La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una larga y fundada denuncia penal contra la senadora nacional Flavia Royón por la posible comisión de delitos contra la administración pública.
La causa (N° 1247/2026) recayó en el Juzgado Federal N°12 (Comodoro Py). La denuncia, de 25 páginas más anexos, alcanza hechos y delitos de extrema gravedad institucional: negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho, previstos en los arts. 256, 256 bis y 265 del Código Penal, en el marco de su actuación en cargos públicos estratégicos vinculados a energía, minería y litio, y su participación en empresas privadas del mismo sector.
Se trata de una funcionaria pública y actual senadora que, por los cargos que ocupó y por las relaciones empresariales que mantuvo y mantiene, actúa desde una posición de privilegio para favorecer intereses privados ligados a una serie de proyectos mineros, mientras interviene sobre decisiones públicas capaces de producirles un beneficio económico directo. De los dos lados del mostrador.
La incompatibilidad surge de un escenario objetivo. A partir del lugar de responsabilidad y poder ocupado como Secretaria de Minería y Energía de Salta, Secretaria de Energía de la Nación (gestión Alberto Fernandez), Secretaria de Minería de la Nación (gestión Javier Milei), Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio (provincias del NOA) y actualmente Senadora Nacional (Salta), Royón contó con acceso privilegiado a funcionarios e información oficial, además de capacidad de influencia sobre decisiones estatales, para luego obtener beneficios para sí y para las empresas a las que pertenece y representa. De ese modo, desvió el interés público y dejó desatendido su rol de garante de los bienes comunes.
Cargos públicos con poder de decisión y vínculos empresariales simultáneos
Flavia Royón ocupó durante los últimos años algunos de los cargos más sensibles de la política minera y energética argentina. Ese recorrido no es neutro. Desde esos cargos tuvo incidencia sobre políticas públicas, regulaciones, autorizaciones, articulación entre gobiernos y definición de prioridades para distintos sectores. Tuvo acceso a información estratégica, interlocución directa con empresas y capacidad concreta para orientar decisiones estatales.
Al mismo tiempo, la acusación penal reconstruye sus vínculos con Minenco SAS, Mineneco SAS y Zelandez, firmas privadas ligadas y proveedoras del negocio minero.
Una de las notorias incompatibilidades surge por su rol de directora en el holding minero Zelandez”, una empresa de tecnología minera que presta servicios para proyectos de litio y cobre, entre ellos servicios de modelización hidrogeológica y balances hídricos. Es decir: servicios técnicos directamente vinculados con la evaluación de territorios, agua subterránea, salares y ecosistemas sensibles donde avanzan proyectos extractivos.
Ese entramado de incompatibilidades no surge sólo del hecho de que sea, o haya sido, integrante del directorio de Zelandes , dado que también revela incompatibilidad el hecho de que la propia Senadora se presenta como “líder” de Minenco SAS, empresa que tiene domicilio fiscal, legal y real en el mismo que Flavia Royon declara como su domicilio “residencial” en otros documentos. Elemento que se suma al resto de las pruebas que permiten afirmar que en realidad existe una relación societaria y/o de titularidad, entre la senadora y las empresas Minenco SAS y Minenenco SAS, y de esa condición no se sale con una simple “renuncia” como si fuera empleado de la firma, por ello,el reproche penal es viable.
Ley de Glaciares: el vaciamiento de la protección para intereses privados
La acusación penal ubica uno de los hechos en el impulso dado por Royón al proyecto de reforma regresiva de la Ley de Glaciares en el Congreso Nacional. Mientras mantenía participación en empresas del sector minero, promovió una modificación legal que beneficia a proyectos hoy limitados por la protección de glaciares y ambiente periglacial.
Ese punto no admite ambigüedades. Royón debió excusarse. No podía intervenir en una reforma con efectos económicos directos sobre empresas, proyectos y cadenas de servicios con los que estaba y está vinculada. Sin embargo, intervino. Impulsó. Promovió. Votó.
La incompatibilidad es todavía más evidente cuando se observa el contenido de la reforma. El proyecto cuestionado habilita que determinados estudios técnico-científicos definan si una geoforma o un cuerpo de hielo merece o no protección legal. Ese criterio no es abstracto: abre la puerta a liberar territorios hoy protegidos para el avance de proyectos extractivos.
Zelandez presta justamente ese tipo de servicios técnicos: modelización hidrogeológica y balances hídricos para proyectos mineros. La reforma que Royón impulsó podía aumentar el valor, la demanda y la importancia de servicios que ofrece una empresa de la que formó parte.
Hemos identificado proyectos concretos y nombres concretos: una red de intereses empresariales con inversiones millonarias. Entre ellos aparece la empresa minera Río Tinto, señalada como cliente de Zelandez, propietaria del proyecto Los Azules, en San Juan, y el proyecto Rincón de Litio, en Salta, promovido bajo el RIGI, con una inversión estimada en más de 2.724 millones de dólares. Los Azules, de Rio Tinto, tiene diseñado su proyecto minero en San Juan en zonas con Glaciares y periglaciares prohibidas por la actual ley. Por eso su modificación regresiva la beneficia directamente. También se enumeran otros proyectos de litio y cobre en salares, humedales altoandinos y ambientes periglaciares donde la variable hídrica es decisiva.
La lista incluye desarrollos como Olaroz, Salar del Rincón, Arizaro, Tolillar-Hombre Muerto, Candelas y Hombre Muerto West, entre otros. No son nombres laterales. Son parte del mapa extractivo donde se cruzan agua, litio, salares, glaciares de escombros, ambiente periglacial y negocios multimillonarios.
El cuadro es claro: mientras desde el Estado y luego desde el Senado intervenía sobre las reglas del juego, Royón aparecía vinculada a empresas privadas que operan o asesoran en los mismos territorios, para los mismos sectores, sobre los mismos intereses.
Puerta giratoria: de la Mesa del Litio a las empresas privadas
Otro de los hechos denunciados es la superposición entre su rol público como Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio y su participación empresaria. La Mesa del Litio articula decisiones y estrategias entre Nación y provincias como Salta, Jujuy y Catamarca, donde se concentra buena parte del avance extractivo sobre salares y ecosistemas de altura.
Desde ese lugar, Royón no era una observadora. Era una funcionaria con capacidad de coordinación, acceso a gobernadores, ministerios, organismos técnicos y empresas. En simultáneo, integraba una empresa ligada a servicios para proyectos mineros. Esa concurrencia configura un cuadro de incompatibilidad grave y un posible uso de la función pública para favorecer intereses privados.
La puerta giratoria no es un problema simbólico: es un mecanismo concreto de captura del Estado para intereses particulares.
Domicilios, sociedades y documentación bajo investigación
La denuncia también pide reconstruir el entramado societario, fiscal y patrimonial ligado a Royón y a las empresas involucradas. Se solicita información sobre Minenco SAS y Zelandez, su conformación, actividad, autoridades, movimientos y documentación interna. También se requiere información sobre declaraciones juradas patrimoniales, designaciones públicas, registros fiscales, cuentas bancarias y documentación societaria desde 2020 hasta la actualidad.
Además, se piden medidas para acceder a sedes comerciales y oficinas administrativas de las firmas involucradas, con el objetivo de obtener documentación sobre su funcionamiento, sus relaciones contractuales con mineras y el lugar ocupado por Royón dentro de esa estructura.
Ese punto importa porque la trama no se agota en un nombre propio. Lo que debe investigarse es una arquitectura de relaciones entre poder político, cargos públicos, directorios privados, estudios técnicos, proyectos extractivos e intereses económicos millonarios.
Está en juego la integridad de la función pública y la defensa de territorios estratégicos para el agua. Royón puso su banca pública, su trayectoria y su capacidad de influencia al servicio de proyectos que buscan remover límites legales para avanzar sobre glaciares, ambiente periglacial, salares y ecosistemas de altura.
Necesitamos representantes al servicio del pueblo, no de unos proyectos mineros. Porque defender glaciares, agua y territorios también exige denunciar a quienes convierten la función pública en plataforma de negocios privados.
