Los proyectos offshore de exploración y explotación de combustibles fósiles en el mar son una de las formas de expansión de los hidrocarburos que debe terminar cuanto antes para avanzar hacia una transición energética justa y popular.
Un colectivo que agrupa a cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales solicitaron una medida cautelar para garantizar la participación de la ciudadanía de Chubut en el debate por la realización del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.
Cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales se presentaron en el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Rio Negro, solicitando una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.
“La biodiversidad no entiende de fronteras y quienes trabajan por su conservación al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”, dijo Roxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas.
La planificación del oleoducto con las monoboyas en el Golfo San Matías fue posible debido a la modificación de la Ley 3308 que lo protegía. La reforma, a cargo de la Legislatura de Río Negro, fue realizada de manera inconsulta y vulnerando los principios de no regresión y de progresividad en las condiciones de protección ambiental incluídos en la normativa ambiental vigente, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La ley reformada otorgaba explícitamente protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos que produce la actividad petrolera, como la contaminación por hidrocarburos.
En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande, donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona, no sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático.
“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.
“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.
Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.
En una resolución contundente, el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata rechazó el pedido de la empresa petrolera Equinor, que buscaba cerrar la causa por la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la costa bonaerense, y además, la condenó en costas por los gastos del pedido. Este fallo se convierte en un hito para la defensa del Mar Argentino y protección de las costas, confirmando los argumentos presentados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y las organizaciones que impulsamos la causa. La misma fue iniciada en 2022 como respuesta a múltiples amparos que cuestionan la exploración sísmica y la explotación de petróleo y gas frente a las costas de todo el territorio argentino.
Equinor, a través de una solicitud de “abstracción”, intentó alegar que, dado que las actividades de exploración sísmica habían concluido, lo que impulsaba el proceso ya estaba terminado. Sin embargo, el juez Santiago Martín determinó que los permisos de exploración aún siguen vigentes, lo que habilita a la empresa a retomar las actividades en cualquier momento dentro del plazo estipulado. Además, se reafirmó que los amparos también incluyen cuestionamientos sobre la futura explotación, lo que mantiene la causa activa.
El fallo del juez Martín se basó en dos aspectos principales. En primer lugar, la causa no solo se refiere a la etapa de exploración, sino también a la posible explotación, que está legalmente conectada con la primera. Según el propio pliego de bases y condiciones, las empresas que descubran yacimientos pueden obtener concesiones de explotación, lo que podría tener graves consecuencias a nivel ambiental y social.
En segundo lugar, el juez subrayó que no hay elementos que confirmen que las actividades de exploración se hayan terminado de manera definitiva, ya que Equinor no ha formalizado ante la Secretaría de Energía su decisión de detenerlas o revertir las áreas concesionadas al Estado. Esto implica que la empresa aún puede reanudar las tareas de exploración.
Además del rechazo de su pedido, Equinor fue condenada a pagar las costas de este pedido. Esta condena refleja la fragilidad de los argumentos presentados por la empresa y representa una victoria significativa para las organizaciones que luchan por la defensa del ambiente y la soberanía costera. Al intentar cerrar el caso de manera prematura, Equinor no solo hizo un planteo jurídicamente débil, sino que también subestimó la seriedad del proceso judicial en curso.
Este fallo no cierra la puerta a futuras instancias judiciales, ya que el caso continuará bajo un proceso ordinario, lo que permitirá un análisis más profundo y detallado de los posibles impactos de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. En este contexto, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas seguiremos trabajando para garantizar que se respeten los derechos ambientales y sociales de las comunidades costeras y que se impida cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo la biodiversidad marina y los medios de vida de los habitantes de la región.
Llevando más de 200 mil firmas de las comunidades costeras desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, la activista argentina, Juliana Orihuela, participó de la Asamblea General de Accionistas (AGN) de la empresa estatal de Noruega, Equinor, para pedir un mar libre de petroleras. En la ciudad de Stavanger, la capital de la industria hidrocarburífera de ese país, hizo entrega de un documento que pesaba 7 kilos constatando la oposición a los desarrollos offshore de la compañía.
“Estoy aquí para instar a los accionistas a retirarse de nuestras costas y abandonar los proyectos offshore. He traído conmigo más de 200.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas argentinas que se han expresado en contra de estos proyectos offshore. No hay licencia social en Argentina para estos proyectos y que deberían retirarse”,
señaló Orihuela, proveniente de la ciudad de Necochea.
Equinor es la empresa que lidera la búsqueda de gas y petróleo en aguas ultraprofundas de la plataforma marítima de la Argentina, en la zona más crítica para la biodiversidad, que es el talud continental. Allí convergen corrientes subantárticas con las que vienen de Brasil, lo que convierte a esta zona del Océano Atlántico en un vergel de vida.
Este mes, la empresa noruega planea realizar la primera perforación en la llamada Cuenca Argentina Norte, un proyecto que se denomina “pozo Argerich”. A pesar del alto impacto ambiental, observadores de la propia industria petrolera ya han adelantado que es muy posible que el emprendimiento tenga un resultado financiero negativo, que no justifica su desarrollo.
Apenas se anunciaron los proyectos offshore, bajo el gobierno de Alberto Fernández, hubo gran resistencia social a los mismos, que se denominó Atlanticazo. Desde entonces, cada día 4 del mes, se realizan en las principales ciudades costeras marchas de protesta para denunciar los posibles impactos de la actividad, tanto de exploración como de posible explotación. Hay consenso científico sobre la afectación a especies únicas como ballenas, pingüinos, delfines y tiburones, tanto por el ruido como por la ocurrencia de derrames.
La quema de combustibles fósiles es la principal causa de las alteraciones en la atmósfera, que están cambiando el clima en todo el planeta. De desarrollarse esta industria en las aguas de la Argentina, recién comenzaría la producción en 2031, cuando el uso de hidrocarburos necesita reducirse drásticamente para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París (limitar la suba de la temperatura a 1,5 C), que fue suscrito tanto por la Argentina como por Noruega y es de cumplimiento obligatorio.
Equinor es considerada como un villano climático ya que apenas el 1 por ciento de sus inversiones están orientadas a energías limpias, mientras que el resto sigue concentrado en combustibles fósiles. La resistencia contra la expansión de la empresa no sólo se registra en la Argentina, sino que además, ocurre en la propia Noruega, en Canadá y el Mar del Norte. Y son todos miembros de la campaña Equinor Out.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas nos unimos al contundente llamado de todas las comunidades costeras por un #MarSinPetroleras y en rechazo al Pozo Argerich 1. Por un mar argentino para el bienestar de todos y todas.
Por eso nos sumamos al #Atlanticazo. Rechazamos enérgicamente al proyecto petrolero con el cual se pretende avanzar de manera absolutamente irregular. El Pozo Argerich 1 va a generar daños irreperables en nuestro ecosistema marino, consecuencias sociales y ecosistémicas para todas las comunidades costeras.
Hace más de dos años que damos esta batalla. Que denunciamos que quieren hacer pagar los impactos ambientales y sociales a quienes viven a lo largo de la costa. Pero a las grandes empresas les permitirán fugar divisas al exterior. Así lo evidencia el marco regulatorio actual, el cual solo puede llegar a empeorar si avanza la #LeyBases y las otras propuestas de un gobierno que niega la crisis climática y beneficia a las grandes petroleras.
Nuestro análisis sobre la economía del offshore: las ganancias son extranjeras
En la misma causa nos reconocieron el incumplimiento a los tratados internacionales que Argentina se comprometió. Prometimos reducir nuestras emisiones para el 2050, y con estos proyectos va a ser imposible lograrlo.
Demandamos la protección de nuestros bienes comunes; la construcción de alternativas energéticas para quienes habitan los territorios, a construir otras lógicas, otras redes regionales de economías para el bienestar de quienes están, no de quienes invierten. Asegurar que vamos a poder mirar a las generaciones venideras y saber que no las hemos traicionado ni condenado a transitar una emergencia ecológica y climática, mientras profundizamos la explotación petrolera.
Las organizaciones Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas alertaron sobre la inminente llegada del buque que realizará la perforación exploratoria, Valaris 17, que ya está rumbo a la ciudad de Mar del Plata. Se estima que llegue el próximo martes 23 de abril para comenzar con las operaciones de perforación exploratoria para determinar la existencia de hidrocarburos en el pozo Argerich-1, de la zona del Mar Argentino denominada Cuenca Argentina Norte.
Las organizaciones manifestaron su total preocupación por el comienzo de esta actividad en una zona clave para la cría y reproducción de especies del Mar Argentino, llamada el talud continental. El 4 de abril, realizaron una nueva presentación al Juzgado Federal N°2, mediante la cual se solicitó la reconsideración de la medida cautelar, rechazada en diciembre de 2023. Esa presentación se realizó en el marco del amparo sistémico presentado por Greenpeace, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y otras siete organizaciones civiles en enero de 2022.
La perforación exploratoria del pozo Argerich-1 sería la primera operación realizada en aguas ultra profundas en el Mar Argentino. Las organizaciones sostienen que estas empresas están yendo a ciegas a perforar el fondo marino del talud continental. Hay una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos que la actividad puede generar hacia dicha fauna y flora.
La decisión de la justicia de rechazar la medida cautelar el pasado diciembre, fue acompañada de nuevas solicitudes de información al Estado nacional y Equinor e YPF. Estas fueron realizadas, entre otras razones, por daño transfronterizo y comunicación oficial a Uruguay, para determinar la compatibilidad con los compromisos climáticos argentinos la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y la incompatibilidad con acuerdos internacionales en materia de cambio climático, como por ejemplo, el Acuerdo de París.
En cuanto a los impactos sociales y ambientales, las organizaciones sostienen que existen incongruencias y expresos reconocimientos de ausencia de información fundamental para el procedimiento. Muchos de ellos surgen de los propios documentos presentados por Equinor, YPF y el Estado Nacional.
Por ejemplo, el Estado Argentino dice: ““De modo que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y según informa el área competente de mi representado, no es posible determinar de manera inequívoca, la compatibilidad de las actividades del proyecto de referencia con los compromisos climáticos, toda vez que se debe evaluar el conjunto de la economía para el año de meta y estimar impacto en la totalidad de las categorías de emisión y absorción de GEI.” (pág. 184 de su contestación). Este reconocimiento comprueba la desatención del Estado frente a sus compromisos climáticos, y revela la falta de conocimiento y/o certeza científica que torna aplicable el principio precautorio, ya que es el propio Estado quien reconoce que no sabe si podrá cumplir con los acuerdos climáticos asumidos, si efectivamente, libera al ambiente 200.000 barriles diarios, tal como surge de estimaciones propias de las empresas.
La negativa a reconocer las graves implicancias ambientales de este proyecto y el escaso compromiso con respecto a los compromisos climáticos argentinos son de grave preocupación en un contexto de crisis ambiental global. A su vez, las organizaciones expresaron preocupación por la enorme cantidad de información recientemente incorporada al expediente, lo que demuestra que el avance de estos proyectos no se ha realizado de forma transparente, ni comprometida con el debido proceso. Desde la presentación de la acción específica contra el pozo exploratorio Argerich I en octubre de 2023, hasta la más reciente presentación del jueves 4 de abril de 2024, han surgido más de catorce mil páginas nuevas.
Ante los recientes avances en la causa concerniente a la exploración petrolera en el Mar Argentino
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se emitió una respuesta en la causa por el Mar Argentino frente a la acción de amparo ambiental. La causa cuestiona la validez del avance del modelo petrolero offshore en aguas ultraprofundas en nuestro país. Representa para un gran porcentaje de la población una batalla crucial por la defensa del Mar Argentino, de nuestras costas, de sus entornos naturales y de los derechos de las generaciones futuras.
La resolución cuestionada es la que otorga permisos a la exploración sísmica en la zona del Mar Argentino llamada Cuenca Argentina Norte. Esto representa una amenaza inminente para nuestras costas y ecosistemas marinos. Situada a meros 300 km de las costas de la ciudad de Mar del Plata, esta actividad propuesta por empresas como Equinor, YPF y Shell, es un golpe directo a dimensiones fundamentales para una sociedad social y ambientalmente justa. Representa un ataque a la soberanía argentina sobre su territorio y sobre sus aguas, una profundización de la matriz fósil en un contexto de crisis ambiental, una incapacidad de cumplir los compromisos climáticos argentinos en espacios internacionales y un detrimento absoluto para el avance hacia transición energética popular y justa que nuestro país merece.
Incluso, al día de la fecha, continúa la presión mediática constante en la cual se celebra la llegada de las embarcaciones para la explotación offshore, a pesar de que la causa sigue completamente en curso.
Desde la presentación de la acción específica contra el pozo exploratorio Argerich I en octubre de 2023, hasta la más reciente presentación del jueves 4 de abril de 2024, ha surgido información con la que la comunidad no contaba.
Dentro de los argumentos presentados por las empresas y el Estado, se encuentran datos realmente preocupantes. La falta de legitimación y la interpretación sesgada del principio precautorio son solo el comienzo de una lista de manipulaciones y omisiones flagrantes. Las confesas conversaciones a puertas cerradas entre el Estado y las empresas petroleras, previas a la emisión de los decretos y resoluciones en cuestión, son a su vez, evidencia de lo viciado que se encuentra este proceso. La ausencia real de una inversión que puede generar el llamado “derrame económico” ya que todo lo que invierten ahora es sísmica.
Análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore donde se demuestra la ausencia de “derramamiento de inversiones”
La reciente aparición de más de 14 mil páginas reflejan la falta de transparencia y responsabilidad que manejaron hasta ahora las empresas y el Estado. La negativa a reconocer las graves implicaciones ambientales de este proyecto y la escasa atención prestada al cambio climático son una afrenta a la sostenibilidad de nuestro planeta y una falta de justicia con las generaciones futuras.
Es necesaria una acción inmediata por parte de las autoridades judiciales para detener este atentado contra nuestro ambiente y nuestras comunidades. Apelamos a la responsabilidad de todos los involucrados en este proceso para hacer lo correcto y proteger nuestros bienes comunes.
La causa por el Mar Argentino
La causa cuestiona no solo la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que autoriza la exploración sísmica en la mencionada cuenca, asignada a empresas como Equinor, YPF y Shell. Se busca además que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones que dieron origen a la Ronda I, adjudicando áreas marítimas a múltiples compañías internacionales sin el debido proceso.
La respuesta presentada destaca los vicios administrativos en la motivación del acto, la ausencia de consideraciones ambientales en la normativa hidrocarburífera y las falencias en los estudios de impacto ambiental del proyecto Argerich. Además, se ha denunciado la falta de comunicación sobre el daño transfronterizo y el reconocimiento por parte del Estado de la imposibilidad de cumplir los acuerdos internacionales climáticos.
Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594
Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.
Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).
La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.
La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.
Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.
Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros.
Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental.
La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero.
Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional,la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas.
En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas.
Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas:
Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.
Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)
(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)
En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.
Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.
Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:
Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.
Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.
Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petrolerasy empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.
Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.
Compartimos el documento realizado el pasado 4 de noviembre en el Atlanticazo por el Mar Argentino de Puerto Madryn. El encuentro sirvió para compartir problemáticas y reclamos en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y en defensa del Mar Argentino. Nos reunimos junto a diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país para marchar y visibilizar la resistencia que se opone a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Compartimos estas reflexiones acerca de la unidad territorial y los derechos socioambientales de las comunidades costeras argentinas son de fundamental importancia para una justicia social y ambiental.
Documento del Encuentro Plurinacional ATLANTICAZO
4 de noviembre, PTO. MADRYN, CHUBUT.
El Atlanticazo, hijo del Chubutazo, nació el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización de la exploración sísmica en el Mar Argentino. Ahí nació la decisión de marchar los 4 de cada mes, como símbolo de resistencia y del NO PASARÁN que gritamos aún hoy.
El mar es uno solo, estamos acá para demostrar que la fragmentación de los territorios que nos quieren imponer es una fantasía de los gobiernos y sus funcionarios. Somos, de la cordillera al mar, un solo cuerpo-territorio.
En un nuevo día 4, nos convocamos en Pto. Madryn diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país donde compartimos las diferentes problemáticas y los reclamos comunes en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y del mar argentino. Estos espacios nos permiten recuperar la identidad como comunidad costera: ser habitantes de una costa, compartir el mar y los golfos nos da la fuerza, nos une. Debemos volver al mar, a sentirnos parte de él.
Durante la jornada nos encontramos, abrazamos, emocionamos y marchamos juntes a lo largo de la playa, buscando visibilizar los proyectos extractivos que quieren imponer desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con la total connivencia del poder judicial que mira para otro lado ante nuestros reclamos.
Mientras las causas en contra de las empresas y los intereses económicos se frenan y caen, la judicialización de la protesta y de les defensores ambientales se incrementa en todo el país al ritmo que el capitalismo extractivista necesita. En Chubut, un reciente fallo a 40 años de la democracia, absuelve a policías torturadores de vecines en el marco del Chubutazo, pero embarga y criminaliza a les defensores ambientales rápidamente. En Jujuy la dictadura minera y el gobierno fascista de Morales reprime al pueblo y procesa a un abogado ambientalista. Legislaturas sesionando a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, audiencias públicas armadas para habilitar proyectos ecocidas y no para garantizar la participación de las comunidades y la autodeterminación de los pueblos. Cámaras y Cortes judiciales completamente cooptadas por intereses políticos y económicos, instituciones científicas a disposición de las ganancias e intereses del poder corporativo, funcionaries a ambos lados del mostrador, operando para favorecerse y favorecer a sus socios empresariales.
Tenemos la experiencia y los antecedentes de 10 años de Vaca Muerta que, contrariamente a lo anunciado, no trajo divisas, ni desarrollo, ni empleo. Las comunidades están perdiendo sus casas producto de los sismos provocados por el fracking y sus territorios están siendo contaminados por los derrames y los deshechos. El avance de estos proyectos sobre los territorios marca una violenta continuidad de la matriz productiva, sin consentimiento, perpetuando así un modelo colonial de saqueo.
En este nuevo Atlanticazo participaron integrantes del 3er Malón de la Paz, compuesto por más de 400 comunidades que desde el 1 de agosto se encuentran acampando frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la situación de Jujuy, donde se busca acallar al pueblo y se le quitan los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En Jujuy, el gobierno de Morales realizó una modificación exprés sin la consulta previa a los pueblos originarios y a la medida de las corporaciones extractivas.
Nos solidarizamos con el pueblo palestino, denunciamos el genocidio que está realizando el estado sionista de Israel y decimos que no es una guerra, es un exterminio étnico. La empresa de agua estatal israelí Mekorot es utilizada para llevar adelante los asesinatos, dejando sin agua a la población confinada en Gaza. FUERA MEKOROT de nuestros territorios.
En este encuentro reivindicamos lo importante de cuidar el equilibrio de la Madre Tierra, que cada vez se desbalancea más, porque no solo avanzan sobre el mar, si no sobre toda la diversidad de la Ñuque Mapu, de la cual somos parte, como nos enseña el pueblo nación mapuche tehuelche con su cosmovisión. La recuperación y el cuidado de los territorios ancestrales es urgente y necesaria, hermanadas con las luchas socioambientales.
La democracia NO es solo ir a votar: debemos involucrarnos porque es la única manera de frenar el avance extractivista de los grandes capitales extranjeros. Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Las denuncias judiciales son importantes pero prácticamente inútiles sin la gente en las calles. Debemos mantenernos actives, organizades y resistir desde la alegría y la esperanza de sabernos juntes. Hay que dar vuelta el sistema que nos explota y que saquea nuestra forma de vida. Somos un mismo mar, somos una misma resistencia y sabemos que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza. Queremos que se garantice el buen vivir ahora y siempre, desde la interculturalidad y el respeto: somos un Estado plurinacional.
Desde este territorio, que consideramos uno:
● Exigimos la restitución de la ley N°3308 obtenida por la lucha colectiva y popular, modificada de manera fraudulenta.
● Gritamos que no tienen licencia social para explorar ni explotar el mar argentino.
● Exigimos a las instituciones una ciencia digna por y para el pueblo. Hacemos un llamado de compromiso a los científicos para que asuman su rol y se involucren en las luchas socioambientales.
● Denunciamos la falsa transición energética que sostiene las mismas prácticas de muerte para nuestros territorios. No puede haber transición justa, anticapitalista y anticolonial, utilizando las mismas recetas y contaminando nuestros pueblos. Si no se disputa el modelo, es cambiar el enchufe de lugar.
● No queremos pagar con la vida de nuestros cuerpos-territorios una deuda fraudulenta e ilegal. No nos convertiremos en zonas de sacrificio. Fuera FMI.
● Luchar no es delito. Basta de criminalizar a les defensores ambientales. Absolución ya de todes les procesades por causas socioambientales.
● Abajo la reforma. Arriba los derechos.
En la era de la ebullición global elegimos la resistencia organizada y comunitaria. En un solo abrazo y un mismo grito: POR UN MAR LIBRE DE PETROLERAS. SOMOS MAR. DEFENDERLO ES DEFENDERNOS, NO VAMOS A ENTREGARNOS.
Organizaciones firmantes:
Asamblea por un MARLIBRE de petroleras, Mar del Plata/Red de Comunidades Costeras/Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn/Asamblea Rawson playa/Asamblea No a la mina Esquel/Asamblea por la tierra y el agua. Las Grutas/350.org/Multisectorial Golfo San Matías/Asamblea del Valle de Conesa/Asamblea comunidad costera de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur/Asambleas del Curru leufu/Observatorio Petrolero Sur/Asamblea Ambiental Interpueblos/Tribuna Ambiental/Red Ecosocialista/Arbustock/Asociación de Abogades Ambientalistas y CAJE/Fundación Inalafquen/COA KIUS/Coordinadora BFS/Colectivo Golfo diverso Somos trama naturaleza/Colectivo de Cientificxs Autoconvocadxs Ciencia y Territorio Pto. Madryn/Ambiente en lucha/Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa/Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras Necochea, Quequen/Coordinadora socioambiental Bahía Blanca/CTA Bahía Blanca/Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones/Proyecto socioeducativo inclusivo Cronopios/Fundación el Vuelo Centro de Día/Agricultura Biodinamica de Nebubu/3er Malón de la Paz/Alerta roja, agrupación ambiental anticapitalista/Comodoro FASP/Frente de organizaciones en lucha, Coordinadora por el cambio social.
Nueva medida cautelar contra la exploración offshore
El día de la fecha, organizaciones socioambientales solicitan ante la Justicia Federal una medida cautelar por las falencias que presenta el Estudio de Impacto Ambiental de la perforación que la compañía noruega Equinor tiene autorizada para comenzar en los próximos meses en el pozo Argerich 1 del bloque CAN-100, frente a la costa de Buenos Aires. Esta acción es una nueva cautelar que se realizó en paralelo a la acción existente sobre CAN-100 presentada en enero de 2022, que se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La acción legal fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace Argentina, Ecos de Mar, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar, Asociación de Surf Necochea Quequén y la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar).
Esta acción se presenta en simultáneo a la movilización recurrente #Atlanticazo, convocada por diversas organizaciones y la ciudadanía el día 4 de cada mes. Desde las organizaciones argumentan que existe una falta de conocimiento sobre la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar y, por ende, incertidumbre sobre los efectos hacia dicha fauna y flora. “Equinor está yendo a perforar a ciegas un fondo marino que desconocemos casi completamente”, agregaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La empresa ha omitido o subestimado diferentes impactos de esta actividad, afectando no solo la biodiversidad sino también la relación con los países vecinos, como Uruguay y Brasil, que podrían verse impactados por posibles derrames, de acuerdo a modelados que fueron realizados tomando parámetros meteorológicos promedio y no los peores escenarios en términos climatológicos.
A su vez, la fecha prevista para la realización de la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta a las diferentes temporadas que corresponden a los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los períodos de alimentación de peces, reptiles y mamíferos marinos que transitan la zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la ballena Franca Austral.
Otra falencia detectada en el estudio es que no especifica cuáles serán los elementos químicos utilizados en la perforación y los parámetros que se utilizarán para determinar cuáles se arrojarán al agua, cuáles podrán ser tratados a bordo del buque y cuáles deberán retornar a tierra para remediación y tratamiento.
Las organizaciones también señalan una falta de implementación real y efectiva del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de carácter constitucional ratificado en el Congreso y vigente por Ley 27.566. El mismo ampara el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones vinculadas con el Patrimonio Natural de la Nación.
La presión ejercida sobre la justicia en ocasiones previas resulta notoria. Los intereses corporativos han sido una constante en el ámbito judicial, generando un precedente preocupante y dejando en entredicho su imparcialidad en decisiones cruciales para el ambiente y la sociedad.
Desde las organizaciones firmantes, se insta a la justicia a que esté a la altura de la crisis social y ecológica que atraviesa él país y dé una respuesta pronta y certera sobre este esta cautelar contra la exploración offshore.
Contactos de prensa:
Gonzalo Vergez (Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) +54 9 223 426-927
Florencia Rodriguez (Prensa de Greenpeace Argentina) +54 9 11 3761-2969
