En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.
El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.
Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.
El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.
Foto: Carolina Blumenkranc
El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.
También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.
Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.
Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.
Contacto de prensa: +541123904594
