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YPF SIGLO XXI

La YPF del Siglo XXI

Enrique Viale para elDiarioAr

La YPF del Siglo XXI. – El Informe de 2021 del IPCC “debe ser como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta (…). Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles y transferir los subsidios de los combustibles fósiles a la energía renovable” dijo recientemente el Secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), una especie de “dream team” de científicos de todo el mundo, alertó en su informe del 2021 que “muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.”

Una planta de YPF. Télam

Por ello es que ya hace un tiempo los combustibles fósiles resultan parte del pasado, de la vieja economía. El colapso climático en que el mundo está inmerso por el uso de combustibles fósiles, principal responsable del calentamiento global y el cambio climático, ya no es una cuestión discutible. La certeza científica es total.

En este contexto la empresa YPF cumple 100 años el 3 de junio de este año. Emblema nacional que ha sido esencial en el Siglo XX para el progreso social, económico y material del país. Ha creado ciudades y pueblos enteros, ha dinamizado economías regionales y, por ello, en el imaginario social es vista como un orgullo nacional. Es que el famoso orgullo Ypefiano tenía una base real, además de casas, escuelas y barrios, construía tejido social. Parte del norte argentino y la Patagonia conocen bien la historia de esta empresa. Paradójicamente, son los mismos lugares donde se encuentran la mejor exposición solar (Norte) y perfectos vientos (Patagonia), ambos indispensables para las energías renovables.

La nefasta privatización, a manos de Repsol en la década de los 90`, significó un retroceso importante que pudo ser parcialmente revertido con la compra del 51% de las acciones de la Sociedad Anónima por parte del Estado en el año 2012. Pero a pesar de ello YPF nunca dejó de actuar como una empresa privada. El 51% del Estado no fue suficiente para cambiar la manera en que se maneja en el mercado, ni para evitar que fondos como Blackrock se beneficien de las consideraciones que se tiene sobre YPF por su capital estatal.

Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas pensamos que el rol de la YPF del Siglo XXI es fundamental para que la Argentina pueda iniciar una verdadera transición ecosocial, una salida ordenada y progresiva del modelo energético fosilista y extractivista que predomina. 

El contexto internacional es muy importante para saber cómo debiera ser una empresa de energía, con fondos estatales, en los tiempos que corren, donde los activos petroleros corren el riesgo de convertirse rápidamente en activos obsoletos. La Agencia Internacional de la Energía (IEA), de la cual no se pueden sospechar inclinaciones ambientalistas, publicó su escenario de cero emisiones netas y declaró que, en el recorrido compatible de limitar el aumento de temperatura global en 1,5°C (en comparación a los índices preindustriales) comprometidos en el Acuerdo de París:

  • “no se necesitan nuevos yacimientos de petróleo y gas natural más allá de los que ya están aprobados para desarrollar”
  • “no se necesitan muchas de las plantas de licuefacción de gas natural licuado (GNL) que están actualmente en construcción o en la etapa de planificación”
  • “no se necesitan grandes inversiones en nuevos oleoductos y gasoductos”

39 países e instituciones, que representan por lo menos $20 mil millones al año en financiamiento al petróleo y al gas, se comprometieron a finalizar su financiamiento público internacional a los combustibles fósiles. En el mismo sentido, 10 de las 38 aseguradoras principales se comprometieron a finalizar o restringir de alguna manera las suscripciones de nuevos proyectos de petróleo y gas.

La Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) es una alianza internacional de gobiernos nacionales y subnacionales que trabajan juntos para facilitar la eliminación controlada de la producción de petróleo y gas. Dirigida por los gobiernos de Dinamarca y Costa Rica, la alianza tiene como objetivo elevar el tema de la eliminación de la producción de petróleo y gas en los diálogos climáticos internacionales, movilizar acciones y compromisos, y crear una comunidad internacional de práctica sobre este tema. Ya tiene 8 miembros principales (Francia, Suecia, Irlanda, entre otras), 3 asociadas (Portugal, Nueva Zelanda y California) y 3 países amigos (Italia, Finlandia y Luxemburgo). BOGA es un importante primer paso; desde el seno de la ONU se comenzó a hablar concretamente de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero aún la legislación sobre la eliminación gradual es escasa. 

Por su parte, en los últimos años el costo de capital aumentó considerablemente para las empresas de petróleo y gas y disminuyó para la electricidad renovable: 

  • Solar fotovoltaica: -85 % 
  • Eólica onshore: -56 % 
  • Eólica offshore: -48 % 

El costo de las baterías disminuye aún más rápidamente. La energía eólica y la solar son las fuentes más baratas de la nueva generación para 2/3 de la población mundial.

En todo el planeta, desde el año 2016 se cancelaron 148 proyectos de petróleo o gas. El activismo y las protestas tuvieron un papel significativo para ejercer presión sobre los gobiernos. Según el Ipsos Global Advisor for the World Economic Forum (2022), más del 84% de las personas en el mundo está a favor de eliminar gradualmente la quema de gas, carbón y petróleo. En la misma encuesta el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables estuvo en el quinto puesto de las medidas ambientales.

Telam

Sin embargo los gastos de capital mundial en el sector del petróleo y el gas continúan: la inversión prevista en el suministro de petróleo y gas pero las 20 principales empresas productoras de petróleo y gas será de más de 930.000 millones de dólares en nuevos desarrollos hasta 2030 (contados desde el 2010). Si bien van en una leve curva descendente desde 2010 hasta la fecha, las tendencias recientes sugieren una posible reversión, sobre todo a partir de la guerra en Rusia. Así las empresas petroleras y de gas siguen operando de forma incompatible con los 1,5 grados comprometidos en París.

En resumen, según lo convenido en el Acuerdo de París, no hay absolutamente margen alguno para la expansión del petróleo y el gas. Los costos de la energía eólica y solar están disminuyendo, mientras que los costos de los combustibles fósiles están en aumento.

La cantidad de instituciones financieras y activos bajo gestión comprometidos con la desinversión de combustibles fósiles están creciendo de forma exponencial. Se han cancelado proyectos de petróleo y gas y se evitaron emisiones gracias al activismo en sus distintas formas. Los costos de las energías renovables están preparados para desestabilizar el sector de combustibles fósiles. Las desinversiones en gas, petróleo y carbón se están acelerando.

“La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína” declaró públicamente hace pocos días Gustavo Petro, el candidato presidencial de Colombia. En esta línea se destaca en su programa de gobierno, junto a Francia Márquez, la propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:

  • “Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
  • “Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
  • Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]

Proponen una transición gradual, justa y con suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 45% de las exportaciones de Colombia). La propuesta implica no solo cambios en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia.

Es un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la construcción de un nuevo paradigma, dejando por fin los combustibles fósiles en el subsuelo. Esta iniciativa contó con el apoyo de importantísimos referentes, activistas e intelectuales de todo el mundo como Vandana Shiva, Boaventura de Sousa Santos, Naomi Klein, Noam Chomsky y, de Argentina, Maristella Svampa, entre muchos otros y otras.

Petro y Francia en Colombia, como Boric en Chile, representan lo que algunos autores llaman “progresismos de 2da generación” en América Latina donde la problemática socioambiental se encuentra transversalmente en sus ideas de gobierno y no solamente como compartimentos estancos. 

Ahora bien, en este contexto, es el momento que la República Argentina pida, muy determinadamente, una compensación internacional por dejar el yacimiento Vaca Muerta bajo tierra y el mar argentino en paz. Un mecanismo similar se intentó hacer en Ecuador en el año 2007, bajo el nombre de “Iniciativa Yasuní” donde el entonces gobierno de Correa, a instancias de la sociedad civil, le pidió a la comunidad internacional una compensación económica por no explotar el petróleo en el biodiverso Parque Nacional Yasuní.

Si bien en ese momento la iniciativa no prosperó, ya ha pasado mucho tiempo, las cosas se han acelerado y lo que parecía imposible en ese momento hoy, con el colapso climático en acción, más los compromisos internacionales, empieza a tener verosimilitud. La deuda climática, es decir, la desigual responsabilidad de las potencias del Norte sobre el Cambio Climático, es otro hecho indiscutible. Es el momento que, desde el Sur, la reclamemos de forma concreta, real y tangible.

Con Maristella Svampa dijimos acá que “batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria (…) De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.” 

Tampoco podemos permitir ser nuevamente la zona de sacrificio, ahora en el altar de la “transición energética” del Norte global. Porque en realidad no estamos asistiendo a ninguna transición energética, sino más bien a una expansión energética. Más offshore, fracking, gas, más proyectos en los sures para alimentar el sobreconsumo del norte global.

No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, vertiginosa, de carácter corporativo y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. Pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.

Trabajadores petroleros capacitados en energías renovables. Esto debiera ser, quizá, la principal demanda de los sindicatos petroleros que deben entender que estamos en el ocaso de los combustibles fósiles. Estos sindicatos deberían ser los principales interesados en que sus asociados/as puedan mantener sus puestos de trabajo calificándose en las energías del futuro. 

La YPF del Siglo XXI resulta indispensable en este proceso. 

Como también lo es para la sustitución de importaciones, otro de los grandes desafíos de una verdadera transición energética justa. Necesitamos que la mayor cantidad posible de la infraestructura para las energías renovables (paneles solares, molinos eólicos, baterías de litio, etc) sea paulatinamente construida en el país y para ello se necesita un Estado, y una empresa con capital estatal, comprometida en generar este círculo virtuoso con la sociedad para sustituir importaciones. 

Por último, para los especialistas Pablo Bertinat y Jorge Chemes pensar el sector energético en términos de una transición socio-ecológica requiere:

  • Establecer plazos para cerrar el ciclo de los fósiles e ir a una matriz de fuentes renovables utilizadas sustentablemente. 
  • Establecer metas de reducción efectiva de la extracción y utilización de energía. 
  • Fortalecer la concepción de energía como derecho por sobre la concepción mercantil. 
  • Desarrollar procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. 
  • Establecer una fuerte acción contra la desigualdad energética, eliminación de la pobreza energética e inequidades de género. 
  • Democratizar las políticas energéticas.

Para todo ello la YPF del Siglo XXI tiene un rol fundamental. No perdamos la oportunidad histórica de convertirnos nuevamente, como lo fue la YPF del Siglo XX, en un faro regional de la economía del futuro. 

EV

mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking en Argentina – Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

Mitos y realidades sobre la aventura petrolera offshore

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale para El diario AR.

Las concesiones petroleras offshore sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación offshore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura offshore.

Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Mitos offshore

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras – poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación offshore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

El mapa de la zona del Mar Argentino en el que se autorizó la exploración de petróleo y gas

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas offshore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental.

Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza.

O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

El derrame de un tanque pequeño de petróleo llegó a las costas de las Islas de Salamis en Grecia en 2017. Greenpeace

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas offshore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del offshore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.