamos información sobre las decisiones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina para garantizar el cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay y su Digesto.

Ese procedimiento establece mecanismos de información y consulta entre Argentina y Uruguay ante obras o actividades que puedan afectar al río compartido.

La Provincia informó que, en dos reuniones oficiales ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, realizadas el 15 de septiembre de 2024 y el 1 de abril de 2025, se consultó si existía información presentada por el Gobierno de Uruguay sobre el proyecto a los fines de cumplir con el procedimiento de consulta establecido en el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay. Según la respuesta oficial, el resultado fue negativo.

Sin embargo, no se acompañó copia de esas consultas, de las actas respectivas ni de las comunicaciones oficiales cursadas. Esa falta de respaldo documental nos impide conocer el alcance real de las gestiones realizadas.

La respuesta también informa que el 11 de marzo de 2025, a partir de una solicitud de informe de la Mancomunidad Tierra de Palmares, la Provincia expresó su respaldo a la petición de relocalización del proyecto de instalación de la planta de producción de combustible sintético. Nuevamente, no se acompañó copia del expediente ni de las actuaciones administrativas correspondientes.

Además, se informó la existencia de una investigación preliminar bajo el N° 2/25, caratulada “N.N. s/ Infracción Ley 24.051 – Hidrógeno Verde”, en trámite ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

Reclamamos información completa y una política activa de prevención

Desde AAdeAA-CAJE observamos una ausencia de rigor en la gestión institucional del conflicto. La propia respuesta provincial reconoce que no existe un equipo profesional multidimensional encargado de monitorear los estudios, evaluar la documentación disponible y seguir el proceso social e institucional con la seriedad que el caso exige.

Frente a un proyecto de gran escala sobre una cuenca compartida, la Provincia de Entre Ríos debe actuar con información completa, prevención, transparencia y participación pública efectiva.

El río Uruguay no puede quedar sujeto a gestiones fragmentadas, respuestas incompletas o simples remisiones a documentación publicada por otro Estado. La protección de la costa argentina y de las comunidades entrerrianas requiere una intervención activa del Estado provincial y nacional.

Por eso, desde la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial reclamamos que el Gobierno de Entre Ríos entregue la información solicitada, acompañe las copias de las actuaciones administrativas mencionadas y conforme de manera urgente un equipo interdisciplinario para evaluar los impactos del proyecto sobre el margen argentino del río Uruguay.

Desmonte en Chaco Charata

Desmonte en Charata, Chaco: exigimos una investigación urgente por la destrucción de bosque nativo

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige la intervención inmediata de la Dirección de Bosques, la Fiscalía y las autoridades competentes ante la denuncia por el ingreso no autorizado de maquinaria pesada y el desmonte de aproximadamente veinte hectáreas de bosque nativo en un campo de Pampa Flores, en la zona de Charata, provincia del Chaco.

Buenos Aires / Chaco, 1 de julio de 2026.
El terreno desmontado en Pampa Flores, Charata

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas expresa su preocupación por los hechos denunciados en el Lote 56, Sección 13, Pampa Flores, establecimiento “Don Mario”, en la provincia del Chaco. Según surge de la declaración jurada presentada por la dueña, el predio forma parte de un campo de monte nativo que su familia ocupa, trabaja y cuida desde 1986. La situación del inmueble se encuentra discutida judicialmente y que el objeto de la presentación es poner en conocimiento de las autoridades el ingreso de maquinaria, los desmontes realizados dentro del campo, los daños ocasionados al bosque nativo y la falta de respuesta estatal frente a reiteradas denuncias.

Ninguna controversia sobre la titularidad de un inmueble habilita el ingreso con topadoras, la apertura de picadas, el derribo de árboles ni la alteración del monte chaqueño. La protección del bosque nativo excede las disputas entre particulares ya que es una cuestión de interés público, de justicia ambiental y de defensa de los territorios.

El momento del desmonte ilegal

De acuerdo con la declaración jurada, el 13 de junio de 2026 la denunciante fue alertada de que personas desconocidas habían violentado el candado del portón de ingreso al campo y que una topadora se encontraba realizando tareas de desmonte dentro del predio. A partir de ese momento, intentó comunicarse con distintas autoridades para solicitar intervención urgente.

Dos días después, el 15 de junio, un vecino le informó que un carretón que transportaba una máquina topadora estaba ingresando nuevamente al campo. La denunciante llamó al servicio de emergencias 911, realizó consultas para lograr la intervención de la autoridad forestal y se dirigió personalmente a la oficina de la Dirección de Bosques en Charata. Allí no encontró funcionarios desempeñando tareas y una persona que realizaba trabajos de limpieza le manifestó que la oficina había quedado sin personal. Luego se trasladó al campo. Antes de llegar observó un carretón detenido junto a un móvil de la Policía Rural. En el lugar había efectivos policiales y personas vinculadas al ingreso de la maquinaria. Según la declaración, una persona se presentó como nuevo propietario del campo. Tras conversar con los efectivos, el carretón fue autorizado a retirarse.

Recién después de esa situación, la denunciante pudo ingresar al predio y recorrer los sectores afectados. Allí observó huellas de maquinaria, movimientos recientes de suelo, árboles derribados, sectores abiertos mediante picadas de gran ancho y distintos deslindes. También señaló que no fue posible encontrar la topadora que había sido vista anteriormente.

Esa misma noche formuló una denuncia penal y aportó la información reunida. Según declaró, se le informó que al día siguiente concurrirían al lugar funcionarios de la Fiscalía, de la Policía Rural y de la Dirección de Bosques para inspeccionar el predio, preservar las evidencias y verificar los desmontes denunciados. Sin embargo, el 16 de junio volvió al campo desde horas tempranas para esperar a las autoridades y ninguna dependencia competente se hizo presente. Ante la falta de intervención, formuló una nueva denuncia penal ese mismo día. Luego realizó nuevas denuncias los días 19 y 21 de junio, ya que los hechos denunciados continuaron produciéndose e incluso se habría reemplazado el portón y el candado de acceso al inmueble.

Veinte hectáreas de bosque nativo afectadas

De acuerdo a las declaraciones, los desmontes afectaron aproximadamente veinte hectáreas de bosque nativo. También se constató el derribo de numerosos árboles y la alteración del hábitat de distintas especies de fauna silvestre, entre ellas osos hormigueros, guazunchos y otras especies propias del monte chaqueño. El monte chaqueño es un entramado vivo que regula el agua, conserva suelos, sostiene biodiversidad y forma parte de la vida cotidiana de las comunidades rurales y urbanas. Cuando una topadora avanza sobre el bosque nativo destruye un patrimonio milenario, con relaciones ecológicas propias y únicas. En estos ecosistemas se aloja la fauna local nativa, y también altera fundamentalmente los tiempos del agua al escurrir, o la calidad del suelo. Estos daños son irreversibles.

En este tipo de casos el estado debe intervenir de manera inmediata ya que los tiempos son decisivos. Las huellas de la maquinaria, los árboles derribados, los movimientos de suelo y los rastros de ingreso deben ser preservados como evidencia. Cualquier demora permite que las pruebas se pierdan, se alteren o sean directamente eliminadas.

Hubo denuncias realizadas desde el primer momento, llamadas al 911, intentos de contacto con la autoridad forestal, presencia policial en el lugar, promesas de inspección y ausencia posterior de los organismos competentes. Si estos hechos se confirman, no estamos solamente ante un posible desmonte irregular. Estamos también ante una falla institucional que permitió que el daño avanzara.

La Dirección de Bosques del Chaco debe explicar qué medidas tomó desde la primera denuncia, por qué no se realizó una inspección integral inmediata y cuál fue la situación administrativa del predio al momento de los hechos. También debe informar si existía alguna autorización para desmontar, abrir picadas, mover suelo o ingresar maquinaria pesada. Si no existía autorización, corresponde avanzar con las sanciones y denuncias pertinentes. Si existía, debe ser exhibida públicamente y revisada bajo los estándares de protección del bosque nativo.

Desde la Fiscalía los funcionarios actuantes deben investigar quiénes participaron, autorizaron, financiaron o ejecutaron las tareas denunciadas, como también determinar si hubo responsabilidades por acción u omisión de funcionarios públicos. La Policía Rural debe aportar todos los registros de su intervención, identificar a las personas presentes en el lugar y explicar bajo qué circunstancias se permitió el retiro del carretón.

Exigimos que las autoridades competentes realicen una inspección urgente e integral del predio afectado, preserven las pruebas existentes, identifiquen a todas las personas involucradas y determinen la magnitud real del daño ocasionado al bosque nativo.

También que se ordene el cese inmediato de cualquier intervención sobre el campo, el resguardo del ingreso al predio, la protección de la denunciante y la adopción de medidas para evitar nuevos desmontes. La investigación debe incluir a quienes manejaron o trasladaron la maquinaria y a quienes pudieron haber solicitado, financiado, autorizado o facilitado esas tareas.

El Estado provincial tiene la obligación de proteger el bosque nativo. El bosque chaqueño es fuente de agua, biodiversidad, suelos, vida rural y salud del territorio. Las hectárea son pérdidas colectivas de toda la sociedad, que consolida el avance de quienes actúan como si el monte fuera descartable.