Archivos de categoría: Comunicados

Comunicados oficiales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dirigidos a prensa, medios especializados, funcionarios públicos en todos sus niveles, activistas y otros integrantes de la sociedad civil.

datacenters en chubut

Chubut: exigimos detención de la ley que promueve megacentros de datos y pone en riesgo el agua, la energía y los territorios

La Legislatura aprobó un régimen de promoción tecnológica que incluye centros de datos mientras siguen sin conocerse el consumo de agua y los impactos del megaproyecto Atlas GigaHub (un proyecto de IA), anunciado para Trelew. Desde AAdeAA-CAJE cuestionamos que se avance con incentivos y acceso a tierras sin responder los pedidos de información ni garantizar la participación de las comunidades. Exigimos el cumplimiento de las obligaciones de prevención, transparencia y protección de los bienes comunes.

Buenos Aires / Chubut, 19 de noviembre de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial rechazamos la ley de promoción tecnológica aprobada por la Legislatura de Chubut el 12 de noviembre. El régimen incorpora centros de procesamiento de datos entre las actividades promovidas y crea herramientas de financiamiento público para estas actividades. Esta decisión acompaña el impulso del gobierno de Ignacio Torres a la instalación de megacentros de datos, mientras permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre sus consecuencias para el agua, la energía y los territorios.

Chubut está en emergencia hídrica y promueve una infraestructura cuyo consumo de agua todavía se desconoce. El 6 de agosto, la propia Legislatura reconoció que el descenso de los caudales compromete el abastecimiento de agua potable y la producción, y declaró la emergencia por un año. Esta situación obliga a priorizar las necesidades de la población, la protección de las cuencas y la continuidad de las actividades que dependen de ellas antes de incorporar nuevas demandas de gran escala.

El proyecto Atlas GigaHub, de la empresa polaca Green Capital, anuncia hasta 3.000 megavatios de potencia destinada a equipos informáticos. Esa cifra equivale aproximadamente al 10% del pico de demanda eléctrica de toda la Argentina registrado en febrero de 2025: 30.240 megavatios. A la demanda de los servidores se agregaría la de refrigeración y los demás sistemas necesarios para el funcionamiento del complejo.

La empresa afirma que utilizará refrigeración líquida con recirculación para reducir sus requerimientos de agua. Sin embargo, todavía debe informar cuánto necesitará en cada etapa y de qué fuentes la obtendrá. También anuncia generación eléctrica propia, almacenamiento y respaldo a gas. Estas previsiones deben someterse a una evaluación ambiental integral, que contemple el conjunto de las instalaciones, sus impactos acumulados y su compatibilidad con la disponibilidad de agua en la provincia.

La falta de información alcanza a las decisiones del Gobierno. El Ejecutivo sigue sin responder el pedido de informes aprobado por la Legislatura en agosto sobre el emprendimiento. Tampoco se ha puesto a disposición de la ciudadanía información suficiente sobre el memorándum firmado con Green Capital y el estado de los trámites ambientales. El acceso a esa información es un derecho reconocido por la legislación argentina y el Acuerdo de Escazú, y constituye una obligación exigible a las autoridades.

La promoción económica no reemplaza los permisos ambientales ni habilita por sí misma el uso del agua o la ocupación de los territorios. La Ley General del Ambiente exige evaluar los impactos de las obras susceptibles de degradar los ecosistemas antes de su ejecución. Sus principios de prevención y precaución obligan a adoptar medidas para evitar daños: frente al peligro de afectaciones graves o irreversibles, la falta de certeza científica no puede utilizarse para postergar la protección.

La propia compañía explicó que el complejo estará destinado principalmente a prestar servicios a empresas internacionales de inteligencia artificial. Esto exige precisar qué beneficios verificables quedarán en Chubut, qué obligaciones asumirán las empresas y quién responderá por los costos territoriales de una infraestructura orientada a la exportación. Las promesas de inversión y empleo deben traducirse en compromisos públicos, precisos y controlables.

También cuestionamos las facilidades para acceder a tierras fiscales y la ausencia del Pueblo Mapuche Tehuelche en el Consejo Asesor previsto por el régimen. La condición fiscal de las tierras no elimina los derechos de quienes las habitan. Toda decisión susceptible de afectar directamente a comunidades indígenas debe garantizar la consulta previa, libre e informada. Advertimos, además, sobre el riesgo de que la inclusión de servicios geológicos y de prospección permita destinar incentivos públicos a actividades vinculadas con la exploración minera.

Exigimos la publicación del memorándum, los estudios ambientales y las necesidades de agua y energía del Atlas GigaHub; la respuesta a los pedidos de información pendientes; y la revisión del régimen aprobado mediante un proceso de participación pública efectiva. Reclamamos que las autoridades se abstengan de autorizar obras o usos del agua sin cumplir las evaluaciones, los permisos y las instancias de participación y consulta que correspondan.

Chubut necesita una política científica y tecnológica al servicio de sus comunidades. El agua, la energía, los territorios y el presupuesto público deben responder a esas necesidades. La obligación del Estado es proteger los bienes comunes y garantizar los derechos de la población frente a intereses empresariales que pretenden comprometerlos por décadas.

Argentina LNG: exigimos que Río Negro no apruebe un proyecto con estudios de impacto ambiental incompletos

En la audiencia pública realizada en Sierra Grande, cuestionamos la evaluación fragmentada del megaproyecto de gas natural licuado que busca instalarse en el Golfo San Matías. Advertimos sobre graves deficiencias en los estudios ambientales, riesgos para las ballenas y los ecosistemas marinos, y la falta de participación efectiva de las comunidades afectadas.

Sierra Grande, Río Negro, 18 de noviembre de 2026.

El 16 de noviembre, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA/CAJE), participamos de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a las empresas Eni y XRG. Nuestra representante, María Di Paola, presentó una serie de observaciones técnicas y legales y solicitó que la provincia de Río Negro no apruebe los estudios de impacto ambiental presentados, por considerar que no ofrecen información suficiente para evaluar las consecuencias del proyecto.

Argentina LNG contempla la construcción de un gasoducto y un poliducto desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, un complejo industrial para el tratamiento del gas y la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Su desarrollo se sumaría a otros proyectos de exportación de combustibles fósiles en la región, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy (SESA).

La audiencia, que se extendió durante los días 16 y 17 de noviembre, fue convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Sin embargo, cuestionamos que se realizara apenas diez días antes de la fecha prevista para una eventual decisión final de inversión de las empresas.

Participar de la audiencia no significa legitimar un procedimiento que presenta graves deficiencias en materia de información y participación ciudadana.

Los cuatro estudios de impacto ambiental presentados suman aproximadamente 11.400 páginas de documentación técnica. Desde su publicación hasta la audiencia, una persona habría tenido que leer alrededor de 250 páginas diarias para revisar la totalidad de la información.

El problema no es solamente la cantidad de documentos. Aunque las distintas instalaciones dependen unas de otras para funcionar, sus impactos fueron evaluados por separado. Esta fragmentación impide contar con una visión integral de las consecuencias de transformar el Golfo San Matías en un nuevo polo industrial de exportación de hidrocarburos.

Tampoco se presenta una evaluación suficiente de los impactos acumulados junto a VMOS y Southern Energy, proyectos que compartirían una misma región costera.

Advertimos que estas deficiencias vulneran las garantías de acceso a la información y participación ciudadana establecidas en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Ballenas, biodiversidad marina e impactos sin evaluar

Nuestra revisión identificó importantes vacíos e inconsistencias en los estudios presentados.

Los relevamientos de biodiversidad se realizaron solamente durante el verano y el invierno. Se omitió la primavera, una época fundamental para la reproducción de aves y reptiles, y para la presencia de ballenas francas australes junto a sus crías en el Golfo San Matías.

También detectamos problemas en los estudios de contaminación sonora. Para el complejo industrial se establece un área de influencia de 500 metros mar adentro, pero sus propios modelos identifican posibles daños auditivos temporales en ballenas hasta 21 kilómetros de distancia. Por otra parte, el estudio de ruido submarino de los buques de licuefacción no incorpora el ruido generado por el propio buque.

Los estudios también presentan deficiencias en la evaluación de las descargas de agua utilizadas para enfriar las instalaciones. Los cambios de temperatura y salinidad podrían alterar la circulación de nutrientes y afectar la supervivencia de huevos de peces.

Estos impactos adquieren especial relevancia en un golfo donde la pesca artesanal y el turismo dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, los estudios no evalúan en profundidad las consecuencias de las actividades proyectadas sobre estos sectores.

Durante la audiencia también denunciamos deficiencias en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. La Lof Leufuche, afectada por la traza del gasoducto, se enteró de la visita de la consultora encargada de los relevamientos el mismo día en que se realizó.

A pesar de estas situaciones, los estudios afirman que existe licencia social. Uno de ellos reconoce que excluyó deliberadamente a organizaciones opositoras por una decisión metodológica, mientras que otro utiliza la supuesta aceptación social como argumento para justificar la ubicación del complejo industrial, sin aportar evidencia suficiente.

También señalamos la falta de participación de organismos públicos relevantes y de las autoridades de Chubut, pese a que el área de influencia indirecta del proyecto alcanza espacios protegidos de esa provincia, como Península Valdés.

En materia climática, los estudios presentan cifras contradictorias y no evalúan adecuadamente las emisiones frente a los compromisos internacionales de la Argentina. Según los datos declarados en el estudio del buque licuefactor, las emisiones previstas por el proyecto representarían un incremento equivalente al 177 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Río Negro.

Sierra Grande ya conoce las consecuencias del auge y cierre de grandes emprendimientos extractivos. La historia de la actividad minera en la localidad muestra la importancia de evaluar no solo las promesas de inversión y empleo, sino también las responsabilidades de las empresas y del Estado a largo plazo.

Por eso, solicitamos a la autoridad provincial:

  • No emitir la Declaración de Impacto Ambiental sobre la base de los estudios actuales.
  • Exigir una evaluación unificada de los cuatro componentes del proyecto y de sus impactos acumulativos con VMOS y SESA.
  • Realizar relevamientos ambientales durante un ciclo anual completo.
  • Garantizar un proceso de participación que incluya a todas las provincias afectadas y una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.
  • Responder de manera pública y fundada a todas las observaciones presentadas durante la audiencia.

La Ley General del Ambiente establece que la autoridad debe fundamentar y hacer públicas sus decisiones cuando se aparta de los resultados de la participación ciudadana.

Glaciares

Escándalo judicial: dejan fuera las pruebas y el respaldo de 850.000 personas contra la reforma de la Ley de Glaciares

La demanda fue impulsada por FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas territoriales de todo el país y recibió más de 850 mil adhesiones ciudadanas.

A más de seis meses de haberse presentado la acción judicial colectiva más grande de la historia contra la reforma de la Ley de Glaciares, el juez federal de La Pampa Juan José Baric continúa con maniobras dilatorias y negando un efectivo acceso a la Justicia.  Ahora decidió unificarla con la causa iniciada por el gobierno de La Pampa, y “restringió” la acción, sus argumentos jurídicos, las pruebas y las adhesiones de más de 850.000 personas que acompañaron la demanda.

Buenos Aires / Santa Rosa,    noviembre de 2026. — Más de 850.000 personas acompañaron con su firma la demanda colectiva histórica presentada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con organizaciones y asambleas territoriales de todo el país y referentes sociales, para proteger los glaciares y las reservas estratégicas de agua frente a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 27.804). Medio año después de su presentación, el Juez Federal todavía mantiene sin respuesta las medidas cautelares urgentes solicitadas para evitar daños ambientales irreversibles, y no se ha pronunciado sobre el planteo de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. A esta falta de respuesta se suma una serie de decisiones procesales arbitrarias que ponen en riesgo el avance de la demanda colectiva, dejan al expediente en estado de  incertidumbre y generan una situación de denegación de Justicia.

La acción de amparo ambiental colectivo —tramitada bajo el expediente denominado Esquivel (FBB 5866/2026) ante el Juzgado Federal de Santa Rosa a cargo del juez Juan José Baric— fue presentada el 5 de mayo de 2026 por asambleas socioambientales y organizaciones de la sociedad civil para reclamar la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y suspender su aplicación en todo el territorio nacional. Tras meses de demora y dos pedidos de pronto despacho realizados en agosto y septiembre, el 8 de octubre el magistrado declaró la conexidad de la causa con el expediente iniciado por la provincia de La Pampa.

El 12 de noviembre, ante un escrito que había sido presentado por el equipo legal de la demanda colectiva en el que se reclamaba resolver sin más dilaciones las cautelares propias sin supeditarlas al trámite de La Pampa, el juez Baric informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento, ordenó restringir la totalidad de dicho expediente, y remitió a los demandantes a actuar en la causa pampeana.

Sin embargo, las organizaciones encontraron que la demanda colectiva, sus argumentos jurídicos, la prueba técnica aportada y las firmas de más de 850.000 ciudadanos y ciudadanas no figuran incorporados en el expediente electrónico de La Pampa. Hoy, en términos operativos, el reclamo colectivo en defensa de los glaciares quedó en una situación de incertidumbre judicial, sin garantías claras de que sea efectivamente tratado, algo inaceptable en un estado de Derecho.

Las organizaciones demandantes reclaman una explicación inmediata por parte del Juez Federal y que se dé lugar al reclamo para que se proteja el agua, realizado por 850 mil personas ante la justicia . 

La acumulación de hecho con la causa de La Pampa —donde la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó en septiembre el rechazo de la cautelar provincial— no debería convertirse en un atajo formal para dejar sin revisar una demanda con fundamentos, partes y pruebas específicas que nunca fueron evaluadas. El expediente de las organizaciones contiene documentación técnica sobre amenazas concretas e inmediatas en la cordillera; como los riesgos que el proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), representa para el glaciar de escombros GE110, en la provincia de San Juan.

Resulta inaceptable que un reclamo colectivo de esta magnitud enfrente nuevos obstáculos formales mientras los proyectos extractivos avanzan y los pedidos de protección judicial de los glaciares y las reservas estratégicas de agua llevan medio año esperando una decisión. En materia ambiental, el tiempo procesal no es neutro: cada mes sin tutela judicial efectiva expone ecosistemas glaciares y periglaciares a intervenciones irreversibles.

En el día de ayer los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio mediante el cual solicitaron al juez que revierta su decisión de archivar el escrito presentado en octubre y restringir el acceso al expediente. En caso de que el magistrado rechace el pedido, solicitaron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Frente a esta situación, las organizaciones, asambleas y la ciudadanía que impulsan la demanda exigen que se respete el derecho a acceder a la Justicia, el acceso pleno y la incorporación efectiva de la demanda, sus fundamentos, toda la prueba documental aportada y las adhesiones de más de 850.000 personas, garantizando su tratamiento; que se deje sin efecto la restricción del expediente; que se resuelvan inmediatamente las medidas cautelares pendientes y que se garantice el tratamiento efectivo de todos los planteos de la demanda colectiva, aun cuando se tramite junto con la causa iniciada por La Pampa.

El Poder Judicial tiene la obligación institucional de garantizar la transparencia del trámite, restablecer el acceso al expediente original y asegurar el tratamiento efectivo del reclamo colectivo.

Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

Ambientalistas solicitan a la Corte Suprema la suspensión inmediata de los desmontes en el norte

Fotos:

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2026.- Greenpeace Argentina, con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva en forma prioritaria el pedido de una medida cautelar para suspender los desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. En la presentación, realizada en el marco de la llamada “Causa Yaguareté”, la organización reclamó además la convocatoria a una audiencia pública. 

El escrito presentado al máximo tribunal informa que entre enero y septiembre de 2026 en el norte de Argentina se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos: Santiago del Estero 35.368 hectáreas, Salta 20.122 hectáreas, Chaco 9.339 hectáreas y Formosa 8.395 hectáreas. Y advierte que la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques “ponen en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco argentino”. (1)

La documentación presentada muestra que “gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con el área señalada por los científicos como crítica para la conservación del Yaguareté en el Gran Chaco” y que “las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta no tuvieron en cuenta este trabajo científico, permitiendo que la deforestación avance sobre territorios claves para la conservación de la especie”.  

Las pruebas aportadas alertan a la Corte Suprema sobre la gravedad que implica el desfinanciamiento y los cambios a la Ley de Bosques propuestos por el gobierno nacional: “aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10% de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”. 

Finalmente, se solicita al máximo tribunal que utilice el mismo criterio que en la causa “Árbol de Pie” por la Ley de Tierras, donde reconoce expresamente “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno”. Este fundamento se utilizó para adoptar una medida interina para asegurar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables, y por lo tanto la presentación sostiene que es “obligación de los Sres. Ministros aplicar ese mismo criterio en un caso de extrema sensibilidad como el presente donde se persigue evitar la extinción de nuestra panthera onca”.  

Frente a este escenario, Greenpeace destacó la importancia de la participación ciudadana y recordó la convocatoria a ser parte de la “República de los Siete Bosques”, una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas.

Antecedentes de la “Causa Yaguareté”:

En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco argentino, y violar lo establecido por la Ley de Bosques. Se reclama Deforestación Cero en los territorios que habita la especie, protegida por ley como Monumento Natural Nacional.

La denuncia apunta a la realización de recategorizaciones prediales de los ordenamientos territoriales para permitir más deforestación; la autorización de desmontes para ganadería en zonas protegidas; la realización y actualización de ordenamientos territoriales que permiten deforestar en territorios que habita la especie; y la reducción de los fondos para control de desmontes ilegales, prevención y combate a incendios y promoción de la conservación de bosques. 

Greenpeace presentó en 2021 una medida cautelar solicitando al máximo tribunal la suspensión de los desmontes en esas provincias hasta tanto resuelva el tema de fondo. Por su parte, en 2022 la Corte Suprema anunció que realizará una audiencia pública sobre este caso, y al año siguiente declaró su competencia en la causa. 

Nota:

  1. Escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2026/11/a37181f8-yaguarete-presentacion-a-corte-noviembre-2026-final-1.pdf 

Medida histórica en Chaco: la Justicia Federal crea un equipo interinstitucional para hacer cumplir la cautelar contra “La Mafia del Desmonte.

La medida cautelar que prohíbe los desmontes en el Chaco sigue vigente y ahora tendrá un mecanismo concreto para hacerse cumplir. El Juzgado Federal de Resistencia N° 1 dispuso la conformación de un “Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco”, integrado por la Fiscalía Federal, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales y las autoridades ambientales y forestales.

                                        Buenos Aires / Chaco, 3 de noviembre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa penal conocida como “Mafia del Desmonte”, celebramos esta medida histórica de la Justicia Federal. 

Tras la audiencia interinstitucional realizada hoy, el Juzgado Federal de Resistencia N° 1 a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger creó un equipo para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada en agosto de 2024 y que luego de un largo derrotero que incluyó la Cámara de Casación Penal fue restituida en su plena vigencia el 22 de septiembre de 2026 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. 

La medida cautelar vigente suspendió los desmontes en toda la provincia, incluidos los permisos autorizados y no ejecutados y los nuevos que pudieran otorgarse. Esa prohibición no se toca, y desde hoy, además, el Estado tiene la obligación concreta de coordinar la labor estatal con la participación activa de la querella que impulsó la denuncia -AAdeAA-  para en forma efectiva  hacer cumplir en el territorio la prohibición de desmonte vigente.

El “Equipo de Coordinación Interinstitucional” creado reúne en un canal directo y permanente al Ministerio Público Fiscal Federal, a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, a las autoridades forestales del Chaco, a la Autoridad Ambiental Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a Gendarmería Nacional, cada uno de ellos tendrá un referente responsable de la ejecución inmediata de acciones en el terreno ante la detección de un desmonte.

Compartirán información satelital y alertas tempranas, incluidos los reportes quincenales del sistema nacional de alerta de deforestación, para identificar zonas prioritarias y coordinar verificaciones territoriales. 

Además, la Justicia Federal ordenó a la Gendarmería Nacional, con conocimiento del Ministerio de Seguridad Nacional, reforzar los recursos destinados a la vigilancia, el monitoreo, el patrullaje preventivo y la detección temprana de desmontes en el Chaco. Deberá sumar personal, vehículos aptos para zonas rurales, drones, georreferenciación e imágenes satelitales, con atención primaria a las zonas con desmontes recientes denunciados, las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos.   

Ante un posible desmonte, la comunicación deberá ser inmediata a la Dirección de Bosques; si los hechos pudieran constituir delitos o incumplimientos de la cautelar, también a la Fiscalía Federal. La resolución pide además a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad provincial reforzar personal, vehículos, drones y herramientas de georreferenciación, y exige a la Dirección de Bosques y a la Fiscalía informes trimestrales ante el Tribunal.

Una prohibición sin control queda a merced de quienes la violan, y en esta causa ya denunciamos desmontes durante la vigencia de la cautelar. Por eso, integrar este equipo nos permitirá intensificar el control sobre el cumplimiento de la medida y prevenir los desmontes con mayor eficacia. 

Esto es central en una causa que investiga a funcionarios provinciales, y como ya advirtió la Cámara Federal de Casación Penal, el control de los desmontes no puede quedar librado a los mismos organismos bajo investigación. 

A partir de ahora, las alertas podrán circular por un canal directo que comparten la Fiscalía, las fuerzas federales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas como parte querellante, con informes periódicos al Tribunal.

LA CAUSA PENAL SIGUE AVANZANDO

La causa contra la Mafia del Desmonte sigue avanzando gracias a la organización social y territorial, al conocimiento científico y a decisiones judiciales como esta, que se niegan a normalizar la entrega de los bosques al negocio del desmonte. Vamos a usar cada herramienta de esta resolución para enfrentar a las topadoras que avanzan clandestinamente sobre nuestros bosques nativos y para exigir controles en las rutas por donde circulan camiones repletos de madera nativa, muchos de ellos con destino a las tanineras. Seguiremos en los territorios y en los Tribunales, defendiendo los bosques y todo el ecosistema del gran Chaco.

BASUREROS PETROLEROS: LA JUSTICIA DEMORA EL INICIO DEL JUICIO Y DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dejó sin efecto la probation que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa por los basureros petroleros de COMARSA. Al mismo tiempo revocó la decisión que había rechazado definitivamente ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. Hoy ninguno de los tres imputados tiene probation. Pero la posibilidad de suspender el juicio sigue abierta.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió que la suspensión del juicio que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa COMARSA queda sin efecto. Al mismo tiempo, anuló la decisión posterior del Tribunal de Impugnación que había rechazado de manera definitiva ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. La resolución significa que al día de hoy ninguno de los tres imputados tiene suspendido el juicio, pero la posibilidad de que accedan nuevamente a ese beneficio sigue abierta. La discusión deberá realizarse otra vez y de manera individual para cada uno de los acusados: Luis, Basilotta y Ponce.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas consideramos importante que el Tribunal haya confirmado que tanto nuestra querella como el Ministerio Público Fiscal tenían derecho a recurrir la suspensión del juicio. Las defensas sostenían que no estábamos habilitados para cuestionarla. El fallo rechaza esa interpretación y reconoce nuestra intervención en una discusión central para garantizar que las causas ambientales puedan llegar efectivamente a juicio.

También quedó sin efecto la decisión adoptada en marzo por el juez Yancarelli, que había concedido la suspensión del juicio a los tres imputados bajo condiciones que fueron cuestionadas por ser confusas, incompletas y contener montos sin una definición clara. Esa resolución ya no constituye el punto de partida del proceso.

El Tribunal Superior también dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Impugnación que había rechazado directamente la posibilidad de otorgar ese beneficio. Por eso, la discusión no terminó. Otro juez deberá analizar nuevamente si corresponde suspender el juicio para cada imputado. La resolución también ratificó que la oposición formulada por el Ministerio Público Fiscal había sido fundada y razonable y rechazó el planteo de las defensas que pretendía declarar nulo lo actuado por la falta de intervención de la Fiscalía de Estado. Además, la apertura a juicio dispuesta el 18 de agosto sigue vigente.

La causa por los basureros petroleros de COMARSA continúa formalmente encaminada hacia un juicio oral y público, aunque ese juicio todavía puede volver a ser puesto en riesgo. Se investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la industria petrolera, gasífera y del fracking. Después de más de seis años de investigación, se reunió una enorme cantidad de prueba documental, testimonial, técnica y pericial destinada a determinar las responsabilidades por uno de los mayores basureros petroleros vinculados a Vaca Muerta.

Como venimos sosteniendo desde el comienzo el pueblo neuquino tiene la necesidad de que se realice un juicio público para saber la verdad. Después de seis años de investigación, la sociedad neuquina tiene derecho a conocer la prueba, escuchar a los testigos y especialistas y saber cómo fue posible acumular semejante volumen de residuos peligrosos. Volver a abrir la posibilidad de suspender el juicio prolonga una discusión que debería estar saldada. Como planteamos anteriormente la probation en este contexto es equivalente a impunidad, implicaría que una causa de esta magnitud pueda cerrarse sin juicio, sin pena y sin condena por los hechos investigados.

Vamos a participar de la nueva audiencia y a sostener nuevamente que este caso debe llegar a juicio oral y público. La suspensión concedida en marzo cayó. La apertura a juicio sigue vigente. Ahora la pelea es para que ese juicio efectivamente ocurra.

Mercados de carbono: rechazamos el proyecto aprobado por el Senado que prioriza el negocio sobre la acción climática

El Senado dio media sanción a una ley que promueve la comercialización de créditos de carbono, mientras Argentina continúa sin una política climática actualizada. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA-CAJE) rechazamos el proyecto y advertimos sobre sus riesgos para los territorios, los ecosistemas y las comunidades.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2026.

El pasado 29 de octubre, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley para regular los mercados de carbono en Argentina. La iniciativa permite comercializar créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas. Estos mecanismos pueden ser utilizados por empresas para compensar sus emisiones sin necesariamente reducir la contaminación que generan sus propias actividades.

El problema de fondo es que comprar créditos de carbono no equivale a reducir emisiones en origen. Los mecanismos de compensación pueden permitir que grandes empresas contaminantes continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios. Además, estos sistemas presentan riesgos de especulación financiera, acaparamiento de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas.

El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la comercialización de créditos, incluidos diez años de estabilidad fiscal y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Al mismo tiempo, eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional previstos en el proyecto original, que buscaban resguardar reducciones para el cumplimiento de las metas climáticas argentinas.

Resulta contradictorio impulsar un mercado internacional de emisiones mientras el país no cuenta con metas climáticas actualizadas ni una estrategia clara para reducirlas. La Argentina tampoco puede subordinar la protección de sus bosques, humedales y otros ecosistemas a su capacidad de generar créditos comercializables.

En agosto, desde AAdeAA-CAJE acompañamos una carta colectiva dirigida al Senado que reclamaba abrir el debate legislativo, incorporar la participación de organizaciones, comunidades e instituciones científicas y establecer garantías para los territorios y sus habitantes. Estas preocupaciones siguen vigentes.

Rechazamos la aprobación de este proyecto en las condiciones actuales y reclamamos que la Cámara de Diputados abra un debate público, amplio e informado. Una verdadera política climática debe priorizar la reducción directa de emisiones, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática.

Glaciares

La demanda por la Ley de  Glaciares, acompañada por 850.000 personas, aún espera respuesta de la justicia

Buenos Aires, 8 de octubre de 2026 .- El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, referentes sociales y cientos de miles de personas, presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del Juez Juan José Baric, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. La magnitud del reclamo fue inédita: se reunieron más de 850.000 adhesiones a la demanda en menos de dos semanas, provenientes de todo el país. Esa movilización expresó un reclamo social masivo para defender los glaciares y el agua frente a una reforma que eliminó su protección real.

Cinco meses después de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicación de la reforma sigue sin respuesta de fondo por parte de la justicia.

Con la demanda, se solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la regresiva reforma en todo el país mientras se resuelve la cuestión de fondo y evitar que, durante ese tiempo, se dicten autorizaciones o avancen proyectos capaces de producir daños irreversibles sobre los cuerpos glaciares y las cuencas. 

Mientras esa respuesta seguía pendiente, el riesgo dejó de ser una advertencia teórica. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan. En la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares. Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación judicial, que advertía la urgencia del caso, y solicitaron una medida cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Ese pedido tampoco recibió una respuesta.

Recién hoy, 8 de octubre, más de cinco meses después de presentada la causa, el Juzgado se declaró competente para intervenir. En la misma resolución, y con excesivo rigor procesal, el juez Juan José Baric cuestionó distintas presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan esta acción, entre ellas las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, y referentes de la Asamblea de Jáchal. Estas observaciones podrían dejar fuera del proceso a referentes y organizaciones que forman parte del reclamo colectivo, incluso a personas directamente vinculadas con la defensa de la Ley y de los territorios afectados. Esto resulta especialmente preocupante en una causa que nació y se sostiene justamente por su carácter colectivo y por la participación de comunidades de todo el país.

A más de cinco meses del inicio de la demanda, la causa continúa hoy sin avances sustanciales. Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron. Lo que por su naturaleza urgente requería una respuesta rápida, en el Juzgado del juez Baric lleva ya casi medio año. 

El escenario es de especial preocupación porque, pese al tiempo transcurrido y a la presentación de dos pronto despachos, el juzgado aún no se ha expedido sobre las medidas urgentes solicitadas. Esta demora no puede analizarse al margen de los principios de prevención y precaución, que en materia ambiental exigen una respuesta judicial oportuna y proactiva de la justicia frente a la existencia de riesgos que pueden derivar en daños irreversibles que, además, comprometen derechos de incidencia colectiva. 

La regresiva Ley 27.804 sigue vigente y el proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI. En la presentación judicial, las organizaciones advirtieron que, si el Glaciar GE110 perdiera su protección antes de una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho. 

Más de 850.000 personas acompañaron este reclamo. Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza. La causa tiene que avanzar sobre su cuestión central: la constitucionalidad de una reforma que debilitó la protección de los glaciares y del agua. Y mientras eso se resuelve, las medidas cautelares deben ser tratadas con la urgencia necesaria para evitar que la respuesta judicial llegue cuando el daño ya sea irreversible.

Río Paraná y la hidrovia

Denunciamos ante la Justicia que la licitación de la mal llamada “hidrovía” está cargada de irregularidades y pedimos suspender el procedimiento

El Gobierno avanzó con decisiones que pueden transformar de manera permanente el río Paraná sin contar previamente con una evaluación ambiental integral, con participación efectiva de las provincias y con las garantías de transparencia que exige una obra de esta escala. Es por eso que hemos ampliado la denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentamos una nueva ampliación de la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades en el proceso de licitación de la denominada Vía Navegable Troncal del río Paraná.

La denuncia original fue presentada en octubre de 2025 y ampliada en diciembre de ese año, después de la audiencia pública del 3 de noviembre. En esa audiencia, más del 90% de las personas expositoras se manifestó contra el proyecto en los términos planteados. Dentro de ese rechazo, alrededor del 60% advirtió sobre el impacto en el acceso al agua potable. También hubo cuestionamientos por los efectos sobre la biodiversidad, la pesca artesanal, la apicultura, el turismo, los usos recreativos y el corredor biocultural que acompaña al Paraná.

A inicios de Octubre 2026, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas ratificó y amplió en segunda oportunidad y en su totalidad, la denuncia penal presentada contra los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependientes del Ministerio de Economía, involucrados en la maniobra oportunamente descripta, como en la ampliación de la misma formulada en fecha 12 de diciembre de 2025, actualizando el estado de situación en torno a los hechos de gran relevancia que ocurrieron luego de nuestra primera y segunda presentación ante la Procuraduría.

Volvemos a cuestionar la fraudulenta audiencia del 3 de noviembre de 2025 bajo el título de “Informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal”  y el avance hacia la licitación pública en el contexto de mayor artificialización de la denominada ahora, vía navegable troncal (VNT), en el río Paraná, demostrando que los funcionarios involucrados en representación del Gobierno Nacional, ejecutan la firme decisión de continuar por el camino de las manifiestas ilegalidades denunciadas, expuestas, así mismo, en el último Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como en los precedentes, sin dudas negados e ignorados intencionalmente por dicha autoridad (ANPyN), significativa como sostenidamente, vulnerando derechos humanos fundamentales e incurriendo en la probable comisión de los delitos que oportunamente denunciamos, todo lo cual queda finalmente expuesto con la total negación por parte de la autoridad denunciada, de todas las observaciones, críticas y análisis formulados en aquella audiencia, como en la diversidad de presentaciones realizadas ante la PIA en representación del Ministerio Público Fiscal. 

En nuestra segunda presentación realizamos un resumen de las exposiciones centrales de los participantes, quienes en forma casi unánime expresaron fundadamente su repudio, oposición crítica a cualquier escenario de mayores profundizaciones y ampliaciones de los canales de navegación,  poniendo de manifiesto la falta de estudios serios para hacerlo, aportando desde todos los sectores de la sociedad civil, tanto académicos, populares, religiosos, como también desde organismos públicos de control, como la impecable presentación tanto oral como escrita por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como la alarmante intervención de la Presidente Municipal la ciudad de Victoria, Entre Ríos, denunciando la grave afectación al derecho humano de acceso al agua potable que causan las obras ya ejecutadas como lo agravarían las planificadas. 

Destacamos y reiteramos la total ausencia de la máxima autoridad ambiental nacional, como de las provincias, del PIECAS como escenario interjurisdiccional del Delta en cuanto a la  gestión sustentable del mismo, la negación de todo tipo de material de investigación, estudios, dictámenes por parte de la Administración de Parques Nacionales, frente a la existencia de los mismos en aguas inmediatas arriba de toda la mega cuenca inferior intervenida y ahora convocada a su mayor y mas grave artificialización, como son los parques nacionales del Pre Delta (Entre Ríos) y de Islas del Delta en Provincia de Santa Fe. Más aún siendo las mismas en un área aún mayor, SITIO RAMSAR, es decir, declarado Humedal de importancia Internacional y por lo tanto, el punto focal Nacional de la Convención RAMSAR, fue totalmente negado por las autoridades directamente intervinientes denunciadas, como por el absoluto silencio de las máximas autoridades políticas del Área  Ambiente de la Nación. 

Casi la totalidad de los expositores impugnaron en el valor de su palabra, la propuesta estatal por ausencia de estudios de impacto ambiental (E.I.A) en su versión tradicional y menos aún el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica (EAE) como corresponde a la escala en tratamiento, visión de cuenca y su gestión democrática con los principios del derecho ambiental sobre la mesa de los políticos y técnicos ejecutores. 

Denunciamos frente a la Procuración (PIA) el agravamiento de todo este contexto por la gestión groseramente concentrada en la ANPyN, y la brutal inexistencia de visión y gestión de Cuenca, la constitución institucional de un Comité de Cuenca y por falta de convocatoria del comité del PIECAS-DP, para integrarse desde el inicio del proceso de construcción de los términos de referencia de la Licitación.

En semejante contexto, el Estado argentino a través de la ANPyN, se arrogó múltiples facultades incompatibles, que con fin espurio estableció como marco referencial sujeto a consultas, una serie de documentos absolutamente inhábiles para la celebración de una audiencia pública de esas características. Como hemos expuesto, fue éste el grado de ilegalidad convocando a una audiencia para evaluar obras que carecen del documento técnico esencial para tal fin,  es decir carece de EIA, tal como surge objetivamente del sitio oficial de la ANPyN donde se exhibieron los documentos que integraban la Audiencia Pública.

No solo existe un negacionismo y exclusión de las competencias provinciales, tanto políticas como de sus autoridades ambientales, de los institutos especializados nacionales y su máxima autoridad ambiental, punto focal de las convenciones: RAMSAR, CAMBIO CLIMÁTICO, DIVERSIDAD BIOLÓGICA; como del  INA, CONICET, u órganos de control como la Defensoría del Pueblo de la Nación, etc, sino también agravada por la arrogancia y abuso en el ejercicio del poder gravemente concentrado, frente a la contundencia de los fundamentos de los  dictámenes de la propia PIA como representación especializada del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ni más ni menos. 

La AadeAA expone frente al Ministerio Público Fiscal, que esta conducta administrativa no se agota en una mera irregularidad sino que son una confirmación de las conductas penales que denunciamos. Los funcionarios involucrados incurren en figuras de falsedad ideológica de instrumento público (arts. 293 y 294 CP) y violación de deberes de funcionario público (art. 248 CP), al licitar una obra sin la base técnica y ambiental exigida por ley, comprometiendo la tutela del ambiente y el interés público. La omisión deliberada de la EIA, de su evaluación por la máxima autoridad ambiental concertadamente con las áreas ambientales provinciales del tramo nacional, de modo previo y la presunción administrativa de “inexistencia de riesgos” comprometen directamente la responsabilidad penal, administrativa y patrimonial de los funcionarios intervinientes.

Ahora, nos encontramos con el dictado de la Resolución 57/2026 AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN – la que convoca a un supuesto proceso participativo para la construcción de la normativa ambiental que acompañará las tareas de dragado en sus variantes en el marco de la nueva Licitación ya adjudicada, nuevamente a Jan de Nul. 

La misma ratifica la absoluta concentración de decisiones sobre el río, su cauce principal y canales alternativos con foco en dos tramos del sur de Entre Ríos, su sistema de humedales y ecosistemas asociados, a la discrecionalidad resolutiva en manos de la ANPyN, responsable política directa en el proceso previo de construcción de la Licitación y en esta nueva etapa que hemos denunciado de ilegal e inconstitucional, entre otras razones, se avanza en consolidar la misma su rol de autoridad ambiental única y por excelencia, negando las atribuciones constitucionales de las provincias ribereñas y de la máxima autoridad ambiental nacional. 

Hay anclaje legal totalmente ignorado por la ANPyN. La Ley 25.675 ordena atender las causas y fuentes de los problemas ambientales de forma integrada, fija como objetivo el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos junto con la coordinación interjurisdiccional, y su artículo 4 consagra la prevención: actuar antes de que los efectos acumulados vuelvan irreversibles, o desmesuradamente costosa, la recomposición.

Venimos requiriendo desde la AadeAA por distintas vías públicas y de acceso a la justicia, que para las decisiones de transformación estructural (profundidad, trazado, ancho, régimen de mantenimiento, nuevos canales), la realización de una evaluación ambiental estratégica o un instrumento equivalente. Su objeto son las políticas, planes, programas y decisiones de planificación, antes de que las decisiones particulares queden cristalizadas una tras otra. Debería considerar el funcionamiento hidrológico e hidrodinámico, el balance sedimentario, la calidad del agua y de los sedimentos, la biodiversidad y los humedales, las áreas protegidas, las pesquerías, las comunidades ribereñas, los efectos acumulativos, los escenarios climáticos y las alternativas de intervención.

En razón de lo denunciado hemos solicitado se formule requerimiento de instrucción penal ante el juez competente en el marco de la nueva licitación, ahora adjudicada.

Milei a contramano: el mismo día que la ONU discute cómo controlar la IA, el Presidente exige que nadie la regule

Milei quiere vender en la ONU una Argentina que no existe

Mientras el Presidente pedía una inteligencia artificial sin regulación en la Asamblea General de la ONU, en el mismo día y en el mismo edificio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para una reunión de alto nivel con las potencias y las empresas líderes del sector para discutir medidas regulatorias de seguridad para la IA.

Y mientras el Presidente promete una IA sin regulación, en la Argentina crecen la resistencia legislativa y política ante su proyecto de ley de empresas sin humanos y un Súper RIGI que pretende convertir al país en una guarida normativa para grandes corporaciones tecnológicas. Pero que el mundo y los magnates tecnológicos lo sepan: la sociedad no va permitir esta agenda autoritaria, inhumana y tecno-extractiva.

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2026.— Javier Milei volvió a la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar de un país que cada vez se parece menos al que viven los argentinos y las argentinas. Y esta vez el Presidente pretendió presentar la desregulación de la inteligencia artificial como sinónimo de progreso, justo en el mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para definir medidas para contener y desacelerar la IA y evitar riesgos existenciales para la humanidad.

La inteligencia artificial no necesita un Presidente que actúe como panfletero y propagandista de las corporaciones tecnológicas y de la agenda tecno-autoritaria. Necesita reglas democráticas, responsabilidad humana y controles públicos. Y Argentina necesita algo todavía más elemental: un Gobierno que vuelva a mirar el país real. Porque el país de verdad no es el que Milei describe desde la ONU. Es el que queda cuando termina el discurso.

“Milei quiere venderle al mundo una supuesta libertad tecnológica que, en la práctica, puede convertirse en una cueva jurídica para esconder responsabilidades. Si una sociedad automatizada puede tomar decisiones, contratar, administrar activos y producir daños, alguien tiene que responder. No existe innovación genuina cuando se construyen escudos de impunidad para que nadie responda por las decisiones tomadas por sistemas automatizados”, señaló Oscar Soria, cofundador y codirector del thinktank The Common Initiative, con sede en Nueva York.

“Argentina se merece un debate abierto, exhaustivo y abarcativo sobre la IA y una gobernanza propia. No podemos importar modelos que conviertan la tecnología en un escudo de impunidad”, afirmó por su parte Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la Asociación Civil Generas.

El problema no termina en el algoritmo. Los proyectos de infraestructura digital requieren agua, energía y territorio. Y el Súper RIGI busca establecer condiciones extraordinariamente favorables para grandes inversiones, generando objeciones técnicas y legales.

“El discurso de Milei, además de anacrónico, quiere trasladar la lógica del extractivismo a la era digital, con corporaciones con acceso privilegiado al agua y la energía y un Estado cada vez más limitado para proteger los bienes comunes”, sostuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, quien se encuentra en Nueva York esta semana participando de la Semana del Clima (Climate Week).

“En Argentina, los territorios desmienten el relato de Milei en Nueva York. Para las comunidades, la inteligencia artificial no flota en la nube: necesita agua, energía, tierra, infraestructura y decisiones que impactan sobre personas concretas. No queremos que nuestro país se convierta en una guarida normativa. Y que en cuanto a la regulación se institucionalice la opacidad, permitiendo que otros decidan y la ciudadanía pague las consecuencias”, dijo por su parte Florencia Gómez, directora de relaciones institucionales del CEPPAS.

Este mismo miércoles, mientras Milei pedía en el estrado de la Asamblea General que la IA siga sin ningún tipo de regla, el Consejo de Seguridad de la ONU se preparaba para sesionar en pocas horas una agenda diametralmente opuesta: una reunión de alto nivel sobre los riesgos de la IA para la paz y la seguridad global, con la participación confirmada de Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic), dos de los máximos responsables del desarrollo de esta tecnología a nivel mundial, junto al investigador Yoshua Bengio y al CEO de Hugging Face, Clément Delangue.

El propio sector que Milei presenta como aliado de su cruzada desreguladora fue el que se sentará hoy mismo ante el organismo más alto de gobernanza de seguridad global a pedir, precisamente, coordinación internacional y estándares de seguridad compartidos.

Mientras Milei habla ante el mundo, en Argentina se discute exactamente lo contrario: en el Senado se debate quién controla la IA, quién responde cuando un algoritmo produce un daño, qué ocurre con los datos, qué recursos naturales consume la infraestructura digital y qué derechos tienen las comunidades frente a esas decisiones.

La contradicción tiene una evidencia concreta. El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades incorpora sociedades automatizadas y DAO, pese a que más de treinta organizaciones reclamaron eliminar esas figuras y advirtieron sobre los vacíos legales que podrían generar. La propia discusión parlamentaria obligó al oficialismo a revisar su propuesta.

El problema es que el Gobierno pretende presentar estas reformas como parte de una supuesta carrera inevitable hacia el futuro, cuando incluso dentro de su propio espacio político y entre sus aliados parlamentarios existen objeciones y condicionamientos al proyecto de ley general de sociedades y al Súper RIGI.

El resultado es una paradoja: mientras Milei viaja al exterior a hacer propaganda de un país sin regulaciones, en el país real la sociedad civil, expertos, ambientalistas, comunidades y distintos sectores políticos discuten cómo evitar que esa desregulación convierta a Argentina en una guarida normativa.

Por mayor información:

Oscar Soria
Codirector y cofundador The Common Initiative
+1 415 217 9392
oscar@topsocial.org
(basado en Nueva York).

Enrique Viale
Presidente, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
+54 9 11 5120-7518
enrique@aadeaa.org.ar
(en Nueva York durante esta semana).

Micaela Sánchez Malcolm
Presidenta Asociación Civil Géneras
+54 9 11 6028-2510
micaela@generas.org.ar
(desde Buenos Aires).

Florencia Gómez
Directora de Relaciones Institucionales, CEPPAS
+54 9 11 64325200
flordelestero@gmail.com
(desde Buenos Aires).

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