Contribuimos a la producción de conocimiento sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y sus impactos sociales y ambientales sobre los territorios y la vida de la cuenca.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto al Colectivo de Acción Jurídica por el Ecosistema (CAJE), realizamos cinco pedidos formales de acceso a información pública ambiental a distintos organismos del Estado, ante el avance del proceso administrativo para una nueva Licitación de la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Esta licitación apunta, conforme sus recientes antecedentes, peligrosamente hacia un escenario de privatización absoluta, reproduciendo errores ya señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la fallida licitación anterior.
Las solicitudes se dirigieron al Instituto Nacional del Agua, Consejo Hídrico Federal, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, esta última responsable del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), clave para garantizar el manejo interjurisdiccional y federal del río y sus ecosistemas asociados (las islas y humedales), en su tramo inferior, el que recibirá el mayor impacto en el contexto de profundización del cauce principal, que se impulsa oficialmente.
Los requerimientos incluyen:
La entrega completa de toda la documentación generada durante el proceso licitatorio previo, recientemente frustrado por decisión del propio gobierno nacional.
El acceso a los primeros borradores de los Términos de Referencia (TdeR) para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previstos en la nueva etapa técnica-administrativa de la licitación. Es imprescindible conocer qué criterios ambientales estarán presentes desde el inicio del proceso y cómo participarán los distintos organismos provinciales y nacionales.
En caso de no existir aún estos documentos preliminares, exigimos detalles precisos sobre el estado actual del proceso, las autorizaciones pendientes, audiencias públicas previstas, y cómo se respetará concretamente la normativa ambiental vigente.
Exigimos claridad sobre el organismo independiente o comité técnico responsable de evaluar objetivamente estos estudios ambientales una vez concluidos. Es fundamental además que los TdeR incluyan explícitamente alternativas concretas a la privatización total del río Paraná, en línea con los principios básicos de cualquier evaluación ambiental rigurosa.
Finalmente, requerimos de los organismos interpelados, se nos informe si disponen de los dictámenes emitidos oportunamente por todos los órganos de control del Estado Nacional en sus tres Poderes, como del extinto órgano de control, denominado ECOVINA, en relación a las temáticas que nos ocupan en el desarrollo de reformulación de los pliegos de la Licitación y en particular sobre la legislación ambiental aplicable y el proceso EIA, previo a la misma.
Necesitamos garantizar la trazabilidad y coherencia del proceso respecto a la legislación ambiental aplicable y el desarrollo efectivo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial esta documentación es crucial para asegurar un proceso transparente, participativo y ajustado a los estándares internacionales vigentes, particularmente los establecidos por el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú, del que Argentina es signataria. Recordamos que este acuerdo obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública efectiva y la protección de defensores/as ambientales ante decisiones trascendentales como ésta.
La gestión del río Paraná no puede quedar subordinada únicamente a intereses económicos o privados, en desmedro de los derechos colectivos y la justicia ambiental.
Exigimos al Estado Nacional cumplir con su deber institucional de brindar información clara y oportuna, garantizando una gobernanza pública, democrática y ecosocial del río Paraná.
Adhirieron a las presentaciones las siguientes organizaciones: Taller Ecologista Rosario, El Paraná No Se Toca y las Multisectoriales por los Humedales de Rosario y de Paraná.
*Las presentes acciones acompañan la campaña “Remar contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía”, que partió el 1ro de marzo desde Formosa y llegará a Rosario el 22 de Marzo, día mundial del agua.
El primer intento de privatizar el Río Paraná fracasó. El meganegocio del proyecto llamado “hidrovía” vuelve a un limbo administrativo. Alejo di Risio documenta las tramas geopolíticas alrededor de la cuarta cuenca de agua más importante del mundo por su tamaño y biodiversidad, y también las disputas colectivas por otros futuros posibles para nuestros ecosistemas. Proyectos y propuestas que luchan para proteger al río, para que nunca llegue la solastalgia, esa angustia por los paisajes que se pierden ante la avanzada del poder financiero.
La frase, que repetimos desde las organizaciones socioambientales, puede sonar vacía, slogan de publicidad. Pero más allá de la semántica, levanta una bandera por los futuros posibles para el Río Paraná, sus cuencas y ecosistemas. A otra escala, levanta también banderas por la capacidad que tengamos como pueblo de vincularnos con nuestras aguas.
El pasado 12 de febrero fue declarada vacía la licitación para el proyecto llamado hidrovía. Once empresas habían demostrado interés inicial, pero la que más había deslegitimado el proceso fue la única en llegar al final. Unas declaraciones de Adorni más tarde, la concesión volvió al limbo político en el que navega desde fines del 2021. Una administración estatal contrata a una empresa extranjera, y ninguna de ellas controla qué sale en los megabarcos que circulan por el río. Ni las obras ni el peaje son centrales en esta disputa, lo que está en juego es un nodo geopolítico. Uno que depende de la salud de vastos ecosistemas que están cada vez más frágiles.
Desde el fracaso de la licitación que vuelan sillazos. Los poderosos que se disputan el control del río hacen fuertes lobbys para definir las nuevas condiciones. Gobernadores, cámaras empresariales y la Sociedad Rural cruzan insultos en los titulares de grandes medios. El funcionario libertario de Puertos acusó de boicot, sabotaje y “una lluvia de operaciones” a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, el diario La Nación, diputados anónimos y la Sociedad Rural. En respuesta, el ex-presidente Macri arremetió contra Santiago Caputo, a quien acusó de crear una comisión trucha. En un año electoral, la alianza entre libertarios y macristas negocia, con reiterados golpes del ejército digital libertario al macrismo. Es que no solo está en disputa la caja de la actual licitación (calculada en doce mil millones de dólares), sino el nodo geopolítico que abre el Río Paraná. Para los grandes jugadores económicos es una salida de exportación. Pero para millones de personas que dependemos de él, la integridad del río y de la cuenca toda es parte de quienes somos, de cómo vivimos.
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¿Dónde empieza y dónde termina un río? Por definición, los ríos son cambio. Paradigma de lo que existe en constante flujo. Si bien toda topografía muta, los cauces son ese rincón del paisaje que más rápido escapa a la foto del pasado. Cada curva que toma la corriente vuelve a agrandar sus meandros, redibuja sus costas. Todos los deltas están definidos por su liminalidad. Y cada orilla, que cambia con cada atardecer, es una mala frontera.
La marea del río, inscripta en el pulso de cada chamamé, muta con el clima y las temporadas. En cada bajante y creciente, dibuja nuevas figuras sobre el territorio, propone otra forma de medir el tiempo y las épocas. Los sistemas de humedales a su alrededor reciben en cada creciente al caudal del canal central y lo devuelven dosificado cuando llegan las bajantes. Estos valles de inundación regulan el pulso natural, inspiran a identidades locales, y alojan incontables especies: un extenso archivo genético-biológico.
Pero dimensionar el patrimonio de biodiversidad no alcanza para describir el equilibrio milenario al cual la vida ha llegado en estos paisajes. Ese gran valle de inundación y sus sistemas de ríos, humedales y sociedades que llamamos la cuenca del Plata es el cuarto más grande del mundo. Si tomamos en cuenta todo el Acuífero Guaraní, es hogar de más de 100 millones de personas. Una geografía que nace en el Gran Pantanal, sur de Brasil, y atraviesa 50 represas para llegar a nuestro territorio, pasando por las cataratas del Iguazú, los esteros del Iberá e incontables ecosistemas en el camino. Hay ocho provincias argentinas, 12 millones de personas, cuyo bienestar está intrínsecamente ligado a la salud de la cuenca.
La potencia inmanente del río vive en tensión con el motor de la macroeconomía nacional: el mandato exportador. Si en algo coinciden los economistas -tanto neodesarrollistas como anarcolibertarios de escuela austríaca- es en la necesidad de exportar cada vez más como única salida de las crisis financieras. En este marco, los mares y ríos son reducidos a “autopistas líquidas”. Pero el Paraná es un río aluvial, de poca pendiente. Los sedimentos que arrastra a lo largo de kilómetros se depositan en su tramo bajo, creando islas, islotes o bancos de arena. El delta es un piquetero por definición.
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Desde hace unos años que la falta de agua tiene inquietos a los dueños del agronegocio. La sequía de 2023 redujo sus ganancias por casi dos tercios, y la bajante de los últimos años del Paraná también limitó la carga de los barcos. Ante la inestabilidad hidrológica su apuesta es una sola: dragar, dragar y dragar. Para que grandes megabarcos salgan al mar a capacidad repleta, y que nada detenga la libertad de la máxima recaudación.
Mientras tanto, la crisis climática hace que la atmósfera pueda absorber más agua. Esto significa que cada vez vamos a atravesar más inestabilidad hidroclimática. Las inundaciones y las sequías serán cada vez más profundas, y pasará menos tiempo entre una y otra. Para mitigar el impacto social de estos “latigazos climáticos” la ciencia establece que es clave gestionar de modo integral ambos períodos, o sea co-gestionar bajantes y crecientes como un sólo fenómeno. Desde el punto de vista ambiental, profundizar el dragado va absolutamente a contramano.
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Agosto del 2000, Brasilia. Veinte hombres en traje posan para la foto. Fernando de la Rua, Alberto Fujimori y Hugo Banzer entre ellos. Hay doce presidentes sudamericanos en total, a su lado, varios miembros de organismos internacionales. Todos juntos, presentan su visión de futuro para el continente: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Un plan maestro de intervención continental , que cierra al tono de una década dominada por el Consenso de Washington. Define una serie de megaproyectos logísticos que cruzan de lado a lado el continente y facilitan así la salida de grandes volúmenes de naturaleza en forma de bienes primarios.
Uno de estos proyectos integra Sudamérica de forma vertical: recorre 3.400 kilómetros —desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta el puerto de Montevideo, Uruguay—. Fue bautizado “hidrovía”, palabra que no existe en ningún diccionario, y que nombra a la compañía a cargo de las obras. Hidrovía S.A. está formada por una alianza entre la dragadora belga Jan de Nul y la empresa argentina EMEPA. Esta última del empresario Gabriel Romero, quien décadas más tarde participará de la “Causa Cuadernos”, confesando haber pagado coimas para extender la concesión de esta concesión.
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El historiador Alejandro Galliano describe con detalle la enorme capacidad de soñar que tiene el capitalismo. Intervenir a escalas colosales el territorio precisa mucha planificación, requiere una capacidad muy grande para mirar el futuro. Para el imaginario utópico financiero no hay límite físico o político. Cualquier obstáculo, como un Delta, puede atravesarse, excavarse. En las mesas de planificación todavía flota el sueño de conectar al Río Paraná con la cuenca del Amazonas. Atravesar el continente con un complejo de esclusas que compensen la diferencia de altura, similar a lo que sucede en el canal de Panamá.
Es el pasaje centroamericano el que da nombre a los modelos de buques oceánicos: Panamax y Post-Panamax. Garantizar la circulación de estos edificios flotantes es la tarea. La pequeña flota de barcos que remueve sedimentos suele presentarse como un proyecto de infraestructura. Pero la construcción es casi nula. Las obras de dragado no crean nuevas estructuras, sino que moldean la forma del río. La tarea suena a ciencia ficción capitalista: esculpir un surco en el fondo de uno de los torrentes más caudalosos del mundo. Todo para abaratar costos de flete con unos barcos que no ven la orilla, que están fuera de escala.
La profundidad es la métrica clave para la Bolsa de Comercio de Rosario, centro de operaciones de las grandes exportadoras. Cada centímetro ganado al río añade toneladas de cereal en la carga de cada barco que zarpa desde los alrededores de Rosario. Por año se estiman 130 millones de toneladas de productos agropecuarios e industriales (declarados). La mayor parte es proteína vegetal. Cultivada y crecida con nutrientes de nuestros suelos, mano de obra nacional, agua barata y energía subsidiada. Pero cuando importamos bienes pagamos dieciocho veces más caro cada una de estos insumos. Estamos regalando bienes comunes.
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Noviembre de 2024. Día de la Soberanía. Argentina recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845 nuestra joven república rechaza en el Río Paraná el avance militar de Reino Unido y Francia. Aquella flota anglo-francesa venía con maquinaria militar de punta, para “pacificar” el conflicto entre Uruguay y Argentina. Su objetivo real era establecer la libertad de los mercados internacionales. La misma que defiende, 180 años después, el gobierno de Javier Milei al anunciar la privatización del control del río.
Las empresas más interesadas en la licitación son cinco. La china Shanghai Dredging Company y el grupo de las “Big Four” de la logística internacional: Van Oord, DEME, Boskalis y Jan de Nul. Pero no son sólo las dragadoras las únicas que miran la cuenca que mueve el 50% de la proteína vegetal global. En marzo de 2024, el interventor de la hidrovía, Gastón Benvenutto se reunió con el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Anunciaron un acuerdo de colaboración entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El Memorando de Entendimiento no fue revelado, pero la noticia, publicada por Infobae, habló de “colaboraciones en seguridad” y “medidas para combatir actividades ilícitas”. Un mes después la generala Laura Richardon advirtió en el mismo medio sobre la inminente llegada del fentanilo al Gran Rosario y enfatizó “la necesidad de trabajar juntos” para prevenir “actividad maligna”.
Stanley volvería a Rosario junto al Embajador belga para celebrar el protagonismo de la empresa Jan de Nul y apoyar su continuidad en la zona. Más tarde se reveló que ese acuerdo había sido iniciado en 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, bajo la firma del entonces interventor José Carlos Beni. La empresa Jan de Nul fue la acusada de haber recibido favoritismo en esta licitación caída. Más de doce organizaciones distintas accionaron judicial o administrativamente para exponer la licitación hecha a medida, tanto por razones técnicas y financieras. Entre los opositores a la actual licitación, también estaban los grandes actores del poder, con el macrismo a la cabeza.
El ex presidente tuvo su propio sueño para el río: reemplazarlo. Construir una verdadera autopista líquida, un canal exclusivo que corriera paralelo al Río Paraná, desde Rosario al Atlántico. No dragar el río, sino armar uno nuevo. Su metrobús fluvial no prosperó, pero el PRO está hoy en día en abierta disputa con La Libertad Avanza, con campaña abierta para evitar la licitación libertaria, fue acusado por ello. En tándem con Máxima Zorreguieta, hacen lobby a favor de la holandesa Boskalis, que en 2013 fue echada del canal Martín García por intentar sobornar a un funcionario uruguayo.
La licitación actual propone cavar el Paraná aún más: hasta los 44 pies, esto es más de 14 metros, denunciado como un ecocidio por organizaciones socioambientales. Deja la evaluación de impacto ambiental en manos de las empresas, y les concede el control del río por 30 años, extensible a otros 30 años más, hasta 2085. Por otro lado, el gobierno avanza en desregular las áreas estatales de control marítimo y fluvial. A pesar de que lo que pasa en el río en Misiones impacta en el Delta del Tigre, la visión de cuenca no empapa ninguna de las medidas. Por eso, también están en la mira el Instituto Nacional del Agua, AySA y sus once millones de usuarios, y las estructuras populares ambientales, culturales, organizacionales que promueven vínculos con nuestros ríos más allá de lo financiero.
Dime con quién andas y te diré qué futuro para el río quieres. Las agrupaciones portuarias y las cerealeras demandan una licitación rápida y cada vez más profunda. Los gobernadores buscan morder tajada en el control de la caja y expandir el dragado hasta puertos secundarios. Pero las organizaciones ambientales y sociales a lo largo de la cuenca reclaman otra forma de gestionar y habitar las cuencas. ¿Y quienes no tenemos poder, qué proponemos y qué buscamos para los futuros del río?
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¿Cómo dimensionar el impacto de estas intervenciones en la vidas cotidianas? Lxs vecinxs de Victoria llegaron a temer que sus humedales murieran de sed. Parte del sedimento que las dragas remueven termina en las costas. Esto obstruye la entrada de agua a las bocas que alimentan otros canales, como las tres que alimentan el humedal que brinda agua a la ciudad de Victoria. Con menor caudal, empeoró la calidad del agua potable. La seca puso en riesgo los entramados de la economía popular que dependen de la salud de los ecosistemas. Oficios, trabajos, cultivos, ganadería, alimentación que se deshidrataba con las lagunas, degradando los suelos irreversiblemente. Las organizaciones locales denunciaron que, por primera vez en la historia, los humedales podían morir de sed. ¿Cómo se recomponen las identidades definidas por el ambiente cuando éste muere? La licitación actual ignora estos brazos secundarios.
“Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos”, escribe la periodista Jorgelina Hiba en Paraná Extremo. Al Paraná lo convirtieron en “curso multifragmentado”. Las quemas descontroladas, la pampeanización del delta, la especulación inmobiliaria y el efecto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad afectan la integridad del río, lo que el río es. Si la identidad es definida por el ambiente, las heridas sobre el Paraná lastiman nuestra cultura.
Las bajantes de los últimos años dejan marcas a lo largo de la sensibilidad litoraleña. En muchos corazones todavía pesa una profunda solastalgia, esa angustia generada por la degradación ambiental de los lugares que sentimos hogar, que pensamos propios, de los cuales formamos parte. El entramado de organizaciones culturales, sociales y territoriales siente solastalgia pero a la vez está agitado, ebullece.
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Luis “Cosita” Romero pesca en medio del río. Escucha Radio Nacional desde el bambolear de su canoa, la Danielito 1º. Sube el volumen del noticiero de Radio Nacional cuando hablan del proyecto del Paraná Medio. El locutor informa que la represa generará un valle de inundación de un millón de hectáreas. Cubrirá islas, y vecinos de las costas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán que desplazarse. Para hacerlo entregará el control de la represa a Estados Unidos por 30 años. Es 1996, pleno menemismo. “Cosita” arenga a su amigo y colega Raul Rocco. Están decididos. Irán pueblo por pueblo a lo largo del río compartiendo con la población las consecuencias de la represa, el territorio perdido, el exilio del propio hogar. Parten hasta la represa Yacyretá, que lleva el nombre de la isla que estaba allí antes de la represa: tierra (retã) de la luna (jasy). Navegan más de mil kilómetros, con una carpa prestada y dos bolsas de dormir, hasta la ciudad de Paraná. Como acto de inauguración de la travesía, Cosita y Raúl se acercan al enorme muro y escriben con tiza sobre el concreto “DESDE AQUÍ NUNCA MÁS”. La canoa en la que parten es la de Raul, se llama “La Enamorada del Río”.
Construir otras formas del futuro para nuestros ríos implica diseñar modelos alternativos de conexión identitaria y comunitaria con ellos. Recuperar el derecho al acceso público a las costas, crear reservas naturales naturales y políticas territoriales a la altura de la crisis climática. Curar y sanar nuestras aguas implica regular las aguas cloacales, controlar su tratamiento; realizar estudios integrales sobre el efecto de los agrotóxicos que caen al río implica, repensar el modelo del agronegocio y escalar las experiencias que cultivan alimento en sinergia con la naturaleza.
Para mucha gente el futuro ya no es significado de progreso; y la dimensión ambiental ocupa buena parte de esta crisis de esperanza. ¿Qué futuros deseables, plenos y potentes nos imaginamos para nuestro gigantesco río marrón? Una sociedad potente, con economías que garanticen el bienestar, pero donde las dimensiones ambientales, culturales y sociales del río sean incorporadas. Con Comités de Cuenca realmente efectivos y con comunidades organizadas en alianza con el saber científico. Reconstruir nuestros sistemas de transporte fluvio-marítimos, con barcos y barcazas que puedan integrar a la Argentina desde Misiones a Tierra del Fuego. Con una navegación a través de los ríos y mares, no sólo para la exportación, sino también para las personas.
La gesta de “Cosita” impulsó el movimiento ambiental entrerriano de la época que logró inscribir su voluntad en Ley Antirepresas 9092/97, y la posterior inclusión del Artículo 85 en la constitución provincial entrerriana. El 25 de septiembre se celebra la Ley de Libertad de los Ríos en su honor. Desde entonces, “Cosita” se dedica al turismo comunitario, pero ahora ha tomado nuevamente los remos. Su historia inspira militancias, contagia acción. Hoy 28 años después, Cosita viaja de nuevo; navega con una flota de canoas en la travesía Remar Contracorriente, en la cual más de 180 organizaciones convocan a remar en contra de la extranjerización de nuestros ríos. Llaman a retomar la rebeldía para defenderlo. Florecen así cientos de militantes que con remo en la mano, se disponen a recorrer de nuevo cientos de kilómetros para defender y proteger al Río Paraná. Salen a disputar la capacidad de soñar y dedicarse a imaginar lo imposible, para construir realidad.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas denunciamos la falta de acceso a información clave sobre el “Proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos”, una obra de gran envergadura que podría generar impactos ambientales irreversibles en el ecosistema del río Uruguay y sus comunidades ribereñas.
Pese a nuestras reiteradas solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y del Acuerdo de Escazú, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha derivado la responsabilidad de brindar respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Sin embargo, hasta el momento, este organismo no ha puesto a disposición la documentación solicitada, obstaculizando el derecho ciudadano a conocer y participar en las decisiones que afectan los bienes comunes.
¿Por qué es importante esta información?
El dragado de un río no es un hecho menor. Aumentar la profundidad de los canales de navegación implica la remoción masiva de sedimentos, alterando los ecosistemas acuáticos y costeros. Estas intervenciones pueden generar graves consecuencias:
Modificación de los flujos hídricos y aumento de la erosión de las costas.
Pérdida de biodiversidad acuática y afectación de las especies migratorias.
Liberación de contaminantes acumulados en los sedimentos del fondo del río.
Alteración de las dinámicas de las comunidades pesqueras y ribereñas.
Además, en este caso, las intervenciones planificadas podrían afectar pasos críticos como la isla San Francisco, ubicada frente a la ciudad de Colón. La falta de información sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las evaluaciones técnicas impide conocer la magnitud real de los riesgos asociados a la obra.
Acceso a la información: un derecho, no una concesión
El acceso a la información pública ambiental es un derecho consagrado en la legislación argentina e internacional. Tanto la Ley 25.831 como el Acuerdo de Escazú establecen la obligación de los Estados de garantizar la publicidad de los proyectos con impacto ambiental, asegurando la transparencia y la participación ciudadana.
Según el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información ambiental sin necesidad de justificar un interés particular. En este caso, la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores a proveer los documentos solicitados vulnera este derecho y genera un grave precedente en la gestión de los bienes comunes.
Exigimos respuestas y transparencia
Ante la falta de información y la negativa de los organismos responsables a brindar acceso a la documentación solicitada, exigimos:
La entrega inmediata de los antecedentes completos sobre el Proyecto de Dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos, incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental y cualquier otra evaluación técnica.
Claridad sobre los procesos de autorización y evaluación de la obra por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
Información detallada sobre los posibles derrocamientos en pasos críticos y su impacto en el ecosistema del río.
Cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente, garantizando la consulta y participación de las comunidades afectadas.
El acceso a la información es la base de una democracia ambiental real. No se puede gestionar un río como si fuera un canal comercial al servicio del extractivismo, sin considerar sus múltiples funciones ecológicas y sociales.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los ríos y los territorios. Si la información continúa siendo retenida, avanzaremos con las acciones judiciales correspondientes para garantizar que se respete el derecho de las comunidades a conocer y decidir sobre su futuro.
Ante la Nueva Licitación de la Vía Navegable Troncal
22 de Noviembre 2024
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifestamos nuestra profunda preocupación frente al reciente anuncio del Gobierno argentino sobre la licitación de la Vía Navegable Troncal, con una concesión inicial de 30 años, extensible por otros 30, proyectando sus efectos hasta 2085, el equivalente a quince mandatos presidenciales. Este proyecto, mal llamado”Hidrovía”, trasciende lo técnico para convertirse en un símbolo de las dinámicas extractivistas que han marcado la relación histórica del país con sus ríos y territorios.
El modelo propuesto desde el gobierno de La Libertad Avanza, responde a una lógica privatizadora y desreguladora que prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre las necesidades colectivas. Esto refuerza un esquema agroexportador y financiarizado que ha intensificado en las últimas décadas las desigualdades socioambientales, afectando de manera estructural la integridad del Río Paraná y las comunidades que dependen de él.
El Paraná no puede ser reducido a una vía de tránsito comercial, sino como un enorme territorio que constituye un entramado vital. Alberga una biodiversidad única y sostiene los ciclos ecológicos esenciales para el bienestar de ocho provincias argentinas, en las cuales viven 12 millones de personas. Sin embargo, su gestión ha sido históricamente funcional a un modelo de maldesarrollo basado en la exportación de naturaleza, que reduce los territorios para maximizar las ganancias de sectores como el sojero, minero y forestal. Esta visión reduccionista ha provocado un deterioro alarmante de la cuenca, tanto en términos ambientales como sociales.
Desde la AAdeAA hemos señalado reiteradamente que la mal llamada “Hidrovía” representa mucho más que un proyecto infraestructural: es un ataque a los derechos del río, entendidos como parte integral de los derechos de los pueblos y de los ecosistemas. Perpetuar este modelo no solo compromete la capacidad del Paraná para sostener sus ciclos vitales, sino que amenaza con erosionar las diversidades ecológicas, económicas y culturales que hacen de la región un territorio vivo y en constante devenir.
Este debate no es solo técnico ni económico; es político y ético. En un contexto de crisis ecológica global, insistir en la lógica de la acumulación y el saqueo es perpetuar un camino de devastación. Nos urge repensar nuestras relaciones con los ríos y los territorios desde un horizonte ecosocial, en el que primen la justicia ambiental y el respeto por las múltiples formas de vida que sostienen nuestra existencia común.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) hemos denunciado en múltiples ocasiones que la existencia misma de la “Hidrovía” representa un atentado contra los derechos del río.
En este contexto, es fundamental recordar que el Paraná no debe ser considerado simplemente como una vía fluvial para el comercio internacional. Debe ser reconocido como un sistema ecológico complejo que sustenta a millones de personas y alberga una rica biodiversidad. La transformación del río en una “hidrovía” ha llevado a una serie de intervenciones destructivas, incluyendo dragados y canalizaciones que han alterado su régimen hidrológico.
Particularmente denunciamos, que no se puede avanzar en este proceso licitatorio, sin la realización de estudios de impacto ambiental y su evaluación por la máxima autoridad ambiental nacional de manera concertada con las autoridades ambientales de las provincias involucradas en la ribera del Paraná Paraguay.
No se puede avanzar en este proyecto licitatorio, sin un órgano de control independiente y abierto también a las Provincias y la democracia ambiental en la aplicación y cumplimiento de sus herramientas de participación ciudadana, con los tiempos, responsabilidad y dedicación que lo expuesto determina.
Más aún, en la mayor crisis hídrica de la historia registrada, avanzar como se propone oficialmente desde la nación, va a llevar a profundizar todos los procesos de desertificación, destrucción del sistema de humedales de agua dulce más importante del país y las costas del del, afectando directa e indirecta a más de veinte millones de argentinos y el sistema de vida milenario que lo contiene en esta nuestra naturaleza litoraleña y mesopotámica.
La profundización, que se planea lleva de 36 a 42 pies, provocará mayores niveles de desertificación a lo largo del Delta del Paraná, uno de los humedales de mayor importancia de nuestro país. La misma está liderada por el sector privado, el poder económico concentrado del agronegocio en el polo agroexportador de Rosario, con todos los privilegios del descontrol. Esto constituye un agravio al federalismo de concertación y una violación grosera y sistemática de todo el contexto convencional internacional como regional. Así lo denunciamos públicamente, y así lo hacemos ante los tribunales de la Nación.
Es esencial construir un futuro donde el desarrollo vaya de la mano con la justicia social y el respeto por los ecosistemas. Solo así podremos garantizar que todos los argentinos se beneficien equitativamente de nuestros bienes naturales.
Solicitamos a las Provincias se pongan a la altura de las circunstancias y en su caso, de no ser escuchados por el Gobierno Nacional, accedan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser negadas de manera vergonzosa y brutal en el caso que nos ocupa.
Solicitamos a las áreas ambientales provinciales involucradas, procedan conforme a Derecho haciendo valer sus competencias, sus constituciones provinciales y en particular los artículos 41, 42 (rol de las provincias en los órganos de control) 124 de la Constitución Nacional.
Como hemos advertido desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (1), se está ejecutando el derrocamiento (destrucción) de pasos rocosos (diques naturales de rocas por debajo del río) en el cauce principal del río Paraguay.(2)
El río Paraguay nace en Brasil, en el gran Pantanal, el humedal más grande del planeta (superficie de Francia) y aguas arriba del Sistema de humedales del río Paraná en sus tamos medio e inferior.
La cuenca del Plata, Holmes/Meitin, 2017.
La destrucción de estos diques naturales, aproximadamente trece, cambiará para siempre el régimien hidrológico natural del mismo, produciendo impactos irreversibles directos en el sistema de humedales del Paraguay con procesos acumulativos negativos en el gran panantal y aguas abajo, modificando radicalmente velocidades, turbulencias, procesos de sedimentación, ritmos de las inundaciones o profundización de las sequías, ni más ni menos, en un contexto climático antrópico casi desolador y donde cada día los ecosistemas y sus gentes, disponen de menos y menos agua.
Es decir, en la mayor crisis hídrica y ambiental de Sudamérica, se pretende seguir navegando con barcos cada vez de mayor dimensiones, hasta el corazón mismo del Pantanal hermano.
Durante la decada del neoliberalismo de fines del pasado Siglo, se intentó desarrollar este proyecto de demolición de los pasos rocosos usando explosivos. Organizaciones sociales y ecologistas de la Cuenca lograron detener este ecocidio. Una historia no menor, que no es ahora el objetivo de narrar en la presente nota.
De lo que se trata, es que resulta relevante que la Cancillería Argentina como de Brasil y Bolivia, convoquen al gobierno de Paraguay a una reunión urgente de Cancilleres en el marco del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, con la finalidad de poder acceder a los estudios de impacto ambiental, si los mismos existen, saber de sus autores y de la necesaria evaluación previa por parte de los Estados miembros, en razón de las consecuencias ambientales y sociales que esta decisión puede causar en la cuenca del Paraguay-Paraná.
Se solicito hace casi dos meses a la Cancillería Argentina su urgente intervención. A la fecha no disponemos de una respuesta oficial. Paraguay no puede avanzar en semejante decisión sin un acuerdo serio y con el desarrollo de todos los procesos de estudios más que sinérgicos en un sistema de humedales que sobrevive en los territorios de cinco países.
Del análisis de los estudios técnicos ambientales realizados a mediados de los 90, podemos advertir y llamar la atención de que los consultores actuantes en los estudios oficiales “… parecen haber considerado el mejoramiento de la navegación como una cuestión que atañe, a si únicamente el dragado de bancos arenosos y el derrocamiento bajarían el nivel del agua en un solo canal, a la vez. Incluso la más amplia investigación realizada por TGCC parte de este punto de vista. Los análisis sobre otros efectos hidrológicos del proyecto, la hidráulica y la sedimentación, (Volúmen 5) son meras opiniones y no análisis rigurosos.”(3)
El Panel de Expertos oportunamente conformado, realizaron en sus informes un sinnúmero de preguntas que aún no tienen respuestas públicas. Así también expone que la reducción de la superficie inundada del terreno aluvional antes mencionado, serán relevantes y de impactos aumulativos diversos en los ecosistemas asociados.
La realidad geomorfológica e hidrológica del Pantanal, no está representada en el modelo utilizado y no es válido para el Pantanal (Dunne). Los pronósticos de que los cambios en el nivel del río Paraguay como consecuencias de las alteraciones del canal y los cambios en el uso de la tierra en la cuenca, serán pequeños, no son válidos. Debido a su dudosa precisión, estos pronósticos sobre el nivel del agua no se pueden usar para calcular de forma segura los cambios en el área inundada. Por lo demás las complejas interacciones temporales y espaciales entre el nivel del río Paraguay y el nivel de los grandes y pequeños afluentes, la contribución de la precipitación local y el escurrimiento se combinan y hacen que el uso de modelos sea casi prácticamente imposible sin la ayuda de una documentación acumulada, que no existe. Sobre la base de un análisis inadecuado sobre la variación de las áreas inundadas, la mayoría de las evaluaciones de impactos sobre los procesos ecológicos y las especies asociadas a los humedales, también son incorrectos.(4)
Se detallan seguidamente los dos tramos, en esta oportunidad, de mayor preocupación.
1) Tramo Confluencia-Asunción: compartido con Argentina. (Confluencia es el punto de encuentro del río Paraguay con el río Paraná, entre las provincias de Chaco y Corrientes, y la República de Paraguay).
2) Tramo Asunción-Desembocadura del Río Apa: es el tramo de soberanía totalmente paraguaya. Aquí están las propuestas de modificación del canal más conflictivas de la primera fase de las obras previstas por el proyecto, donde se encuentran lmas de una decena de los pasos rocosos.
“Los umbrales rocosos funcionan como presas naturales; si se eliminan, se eliminarán áreas extensas del Pantanal… El colapso de los umbrales como medio de profundización, el canal navegable causará un impacto irreversible en la hidrología del Alto Paraguay. Además, la eliminación de un paso rocoso puede provocar la aparición de otro, previamente sumergido. Esta es una posibilidad real en Alto Paraguay, donde ha estado la ocurrencia de afloramientos rocosos cada 40 km en y donde las pendientes que predominan en el cauce son tan suaves (en Perfil de la Facultad de SDSU – Dr. Victor M. Ponce – Informe de la Vía Navegable – https://ponce.sdsu.edu/hidroviareportportuguesechapter0.html)
La aceleración de la concentración de escorrentía causada por las mejoras en las condiciones de navegación intensificarán la mayoría de las inundaciones anuales, podría reducir el período de retorno de las sequías plurianuales, y podría posiblemente causar un cambio climático regional, en el sentido de intensificar la aridez. El Pantanal existe por sus características condiciones climáticas/geológicas/geomorfológicas para retener agua, sedimentos y nutrientes. El aumento de la magnitud de las inundaciones se traducirá en un aumento de las pérdidas de sedimentos y nutrientes (Victor M. Ponce. Relatorio Hidrovía, PDF)
Argentina, por su total falta de intervención en los procesos de estudios -si realmente existen, decimos estudios ambientales sinérgicos de este proyecto que ahora se está ejecutando por las autoridades Paraguayas- y su evaluación previa, esta renunciando a un ejercicio de su soberanía y violando el cumplimiento y aplicación de los principios básicos que dan razón de ser al federalismo de concertación en el marco de los acuerdos preexistentes a la Constitución Nacional y por lo tanto, no garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental nacional, regional y convencional.
Brasil, en un contraste más que interesante, decidió no dragar las nacientes del río Paraguay y los tramos protegidos, ámpliamente mayoritarios, en la mal llamada hidrovía. (5)
Lo que está liderando Paraguay, es una atrocidad ecológica y social que se puede tipificar penalmente como un ecocidio que merece toda la crítica y juzgamiento institucional regional, como ético. Estamos frente a un silencio oficial, realmente destructor de ecosistemas y futuros para los seres humanos y no humanos por-venir.
Finalmente, desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas hemos realizado el 6 de Setiembre una solicitud de acceso a la información pública y requerimiento de urgente convocatoria a las autoridades ambientales y de las Cancillerías de los países involucrados, a los efectos de considerar los graves impactos ambietales y sociales que todo este escenario de derrocamientos determinaría. El silencio de la Cancillería Argentina, con plazos legales vencidos, es escandaloso.
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Autores.
Alcides Faría. Ecología en Acción. ECOA, Campo Grande, Brasil.
Jorge Daneri. Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. CAJE.
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1 Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.
2 “Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente.”
3 Efectos ambientales e hidrológicos del proyecto de Hidrovía Paraguay Paraná. Resumen de los Estudios de Impacto. Por Thomás Dunne. Capítulo 5. Panel de Expertos Independientes. página
4 Efectos ecológicos de la Hidrovía Paraguay Paraná. Son adecuados los estudios de impacto sobre el Pantanal? Por John Melack. Página 119. Panel de Expertos.
25 de Octubre – En un contexto de crisis hídrica y ambiental en el río Paraná, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha solicitado al Gobierno Nacional el acceso a la información ambiental completa sobre las recientes modificaciones en el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal del Paranáque dispone mayores profundizaciones y ensanchamientos del canal.
La solicitud se ampara en el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley Nacional 25.831 y el Acuerdo de Escazú, que establece el deber de brindar información ambiental de forma oportuna y accesible a toda la ciudadanía.
Importancia de la transparencia ambiental en el contrato del río Paraná
La transparencia en el manejo de la Vía Navegable Troncal del Paraná es esencial para garantizar un uso sostenible de este recurso vital para la región. La cuenca del Paraná, que atraviesa varias provincias y es clave para el ecosistema y la economía nacional, enfrenta actualmente una de sus peores bajantes registradas, lo cual afecta el suministro de agua potable y la salud de los humedales y ecosistemas asociados. El acceso a la información sobre el contrato de concesión permite que la sociedad y las organizaciones tengan claridad sobre las implicancias de las decisiones gubernamentales para la cuenca, la biodiversidad, y la calidad de vida en las comunidades locales.
Derechos de acceso a la información ambiental y Acuerdo de Escazú
La Ley 25.831, que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, establece que cualquier persona o entidad puede solicitar información sobre el ambiente sin tener que justificar un interés especial. Esta ley, junto con el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, promueve el acceso libre y transparente a información ambiental relevante para la sociedad.
Enfatizamos también que el acceso a esta información es indispensable para la participación ciudadana en políticas públicas, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer y comprender las decisiones que afectan su ambiente y su calidad de vida. El Acuerdo de Escazú establece el “Principio de Máxima Publicidad”, que indica que el Estado debe ofrecer proactivamente esta información y ponerla a disposición pública, en un formato accesible y claro.
Información solicitada sobre la Vía Navegable Troncal
Específicamente, la Asociación ha solicitado la entrega del texto completo del contrato de concesión del río Paraná y todas sus modificaciones, además de los anexos de la Disposición 24/2024, los cuales no son publicados con el texto de la Disposición que los referencia, pero reiteramos, no son publicados de manera íntegra y accesible. Lo expuesto se manifiesta accediendo en el Boletín Oficial. Esta información es fundamental para comprender el alcance e impacto de las modificaciones introducidas.
En ese sentido, solicitamos especialmente la totalidad de los anexos obrantes en el expediente, ya que en el propio Boletín Oficial al final mencionan que “NOTA : El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.”
La falta de acceso a esta información pública es una barrera a la participación de la ciudadanía en el control de decisiones estratégicas que afectan a un bien común. En caso de recibir una respuesta incompleta o falta de respuesta, la Asociación formulará la correspondiente reserva de acción judicial.
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con la organización ecologista UPVA de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, presentó una solicitud de urgente resolución por parte de la Justicia Federal de San Nicolas, con la finalidad de que no se avance en más profundizaciones del cauce principal ni de ningún otro curso de agua en el valle de inundación del río Paraná -mal denominada hidrovía- en razón de la enorme crisis ambiental e hídrica que se manifiesta en la cuenca del Plata y Sudamérica toda.
Intentar, en semejante escenario, avanzar con intervenciones de ensanchamiento y profundización de cauces, a los efectos de garantizar bodegas completas en su capacidad de carga, de los barcos de ultramar o los que sean según los tramos del río Paraná Medio o Inferior, sin cumplir, aplicar y respetar los procesos necesarios de estudios de impacto ambiental acumulativos como la realización de una evaluación ambiental estratégica de la cuenca, frente al delicado escenario de cambio climático, es un agravamiento del proceso ecocida que se vive en estos territorios, que no podemos ni debemos consentir y menos acompañar con silencios o faltas de decisiones ejecutivas como judiciales, sean negacionistas o ignorantes de la significación y relevancia de los principios de precaución y prevención entre tantos otros del Derecho Ambiental y Convencional.
El proceso de vulneración del acceso al agua saludable en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, como la enorme afectación a la diversidad biológica como cultural y productiva de las comunidades habitantes del valle de inundación y ecosistemas asociados, movilizan el dictado de la decisión cautelar requerida por los impulsores de la acción de amparo ambiental federal.
Solicitamos a la Justicia Federal, se haga cargo de semejante escenario y dicte la medida cautelar que prohíba mayores intervenciones en el sistema de humedales y su cauce principal, dejando descansar y libre de más procesos de artificialización del río y sus ecosistemas asociados, hasta tanto se dicte Sentencia definitiva en la causa judicial correspondiente, en la que se peticiona se ordene conformar el Comité de Cuenca del río más grande del País, garantizando el ejercicio de la democracia ambiental, con el debido respeto de sus herramientas de participación ciudadana.
Finalmente, en estas horas la Administración General de Puertos concrectó la modificación del contrato de concesión del servicio de mantenimiento y dragado, estando habilitada para desarrollar mayores profundizaciones del cauce y ensanchamientos. Expresamos nuestro total repudio a esta medida inconstitucional y violatoria de todos los procesos participativos previos como preventivos, de absoluto agravio al federalismo de concertación, en atención a que son las Provincias y sus pueblos las titulares de los bienes naturales existentes en el valle de inundación en todas sus diversidades y vitalmente, sus ríos. Ignorar las atribuciones y derechos de las Provincias y sus pueblos, es de una gravedad institucional, en el cotexto expuesto y en relación a sus impactos negativos, que nos lleva a denunciar como un ecocidio más que anticipado por el conjunto de los movimientos ambientales, sociales y de otras escalas humanas de la cuenca en su conjunto. Buenos Aires, San Nicolás y Paraná, 20 de octubre de 2024.
Contacto: Jorge Daneri +54 9 343 5113491 Fabián Maggi +54 9 3413 72-0859 Miembros del equipo de Litigio Estratégico de la AAdeAA.
Parece ridículo explicar sus consecuencias inhumanas. Quizás sí exponerlas para los seres vivos no humanos, pero ahora no es el objetivo de estas palabras. Victoria, la de las siete colinas, se está secando.
Cientos de causas se pueden exponer frente a semejante realidad. Los anti Estado que dicen que el libre mercado lo resolverá, los burócratas que no salen o no se animan a saltar de sus zonas de confort, o los militantes funcionarios de la Agenda negacionista, el no tenemos plata y los alienados al infierno mental de sus mundos digitales.
Mientras el pueblo de Victoria se queda sin acceso a las aguas, la política del auto proclamado “No” político Javier Milei, anunciará en las Naciones Unidas, la liberalización de todas y todos, más este río.
En su cauce principal, si existen dragas ¡y qué dragadoras!
Pero para abrir pasos taponados por décadas de descontrol por esas mismas mega dragas y que las aguas puedan fluir hacia el valle de inundación del ejido de Victoria, no existen urgencias ni tiempos prioritarios. Menos aún dragas públicas que solidaria y fraternalmente puedan brindar, esas manos. Las fundieron, las vaciaron, las hundieron o las regalaron a las corporaciones multinacionales.
El pueblo de Victoria se está quedando sin agua. ¿Se comprende?
Estas reflexiones, ojalá puedan servir para que algún fiscal de esos Ministerios Públicos mínimamente valiente, o esos jueces que sí tienen tiempo para avanzar en causas ambientales y resolverlas como el Derecho Constitucional y Ambiental disponen, puedan tomar estos hechos, como una solicitud de ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de sus pueblos, como una ética del cuidado de las instituciones democráticas a escala humana, no digital, y disponer la inmediata convocatoria al Comité de Emergencia Ambiental del Delta conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2020, para que se garantice todo eso que se debe poner para sostener el aún milagroso artículo 85 de la Constitución de la Provincia de los ríos libres, y el pueblo de Victoria no se sienta vulnerable y abandonado por los unos y los otros.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
Tras una década de vaivenes sobre el río Santa Cruz, que parecía encarar una batalla perdida, la serpiente de agua turquesa que viaja desde la cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino, sigue fluyendo libremente. La película “El último río de la Patagonia”, dirigida por Sofía Nemenmann (AAdeAA/CAJE) e Ignacio Otero, narra una de las travesías en kayak organizadas en defensa de este emblemático río.
El documental narra un viaje plagado de emociones al ritmo vertiginoso del agua: 4 días de remo, 3 noches de camping, 27 activistas viajan desde distintas regiones de Argentina, Alemania, Estados Unidos y Chile para conocer el río Santa Cruz y remar sus 360 kilómetros.
Luego de meses de incertidumbre, la construcción de las mega-represas Jorge Cepernic y Nestor Kirchner sobre el río Santa Cruz, permanece paralizada, a la espera de nuevos desembolsos capaces de reactivar la obra.
En defensa de sí mismo, el río ha librado una batalla incesante con crecidas extraordinarias, inundaciones, movimientos sísmicos y demás fenómenos que han derribado puentes y estructuras a lo largo de su curso. Como resultado, a 10 años de la primera concesión, no se ha logrado avanzar en ninguno de los objetivos previstos, ni siquiera en la desviación del caudal principal que permitiría la puesta en marcha de los muros de hormigón, la pieza central de esta infraestructura.
El documental captura la red de defensores socioambientales que lucha por la libertad de este río, llevando adelante una resistencia que parecía perdida, pero que sigue viva y libre.
Imágenes de naturaleza salvaje, una travesía a través de los paisajes más inhóspitos del país y un centenar de curvas que convierten a esta arteria glaciaria en una serpiente transportadora de nutrientes y tesoros invaluables. El cortometraje ofrece una mirada profunda hacia la majestuosidad y la fragilidad de este ecosistema único, mientras el río despliega su danza surcando el territorio santacruceño.
Un viaje. Un grito. Un conjuro por la libertad de los ríos.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.
Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales
Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.
El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.
Un atentado contra los acuerdos internacionales
Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.
Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico
Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.
La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.
Exigencias y acciones inmediatas
Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:
La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.
No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental
Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.
