Las organizaciones GREENPEACE ARGENTINA, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS Y ABOGADAS AMBIENTALISTAS, ASOCIACIÓN CIVIL MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE, ECOS DE MAR, SURFRIDER ARGENTINA, FUNDACIÓN PATAGONIA, NATURAL, ASOCIACIÓN DE SURF ARGENTINA, KULA EARTH ASOCIACIÓN CIVIL, ASOCIACIÓN DE SURFISTAS DE NECOCHEA – QUEQUÉN Y ASOCIACIÓN DE GENERAL ALVARADO DE SURF; manifestamos que el documento titulado “YPF – Exploración Off Shore con Licencia Social” que tomó estado público recientemente expone dramáticamente la atroz manipulación de la opinión pública y la sociedad argentina por parte del sector petrolero.
Éste documento sería considerado por YPF en el marco del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, cuya filtración se hizo pública el día 5 de junio en medios de comunicación, redes sociales y prensa especializada, incluso trascendencia internacional, en razón de la gravedad institucional en la que ha incurrido la parte demandada YPF.
El documento evidencia una “estrategia de comunicación” voraz y una “desprejuiciada campaña de manipulación de la información pública” que pretende ostensiblemente:
Correr el foco del enorme riesgo de daño ambiental que este proyecto conlleva para los ecosistemas marinos, la biodiversidad, el clima, las actividades ligadas a la pesca y el turismo y las comunidades costeras.
Desvirtuar la información que debe contar la ciudadanía para otorgar una correcta licencia social.
Afectar la participación ciudadana a través de divulgación de información falsa y publicidad engañosa de las actividades sísmicas y sus impactos sociales, ecológicos y económicos, ya que no se puede ejercer debidamente el derecho a la participación con información falsa e imprecisa.
Moldear la opinión pública usando falsas iniciativas populares de junta de firmas, como por ejemplo, exigiendo a Shell que cumpla sus promesas de inversión
Estigmatizar y promover una agitación mediática contra defensores y defensoras ambientales que junto a vecinos y vecinas de la costa atlántica se oponen al avance de las actividades sísmicas en nuestro mar.
Limitar la democracia ambiental y afectar las bases mismas del Derecho a la Información Pública Ambiental y Participación Ciudadana consagrada en nuestra Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y otros acuerdos internacionales.
Resulta fundamental dejar en claro que lo que se está manifestando es una maniobra en curso de ejecución para manipular -con fondos públicos- la opinión pública en general, estableciendo una suerte de protocolo con etapas, modelos y parámetros para intervenir y revertir, al menos de forma aparente, la grave carencia de licencia social que tiene el proyecto sísmico frente a la ciudad de Mar del Plata. Esta situación no hace más que agravar los vicios ya denunciados en el causa judicial por deficiente y falsa información y también un reconocimiento expreso por parte de YPF de la falta de licencia social de este proyecto.
Manipular la opinión pública a través de noticias falsas no solo es ilegal y configura una situación de abuso sobre los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana que requiere de datos e información precisa, cierta, veraz, temprana y adecuada, sino que como publicidad engañosa es una gran estafa a la sociedad democrática.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten ante el embate de la industria petrolea y gasífera y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando causas que buscan la justicia ecosocial.
Reproducimos a continuación el comunicado emitido por Asambleas del Curru Leufu, el encuentro de distintas asambleas de la provincia de Río Negro.
Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Verguez +54 9 223 426-8927
El STJ evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley 3308
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro utilizó un artilugio jurídico para evitar pronunciarse sobre el pedido de inconstitucionalidad que varias organizaciones, asambleas, vecinxs e instituciones presentamos para defender nuestro Golfo San Matías del avance petrolero. El STJ concluye que no existe “legitimación activa” de los demandantes. La conclusión se basa en lo enviado por la fiscalía y la procuraduría, que tiene escasez argumental y niega hechos conocidos públicamente como el “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF. Ante esto, el gran interrogante deberá ser: Señores jueces ¿quiénes consideran ustedes que son legítimos accionantes? Todos los firmantes continuaremos considerándonos legítimos accionantes, porque nuestros argumentos son sólidos y verdaderos. Esta sentencia no resuelve la cuestión de fondo, porque el tribunal no respondió a los planteos centrales esgrimidos en la demanda.
Las organizaciones hemos visto cómo distintas instancias estatales (el Legislativo de la provincia de Río Negro con la modificación de la Ley 3308, el Ejecutivo Nacional con el impulso de Vaca Muerta, el Ejecutivo Provincial con el aval y promoción del proyecto y ahora al Poder Judicial Provincial) no funcionan como garantes de un ambiente sano, ni de la población, ni de las actividades económicas regionales y el futuro.
El fallo ha violado nuevamente el Acuerdo de Escazú, y las Leyes Nacionales que promueven nuestra participación en la toma de decisiones que afectarán el futuro y la vida de nuestros territorios. Desde que este proceso empezó, observamos la imposibilidad de discutir la cuestión de fondo del conflicto.
Tal como expresamos, el fallo no apunta a ninguno de los argumentos que elaboramos entre todas las organizaciones, menosprecia a la población aduciendo que la información no existe porque el proyecto es hipotético y, por lo tanto, la afectación posible también. Esta actitud de negación no resiste ni un mínimo análisis; el proyecto es tan conocido como la hoja de ruta de la empresa, que hasta pauta tiempos y objetivos, entre ellos la modificación de la Ley 3308 que solicitamos que sea considerada inconstitucional. El ejecutivo ha realizado el llamado de Audiencia Pública en la provincia, la cual tuvo que suspenderse por incurrir en una serie de irregularidades que estas mismas organizaciones señalamos ante la Fiscalía de Estado. A su vez, se realizó la Audiencia Pública en Neuquén para dar lugar a la construcción del primer tramo del oleoducto. Lo que el tribunal marca como “hipotético” no es parecer ni suponer, es una realidad contundente que están decidiendo no ver.
El fallo brindado no respeta losderechos y garantías que obligan a los jueces a hacer una interpretación amplia de las leyes, tampoco escucha los reclamos legítimos del pueblo rionegrino. Más bien pareciera responder a los intereses de las corporaciones petroleras ignorando el planteo central y corriendo la discusión hacia la legitimación activa del pueblo que defiende el ambiente sano. No hay un solo argumento interpretativo propio de la labor y obligación que tienen los jueces.
Volvemos a sostener que la modificación de la Ley 3.308 es INCONSTITUCIONAL y que fue hecha a espaldas del pueblo.
Exigimos que se respeten nuestros derechos y denunciamos que la legitimidad que nos niega el Poder Judicial la haremos manifiesta en la calle. En cada uno de los territorios se levantarán acciones ante este proyecto que contamina agua, aire y suelo, que destruirá nuestros ecosistemas y afectará los miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca del Golfo.
Si la balanza está inclinada tocará al pueblo rionegrino ponerla en su lugar.
Multisectorial Golfo San Matías – Observatorio Petrolero Sur – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta promotora APDH Alto Valle- Pastoral social Diócesis de Viedma- Feria de artesanos «Victor Menjoulou» Las Grutas- Red de Comunidades Costeras – Asamblea Mar Libre de Petroleras Mar del Plata – Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea Trawn Ko Viedma – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel- Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Asamblea en Defensa del Territorio de Pto. Madryn – Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS – CTA Bahía Blanca – Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca.
Teléfonos de contacto:
☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías
☎️ 2984 73-4419 Mauro Istueta | Abogado- Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco
Desde la llegada del offshore de hidrocarburos al debate público en nuestro país, la exploración y explotación petrolera en el Mar Argentino fue presentada, sin fundamentos, como una “oportunidad única para el crecimiento económico de nuestro país”. Al igual que sucede con el proyecto Vaca Muerta, los principales argumentos “eldoradistas” presentados alrededor de estos proyectos son la generación de divisas, energía y de empleos.
Pero se esconde que el contexto mundial nos encuentra inmersos en un proceso global de transición energética. El abandono de los combustibles fósiles, y de la infraestructura que los acompaña, es inevitable en una senda ya demorada de reducción y prevención de la crisis climática. Impulsar proyectos de petróleo y gas offshore en este contexto termina siendo, inexorablemente, en detrimento financiero para Argentina. Especialmente bajo las condiciones de entrega, saqueo y dependientes con las grandes empresas transnacionales petroleras.
La reorganización del sistema energético en su conjunto y la incorporación de nuevas tecnologías, principalmente renovables, en la producción y distribución de energía, son inevitables. Si bien Argentina todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles, es necesario que comencemos la senda que convierta al país en un líder regional en tecnologías e infraestructura renovable y no en seguir ampliando la frontera hidrocarburífera. La incorporación de fuentes de energía renovable, con la solar y la eólica a la cabeza, impulsará la renovación de la industria energética que necesitamos, garantizando un derecho a la energía en todo el territorio que permita ahorrar la importación de energía externa y generando un verdadero impacto en la balanza comercial y económica del país.
Precisamos un rol central del Estado para articular y diseñar los procesos locales y regionales de transición energética. Liderar este proceso es urgente, como lo es realizarlo en conjunto con las empresas estatales nacionales y provinciales, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas eléctricas de todo el país. Si no empezamos cuanto antes, corremos el riesgo de perder la oportunidad y un rol estratégico y central en la industria naciente de renovables. Una demora de décadas en este sentido reducirá a que nuestros procesos de transición energética local sean absolutamente dependientes del Norte Global y los procesos neocoloniales y de capitales transnacionales (como pretende avanzar el offshore) bajo una esfera eminentemente corporativa y privativa.
Presentamos entonces el presente documento como un insumo clave para una discusión real sobre el avance y la implementación de proyectos de exploración y explotación petrolera offshore. Todo ello sin considerar los enormes impactos ambientales locales de este tipo de explotación. Los datos de este documento comprenden el marco regulatorio vigente bajo el cual se inscribe el descontrolado embate de la exploración y explotación petrolera, tanto para las empresas extranjeras como Shell y Equinor, como para la empresa YPF (parcialmente nacional).
Acceso a divisas en país de origen
Según el marco regulatorio actual, las empresas que aumenten su producción de hidrocarburos respecto del año anterior podrán acceder al mercado de cambios para pagar deuda en el exterior, dividendos o girar dinero al exterior. Esto significa que las compañías pueden comprar una determinada cantidad de divisas (al cambio oficial) y sacarlas del país. Por lo cual no hay ninguna garantía que suceda lo mismo que con el megaproyecto Vaca Muerta donde la salida de divisas supera al ingreso de las mismas.
El Decreto N° 277/22 creó regímenes de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo y Gas.
Las compañías pueden acceder a comprar una determinada cantidad de divisas (al cambio oficial) y sacarlas del país. El modus operandi de estas empresas para poder sacar la mayor cantidad de divisas al exterior es:
Las filiales locales se endeudan con la empresa matriz a tasas de interés infladas y con el pretexto de saldar su deuda, giran así mayor volumen de utilidades, sin reinvertir en el país.
De esta manera, reducen sus ganancias en el papel y erosionan la base de sus pagos de impuestos en el país de producción, elevando las ganancias financieras reales de la misma empresa o grupo económico en el exterior.
La salida de divisas para financiar las inversiones del sector, podrían estar por encima de las regalías y beneficios que generarán estos proyectos los próximos 30 años, como viene ocurriendo conforme lo muestra el informe de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental
Derechos de exportación y retenciones
A su vez, la necesidad de obtener un saldo positivo en la balanza comercial y energética se presenta como otro gran argumento para el avance sobre el mar, para así reducir la dependencia del país de la importación de combustibles. Pero nada del marco regulatorio garantiza esto, el avance de la exploración y explotación petrolera tendrían permitido orientar su extracción a la exportación.
La Resolución 26/2023 de la Secretaría de Energía publicada a principios de 2023, habilita a las empresas a solicitar una alícuota de 0% por derechos de exportación.
Esto significa que los proyectos que inviertan 1000 millones de dólares en 5 años y, de esa manera, queden dentro del Régimen de Promoción del Decreto 929/13 y acceden a pagar nada por exportar hasta el 20% de los hidrocarburos extraídos en suelo y mar argentino.
Vale destacar que el marco de aplicación de esta resolución es el Decreto 929/2013 firmado por el Poder Ejecutivo nacional, llamado “Soberanía Hidrocarburífera”, el cual crea un régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos.
La promesa de las regalías
El impacto sobre las regalías a nivel nacional es otra de las promesas que constantemente se usan para justificar el avance y la profundización de la frontera hidrocarburífera en nuestro país. Como se ve, aún utilizando los datos oficiales, los montos reales a obtener en este concepto no cambian la ecuación económica de un país, ni siquiera de una provincia.
Según el decreto Decreto 900/2021, empresas concesionarias del bloque CAN-100 abonarán las regalías en un esquema escalonado.
Los primeros 10 años de explotación abonarán solamente el 6%
del año 11 al 20 abonarán el 9%
del año 21 al 30 abonarán el 12%
Considerando el potencial de la cuenca Argentina Norte según estimaciones de Rystad, la consultora noruega líder a nivel mundial para la industria del petróleo y el gas, sería de 20.706.200 barriles (a un precio de referencia de exportación de hoy: US$75 x barril)
Las regalías que dejarían los primeros 10 años de explotación del CAN 100 serían de sólo unos US$9 millones por año.
Debido a la “maduración” de la cuenca y la baja en la producción estimada por pozo, del año 11 a 20 de producción, las regalías serían menores, de solo de US$4,7 millones por año.
Corresponde abonar entre el 5% y 12% en función del grado de desarrollo de los respectivos proyectos
Considerando que potencialmente se exportarán 37 mil barriles por día y tomando como precio de referencia de exportación de hoy a US$75 el barril
Las regalías totales anuales serían de sólo US$51 millones con la alícuota del 5%
En Noruega, si bien las empresas petroleras como Equinor no pagan estrictamente regalías, el petróleo y el gas pagan un elevado impuesto adicional, que se suma al impuesto corporativo del 22%. Así que el impuesto total sobre el petróleo es del 78%1. La diferencia es tanta que nos omite de comentarios.
Nivel de empleabilidad magro
La generación de empleos y de desarrollo local en la costa argentina también poseen narrativas que contradicen el marco vigente. Cabe destacar que muchos de los puestos de trabajo que se generan con el offshore son de corta duración o implican competencias y/o habilidades especiales lo cual requiere el empleo de trabajadores extranjeros.
Según los datos publicados en 2022, Equinor en Argentina tiene tan solo 3 personas empleadas en forma directa.
Considerando las estimaciones de la consultora Ecolatina para la cuenca Argentina Norte, con una producción supuesta de 80.000 barriles diarios, utilizando datos de referencia del ente oficial noruego de petróleo3, esto implicaría 300 empleos directos en offshore y 6575 indirectos. Un número muy lejano a los 200.000 empleos que prometen infundadamente desde los gobiernos y las empresas.
Emisiones comprometidas por los proyectos
En un contexto de crisis climática y eventual abandono total o parcial de los combustibles fósiles, las emisiones asociadas a los proyectos de exploración y explotación petrolera offshore en Argentina también representan externalidades y costos financieros no incorporados. Esto es de mayor preocupación teniendo en cuenta que debido a los efectos de la crisis climática, por la cual los hidrocarburos son uno de los principales causantes, los costos económicos y financieros que tendrán sobre el Sur Global serán aún mayores que los que caerán sobre el norte.
Un relevante y altamente subestimado factor a tener en cuenta al evaluar estos proyectos son las emisiones estimadas que generaría la producción, transporte y quema de dichos combustibles fósiles.
Tomando el potencial de producción que estima el análisis previamente citado de la consultora Ecolatina4, y aplicando los factores de emisiones de CO2 para crudos offshore de la región de entre 554 y 588 kg5 6 de CO2 por barril (valor estimado de emisiones por extracción,transporte y quema).
En ese sentido, dado que Ecolatina estima 58.850.000 de barriles de petróleo para la cuenca Argentina Norte, esto implicaría entre 30.960.290 y 34.603.800 toneladas de CO2.
Para la cuenca MLO se estiman 698.562.500 barriles, lo que generaría entre 387.003.625 y 410.754.750 toneladas de CO2.
Es decir que esta expansión de la frontera petrolera en el mar, generaría un total de entre 417.963.915 y 445.358.550 toneladas de C02 en sus 20 años de vida útil. Esto equivale a lo que emitirían 14 millones de autos medianos durante un año entero año, durante ese lapso de tiempo.
Análisis de un informe realizado por la consultora Ecolatina
La consultora Ecolatina realizó un estudio de largo plazo del impacto económico que generaría el desarrollo Hidrocarburífero offshore en el Mar Argentino. El estudio aborda cuál sería el efecto sobre la economía argentina de la exploración y del desarrollo de los proyectos Hidrocarburíferos Costa Afuera licitados en la Ronda 1 Argentina más el bloque CAN 100.
Producción proyectada para cuenca Argentina Norte por consultora Rystad
Base de Datos Rystad. Rystad Energy UCube. Consultado el 7/12/2022
Se analizaron los impactos económicos en caso de que existieran descubrimientos hidrocarburíferos en las Cuencas Argentina Norte (CAN) y Malvinas Oeste (MLO). Se consideraron los escenarios hipotéticos de mínima, media y máxima, de 1,5 y 10 descubrimientos para CAN y 1,3 y 7 para MLO.
Ecolatina estima para Cuenca Argentina Norte una producción de 80.000 barriles diarios (con tres escenarios para el potencial de producción total: 560 millones de barriles de mínima, 2800 millones de media y 5600 millones de máxima):
Eso equivale aproximadamente a 14 veces la producción actual de la Cuenca Austral – la cual lleva más de 30 años de desarrollo.
Según Rystad, el pico de producción para CAN será 24.000 barriles diarios con una producción promedio, durante la vida útil estimada del yacimiento (2038-2058), de 7.900 barriles diarios
El análisis realizado por la consultora toma como supuesto un precio de barril de petróleo a 80 USD, para toda la duración del proyecto a partir de 2034. Este valor sugerido no es el apropiado para evaluar la factibilidad de un proyecto de largo plazo, ya que ignora factores coyunturales y las proyecciones de demanda mundial de hidrocarburos.
Hoy el Brent, el valor de referencia que se utiliza a nivel mundial, está cercano a los 80USD/bbl (barril de petróleo crudo). Este valor se da por una coyuntura muy particular: la guerra en Ucrania, la escasez provocada por este conflicto y la OPEP restringiendo la oferta.
Por último, Rystad estima el potencial de producción total de CAN en 57 millones de barriles, lo que equivale a aproximadamente 3 meses de la producción actual de la Argentina. Un valor muy lejano a lo que se difunde en medios y desde el gobierno.
Según el análisis que realizó Rystad Energy, los precios de equilibrio (break even – es decir cuando la explotación comienza a generar ganancias y cubre todos los gastos) en el área CAN para Equinor oscilarán entre 107 USD/barril y 160 USD/barril. No existe previsión de un precio de barril en esos valores. Rystad tiene para el precio futuro del petróleo, que se sitúa en 50 USD/barril hasta 2050. También son mucho más altos que las expectativas de precios de Equinor, que son de 65 USD/barril hasta 2040. Shell, en cambio, asume un precio fijo de 60 USD/barril desde 2025 en adelante.
Bandera Roja en el Mar: La Cámara Federal de Mar del Plata, que calificó al ambientalismo de fascista, acaba de rechazar los Recursos Extraordinarios contra la resolución que levantaba la medida cautelar de la exploración petrolera offshore en el Mar Argentino.
Interpondremos un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir esto.
Mientras tanto el juicio de fondo continúa. Y seguiremos trabajando desde lo legal para que haya una sentencia a favor de una justicia social y ecológica. Agradecemos y celebramos a todas las organizaciones y personas que están en esta lucha cada quién desde su ámbito.
La expansión de los proyectos de exploración offshore es parte de la frontera fósil que forma parte de las infraestructuras del pasado. Debemos implementar una transición justa y popular cuanto antes, garantizando los derechos humanos y ambientales de toda la población.
Recurso extraordinario en la causa contra offshore – El pasado 22 de diciembre presentamos junto a Greenpeace Argentina, Surfrider, Asociación de Surf Argentina, Patagonia Natural, MAR, Kula Earth, Surfistas de Necochea, Asociación Gral Alvarado de Surf y Ecos de Mar un Recurso Extraordinario Federal. Esto fue dentro de la causa que busca mantener el Mar Argentino sin la intervención de las empresas petroleras y sin proyectos de exploración y explotación dentro de nuestros oceanos.
Este recurso es contra el pronunciamiento de la Secretaria Civil de la Cámara Federal de Mar del Plata que el 5 de diciembre autorizó el inicio de las exploraciones sísmicas en el mar argentino a 300/400kms de la costa bonaerense. La exploración sísmica es una etapa previa dentro de los proyectos de offshore petrolero, y después se encuentra seguido por la etapa de explotación. La disputa judicial sigue y la sentencia de la Cámara de Apelaciones aún no está confirmada.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas continuaremos litigando por la justicia ecosocial y la justicia ambiental. Nos encontramos incapaces de avalar proyectos como este que, en nombre de una falsa transición energética, profundizan cada vez más la frontera hidrocarburífera y la dependencia de una matriz energética fósil. Al igual que sucede con #VacaMuerta, este tipo de proyectos de offshore enriquecen el negocio de las petroleras, destruyen nuestros ecosistemas y empobrecen las economías populares de las comunidades de la costa atlántica. Precisamos proyectos energéticos que construyan una transición energética justa y popular hacia una noción de la energía como derecho y no como mercancía.
Vecinos, vecinas y organizaciones de todo el país nos presentamos hoy 28 de diciembre de 2022 a la justicia en el Superior Tribunal de Justicia n°4 de Río Negro: pedimos que se declare como inconstitucional la modificación de la ley 3308 que protege al golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos. La causa quedó radicada en la Secretaría Causas Originarias y Constitucional STJ N° 4 de Río Negro.
El pasado 9 de septiembre la legislatura de Río Negro votó a puertas cerradas y sin consultar a la sociedad un proyecto que desprotege al ambiente y habilita a YPF a construir un oleoducto que atravesará toda la provincia de Río Negro desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en pleno Golfo San Matías
La modificación viola principios constitucionales, legislación nacional y acuerdos internacionales.
Lxs legisladorxs no tuvieron en cuenta a la hora de votar nuestro derecho al acceso a la información y nuestro derecho a la participación pública. Además violaron el principio de no regresión y el principio de progresividad en materia ambiental que establecen la imposibilidad de retroceder en los niveles de protección ambiental ya adquiridos. Nos presentamos a la justicia para defender nuestro golfo y detener este atropello a la democracia.
En la costa de Río Negro existen actualmente cuatro áreas naturales y un parque nacional que protegen la biodiversidad de la zona y a especies en peligro de extinción. La actividad de los megabuques petroleros tendrá impacto en un sitio de cría y reproducción de la merluza (principal especie de la industria pesquera junto con el langostino) y afectará la ruta de la ballena franca austral. Debido a las corrientes marinas interconectadas con el golfo San José en Chubut el impacto ambiental llegará a Península Valdés, patrimonio mundial de la humanidad.
En 1995 las comunidades costeras de la provincia nos levantamos y rechazamos un proyecto de oleoducto. Los fundamentos detrás del triunfo popular que originó la sanción de la ley 3308 siguen vigentes: preservar el entorno y apostar por un desarrollo que no destruya el ambiente. El proyecto que YPF quiere llevar adelante estipula 100 puestos de trabajo a largo plazo pero las comunidades costeras vivimos de los miles de puestos de trabajo que generan la pesca y el turismo.
Las organizaciones nucleadas para ir a la justicia junto a la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas no queremos proyectos contaminantes que destruyan nuestro ecosistema, nuestras fuentes de trabajo y el planeta que habitamos.
Contactos de prensa: Fabricio Di Giacomo 1173623820// Suyhay Quilapán 2934460520// Cecilia Salcedo 2920 62-4702
Multisectorial Golfo San Matías / Fundación Inalafquen / Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas / Fundación Greenpeace Argentina / Fundación Patagonia Natural / Pastoral Social Diócesis de Bariloche /Pastoral Social Diócesis de Viedma / Pastoral Social Diócesis del Alto Valle / Radio Comunitaria La Korneta/ Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas / Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Mar del Plata / Feria de artesanos “Víctor Menjolou” Las Grutas / UTEP Sao / Asamblea Socioambiental Cipolletti / Partido Socialista Río Negro
📌 Después de levantar la medida cautelar, y avalar así el avance de la exploración offshore en el Mar Argentino, los jueces federales Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza (Cámara de Apelación Federal de Mar del Plata) declararon que no quisieron “ni avalar un fascismo ambiental, que diga ‘no se hace nada para preservar las especies’, ni una explotación a como venga”. Una vez más, la Justicia evidencia no estar a la altura de nuestra democracia.
Pedimos que sean apartados de la causa judicial por la exploración petrolera offshore por demostrar parcialidad y odio en sus declaraciones contra el movimiento ambientalista.
🟥 Es inadmisible que jueces que deben garantizar la imparcialidad de la justicia utilicen expresiones como “FASCISMO AMBIENTAL”. Por eso, junto a Greenpeace, Surfrider, Asociación de Surf Argentina, Patagonia Natural, MAR, Kula Earth, Surfistas de Necochea, Asociación Gral Alvarado de Surf y Ecos de Mar hemos pedido que se los aparte de la causa por la exploración petrolera en nuestras costas.
No existe ningún “fascismo ambiental”
➡️ ¿Qué confianza podemos tener en un Camarista Federal que nos ha (des)calificado como “fascistas ambientales”? ¿Qué sensación puede inspirar para las organizaciones ambientalistas un juez que entiende a ellas, una de las partes, como fascistas? Es tan grosero que parece irreal.
➡️ ¿Existe una situación de desamparo mayor que un altísimo funcionario judicial federal califique de esta manera a la ciudadanía que se moviliza por sus derechos humanos y ambientales?
➡️ Calificar a alguien de “fascista” habilita a realizar acciones en su contra, confrontarlo en todos los niveles posibles, y si esta calificación proviene de un elevado cargo judicial, como es el caso, la situación de peligro es mayor. Máxime en América Latina que es la región donde más se asesinan activistas ambientales.
➡️ ¿Qué nivel de amedrentamiento e intimidación ejerce semejante acusación contra los ciudadanos/as que quieran ejercer sus derechos ambientales?
➡️¿Cuál es el nivel de afectación de la “libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso” (art. 9 Acuerdo Escazú) de quiénes son calificados como FASCISTAS por un Camarista Federal?
➡️ Por último, los jueces con sus declaraciones también ya anticiparon públicamente que no paralizarían la actividad petrolera en el Mar Argentino, aún si esa fuese la única solución posible para preservar las especies y ecosistemas. ¿Qué pasaría si la sentencia definitiva, en base a las pruebas sustanciadas, establece que deben paralizarse las actividades para no afectar las especies que forman parte del #MarArgentino?
➡️Ya está abierta la inscripción para que puedas participar de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Ambiente de la Nación para el miércoles 19/10 desde las 9hs.
🪫 La Audiencia Pública es una instancia pública, abierta y gratuita, y por derecho, cualquier persona se puede inscribir y expresar en 5 min. por qué rechazar proyectos que invierten en petroleo y gas.
➡️ Ningún proceso de transición energética puede incluir la profundización de las energías fósiles, principales contribuyentes a las crisis climática, ecológica, económica y energética que atraviesa nuestro país.
🔥 Desde la misma industria se admite que la era de los hidrocarburos está en declive. Invertir en infraestructura obsoleta, sabiendo que no generará ni riqueza ni ahorro de divisas a largo plazo, es invertir en dependencia de la energía importada.
🔋Necesitamos avanzar en procesos de #TransicionEnergetica justos y populares. Que con una matriz basada en renovables en todo el país, garanticen el derecho a la energía y al servicio del bienestar de la población y no de la ganancia de empresas internacionales.
Ante la confusión y desinformación circulando con respecto a offshore en Argentina aclaramos
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata implica que la suspensión del proyecto offshore se mantiene y se imponen importantes y complejos condicionantes.
El Estado Nacional DEBERÁ DICTAR UNA NUEVA Declaración de Impacto Ambiental de la ya dictada, e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos, y que reúna los siguientes recaudos:
1) Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado por las leyes 22.351 y 23.094, deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen, tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia.
2) Deberán valorarse, también, las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal (audiencia pública consultiva de fecha 30 de mayo de 2022), y nacional (consulta popular que culminó el 19 de mayo de 2022) sobre offshore en Argentina.
3) Deberá incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la DIA y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.
4) Las indicaciones de la DIA a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente, y no en modo potencial o condicional.
Todo esto ratifica nuestros argumentos y reclamos sobre las irregularidades cometidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente, las violaciones a la legislación ambiental y climática vigente y los vicios sistemáticos en el procedimiento administrativo.
Este tipo de accionar es característico de estos megaproyectos que carecen de licencia social y deben proceder avasallando la legislación y jurisprudencia vigente.
Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas – 7 de Junio de 2022
Por: Maristella Svampa y Enrique Viale paraEl diario AR.
Las concesiones petroleras offshore sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.
Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa).
Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.
Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación offshore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura offshore.
Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.
Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras – poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.
En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino
Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.
No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020.
Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.
Sucede que la explotación offshore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental.
El mapa de la zona del Mar Argentino en el que se autorizó la exploración de petróleo y gas
Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.
Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).
Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas offshore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.
Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental.
Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza.
O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.
El derrame de un tanque pequeño de petróleo llegó a las costas de las Islas de Salamis en Grecia en 2017. Greenpeace
Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas offshore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres.
Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.
Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.
En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del offshore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.
