La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás rechazó por unanimidad el pedido de Atanor y del gerente de su planta, Juan Mauricio Berenguel, para restringir las manifestaciones públicas del abogado Fabián Maggi y de FOMEA. El tribunal calificó la prohibición pretendida como una “mordaza legal” sobre un asunto de interés público.
Fabian Maggi, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–CAJE, representa a FOMEA en la acción judicial contra Atanor por la contaminación del río Paraná y del suelo en San Nicolás. La investigación detectó atrazina en el agua y cipermetrina y trifluralina en el suelo. Las pericias concluyeron que los vuelcos deterioraban el agua y afectaban la vida acuática, y que las elevadas concentraciones de contaminantes en sectores del suelo de la planta representaban un riesgo serio para la salud pública.
Esa acción judicial logró que en 2023 se ordenaran medidas de reparación y controles sobre la actividad industrial. La Cámara de Apelación de San Nicolás también fijó una indemnización de 150 millones de pesos por el daño ambiental.
En ese contexto, Atanor y Berenguel solicitaron impedir la difusión de determinada información de expedientes y de expresiones que atribuyeran delitos o infracciones sin sentencia firme. El 20 de agosto de 2026, la Cámara confirmó el rechazo a esa pretensión. En un procedimiento independiente, el Colegio de Abogados de San Nicolás había archivado, el 15 de mayo, una denuncia de Berenguel contra Maggi por no encontrar pruebas que comprometieran su conducta profesional.
Desde la AAdeAA–CAJE celebramos este respaldo a nuestro compañero Fabián. Defender el agua y la salud exige garantizar que las comunidades y quienes las acompañan puedan denunciar la contaminación y reclamar justicia sin ser silenciados.
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre — Expertos juristas latinoamericanos en materia ambiental y penal presentan unaLey Modelo de Ecocidiodiseñada para proporcionar un marco de referencia a los países de América Latina con el fin de penalizar la destrucción ambiental grave.
Ya se han adoptado marcos similares en< la Unión Europea y en jurisdicciones nacionales desde Azerbaiyán hasta Mauricio,y con ella se podrían fortalecer significativamente las leyes existentes que tienen la finalidad de proteger mejor excepcional biodiversidad de esta región, donde las regulaciones actuales no logran prevenir la destrucción de los ecosistemas forestales y la disminución masiva de las poblaciones de vida silvestre.
Entre 2015 y 2025, Sudamérica perdió en promedio de 4,10 millones de hectáreas de bosque al año lo que supone la mayor pérdida de bosques del planeta en la última década y que incluye la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques primarios. La región también ha experimentado la disminución más pronunciada del mundo en las poblaciones de vida silvestre monitoreadas: una media del 95 % de declive entre 1970 y 2020, la disminución más drástica registrada en todo el planeta. Latinoamérica es también la más peligrosa del mundo para los defensores del territorio y del ambiente, llegando a concentrar el 85 % de los asesinatos documentados en 2025.
La ley relativa al ecocidio establece un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental, creando una responsabilidad penal individual para los altos responsables de la toma de decisiones que causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El objetivo no es sólo enjuiciar dichos daños, sino disuadir de que se tomen las decisiones que conllevarán destrucción antes de que esta se produzca.
La Ley Modelo de Ecocidio para América Latina se basa en la definición de ecocidio de 2021 elaborada por un Panel de Expertos Independientes, que define el ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades causen daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.
En septiembre de 2024, basándose en la definición de 2021, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para realizar una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional atroz, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
También se han adoptado leyes nacionales sobre el ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y, más recientemente, en Mauricio en abril de 2026, al tiempo que la legislación avanza en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, la Polinesia Francesa, los Países Bajos y Escocia.
La nueva Ley Modelo se ha elaborado a través de una consulta pública, seguida de sesiones de trabajo virtuales con 74 expertos de 14 países de la región, que culminaron en una conferencia de redacción de dos días celebrada en la Ciudad de México en la que participaron más de 30 expertos jurídicos. Habiendo sido diseñado para los sistemas de derecho civil de América Latina, el texto resultante está concebido para que los parlamentos nacionales lo puedan adoptar o adaptar fácilmente.
Rodrigo Lledó Vásquez, Director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: “Desde el principio, este ha sido un proceso genuinamente democrático y participativo. Comenzamos con una consulta pública regional, seguida de sesiones de trabajo con 74 expertos de 14 países de América Latina, que culminaron en dos días de redacción intensiva a cargo de más de 30 expertos jurídicos en la Ciudad de México. El resultado es una Ley Modelo forjada tanto por la experiencia jurídica como por las realidades y experiencias de las personas de toda la región.”
Jojo Mehta, Directora General y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: “La legislación relativa al ecocidio se está afianzando en todo el mundo a una velocidad extraordinaria. Desde una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional hasta los avances legislativos en toda Europa y el creciente impulso político en África, los gobiernos recurren cada vez más al derecho penal para abordar las formas más graves de destrucción ambiental. Esta nueva Ley Modelo ofrece a los legisladores de América Latina una vía práctica para proteger a la naturaleza y a las comunidades al disuadir de que se tomen las decisiones que causan el daño ambiental más grave antes de que este se produzca.”
Gustavo Alanís, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha afirmado: “América Latina alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, y millones de personas dependen directamente de la salud de los mismos. La ley sobre el ecocidio establece un límite legal claro en torno a las formas más graves de destrucción ambiental, reconociendo que existe un nivel de daño a la naturaleza y a las comunidades que nunca debería aceptarse como un costo de hacer negocios.”
Jorge Peláez Padilla, Académico del Departamento de Derecho y Coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” (CJJA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha señalado: “En toda América Latina, los defensores y defensoras ambientales y las comunidades asumen con demasiada frecuencia riesgos personales y colectivos al oponerse a la destrucción ambiental grave. La ley sobre el ecocidio sitúa la responsabilidad por los daños ambientales más severos donde corresponde: en el Estado y, en última instancia, en quienes toman las decisiones que provocan dicho daño.”
Rafael Colombo, abogado ambientalista y miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló: “Mientras continúan las incidencias para que el ecocidio se sume a los crímenes internacionales del Estatuto de Roma, la Ley Modelo permite nuevas líneas de incidencia para que los Estados latinoamericanos incorporen el ecocidio como tipo penal en sus códigos nacionales, abriendo la puerta para el diseño de una nueva política criminal que investigue empresas y corporaciones públicas y privadas, poniendo un límite a la habitual impunidad y evasión de la justicia, pues estos crímenes involucran a sujetos y entramados de poder.”
Paulo Busse, abogado criminalista y ambiental, y coautor del Proyecto de Ley de Ecocidio de Brasil, dijo: “El ecocidio ocurre desde siempre en todas partes del mundo y representa un riesgo existencial creciente para la humanidad. Por lo tanto, es urgente tipificarlo como delito, tanto a nivel nacional como internacional.”
La Cámara Federal de General Roca hizo lugar a la apelación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y FARN contra la decisión que había apartado al Juzgado Federal de Viedma. El tribunal reconoció que los riesgos del proyecto de Southern Energy pueden afectar un ecosistema marino que supera los límites de Río Negro. Ahora deberá tratarse el pedido de suspensión de las obras.
En una resolución firmada el 5 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Viedma y estableció que la acción preventiva contra el proyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy debe continuar en la Justicia federal.
La causa es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para prevenir daños sobre el golfo, sus ecosistemas y el Mar Argentino. Solicitamos que la empresa se abstenga de iniciar o continuar las obras y de operar el complejo hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental de la totalidad del proyecto, que contemple sus efectos acumulativos y climáticos. También pedimos una medida cautelar para suspender las intervenciones mientras se tramita la demanda.
El fallo actual resuelve quién debe intervenir en la causa: todavía no ordena paralizar las obras ni decide sobre el fondo del reclamo. Al restablecer la competencia federal, permite que el expediente continúe ante el Juzgado Federal de Viedma, que deberá abordar la medida cautelar solicitada.
El juzgado se había declarado incompetente al considerar que correspondía intervenir a la Justicia provincial, dado que las instalaciones se ubican en Río Negro. Apelamos esa decisión porque confundía el lugar donde se construye el proyecto con el territorio que puede sufrir sus consecuencias. La Cámara acogió ese cuestionamiento: los riesgos sobre el mar, las especies y sus desplazamientos pueden extenderse más allá de los límites provinciales.
Para resolver, el tribunal valoró la documentación científica acompañada. Entre ella, destacó el informe sobre ballena franca austral y desarrollo hidrocarburífero en el Golfo San Matías, con mapas de seguimiento satelital que muestran el uso de distintas áreas del golfo y los desplazamientos de estos animales. También consideró la superposición entre esos recorridos y las rutas de las embarcaciones vinculadas a la actividad, con el consiguiente riesgo de colisiones.
La Cámara ponderó además el informe realizado por FARN junto a la organización internacional ELAW sobre especies marinas y migratorias y los posibles efectos del ruido submarino, la turbidez y la pérdida de hábitats del fondo marino. Consideró que estos elementos permiten sostener, en esta etapa inicial, que los impactos denunciados podrían superar el área inmediata de las obras y afectar un ecosistema compartido.
El carácter preventivo de la demanda que impulsamos es otro punto central. La acción legal busca impedir que los daños ocurran. Por eso, el tribunal sostuvo que no corresponde exigir la demostración definitiva de un daño ya consumado para determinar la competencia: alcanza con aportar elementos objetivos que permitan considerar verosímil que sus efectos se extiendan a más de una jurisdicción.
El proyecto cuestionado busca llevar gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, transformarlo en líquido en buques licuefactores y exportarlo por mar. Comprende gasoductos terrestres y submarinos, instalaciones costeras, unidades flotantes y operaciones de transferencia hacia buques metaneros. Su primera etapa contempla el buque Hilli Episeyo, a unos 4,5 kilómetros de la costa de Fuerte Argentino; la segunda incorpora otra unidad de licuefacción.
En la demanda denunciamos una evaluación fragmentada, que impide conocer los efectos del conjunto de las instalaciones y actividades asociadas. Cuestionamos las irregularidades de la autorización de la primera etapa, el incumplimiento de observaciones formuladas por la propia provincia y la falta de autorización ambiental de la segunda etapa al momento de presentar la acción. También advertimos sobre el inicio de la fase logística y constructiva sin la aprobación del estudio correspondiente al Centro de Soporte Logístico.
El reclamo incluye la ausencia de una evaluación climática integral. Pedimos que se examinen las emisiones de toda la cadena del GNL, incluidas las fugas de metano y la combustión del gas exportado, y su relación con los compromisos climáticos argentinos. Estas cuestiones forman parte de la demanda y deberán ser analizadas durante el proceso.
Desde AAdeAA-CAJE sostenemos que la expansión de la infraestructura fósil sobre el Golfo San Matías exige un control judicial que considere la integridad del ecosistema y los riesgos del proyecto en su conjunto. La resolución de la Cámara permite avanzar en ese camino. Corresponde ahora tratar el pedido de protección urgente para evitar que las obras consoliden transformaciones irreversibles antes de que se resuelva la causa.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2026 .- El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, referentes sociales y cientos de miles de personas, presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del Juez Juan José Baric, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. La magnitud del reclamo fue inédita: se reunieron más de 850.000 adhesiones a la demanda en menos de dos semanas, provenientes de todo el país. Esa movilización expresó un reclamo social masivo para defender los glaciares y el agua frente a una reforma que eliminó su protección real.
Cinco meses después de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicación de la reforma sigue sin respuesta de fondo por parte de la justicia.
Con la demanda, se solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la regresiva reforma en todo el país mientras se resuelve la cuestión de fondo y evitar que, durante ese tiempo, se dicten autorizaciones o avancen proyectos capaces de producir daños irreversibles sobre los cuerpos glaciares y las cuencas.
Mientras esa respuesta seguía pendiente, el riesgo dejó de ser una advertencia teórica. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan. En la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares. Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación judicial, que advertía la urgencia del caso, y solicitaron una medida cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Ese pedido tampoco recibió una respuesta.
Recién hoy, 8 de octubre, más de cinco meses después de presentada la causa, el Juzgado se declaró competente para intervenir. En la misma resolución, y con excesivo rigor procesal, el juez Juan José Baric cuestionó distintas presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan esta acción, entre ellas las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, y referentes de la Asamblea de Jáchal. Estas observaciones podrían dejar fuera del proceso a referentes y organizaciones que forman parte del reclamo colectivo, incluso a personas directamente vinculadas con la defensa de la Ley y de los territorios afectados. Esto resulta especialmente preocupante en una causa que nació y se sostiene justamente por su carácter colectivo y por la participación de comunidades de todo el país.
A más de cinco meses del inicio de la demanda, la causa continúa hoy sin avances sustanciales. Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron. Lo que por su naturaleza urgente requería una respuesta rápida, en el Juzgado del juez Baric lleva ya casi medio año.
El escenario es de especial preocupación porque, pese al tiempo transcurrido y a la presentación de dos pronto despachos, el juzgado aún no se ha expedido sobre las medidas urgentes solicitadas. Esta demora no puede analizarse al margen de los principios de prevención y precaución, que en materia ambiental exigen una respuesta judicial oportuna y proactiva de la justicia frente a la existencia de riesgos que pueden derivar en daños irreversibles que, además, comprometen derechos de incidencia colectiva.
La regresiva Ley 27.804 sigue vigente y el proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI. En la presentación judicial, las organizaciones advirtieron que, si el Glaciar GE110 perdiera su protección antes de una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho.
Más de 850.000 personas acompañaron este reclamo. Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza. La causa tiene que avanzar sobre su cuestión central: la constitucionalidad de una reforma que debilitó la protección de los glaciares y del agua. Y mientras eso se resuelve, las medidas cautelares deben ser tratadas con la urgencia necesaria para evitar que la respuesta judicial llegue cuando el daño ya sea irreversible.
La Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspende provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. En términos concretos, mientras esta medida esté vigente vuelven a regir las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Esto no es una solución de fondo ya que una cautelar interina es una protección judicial urgente y temporal: busca evitar que se produzcan consecuencias difíciles de revertir mientras la Justicia determina cómo debe continuar la causa. La Corte no declaró inconstitucional el artículo 154 no resolvió todavía el conflicto de fondo. La suspensión puede ser modificada o levantada cuando avance el expediente.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostenemos que el problema no termina en la Ley de Tierras. El DNU 70/2023 avanzó sobre derechos, regulaciones y capacidades públicas mediante un decreto de alcance extraordinario. Nuestra posición sigue siendo la misma: el DNU debe caer.
La decisión también implica que el expediente iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie vuelve a la Justicia Federal de Bariloche. Allí deberá analizarse la legitimación de quienes presentaron la acción y resolverse el pedido cautelar pendiente. El planteo de Árbol de Pie se diferencia del caso iniciado por el CECIM porque invoca derechos colectivos vinculados con la protección de los territorios y los derechos de comunidades indígenas.
Esta resolución no representa el cierre del conflicto ni una razón para desactivar la movilización. Es una protección provisoria obtenida en una disputa que continúa en los tribunales, en el Congreso y en las calles.
Este 15 de octubre volvemos a las calles. La medida judicial abre un resguardo temporal; la defensa de los territorios, de los derechos colectivos y de la educación pública sigue dependiendo de la organización y la movilización social.
El Gobierno avanzó con decisiones que pueden transformar de manera permanente el río Paraná sin contar previamente con una evaluación ambiental integral, con participación efectiva de las provincias y con las garantías de transparencia que exige una obra de esta escala. Es por eso que hemos ampliado la denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentamos una nueva ampliación de la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades en el proceso de licitación de la denominada Vía Navegable Troncal del río Paraná.
La denuncia original fue presentada en octubre de 2025 y ampliada en diciembre de ese año, después de la audiencia pública del 3 de noviembre. En esa audiencia, más del 90% de las personas expositoras se manifestó contra el proyecto en los términos planteados. Dentro de ese rechazo, alrededor del 60% advirtió sobre el impacto en el acceso al agua potable. También hubo cuestionamientos por los efectos sobre la biodiversidad, la pesca artesanal, la apicultura, el turismo, los usos recreativos y el corredor biocultural que acompaña al Paraná.
A inicios de Octubre 2026, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas ratificó y amplió en segunda oportunidad y en su totalidad, la denuncia penal presentada contra los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependientes del Ministerio de Economía, involucrados en la maniobra oportunamente descripta, como en la ampliación de la misma formulada en fecha 12 de diciembre de 2025, actualizando el estado de situación en torno a los hechos de gran relevancia que ocurrieron luego de nuestra primera y segunda presentación ante la Procuraduría.
Volvemos a cuestionar la fraudulenta audiencia del 3 de noviembre de 2025 bajo el título de “Informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal” y el avance hacia la licitación pública en el contexto de mayor artificialización de la denominada ahora, vía navegable troncal (VNT), en el río Paraná, demostrando que los funcionarios involucrados en representación del Gobierno Nacional, ejecutan la firme decisión de continuar por el camino de las manifiestas ilegalidades denunciadas, expuestas, así mismo, en el último Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como en los precedentes, sin dudas negados e ignorados intencionalmente por dicha autoridad (ANPyN), significativa como sostenidamente, vulnerando derechos humanos fundamentales e incurriendo en la probable comisión de los delitos que oportunamente denunciamos, todo lo cual queda finalmente expuesto con la total negación por parte de la autoridad denunciada, de todas las observaciones, críticas y análisis formulados en aquella audiencia, como en la diversidad de presentaciones realizadas ante la PIA en representación del Ministerio Público Fiscal.
En nuestra segunda presentación realizamos un resumen de las exposiciones centrales de los participantes, quienes en forma casi unánime expresaron fundadamente su repudio, oposición crítica a cualquier escenario de mayores profundizaciones y ampliaciones de los canales de navegación, poniendo de manifiesto la falta de estudios serios para hacerlo, aportando desde todos los sectores de la sociedad civil, tanto académicos, populares, religiosos, como también desde organismos públicos de control, como la impecable presentación tanto oral como escrita por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como la alarmante intervención de la Presidente Municipal la ciudad de Victoria, Entre Ríos, denunciando la grave afectación al derecho humano de acceso al agua potable que causan las obras ya ejecutadas como lo agravarían las planificadas.
Destacamos y reiteramos la total ausencia de la máxima autoridad ambiental nacional, como de las provincias, del PIECAS como escenario interjurisdiccional del Delta en cuanto a la gestión sustentable del mismo, la negación de todo tipo de material de investigación, estudios, dictámenes por parte de la Administración de Parques Nacionales, frente a la existencia de los mismos en aguas inmediatas arriba de toda la mega cuenca inferior intervenida y ahora convocada a su mayor y mas grave artificialización, como son los parques nacionales del Pre Delta (Entre Ríos) y de Islas del Delta en Provincia de Santa Fe. Más aún siendo las mismas en un área aún mayor, SITIO RAMSAR, es decir, declarado Humedal de importancia Internacional y por lo tanto, el punto focal Nacional de la Convención RAMSAR, fue totalmente negado por las autoridades directamente intervinientes denunciadas, como por el absoluto silencio de las máximas autoridades políticas del Área Ambiente de la Nación.
Casi la totalidad de los expositores impugnaron en el valor de su palabra, la propuesta estatal por ausencia de estudios de impacto ambiental (E.I.A) en su versión tradicional y menos aún el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica (EAE) como corresponde a la escala en tratamiento, visión de cuenca y su gestión democrática con los principios del derecho ambiental sobre la mesa de los políticos y técnicos ejecutores.
Denunciamos frente a la Procuración (PIA) el agravamiento de todo este contexto por la gestión groseramente concentrada en la ANPyN, y la brutal inexistencia de visión y gestión de Cuenca, la constitución institucional de un Comité de Cuenca y por falta de convocatoria del comité del PIECAS-DP, para integrarse desde el inicio del proceso de construcción de los términos de referencia de la Licitación.
En semejante contexto, el Estado argentino a través de la ANPyN, se arrogó múltiples facultades incompatibles, que con fin espurio estableció como marco referencial sujeto a consultas, una serie de documentos absolutamente inhábiles para la celebración de una audiencia pública de esas características. Como hemos expuesto, fue éste el grado de ilegalidad convocando a una audiencia para evaluar obras que carecen del documento técnico esencial para tal fin, es decir carece de EIA, tal como surge objetivamente del sitio oficial de la ANPyN donde se exhibieron los documentos que integraban la Audiencia Pública.
No solo existe un negacionismo y exclusión de las competencias provinciales, tanto políticas como de sus autoridades ambientales, de los institutos especializados nacionales y su máxima autoridad ambiental, punto focal de las convenciones: RAMSAR, CAMBIO CLIMÁTICO, DIVERSIDAD BIOLÓGICA; como del INA, CONICET, u órganos de control como la Defensoría del Pueblo de la Nación, etc, sino también agravada por la arrogancia y abuso en el ejercicio del poder gravemente concentrado, frente a la contundencia de los fundamentos de los dictámenes de la propia PIA como representación especializada del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ni más ni menos.
La AadeAA expone frente al Ministerio Público Fiscal, que esta conducta administrativa no se agota en una mera irregularidad sino que son una confirmación de las conductas penales que denunciamos. Los funcionarios involucrados incurren en figuras de falsedad ideológica de instrumento público (arts. 293 y 294 CP) y violación de deberes de funcionario público (art. 248 CP), al licitar una obra sin la base técnica y ambiental exigida por ley, comprometiendo la tutela del ambiente y el interés público. La omisión deliberada de la EIA, de su evaluación por la máxima autoridad ambiental concertadamente con las áreas ambientales provinciales del tramo nacional, de modo previo y la presunción administrativa de “inexistencia de riesgos” comprometen directamente la responsabilidad penal, administrativa y patrimonial de los funcionarios intervinientes.
Ahora, nos encontramos con el dictado de la Resolución 57/2026 AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN – la que convoca a un supuesto proceso participativo para la construcción de la normativa ambiental que acompañará las tareas de dragado en sus variantes en el marco de la nueva Licitación ya adjudicada, nuevamente a Jan de Nul.
La misma ratifica la absoluta concentración de decisiones sobre el río, su cauce principal y canales alternativos con foco en dos tramos del sur de Entre Ríos, su sistema de humedales y ecosistemas asociados, a la discrecionalidad resolutiva en manos de la ANPyN, responsable política directa en el proceso previo de construcción de la Licitación y en esta nueva etapa que hemos denunciado de ilegal e inconstitucional, entre otras razones, se avanza en consolidar la misma su rol de autoridad ambiental única y por excelencia, negando las atribuciones constitucionales de las provincias ribereñas y de la máxima autoridad ambiental nacional.
Hay anclaje legal totalmente ignorado por la ANPyN. La Ley 25.675 ordena atender las causas y fuentes de los problemas ambientales de forma integrada, fija como objetivo el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos junto con la coordinación interjurisdiccional, y su artículo 4 consagra la prevención: actuar antes de que los efectos acumulados vuelvan irreversibles, o desmesuradamente costosa, la recomposición.
Venimos requiriendo desde la AadeAA por distintas vías públicas y de acceso a la justicia, que para las decisiones de transformación estructural (profundidad, trazado, ancho, régimen de mantenimiento, nuevos canales), la realización de una evaluación ambiental estratégica o un instrumento equivalente. Su objeto son las políticas, planes, programas y decisiones de planificación, antes de que las decisiones particulares queden cristalizadas una tras otra. Debería considerar el funcionamiento hidrológico e hidrodinámico, el balance sedimentario, la calidad del agua y de los sedimentos, la biodiversidad y los humedales, las áreas protegidas, las pesquerías, las comunidades ribereñas, los efectos acumulativos, los escenarios climáticos y las alternativas de intervención.
En razón de lo denunciado hemos solicitado se formule requerimiento de instrucción penal ante el juez competente en el marco de la nueva licitación, ahora adjudicada.
Cinco meses después de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicación de la reforma sigue sin respuesta por parte de la justicia.
El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, referentes sociales y cientos de miles de personas, presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del Juez Juan José Baric, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. La magnitud del reclamo fue inédita: se reunieron más de 850.000 adhesiones a la demanda en menos de dos semanas, provenientes de todo el país. Esa movilización expresó un reclamo social masivo para defender los glaciares y el agua frente a una reforma que eliminó su protección real.
Con la demanda, se solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la regresiva reforma en todo el país mientras se resuelve la cuestión de fondo y evitar que, durante ese tiempo, se dicten autorizaciones o avancen proyectos capaces de producir daños irreversibles sobre los cuerpos glaciares y las cuencas.
El 16 de junio, aún sin una respuesta de la justicia, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan. En la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares. Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación judicial, que advertía la urgencia del caso, y solicitaron una medida cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Más de cuatro meses después, ese pedido tampoco fue resuelto.
A más de cinco meses del inicio de la demanda, la causa continúa hoy sin avances de ningún tipo. Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron: el juez ni siquiera se expidió sobre su competencia, ni notificó al Estado Nacional para que el proceso avance. Lo que debió ser un trámite de unos días, en el Juzgado del juez Baric lleva ya casi medio año.
El escenario es de especial preocupación porque, pese al tiempo transcurrido y a la presentación de dos pronto despachos, el juzgado aún no se ha expedido sobre la acción ni sobre las medidas urgentes solicitadas. Esta demora no puede analizarse al margen de los principios de prevención y precaución, que en materia ambiental exige una respuesta judicial oportuna y proactiva de la justicia frente a la existencia de riesgos que pueden derivar en daños irreversibles que, además, comprometen derechos de incidencia colectiva.
La regresiva Ley 27.804 sigue vigente y el proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI. En la presentación judicial, las organizaciones advirtieron que, si el Glaciar GE110 perdiera su protección antes de una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho.
Más de 850.000 personas acompañaron este reclamo. Cinco meses después, continúan esperando que la justicia revierta el efecto de una reforma que debilitó fuertemente la protección de los glaciares y del agua.
Las organizaciones esperan que la causa avance; la constitucionalidad de la reforma tiene que ser analizada y los pedidos cautelares deben resolverse antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
Una investigación nacida desde la Multisectorial del Golfo San Matías, Río Negro, en el marco de la Fellowship para Contrarrestar la Desinformación Climática de Roots, en alianza con CAAD (Climate Action Against Disinformation), expone cómo la desinformación climática opera a través de ecosistemas de medios, contenidos coordinados y publicidad paga para construir consenso, invisibilizar las voces de la sociedad civil y legitimar el avance sobre los territorios y comunidades.
El próximo martes 6 de octubre a las 13hs, la Multisectorial Golfo San Matías, junto a Roots, participará de una charla informativa en el Congreso de la Nación para presentar los hallazgos de la investigación “Narrativas de desinformación en el Golfo San Matías”. Nos acompañarán la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Red Ecosocialista, sumando sus miradas y experiencias al debate.
La investigación expone operaciones comunicacionales desinformantes coordinadas, medios digitales de reciente creación que simulan ser medios informativos locales, contenidos automatizados y repetidos con fuertes inversiones en publicidad digital. Una red que invisibiliza impactos socioambientales y voces de las comunidades que cuestionan estos proyectos.
El caso del Golfo San Matías permite observar un problema que no es exclusivo de este territorio. La desinformación climática no funciona solamente a través de noticias falsas o datos incorrectos: opera en diferentes niveles a partir de narrativas históricamente diseñadas, con financiamiento, construyendo artificialmente consenso, amplificando determinados discursos a través de publicidad paga e invisibilizando información científica, impactos socioambientales y voces de las comunidades afectadas. Cuando estas estrategias intervienen sobre decisiones que afectan los territorios y sus bienes comunes, la desinformación adquiere además una dimensión democrática: polariza, condiciona el acceso a información transparente y la posibilidad de participar de manera informada en las decisiones públicas.
Los hallazgos de la investigación fueron incorporados como antecedente y fundamento del Proyecto de Ley 6960-D-2025. La charla buscará llevar esta problemática a la agenda legislativa, abrir el debate sobre el proyecto y sumar aportes.
Frente a narrativas deliberadamente impulsadas que distorsionan, ocultan y manipulan la información, profundizar esta investigación también significa fortalecer la capacidad de la ciudadanía para identificar y desarticular estos mecanismos y construir herramientas comunes para contrarrestarlos.
Defender el derecho a la información también es defender la capacidad de las comunidades de decidir sobre su presente y futuro.
In the province of Neuquén, Primary School No. 291, located in Aguada Toledo within the Loma La Lata–Sierra Barrosa area, was closed due to pollution. The school community is being relocated without adequate information. After two months without classes, the Provincial Council of Education decided to keep the building closed until the end of February, while YPF is required to carry out a remediation plan. Just 1,100 meters from the school is one of the world’s most significant methane emission sources, according to monitoring conducted by the United Nations Environment Programme’s International Methane Emissions Observatory (UNEP-IMEO).
Photo: Martín Álvarez Mullally
By Leonora Jáuregui Nicolet (OPSur) and María Marta Di Paola (AAdeAA/CAJE)
Aguada Toledo Primary School No. 291 has been closed since the end of the winter break, almost two months ago. The return to school coincided with a storm that made access difficult along an already badly deteriorated section of road. Heavy truck traffic had carved out a deep rut that fills with water when it rains, making it impossible for the school transport service to pass safely. On August 18, once access conditions had improved, the school building was left without gas.
Janet Alveal is the principal of this rural school, which belongs to School District II of Cutral Có and Plaza Huincul. During these weeks, Alveal issued a statement describing the situation and calling for an institutional response: “This lack of gas service affects the daily operation of a full-day school, which is why the corresponding steps have been taken in an effort to find a solution.”
For almost two months, the only explanation given by the Provincial Council of Education was that there were leaks at the school because gas was being consumed too quickly. The Aguada Toledo school community made a series of public demands together with the Neuquén Education Workers’ Association (ATEN), eventually securing a meeting with Education Minister Soledad Martínez at the Council’s headquarters in the city of Neuquén.
On Monday, September 21, after ten weeks without classes, the provincial education authority met with the school community and informed them that the school would remain closed until the end of February because of environmental health concerns that she chose not to explain. She also announced that classes would be relocated to Challacó, 30 kilometers farther away along an unpaved road that is routinely in poor condition.
On Friday, September 25, school authorities received an internal communication between provincial education officials informing them that the school would be temporarily closed from October of this year through February of next year. The closure was ordered “in connection with the proceedings carried out by the Secretariat of Environment and Natural Resources regarding the environmental situation in the vicinity of Aguada Toledo Primary School No. 291,” with the stated purpose of protecting the school community while YPF carries out mitigation work. According to the document, the Secretariat of Environment assigned YPF responsibility for conducting the air-quality study and monitoring, effectively delegating technical and socio-environmental responsibility to the private company.
The Gases of Vaca Muerta
According to a report published in June 2026 by the United Nations Environment Programme’s International Methane Emissions Observatory (UNEP-IMEO), Argentina ranked 49th because of leaks from storage tanks located at coordinates -38.76047, -68.83698 in Neuquén. These are YPF tanks located in Sierra Barrosa. According to the Observatory’s Eye on Methane platform, the leak was continuously detected by satellite over the course of a year, between May 2025 and May 2026.
In early August, the Argentine Association of Environmental Lawyers and the Collective for Action on Ecosocial Justice (AAdeAA-CAJE) submitted a request for access to public environmental information, alerting Neuquén’s Secretariat of Environment and Natural Resources to the situation. The request specifically asked what containment measures had been taken regarding the leaks near the school.
In its response, the Secretariat of Environment stated that provincial officials had inspected the school and found it closed, but nevertheless carried out measurements. They reported no problems related to emissions from nearby flares. However, Patricia Rodriguez, a methane measurement specialist at Earthworks, warned that “the monitor used by representatives of Neuquén’s Secretariat of Environment and Natural Resources during the inspection is an instrument primarily used for occupational and health safety, mostly in enclosed spaces.”
Source: Inspection report by the Secretariat of Environment and Natural Resources
Methane is a colorless and odorless gas and is the second-largest contributor to global warming after carbon dioxide. Specifically, over a 20-year period its global warming potential is 82.5 times greater than that of carbon dioxide.
Hydrocarbon activities emit methane, which contributes to the formation of ground-level ozone, a toxic air pollutant. Methane emissions are also accompanied by other pollutants harmful to health, including nitrogen oxides (NOx), fine particulate matter (PM2.5), hydrogen sulfide (H2S), and BTEX compounds — benzene, toluene, ethylbenzene and xylene — also referred to as secondary pollutants associated with methane emissions.
According to Dr. Luciana Capozzi of the Institute for Socio-Environmental Health (INSSA): “At this school, attended by children from a rural area, their right to live in a healthy territory is being violated. There can be no healthy people when the territories they inhabit are sick. Unconventional hydrocarbon extraction and its by-product — in this case methane — make territories and the bodies that inhabit them sick. When methane contributes to the formation of ground-level ozone, that pollutant can enter the respiratory system and cause inflammation. In children, whose bodies are still developing, this makes them particularly vulnerable to conditions such as rhinitis, asthma flare-ups, dermatitis and blood disorders, among others.”
A School Surrounded by Wells and Emissions
Primary School No. 291 was founded in March 1990 to address barriers to education faced by families living in the Aguada Toledo–La Barrosa area. The school adopted a boarding model to overcome long travel distances, reduce school dropout rates and narrow the gap between rural and urban areas.
In 2022, the provincial government allocated 92 million pesos to renovate and refurbish the school building. During the six months that the works lasted, there were no classes. However, a lack of funding for student transport later made it impossible to continue the boarding-school model. A little over two years ago, in order to prevent students from repeatedly missing classes because of transportation problems, the school community shifted to an extended-day model.
An Area with Decades of Extraction
The Loma La Lata–Sierra Barrosa hydrocarbon concession covers almost 2,000 square kilometers and includes two fields: Aguada Toledo–Sierra Barrosa and Loma La Lata. According to official provincial information, the Loma La Lata–Sierra Barrosa area has been exploited for more than seventy years and is operated by YPF. Both conventional and unconventional oil and gas are produced there.
Photo: Martín Álvarez Mullally
Official records also show that the area has a long history of environmental incidents. According to the Neuquén Undersecretariat of Environment’s 2021 Management Report, 49 incidents were recorded in Aguada Toledo and 26 in Loma La Lata during 2019.
Official environmental incident records for the 2017–2021 period also document gas-release events in Aguada Toledo. According to these records, on November 15, 2017, YPF reported an emission of 80,000 cubic meters of gas per day, although the record does not specify how many days the release continued. One week later, the company reported another incident in the same field, involving 13,333 cubic meters of gas.
School No. 291 was left in the middle of Vaca Muerta’s expansion. Around it, an extensive network of hydrocarbon infrastructure has been built, including conventional and fracking wells, gas venting and flaring facilities, processing plants, a compressor station, batteries and pipelines. The scale of this infrastructure, together with the proximity of the methane source to the school, illustrates the extent to which the school has been exposed to hydrocarbon operations.
Ultimately, the School No. 291 community is being displaced from its own territory so that the polluting company can carry out mitigation work. This runs counter to the precautionary principle: the company’s activities should be halted until the provincial government can establish that they are not harming the health of the school community or other residents of the area.
The province has still not provided precise information about the environmental situation in Aguada Toledo. After repeated demands, the school community obtained an internal communication between education authorities, but the document still does not clearly establish the scope of the problem.
Since Monday, classes have been relocated to Challacó, meaning students now spend more than four hours a day traveling. Instead of guaranteeing the right to education under safe conditions and requiring the activities causing the pollution to stop, the State chose to close the school and relocate its community, while leaving environmental studies, monitoring and mitigation work in YPF’s hands.
So far, according to the responses received, neither the Secretariat of Environment nor the Provincial Council of Education plans to assess the possible health consequences of exposure for either the people attending the school or those living in the surrounding area. Markdown pegado
En la provincia de Neuquén, la escuela primaria 291 ubicada en Aguada Toledo, dentro de Loma La Lata–Sierra Barrosa, fue inhabilitada por contaminación. La comunidad escolar está siendo trasladada sin información. Después de dos meses sin clases, el Consejo Provincial de Educación resolvió mantener el edificio cerrado hasta fines de febrero, mientras YPF debe realizar un plan de remediación. A tan solo 1100 mts del edificio escolar funciona una de las fuentes de emisiones de metano más importantes a nivel global según lo determinó el seguimiento realizado por el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA).
Foto: Martín Álvarez Mullally
-Por Leonora Jáuregui Nicolet (OPSur) y María Marta Di Paola (AAdeAA/CAJE)
La Escuela Primaria N°291 de Aguada Toledo está cerrada desde que terminaron las vacaciones de invierno, hace casi dos meses. La vuelta del receso coincidió con un temporal que complicó el camino en un sector particularmente deteriorado. Es el tramo en el que el tránsito de camiones formó un zanjón que acumula agua cuando llueve y no permite que el transporte escolar pase con seguridad. El 18 de agosto, con el acceso en mejores condiciones, el edificio se quedó sin gas.
Janet Alveal es la directora de esta escuela rural que corresponde al Distrito Escolar II de Cutral Có y Plaza Huincul. En el transcurso de estas semanas, Alveal difundió un comunicado sobre el estado de situación y la necesidad de recibir respuestas institucionales: “Esta falta de servicio (de gas) afecta el funcionamiento cotidiano de una escuela de jornada completa, por lo que se han realizado las gestiones correspondientes para intentar obtener una solución”.
Durante casi dos meses, la única explicación que dio el Consejo Provincial de Educación fue que en la escuela había pérdidas porque el gas se consumía más rápido. La comunidad escolar de Aguada Toledo realizó una serie de reclamos públicos en articulación con la Asociación de Trabajadorxs de la Educación del Neuquén (ATEN) y lograron que los reciba Soledad Martínez, Ministra de Educación, en la sede principal del Consejo, en la ciudad de Neuquén.
El lunes 21 de septiembre, luego de diez semanas sin clases, la responsable de educación de la provincia se reunió con la comunidad escolar y les comunicó que la escuela va a permanecer cerrada hasta fines de febrero por cuestiones de sanidad ambiental que eligió no explicar. Anticipó la decisión de trasladar las clases a Challacó, es decir, 30 km más lejos por un camino de ripio siempre en malas condiciones.
El día viernes 25 de septiembre, las autoridades de la escuela recibieron una nota de comunicación interna entre autoridades educativas de la provincia donde se informa la inhabilitación transitoria del establecimiento entre octubre de este año y febrero del próximo año. La inhabilitación se dispuso “en relación con las actuaciones llevadas adelante por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales respecto de la situación ambiental existente en las inmediaciones de la Escuela Primaria N.º 291 de Aguada Toledo”, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa frente a las tareas de mitigación que debe realizar la empresa YPF. Según informa la nota, la Secretaría de Ambiente derivó a YPF la realización del estudio y monitoreo de la calidad del aire, delegando la responsabilidad técnica y socioambiental al sector empresarial.
Los gases de Vaca Muerta
Según el reporte publicado en junio de 2026 por el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), Argentina figuraba en el lugar 49° por las fugas de unos tanques ubicados en las coordenadas -38.76047, -68.83698 de Neuquén. Se trata de los tanques de YPF en Sierra Barrosa. Según datos del sitio web “Eye on Methane” del Observatorio Internacional de Emisiones del Metano (también del PNUMA), esta fuga fue detectada a través de los satélites de manera continua a lo largo de un año entre mayo de 2025 y 2026.
A principios de agosto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA-CAJE) realizó un pedido de acceso a la información pública ambiental alertando sobre esta situación a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén. En el pedido se consultó especialmente por las medidas de contención realizadas frente a estas fugas en la escuela. Según respondió la Secretaría de Ambiente, la provincia inspeccionó la escuela e informó que estaba cerrada, pero que realizó mediciones igual. No encontraron inconvenientes respecto a las emisiones de los mecheros cercanos. Sin embargo, tal como advierte Patricia Rodriguez, especialista en medición de metano, de la organización Earthworks “el monitor que los representantes de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén usaron en la inspección es un instrumento principalmente usado para seguridad laboral y sanitaria en mayor parte en ambientes cerrados”.
Fuente: Acta de inspección de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales
El metano es un gas incoloro e inodoro, y es el segundo contribuyente más importante al calentamiento global después del dióxido de carbono. Específicamente, su potencial de calentamiento global es 82,5 veces más potente que el dióxido de carbono en un plazo de 20 años. En particular, las actividades vinculadas a los hidrocarburos emiten metano que contribuye a la formación de ozono troposférico (ozono a nivel del suelo), un contaminante atmosférico tóxico. Además, las emisiones de metano vienen acompañadas de otros contaminantes perjudiciales para la salud como óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado fino (PM2.5), ácido sulfhídrico (H2S) y compuestos BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), también conocidos como contaminantes secundarios del metano.
Según la médica Luciana Capozzi, del Instituto de Salud Socio Ambiental (INSSA), “En esta escuela donde concurren infancias del área rural, se vulnera su derecho a habitar en un territorio sano, y no hay personas sanas cuando se habitan en territorios enfermos. La extracción no convencional de hidrocarburos y su producto, en este caso el metano, enferma los territorios y los cuerpos que éstos habitan. El metano en su transformación a ozono troposférico tiene la capacidad de ingresar al aparato respiratorio produciendo inflamación, que en estas personas que aún poseen un desarrollo incompleto, los vuelve una población vulnerable a sufrir trastornos como rinitis, reagudizaciones de asma, dermatitis y enfermedades hematológicas entre otros”.
Una escuela entre pozos y emisiones
La Escuela primaria N° 291 se creó en marzo de 1990 para contener el problema de acceso a la educación de las familias de la zona Aguada Toledo “área La Barrosa”. La institución adoptó la modalidad albergue para compensar las dificultades de las distancias, evitar el abandono escolar y achicar la brecha entre zonas rurales y urbanas.
En 2022, la provincia destinó 92 millones de pesos a obras de remodelación y readecuación en el edificio escolar. Durante los seis meses que demoraron las obras, en la escuela no hubo clases. Sin embargo, la falta de recursos destinados al transporte del grupo de alumnos impidió la continuidad de la modalidad albergue. Desde hace un poco más de dos años, la comunidad escolar resolvió evitar la pérdida masiva de clases que generaba la falta de transporte y desde entonces la escuela funciona con jornadas diarias extendidas.
Una zona con décadas de explotación
La concesión hidrocarburífera Loma la Lata-Sierra Barrosa abarca casi 2000 km² y comprende dos yacimientos, Aguada Toledo-Sierra Barrosa y Loma la Lata. Según información oficial de la provincia, Loma la Lata-Sierra Barrosa tiene más de setenta años y es operada por YPF. Produce gas y petróleo del tipo convencional y no convencional en ambos yacimientos.
Foto: Martín Álvarez Mullally
Los registros oficiales también muestran que se trata de una zona minada de incidentes ambientales. Según el Informe de Gestión 2021 de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, durante 2019 se registraron 49 incidentes en Aguada Toledo y 26 en Loma La Lata.
En los registros sobre incidentes ambientales correspondientes al período 2017 – 2021 también aparecen episodios de emisiones de gas en Aguada Toledo. Según estos datos, el 15 de noviembre de 2017, YPF informó la emisión de 80.000 m³ de gas por día, aunque el registro no especificaba durante cuántos días se prolongó la emisión. Una semana después, la empresa informó otro episodio en el mismo yacimiento, con un volumen consignado de 13.333 m³.
La Escuela 291 quedó en medio de la expansión de Vaca Muerta. A su alrededor se desplegó una extensa red de infraestructura hidrocarburífera que incluye pozos convencionales y de fracking, instalaciones de venteo y quema de gas, plantas de procesamiento, una planta compresora, baterías y ductos. La magnitud de esa infraestructura en mientras que la cercanía de la fuente de metano, a menos de un kilómetro de la escuela, permite dimensionar la exposición del establecimiento a esta actividad.
Finalmente, la comunidad de la Escuela 291 es trasladada fuera de su territorio para que la empresa contaminante se encargue de la mitigación, lejos de lo que propone el principio precautorio: la empresa debería cesar sus actividades hasta bien el gobierno provincial compruebe la falta de afectación a la salud, no solo de la comunidad educativa sino también de vecinos y vecinas.
En definitiva, la provincia sigue sin emitir información precisa sobre la situación ambiental de Aguada Toledo. Después de reiterados reclamos, la comunidad escolar accedió a una nota entre autoridades de las autoridades de Educación, que tampoco permite conocer con claridad el alcance del problema. Desde el lunes, las clases se trasladaron a Challacó, lo que implica más de cuatro horas diarias de transporte para el grupo de estudiantes. En lugar de garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras y exigir el cese de las actividades que están generando contaminación, el Estado optó por cerrar la escuela y trasladar a la comunidad educativa, mientras deja en manos de YPF los estudios ambientales, el monitoreo y las tareas de mitigación. Hasta ahora, y según las respuestas recibidas, ni la Secretaría de Ambiente ni el Consejo Provincial de Educación contemplan realizar evaluaciones sobre las posibles consecuencias de la exposición para la salud de quienes asisten a la escuela ni de quienes viven en la zona.
