Desde hace varios meses se viene desarrollando una preocupante escalada de hostigamiento contra el trabajo de quienes intervenimos en causas ambientales. Las agresiones se focalizan en el abogado Fabian Maggi, pero pretenden oscurecer la labor profesional y social de todos quienes accionan en la región de la cuenca del río Paraná en causas judiciales vinculadas a contaminación industrial, daño ambiental, protección del río y su delta, ecosistemas asociados, sus comunidades y la salud pública.
Se denuncia que el diario “El Norte” de San Nicolás, publicó notas bajo el título “La Mafia del Derecho Ambiental”, atribuyendo falsamente a abogados ambientalistas conductas delictivas, corrupción y vínculos espurios sin aportar pruebas, lo que sin margen de dudas exhibe la existencia de una campaña de estigmatización destinada a desacreditar y amedrentar a quienes intervienen en causas ambientales de interés colectivo. Paralelamente, cuestionamos al Colegio de Abogados de San Nicolás por mantener abierto un trámite disciplinario notoriamente infundado, considerado improcedente, y también por no brindar una defensa institucional clara frente a esas publicaciones agresivas, generando —según el texto— un grave precedente de persecución y falta de protección hacia defensores ambientales.
Normalizar, admitir que quienes intervienen profesionalmente en litigios ambientales contra grandes corporaciones económicos puedan ser simultáneamente objeto de denuncias disciplinarias infundadas, campañas de estigmatización pública y mecanismos de presión destinados a desalentar el ejercicio de la defensa judicial de derechos colectivos, resulta extremadamente grave al sentar un precedente institucional inaceptable.
En estos días se han manifestados diversos colegas del derecho y organizaciones socioambientales como de derechos humanos expresando la plena solidaridad para con el colega agraviado públicamente mediante el uso abusivo de un medio de comunicación relacionado de modo directo con los intereses económicos y políticos que por distintas causas ambientales fueron llevados a juicio ante el Poder Judicial por medio de las organizaciones que el abogado agraviado, Fabián Maggi, representa en diversos procesos ambientales que justamente cuestionan a esos poderes económicos políticos que son quienes controlan los medios de comunicación que se utilizan como instrumento para hostigar a los defensores ambientales.
Presentes, transitando un ejercicio de la ética del cuidado mutuo, no solo desde los abogados y abogadas que nos dedicamos en una vinculación amorosa con la madre tierra de la que somos parte vital, a la defensa de las diversidades ecológica, cultural y económica a escala humana, sino, además, convocando en estas horas a un diálogo de saberes populares y académicos para este cuidado respetuoso y apoyo incondicional para quienes son tratados de manera agresiva desde el abuso del lenguaje y el poder, que generan un mal ejemplo que nace desde los más altas esferas institucionales y que bajo ningún punto de vista vamos a tolerar.
Existe una brutal arrogancia cuando no se respetan los límites ni se reconocen las diferencias, que en última instancia, son las bases del respeto.
La gravedad institucional de estas seudo publicaciones periodísticas excede el plano personal. Este tipo de prácticas buscan desacreditar públicamente a quienes intervienen ejerciendo el derecho en litigios ambientales de interés colectivo y generar un efecto intimidatorio respecto del libre ejercicio profesional y la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales.
En el contexto expuesto, solicitamos el inmediato cese de todo acto de persecución contra Fabián Maggi; – el respeto irrestricto al Acuerdo de Escazú y el cumplimiento efectivo en la aplicación de las garantías que protegen a defensores ambientales; – el cese de toda forma de intimidación institucional o mediática contra abogados/as que ejercen la defensa de derechos colectivos; – y la defensa efectiva, real, del libre ejercicio profesional frente a campañas de estigmatización.
Defender el ambiente, litigar contra la contaminación y ejercer el derecho de expresión sobre causas ambientales no constituye una falta ética ni un delito, sino el ejercicio del deber expuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. El verdadero riesgo institucional es normalizar la persecución contra quienes denuncian daños ambientales y representan legalmente a comunidades afectadas que reclaman la plena vigencia del derecho humano a un ambiente sano.
Cuando se intenta silenciar a quienes denuncian contaminación, impactos sociales y ambientales negativos, representan judicialmente a comunidades afectadas, no solo se agravia a un profesional en particular, se debilita el acceso ciudadano a la justicia y el propio Estado de Derecho.
La empatía y ética ambiental que expresa Fabián Maggi en su labor profesional es un particular ejemplo de “… la condición previa para nuestra experiencia de habitar un mundo compartido, en la medida en la que proporciona aquella orientación sensitiva que en el ubunto sudafricano se expresa con particular belleza: “soy porque somos”.(Afectividad Ambiental (1))
Y así, en razón de que soy porque somos, La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE) se expresó frente al Colegio de Abogados de San Nicolás, en terminos similares, exponiendo los hechos, celebrando que el Doctor Fabián Maggi sea parte relevante del equipo de litigio estratégico de la Asociación que conformamos, manifestando nuestra total solidaridad y apoyo frente a semejante escenario de vulneración de los derechos constitucionales y convencionales expuestos.
Romina Araguas, Enrique Viale, Lucas Micheloud, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri, Gonzalo Vergez.
Miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE)
