El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) ha formalizado una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) debido al reciente derrame de crudo ocurrido en Bella Vista Sur, barrio Islas Malvinas de Comodoro Rivadavia, el pasado 25 de junio.
El incidente, atribuido a YPF, fue inicialmente reportado a las 1:40 AM por autoridades locales, quienes señalaron la falta de información exacta sobre la cantidad de petróleo vertido. Según Nicolás Coluccio, Subsecretario de Ambiente del Municipio, el plan de emergencia de YPF fue desplegado con demora y deficiencias, lo que suscitó preocupaciones sobre la respuesta ambiental efectiva en la región.
En el marco legal, la denuncia apunta a posibles delitos en marco de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y a daño culposo. El agravio al derecho constitucional y convencional a un ambiente sano, respaldado por normativas nacionales y provinciales que regulan la protección del ambiente.
Desde redacciones periodísticas locales documentaron el incidente, fuente de información importante ante la falta de investigaciones oficiales. Además, se solicitó a las autoridades competentes de Chubut y Comodoro Rivadavia que informen sobre las medidas tomadas y las posibles infracciones cometidas por YPF. También se requirió que funcionarios involucrados hicieran declaraciones testimoniales para aclarar los hechos y procedimientos administrativos.
Desde CAJE-AAdeAA reafirman la necesidad de que exista una rendición de cuentas ante este derrame de crudo en Comodoro Rivadavia. Es necesario que la incidentalidad inherente a la industria fosil rinda cuentas ante la sociedad. En nombre de las exportaciones que nunca llegan, la salud y seguridad de las comunidades no puede ser arriesgada. Por eso, este paso legal tiene como objetivo asegurar una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones correspondientes a los responsables del derrame.
Las organizaciones GREENPEACE ARGENTINA, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS Y ABOGADAS AMBIENTALISTAS, ASOCIACIÓN CIVIL MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE, ECOS DE MAR, SURFRIDER ARGENTINA, FUNDACIÓN PATAGONIA, NATURAL, ASOCIACIÓN DE SURF ARGENTINA, KULA EARTH ASOCIACIÓN CIVIL, ASOCIACIÓN DE SURFISTAS DE NECOCHEA – QUEQUÉN Y ASOCIACIÓN DE GENERAL ALVARADO DE SURF; manifestamos que el documento titulado “YPF – Exploración Off Shore con Licencia Social” que tomó estado público recientemente expone dramáticamente la atroz manipulación de la opinión pública y la sociedad argentina por parte del sector petrolero.
Éste documento sería considerado por YPF en el marco del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, cuya filtración se hizo pública el día 5 de junio en medios de comunicación, redes sociales y prensa especializada, incluso trascendencia internacional, en razón de la gravedad institucional en la que ha incurrido la parte demandada YPF.
El documento evidencia una “estrategia de comunicación” voraz y una “desprejuiciada campaña de manipulación de la información pública” que pretende ostensiblemente:
Correr el foco del enorme riesgo de daño ambiental que este proyecto conlleva para los ecosistemas marinos, la biodiversidad, el clima, las actividades ligadas a la pesca y el turismo y las comunidades costeras.
Desvirtuar la información que debe contar la ciudadanía para otorgar una correcta licencia social.
Afectar la participación ciudadana a través de divulgación de información falsa y publicidad engañosa de las actividades sísmicas y sus impactos sociales, ecológicos y económicos, ya que no se puede ejercer debidamente el derecho a la participación con información falsa e imprecisa.
Moldear la opinión pública usando falsas iniciativas populares de junta de firmas, como por ejemplo, exigiendo a Shell que cumpla sus promesas de inversión
Estigmatizar y promover una agitación mediática contra defensores y defensoras ambientales que junto a vecinos y vecinas de la costa atlántica se oponen al avance de las actividades sísmicas en nuestro mar.
Limitar la democracia ambiental y afectar las bases mismas del Derecho a la Información Pública Ambiental y Participación Ciudadana consagrada en nuestra Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y otros acuerdos internacionales.
Resulta fundamental dejar en claro que lo que se está manifestando es una maniobra en curso de ejecución para manipular -con fondos públicos- la opinión pública en general, estableciendo una suerte de protocolo con etapas, modelos y parámetros para intervenir y revertir, al menos de forma aparente, la grave carencia de licencia social que tiene el proyecto sísmico frente a la ciudad de Mar del Plata. Esta situación no hace más que agravar los vicios ya denunciados en el causa judicial por deficiente y falsa información y también un reconocimiento expreso por parte de YPF de la falta de licencia social de este proyecto.
Manipular la opinión pública a través de noticias falsas no solo es ilegal y configura una situación de abuso sobre los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana que requiere de datos e información precisa, cierta, veraz, temprana y adecuada, sino que como publicidad engañosa es una gran estafa a la sociedad democrática.
La YPF del Siglo XXI. – El Informe de 2021 del IPCC “debe ser como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta (…). Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles y transferir los subsidios de los combustibles fósiles a la energía renovable” dijo recientemente el Secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), una especie de “dream team” de científicos de todo el mundo, alertó en su informe del 2021 que “muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.”
Por ello es que ya hace un tiempo los combustibles fósiles resultan parte del pasado, de la vieja economía. El colapso climático en que el mundo está inmerso por el uso de combustibles fósiles, principal responsable del calentamiento global y el cambio climático, ya no es una cuestión discutible. La certeza científica es total.
En este contexto la empresa YPF cumple 100 años el 3 de junio de este año. Emblema nacional que ha sido esencial en el Siglo XX para el progreso social, económico y material del país. Ha creado ciudades y pueblos enteros, ha dinamizado economías regionales y, por ello, en el imaginario social es vista como un orgullo nacional. Es que el famoso orgullo Ypefiano tenía una base real, además de casas, escuelas y barrios, construía tejido social. Parte del norte argentino y la Patagonia conocen bien la historia de esta empresa. Paradójicamente, son los mismos lugares donde se encuentran la mejor exposición solar (Norte) y perfectos vientos (Patagonia), ambos indispensables para las energías renovables.
La nefasta privatización, a manos de Repsol en la década de los 90`, significó un retroceso importante que pudo ser parcialmente revertido con la compra del 51% de las acciones de la Sociedad Anónima por parte del Estado en el año 2012. Pero a pesar de ello YPF nunca dejó de actuar como una empresa privada. El 51% del Estado no fue suficiente para cambiar la manera en que se maneja en el mercado, ni para evitar que fondos como Blackrock se beneficien de las consideraciones que se tiene sobre YPF por su capital estatal.
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas pensamos que el rol de la YPF del Siglo XXI es fundamental para que la Argentina pueda iniciar una verdadera transición ecosocial, una salida ordenada y progresiva del modelo energético fosilista y extractivista que predomina.
El contexto internacional es muy importante para saber cómo debiera ser una empresa de energía, con fondos estatales, en los tiempos que corren, donde los activos petroleros corren el riesgo de convertirse rápidamente en activos obsoletos. La Agencia Internacional de la Energía (IEA), de la cual no se pueden sospechar inclinaciones ambientalistas, publicó su escenario de cero emisiones netas y declaró que, en el recorrido compatible de limitar el aumento de temperatura global en 1,5°C (en comparación a los índices preindustriales) comprometidos en el Acuerdo de París:
“no se necesitan nuevos yacimientos de petróleo y gas natural más allá de los que ya están aprobados para desarrollar”
“no se necesitan muchas de las plantas de licuefacción de gas natural licuado (GNL) que están actualmente en construcción o en la etapa de planificación”
“no se necesitan grandes inversiones en nuevos oleoductos y gasoductos”
39 países e instituciones, que representan por lo menos $20 mil millones al año en financiamiento al petróleo y al gas, se comprometieron a finalizar su financiamiento público internacional a los combustibles fósiles. En el mismo sentido, 10 de las 38 aseguradoras principales se comprometieron a finalizar o restringir de alguna manera las suscripciones de nuevos proyectos de petróleo y gas.
La Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) es una alianza internacional de gobiernos nacionales y subnacionales que trabajan juntos para facilitar la eliminación controlada de la producción de petróleo y gas. Dirigida por los gobiernos de Dinamarca y Costa Rica, la alianza tiene como objetivo elevar el tema de la eliminación de la producción de petróleo y gas en los diálogos climáticos internacionales, movilizar acciones y compromisos, y crear una comunidad internacional de práctica sobre este tema. Ya tiene 8 miembros principales (Francia, Suecia, Irlanda, entre otras), 3 asociadas (Portugal, Nueva Zelanda y California) y 3 países amigos (Italia, Finlandia y Luxemburgo). BOGA es un importante primer paso; desde el seno de la ONU se comenzó a hablar concretamente de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero aún la legislación sobre la eliminación gradual es escasa.
Por su parte, en los últimos años el costo de capital aumentó considerablemente para las empresas de petróleo y gas y disminuyó para la electricidad renovable:
Solar fotovoltaica: -85 %
Eólica onshore: -56 %
Eólica offshore: -48 %
El costo de las baterías disminuye aún más rápidamente. La energía eólica y la solar son las fuentes más baratas de la nueva generación para 2/3 de la población mundial.
En todo el planeta, desde el año 2016 se cancelaron 148 proyectos de petróleo o gas. El activismo y las protestas tuvieron un papel significativo para ejercer presión sobre los gobiernos. Según el Ipsos Global Advisor for the World Economic Forum (2022), más del 84% de las personas en el mundo está a favor de eliminar gradualmente la quema de gas, carbón y petróleo. En la misma encuesta el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables estuvo en el quinto puesto de las medidas ambientales.
Sin embargo los gastos de capital mundial en el sector del petróleo y el gas continúan: la inversión prevista en el suministro de petróleo y gas pero las 20 principales empresas productoras de petróleo y gas será de más de 930.000 millones de dólares en nuevos desarrollos hasta 2030 (contados desde el 2010). Si bien van en una leve curva descendente desde 2010 hasta la fecha, las tendencias recientes sugieren una posible reversión, sobre todo a partir de la guerra en Rusia. Así las empresas petroleras y de gas siguen operando de forma incompatible con los 1,5 grados comprometidos en París.
En resumen, según lo convenido en el Acuerdo de París, no hay absolutamente margen alguno para la expansión del petróleo y el gas. Los costos de la energía eólica y solar están disminuyendo, mientras que los costos de los combustibles fósiles están en aumento.
La cantidad de instituciones financieras y activos bajo gestión comprometidos con la desinversión de combustibles fósiles están creciendo de forma exponencial. Se han cancelado proyectos de petróleo y gas y se evitaron emisiones gracias al activismo en sus distintas formas. Los costos de las energías renovables están preparados para desestabilizar el sector de combustibles fósiles. Las desinversiones en gas, petróleo y carbón se están acelerando.
“La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína” declaró públicamente hace pocos días Gustavo Petro, el candidato presidencial de Colombia. En esta línea se destaca en su programa de gobierno, junto a Francia Márquez, la propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:
“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]
Proponen una transición gradual, justa y con suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 45% de las exportaciones de Colombia). La propuesta implica no solo cambios en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia.
Es un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la construcción de un nuevo paradigma, dejando por fin los combustibles fósiles en el subsuelo. Esta iniciativa contó con el apoyo de importantísimos referentes, activistas e intelectuales de todo el mundo como Vandana Shiva, Boaventura de Sousa Santos, Naomi Klein, Noam Chomsky y, de Argentina, Maristella Svampa, entre muchos otros y otras.
Petro y Francia en Colombia, como Boric en Chile, representan lo que algunos autores llaman “progresismos de 2da generación” en América Latina donde la problemática socioambiental se encuentra transversalmente en sus ideas de gobierno y no solamente como compartimentos estancos.
Ahora bien, en este contexto, es el momento que la República Argentina pida, muy determinadamente, una compensación internacional por dejar el yacimiento Vaca Muerta bajo tierra y el mar argentino en paz. Un mecanismo similar se intentó hacer en Ecuador en el año 2007, bajo el nombre de “Iniciativa Yasuní” donde el entonces gobierno de Correa, a instancias de la sociedad civil, le pidió a la comunidad internacional una compensación económica por no explotar el petróleo en el biodiverso Parque Nacional Yasuní.
Si bien en ese momento la iniciativa no prosperó, ya ha pasado mucho tiempo, las cosas se han acelerado y lo que parecía imposible en ese momento hoy, con el colapso climático en acción, más los compromisos internacionales, empieza a tener verosimilitud. La deuda climática, es decir, la desigual responsabilidad de las potencias del Norte sobre el Cambio Climático, es otro hecho indiscutible. Es el momento que, desde el Sur, la reclamemos de forma concreta, real y tangible.
Con Maristella Svampadijimos acá que “batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria (…) De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.”
Tampoco podemos permitir ser nuevamente la zona de sacrificio, ahora en el altar de la “transición energética” del Norte global. Porque en realidad no estamos asistiendo a ninguna transición energética, sino más bien a una expansión energética. Más offshore, fracking, gas, más proyectos en los sures para alimentar el sobreconsumo del norte global.
No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, vertiginosa, de carácter corporativo y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. Pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.
Trabajadores petroleros capacitados en energías renovables. Esto debiera ser, quizá, la principal demanda de los sindicatos petroleros que deben entender que estamos en el ocaso de los combustibles fósiles. Estos sindicatos deberían ser los principales interesados en que sus asociados/as puedan mantener sus puestos de trabajo calificándose en las energías del futuro.
La YPF del Siglo XXI resulta indispensable en este proceso.
Como también lo es para la sustitución de importaciones, otro de los grandes desafíos de una verdadera transición energética justa. Necesitamos que la mayor cantidad posible de la infraestructura para las energías renovables (paneles solares, molinos eólicos, baterías de litio, etc) sea paulatinamente construida en el país y para ello se necesita un Estado, y una empresa con capital estatal, comprometida en generar este círculo virtuoso con la sociedad para sustituir importaciones.
Por último, para los especialistas Pablo Bertinat y Jorge Chemes pensar el sector energético en términos de una transición socio-ecológica requiere:
Establecer plazos para cerrar el ciclo de los fósiles e ir a una matriz de fuentes renovables utilizadas sustentablemente.
Establecer metas de reducción efectiva de la extracción y utilización de energía.
Fortalecer la concepción de energía como derecho por sobre la concepción mercantil.
Desarrollar procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía.
Establecer una fuerte acción contra la desigualdad energética, eliminación de la pobreza energética e inequidades de género.
Democratizar las políticas energéticas.
Para todo ello la YPF del Siglo XXI tiene un rol fundamental. No perdamos la oportunidad histórica de convertirnos nuevamente, como lo fue la YPF del Siglo XX, en un faro regional de la economía del futuro.