Organizaciones sociales y ambientales queremos una Constitución que promueva la sostenibilidad y el cuidado colectivo desde una perspectiva de justicia ecosocial. Frente a ello, elaboramos una serie de propuestas que sintetizan nuestros principios y reivindicaciones. Consideramos que la provincia necesita preservar los bienes comunes, resignificar la habilitabilidad de los territorios y propiciar la integración de las comunidades, en armonía con la naturaleza.
La reforma constitucional no puede ser ajena al contexto crítico que atravesamos: una crisis ecológica de escala civilizatoria, marcada por el avance del extractivismo, el deterioro ambiental extremo y una creciente ofensiva de sectores conservadores que buscan desmantelar derechos conquistados. Frente a la amenaza de una agenda negacionista representada por intereses concentrados, creemos que Santa Fe tiene la responsabilidad histórica de construir una Constitución que reafirme un horizonte de justicia social, ambiental, étnica, de género, económica y cultural.
Estamos convencidos que es una oportunidad para que la provincia recupere, por fin, el espíritu precursor, el de anteponer las necesidades compartidas a los intereses individuales o los egoísmos corporativos, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Esperamos que nuestros convencionales sean portavoces de este tiempo, el que nos toca transitar, donde urge el resguardo de la casa común y su legado para generaciones futuras. A continuación nuestras propuestas:
Capibara – Naturaleza, Derecho y Sociedad / El Paraná No Se Toca / Cepronat / Onda Verde / Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) / Foro por la Recuperacíon del Paraná / MOPEA – Movimiento por el Agua / CTA Autónoma Santa Fe / Insittuo de Salud Socioambiental (InSSa) / Equipo Transiciones / Taller Ecologista / Multisectorial Humedales / STS Rosario / Asoc. Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) / Tramatierra
La ciudadanía responsabiliza a las empresas de petróleo y gas, de gestión de residuos y grandes productores agropecuarios por los daños ambientales
BUENOS AIRES – Una nueva encuesta muestra que en Argentina hay un apoyo abrumador a las acciones para minimizar los impactos del cambio climático (91% de apoyo total, incluyendo un 45% de apoyo firme), incluyendo medidas específicas contra la contaminación por metano (82% de apoyo total, con un 33% de apoyo firme). El estudio internacional, realizado en Argentina y en otros 16 países, fue encargado por el Global Methane Hub para conocer el nivel de respaldo público a soluciones climáticas, en particular la reducción de las emisiones de metano.
Si bien temas económicos como la reducción de la pobreza y la generación de empleo encabezan las prioridades políticas de la población, las personas encuestadas expresaron un fuerte apoyo a políticas que reduzcan la contaminación por metano en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, actualizar el plan nacional de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para incluir una meta específica de reducción de emisiones de metano (82%) o crear un programa de monitoreo y medición de metano en el sector agropecuario (84%) despertaron un respaldo sustancial. Este apoyo supera incluso el nivel de creencia en el cambio climático causado por actividades humanas (78%).
“El metano es uno de los contaminantes climáticos más potentes, y reducirlo es una de las herramientas más eficaces y eficientes que tenemos para limitar el calentamiento global, limpiar el aire, proteger la salud pública y generar oportunidades económicas”, afirmó Marcelo Mena, Director Ejecutivo de Global Methane Hub. “Tenemos una gran oportunidad de trabajar con responsables políticos para canalizar este apoyo social hacia soluciones colaborativas que mejoren el bienestar colectivo”.
En un contexto de ciudades que enfrentan inundaciones y un país golpeado por olas de frío antártico sin precedentes, el 97% de las personas encuestadas manifestó creer en el cambio climático, y 9 de cada 10 apoyan acciones para minimizar sus efectos. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina, en Argentina se perciben menos impactos personales: solo 3 de cada 10 personas dijeron sentir impactos fuertes o extremos, frente a 6 de cada 10 en Brasil, Colombia y México.
“Esta encuesta confirma lo que sostenemos hace tiempo: la sociedad argentina respalda claramente acciones concretas frente a la crisis climática. Sin embargo, el país aún carece de metas específicas y mecanismos rigurosos para reducir el metano, un gas sumamente nocivo vinculado al avance de la industria fósil. Proyectos como Vaca Muerta operan con niveles alarmantes de fugas de metano y sin control estatal real. Esta ausencia de regulación efectiva es, en la práctica, una licencia para contaminar. Necesitamos una política climática basada en la ciencia, el interés público y el mandato popular para frenar el calentamiento global”, declaró Lucas Micheloud, Codirector Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Los resultados de esta encuesta confirman una verdad cada vez más evidente: existe un consenso social amplio que exige una acción climática urgente, con medidas específicas para reducir las emisiones de metano y desmantelar el modelo basado en fósiles. Esta voluntad popular debe orientar políticas que prioricen la justicia ecológica y social, respeten los derechos territoriales y promuevan transiciones ecosociales justas. Es hora de que los gobiernos escuchen este mandato y actúen con firmeza frente a los intereses corporativos que perpetúan la crisis.
La ciudadanía argentina responsabiliza a las grandes corporaciones por los daños ambientales y respalda planes de acción climática
Consultadas sobre quiénes son los principales responsables de los daños ambientales como el cambio climático, las personas en Argentina señalaron en primer lugar a las grandes empresas de petróleo y gas, seguidas por las compañías de gestión de residuos y los grandes productores agropecuarios. Recién después aparece la ciudadanía individual.
En la pregunta relacionada sobre quiénes tienen mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, las mismas corporaciones (petróleo y gas, gestión de residuos) encabezan el listado, seguidas por organizaciones internacionales no gubernamentales.
Encuesta internacional revela fuerte apoyo global a la mitigación del metano
La encuesta se realizó en 17 países de cinco continentes: Argentina, Botsuana, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, Kazajistán, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Se recopilaron al menos 600 respuestas por país mediante encuestas online, incluyendo preguntas sobre percepciones del cambio climático, preocupaciones ambientales, conocimiento sobre el metano y apoyo a políticas específicas para reducir sus emisiones.
Los resultados globales muestran una tendencia clara y positiva: una gran mayoría apoya la reducción del metano, con un 82% de apoyo promedio en los países encuestados. En momentos donde sectores de alta emisión amenazan con retrocesos en las políticas climáticas, este respaldo amplio y sostenido confirma que la opinión pública respalda el avance climático.
Aunque las preocupaciones económicas siguen siendo prioritarias, los países del Sur Global —más golpeados por los impactos del cambio climático— tienden a mostrar mayor apoyo a la mitigación del metano, mientras que en el Norte Global, donde los impactos se perciben menos, el apoyo es más moderado.
La urgencia de reducir el metano
Las emisiones de metano han sido responsables de aproximadamente la mitad del calentamiento actual. Reducirlas es clave para enfriar el planeta luego del año más caluroso registrado. Un recorte del 45% en las emisiones de metano permitiría reducir el calentamiento global en 0,3°C para 2040, acercándonos a un futuro saludable y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.
El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono:
86 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años
28 veces más potente que el CO₂ en un período de 100 años
“Esta encuesta, encargada por Global Methane Hub y realizada por Burson, brinda una mirada sin precedentes sobre las actitudes del público frente al metano y el cambio climático. Aporta información clave para que quienes toman decisiones entiendan mejor las perspectivas sociales sobre la reducción del metano”, explicó Bob Torongo, Vicepresidente Ejecutivo de Burson.
Global Methane Hub y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están disponibles para entrevistas. Para solicitar más información o coordinar una entrevista, escriba a jerralyn.davis@berlinrosen.com
Sobre Global Methane Hub
Global Methane Hub coordina a filántropos, expertos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos para garantizar una estrategia conjunta de máxima reducción del metano. Ha recaudado más de 200 millones de dólares de más de 20 de las principales organizaciones filantrópicas climáticas del mundo para acelerar la mitigación del metano a escala global. Más información en nuestro sitio web.
Sobre la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Desde hace más de veinte años, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsa la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de justicia ecológica, climática y social. Fundada por profesionales y activistas de todo el país, integra saberes interdisciplinarios, militancia territorial e incidencia pública para acompañar a comunidades y organizaciones en conflictos socioambientales. Su trabajo combina litigio estratégico, debates públicos, construcción legislativa colectiva y apoyo territorial. Ha sido protagonista en luchas históricas como la Ley de Glaciares, las prohibiciones a la megaminería y las acciones contra desmontes, basurales petroleros, destrucción de humedales y exploración offshore. También impulsa propuestas de transición ecosocial en energía, producción y hábitat, desafiando proyectos fósiles como Vaca Muerta y promoviendo la justicia climática. Más información en nuestro sitio web.
Metodología de la encuesta
La encuesta fue realizada por Burson Insights, Data & Intelligence (anteriormente BSG) mediante entrevistas online de 10 minutos entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 2025, traducida a 14 idiomas y aplicada en 17 países de América, Europa, África y Asia.
Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años, residentes en cada país y con acceso a internet. Se aplicaron ponderaciones por edad, género, geografía y nivel educativo para que la muestra sea representativa de la población adulta con acceso a internet en cada país.
Se recolectaron al menos 750 respuestas en 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido), con un margen de error de ±3,58%. En los otros 5 países (Marruecos, Omán, Botsuana, Kazajistán y Pakistán), se obtuvieron al menos 600 respuestas, con un margen de error de ±4,00%.
Nota: Cuando se mencionan cifras “globales” o del “estudio total”, se refieren al promedio de los 17 países encuestados.
Del colapso a las alternativas desde América Latina
Durante una semana intensa, entre el 20 y el 27 de abril, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur desplegó su presencia en Argentina, afirmando que no se trata solo de resistir sino de construir pactos profundamente democráticos para salir de la policrisis civilizatoria.
Más de veinte referentes políticos y de movimientos sociales e intelectuales de todo el continente se reunieron para disputar el avance de las extremas derechas, e impulsar una transición civilizatoria anclada en las experiencias concretas de los pueblos, en la fuerza de lo común y en la urgencia de las alianzas intersectoriales.
El Pacto Ecosocial, una propuesta política y cultural pensada desde el Sur y para el Sur, se consolida como una alternativa al destino extractivista que imponen en la región. Este fue su tercer encuentro plenario del Pacto Ecosocial, primero fue en el año 2023 en Bogotá, Colombia, luego en la ciudad de Cusco, Perú, en el 2024.
En Argentina, la cumbre comenzó en Rosario, el lunes 21 de abril. La jornada del reunió en dos mesas de debate a referentes clave del pensamiento crítico y la política socioambiental. En la primera participaron Alberto Acosta, Rocío Silva Santisteban y Pablo Bertinat, con la moderación de Melisa Argento. La segunda mesa, centrada en propuestas para una nueva Constitución en Santa Fe, contó con Rubén Giustiniani, Juan Monteverde, Carlos Del Frade, Carla Deiana, Valeria Berros y Damián Verzeñassi.
El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR desbordó de asistentes para escuchar voces claves en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. La provincia de Santa Fe, inmersa en un proceso de reforma constitucional provincial, está atravesada por el modelo sojero, los incendios en humedales y la concentración de poder del agronegocio.
El martes 22 el Pacto recorrió la localidad bonaerense de Moreno, con fuerte acompañamiento institucional, el Pacto conoció una experiencia local que pone en cuestión el orden vigente. Allí, la creación de parques agroecológicos, una política pública de ordenamiento territorial y el impulso a la economía popular como forma de organización comunitaria son parte de un horizonte que disputa sentido y propone una reconfiguración radical del vínculo entre tierra, trabajo y vida. En palabras de los actores territoriales, “la economía popular es ecológica en sí misma, porque nace como respuesta al descarte social del modelo dominante”.
El miércoles 23, el histórico Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires fue escenario de un acto público a sala llena, donde se debatió sobre las transiciones en disputa y las amenazas que se ciernen sobre nuestros territorios. En la primera mesa, titulada “Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa”, participaron Esperanza Martínez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela), Enrique Viale (Argentina) y José de Echave (Perú), con la coordinación de María Paz Aedo (Chile). La segunda mesa, “¿Qué hacer frente a las extremas derechas?”, contó con las intervenciones de Natalia Zaracho(Argentina), Christian Castillo (diputado nacional, Argentina), Leo Grosso (exdiputado nacional, Argentina), Breno Bringel (Brasil) y Maristella Svampa (Argentina). Durante más de cuatro horas, la escena potente de intercambio, contó con escucha crítica y articulación política.
Lejos de clausurar el encuentro, el evento en el Picadero abrió nuevas preguntas. El jueves y viernes, integrantes del Pacto continuaron los trabajos colectivos junto a organizaciones sociales y ambientales, profundizando debates y delineando estrategias para ampliar el alcance del Pacto en América Latina. El diagnóstico compartido es claro: asistimos a una ofensiva de las ultraderechas que, en nombre del mercado, promueve la depredación y el autoritarismo. Frente a esto, el desafío es proyectar una salida ecosocial, feminista, antirracista y profundamente democrática.
La Semana Ecosocial llegó a su cierre con el reconocimiento qué el pensamiento de la ecología política tiene para todo el campo del conocimiento. La entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander es también una demostración de lo que el conocimiento latinoamericano genera en las estructuras sociales y políticas.
El Pacto afirma que hay futuro en las resistencias que ya existen y en los entramados comunitarios que disputan poder sin pedir permiso. Lejos de los discursos vacíos de desarrollo o crecimiento verde, lo que está en juego es la posibilidad de reimaginar lo común, redistribuir lo vital y reconstruir las condiciones de habitabilidad de nuestros territorios.
Desde Argentina, este encuentro no fue un punto de llegada, sino una etapa en el proceso colectivo de articulación continental. El Pacto habilita un espacio de interlocución entre movimientos, experiencias y saberes que ya están generando alternativas reales y que viene a disputar las formas que tenemos de habitar. Lo que urge no es una nueva promesa, sino una práctica común que interpele el orden vigente y permita disputar la vida toda.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas- Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial agradece el trabajo de producción y logística a cargo de Luz Tripiana y Alejandra Braga.
Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial – CAJE nos sumamos al pedido de ABSOLUCIÓN YA para 8 vecinos y vecinas de Chubut que fueron enjuiciados y que se encuentran esperando que la Jueza Eve Ponce dicte sentencia. Este martes 22 de abril vence el plazo y exigimos que primen en la resolución judicial los derechos constitucionales y convencionales por sobre los intereses políticos-corporativos que se vieron expuestos en una causa estructurada para desalentar y adoctrinar el espíritu de lucha del pueblo chubutense.
Las jornadas de movilización masiva en contra de la ley de rezonificacion minera aprobada el 15 de diciembre de 2021 que habilitaba la minería en Chubut, sucedieron en toda la provincia y fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad, en operativos violentos con el único fin de garantizar la imposición de la actividad extractiva a un pueblo que desde 1996, con el rechazo al basurero nuclear y la megaminería metalífera en 2003, ha marcado un claro camino de rechazo a la megamineria que ha sido sostenido inclaudicablemente hasta a la actualidad.
El Chubutazo fue una expresion aútentica y valiente de toda la sociedad rechazando una vez mas la Megamineria que se intentó imponer de espaldas a la ciudadania. No obstante la represión desmedida, las movilizaciones y reclamos se mantuvieron durante siete días hasta que la ley debió ser derogada. Durante esos días cientos de heridos fueron construyendo el saldo de las jornadas que paralizaron la provincia en torno a la aprobación de una ley escrita a la medida de las grandes trasnacionales mineras del mundo.
A 4 años de los hechos, se lleva adelante un juicio injusto e irregular, donde todos los testigos de la Fiscalía, a cargo de Florencia Gomez, son policías. Durante estos años, y especialmente durante el proceso se expuso, estigmatizó, persiguió y hostigó a vecinos y vecinas que salen a las calles para defender el agua y los territorios. Es inadmisible que quien aspira a ocupar el cargo titular ante la posible creación de una Fiscalía Ambiental de Chubut haya actuado de este modo, persiguiendo a defensores y defensoras ambientales, en abierta contradicción con los principios de la democracia ambiental y del Acuerdo de Escazú.
En contrapartida, las denuncias presentadas por el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y los operativos policiales violentos y desmedidos no han prosperado. Insólitamente se ha condecorado a algunos policías. Incluso no se investigaron las denuncias por coimas y ofrecimiento de lobby a favor de la megaminería, por parte de diputados en vigencia de sus cargos.
Este juicio es sólo un eslabón en la cadena de persecución a las asambleas, vecinos y vecinas de Chubut para intentar doblegar el espíritu de resistencia y el derecho constitucional a manifestarse, ya que el poder judicial está sosteniendo -y forzando- dos procesos de criminalización más. Uno en torno a reclamos por la aprobación del RIGI donde 6 vecinos y vecinas están siendo acusados de “amenazas” (el propio vicegobernador Gustavo Menna es uno de los denunciantes) y otro juicio con fecha aún no definida donde 5 vecinos y vecinas fueron acusados por el corte de la Ruta Nacional N°3 en 2021, cuando la legislatura provincial rechazó sin tratamiento la 2da Iniciativa Popular.
Este escenario de criminalización no es aislado, se inscribe en una tendencia más amplia marcada por el avance de gobiernos de ultraderecha que, abiertamente, promueven una cultura política autoritaria que busca disciplinar y amedrentar a quienes defienden los territorios. En Chubut, la actual administración provincial se alinea con esta lógica, vulnerando derechos y persiguiendo activistas ambientales, desconociendo el alcance supralegal del Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de personas defensoras del ambiente, evitando consecuentemente su persecucion, criminalización y/o judicialización.
Es por ello que, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas/CAJE exigimos la inmediata absolucion de los defensores procesados y el cese de la criminalizacion de la protesta en Chubut a defensores del agua y la tierra. La democracia ambiental jamás puede consolidarse sobre la base de la persecucion a quienes ejercen legitimamente el derecho a manifestarse
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con el Colectivo de Acción por la Justica Ecosocial (CAJE) a realizado una conjunto de solicitudes de acceso a la información pública ambiental y una serie de propuestas de acción política y técnica destinadas al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, atento su rol de dirección, por un período, del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
En primera instancia, se solicita se provea la documentación completa relacionada con la extracción, explotación, procesamiento y transporte de arenas silíceas con destino al yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
La profundización del modelo extractivista de las arenas silíceas en el territorio provincial, particularmente en el contexto de su sistema de humedales, es realmente alarmante. En la presentación, se propone la utilización de dos herramientas precisas dispuestas en la renovada Constitución Provincial de Entre Ríos, con carácter de urgente, un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica.
Fundamenta lo que promovemos en el marco de la Constitución Provincial, su artículo 84 ordena que: “Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales. La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.”
En esta línea, el Estado nacional dispone de la Resolución de la máxima autoridad ambiental Número 434/19 en la que se establece todo el proceso de desarrollo de la herramienta técnico institucional de Evaluación Ambiental Estratégica.
No podemos dejar de mencionar, que el PIECAS desarrollo una de las primeras experiencias en el País aplicando la misma, hace casi 15 años, siendo un documento relevante para su consideración en esta segunda iniciativa que aquí promovemos a la autoridad provincial y por su intermedio, al seno del PIECAS.
En primera instancia se requiere de la Provincia de Entre Ríos:
1. Detalle de un listado pormenorizado de la totalidad de los emprendimientos de extracción de este tipo de arenas para su comercialización y destino hacia Vaca Muerta, desde su comienzo hasta la actualidad.
2. Se nos provea de un amplio Mapa con cada una de las ubicaciones, de modo digital o en papel, o en su caso, las coordenadas georreferenciadas de cada explotación, tanto para extracción como para procesamiento.
3. Se nos haga llegar copia de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental y/o actos administrativos de aprobación o rechazo de los mismos de conformidad a los Decretos Reglamentarios vigentes sobre EIA.
4. Se nos informe los proyectos en ejecución de extracción de las arenas en cuestión, que no se encuentren autorizados, aprobados y que tengan en trámite sus EIA correspondientes.
5. Se nos informe de las explotaciones clandestinas de las que vuestra autoridad tenga conocimiento y si existen, en cada caso, sanciones, multas y clausuras.
6. Detalle de las causas judiciales vinculadas a cada uno de estos emprendimientos extractivos, de cualquiera de los fueros donde se tramitan.
7. Se nos informe sobre las empresas habilitadas para transportar dichas arenas, los medios de transporte utilizados.
Especial petición y propuesta:
Finalmente y en segunda instancia peticionamos, en atención al documento de Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica existente en el PIECAS, se adopte la iniciativa de desarrollar una renovada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con foco en este escenario que tome como área de trabajo, el Delta y el Pre Delta en todo su conjunto y sinergias. Requerimos se avance paralela y sinérgicamente, en el desarrollo de los Términos de Referencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, de la totalidad de los emprendimientos de extracción de dichas arenas silíceas con destino a Vaca Muerta, más aún en las dos Áreas Naturales Protegidas de humedales que se encuentran en el territorio que nos ocupan, como dos Parques Nacionales y un Sitio RAMSAR, entre otras razones vinculados al concepto de sistema de humedales y sus ecosistemas asociados que nuestra Constitución Provincial (Art. 85) expresamente ordena proteger con especial foco, frente a escalas que parecerían absurdas por lo que hasta aquí se conoce.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE).
Del 20 al 27 de abril de 2025, Argentina será sede del encuentro anual del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un espacio clave donde activistas, académicos, líderes sociales y políticos latinoamericanos se reúnen para debatir y definir estrategias frente a las múltiples crisis que enfrenta la región. Este encuentro busca fortalecer alianzas interculturales y ecosociales para construir alternativas concretas frente a la concentración económica, la destrucción ambiental y el ascenso de la extrema derecha en América Latina.
En momentos en que Argentina experimenta un fortalecimiento de discursos negacionistas, autoritarios y ultraderechistas, este encuentro anual adquiere una relevancia fundamental. El Pacto Ecosocial propone una respuesta contundente, basada en la solidaridad, la diversidad cultural y el diálogo democrático. Frente a la amenaza de políticas excluyentes y destructivas, el Pacto busca consolidar una agenda alternativa capaz de movilizar sectores amplios de la sociedad en torno a la justicia ambiental, económica y social. Este evento es una oportunidad única para definir caminos comunes y efectivos frente al avance reaccionario, ofreciendo propuestas reales y transformadoras para construir rumbos alternativos en Argentina y la región.
El Pacto Ecosocial
El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es un horizonte colectivo de transformación sistémica para Nuestra América, comprometido con construir un futuro digno e igualitario en medio de la crisis civilizatoria actual. Desde su conformación en junio de 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, busca contrarrestar activamente las dinámicas capitalistas de concentración de riquezas, despojo, violencia y destrucción ecológica mediante propuestas y acciones concretas.
Nacido de la urgencia colectiva de América Latina, el Pacto Ecosocial busca construir dinámicas capaces de enfrentar la concentración económica, las desigualdades sociales y la destrucción ecológica. Promueve un horizonte compartido que garantice futuros dignos, en diálogo constante con movimientos sociales, pueblos originarios, organizaciones políticas y académicas.
¿Quienes impulsan el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur?
Un colectivo diverso de activistas provenientes de múltiples países de Abya Yala, el Pacto busca construir transiciones socioecológicas justas, basadas en el cuidado de la vida. Frente a soluciones falsas como los Pactos Verdes impulsados por gobiernos y corporaciones que profundizan desigualdades coloniales, proponemos un compromiso auténtico con la Tierra desde una perspectiva del Sur, orientado hacia transformaciones multidimensionales, multiescalares y que involucren a múltiples actores.
En estos años, el Pacto Ecosocial ha recogido, acompañado y sistematizado experiencias y propuestas de movimientos sociales y comunidades en toda la región, tejiendo un pluriverso capaz de responder a la diversidad y complejidad de las luchas territoriales y culturales. Este encuentro en Argentina busca profundizar dichas acciones estratégicas, enfocadas en la transformación integral y sostenible del sistema económico, social y político de América Latina.
📅 Agenda completa del encuentro en Argentina
🌱 Lunes 21 de abril – Rosario
El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur llega a Rosario. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas UNR, Oroño 1261 habrá un encuentro central para discutir los rumbos posibles frente a los desafíos actuales.
El lunes 21 de abril, a las 18 hs, referentes nacionales e internacionales abrirán dos grandes debates públicos para pensar estrategias colectivas ante la crisis social, ecológica y política que atravesamos .
Mesa 1: Presentación del Pacto Ecosocial en Rosario, transiciones y visiones en disputa:
Alberto Acosta (Ecuador), Rocío Santisteban (Perú), Pablo Bertinat (Argentina).
Modera. Melisa Argento (Argentina)
Mesa 2: Propuestas socioambientales para una nueva Constitución en Santa Fe
Juan Monteverde. Más para Santa Fe
Ruben Giustiniani. Activemos
Carlos Del Frade. Frente amplio por la Soberanía
Carla Deiana. Frente de Izquierda Unidad
Valeria Berros. CONICET UNL / Capibara
Modera. Damián Verzeñassi. Instituto de Salud Socioambiental. Fac Cs. Médicas UNR
🎭Miercoles 23 de abril: Buenos Aires, Megaevento en el Teatro Picadero
Mesa 1 (16 a 17:45 hs): Pacto Ecosocial, transiciones y visiones en disputa
Esperanza Martinez (Ecuador), Lef Nahuel (Confederación Mapuche), Liliana Buitrago (Venezuela) Enrique Viale (Arg), José de Echave (Perú). Coordina: Maria Paz Aedo (Chile)
Mesa 2 (17:50 a 19:50 hs): ¿Qué hacer frente a las extremas derechas?
Christian Castillo (dip.Nac), Leo Grosso (ex Dip.nac), Breno Bringel (Brasil), Maristella Svampa (Arg), Natalia Zaracho (Dip.Nac). Coordina Carmen Aliaga (Bolivia).
Teatro Picadero: Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.
🌎 Participantes internacionales destacados del Pacto Ecosocial
🎓 Viernes 25 de abril. Entrega de Doctorado Honoris Causa y conferencia pública de Edgardo Lander en UBA Sociales, Buenos Aires
17:30 hs Entrega del Doctorado Honoris Causa a Edgardo Lander en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 18:00 hs Conferencia de Edgardo Lander: “La distopía a la cual nos condujo el progreso”.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil (que es el equivalente a nuestra Corte Suprema Nacional) decidió por unanimidad el pasado miércoles 26, abrir el enjuiciamiento del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, tras los eventos sucedidos en enero de 2023, que instaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la formulación de cargos contra el expresidente por el delito de intento de golpe de estado por la violenta abolición del estado de derecho democrático, organización criminal armada y daños calificados con violencia y grave amenaza.
Este movimiento insurreccional buscaba bloquear la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió nuevamente en 2022 tras un proceso electoral muy disputado. La descripción que realizó la Procuradoría de Bolsonaro como cabeza de una “organización criminal” resalta la gravedad de las acusaciones que enfrenta. El juicio incluye a varios de sus antiguos colaboradores, incluidos altos oficiales militares. La participación de personas como Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes asumieron grandes responsabilidades en el gobierno de Bolsonaro, destaca la relación incrustada entre la extrema derecha y los militares.
Javier Milei calificó a la decisión de la Procuraduría General de presentar estos cargos como un caso de “lawfare”, declarando públicamente que su amigo brasileño está siendo perseguido políticamente. La cobertura y el desconocimiento del estado de derecho por parte del presidente Milei es mucho más que un acto aislado. Es una elección estratégica de la extrema derecha argentino-brasileña para destruir las reglas que hacen posible la democracia y las instituciones republicanas que la configuran. El veredicto de este juicio podría establecer un precedente importante no solo para Brasil, sino para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en sus democracias liquidas, parafraseando a Zygmunt Bauman.
El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de los fanáticos seguidores de Donald Trump se erige como un oscuro espejo del intento de golpe de Bolsonaro, exponiendo el vínculo pernicioso entre los dos frentes de extrema derecha. Pero también simboliza la estrecha unión que existe entre el negacionismo climático y la violencia política. Mientras Trump atacaba el cambio climático derogando regulaciones ambientales, abandonando el Acuerdo de Paris y persiguiendo a científicos del clima, Bolsonaro alentaba la deforestación de la Amazonia, persiguiendo a defensores ambientales y dirigentes indigenistas. Este mismo desprecio hacia la ciencia, el ambiente y la democracia también puede observarse en Javier Milei, quien ha adoptado un discurso anticientífico, desmontando desde su asunción organismos y políticas vinculadas al ambiental, el clima, los derechos humanos y la cuestión indígena; una clara consolidación del patrón de desestabilización promovido por las extremas derechas de nuestro tiempo. Ninguno de estos eventos y sus figuras son accidentes. Ninguno. Son expresiones de un manual común: socavar la confianza en las instituciones democráticas y movilizar a las masas a través del miedo y la desinformación para tomar el control autoritario a favor del mercado (el capitalismo financiero y extractivista). Al atacar no solo a sus oponentes políticos, sino también a la ciencia digna, Trump, Bolsonaro y Milei son representantes de un movimiento peligroso que amenaza las bases democracias contemporáneas y el futuro ecológico del planeta.
Volviendo a la imputación de Bolsonaro –por intento de golpe de estado–, esto sirve no solo para revelar el aterrador giro antidemocrático de la extrema derecha brasileña, sino también como un espejo retrovisor que refleja la realidad Argentina. Lo ocurrido en Brasil desnuda vergonzosamente la violencia estructural y física que ha sido utilizada por el gobierno de Bolsonaro contra los defensores del ambiente, particularmente los líderes nativos. Esta estrategia de represión y criminalización de la protesta social incluyó el desmantelamiento de políticas fundamentales para la conservación ambiental, el respeto a las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos y la regulación del sector extractivo. Esto es clave para comprender el rumbo que Argentina ha tomado con la extrema derecha, y activar de forma urgente mecanismos de resistencia y acción democrática.
En este contexto, vale recordar un episodio revelador que muestra la actitud de Javier Milei hacia los eventos en Brasil. En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires en diciembre de 2024, el expresidente de Brasil agradeció al presidente argentino por refugiar a sus seguidores fugitivos, quienes habían sido condenados por su ataque a las instituciones públicas en Brasil en 2023. En ese marco, Milei no tuvo reparos en defender a Bolsonaro en otra cumbre conservadora realizada en Camboriú, afirmando: “Vean la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”.
Tal lealtad hacia un líder que desmanteló la democracia y pisoteó derechos básicos es motivo de alarma y preocupación. Hasta ahora, cinco seguidores de Bolsonaro han sido arrestados en Argentina, donde hay más de 61 órdenes de captura vigentes. Milei no solo niega la gravedad de estos delitos, sino que también se alinea con aquellos que desean socavar el orden democrático. La noción misma de ofrecer tal apoyo en favor de la antidemocracia es una muestra provocativa de complicidad que resuena de las políticas represivas que han dominado el reciente pasado de la región.
Del ataque a la democracia al ataque a los territorios y defensores ambientales
Pero Bolsonaro no solo intentó destruir la democracia brasileña desde el asiento del poder, sino que también llevó a cabo una política de persecución sistemática contra quienes defienden el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Bajo su gobierno aumentaron los asesinatos, amenazas y criminalización de activistas contra la deforestación y la expansión del agronegocio y la minería ilegal en la Amazonia. Durante su mandato, por ejemplo, el indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips fueron asesinados. Su pecado mortal fue denunciar la connivencia del poder político con los sectores económicos extractivistas sobre la Amazonia.
En Argentina, la administración de Javier Milei y varios gobernadores aliados han comenzado a imitar una lógica represiva con el objetivo de desmovilizar y sembrar el temor entre quienes defienden los bienes comunes. Desde su llegada al poder, el gobierno nacional ha impulsado una criminalización sistemática de la protesta a través de protocolos antipiquetes[1] que buscan erradicar cualquier manifestación en las calles, incluso si se tratan de los más débiles: nuestros abuelos jubilados. En provincias como Jujuy, Mendoza y Chubut, los conflictos ambientales han sido respondidos con una brutal represión, incluidas detenciones arbitrarias y persecuciones judiciales dirigidas a asambleas socioambientales y comunidades indígenas.
Hay muchos casos alarmantes; uno es el de dos defensores del agua en Mendoza: Federico Soria y Mauricio Cornejo. A partir del 14 de febrero de 2025, comenzarán a ser perseguidos y criminalizados por la lucha que emprendieron para defender el agua como parte de su comunidad en Uspallata. Han sido acusados de pertenecer a un grupo que supuestamente ejerce coerción ideológica a través del miedo, mediante un artículo del Código Penal Argentino establecido durante la dictadura militar (1976-1983), nunca aplicado antes en la provincia de Mendoza. Este asalto a los derechos humanos ocurre en el contexto de la llegada de la empresa minera San Jorge, un proyecto que podría tener consecuencias catastróficas para el ecosistema y la población de Uspallata. Federico Soria y Mauricio Cornejo son activistas de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, un movimiento cívico que con valentía lucha en contra de la instalación de esta mina, ya que puede poner en peligro a su comunidad. Este panorama destaca la alarmante represión que enfrenta el activismo ambiental en el país y es una clara señal de la deriva antidemocrática que ahora amenaza a Argentina.
Precedentes fallidos en Brasil y el peligro de normalizar la represión
Sin embargo, el caso de Bolsonaro es un faro revelador, uno que debería advertir y disuadir a lo largo de la región. Su historia es un recordatorio contundente de que los ataques a la democracia y los ataques a los territorios son dos partes de la misma narrativa destructiva. En Brasil, el intento de golpe no surgió de la nada; fueron años de preparación, una culminación de décadas de acoso sistemático contra ambientalistas y activistas indígenas. En este país, luchar por la tierra misma se convirtió en un acto de revuelta, rebelión y resistencia contra un sistema corporativo extractivo dispuesto a llevarse todo por delante, incluso la vida de los defensores y defensoras ambientales. La represión se disfrazó de gestión, y los disidentes por la justicia ecológica fueron silenciados a través de balas de goma y deslegitimaciones públicas.
Ahora, volviendo a Argentina, el panorama se torna inquietante. La consolidación de un modelo autoritario, similar al que vimos en Brasil, podría seguir el mismo sendero vertiginoso: primero el uso de la fuerza para silenciar las luchas ecoterritoriales y luego, con un menosprecio esperable, el ataque a las reglas democráticas si el poder se encuentra amenazado.
Por eso es crucial proteger y celebrar la lucha de aquellos que se levantan para defender el agua, la tierra, los bosques y la dignidad de los pueblos originarios, porque es el verdadero pulso de la democracia. Pero en Argentina los defensores ambientales están siendo objeto de campañas de persecución, incluso criminalizados y detenidos irregularmente. De hecho, dentro de este contexto, el movimiento ambientalista ha sido señalado por Javier Milei en varios foros internacionales y locales como el enemigo declarado de la extrema derecha.
En este momento de encrucijada, cada desafío trae consigo la lucha por los derechos como brasas de justicia, una lección no olvidada que exige que todos nos mantengamos vigilantes. La dualidad de la defensa de la democracia y la defensa de los territorios es algo que no podemos ignorar y son dos caras de la misma moneda.
Estoy convencido que el caso de Bolsonaro es un grito de advertencia para toda América Latina y para Argentina en particular: no podemos permitir que nos roben nuestro derecho a un futuro democrático y ecológico. En última instancia, si las instituciones brasileñas logran llevar a cabo un proceso para condenar a Bolsonaro, esto no solo serviría para disuadir futuros intentos de golpe en ese país, sino también para mejorar la calidad de la democracia en el conosur y la protección de quienes defienden los territorios y los bienes comunes que habitan. Hasta que eso suceda, y después también, la lucha por la justicia ecológica y social debe seguir en pie.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto al Colectivo de Acción Jurídica por el Ecosistema (CAJE), realizamos cinco pedidos formales de acceso a información pública ambiental a distintos organismos del Estado, ante el avance del proceso administrativo para una nueva Licitación de la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Esta licitación apunta, conforme sus recientes antecedentes, peligrosamente hacia un escenario de privatización absoluta, reproduciendo errores ya señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la fallida licitación anterior.
Las solicitudes se dirigieron al Instituto Nacional del Agua, Consejo Hídrico Federal, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, esta última responsable del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), clave para garantizar el manejo interjurisdiccional y federal del río y sus ecosistemas asociados (las islas y humedales), en su tramo inferior, el que recibirá el mayor impacto en el contexto de profundización del cauce principal, que se impulsa oficialmente.
Los requerimientos incluyen:
La entrega completa de toda la documentación generada durante el proceso licitatorio previo, recientemente frustrado por decisión del propio gobierno nacional.
El acceso a los primeros borradores de los Términos de Referencia (TdeR) para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previstos en la nueva etapa técnica-administrativa de la licitación. Es imprescindible conocer qué criterios ambientales estarán presentes desde el inicio del proceso y cómo participarán los distintos organismos provinciales y nacionales.
En caso de no existir aún estos documentos preliminares, exigimos detalles precisos sobre el estado actual del proceso, las autorizaciones pendientes, audiencias públicas previstas, y cómo se respetará concretamente la normativa ambiental vigente.
Exigimos claridad sobre el organismo independiente o comité técnico responsable de evaluar objetivamente estos estudios ambientales una vez concluidos. Es fundamental además que los TdeR incluyan explícitamente alternativas concretas a la privatización total del río Paraná, en línea con los principios básicos de cualquier evaluación ambiental rigurosa.
Finalmente, requerimos de los organismos interpelados, se nos informe si disponen de los dictámenes emitidos oportunamente por todos los órganos de control del Estado Nacional en sus tres Poderes, como del extinto órgano de control, denominado ECOVINA, en relación a las temáticas que nos ocupan en el desarrollo de reformulación de los pliegos de la Licitación y en particular sobre la legislación ambiental aplicable y el proceso EIA, previo a la misma.
Necesitamos garantizar la trazabilidad y coherencia del proceso respecto a la legislación ambiental aplicable y el desarrollo efectivo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial esta documentación es crucial para asegurar un proceso transparente, participativo y ajustado a los estándares internacionales vigentes, particularmente los establecidos por el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú, del que Argentina es signataria. Recordamos que este acuerdo obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública efectiva y la protección de defensores/as ambientales ante decisiones trascendentales como ésta.
La gestión del río Paraná no puede quedar subordinada únicamente a intereses económicos o privados, en desmedro de los derechos colectivos y la justicia ambiental.
Exigimos al Estado Nacional cumplir con su deber institucional de brindar información clara y oportuna, garantizando una gobernanza pública, democrática y ecosocial del río Paraná.
Adhirieron a las presentaciones las siguientes organizaciones: Taller Ecologista Rosario, El Paraná No Se Toca y las Multisectoriales por los Humedales de Rosario y de Paraná.
*Las presentes acciones acompañan la campaña “Remar contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía”, que partió el 1ro de marzo desde Formosa y llegará a Rosario el 22 de Marzo, día mundial del agua.
El primer intento de privatizar el Río Paraná fracasó. El meganegocio del proyecto llamado “hidrovía” vuelve a un limbo administrativo. Alejo di Risio documenta las tramas geopolíticas alrededor de la cuarta cuenca de agua más importante del mundo por su tamaño y biodiversidad, y también las disputas colectivas por otros futuros posibles para nuestros ecosistemas. Proyectos y propuestas que luchan para proteger al río, para que nunca llegue la solastalgia, esa angustia por los paisajes que se pierden ante la avanzada del poder financiero.
La frase, que repetimos desde las organizaciones socioambientales, puede sonar vacía, slogan de publicidad. Pero más allá de la semántica, levanta una bandera por los futuros posibles para el Río Paraná, sus cuencas y ecosistemas. A otra escala, levanta también banderas por la capacidad que tengamos como pueblo de vincularnos con nuestras aguas.
El pasado 12 de febrero fue declarada vacía la licitación para el proyecto llamado hidrovía. Once empresas habían demostrado interés inicial, pero la que más había deslegitimado el proceso fue la única en llegar al final. Unas declaraciones de Adorni más tarde, la concesión volvió al limbo político en el que navega desde fines del 2021. Una administración estatal contrata a una empresa extranjera, y ninguna de ellas controla qué sale en los megabarcos que circulan por el río. Ni las obras ni el peaje son centrales en esta disputa, lo que está en juego es un nodo geopolítico. Uno que depende de la salud de vastos ecosistemas que están cada vez más frágiles.
Desde el fracaso de la licitación que vuelan sillazos. Los poderosos que se disputan el control del río hacen fuertes lobbys para definir las nuevas condiciones. Gobernadores, cámaras empresariales y la Sociedad Rural cruzan insultos en los titulares de grandes medios. El funcionario libertario de Puertos acusó de boicot, sabotaje y “una lluvia de operaciones” a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, el diario La Nación, diputados anónimos y la Sociedad Rural. En respuesta, el ex-presidente Macri arremetió contra Santiago Caputo, a quien acusó de crear una comisión trucha. En un año electoral, la alianza entre libertarios y macristas negocia, con reiterados golpes del ejército digital libertario al macrismo. Es que no solo está en disputa la caja de la actual licitación (calculada en doce mil millones de dólares), sino el nodo geopolítico que abre el Río Paraná. Para los grandes jugadores económicos es una salida de exportación. Pero para millones de personas que dependemos de él, la integridad del río y de la cuenca toda es parte de quienes somos, de cómo vivimos.
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¿Dónde empieza y dónde termina un río? Por definición, los ríos son cambio. Paradigma de lo que existe en constante flujo. Si bien toda topografía muta, los cauces son ese rincón del paisaje que más rápido escapa a la foto del pasado. Cada curva que toma la corriente vuelve a agrandar sus meandros, redibuja sus costas. Todos los deltas están definidos por su liminalidad. Y cada orilla, que cambia con cada atardecer, es una mala frontera.
La marea del río, inscripta en el pulso de cada chamamé, muta con el clima y las temporadas. En cada bajante y creciente, dibuja nuevas figuras sobre el territorio, propone otra forma de medir el tiempo y las épocas. Los sistemas de humedales a su alrededor reciben en cada creciente al caudal del canal central y lo devuelven dosificado cuando llegan las bajantes. Estos valles de inundación regulan el pulso natural, inspiran a identidades locales, y alojan incontables especies: un extenso archivo genético-biológico.
Pero dimensionar el patrimonio de biodiversidad no alcanza para describir el equilibrio milenario al cual la vida ha llegado en estos paisajes. Ese gran valle de inundación y sus sistemas de ríos, humedales y sociedades que llamamos la cuenca del Plata es el cuarto más grande del mundo. Si tomamos en cuenta todo el Acuífero Guaraní, es hogar de más de 100 millones de personas. Una geografía que nace en el Gran Pantanal, sur de Brasil, y atraviesa 50 represas para llegar a nuestro territorio, pasando por las cataratas del Iguazú, los esteros del Iberá e incontables ecosistemas en el camino. Hay ocho provincias argentinas, 12 millones de personas, cuyo bienestar está intrínsecamente ligado a la salud de la cuenca.
La potencia inmanente del río vive en tensión con el motor de la macroeconomía nacional: el mandato exportador. Si en algo coinciden los economistas -tanto neodesarrollistas como anarcolibertarios de escuela austríaca- es en la necesidad de exportar cada vez más como única salida de las crisis financieras. En este marco, los mares y ríos son reducidos a “autopistas líquidas”. Pero el Paraná es un río aluvial, de poca pendiente. Los sedimentos que arrastra a lo largo de kilómetros se depositan en su tramo bajo, creando islas, islotes o bancos de arena. El delta es un piquetero por definición.
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Desde hace unos años que la falta de agua tiene inquietos a los dueños del agronegocio. La sequía de 2023 redujo sus ganancias por casi dos tercios, y la bajante de los últimos años del Paraná también limitó la carga de los barcos. Ante la inestabilidad hidrológica su apuesta es una sola: dragar, dragar y dragar. Para que grandes megabarcos salgan al mar a capacidad repleta, y que nada detenga la libertad de la máxima recaudación.
Mientras tanto, la crisis climática hace que la atmósfera pueda absorber más agua. Esto significa que cada vez vamos a atravesar más inestabilidad hidroclimática. Las inundaciones y las sequías serán cada vez más profundas, y pasará menos tiempo entre una y otra. Para mitigar el impacto social de estos “latigazos climáticos” la ciencia establece que es clave gestionar de modo integral ambos períodos, o sea co-gestionar bajantes y crecientes como un sólo fenómeno. Desde el punto de vista ambiental, profundizar el dragado va absolutamente a contramano.
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Agosto del 2000, Brasilia. Veinte hombres en traje posan para la foto. Fernando de la Rua, Alberto Fujimori y Hugo Banzer entre ellos. Hay doce presidentes sudamericanos en total, a su lado, varios miembros de organismos internacionales. Todos juntos, presentan su visión de futuro para el continente: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Un plan maestro de intervención continental , que cierra al tono de una década dominada por el Consenso de Washington. Define una serie de megaproyectos logísticos que cruzan de lado a lado el continente y facilitan así la salida de grandes volúmenes de naturaleza en forma de bienes primarios.
Uno de estos proyectos integra Sudamérica de forma vertical: recorre 3.400 kilómetros —desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta el puerto de Montevideo, Uruguay—. Fue bautizado “hidrovía”, palabra que no existe en ningún diccionario, y que nombra a la compañía a cargo de las obras. Hidrovía S.A. está formada por una alianza entre la dragadora belga Jan de Nul y la empresa argentina EMEPA. Esta última del empresario Gabriel Romero, quien décadas más tarde participará de la “Causa Cuadernos”, confesando haber pagado coimas para extender la concesión de esta concesión.
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El historiador Alejandro Galliano describe con detalle la enorme capacidad de soñar que tiene el capitalismo. Intervenir a escalas colosales el territorio precisa mucha planificación, requiere una capacidad muy grande para mirar el futuro. Para el imaginario utópico financiero no hay límite físico o político. Cualquier obstáculo, como un Delta, puede atravesarse, excavarse. En las mesas de planificación todavía flota el sueño de conectar al Río Paraná con la cuenca del Amazonas. Atravesar el continente con un complejo de esclusas que compensen la diferencia de altura, similar a lo que sucede en el canal de Panamá.
Es el pasaje centroamericano el que da nombre a los modelos de buques oceánicos: Panamax y Post-Panamax. Garantizar la circulación de estos edificios flotantes es la tarea. La pequeña flota de barcos que remueve sedimentos suele presentarse como un proyecto de infraestructura. Pero la construcción es casi nula. Las obras de dragado no crean nuevas estructuras, sino que moldean la forma del río. La tarea suena a ciencia ficción capitalista: esculpir un surco en el fondo de uno de los torrentes más caudalosos del mundo. Todo para abaratar costos de flete con unos barcos que no ven la orilla, que están fuera de escala.
La profundidad es la métrica clave para la Bolsa de Comercio de Rosario, centro de operaciones de las grandes exportadoras. Cada centímetro ganado al río añade toneladas de cereal en la carga de cada barco que zarpa desde los alrededores de Rosario. Por año se estiman 130 millones de toneladas de productos agropecuarios e industriales (declarados). La mayor parte es proteína vegetal. Cultivada y crecida con nutrientes de nuestros suelos, mano de obra nacional, agua barata y energía subsidiada. Pero cuando importamos bienes pagamos dieciocho veces más caro cada una de estos insumos. Estamos regalando bienes comunes.
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Noviembre de 2024. Día de la Soberanía. Argentina recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845 nuestra joven república rechaza en el Río Paraná el avance militar de Reino Unido y Francia. Aquella flota anglo-francesa venía con maquinaria militar de punta, para “pacificar” el conflicto entre Uruguay y Argentina. Su objetivo real era establecer la libertad de los mercados internacionales. La misma que defiende, 180 años después, el gobierno de Javier Milei al anunciar la privatización del control del río.
Las empresas más interesadas en la licitación son cinco. La china Shanghai Dredging Company y el grupo de las “Big Four” de la logística internacional: Van Oord, DEME, Boskalis y Jan de Nul. Pero no son sólo las dragadoras las únicas que miran la cuenca que mueve el 50% de la proteína vegetal global. En marzo de 2024, el interventor de la hidrovía, Gastón Benvenutto se reunió con el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Anunciaron un acuerdo de colaboración entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El Memorando de Entendimiento no fue revelado, pero la noticia, publicada por Infobae, habló de “colaboraciones en seguridad” y “medidas para combatir actividades ilícitas”. Un mes después la generala Laura Richardon advirtió en el mismo medio sobre la inminente llegada del fentanilo al Gran Rosario y enfatizó “la necesidad de trabajar juntos” para prevenir “actividad maligna”.
Stanley volvería a Rosario junto al Embajador belga para celebrar el protagonismo de la empresa Jan de Nul y apoyar su continuidad en la zona. Más tarde se reveló que ese acuerdo había sido iniciado en 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, bajo la firma del entonces interventor José Carlos Beni. La empresa Jan de Nul fue la acusada de haber recibido favoritismo en esta licitación caída. Más de doce organizaciones distintas accionaron judicial o administrativamente para exponer la licitación hecha a medida, tanto por razones técnicas y financieras. Entre los opositores a la actual licitación, también estaban los grandes actores del poder, con el macrismo a la cabeza.
El ex presidente tuvo su propio sueño para el río: reemplazarlo. Construir una verdadera autopista líquida, un canal exclusivo que corriera paralelo al Río Paraná, desde Rosario al Atlántico. No dragar el río, sino armar uno nuevo. Su metrobús fluvial no prosperó, pero el PRO está hoy en día en abierta disputa con La Libertad Avanza, con campaña abierta para evitar la licitación libertaria, fue acusado por ello. En tándem con Máxima Zorreguieta, hacen lobby a favor de la holandesa Boskalis, que en 2013 fue echada del canal Martín García por intentar sobornar a un funcionario uruguayo.
La licitación actual propone cavar el Paraná aún más: hasta los 44 pies, esto es más de 14 metros, denunciado como un ecocidio por organizaciones socioambientales. Deja la evaluación de impacto ambiental en manos de las empresas, y les concede el control del río por 30 años, extensible a otros 30 años más, hasta 2085. Por otro lado, el gobierno avanza en desregular las áreas estatales de control marítimo y fluvial. A pesar de que lo que pasa en el río en Misiones impacta en el Delta del Tigre, la visión de cuenca no empapa ninguna de las medidas. Por eso, también están en la mira el Instituto Nacional del Agua, AySA y sus once millones de usuarios, y las estructuras populares ambientales, culturales, organizacionales que promueven vínculos con nuestros ríos más allá de lo financiero.
Dime con quién andas y te diré qué futuro para el río quieres. Las agrupaciones portuarias y las cerealeras demandan una licitación rápida y cada vez más profunda. Los gobernadores buscan morder tajada en el control de la caja y expandir el dragado hasta puertos secundarios. Pero las organizaciones ambientales y sociales a lo largo de la cuenca reclaman otra forma de gestionar y habitar las cuencas. ¿Y quienes no tenemos poder, qué proponemos y qué buscamos para los futuros del río?
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¿Cómo dimensionar el impacto de estas intervenciones en la vidas cotidianas? Lxs vecinxs de Victoria llegaron a temer que sus humedales murieran de sed. Parte del sedimento que las dragas remueven termina en las costas. Esto obstruye la entrada de agua a las bocas que alimentan otros canales, como las tres que alimentan el humedal que brinda agua a la ciudad de Victoria. Con menor caudal, empeoró la calidad del agua potable. La seca puso en riesgo los entramados de la economía popular que dependen de la salud de los ecosistemas. Oficios, trabajos, cultivos, ganadería, alimentación que se deshidrataba con las lagunas, degradando los suelos irreversiblemente. Las organizaciones locales denunciaron que, por primera vez en la historia, los humedales podían morir de sed. ¿Cómo se recomponen las identidades definidas por el ambiente cuando éste muere? La licitación actual ignora estos brazos secundarios.
“Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos”, escribe la periodista Jorgelina Hiba en Paraná Extremo. Al Paraná lo convirtieron en “curso multifragmentado”. Las quemas descontroladas, la pampeanización del delta, la especulación inmobiliaria y el efecto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad afectan la integridad del río, lo que el río es. Si la identidad es definida por el ambiente, las heridas sobre el Paraná lastiman nuestra cultura.
Las bajantes de los últimos años dejan marcas a lo largo de la sensibilidad litoraleña. En muchos corazones todavía pesa una profunda solastalgia, esa angustia generada por la degradación ambiental de los lugares que sentimos hogar, que pensamos propios, de los cuales formamos parte. El entramado de organizaciones culturales, sociales y territoriales siente solastalgia pero a la vez está agitado, ebullece.
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Luis “Cosita” Romero pesca en medio del río. Escucha Radio Nacional desde el bambolear de su canoa, la Danielito 1º. Sube el volumen del noticiero de Radio Nacional cuando hablan del proyecto del Paraná Medio. El locutor informa que la represa generará un valle de inundación de un millón de hectáreas. Cubrirá islas, y vecinos de las costas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán que desplazarse. Para hacerlo entregará el control de la represa a Estados Unidos por 30 años. Es 1996, pleno menemismo. “Cosita” arenga a su amigo y colega Raul Rocco. Están decididos. Irán pueblo por pueblo a lo largo del río compartiendo con la población las consecuencias de la represa, el territorio perdido, el exilio del propio hogar. Parten hasta la represa Yacyretá, que lleva el nombre de la isla que estaba allí antes de la represa: tierra (retã) de la luna (jasy). Navegan más de mil kilómetros, con una carpa prestada y dos bolsas de dormir, hasta la ciudad de Paraná. Como acto de inauguración de la travesía, Cosita y Raúl se acercan al enorme muro y escriben con tiza sobre el concreto “DESDE AQUÍ NUNCA MÁS”. La canoa en la que parten es la de Raul, se llama “La Enamorada del Río”.
Construir otras formas del futuro para nuestros ríos implica diseñar modelos alternativos de conexión identitaria y comunitaria con ellos. Recuperar el derecho al acceso público a las costas, crear reservas naturales naturales y políticas territoriales a la altura de la crisis climática. Curar y sanar nuestras aguas implica regular las aguas cloacales, controlar su tratamiento; realizar estudios integrales sobre el efecto de los agrotóxicos que caen al río implica, repensar el modelo del agronegocio y escalar las experiencias que cultivan alimento en sinergia con la naturaleza.
Para mucha gente el futuro ya no es significado de progreso; y la dimensión ambiental ocupa buena parte de esta crisis de esperanza. ¿Qué futuros deseables, plenos y potentes nos imaginamos para nuestro gigantesco río marrón? Una sociedad potente, con economías que garanticen el bienestar, pero donde las dimensiones ambientales, culturales y sociales del río sean incorporadas. Con Comités de Cuenca realmente efectivos y con comunidades organizadas en alianza con el saber científico. Reconstruir nuestros sistemas de transporte fluvio-marítimos, con barcos y barcazas que puedan integrar a la Argentina desde Misiones a Tierra del Fuego. Con una navegación a través de los ríos y mares, no sólo para la exportación, sino también para las personas.
La gesta de “Cosita” impulsó el movimiento ambiental entrerriano de la época que logró inscribir su voluntad en Ley Antirepresas 9092/97, y la posterior inclusión del Artículo 85 en la constitución provincial entrerriana. El 25 de septiembre se celebra la Ley de Libertad de los Ríos en su honor. Desde entonces, “Cosita” se dedica al turismo comunitario, pero ahora ha tomado nuevamente los remos. Su historia inspira militancias, contagia acción. Hoy 28 años después, Cosita viaja de nuevo; navega con una flota de canoas en la travesía Remar Contracorriente, en la cual más de 180 organizaciones convocan a remar en contra de la extranjerización de nuestros ríos. Llaman a retomar la rebeldía para defenderlo. Florecen así cientos de militantes que con remo en la mano, se disponen a recorrer de nuevo cientos de kilómetros para defender y proteger al Río Paraná. Salen a disputar la capacidad de soñar y dedicarse a imaginar lo imposible, para construir realidad.
Ante las detenciones a Defensores del Agua en Mendoza. — Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de los allanamientos y hostigamientos contra defensores del agua en Mendoza. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier perjuicio ocasionado a quienes ejercen su derecho a la protesta y defenderemos a quienes protegen el agua contra las amenazas al bienestar colectivo.
El pasado 24 de enero se dio inicio a una jornada que deja una huella nefasta en la provincia. En simultáneo a la inauguración de la Oficina Minera, se realizó una movilización ciudadana en rechazo al avance minero. La cabeza de cuenca del Río Mendoza fue así testigo de un entramado de intereses que busca vulnerar el derecho a manifestarse y hostigar a las personas que lo intenten.
Ante esta situación, grupos vinculados a la UOCRA y barras bravas de clubes de fútbol, actuando a órdenes del gobierno provincial, boicotearon la protesta y, en el proceso, se registraron episodios de violencia física.
En este marco, nos encontramos en articulación con Marcelo Romano, a cargo de la defensa, citados para una audiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de recurrir a un amparo judicial que garantice la libertad y seguridad de todos los afectados.
Exigimos, además, un Estado a la altura de la crisis ecológica y climática actual, que garantice los derechos humanos y la voluntad popular mendocina de cuidar el agua. Es imprescindible que las decisiones que afectan a la ciudadanía y a nuestros bienes comunes naturales sean tomadas en un marco de respeto a la legalidad, la transparencia y la participación democrática.
Ante estas detenciones a defensores del agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convoca a la sociedad a acompañar a las personas afectadas y no permitir cualquier abuso de poder. Seguiremos informando novedades del caso y sobre las acciones legales que acompañaremos para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
