CIUDAD DE BUENOS AIRES, 22 de abril de 2026 — En un hito sin precedentes, la demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares alcanza, en menos de 15 días, cerca de 900.000 adhesiones individuales. La demanda será llevada a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país en las próximas semanas.
En un hito sin precedente, la demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares alcanza, en menos de 15 días, 900.000 adhesiones individuales. En las próximas semanas, la demanda será llevada a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país.
Las organizaciones informaron que se encuentran trabajando activamente en la demanda colectiva, en coordinación con equipos legales y técnicos, para asegurar una presentación sólida, abarcativa y federal, que esté a la altura del alcance de este reclamo de la sociedad.
Este respaldo masivo a la demanda surge como un rechazo a la reciente modificación de la norma y da cuenta del consenso social existente. La reforma a la Ley de Glaciares, sancionada el 9 de abril, ha sido rechazada y cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional, asambleas ciudadanas, juristas y constitucionalistas, sectores eclesiásticos, organizaciones civiles, organismos de Naciones Unidas, universidades nacionales, referentes del deporte y la cultura, y la sociedad en general.
Además de los casi 900.000 adherentes individuales, cientos de organizaciones de la sociedad civil y asambleas, entre ellas representantes de comunidades ya afectadas por daños socioambientales, acompañarán la demanda institucionalmente y con responsabilidad legal.
Por el momento, se aguarda la publicación de la norma en el Boletín Oficial, un paso formal que habilita la presentación judicial, mientras las organizaciones avanzan en una estrategia propia que prioriza la solidez del proceso por sobre los tiempos administrativos. El bloque actor hará las presentaciones formales apenas los tiempos sean los indicados para ello y comunicará a la brevedad al público.
“Este Día de la Tierra nos encuentra en acción por la defensa de la Ley de Glaciares. Estar cerca del millón de firmas no es un éxito simbólico sino una clara demanda ciudadana para que el Estado garantice el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas frente a intereses extractivos de corto plazo” manifiestan las organizaciones que lideran la iniciativa.
En un hito sin precedente, la demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares alcanza, en menos de 15 días, 900.000 adhesiones individuales. En las próximas semanas, la demanda será llevada a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país.
Especialistas internacionales en glaciología y disciplinas afines enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para expresar su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un contexto en el que los glaciares se están deteriorando a un ritmo acelerado —registrando los mayores niveles de pérdida en las últimas dos décadas y contribuyendo a un aumento del 21% del nivel del mar—, los especialistas llaman a mantener la ley sin modificaciones que debiliten su alcance.
En la carta, los especialistas advierten que los ambientes periglaciales son uno de los componentes más críticos del sistema hidrológico. En este sentido, señalan que, de aprobarse la reforma, podría ponerse en riesgo el acceso al agua potable para más de 7 millones de personas, así como provocar la pérdida de reservas de agua, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas frente a sequías prolongadas, afectar los caudales de los cursos de agua y reducir la resiliencia hídrica en regiones que ya atraviesan crisis de agua.
La Ley N.º 26.639, Ley de Glaciares de la Argentina, “Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, fue la primera de su tipo a nivel mundial. En la carta, los especialistas explican que “la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial y establece un estándar uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino”.
La reforma de esta ley intenta transferir la facultad de decidir si un área glaciar debe ser protegida o no a la jurisdicción donde se encuentra el glaciar, en lugar de mantenerla en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El objetivo de la reforma es habilitar el acceso a más áreas glaciares para la actividad minera, específicamente para la extracción de litio destinado a la producción de baterías. “Esto reemplazaría una metodología científica por decisiones basadas en oportunidades económicas y políticas”, agregan los expertos.
La reforma ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. A pesar de la intención del gobierno de acelerar su aprobación, el proceso quedó atravesado por una audiencia pública sin precedentes, que superó las 100.000 personas inscriptas, convirtiéndose en la más grande registrada hasta el momento y evidenciando el nivel de preocupación social en torno al debate.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron una medida cautelar urgente ante la Justicia Federal con el objetivo de garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares.
Las organizaciones firmantes -la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), con la adhesión de miembros de asambleas ciudadanas socioambientales de Santa Fe, Mendoza y San Juan- solicitaron mediante esta acción legal que se asegure la intervención oral sincrónica, presencial o virtual, de todas las personas inscriptas en la audiencia, así como la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las jornadas previstas para los días 25 y 26 de marzo, tanto en su modalidad presencial como virtual.
Las organizaciones pidieron que se establezca un cronograma de audiencias públicas que garanticen el principio de oralidad y la participación social integral y efectiva de la totalidad de las personas inscriptas previo al trámite parlamentario y el debate en el recinto del mencionado proyecto de ley. En este sentido, buscan que se asegure un proceso participativo conforme a los estándares legales vigentes, incluido el derecho constitucional a un ambiente sano y de los compromisos asumidos por el Estado argentino, en particular a través del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.
La reciente decisión de las autoridades de las comisiones intervinientes de limitar la participación a la presentación de videos grabados y publicados en una plataforma privada y comercial modifica sustancialmente las condiciones originales de la convocatoria y restringe el derecho a la participación ciudadana, ya que altera el formato bajo el cual miles de personas se inscribieron y es previsible que reduzca la cantidad de participantes efectivos, dado que no todas las personas que no puedan intervenir en los días previstos enviarán sus presentaciones en video.
La medida judicial advierte que, bajo el esquema actual de una audiencia limitada a sólo dos días, sólo una proporción mínima de las más de 85.000 personas inscriptas podrá participar. Se estima que este plazo sólo permitirá la participación de aproximadamente 200 personas, es decir, menos de un 0,3% de las inscriptas, lo que “desnaturaliza el mecanismo de audiencia pública y vacía de contenido el proceso participativo”.
“La magnitud de la participación ciudadana refleja el interés público en el debate sobre una norma clave para la protección de los glaciares y el acceso al agua. Este proceso debe estar a la altura de ese interés y garantizar condiciones reales de participación”, señalaron desde las organizaciones.
Entre los puntos solicitados a la Justicia, se destacan:
garantizar la participación oral de las personas inscriptas,
ampliar la duración o cantidad de audiencias para asegurar dicha participación,
evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra,
y asegurar que el proceso cumpla con los principios de publicidad, transparencia y participación efectiva.
Finalmente, advirtieron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. También agregaron que el desarrollo de la Audiencia Pública forma parte del debido proceso y es un derecho, no representa una exigencia o concesión por parte de las autoridades de la Cámara
El número de personas inscriptas para participar de la audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares es histórico. Sin embargo, no tardaron en aparecer irregularidades en el proceso de inscripción que generan dudas respecto de las medidas que se tomarán para garantizar el derecho a expresarse de las más de 30.000 personas anotadas.
Es por eso que, distintas organizaciones de la sociedad civil presentamos un pedido de información al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando se informe cuántas personas están inscriptas, quiénes moderarán la audiencia, el orden real de inscripción, el cronograma de exposiciones, cuántas personas participarán de manera presencial y cuántas de forma virtual y si habrá veedores independientes.
El pedido está basado en el principio de máxima participación pública, presente en el propio reglamento de audiencias públicas y en el Acuerdo de Escazú.
Algo es claro: la participación no puede ser limitada arbitrariamente, participar es un derecho amparado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
La modificación a la Ley 26.639 “promueve una reforma sin estudios técnicos, sin fundamento ni dictámenes científicos e incluso con la ciencia en contra”, sostiene el autor. Y enumera nueve motivos más que resultan regresivos para un planeta con estrés hídrico.
Nos encontramos ante una semana crítica. Un punto de inflexión en la protección de nuestros bienes comunes: De prosperar la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), se formalizaría el mayor hito regresivo de nuestra corta historia ambiental reciente: el inicio de la destrucción de los glaciares y del ambiente periglacial.
Estaríamos, ni más ni menos, ante la modificación de la ley mundialmente reconocida por proteger nuestras reservas sólidas de agua dulce contenida en masas de hielo, que permanecieron cientos o millones de años allí, para que sea justo nuestra generación quien la ponga en riesgo.
Este punto de inflexión, por un lado resulta asombrosamente infundado e inconstitucional. La promueven solo las grandes empresas mineras, verdaderos artífices de este engendro, y lo efectivizan a través de sus testaferros, que ocupan los máximos cargos políticos de provincias particularmente interesadas como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Una incoherencia que prioriza los negocios ante la lógica de la supervivencia.
Esto no les gusta a los autoritarios. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Por el otro, la multiplicidad de argumentos para que no avance, brota tan transparente como agua de deshielo. Acá van 10 gotas de agua:
1 – En el resto del mundo, la ONU declara la”bancarrota hídrica”de un planeta que vivió a crédito. Ya no habla de crisis, sino de quiebra. Ello mientras el 2025 fue declarado por la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como el Año Internacional de Conservación de los Glaciares. Acá, vamos a total contramano.
2 – Jurídicamente esta expresa regresividad pone en riesgo el sistema de protección ambiental basado en leyes de presupuestos mínimos establecidos por nuestra cláusula (Art. 41 CN)m que establece con un criterio uniforme un piso de protección y las provincias pueden aumentarlo. Avanza, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vaciando de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”.
3 – Se promueve una reforma sin estudios técnicos, sin fundamento ni dictámenes científicos e incluso con la ciencia en contra. Es más, sin dictámenes jurídicos, e incluso, con la comunidad jurídica en contra.
4 – Avanza sin un debate serio, real. Por el contrario avanza sorprendentemente rápido para una ley de la trascendencia de la mencionada: En un lapso de solo 30 días, y en sesiones extraordinarias, se simula un debate, que esconde acuerdos espurios, cuando el sentido común evidencia la necesidad de tiempo y paciencia.
5 – Avanza entregando el poder a la propia Cámara Argentina de Empresas Mineras quien reconoce que los glaciares son relevantes. Y por eso manifestó “su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”. Claro que en muchos cuentos, el lobo dice que va a cuidar a las ovejas, y luego, sin poder controlar su voracidad innata, se las termina comiendo.
6 – Avanzan a sabiendas de la inseguridad jurídica que se genera. Las falencias de este proceso, resultan tan evidentes, que la judicialización ante una eventual sanción resulta irrenunciable.
7 – Avanza de forma incoherente con los acuerdos internacionales. Prácticamente a la par del tratamiento de la ley de Glaciares, el Congreso convertirá en ley el acuerdo Mercosur UE, que contiene diversas cláusulas ambientales: Las partes acordaron un texto contundente comprometiéndose a implementar eficazmente el Acuerdo de París y a cooperar en la interfaz entre comercio y cambio climático”. (Página 15). Por un lado, se les quita protección a los glaciares, testigos y termómetros inconsultos del cambio climático.
Es sabido que a mayor temperatura del planeta menos glaciares. Argentina, por un lado firma un acuerdo en el que se compromete a cumplir el acuerdo de París y por otro avanza en la profundización de la matriz fósil (causa del CC) y por si fuera poco pretende quitarle protección a los glaciares.
8 – Utilizan el cuestionamiento de la “relevancia hídrica” de un glaciar, omitiendo otras influencias en materia ecosistémica y de diversidad, igual o más relevantes que la importancia como reservorio de agua, omitiendo además, que nos encontramos ante un bien común que no se regenera.
9 – Avanzan con un modelo que pone el agua al servicio de intereses privados y debilita cada vez más, la capacidad de decidir sobre nuestros territorios. Si bien las provincias tienen el “dominio originario” de los recursos que estén en su territorio, eso no los convierte en dueños ilimitados de los bienes comunes.
10 – Ataca directamente a la ciencia, ya que minimiza el rol del IANIGLA como organismo técnico-científico independiente para tomar decisiones fundadas. Traslada esa potestad a los organismos ambientales de las provincias, de dudosa credibilidad.
Es claro que no estamos ante un hecho aislado, sino ante la posible coronación de una política que no reconoce grietas partidarias, y que implica además de una continuidad, una aceleración de políticas públicas con impacto ambiental extremadamente negativo.
Ante el ataque sistemático, hay un llamado a la acción concreto: coherencia, y responsabilidad de parte de quienes dicen representarnos en el Congreso para con las generaciones futuras. Son días clave, no todo esta perdido ni cerrado. La defensa del agua en todas sus formas es también la defensa de la vida y el futuro común.
Tras la media sanción del proyecto que modifica la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en la Cámara de Senadores el pasado jueves 26 de febrero, diversas organizaciones ambientales solicitaron a los diputados y diputadas de la Honorable Cámara de Diputados la apertura de un proceso participativo, abierto, inclusivo y federal que contemple la convocatoria a una audiencia pública.
La solicitud fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.
Las organizaciones remarcaron que la discusión sobre la protección de los glaciares no es un debate técnico restringido a especialistas, sino una decisión que impacta directamente en el acceso al agua, la producción y la vida de millones de personas en todo el país, por lo que debe garantizarse el derecho de la ciudadanía a informarse, opinar y ser escuchada.
Las organizaciones expresaron preocupación ante la posibilidad de que el proyecto avance con un trámite acelerado, como ocurrió en el Senado, y que la audiencia pública se reduzca a una instancia meramente formal. Señalan que una participación con plazos acotados o limitada en su alcance desvirtúa su objetivo: garantizar que la ciudadanía pueda informarse y expresarse de manera efectiva en decisiones ambientales de alto impacto.
La Ley de Glaciares es una norma de ordenamiento ambiental del territorio. Esto significa que establece límites y reglas para proteger a estos ecosistemas estratégicos que funcionan como reservas de agua dulce y reguladores del clima. Por su naturaleza, cualquier modificación debe respetar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación argentina y en los compromisos internacionales asumidos por el país.
La Ley de Glaciares constituye un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio destinado a proteger ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la regulación climática. En este sentido, el artículo 10 inciso e) de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) reconoce al ordenamiento ambiental del territorio como un instrumento clave de política y gestión ambiental.
El artículo 21 de la Ley General del Ambiente establece que la participación ciudadana debe asegurarse en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.
El artículo 7 del Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566 y con jerarquía superior a las leyes— obliga a garantizar la participación pública en procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo. En particular, el inciso 5 de dicho artículo exige que los procedimientos contemplen plazos razonables que permitan una participación efectiva e informada.
Las organizaciones subrayan, además, que el propio proyecto de reforma cita expresamente al Acuerdo de Escazú y reconoce la necesidad de cumplir con una instancia participativa durante su tratamiento en el Congreso.
En este contexto, advierten que avanzar en el trámite legislativo sin garantizar un proceso de información y participación pública podría configurar un supuesto de ilegalidad y derivar en la nulidad del procedimiento, por incumplimiento de la normativa vigente y de los estándares de democracia ambiental.
Por ello, solicitan formalmente que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental.
La protección de los glaciares y del ambiente periglacial involucra un bien común estratégico como el agua dulce, y su eventual modificación no puede resolverse sin escuchar a quienes dependen de ella hoy y en las próximas generaciones.
En el día de hoy, la Cámara de Senadores de la Nación otorgó sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), una iniciativa que reduce el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas fundamentales de agua dulce.
El proyecto habilita actividades productivas y extractivas que pueden afectar la integridad y el funcionamiento natural de estos ambientes -incluida la minería-, comprometiendo la disponibilidad de agua para millones de personas y para numerosas economías regionales que dependen de cuencas alimentadas por glaciares.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es una política pública clave para la seguridad hídrica del país y un estándar ambiental reconocido internacionalmente. Su debilitamiento representa un retroceso ambiental grave, incompatible con los principios de protección progresiva del ambiente y con los desafíos que impone la crisis climática.
En este contexto, las organizaciones sociales y ambientales abajo firmantes instan a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a rechazar el proyecto de modificación y preservar una ley fundamental para el presente y el futuro del país. Lo que está en juego no es solo una norma ambiental, sino la protección del agua, los territorios y la vida de millones de personas.
Firman
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Una nueva trampa que mantiene los retrocesos para la protección de los glaciares y periglaciales
(DICTAMEN OD 700/25 CON MODIFICACIONES)
Declaración conjunta en base a las modificaciones del Dictamen OD 700/25 del Senado Nacional que modifica la Ley 26.639 (Ley de Glaciares)
En base al borrador que circula en ámbitos legislativos con modificaciones al dictamen, queremos dejar en claro que el proyecto mantiene las inconstitucionalidades. Tan desprotector y regresivo como el dictamen original. Se mantienen todas las objeciones que hicimos en varios documentos, tanto constitucionales como científicas.
Justamente, la mayoría de las críticas presentes en el documento “Artículo por artículo, los fundamentos legales, científicos y ambientales para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares”, elaborado por 30 organizaciones de la sociedad civil, continúan vigentes. Son cambios meramente cosméticos. La metodología cuestionada permanece inalterada respecto del dictamen original y se mantiene la regresividad ambiental.
En cuanto al agregado en el artículo 3 bis del Dictamen —“sobre la base de estudios técnico-científicos”— (para desafectar un glaciar o un ambiente periglacial de la protección de la ley), se mantiene exactamente la misma lógica que el dictamen original, ya que seguirá siendo una facultad exclusiva de un funcionario provincial de cualquier rango, de manera unilateral, y aún contradiciendo al IANIGLA. Además, la nueva redacción no establece ninguna especificidad ni alcance de esos “estudios técnicos científicos” que se mencionan genéricamente.
La modificación propuesta sobre el artículo 7° del Dictamen, en relación a la Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (N° 25.688), es una redundancia legislativa. Esa ley ya existe y no es necesaria ninguna remisión: debe cumplirse (es como decir que van a cumplir con un artículo del Código Civil).
Además, es una especie de confesión de que la afectación será interjurisdiccional, como venimos manifestando desde el principio: de afectarse un glaciar o un ambiente periglaciar se afectará a más de una jurisdicción, lo que acentúa la imposibilidad de la decisión unilateral de una provincia sobre su destino.
En efecto, se abandona el “federalismo de concertación” por uno de “fragmentación”, donde cada jurisdicción puede fijar sus propias pautas de protección, ignorando que el ambiente y las cuencas hídricas no reconocen fronteras políticas.
La aprobación de este proyecto de ley, aun con estas últimas modificaciones, alteraría el objeto de protección de la Ley 26.639 para reducir los niveles de tutela ambiental actualmente vigentes, habilitando así la expansión de actividades económicas —particularmente la minería de gran escala— en áreas que hoy están protegidas por su importancia estratégica para la provisión y regulación del agua tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades productivas.
En un contexto marcado por la falta de recursos hídricos a nivel global, una creciente crisis climática y por el retroceso sostenido de los glaciares en todo el mundo, resulta indispensable reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que impulsaron la sanción de la Ley de Glaciares y que hoy desaconsejan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección establecidos por la normativa vigente.
Estos estándares constituyen un resguardo crítico frente a la pérdida de reservas hídricas estratégicas y a la degradación de los ecosistemas de alta montaña, y su debilitamiento acarrearía impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible.
Sin glaciares, no hay agua. Y sin agua, no hay vida.
El día de mañana, 26 de febrero, comienza el tratamiento en el Congreso de la Nación de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. La Ley 26.639 es una norma clave para preservar glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua de una enorme porción del país.
En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa.
La reforma pretendida pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.
Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino.
Por eso, volvemos a llamar públicamente a las y los senadores a rechazar cualquier intento de modificar la Ley de Glaciares y a mantener la protección plena de glaciares y ambientes periglaciares. Les pedimos que asuman su responsabilidad institucional y que actúen a favor del agua, las familias y la vida.
Las organizaciones abajo firmantes reafirmamos que la Ley de Glaciares no se negocia. Defenderla es defender el agua, la vida y el futuro de nuestras comunidades.
Firman:
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Greenpeace Argentina
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Círculo de Políticas Ambientales
Aves Argentinas
Agencia ACERCA
Asociación Civil Capibara: Naturaleza, Derecho y Sociedad
Estamos en medio de la emergencia desatada por los devastadores incendios forestales que azotan nuestras tierras. Por eso, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo categórico hacia las regresiones ambientales que se intentan avanzar, incluidas la Ley de Manejo de Fuego y de Control de Quema, en el marco de la Ley Ómnibus.
En un contexto de crisis climática, con récords de sequías y altas temperaturas, avanzar en la derogación de leyes como la de manejo de fuego y quemas es un grave retroceso. La crisis ambiental y sus desafíos requieren de una intervención activa y coordinada por parte de autoridades nacionales, provinciales y locales para garantizar el cuidado de nuestros bienes comunes y la salud de la población.
La lógica mercantilista, basada únicamente en la rentabilidad y la explotación desregulada de los ecosistemas, ha demostrado una y otra vez ser totalmente ineficiente y perjudicial para el ambiente y las comunidades. El rol del Estado es protagónico a la hora de establecer y promover políticas ambientales sólidas, que puedan sentar los primeros pasos hacia una verdadera justicia ecosocial.
La situación en las áreas afectadas, como el Centinela dentro del Parque Nacional Los Alerces, el Alto Río Percy, y el Arroyo Crettón en el Parque Nacional Nahuel Huapi, refleja la urgencia de fortalecer nuestras leyes ambientales en lugar de debilitarlas. Los incendios actuales son una clara muestra de por qué es imperativo mantener y reforzar la estructura institucional y social que es capaz de ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de catástrofes.
Los incendios forestales requieren de una acción coordinada de los organismos estatales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. La precarización laboral, falta de recursos y la intención de derogar el presupuesto mínimo destinado a combatir estos desastres ambientales representarían una enorme negligencia de cara a los escenarios que, científicos y especialistas, vaticinan para estos ecosistemas.
La flexibilización de las acciones de quema y la derogación de prohibiciones en el cambio de uso del suelo después de un incendio son medidas inaceptables. Que benefician solamente a ciertos sectores de alto poder adquisitivo que pueden realizar negocios sobre las tierras arrasadas, y van en detrimento de la población que depende de estos ecosistemas para su salud y bienestar.
Desde nuestras organizaciones, exigimos a los/as diputados/as nacionales que rechacen categóricamente las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y otras normativas ambientales. La preservación de nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestras comunidades precisa de estructuras que trasciendan a los intereses particulares. La defensa de los bienes comunes y la preservación de nuestro patrimonio natural son cuestiones que trascienden cualquier agenda política o económica.
La mirada vigilante de toda la sociedad está puesta en este momento crucial sobre ustedes.
