Etiqueta Archivos: AIPA

Contaminación del Río Paraná

Solicitamos acceso a la información pública ambiental sobre el río Paraná

25 de Octubre – En un contexto de crisis hídrica y ambiental en el río Paraná, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha solicitado al Gobierno Nacional el acceso a la información ambiental completa sobre las recientes modificaciones en el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná que dispone mayores profundizaciones y ensanchamientos del canal.

La solicitud se ampara en el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú, que establece el deber de brindar información ambiental de forma oportuna y accesible a toda la ciudadanía.

Importancia de la transparencia ambiental en el contrato del río Paraná

La transparencia en el manejo de la Vía Navegable Troncal del Paraná es esencial para garantizar un uso sostenible de este recurso vital para la región. La cuenca del Paraná, que atraviesa varias provincias y es clave para el ecosistema y la economía nacional, enfrenta actualmente una de sus peores bajantes registradas, lo cual afecta el suministro de agua potable y la salud de los humedales y ecosistemas asociados. El acceso a la información sobre el contrato de concesión permite que la sociedad y las organizaciones tengan claridad sobre las implicancias de las decisiones gubernamentales para la cuenca, la biodiversidad, y la calidad de vida en las comunidades locales.

Derechos de acceso a la información ambiental y Acuerdo de Escazú

La Ley 25.831, que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, establece que cualquier persona o entidad puede solicitar información sobre el ambiente sin tener que justificar un interés especial. Esta ley, junto con el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, promueve el acceso libre y transparente a información ambiental relevante para la sociedad.

Enfatizamos también que el acceso a esta información es indispensable para la participación ciudadana en políticas públicas, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer y comprender las decisiones que afectan su ambiente y su calidad de vida. El Acuerdo de Escazú establece el “Principio de Máxima Publicidad”, que indica que el Estado debe ofrecer proactivamente esta información y ponerla a disposición pública, en un formato accesible y claro.

Información solicitada sobre la Vía Navegable Troncal

Específicamente, la Asociación ha solicitado la entrega del texto completo del contrato de concesión del río Paraná y todas sus modificaciones, además de los anexos de la Disposición 24/2024, los cuales no son publicados con el texto de la Disposición que los referencia, pero reiteramos, no son publicados de manera íntegra y accesible. Lo expuesto se manifiesta accediendo  en el Boletín Oficial. Esta información es fundamental para comprender el alcance e impacto de las modificaciones introducidas.

En ese sentido, solicitamos especialmente la totalidad de los anexos obrantes en el expediente, ya que en el propio Boletín Oficial  al final mencionan que “NOTA : El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.”

La falta de acceso a esta información pública es una barrera a la participación de la ciudadanía en el control de decisiones estratégicas que afectan a un bien común. En caso de recibir una respuesta incompleta o falta de respuesta, la Asociación formulará la correspondiente reserva de acción judicial.

derrame de crudo en Comodoro Rivadavia

Sin respuestas oficiales ante el derrame de crudo en Comodoro Rivadavia

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) ha formalizado una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) debido al reciente derrame de crudo ocurrido en Bella Vista Sur, barrio Islas Malvinas de Comodoro Rivadavia, el pasado 25 de junio.

El incidente, atribuido a YPF, fue inicialmente reportado a las 1:40 AM por autoridades locales, quienes señalaron la falta de información exacta sobre la cantidad de petróleo vertido. Según Nicolás Coluccio, Subsecretario de Ambiente del Municipio, el plan de emergencia de YPF fue desplegado con demora y deficiencias, lo que suscitó preocupaciones sobre la respuesta ambiental efectiva en la región.

En el marco legal, la denuncia apunta a posibles delitos en marco de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y a daño culposo. El agravio al derecho constitucional y convencional a un ambiente sano, respaldado por normativas nacionales y provinciales que regulan la protección del ambiente.

Desde redacciones periodísticas locales documentaron el incidente, fuente de información importante ante la falta de investigaciones oficiales. Además, se solicitó a las autoridades competentes de Chubut y Comodoro Rivadavia que informen sobre las medidas tomadas y las posibles infracciones cometidas por YPF. También se requirió que funcionarios involucrados hicieran declaraciones testimoniales para aclarar los hechos y procedimientos administrativos.

Desde CAJE-AAdeAA reafirman la necesidad de que exista una rendición de cuentas ante este derrame de crudo en Comodoro Rivadavia. Es necesario que la incidentalidad inherente a la industria fosil rinda cuentas ante la sociedad. En nombre de las exportaciones que nunca llegan, la salud y seguridad de las comunidades no puede ser arriesgada. Por eso, este paso legal tiene como objetivo asegurar una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones correspondientes a los responsables del derrame.