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Calcatreu: La resistencia de la ciudadanía frente a un modelo extractivista devastador

En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.

El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.

El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.

 Foto: Carolina Blumenkranc

El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.

También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas  y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.

Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.

Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.

Contacto de prensa: +541123904594

Audiencia Publica Calcatreu Jacobacci

El silencio en Jacobacci: Lo que la megaminería quiere callar del Proyecto Calcatreu

Maristella Svampa, investigadora Superior del Conicet y miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) participó recientemente en la audiencia pública en Jacobacci, Río Negro, para hablar sobre los impactos de la megaminería y el Proyecto Calcatreu. Lo que encontramos fue un bloqueo informativo por partida doble. Por un lado, los medios tradicionales decidieron ignorar las voces críticas. Por otro, gran parte de las asambleas locales decidieron no participar en la audiencia, lo que dejó fuera a muchas de las voces que denuncian los efectos nocivos de la minería.

La base de nuestra intervención hizo eje en el hecho de que la minería a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajos, no resuelve el problema de la pobreza y sus impactos en términos de desarrollo local son insignificantes.

La audiencia pública fue, como dijeron los obispos en peregrinación a Chimpay, “una obra de teatro con actores pagos”. En todo caso, se advirtió la fuerte manipulación política que el gobierno hace de las esperanzas y expectativas de la gente, que espera encontrar trabajo en la minería.

Cuando hablamos a nivel nacional de megaminería hay que ser claros: no genera mucho trabajo. La minería no es intensiva en mano de obra. A nivel global, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, de las 24 mil personas que trabajan en la megaminería (sin contar la extracción de rocas de aplicación), apenas 12 mil están empleadas en el sector. Eso representa solo el 0.15% del empleo privado registrado en el país. El empleo es una falsa promesa que nunca termina de concretarse. En Perú, país minero por excelencia, apenas llega  a emplear al 1,5% de la población económicamente activa..

En las provincias mineras, el empleo de la megaminería no ha logrado mover la aguja. En localidades mineras como Belén, solo el 1.5% de la población está empleada en minería, y en Jáchal, apenas el 3.3%. Los datos hablan por sí solos: la megaminería no ha resuelto la crisis de empleo. En Catamarca y San Juan, donde la minería tiene una fuerte presencia, los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes. En el segundo trimestre de 2023, Catamarca tenía una pobreza del 45%, y San Juan, del 41%. Incluso en Santa Cruz, donde las empresas mineras tienen una fuerte presencia, hay una crisis fiscal. El poco empleo que se crea, con salarios altos, solo beneficia a un puñado de trabajadores altamente calificados. El resto de los trabajos son precarios: construcción, comercio, trabajadoras domésticas. Y junto a la minería, llegan otros problemas: trata de personas y prostitución.

Otro punto clave es el uso del agua. No solo hablamos de una región árida, sino de una crisis climática que está multiplicando los eventos extremos y provocando más sequías. La adaptación a estos problemas será crucial para las comunidades. Sin embargo, el llamado “circuito cerrado” de agua que prometen las empresas mineras no está probado. En el informe de impacto ambiental de Newmont, de 2023, la minera de oro más grande del mundo, se menciona que han logrado reducir el consumo de agua a 400 litros por tonelada de mineral. Sin embargo, en Jacobacci prometen 154 litros por tonelada de mineral procesado, una cifra que no cierra por ningún lado. Y además, hay una alarmante falta de datos confiables.

A su vez, este avance en un contexto de aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) plantea enormes preocupaciones en relación al acceso y uso del agua. Este importantísimo recurso vital y bien común se encuentra en riesgo en el contexto de una megaminería que depende dle acceso al agua para mantener el funcionamiento y los márgenes de renta que el Estado le promete a las empresas. El RIGI otorga privilegios absolutos a las empresas mineras, permitiendo que “los insumos necesarios para sus operaciones”, incluyendo el agua, no estén sujetos a regulaciones preexistentes ni futuras. Esto significa que las empresas mineras van a tener acceso prioritario al agua, incluso en un país donde la escasez hídrica es un problema creciente.

El proyecto Calcatreu es solo la puerta de entrada para otros 53 proyectos mineros en Río Negro. Lo que estamos viendo es un intento de transformar la provincia en una zona de sacrificio a gran escala, basada en un modelo primario exportador centrado en el petróleo y la megaminería. Y lo peor es que este modelo también se está colando en la educación. El Ministerio de Educación publicó un manual que promueve la minería, que busca normalizar esta actividad en las escuelas. El Manual para quinto grado, Encontrarnos en Río Negro. Un viaje por nuestra provincia, se abre con una carta del gobernador actual; y tiene un capitulo sobre minería en el cual nos encontramos con una presentación sesgada de la actividad, sin hacer contrapeso o equilibro con los numerosos impactos sociales y ambientales de esta actividad. Se trata de un intento abusivo desde el poder por construir “licencia social”, buscando influir en niños y niñas de quinto grado, que están en esa edad configurando su aparto perceptual. Esto es algo que ningún docente puede pasar por alto.

La megaminería no ha logrado solucionar ninguno de los problemas que prometen. Sus profundos impactos socioambientales son evidentes y la profundización de un modelo primario de exportación de bienes naturales solo concentra más poder y riqueza en sectores financiarizados y extranjerizados.

Datos clave sobre la megaminería en Argentina

  • Empleo en la Megaminería: A pesar de la promoción de la minería como generadora de empleo, en el segundo trimestre de 2023, el empleo minero representó apenas el 0.15% del total del empleo en el país.
  • Pobreza en Provincias Mineras: En Catamarca, la pobreza alcanzó el 45% y en San Juan el 41% en 2023, a pesar de la fuerte presencia de la minería en estas provincias. Esto indica que la minería no ha sido efectiva en la reducción de la pobreza local.
  • Uso del Agua: Las promesas de un “circuito cerrado” de agua son cuestionables. La minería en Jacobacci promete un uso de 154 litros de agua por tonelada de mineral, cifra que no se alinea con los promedios que presentan otras operaciones mineras a nivel mundial. Ejemplo de esto es de la minera Newmont, que reporta, después de enormes esfuerzos, haber podido bajar su uso a 400 litros por tonelada. Esto plantea serias dudas sobre la rigurosidad del estudio de Calcatreu.
  • Impactos Ambientales: La minería metalífera implica el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, con riesgos de drenajes ácidos y contaminación del agua. Estos impactos son bien documentados y han llevado a la oposición de diversas asambleas socioambientales.
  • Profundización del Modelo primario-exportador en Río Negro: El avance del proyecto Calcatreu es parte de un modelo más amplio que busca transformar Río Negro en una zona de sacrificio a gran escala, priorizando la explotación de recursos naturales a expensas del bienestar de las comunidades locales y del medio ambiente

Lo sucedido en la audiencia de Jacobacci, y en torno al Proyecto Calcatreu y el avance de la megaminería en toda la Argentina, es un ejemplo de la forma de avanzar sobre los territorios que tiene la megaminería. No podemos permitir que el avance de proyectos en Argentina siga ocurriendo bajo estas condiciones. Invitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a seguir de cerca estos procesos y a denunciar nuevos intentos de manipulación de los espacios participativos.

Oleoducto Vaca Muerta Sur: Las asambleas del Curru Leufu denuncian penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de Río Negro

Representantes de las Asambleas del Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, Río Negro, para denunciar penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Dina Lina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se llevaría a cabo en la ciudad de Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a: -Tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A.

De acuerdo a dicha resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se les impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando: las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia.

La secretaria de ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo y toda ciudadano y ciudadana deben tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Para citar sólo algunas, nos referimos a la ley 27566, la 27275, la 25831, la 3266, la 2631. 

Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada. Asimismo, comunicamos públicamente la denuncia penal elevada contra Dina Migani por las responsabilidades que mencionamos y las previstas en los términos del artículo 248 del Código Penal. 

Firmas:


Asambleas de la Curru Leufú – Multisectorial Golfo San Matías – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea en Defensa del Agua de Ing. Jacobacci – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel – Agrupación Trawn ko (Viedma) – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral Social Diócesis de Viedma – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – Observatorio Petrolero Sur – Red de Comunidades Costeras

Teléfonos de contacto: 

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️+54 9 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) 

☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina

Grave vulneración a los derechos democráticos en Río Negro

Puerto Madryn, 17 de agosto de 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaremos formalmente un escrito para exponer, denunciar y detallar las violaciones a los derechos democráticos que sucedieron el día de hoy en la localidad de Sierra Grande, en la Audiencia Pública por el el oleoducto Vaca Muerta-Costa Atlántica-YPF Oil Sur. Ante un contexto de escalada de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad e instituciones estatales, es esencial preservar la participación ciudadana en los procesos legítimos y salvaguardar la integridad de nuestros principios democráticos.

La presencia abrumadora de fuerzas policiales y grupos de choque, que amedrentaron, amenazaron e impidieron el acceso de la ciudadanía a la Audiencia, es de particular relevancia en la evaluación de proyectos extractivos que avanzan sin legitimidad social. Exigimos se integre la voluntad popular mediante la participación de la comunidad en los procesos legales y democráticos. La entrada restringida a la Audiencia atenta contra la esencia misma de la democracia participativa.

En condiciones tan adversas, no puede llevarse a cabo una Audiencia Pública que pueda ser considerada válida por la ciudadanía. La ausencia de garantías para la seguridad física de los ciudadanos y ciudadanas socava la posibilidad de una participación libre y sin restricciones. Es esencial que los procesos democráticos se desarrollen en un entorno que promueva la seguridad y la expresión genuina de las voces ciudadanas.

La encrucijada política en la que nos encontramos nos invita a reflexionar sobre los valores que defendemos como sociedad. Si la acción que se emprende conlleva destrucción y vulneración de derechos, no puede ser considerada un avance o progreso genuino. Es nuestra responsabilidad colectiva proteger nuestro entorno y nuestros principios y derechos democráticos.

Fotos y registro desde el exterior de la Audiencia: Pablo Piovanno

Defensa de la Península Valdés en organismos internacionales frente al avance de a la industria petrolera

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentamos formalmente una denuncia ante la UNESCO y RAMSAR sobre el alarmante avance de un proyecto petrolero ilegal en la Península Valdés, ubicada en la Provincia Argentina de Chubut. La península, un ecosistema único y protegido, está en riesgo de sufrir daños ambientales irreparables debido a una inconstitucional modificación de la legislación provincial que permitiría la instalación de oleoductos en el área.

La denuncia pone de manifiesto la inconstitucionalidad de la ley que deroga la ley Nro. 3308 de la Provincia de Río Negro. La misma prohibía la prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino. También la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten estos productos. La modificación legislativa aprobada sin ningún tipo de consulta a los pueblos originarios ni participación ciudadana, ha abierto la puerta a un oleoducto y un puerto de exportación de combustibles fósiles no convencionales, poniendo en grave peligro el frágil ecosistema de la península.

La Península Valdés ostenta una doble protección como Patrimonio Natural de la Humanidad y Sitio RAMSAR, reconocimientos que subrayan su valor único y excepcional en términos de conservación de la biodiversidad y los hábitats marinos. Hemos destacado ante ambos organismos la importancia de estas designaciones internacionales y cómo la modificación legislativa viola directamente los compromisos asumidos por Argentina en relación con la preservación de este patrimonio. La Convención RAMSAR tiene un papel crucial en designar y proteger humedales de importancia internacional (como lo es el caso de la Península Valdés). Por otro lado, la UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que otorga el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad, que reconoce su valor excepcional y promueve su conservación. Estas presentaciones buscan garantizar la protección de la Península Valdés, un área de importancia mundial para la conservación de mamíferos marinos y humedales costeros.

Además de la presentación ante UNESCO y RAMSAR, vecinas y vecinos preocupados han llevado a cabo presentaciones administrativas en toda la región, desde Chubut a Río Negro, en la Subsecretaría de Ambiente de Cambio Climático, la Defensoría Provincial, la Fiscalía y el CONICET. Estas acciones ciudadanas reflejan la preocupación generalizada por la preservación de este importante ecosistema. A su vez, también se realizó una manifestación en el marco del Artículo 16 de la Ley Provincial de Audiencias Públicas de Río Negro para que se incorpore a vecinos/as como asistentes aunque no tengan domicilio en la provincia. Esto debería garantizar que puedan participar como asistentes los expertos relevantes para la temática. 

La causa por el golfo San Matías 

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial, prohibiendo la instalación de ductos. Esta modificación fue realizada de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista. Por eso presentamos un Recurso Extraordinario Federal el 31 de mayo pasado para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro. 

En él denunciamos que el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada en agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no represión y al derecho de información y participación ciudadan. Esto modificó así la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural del Golfo San Matias.  El STJ también le negó la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la acción legal:

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona. 

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Exigen suspension de la audiencia pública ilegitima del oleoducto vaca muerta sur

Exigen que se suspenda la Audiencia Pública por el oleoducto y el puerto petrolero en costa rionegrina

Las asambleas de Río Negro, Chubut y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentan recurso administrativo exigiendo la suspensión de la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para el 17 de agosto en la localidad de Sierra Grande. El conjunto de irregularidades existentes en el llamado cercenan la libre participación ciudadana y constituyen una acción más de degradación democrática. Imponen el extractivismo sin escuchar las alertas que expresamos en defensa de un ambiente sensible como el Golfo San Matías y la Península Valdés, patrimonio natural de la humanidad declarado por la Unesco. A su vez impulsan más fracking en Vaca Muerta profundizando las consecuencias de esa explotación.

La violencia de imposición de este proyecto viene coartando múltiples derechos ciudadanos desde su inicio. Hoy se está llegando a esta Audiencia sin aplicar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocida en la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a las comunidades directamente afectadas por el proyecto. Dicho hecho es contrario al espíritu del reciente fallo del juez Muscillo que expresa con claridad la nulidad de cualquier acto administrativo sin consulta. Hay que destacar que no han sido consultados ni el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, ni la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, órgano representativo de las comunidades.

Por otra parte, el llamado a evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) carece de voluntad de mayor participación ciudadana. Las 4250 páginas están presentadas en un archivo escaneado que no permite usar motores de búsqueda ni trabajar en él. Así mismo, se pretende que el EIA sea estudiado por la población en 30 días previstos para el llamado a Audiencia, usando el piso mínimo establecido por ley. La cantidad de días en un proceso honesto debería depender, entre otras cosas, del volumen y la complejidad de la documentación a analizar. No es este caso.

La normativa establece ese límite menor, pero entendiendo que el proyecto involucra más 600 km de extensión, que comprende tres provincias que pueden verse afectadas, así como la construcción de dos grandes obras como un centro de acopio y un puerto petrolero de grandes dimensiones, el plazo es claramente insuficiente. Además,  es violatorio de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al suscribir el acuerdo de Escazù y hacerlo efectivo en nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 27566. 

Estos mecanismos tornan la Audiencia en un acto absolutamente simulado que pretende algo que sabe que no logrará: garantizar la implementación plena y efectiva del derecho al acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de decisiones ambientales.

El Estudio de Impacto Ambiental presentado lo realizaron tres consultoras diferentes, con criterios distintos de evaluación de impacto e información poco legible o entendible para la población de interés. Incluso con páginas en inglés. Este estudio técnico -de 4250 páginas-, elaborado por especialistas y profesionales de distintas disciplinas que pretenden que sea estudiado en menos de un mes, asi como que las críticas, inquietudes o dudas se expresen en intervenciones de no más de cinco minutos. Por su parte, el formulario de inscripción es sólo para personas residentes de la provincia, lo que significa quienes residen en el resto de las provincias afectadas, asi como especialistas que pueden aportar pero no residen en Rio Negro, están excluidas. La falta de interés de participación plena denota en no realizar el llamado de manera híbrida dando lugar a distintos actores de interés. Teniendo en cuenta las distancias, el costo del viaje y el tiempo que toma llegar, la modalidad híbrida debería ser parte esencial de la Audiencia. 

Hemos visto en la última semana a la Secretaria de Ambiente, Dina Migani, promover con la empresa YPF el proyecto. No nos sorprende en absoluto, entendiendo que la ministra también es una empresaria del sector petrolero que se beneficiará directamente. Dina Migani y su familia verán acrecentadas sus ganancias con mayor actividad de fracking; su empresa Quinpe SRL que vende químicos a las petroleras, entre ellas a YPF.

El consenso del fracking no logrará imponerse esta vez. Las Asambleas de toda la provincia y organizaciones de Chubut, Neuquén, entre otras,  nos movilizaremos el día 17 de agosto para reafirmar el rechazo a este proyecto de saqueo, contaminación y muerte.

El Golfo no se toca. Si contamina, no es progreso. 

Firmas 

Multisectorial Golfo San Matías – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – Observatorio Petrolero Sur – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral social Diocesis de Viedma- Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche –Asamblea de Contralmirante Cordero Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel-  Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Agrupación Trawnko

Teléfonos de contacto: 

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías 

☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina

A la Corte Suprema en la Causa por el Golfo San Matías

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en la causa por el Golfo San Matías. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera, y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. Por eso interpusimos el 31 de mayo pasado un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique la arbitraria y absurda decision del STJ de Rio Negro. 

Como organización patrocinante, denunciamos que en el fallo el STJ de Rio Negro no analiza el reclamo de fondo: la inconstitucionalidad de la Ley 5.594 sancionada el 9 de agosto de 2022 por la Legislatura de Rio Negro en clara violacion al principio constitucional de progresividad y no regresión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica Ley 3308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en el área natural Golfo San Matias. 

Lo único que hizo el STJ en su resolucion es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos y representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia, entre ellas las organizaciones que presentaron la accion legal: Fundación Inalafquen, Multisectorial Golfo San Matías; Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Patagonia Natural; Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Pastoral Social Diócesis de Viedma; Pastoral Social Diócesis Alto Aalle, Radio Comunitaria La Korneta, Feria de Artesanos Victor Menjolou de las Grutas; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Partido Socialista de Rio Negro y Asamblea Socioambiental de Cipolletti. 

Esta y otras acciones del Poder Judicial local se encuentran alineadas con las políticas fosilistas y extractivistas del gobierno provincial y las empresas petroleras y gasíferas que operan históricamente en la región. Esto incluye la falta de transparencia y consulta ciudadana, lo que se encuentra en violación del Acuerdo de Escazú, ratíficado por nuestro país. También la suspensión de la Audiencia Pública organizada para esta causa, cuyas flagrantes irregularidades fueron denunciadas por las organizaciones ante la Fiscalía de Estado.

El rechazo de la causa niega la voz de las comunidades territoriales que resisten el avance de la infraestructura de Vaca Muerta. La cual necesariamente viola derechos humanos y ambientales para maximizar y lograr su rentabilidad macroeconómica. El modelo actual de avance del entramado petrolero avanza sobre  falsas promesas de riqueza, que a 10 años de Vaca Muerta, se ha comprobado que no solo son falsas, sino que han fugado más divisas de las que han ingresado. Recientemente estuvimos presentes en las Grutas y pudimos una vez más comprobar la voz del Pueblo: ¡La Ley 3308 no se toca!

La causa por el golfo San Matías 

El 9 de septiembre de 2022, la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N°5.594, que modifica la Ley N°3.308 previa, la cual brindaba una protección especial al Golfo San Matías debido a sus singulares características ecológicas, naturales y socioeconómicas, consideradas únicas a nivel mundial. Esto fue realizado de espaldas a la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, a puertas cerradas y con velocidad nunca vista. 

Forma parte del impulso al megaproyecto Vaca Muerta más allá de las fronteras de los yacimientos de la cuenca Neuquina. El mismo implica la construcción de grandes proyectos de infraestructura para su funcionamiento. El “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF pretende también instalar un gran puerto para la exportación de petróleo, que puede contaminar agua, tierra y suelo en el territorio rionegrino, como a su vez, afectar miles  de puestos de trabajo en la pesca y el turismo de la zona.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Vergez +54 9 223 426-8927

Foto: Greenpeace

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Golfo San Matías

Rechazo al inconstucional avance de la industria petrolera y gasífera en el Golfo San Matías

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Nos solidarizamos con las asambleas y comunidades que resisten ante el embate de la industria petrolea y gasífera y manifestamos nuestra convicción de continuar patrocinando causas que buscan la justicia ecosocial.

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por Asambleas del Curru Leufu, el encuentro de distintas asambleas de la provincia de Río Negro.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Gonzalo Verguez +54 9 223 426-8927

El STJ evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley 3308

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro utilizó un artilugio jurídico para evitar pronunciarse sobre el pedido de inconstitucionalidad que varias organizaciones, asambleas, vecinxs e instituciones presentamos para defender nuestro Golfo San Matías del avance petrolero. El STJ concluye que no existe “legitimación activa” de los demandantes. La conclusión se basa en lo enviado por la fiscalía y la procuraduría, que tiene escasez argumental y niega hechos conocidos públicamente como el “Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur” de YPF. Ante esto, el gran interrogante deberá ser: Señores jueces ¿quiénes consideran ustedes que son legítimos accionantes? Todos los firmantes  continuaremos considerándonos legítimos accionantes, porque nuestros argumentos son sólidos y verdaderos. Esta sentencia no resuelve la cuestión de fondo, porque el tribunal no respondió a los planteos centrales esgrimidos en la demanda. 

Las organizaciones hemos visto cómo distintas instancias estatales (el Legislativo de la provincia de Río Negro con la modificación de la Ley 3308, el Ejecutivo Nacional con el impulso de Vaca Muerta, el Ejecutivo Provincial con el aval y promoción del proyecto y ahora al Poder Judicial Provincial) no funcionan como garantes de un ambiente sano, ni de la población, ni de las actividades económicas regionales y el futuro.

El fallo ha violado nuevamente el Acuerdo de Escazú, y las Leyes Nacionales que promueven nuestra participación en la toma de decisiones que afectarán el futuro y la vida de nuestros territorios. Desde que este proceso empezó, observamos la imposibilidad de discutir la cuestión de fondo del conflicto. 

Tal como expresamos, el fallo no apunta a ninguno de los argumentos que elaboramos entre todas las organizaciones, menosprecia a la población aduciendo que la información no existe porque el proyecto es hipotético y, por lo tanto, la afectación posible también. Esta actitud de negación no resiste ni un mínimo análisis; el proyecto es tan conocido como la hoja de ruta de la empresa, que hasta pauta tiempos y objetivos, entre ellos la modificación de la Ley 3308 que solicitamos que sea considerada inconstitucional. El ejecutivo ha realizado el llamado de Audiencia Pública en la provincia, la cual tuvo que suspenderse por incurrir en una serie de irregularidades que estas mismas organizaciones señalamos ante la Fiscalía de Estado. A su vez, se realizó la Audiencia Pública en Neuquén para dar lugar a la construcción del primer tramo del oleoducto. Lo  que el tribunal marca como “hipotético” no es parecer ni suponer, es una realidad contundente que están decidiendo no ver. 

El fallo brindado no respeta los derechos y garantías que obligan a los jueces a hacer una interpretación amplia de las leyes, tampoco escucha los reclamos legítimos del pueblo rionegrino. Más bien pareciera responder a los intereses de las corporaciones petroleras ignorando el planteo central y corriendo la discusión hacia la legitimación activa del pueblo que defiende el ambiente sano. No hay un solo argumento interpretativo propio de la labor y obligación que tienen los jueces. 

Volvemos a sostener que la modificación de la Ley 3.308 es INCONSTITUCIONAL y que fue hecha a espaldas del pueblo. 

Exigimos que se respeten nuestros derechos y denunciamos que la legitimidad que nos niega el Poder Judicial la haremos manifiesta en la calle. En cada uno de los territorios se levantarán acciones ante este proyecto que contamina agua, aire y suelo, que destruirá nuestros ecosistemas y afectará los miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca del Golfo. 

Si la balanza está inclinada tocará al pueblo rionegrino ponerla en su lugar. 

Multisectorial Golfo San Matías – Observatorio Petrolero Sur – Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro – UnTER Valle Medio – Movimiento Ecuménico de DDHH Regional Viedma y Patagones – Junta promotora APDH Alto Valle- Pastoral social Diócesis de Viedma- Feria de artesanos «Victor Menjoulou» Las Grutas- Red de Comunidades Costeras – Asamblea Mar Libre de Petroleras Mar del Plata – Red Ecosocialista – Asambleas de la Curru Leufú – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta – Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci) – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea Trawn Ko Viedma – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Permanente por el Río Colorado – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel-  Asamblea por el Agua Comarca de Viedma – Asamblea en Defensa del Territorio de Pto. Madryn – Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS – CTA Bahía Blanca – Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca. 

Teléfonos de contacto: 

☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas

☎️ 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías 

☎️  2984 73-4419 Mauro Istueta | Abogado- Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco

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Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

La Delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza presentó sus resultados provisionales luego de su recorrido por la zona de Vaca Muerta

5 de abril de 2023

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza – Vaca Muerta es una formación geológica que se ha transformado en la “roca de la disputa” por parte de las corporaciones y los gobiernos ante los derechos humanos y de la Naturaleza.

Las graves afectaciones a la Naturaleza y a la vida de las comunidades y vecinos en la zona de Vaca Muerta fueron constatadas por los miembros de la Delegación de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Esta misión del Tribunal llegó a Argentina invitada por parte de la Confederación Mapuche y Fuerzas Vivas de Neuquén, que participó en la sesión internacional de dicho Tribunal en diciembre del año 2019.

Las conclusiones y evidencias relevadas por el Tribunal fueron presentadas en la ciudad de Neuquén en una actividad pública en la Universidad Nacional del Comahue el día lunes. Luego de la misma, se realizó una presentación ante el gobernador de la provincia de Neuquén en casa de gobernación. Por último fueron expuestas ante el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La audiencia fue impulsada por Leonardo Grosso, Diputado Nacional en ejercicio, quien a su vez elevó dichos resultados ante cada uno de los y las miembros actuales de la Cámara baja. 

Una de las primeras conclusiones de la misión fue constatar que los discursos de El Dorado que recorren Latinoamérica siempre son falsos. La búsqueda del desarrollo y el progreso demuestran que el mapa del extractivismo coincide con el mapa de la pobreza. Lo que el Tribunal vio en estos días son las profundas afectaciones en esta región patagónica; una explotación sin conciencia socioambiental que solo es posible en un marco de violencia y corrupción.

En relación al agua, el daño es inmenso. No hay fracking posible sin el uso irresponsable de inconmensurables cantidades de agua. El fracking conduce al colapso del agua, el origen y mantenimiento de la vida, lo que provoca tremendas destrucciones de los ecosistemas. El impacto se reproduce en otros ámbitos, como en el suelo; allí se constataron los efectos de los recurrentes sismos provocados por la fractura hidráulica del subsuelo, que obligaron a muchos habitantes de las regiones afectadas a desplazarse de sus hogares.

Un punto crucial es la falta de acceso al agua para las comunidades indígenas, así como también para el resto de la población de la zona; así sucede en la localidad de Añelo, donde los vecinos no tienen agua potable. Sufren también las afectaciones provocadas por la contaminación del aire, por la contaminación sonora, y por la falta de protección frente a tantos destrozos ambientales. Asimismo, quienes trabajan en las actividades hidrocarburíferas -petróleo y gas- también terminan siendo víctimas a raíz del no cumplimiento de las normas de protección ambiental en el desempeño de sus trabajos.

Todo lo anterior provoca graves afectaciones a la salud de los seres humanos y de la vida toda, desde malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades de los pulmones, y metales pesados en la sangre, hasta crecientes padecimientos psicológicos.

En la zona también se puede apreciar una creciente desaparición de animales silvestres.

La intensiva ocupación del territorio por parte de las empresas extractivas ha generado profundos impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de la frontera hidrocarburífera ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida. También ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas productivas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Los mapuches, pueblos originarios, no fueron consultados previamente, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de la consulta libre e informada y la necesidad del consentimiento de las comunidades preexistentes. No sólo eso, han sido víctimas de otras múltiples formas de violencia, llegado al punto de negar su presencia ancestral en dichos territorios.

Otra constante en este tipo de actividades, tal como se conoció durante la visita, es la violación permanente a las normas ambientales y de protección de los derechos humanos. La desidia de las autoridades es permanente. Así se observó tanto en Plaza Huincul, donde existe un depósito de desechos tóxicos de la actividad petrolera totalmente abandonado, como en COMARSA, ubicado en la capital de la provincia donde se extiende un enorme basural petrolero a cielo abierto.

No sólo la Naturaleza resulta golpeada por estas actividades, sino los mismos seres humanos. De especial atención por parte de la misión fueron los problemas permanentes que aquejan a defensores y defensoras de la Naturaleza.

Todas estas cuestiones son de especial preocupación para el Tribunal. Luego de 10 años del inicio de la explotación no convencional de los hidrocarburos a gran escala, es tiempo de reflexionar sobre lo que está provocando. Las promesas bajo las cuales se impuso el modelo que hoy se continúa profundizando siguen pendientes. No sólo eso: tal como van las cosas, es indudable que las destrucciones van en aumento. Por lo tanto, la misión del Tribunal, que presentará un informe de su visita, anticipa la necesidad de construir estrategias de transición post-extractivista.

La visita in situ fue organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita fueron la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es