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A la Corte Suprema en la Causa por el Golfo San Matías

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en la causa por el Golfo San Matías. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera, y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. Por eso interpusimos el 31 de mayo pasado un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro. 

Como organización patrocinante, denunciamos que en el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada el 9 de agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no regresión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural Golfo San Matias. 

Lo único que hizo el STJ en su resolucion es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la accion legal: Fundación Inalafquen, Multisectorial Golfo San Matías; Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Patagonia Natural; Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Pastoral Social Diócesis de Viedma; Pastoral Social Diócesis Alto Aalle, Radio Comunitaria La Korneta, Feria de Artesanos Victor Menjolou de las Grutas; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Partido Socialista de Rio Negro y Asamblea Socioambiental de Cipolletti. 

Esta y otras acciones del Poder Judicial local se encuentran alineadas con las políticas fosilistas y extractivistas del gobierno provincial y las empresas petroleras y gasíferas que operan históricamente en la región. Esto incluye la falta de transparencia y consulta ciudadana, lo que se encuentra en violación del Acuerdo de Escazú, ratíficado por nuestro país. También la suspensión de la Audiencia Pública organizada para esta causa, cuyas flagrantes irregularidades fueron denunciadas por las organizaciones ante la Fiscalía de Estado.

El rechazo de la causa niega la voz de las comunidades territoriales que resisten el avance de la infraestructura de Vaca Muerta. La cual necesariamente viola derechos humanos y ambientales para maximizar y lograr su rentabilidad macroeconómica. El modelo actual de avance del entramado petrolero avanza sobre  falsas promesas de riqueza, que a 10 años de Vaca Muerta, se ha comprobado que no solo son falsas, sino que han fugado más divisas de las que han ingresado. Recientemente estuvimos presentes en las Grutas y pudimos una vez más comprobar la voz del Pueblo: ¡La Ley 3308 no se toca!

La causa por el golfo San Matías 

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial. Esto fue realizado de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista. 

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles  de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Foto: Greenpeace

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Basureros petroleros de Vaca Muerta

Avanza la investigación penal por los basureros petroleros de Vaca Muerta

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con la Asamblea Por los Derechos Humanos de Neuquén, fue admitida como querellante de la investigación penal en curso en los basureros petroleros de Vaca Muerta. La misma pesa sobre COMARSA, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial. La  solicitud de querella fue aceptada por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. 

Se investiga la posible comisión del delito de contaminación peligrosa para la salud y el ambiente por parte de la empresa Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA), así como la posible responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de supervisar dicha actividad. La Fiscalía consideró que este delito protege dos bienes jurídicos fundamentales: el ambiente y la salud, los cuales están estrechamente relacionados. Además, destacó la legitimación amplia en materia ambiental, respaldada por la Constitución Nacional y Provincial, reconociendo el papel activo de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa del ambiente y el acceso a la justicia en temas ambientales como un derecho humano reconocido internacionalmente.

En la causa existe documentación oficial, informes y testimonios en donde, por una parte, se exponen abiertamente una serie de irregularidades en el accionar de COMARSA, en cuanto al tratamiento de los residuos petroleros; y, por otra parte, el conocimiento de estos incumplimientos reiterados por parte de las autoridades públicas competentes.

Dentro de voluminoso legajo de la investigación penal, se destacan más de 1180 fojas que contienen las actas de las inspecciones realizadas a Comarsa por funcionarios estatales entre 2013 y 2021. También se encuentra el historial de las infracciones constatadas por la autoridad de aplicación, los registros del programa de trazabilidad de residuos (incorporados en 2017), estudios de emisiones de gases de hornos pirolíticos y manifiestos de la cadena de custodia. Se ha comprobado que la cantidad de residuos peligrosos que genera el fracking hace que su correcto tratamiento sea imposible.

Esta nueva información ratifica la la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA. La misma se apropió ilegalmente de tierras fiscales para depositar en ellas residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos no convencionales. También son evidentes las reiteradas declaraciones falaces sobre el volumen de los residuos acopiados y el acopio de basura por sobre las capacidades de tratamiento. La violación a las suspensiones por mal funcionamiento de hornos son de especial gravedad, ya que ponen en peligro a la  población con emisiones de dioxinas y material particulado.

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020

Desde diciembre de 2020 que la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas expone el escandaloso negocio millonario de los basureros petroleros en Vaca Muerta. Denunció penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo. También a las compañías petroleras YPF, Shell, Chevron, Tecpetrol (entre otras) por producir esos residuos en el marco de las perforaciones de fracking. Por último, a los funcionarios públicos del gobierno provincial de Neuquén, responsables por la omisión de los controles correspondientes.

Tribunal a Vaca Muerta

A los 10 años de Vaca Muerta, una delegación internacional evaluará sus consecuencias sociales y ambientales

Entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2023, una delegación de jueces y juezas del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitará Vaca Muerta, en las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. La visita se centrará en los impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión de la industria extractiva en la región. La delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza buscará analizar la situación de la región en relación con los derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas, así como también evaluará la gestión de los impactos ambientales por parte de las empresas extractivas y las autoridades gubernamentales, en el marco de la expansión de la frontera extractiva en la Patagonia argentina.

La visita es organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Cultural Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita son la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos. 

El contingente evaluará los resultados del avance del megaproyecto los últimos 10 años y los impactos sobre las vidas de las poblaciones locales y regionales. A medida que se intensifica permanentemente el número de perforación y fracturas, la dependencia de la financiación de la industria pone en riesgo las economías locales. A pesar de las promesas de entrada de divisas, la evidencia apunta a que las empresas han fugado mayor cantidad de dólares de los que han ingresado al país. Sin embargo, la información y las investigaciones pertinentes no se han llevado a cabo gracias al consenso político, empresario y extractivo que existe sobre Vaca Muerta como una solución certera a los deficits energéticos, financieros y sociales de la Argentina.

En un contexto de sequía nacional y de bajante extrema, los impactos socioambientales de la extracción por fracking aumentan. Uno de los principales problemas en la región es el uso del agua, ya que la zona tiene escasos recursos hídricos. Se estima que para 2023 la demanda de agua en Vaca Muerta se duplicará y alcanzará los 30 millones de metros cúbicos anuales. Además, el almacenamiento de los residuos tóxicos generados por la actividad extractiva es otro problema importante. La intensiva ocupación del territorio por parte de la industria extractiva también genera impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de las locaciones petroleras ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida, así como también ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas como Allen.

Durante la visita, la delegación se reunirá con representantes del gobierno, organizaciones sociales y comunidades indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. La agenda incluye visitas a la provincia de Neuquén, donde se encuentra el megaproyecto de Vaca Muerta y las empresas petroleras; a los basurales petroleros de Neuquén Capital y Añelo, donde se ha denunciado la contaminación y almacenamiento ilegal de residuos tóxicos del fracking; a Vaca Muerta y a la Ruka Mapuche en las afueras de Neuquén, para evaluar los impactos en el territorio y los derechos de los pueblos indígenas; y a la localidad de Sauzal Bonito, donde se han registrado movimientos sísmicos y se ha cuestionado la relación entre el fracking y la sismicidad.

Tras finalizar la visita, la delegación presentará un informe provisional de los resultados en una reunión que tendrá lugar el martes a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados/as de la Nación Argentina.

Basureros Petroleros. Foto: Pablo Piovano

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza. Crea un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la Naturaleza, para protestar por la destrucción de la Tierra -destrucción fomentada por las empresas con el beneplácito de los gobiernos- y, por tanto, el Tribunal visibiliza los conflictos y sus actores y hace recomendaciones jurídicas sobre la protección y restauración de la Tierra como jurisprudencia modelo para las comunidades de base. También se centra en apoyar a los pueblos indígenas para que alcen su voz y compartan los impactos que ven en sus territorios como guardianes de la Tierra. Es un espacio para compartir alternativas sobre la tierra, el agua y la cultura con la comunidad global.

Los veredictos del Tribunal, si se aplican al más alto nivel, podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, un tribunal de ética civil inspirado en el Tribunal Internacional de los Crímenes de Guerra, el Tribunal Permanente de los Pueblos y otros esfuerzos populares de este tipo para compensar el fracaso e inacción del Estado a la hora de hacer justicia; solicita ahora a las Naciones Unidas -y a las naciones en general- que asuman el trabajo que lleva cumpliendo hace años y defiendan los derechos fundamentales de la naturaleza. Ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España,  Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Para saber más sobre el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, haga click aquí.

Para saber más de la visita in situ a Vaca Muerta, haga click aquí. 

Entre los integrantes de la delegación se encuentran: Jueces: Patricia Gualinga (Ecuador), Yubelis Morales (Colombia), Alberto Acosta (Ecuador), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina). Como observadores: Enrique Viale (Argentina – AAdeAA/CAJE), Claudia Aboaf (Argentina, Colectivo Mirá), Rafael Colombo (Argentina, AAdeAA/CAJE).

Torre de perforación en Vaca Muerta

fracking en mendoza

Exigen al Estado revelar el trasfondo del fracking en Mendoza

Debido a la falta de transparencia y la opacidad corporativa que rodea el avance de Vaca Muerta sobre el territorio mendocino, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas hemos presentado un pedido de Acceso a la Información Pública y Ambiental exigiendo al Estado la información fehaciente sobre las autorizaciones otorgadas a la empresa YPF para realizar en fracking en Mendoza verificando que la ley vigente se encuentra en cumplimiento. 

Asimismo, el pedido demanda que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Mendoza revele y publique la información necesaria para garantizar las instancias de participación en políticas públicas ambientales por parte de la ciudadanía. Para esto el acceso oportuno a la información pública ambiental es indispensable para la participación pública, derecho fundado en uno de los pilares del sistema republicano de gobierno que es el de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.

La información que falta sobre el fracking en Mendoza

Entre los datos exigidos por la Asociación para desvelar el fracking en Mendoza se encuentran los siguientes. Para cada uno de ellos se pide la resolución administrativa correspondiente, su fecha de publicación en el boletín oficial, y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental correspondientes.

  • Si la empresa YPF ha presentado proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales.
  • Cuántos pozos de exploración y explotación de no convencionales tiene autorizados la empresa YPF en la formación de Vaca Muerta, en el sur de Mendoza, cuando comenzarían, su ubicación y los correspondientes estudios de impacto ambiental.
  • La cantidad de pozos de exploración y explotación de hidrocarburos de formaciones no convencionales, que autorizó o pretende autorizar a la empresa YPF en los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte, en el yacimiento Cerro Morado Este, área Chachahuen, en el sur de Mendoza y su ubicación. 
  • Si se ha garantizado el procedimiento de Consulta, libre, previa e informada de las Comunidades indígenas del Pueblo Mapuche que pudieren ser afectadas por los proyectos de exploración y explotación en yacimientos no convencionales. 
  • El volumen que se pretende extraer en gas y petróleo, la cantidad de agua empleada o que pretende emplear en cada pozo de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales.
  • El volumen de residuos petroleros generados por la empresa YPF, y si la misma cuenta con un seguro de responsabilidad ambiental de cobertura total para la recomposición de los daños socio ambientales que las actividades pudieran ocasionar.
  • El plan de tratamiento de residuos, qué empresas lo tendrán a su cargo, y cuáles serán las empresas a cargo del transporte; el tratamiento diferenciado para residuos sólidos, semisólidos y líquidos, la distancia entre plantas de tratamiento de residuos peligrosos y plantas de operaciones con los cursos de agua superficial más cercanos, y las áreas urbanas más cercanas, instalaciones para realizar el tratamiento, tales como hornos incineradores, pirolíticos o de desorción térmica, piletas, depósitos, entre otros.
  • A su vez que se publiquen las actas de infracción contra YPF, campañas de monitoreo, auditorías sobre las campañas de hidrofractura, y la documentación que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Contactos de prensa:   Alejo di Risio +5491123904594

Argentina – 9 de Agosto 2022

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Estado de Offshore en Argentina

¿Cuál es el estado del offshore en Argentina?

Ante la confusión y desinformación circulando con respecto a offshore en Argentina aclaramos

La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata implica que la suspensión del proyecto offshore se mantiene y se imponen importantes y complejos condicionantes.

El Estado Nacional DEBERÁ DICTAR UNA NUEVA Declaración de Impacto Ambiental de la ya dictada, e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos, y que reúna los siguientes recaudos:

1) Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado por las leyes 22.351 y 23.094, deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen, tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia.

2) Deberán valorarse, también, las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal (audiencia pública consultiva de fecha 30 de mayo de 2022), y nacional (consulta popular que culminó el 19 de mayo de 2022) sobre offshore en Argentina.

3) Deberá incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la DIA y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.

4) Las indicaciones de la DIA a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente, y no en modo potencial o condicional.

Todo esto ratifica nuestros argumentos y reclamos sobre las irregularidades cometidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente, las violaciones a la legislación ambiental y climática vigente y los vicios sistemáticos en el procedimiento administrativo.

Este tipo de accionar es característico de estos megaproyectos que carecen de licencia social y deben proceder avasallando la legislación y jurisprudencia vigente.

Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas – 7 de Junio de 2022

Basurero petrolero en Vaca Muerta

Vaca Muerta: Se detectan graves irregularidades en los residuos tóxicos del fracking

Ante la escandalosa situación revelada en un allanamiento de la fiscalía de Neuquén

Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.

Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto  que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.

Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados.

Rafael Colombo, impulsor de la denuncia penal.

En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley”.

Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación  de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”. 

La denuncia penal presentada en diciembre de 2020

El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.

En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.

mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking

20 mitos y realidades del fracking en Argentina – Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

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caminos judiciales del fracking

Los Caminos Judiciales del Fracking

Activismo Judicial estratégico como resistencia al avance ilegal del fracking y la explotación de hidrocarburos no convencionales. el caso de la provincia de Mendoza: mayo 2021

Los caminos judiciales del fracking es un informe que relata las acciones y resultados del trabajo judicial realizado en relación a las autorizaciones para la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la utilización de la técnica conocida como “fracking” o fractura hidráulica, en la provincia de Mendoza, Argentina.

La meta-estrategia implementada por la sociedad civil en la provincia de Mendoza para resistir el avance ilegal de la fractura hidráulica se basó en dos dimensiones. Las manifestaciones sociales para incidir en el sistema político y el abordaje judicial a través del litigio de interés público.

Buscando también en el poder judicial una tercera dimensión basada en las consideraciones no solo jurídicas, sino valorativas de la importancia de preservar los mejores estándares de transparencia institucional y darle las adecuadas dimensiones normativa, histórica y valorativa al hecho juzgado.

Los equipos legales de tres organizaciones de la sociedad civil (FADE, FARN, OIKOS Red Ambiental y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) han interpuesto acciones jurídicas ante juzgados provinciales de primera instancia, cámaras de apelaciones y la Suprema Corte de Mendoza por violaciones a la normativa constitucional ambiental.

También se presentaron acciones directas ante la Suprema Corte de la provincia por vía originaria. Diferenciando la Acción Procesal Administrativa de las Acciones de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad en razón del objeto y las competencias para intervenir en un caso y otro, y también en sede penal contra funcionarios intervinientes.

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El lado B de Vaca Muerta


Vaca Muerta es la segunda y cuarta mayores reservas de gas y petróleo no convencionales, respectivamente. Ocupa 36.000 km2 de la Cuenca Neuquina, un depósito del tamaño de Bélgica. Está Ubicado geográficamente en el Centro-Oeste de Argentina, atravesando las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa.
Después del descubrimiento temprano en 2011 de grandes recursos en Loma La Lata, Neuquén, la primera.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51% de las acciones insignia de YPF (que acabaron devolviendo 5.000 millones de dólares+ a Repsol), y declaró la exploración y explotación de recursos no convencionales como parte clave de la Plan Nacional de Hidrocarburos.

El corazón del proyecto está ubicado en Añelo, Neuquén, cerca de la zona donde YPF, en comenzó el fracking en 2013, luego de que el gobierno de Neuquén aprobó la concesión de Loma La Lata a YPF hasta el 2048. Casi todos los Corporation (IOC) está presente en esta región de Vaca Muerta, debido a sus prometedoras reservas.
Los principales actores son YPF, Tecpetrol (propiedad del tercer mayor poseedor de fortunas argentino, Paolo Rocca), Total Austral y Pan American Energy.

Vaca Muerta está en el centro de la recuperación pospandémica, incluso asignando el 25% de la Ganancias del impuesto extraordinario a la riqueza debido a la pandemia de gas no convencional. exploración y explotación. demás de promover nuevas inversiones con costos subsidiados, otros objetivos clave fueron: promover proyectos de infraestructura, como los que amplían gasoductos para evacuar la producción de formación especialmente hacia Brasil y Chile, y la construcción de un tren de carga a Bahía Blanca para exportar producción en forma de GNL.

La visión eldoradista de Vaca Muerta fue ganando tracción y planes concretos.

En cuanto al sector eléctrico, tanto el equipo de energía de Macri como el de Fernández, esperaban reducir a la mitad la proporción de gas, del 66% a un tercio de la red. La producción está dirigida directamente a aumentar exportaciones e ingresos en moneda extranjera. Para mayo de 2021, Vaca Muerta representaba el 28% del petróleo y el 23% del gas producido en Argentina durante el año. Mientras que el primero aumentó un 60% interanual, este último desciende un 4%. Cuando la pandemia golpeó a la industria fósil, cuando los precios cayó por debajo de cero pero se recuperó un año después -, la producción de petróleo en Vaca Muerta se mantuvo su aumento, pero estancó el gas a una cuarta parte de la producción nacional.

fracking en Mendoza

Rechazo al informe de la Universidad de Cuyo sobre fracking en Mendoza

Ante el informe presentado por la UNCuyo sobre Fracking en Mendoza 

Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas acompañamos los reclamos de la Asociación Civil “OIKOS Red Ambiental” y denunciamos la incertidumbre científica con la cual el Gobierno de Mendoza quiere aprobar el fracking en la provincia. Hacemos responsable al Gobierno frente a los riesgos graves del fracking, como por ejemplo la afectación a acuíferos subterráneos, la sismicidad inducida, y el peligro de contaminación por residuos radiactivos.

El informe titulado “Producción De Hidrocarburos En Reservorios No Convencionales En Mendoza. Consideraciones sobre el Método de Estimulación Hidráulica” fue elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo en el mes de junio de 2018. El Gobierno de Mendoza solicitó su incorporación al expediente en el que se cuestiona ante la Suprema Corte de Mendoza la constitucionalidad del decreto 248/18 que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la exploración y explotación de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica.

El escrito de la Asociación Civil Oikos

La Asociación Civil OIKOS presentó el día 2 de septiembre un escrito en el cual se enumeran las irregularidades e inconsistencias del informe usado para justificar el avance del fracking. En el mismo denunciaron la falta de asidero científico, la falta de citas a fuentes y estudios científicos, la referencia constante a información de organizaciones afines a la industria petrolera y fundamentalmente la falta de información de “línea base” sobre aspectos importantes y fundamentales de las regiones en el territorio mendocino donde se realizarían las actividades de fracking.

Desde OIKOS se observó además que es un informe desactualizado, que se realizó sin documentar ninguna visita de campo, relevamiento o monitoreo territorial,  no especifica las  facultades que intervinieron ni los docentes, profesores y/o especialistas que participaron en su redacción y no detalla la presencia de comunidades indígenas a fin de dar acabado cumplimiento de la normativa constitucional y convencional en relación a la consulta, libre, previa e informada. 

A su vez, es de notar que el informe se redactó después de la publicación del Decreto N°248 en marzo de 2018, lo que significa no sólo que la información presentada no se tuvo en cuenta a la hora de redactar dicho decreto sino que tampoco estuvo disponible para la ciudadanía de Mendoza a la fecha de la audiencia pública de diciembre de 2017, lo cual implica una vulneración preocupante al derecho a la participación pública.

 Por otro lado, el informe no discute la posibilidad de contaminación, ni analiza los pasivos ambientales, ni hace mención alguna a los riesgos de contaminación por material radiactivo. En relación al informe de la UNCuyo y el informe de la Secretaría de Ambiente la reconocida organización internacional “Earthjustice” afirmó: “estos dos documentos presentan graves debilidades por la poca profundidad de su análisis, su dependencia en un número muy limitado de fuentes científicas, y por obviar o completamente ignorar varios impactos graves de la técnica”. Respecto a este último punto, se destaca que “los informes no hacen un análisis serio de ciertos riesgos graves, como por ejemplo la afectación a acuíferos subterráneos y la sismicidad inducida, y completamente ignoran a otros como el peligro de contaminación por residuos radiactivos (los NORM)”.  

A su vez, el informe no analiza las complejidades geológicas y no caracteriza para este territorio la posibilidad de contaminación inherente a las fallas y fracturas.

Esta dimensión debería ser la más exhaustiva del informe, incluyendo aspectos geológicos, hídricos, ecosistémicos y socioeconómicos, fundamental para entender la gravedad y probabilidad de riesgos inherentes del fracking. El informe tampoco considera el peligro de sismos provocados por la inyección de aguas de producción, la principal práctica que puede ocasionar sismicidad inducida. La ausencia de referencias a esta cuestión es de particular gravedad en un contexto donde se han observado sismos en la zona de Sauzal Bonito (Neuquén) ante la llegada de los no convencionales. 

Estas inconsistencias científicas, evidencian que el “informe” que ofrece la UNCuyo para analizar los costos y beneficios del fracking no alcanzan el nivel de competencia técnica exigido por el principio precautorio. No es posible que la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Mendoza apoyado únicamente en estas fuentes de información, pudiese realizar de forma eficaz su labor de evaluación de impactos ambientales a la hora de revisar proyectos de fracking. 

Acompañamos las denuncias efectuadas por OIKOS a fin de que se subsanen las omisiones del informe de la UNCuyo respondiendo todos los aspectos cuestionados y reclamamos la inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 248 en Mendoza. El escrito completo es de público acceso en este link.