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Chubut: exigimos detención de la ley que promueve megacentros de datos pone en riesgo el agua, la energía y los territorios

La Legislatura aprobó un régimen de promoción tecnológica que incluye centros de datos mientras siguen sin conocerse el consumo de agua y los impactos del megaproyecto Atlas GigaHub, anunciado para Trelew. Desde AAdeAA-CAJE cuestionamos que se avance con incentivos y acceso a tierras sin responder los pedidos de información ni garantizar la participación de las comunidades. Exigimos el cumplimiento de las obligaciones de prevención, transparencia y protección de los bienes comunes.

Buenos Aires / Chubut, 19 de noviembre de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial rechazamos la ley de promoción tecnológica aprobada por la Legislatura de Chubut el 12 de noviembre. El régimen incorpora centros de procesamiento de datos entre las actividades promovidas y crea herramientas de financiamiento público para estas actividades. Esta decisión acompaña el impulso del gobierno de Ignacio Torres a la instalación de megacentros de datos, mientras permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre sus consecuencias para el agua, la energía y los territorios.

Chubut está en emergencia hídrica y promueve una infraestructura cuyo consumo de agua todavía se desconoce. El 6 de agosto, la propia Legislatura reconoció que el descenso de los caudales compromete el abastecimiento de agua potable y la producción, y declaró la emergencia por un año. Esta situación obliga a priorizar las necesidades de la población, la protección de las cuencas y la continuidad de las actividades que dependen de ellas antes de incorporar nuevas demandas de gran escala.

El proyecto Atlas GigaHub, de la empresa polaca Green Capital, anuncia hasta 3.000 megavatios de potencia destinada a equipos informáticos. Esa cifra equivale aproximadamente al 10% del pico de demanda eléctrica de toda la Argentina registrado en febrero de 2025: 30.240 megavatios. A la demanda de los servidores se agregaría la de refrigeración y los demás sistemas necesarios para el funcionamiento del complejo.

La empresa afirma que utilizará refrigeración líquida con recirculación para reducir sus requerimientos de agua. Sin embargo, todavía debe informar cuánto necesitará en cada etapa y de qué fuentes la obtendrá. También anuncia generación eléctrica propia, almacenamiento y respaldo a gas. Estas previsiones deben someterse a una evaluación ambiental integral, que contemple el conjunto de las instalaciones, sus impactos acumulados y su compatibilidad con la disponibilidad de agua en la provincia.

La falta de información alcanza a las decisiones del Gobierno. El Ejecutivo sigue sin responder el pedido de informes aprobado por la Legislatura en agosto sobre el emprendimiento. Tampoco se ha puesto a disposición de la ciudadanía información suficiente sobre el memorándum firmado con Green Capital y el estado de los trámites ambientales. El acceso a esa información es un derecho reconocido por la legislación argentina y el Acuerdo de Escazú, y constituye una obligación exigible a las autoridades.

La promoción económica no reemplaza los permisos ambientales ni habilita por sí misma el uso del agua o la ocupación de los territorios. La Ley General del Ambiente exige evaluar los impactos de las obras susceptibles de degradar los ecosistemas antes de su ejecución. Sus principios de prevención y precaución obligan a adoptar medidas para evitar daños: frente al peligro de afectaciones graves o irreversibles, la falta de certeza científica no puede utilizarse para postergar la protección.

La propia compañía explicó que el complejo estará destinado principalmente a prestar servicios a empresas internacionales de inteligencia artificial. Esto exige precisar qué beneficios verificables quedarán en Chubut, qué obligaciones asumirán las empresas y quién responderá por los costos territoriales de una infraestructura orientada a la exportación. Las promesas de inversión y empleo deben traducirse en compromisos públicos, precisos y controlables.

También cuestionamos las facilidades para acceder a tierras fiscales y la ausencia del Pueblo Mapuche Tehuelche en el Consejo Asesor previsto por el régimen. La condición fiscal de las tierras no elimina los derechos de quienes las habitan. Toda decisión susceptible de afectar directamente a comunidades indígenas debe garantizar la consulta previa, libre e informada. Advertimos, además, sobre el riesgo de que la inclusión de servicios geológicos y de prospección permita destinar incentivos públicos a actividades vinculadas con la exploración minera.

Exigimos la publicación del memorándum, los estudios ambientales y las necesidades de agua y energía del Atlas GigaHub; la respuesta a los pedidos de información pendientes; y la revisión del régimen aprobado mediante un proceso de participación pública efectiva. Reclamamos que las autoridades se abstengan de autorizar obras o usos del agua sin cumplir las evaluaciones, los permisos y las instancias de participación y consulta que correspondan.

Chubut necesita una política científica y tecnológica al servicio de sus comunidades. El agua, la energía, los territorios y el presupuesto público deben responder a esas necesidades. La obligación del Estado es proteger los bienes comunes y garantizar los derechos de la población frente a intereses empresariales que pretenden comprometerlos por décadas.

Argentina LNG: exigimos que Río Negro no apruebe un proyecto con estudios de impacto ambiental incompletos

En la audiencia pública realizada en Sierra Grande, cuestionamos la evaluación fragmentada del megaproyecto de gas natural licuado que busca instalarse en el Golfo San Matías. Advertimos sobre graves deficiencias en los estudios ambientales, riesgos para las ballenas y los ecosistemas marinos, y la falta de participación efectiva de las comunidades afectadas.

Sierra Grande, Río Negro, 18 de noviembre de 2026.

El 16 de noviembre, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA/CAJE), participamos de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a las empresas Eni y XRG. Nuestra representante, María Di Paola, presentó una serie de observaciones técnicas y legales y solicitó que la provincia de Río Negro no apruebe los estudios de impacto ambiental presentados, por considerar que no ofrecen información suficiente para evaluar las consecuencias del proyecto.

Argentina LNG contempla la construcción de un gasoducto y un poliducto desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, un complejo industrial para el tratamiento del gas y la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Su desarrollo se sumaría a otros proyectos de exportación de combustibles fósiles en la región, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy (SESA).

La audiencia, que se extendió durante los días 16 y 17 de noviembre, fue convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Sin embargo, cuestionamos que se realizara apenas diez días antes de la fecha prevista para una eventual decisión final de inversión de las empresas.

Participar de la audiencia no significa legitimar un procedimiento que presenta graves deficiencias en materia de información y participación ciudadana.

Los cuatro estudios de impacto ambiental presentados suman aproximadamente 11.400 páginas de documentación técnica. Desde su publicación hasta la audiencia, una persona habría tenido que leer alrededor de 250 páginas diarias para revisar la totalidad de la información.

El problema no es solamente la cantidad de documentos. Aunque las distintas instalaciones dependen unas de otras para funcionar, sus impactos fueron evaluados por separado. Esta fragmentación impide contar con una visión integral de las consecuencias de transformar el Golfo San Matías en un nuevo polo industrial de exportación de hidrocarburos.

Tampoco se presenta una evaluación suficiente de los impactos acumulados junto a VMOS y Southern Energy, proyectos que compartirían una misma región costera.

Advertimos que estas deficiencias vulneran las garantías de acceso a la información y participación ciudadana establecidas en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Ballenas, biodiversidad marina e impactos sin evaluar

Nuestra revisión identificó importantes vacíos e inconsistencias en los estudios presentados.

Los relevamientos de biodiversidad se realizaron solamente durante el verano y el invierno. Se omitió la primavera, una época fundamental para la reproducción de aves y reptiles, y para la presencia de ballenas francas australes junto a sus crías en el Golfo San Matías.

También detectamos problemas en los estudios de contaminación sonora. Para el complejo industrial se establece un área de influencia de 500 metros mar adentro, pero sus propios modelos identifican posibles daños auditivos temporales en ballenas hasta 21 kilómetros de distancia. Por otra parte, el estudio de ruido submarino de los buques de licuefacción no incorpora el ruido generado por el propio buque.

Los estudios también presentan deficiencias en la evaluación de las descargas de agua utilizadas para enfriar las instalaciones. Los cambios de temperatura y salinidad podrían alterar la circulación de nutrientes y afectar la supervivencia de huevos de peces.

Estos impactos adquieren especial relevancia en un golfo donde la pesca artesanal y el turismo dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, los estudios no evalúan en profundidad las consecuencias de las actividades proyectadas sobre estos sectores.

Durante la audiencia también denunciamos deficiencias en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. La Lof Leufuche, afectada por la traza del gasoducto, se enteró de la visita de la consultora encargada de los relevamientos el mismo día en que se realizó.

A pesar de estas situaciones, los estudios afirman que existe licencia social. Uno de ellos reconoce que excluyó deliberadamente a organizaciones opositoras por una decisión metodológica, mientras que otro utiliza la supuesta aceptación social como argumento para justificar la ubicación del complejo industrial, sin aportar evidencia suficiente.

También señalamos la falta de participación de organismos públicos relevantes y de las autoridades de Chubut, pese a que el área de influencia indirecta del proyecto alcanza espacios protegidos de esa provincia, como Península Valdés.

En materia climática, los estudios presentan cifras contradictorias y no evalúan adecuadamente las emisiones frente a los compromisos internacionales de la Argentina. Según los datos declarados en el estudio del buque licuefactor, las emisiones previstas por el proyecto representarían un incremento equivalente al 177 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Río Negro.

Sierra Grande ya conoce las consecuencias del auge y cierre de grandes emprendimientos extractivos. La historia de la actividad minera en la localidad muestra la importancia de evaluar no solo las promesas de inversión y empleo, sino también las responsabilidades de las empresas y del Estado a largo plazo.

Por eso, solicitamos a la autoridad provincial:

  • No emitir la Declaración de Impacto Ambiental sobre la base de los estudios actuales.
  • Exigir una evaluación unificada de los cuatro componentes del proyecto y de sus impactos acumulativos con VMOS y SESA.
  • Realizar relevamientos ambientales durante un ciclo anual completo.
  • Garantizar un proceso de participación que incluya a todas las provincias afectadas y una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.
  • Responder de manera pública y fundada a todas las observaciones presentadas durante la audiencia.

La Ley General del Ambiente establece que la autoridad debe fundamentar y hacer públicas sus decisiones cuando se aparta de los resultados de la participación ciudadana.

Glaciares

Escándalo judicial: dejan fuera las pruebas y el respaldo de 850.000 personas contra la reforma de la Ley de Glaciares

La demanda fue impulsada por FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas territoriales de todo el país y recibió más de 850 mil adhesiones ciudadanas.

A más de seis meses de haberse presentado la acción judicial colectiva más grande de la historia contra la reforma de la Ley de Glaciares, el juez federal de La Pampa Juan José Baric continúa con maniobras dilatorias y negando un efectivo acceso a la Justicia.  Ahora decidió unificarla con la causa iniciada por el gobierno de La Pampa, y “restringió” la acción, sus argumentos jurídicos, las pruebas y las adhesiones de más de 850.000 personas que acompañaron la demanda.

Buenos Aires / Santa Rosa,    noviembre de 2026. — Más de 850.000 personas acompañaron con su firma la demanda colectiva histórica presentada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con organizaciones y asambleas territoriales de todo el país y referentes sociales, para proteger los glaciares y las reservas estratégicas de agua frente a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 27.804). Medio año después de su presentación, el Juez Federal todavía mantiene sin respuesta las medidas cautelares urgentes solicitadas para evitar daños ambientales irreversibles, y no se ha pronunciado sobre el planteo de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. A esta falta de respuesta se suma una serie de decisiones procesales arbitrarias que ponen en riesgo el avance de la demanda colectiva, dejan al expediente en estado de  incertidumbre y generan una situación de denegación de Justicia.

La acción de amparo ambiental colectivo —tramitada bajo el expediente denominado Esquivel (FBB 5866/2026) ante el Juzgado Federal de Santa Rosa a cargo del juez Juan José Baric— fue presentada el 5 de mayo de 2026 por asambleas socioambientales y organizaciones de la sociedad civil para reclamar la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y suspender su aplicación en todo el territorio nacional. Tras meses de demora y dos pedidos de pronto despacho realizados en agosto y septiembre, el 8 de octubre el magistrado declaró la conexidad de la causa con el expediente iniciado por la provincia de La Pampa.

El 12 de noviembre, ante un escrito que había sido presentado por el equipo legal de la demanda colectiva en el que se reclamaba resolver sin más dilaciones las cautelares propias sin supeditarlas al trámite de La Pampa, el juez Baric informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento, ordenó restringir la totalidad de dicho expediente, y remitió a los demandantes a actuar en la causa pampeana.

Sin embargo, las organizaciones encontraron que la demanda colectiva, sus argumentos jurídicos, la prueba técnica aportada y las firmas de más de 850.000 ciudadanos y ciudadanas no figuran incorporados en el expediente electrónico de La Pampa. Hoy, en términos operativos, el reclamo colectivo en defensa de los glaciares quedó en una situación de incertidumbre judicial, sin garantías claras de que sea efectivamente tratado, algo inaceptable en un estado de Derecho.

Las organizaciones demandantes reclaman una explicación inmediata por parte del Juez Federal y que se dé lugar al reclamo para que se proteja el agua, realizado por 850 mil personas ante la justicia . 

La acumulación de hecho con la causa de La Pampa —donde la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó en septiembre el rechazo de la cautelar provincial— no debería convertirse en un atajo formal para dejar sin revisar una demanda con fundamentos, partes y pruebas específicas que nunca fueron evaluadas. El expediente de las organizaciones contiene documentación técnica sobre amenazas concretas e inmediatas en la cordillera; como los riesgos que el proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), representa para el glaciar de escombros GE110, en la provincia de San Juan.

Resulta inaceptable que un reclamo colectivo de esta magnitud enfrente nuevos obstáculos formales mientras los proyectos extractivos avanzan y los pedidos de protección judicial de los glaciares y las reservas estratégicas de agua llevan medio año esperando una decisión. En materia ambiental, el tiempo procesal no es neutro: cada mes sin tutela judicial efectiva expone ecosistemas glaciares y periglaciares a intervenciones irreversibles.

En el día de ayer los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio mediante el cual solicitaron al juez que revierta su decisión de archivar el escrito presentado en octubre y restringir el acceso al expediente. En caso de que el magistrado rechace el pedido, solicitaron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Frente a esta situación, las organizaciones, asambleas y la ciudadanía que impulsan la demanda exigen que se respete el derecho a acceder a la Justicia, el acceso pleno y la incorporación efectiva de la demanda, sus fundamentos, toda la prueba documental aportada y las adhesiones de más de 850.000 personas, garantizando su tratamiento; que se deje sin efecto la restricción del expediente; que se resuelvan inmediatamente las medidas cautelares pendientes y que se garantice el tratamiento efectivo de todos los planteos de la demanda colectiva, aun cuando se tramite junto con la causa iniciada por La Pampa.

El Poder Judicial tiene la obligación institucional de garantizar la transparencia del trámite, restablecer el acceso al expediente original y asegurar el tratamiento efectivo del reclamo colectivo.

Una soberana trampa: infraestructura crítica y seguridad nacional

Bajo el ropaje de la defensa de la soberanía de las islas Malvinas, avanza en el Congreso un proyecto de ley bajo el título de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, cuyo alcance excede ampliamente esta cuestión. De los ocho capítulos que lo componen, solo el primero aborda el reclamo de soberanía. Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia,  además de prever la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo.  

En ese marco, el proyecto pretende blindar la denominada “infraestructura crítica” en todo el territorio nacional. Las infraestructuras críticas son consideradas las “estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”.

La amplitud de esta definición convierte a las infraestructuras críticas en un eje central del análisis de la iniciativa: resulta necesario examinar qué instalaciones y actividades quedarían comprendidas, quién tendría la facultad de identificarlas y qué consecuencias tendría esa clasificación para el ejercicio de los derechos y el control democrático.

De aprobarse este proyecto de ley, obras de infraestructura clave para la expansión de Vaca Muerta como sucede con oleoductos, gasoductos, terminales portuarias, buques licuefactores de GNL así como también proyectos de megaminería en la Cordillera de los Andes o centros de datos para Inteligencia Artificial en la Patagonia gozarán de enorme protección a partir de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. En el nombre de la defensa nacional, el proyecto de ley dice que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para ser empleadas, en caso de corresponder para la protección de las infraestructuras críticas identificadas por el Consejo de Seguridad Nacional.

Ese Consejo será encabezado por el Presidente y se encargará de elaborar “la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las Infraestructuras Críticas de interés nacional, y coordinar su protección, incluida la de infraestructuras binacionales o plurinacionales”. De esta manera, proyectos de minería binacional entre Argentina y Chile como el proyecto Vicuña o la integración energética de Vaca Muerta con la infraestructura chilena para la exportación de gas podrían verse comprendidos por el plan y la estrategia de seguridad nacional.  Ambos países se encuentran en una fase de desregulaciones y retrocesos en la protección ambiental y buscan promover inversiones sin importar los costos ambientales. Recordemos que en abril de este año fue sancionada una ley que debilita la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua favoreciendo de esta manera proyectos de minería binacional. 

Según el proyecto de ley, la Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas contemplará el “impacto que pueda producir su afectación o destrucción”. ¿A qué se refiere con afectación y destrucción? Nadie lo sabe. Y eso es peligroso.  La falta de claridad del proyecto de ley en cuestión deja la puerta abierta a la discrecionalidad/arbitrariedad del poder de turno y sugiere que acciones como movilizaciones, acciones legales, sentencias judiciales y campañas comunicacionales pueden ser alcanzadas por esta definición. Justamente, el Consejo de Seguridad Nacional podrá definir las medidas necesarias para garantizar la protección de la infraestructura crítica. Tampoco hay claridad ni precisiones sobre las medidas que puede tomar, lo que abre aún una línea más de incertidumbre. 

El proyecto de ley de defensa de la soberanía pretende profundizar el camino iniciado por el Decreto 1107/2024 que otorgó al Presidente la atribución de definir qué instalaciones constituyen “Objetivos de Valor Estratégico” a ser custodiados por fuerzas militares y policiales, y continuado por el Comando Unificado de Seguridad Productiva a través de la Resolución 893/24 del Ministerio de Seguridad. Ese Comando fue creado para controlar “el orden en los enclaves productivos del país”. La creación del Comando antes y del Consejo de Seguridad cuya creación se busca ahora desconoce que la mayoría de las veces quienes protestan de manera pacífica contra los grandes proyectos de infraestructura con altos impactos ambientales en los territorios son comunidades locales, indígenas, campesinas o urbanas, consideradas personas defensoras del ambiente, que se encuentran especialmente protegidas por normas internacionales como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú, aprobado en el país por la Ley 27.566). Además, la propuesta encuadra el financiamiento internacional como una potencial amenaza para la seguridad nacional. Esta tipificación habilita consecuencias administrativas y penales de gravedad que pueden impactar directamente en la labor de organizaciones ambientales y comunitarias que reciban fondos del extranjero. 

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de proteger a los defensores ambientales y garantizarles un entorno seguro y propicio para actuar sin restricciones ni amenazas. En la Argentina, sin embargo, el Gobierno actual da señales en contrario. Se privilegia la protección de la infraestructura estratégica por encima de los derechos humanos y de garantizar un entorno seguro para la protección del ambiente. En efecto, el proyecto de ley busca garantizar la continuidad ininterrumpida de los proyectos extractivos a costa de las garantías constitucionales y de las libertades individuales. 

Volver a la doctrina de la seguridad nacional, que borra los límites entre la seguridad interior y la defensa, implica reflotar una práctica política asociada en nuestro país al terrorismo de Estado y a graves violaciones de los derechos humanos. Así, mediante conceptos vagos y amplios, se busca dotar al Poder Ejecutivo de una enorme discrecionalidad para señalar “enemigos internos” sobre los que recaiga todo el rigor punitivo del Estado.

Mientras se otorgan privilegios, exenciones impositivas y estabilidad regulatoria a las empresas por 30 años a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la doctrina de la seguridad nacional busca abrirse paso para dotar de un blindaje implacable a proyectos sumamente cuestionados por los daños ambientales, climáticos y ecosistémicos que podrían generar. Este entramado jurídico intenta pasar desapercibido bajo el lema de la “soberanía nacional”. Bajo ninguna circunstancia, el Congreso de la Nación puede caer en la trampa soberana y avalar esta iniciativa. Lo que está en juego es mucho más importante que la infraestructura crítica. Se trata de los derechos fundamentales. Y no hay mejor defensa de la soberanía que honrar esos derechos. 

Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

Ambientalistas solicitan a la Corte Suprema la suspensión inmediata de los desmontes en el norte

Fotos:

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2026.- Greenpeace Argentina, con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva en forma prioritaria el pedido de una medida cautelar para suspender los desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. En la presentación, realizada en el marco de la llamada “Causa Yaguareté”, la organización reclamó además la convocatoria a una audiencia pública. 

El escrito presentado al máximo tribunal informa que entre enero y septiembre de 2026 en el norte de Argentina se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos: Santiago del Estero 35.368 hectáreas, Salta 20.122 hectáreas, Chaco 9.339 hectáreas y Formosa 8.395 hectáreas. Y advierte que la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques “ponen en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco argentino”. (1)

La documentación presentada muestra que “gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con el área señalada por los científicos como crítica para la conservación del Yaguareté en el Gran Chaco” y que “las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta no tuvieron en cuenta este trabajo científico, permitiendo que la deforestación avance sobre territorios claves para la conservación de la especie”.  

Las pruebas aportadas alertan a la Corte Suprema sobre la gravedad que implica el desfinanciamiento y los cambios a la Ley de Bosques propuestos por el gobierno nacional: “aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10% de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”. 

Finalmente, se solicita al máximo tribunal que utilice el mismo criterio que en la causa “Árbol de Pie” por la Ley de Tierras, donde reconoce expresamente “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno”. Este fundamento se utilizó para adoptar una medida interina para asegurar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables, y por lo tanto la presentación sostiene que es “obligación de los Sres. Ministros aplicar ese mismo criterio en un caso de extrema sensibilidad como el presente donde se persigue evitar la extinción de nuestra panthera onca”.  

Frente a este escenario, Greenpeace destacó la importancia de la participación ciudadana y recordó la convocatoria a ser parte de la “República de los Siete Bosques”, una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas.

Antecedentes de la “Causa Yaguareté”:

En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco argentino, y violar lo establecido por la Ley de Bosques. Se reclama Deforestación Cero en los territorios que habita la especie, protegida por ley como Monumento Natural Nacional.

La denuncia apunta a la realización de recategorizaciones prediales de los ordenamientos territoriales para permitir más deforestación; la autorización de desmontes para ganadería en zonas protegidas; la realización y actualización de ordenamientos territoriales que permiten deforestar en territorios que habita la especie; y la reducción de los fondos para control de desmontes ilegales, prevención y combate a incendios y promoción de la conservación de bosques. 

Greenpeace presentó en 2021 una medida cautelar solicitando al máximo tribunal la suspensión de los desmontes en esas provincias hasta tanto resuelva el tema de fondo. Por su parte, en 2022 la Corte Suprema anunció que realizará una audiencia pública sobre este caso, y al año siguiente declaró su competencia en la causa. 

Nota:

  1. Escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2026/11/a37181f8-yaguarete-presentacion-a-corte-noviembre-2026-final-1.pdf 

¿Cuánto petróleo hay en lo que comemos? Nuevo informe revela cómo el agronegocio argentino carga de petróleo y gas nuestros alimentos

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentamos el informe Agronegocios y combustibles fósiles: dependencia y alternativas, una investigación sobre la presencia del petróleo y el gas en el sistema agroalimentario argentino. El trabajo analiza el uso de fertilizantes, agrotóxicos, maquinaria, transporte y plásticos, cuestiona el papel de los agrocombustibles en la transición energética popular y propone la agroecología como alternativa. Incluye también un modelo de ordenanza para impulsar políticas públicas de producción agroecológica para municipios de todo el país.

Presentamos una nueva investigación sobre la dependencia del petróleo y el gas en el sistema agroalimentario argentino. Los fertilizantes, agrotóxicos, maquinarias, transportes y envases que sostienen el agronegocio están profundamente vinculados a la industria fósil. Esta dependencia tiene consecuencias sobre la crisis climática, la salud, el agua, los suelos y la soberanía alimentaria. Frente a este modelo, proponemos avanzar hacia la agroecología y presentamos un modelo de ordenanza para impulsar su desarrollo desde los municipios.

El sistema agroalimentario mundial consume el 15% de los combustibles fósiles y el 40% de los productos petroquímicos, según datos de IPES-Food (2025) recuperados en nuestra investigación. En Argentina, el uso de fertilizantes se triplicó desde 1996, mientras el agronegocio consolidó un modelo basado en monocultivos, agrotóxicos, maquinaria de gran escala y cadenas de transporte que requieren grandes cantidades de energía.

Esta dependencia no es solamente energética. La producción industrial de alimentos está vinculada con la concentración de la tierra, la expulsión de comunidades campesinas, la contaminación del agua y los suelos y los impactos de los agrotóxicos sobre la salud. El petróleo y el gas están presentes tanto en los insumos que utiliza el campo como en los residuos que deja el sistema productivo.

También cuestionamos la promoción de los agrocombustibles como una respuesta a la crisis climática. Reemplazar combustibles fósiles por combustibles elaborados a partir de cultivos no alcanza para transformar un modelo que mantiene la dependencia de insumos industriales, la concentración económica y la presión sobre los territorios.

No podemos hablar de transición energética justa y popular sin discutir el agronegocio. Por eso, además de analizar las consecuencias del modelo actual, recuperamos las alternativas que ya existen: la agroecología, los circuitos locales de comercialización, la producción campesina y cooperativa y la soberanía alimentaria. Como parte de esta propuesta, incluimos un modelo de Ordenanza de Promoción Agroecológica para que municipios, concejos deliberantes y organizaciones territoriales cuenten con una herramienta concreta para impulsar políticas públicas que acompañen la producción de alimentos sanos.


El petróleo y el gas están mucho más presentes en nuestra alimentación de lo que solemos reconocer. No solamente se utilizan para transportar los alimentos desde el campo hasta las ciudades. También intervienen en la fabricación de fertilizantes y agrotóxicos, en el funcionamiento de la maquinaria agrícola, en los sistemas de riego, en la producción industrial, en el almacenamiento y en los envases que llegan a nuestras mesas.

En nuestra investigación partimos de una hipótesis central: el sistema agroalimentario argentino es fósil dependiente. Esta dependencia no es accidental ni secundaria. Es una característica estructural del modelo de agronegocios que se expandió en Argentina durante las últimas décadas.

El agronegocio organiza la producción a partir de grandes extensiones de monocultivos, semillas transgénicas, fertilizantes de síntesis química, agrotóxicos y maquinaria de gran escala. Su funcionamiento requiere un abastecimiento constante de insumos industriales y energía.

Este modelo también concentra el control de la tierra, la producción y la comercialización de alimentos. La expansión de la frontera agropecuaria y la consolidación de grandes actores económicos están vinculadas con procesos de expulsión campesina, transformación de ecosistemas y pérdida de diversidad productiva.

La pregunta que planteamos no es solamente cuánta energía consume la agricultura. También necesitamos discutir quién controla la producción de alimentos, qué consecuencias tiene este sistema para las comunidades y quiénes se benefician de su funcionamiento.

Una de las expresiones más claras de la dependencia fósil del agronegocio es el uso de fertilizantes sintéticos. La fabricación de fertilizantes nitrogenados requiere grandes cantidades de gas natural. Su utilización conecta directamente la producción agrícola con la industria de los hidrocarburos y con los precios internacionales de la energía.

En Argentina, el consumo de fertilizantes se triplicó desde 1996. Este crecimiento acompañó la expansión de un modelo agrícola que necesita incorporar de manera permanente insumos externos para mantener sus niveles de producción.

Los agrotóxicos constituyen otro componente central de esta dependencia. Muchos de los productos utilizados para controlar malezas, insectos y enfermedades de los cultivos están vinculados con procesos de fabricación petroquímica.

Su utilización masiva tiene consecuencias que exceden el campo donde se aplican. La exposición a sustancias peligrosas, la contaminación de cursos de agua y suelos y los residuos que permanecen en los territorios forman parte de los costos de este modelo.

En nuestra investigación abordamos los efectos de los agrotóxicos sobre la salud y las relaciones entre hidrocarburos, productos químicos agrícolas y contaminación.

La producción de alimentos no puede evaluarse solamente por su rendimiento económico o por el volumen de toneladas exportadas. También debemos considerar sus consecuencias sobre la vida de las poblaciones expuestas, la calidad del agua, la fertilidad de los suelos y la salud de los ecosistemas.

La dependencia fósil continúa después de la aplicación de fertilizantes y agrotóxicos.

Tractores, cosechadoras, camiones y otros equipos agrícolas consumen combustibles para funcionar. A esto se suman los requerimientos energéticos del transporte de materias primas, la industrialización de alimentos y las extensas cadenas de distribución.

En un modelo orientado a la exportación de grandes volúmenes de productos agrícolas, el transporte constituye una parte fundamental del sistema. La producción se organiza en función de mercados que muchas veces se encuentran a miles de kilómetros de los territorios donde se cultivan los alimentos.

Los plásticos también ocupan un lugar central. Envases, silobolsas y otros materiales derivados de los hidrocarburos forman parte de la infraestructura cotidiana del agronegocio.

Su utilización genera nuevos problemas vinculados con la acumulación y disposición de residuos, que se suman a los impactos de los insumos químicos y de las actividades productivas.

Por eso, cuando hablamos de dependencia fósil no nos referimos únicamente al combustible utilizado por una máquina. Hablamos de un sistema que necesita petróleo y gas en prácticamente todas sus etapas.

La producción agroindustrial contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero a través de múltiples actividades: la fabricación y aplicación de fertilizantes, el consumo de combustibles, la producción ganadera intensiva, los cambios en el uso del suelo y las cadenas de transporte.

A escala global, los sistemas alimentarios consumen el 15% de los combustibles fósiles y el 40% de los productos petroquímicos, de acuerdo con los datos de IPES-Food (2025) que recuperamos en nuestro trabajo. Estas cifras muestran que la discusión sobre el abandono de los combustibles fósiles debe incorporar necesariamente la producción de alimentos.

No alcanza con modificar la matriz eléctrica o reemplazar determinadas tecnologías de transporte si mantenemos un sistema agroalimentario que depende estructuralmente de la industria petrolera y petroquímica. La crisis climática nos exige discutir cómo producimos, pero también para qué, para quiénes y bajo qué relaciones sociales y territoriales.

En las últimas décadas, los agrocombustibles fueron promovidos como una alternativa para reducir el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, su producción puede reproducir las mismas características del agronegocio: monocultivos de gran escala, utilización de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, concentración de la tierra y dependencia de maquinaria y transporte.

Cuando los cultivos agrícolas se destinan a producir energía, también se abre una disputa por el uso de la tierra y por el destino de la producción. Desde nuestra perspectiva, la transición energética no puede consistir simplemente en reemplazar una fuente de combustible por otra sin revisar las condiciones en las que se produce.

Necesitamos preguntarnos quién controla la tierra, qué actividades se priorizan y qué consecuencias tiene la expansión de los cultivos destinados a la producción energética sobre las comunidades y los ecosistemas. Una transición justa debe reducir la dependencia fósil y, al mismo tiempo, transformar las relaciones de desigualdad y concentración que sostienen el modelo actual.

Frente a este escenario, defendemos la agroecología como una alternativa concreta al agronegocio fósil dependiente. La agroecología permite reducir la utilización de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, recuperar la fertilidad de los suelos, diversificar la producción y fortalecer los conocimientos de las comunidades campesinas, indígenas y productoras.

El reemplazo de insumos químicos por otras técnicas de cultivo es urgente. La agroecología propone transformar las relaciones entre la producción de alimentos, los territorios y las personas. Busca recuperar la autonomía de quienes producen, fortalecer las economías locales y construir sistemas alimentarios que prioricen las necesidades de las comunidades.

Los circuitos cortos de comercialización, las ferias locales, las cooperativas y las experiencias de producción agroecológica muestran que existen otras formas de organizar la alimentación.

La soberanía alimentaria es una dimensión fundamental de esta transformación. Implica que los pueblos puedan decidir sobre sus sistemas de producción y consumo, en lugar de quedar subordinados a las prioridades de grandes empresas y mercados internacionales.

Desfosilizar el sistema alimentario significa reducir la dependencia del petróleo y el gas, pero también democratizar la producción de alimentos y recuperar el control de los territorios.

Además del diagnóstico y las alternativas que desarrollamos, incorporamos un modelo de Ordenanza de Promoción Agroecológica para que los municipios puedan avanzar en políticas públicas concretas. La propuesta contempla capacitaciones, incentivos económicos y fiscales, apoyo a ferias y mercados locales, regularización de tierras públicas destinadas a la producción y mecanismos de identificación participativa de productos agroecológicos. También incluye medidas de protección frente a fumigaciones que puedan afectar las producciones agroecológicas. Buscamos que esta herramienta pueda ser adaptada por concejos deliberantes, gobiernos locales, organizaciones y comunidades según las características y necesidades de cada territorio.

Proponemos, además, la creación de un Consejo para el Desarrollo de la Agroecología y la Producción de Alimentos Saludables, con participación de organismos públicos, productores y cooperativas, para acompañar la implementación de estas políticas. El modelo incorpora un registro gratuito de productores agroecológicos, un fondo de estímulo y espacios de participación y seguimiento. Entendemos que la transformación del sistema agroalimentario requiere decisiones políticas, recursos y participación social. Por eso, ponemos a disposición una herramienta legislativa que permita convertir las experiencias agroecológicas en políticas públicas locales.

El agronegocio argentino depende del petróleo y del gas para producir, transportar, almacenar y comercializar alimentos. Esta dependencia tiene consecuencias sobre el clima, la salud, el agua, los suelos y las condiciones de vida de las comunidades.

No podemos separar la discusión energética de la discusión alimentaria. Tampoco podemos pensar una transición justa sin cuestionar la concentración de la tierra, la utilización masiva de agrotóxicos y la subordinación de la producción a los mercados internacionales.

Necesitamos avanzar hacia sistemas agroalimentarios que reduzcan la dependencia fósil, fortalezcan la producción local y garanticen el acceso a alimentos sanos.

Con esta investigación buscamos aportar herramientas para comprender las relaciones entre agronegocios y combustibles fósiles, fortalecer las alternativas que ya existen y promover políticas públicas que permitan multiplicarlas.

Medida histórica en Chaco: la Justicia Federal crea un equipo interinstitucional para hacer cumplir la cautelar contra “La Mafia del Desmonte.

La medida cautelar que prohíbe los desmontes en el Chaco sigue vigente y ahora tendrá un mecanismo concreto para hacerse cumplir. El Juzgado Federal de Resistencia N° 1 dispuso la conformación de un “Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco”, integrado por la Fiscalía Federal, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales y las autoridades ambientales y forestales.

                                        Buenos Aires / Chaco, 3 de noviembre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa penal conocida como “Mafia del Desmonte”, celebramos esta medida histórica de la Justicia Federal. 

Tras la audiencia interinstitucional realizada hoy, el Juzgado Federal de Resistencia N° 1 a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger creó un equipo para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada en agosto de 2024 y que luego de un largo derrotero que incluyó la Cámara de Casación Penal fue restituida en su plena vigencia el 22 de septiembre de 2026 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. 

La medida cautelar vigente suspendió los desmontes en toda la provincia, incluidos los permisos autorizados y no ejecutados y los nuevos que pudieran otorgarse. Esa prohibición no se toca, y desde hoy, además, el Estado tiene la obligación concreta de coordinar la labor estatal con la participación activa de la querella que impulsó la denuncia -AAdeAA-  para en forma efectiva  hacer cumplir en el territorio la prohibición de desmonte vigente.

El “Equipo de Coordinación Interinstitucional” creado reúne en un canal directo y permanente al Ministerio Público Fiscal Federal, a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, a las autoridades forestales del Chaco, a la Autoridad Ambiental Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a Gendarmería Nacional, cada uno de ellos tendrá un referente responsable de la ejecución inmediata de acciones en el terreno ante la detección de un desmonte.

Compartirán información satelital y alertas tempranas, incluidos los reportes quincenales del sistema nacional de alerta de deforestación, para identificar zonas prioritarias y coordinar verificaciones territoriales. 

Además, la Justicia Federal ordenó a la Gendarmería Nacional, con conocimiento del Ministerio de Seguridad Nacional, reforzar los recursos destinados a la vigilancia, el monitoreo, el patrullaje preventivo y la detección temprana de desmontes en el Chaco. Deberá sumar personal, vehículos aptos para zonas rurales, drones, georreferenciación e imágenes satelitales, con atención primaria a las zonas con desmontes recientes denunciados, las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos.   

Ante un posible desmonte, la comunicación deberá ser inmediata a la Dirección de Bosques; si los hechos pudieran constituir delitos o incumplimientos de la cautelar, también a la Fiscalía Federal. La resolución pide además a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad provincial reforzar personal, vehículos, drones y herramientas de georreferenciación, y exige a la Dirección de Bosques y a la Fiscalía informes trimestrales ante el Tribunal.

Una prohibición sin control queda a merced de quienes la violan, y en esta causa ya denunciamos desmontes durante la vigencia de la cautelar. Por eso, integrar este equipo nos permitirá intensificar el control sobre el cumplimiento de la medida y prevenir los desmontes con mayor eficacia. 

Esto es central en una causa que investiga a funcionarios provinciales, y como ya advirtió la Cámara Federal de Casación Penal, el control de los desmontes no puede quedar librado a los mismos organismos bajo investigación. 

A partir de ahora, las alertas podrán circular por un canal directo que comparten la Fiscalía, las fuerzas federales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas como parte querellante, con informes periódicos al Tribunal.

LA CAUSA PENAL SIGUE AVANZANDO

La causa contra la Mafia del Desmonte sigue avanzando gracias a la organización social y territorial, al conocimiento científico y a decisiones judiciales como esta, que se niegan a normalizar la entrega de los bosques al negocio del desmonte. Vamos a usar cada herramienta de esta resolución para enfrentar a las topadoras que avanzan clandestinamente sobre nuestros bosques nativos y para exigir controles en las rutas por donde circulan camiones repletos de madera nativa, muchos de ellos con destino a las tanineras. Seguiremos en los territorios y en los Tribunales, defendiendo los bosques y todo el ecosistema del gran Chaco.

BASUREROS PETROLEROS: LA JUSTICIA DEMORA EL INICIO DEL JUICIO Y DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dejó sin efecto la probation que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa por los basureros petroleros de COMARSA. Al mismo tiempo revocó la decisión que había rechazado definitivamente ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. Hoy ninguno de los tres imputados tiene probation. Pero la posibilidad de suspender el juicio sigue abierta.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió que la suspensión del juicio que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa COMARSA queda sin efecto. Al mismo tiempo, anuló la decisión posterior del Tribunal de Impugnación que había rechazado de manera definitiva ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. La resolución significa que al día de hoy ninguno de los tres imputados tiene suspendido el juicio, pero la posibilidad de que accedan nuevamente a ese beneficio sigue abierta. La discusión deberá realizarse otra vez y de manera individual para cada uno de los acusados: Luis, Basilotta y Ponce.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas consideramos importante que el Tribunal haya confirmado que tanto nuestra querella como el Ministerio Público Fiscal tenían derecho a recurrir la suspensión del juicio. Las defensas sostenían que no estábamos habilitados para cuestionarla. El fallo rechaza esa interpretación y reconoce nuestra intervención en una discusión central para garantizar que las causas ambientales puedan llegar efectivamente a juicio.

También quedó sin efecto la decisión adoptada en marzo por el juez Yancarelli, que había concedido la suspensión del juicio a los tres imputados bajo condiciones que fueron cuestionadas por ser confusas, incompletas y contener montos sin una definición clara. Esa resolución ya no constituye el punto de partida del proceso.

El Tribunal Superior también dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Impugnación que había rechazado directamente la posibilidad de otorgar ese beneficio. Por eso, la discusión no terminó. Otro juez deberá analizar nuevamente si corresponde suspender el juicio para cada imputado. La resolución también ratificó que la oposición formulada por el Ministerio Público Fiscal había sido fundada y razonable y rechazó el planteo de las defensas que pretendía declarar nulo lo actuado por la falta de intervención de la Fiscalía de Estado. Además, la apertura a juicio dispuesta el 18 de agosto sigue vigente.

La causa por los basureros petroleros de COMARSA continúa formalmente encaminada hacia un juicio oral y público, aunque ese juicio todavía puede volver a ser puesto en riesgo. Se investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la industria petrolera, gasífera y del fracking. Después de más de seis años de investigación, se reunió una enorme cantidad de prueba documental, testimonial, técnica y pericial destinada a determinar las responsabilidades por uno de los mayores basureros petroleros vinculados a Vaca Muerta.

Como venimos sosteniendo desde el comienzo el pueblo neuquino tiene la necesidad de que se realice un juicio público para saber la verdad. Después de seis años de investigación, la sociedad neuquina tiene derecho a conocer la prueba, escuchar a los testigos y especialistas y saber cómo fue posible acumular semejante volumen de residuos peligrosos. Volver a abrir la posibilidad de suspender el juicio prolonga una discusión que debería estar saldada. Como planteamos anteriormente la probation en este contexto es equivalente a impunidad, implicaría que una causa de esta magnitud pueda cerrarse sin juicio, sin pena y sin condena por los hechos investigados.

Vamos a participar de la nueva audiencia y a sostener nuevamente que este caso debe llegar a juicio oral y público. La suspensión concedida en marzo cayó. La apertura a juicio sigue vigente. Ahora la pelea es para que ese juicio efectivamente ocurra.

Mercados de carbono: rechazamos el proyecto aprobado por el Senado que prioriza el negocio sobre la acción climática

El Senado dio media sanción a una ley que promueve la comercialización de créditos de carbono, mientras Argentina continúa sin una política climática actualizada. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA-CAJE) rechazamos el proyecto y advertimos sobre sus riesgos para los territorios, los ecosistemas y las comunidades.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2026.

El pasado 29 de octubre, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley para regular los mercados de carbono en Argentina. La iniciativa permite comercializar créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas. Estos mecanismos pueden ser utilizados por empresas para compensar sus emisiones sin necesariamente reducir la contaminación que generan sus propias actividades.

El problema de fondo es que comprar créditos de carbono no equivale a reducir emisiones en origen. Los mecanismos de compensación pueden permitir que grandes empresas contaminantes continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios. Además, estos sistemas presentan riesgos de especulación financiera, acaparamiento de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas.

El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la comercialización de créditos, incluidos diez años de estabilidad fiscal y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Al mismo tiempo, eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional previstos en el proyecto original, que buscaban resguardar reducciones para el cumplimiento de las metas climáticas argentinas.

Resulta contradictorio impulsar un mercado internacional de emisiones mientras el país no cuenta con metas climáticas actualizadas ni una estrategia clara para reducirlas. La Argentina tampoco puede subordinar la protección de sus bosques, humedales y otros ecosistemas a su capacidad de generar créditos comercializables.

En agosto, desde AAdeAA-CAJE acompañamos una carta colectiva dirigida al Senado que reclamaba abrir el debate legislativo, incorporar la participación de organizaciones, comunidades e instituciones científicas y establecer garantías para los territorios y sus habitantes. Estas preocupaciones siguen vigentes.

Rechazamos la aprobación de este proyecto en las condiciones actuales y reclamamos que la Cámara de Diputados abra un debate público, amplio e informado. Una verdadera política climática debe priorizar la reducción directa de emisiones, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática.

Atanor

Contaminación del Río Paraná con agrotóxicos: la Justicia rechazó el intento de silenciar a quienes denuncian la contaminación

La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás rechazó por unanimidad el pedido de Atanor y del gerente de su planta, Juan Mauricio Berenguel, para restringir las manifestaciones públicas del abogado Fabián Maggi y de FOMEA. El tribunal calificó la prohibición pretendida como una “mordaza legal” sobre un asunto de interés público.

Fabian Maggi, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–CAJE, representa a FOMEA en la acción judicial contra Atanor por la contaminación del río Paraná y del suelo en San Nicolás. La investigación detectó atrazina en el agua y cipermetrina y trifluralina en el suelo. Las pericias concluyeron que los vuelcos deterioraban el agua y afectaban la vida acuática, y que las elevadas concentraciones de contaminantes en sectores del suelo de la planta representaban un riesgo serio para la salud pública.

Esa acción judicial logró que en 2023 se ordenaran medidas de reparación y controles sobre la actividad industrial. La Cámara de Apelación de San Nicolás también fijó una indemnización de 150 millones de pesos por el daño ambiental.

En ese contexto, Atanor y Berenguel solicitaron impedir la difusión de determinada información de expedientes y de expresiones que atribuyeran delitos o infracciones sin sentencia firme. El 20 de agosto de 2026, la Cámara confirmó el rechazo a esa pretensión. En un procedimiento independiente, el Colegio de Abogados de San Nicolás había archivado, el 15 de mayo, una denuncia de Berenguel contra Maggi por no encontrar pruebas que comprometieran su conducta profesional.

Desde la AAdeAA–CAJE celebramos este respaldo a nuestro compañero Fabián. Defender el agua y la salud exige garantizar que las comunidades y quienes las acompañan puedan denunciar la contaminación y reclamar justicia sin ser silenciados.