Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo.
La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local.
Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.
Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.
Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.
La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.
Debido a los más recientes hechos en el caso de basureros petroleros, llamamos a una conferencia de prensa desde las organizaciones querellantes: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Confederación Mapuche. La misma será realizada frente al Tribunal Superior de la Provincia de Neuquén, en calle Juan Bautista Alberdi 52, el lunes 25 de marzo a partir de las 13hs.
La misma se realiza para actualizar a la comunidad sobre los gravísimos impactos socio-ambientales que produce la basura petrolera del fracking sobre el territorio neuquino y, a su vez, para exigir mayores compromisos al Poder Judicial en relación a la criminalidad ambiental de los poderosos.
Esa misma mañana, AAdeAA y APDH Neuquén, presentarán un Recurso de Impugnación Extraordinario contra la resolución que decidió revocar las medidas cautelares contra COMARSA y sus principales socios (embargos sobre bienes e inhibiciones generales sobre sus patrimonios), dispuestas oportunamente por el Juez de Garantías y confirmadas por unanimidad por el Tribunal Revisor. Las mencionadas cautelares fueron dictadas para asegurar la responsabilidad financiera tanto de Comarsa como de los acusados, incluyendo un embargo por un total de 7 millones de dólares sobre los bienes de los acusados. Además, se había impuesto otro embargo preventivo sobre los activos intangibles de la empresa, como sus 4 galpones y 3 hornos pirolíticos en la planta ubicada en la localidad de Añelo. La finalidad de las cautelas es, principalmente, asegurar la existencia de fondos con los cuales garantizar la remediación del pasivo ambiental que ha dejado COMARSA.
La decisión que revocó las medidas interpreta erróneamente el Código Procesal Penal Neuquino y viola los principios ambientales de responsabilidad por daño y que fijan la obligación de recomponer, en protección, a su vez, del derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.
Frente a ello, las organizaciones mencionadas, conjuntamente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)y el Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica (CIPCE), presentarán una carta ante los miembros del máximo tribunal provincial, solicitando la implementación de la Ley Yolanda, que tiene por objeto capacitar al Poder Judicial provincial, y a los funcionarios de los demás poderes, en materia ambiental. Resulta central el rol de los representantes del Estado a la hora de interpretar las normas y tomar decisiones, para garantizar el acceso a un ambiente sano y equilibrado, y la protección de los bienes públicos colectivos.
Asimismo, se informa a la comunidad que el martes 26/3 a las 18:00 hs. se llevará a cabo el taller “El lado B de Vaca Muerta: a propósito del escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking”, el cual tendrá lugar en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue.
Accesos a la información
Durante el mes de febrero, la AAdeAA presentó una serie de accesos a la información ante las autoridades provinciales, municipales y legislativas de Neuquén, en el marco de la Investigación Criminal por contaminación y defraudación de la empresa Comarsa. Lo hizo en su carácter de parte querellante en el proceso penal que se investiga desde la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Se encuentra actualmente en trámite una investigación preliminar con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales (MPFNQ LEG nro. 178123/20).
Las cuestiones planteadas a estas autoridades están relacionadas con el vínculo de las mismas con COMARSA, abarcando temas como la cesión irregular de terrenos fiscales a la empresa, los plazos de relocalización. Pero también con motivo de trascendidos en relación a obras de urbanización, en casi todos los casos, también solicitando que nos brinden información sobre los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros detalles. Los posibles desarrollos urbanos en el límite del Parque Industrial Neuquén, donde existe un pasivo ambiental con residuos peligrosos, todo ello en el marco de la causa penal iniciada.
Hemos solicitado lo siguiente a cada autoridad:
Al Sr. Secretario de Ambiente de la Provincia de Neuquén Lic. Santiago Nogueira: un informe detallado sobre el estado actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, así como las acciones llevadas a cabo por esa Secretaría al respecto. También hemos requerido una reunión presencial para discutir estos temas.
Al Sr. Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana Municipalidad de la Ciudad de Neuquén Francisco Martín Baggio: detalles sobre las acciones realizadas por el Municipio para que la empresa sane el predio y lo restituya, inspecciones realizadas y medidas preventivas ante el loteo en curso. Asimismo, solicitamos información sobre el Estudio de Impacto Ambiental relacionado con dicho loteo.
A la Sra. Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén Claudia Argumero: un informe sobre la situación actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, considerando la solicitud de prórroga realizada por la empresa en 2021. También hemos preguntado si se planea revocar la cesión de terrenos públicos debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en la Ordenanza nro. 12.912 de 2013, incluida la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho con riego por goteo.
Al Sr. Intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido: información sobre posibles proyectos de urbanización, loteo y construcción de un estadio de fútbol en los terrenos adyacentes, así como sobre la posible relocalización de viviendas precarias. También sugerimos la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico.
Contactos de prensa
Rafael Colombo (AAdeAA-CAJE) 342 614-4658
Bruno Vadala (APDH) – 2994 15-1099
Lefxaru Nawel (Confederación Mapuche de Neuquén)- 2996 34-0448
Acusan y embargan a empresarios investigados por contaminación y defraudación
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos hoy a dos empresarios y un empleado que, teniendo a su cargo la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.
La empresa es Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad y sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.
Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el y la representante de la fiscalía solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de U$7.000.000.
Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
Desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
La participación de los tres comienza a partir de abril de 2014, pero por diferentes períodos: el fiscal jefe precisó la acusación hasta la actualidad sólo respecto de J.M.L, mientras que sobre las otras dos personas acusadas definió límites: H.E.B hasta enero de 2021 y F.A.P hasta septiembre de 2016. Además, los dos primeros fueron imputados como coautores, mientras que el último como partícipe necesario.
La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas entidades en carácter de querellantes particulares. Su intervención en la causa tiene el aval de la fiscalía, pero ante un cuestionamiento de parte de las defensas, el juez de garantías ratificó su legitimidad.
Investigación
Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.
Según precisó el fiscal, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.
Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014 comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.
En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.
En Marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.
“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.
De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.
Caso complejo y embargos
Luego de que el juez a cargo de la audiencia tuviera por formulados los cargos, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron la declaración de caso complejo. Argumentaron la necesidad de contar con plazos mayores de investigación –pidieron 1 año- dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.
El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Breide Obeid y de la asistente letrada González y declaró el caso complejo. Igualmente, dispuso el embargo de bienes por la suma y las precisiones indicadas respecto de la empresa y, en el caso de los imputados como coautores, también de las cuentas bancarias.
Prohibición de salir del país
Los representantes de la unidad fiscal de Delitos Ambientales solicitaron también al juez que disponga la prohibición de salir del país durante, al menos, 4 meses, respecto de J.M.L y de H.E.B. Breide Obeid sostuvo que existe respecto de ambos el riesgo de no sometimiento al proceso. En este caso, el juez también hizo lugar.
El único planteo de la fiscalía que no prosperó tiene que ver con establecer una restricción de 1.000 metros desde los límites del predio para la radicación o avance de urbanizaciones. Respecto de esto, el magistrado consideró que se trata de iniciativas que deben regirse por trámites específicos y que requieren, por caso, la presentación de estudios que son evaluados en otras sedes administrativas que, además, no están representadas en la causa.
Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.
Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).
La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.
La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.
Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.
Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros.
Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental.
La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero.
Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional,la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas.
En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas.
Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas:
Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.
Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)
(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)
En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.
Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.
El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.
Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).
El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.
Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional.
En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.
El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.
El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil.
En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.
Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:
Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.
Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.
Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petrolerasy empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.
Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.
En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.
La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.
En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.
Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.
En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.
La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.
Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.
En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.
Compartimos el documento realizado el pasado 4 de noviembre en el Atlanticazo por el Mar Argentino de Puerto Madryn. El encuentro sirvió para compartir problemáticas y reclamos en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y en defensa del Mar Argentino. Nos reunimos junto a diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país para marchar y visibilizar la resistencia que se opone a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Compartimos estas reflexiones acerca de la unidad territorial y los derechos socioambientales de las comunidades costeras argentinas son de fundamental importancia para una justicia social y ambiental.
Documento del Encuentro Plurinacional ATLANTICAZO
4 de noviembre, PTO. MADRYN, CHUBUT.
El Atlanticazo, hijo del Chubutazo, nació el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización de la exploración sísmica en el Mar Argentino. Ahí nació la decisión de marchar los 4 de cada mes, como símbolo de resistencia y del NO PASARÁN que gritamos aún hoy.
El mar es uno solo, estamos acá para demostrar que la fragmentación de los territorios que nos quieren imponer es una fantasía de los gobiernos y sus funcionarios. Somos, de la cordillera al mar, un solo cuerpo-territorio.
En un nuevo día 4, nos convocamos en Pto. Madryn diversas organizaciones, asambleas y comunidades de distintos puntos del país donde compartimos las diferentes problemáticas y los reclamos comunes en relación al cuidado del agua, defensa del territorio y del mar argentino. Estos espacios nos permiten recuperar la identidad como comunidad costera: ser habitantes de una costa, compartir el mar y los golfos nos da la fuerza, nos une. Debemos volver al mar, a sentirnos parte de él.
Durante la jornada nos encontramos, abrazamos, emocionamos y marchamos juntes a lo largo de la playa, buscando visibilizar los proyectos extractivos que quieren imponer desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con la total connivencia del poder judicial que mira para otro lado ante nuestros reclamos.
Mientras las causas en contra de las empresas y los intereses económicos se frenan y caen, la judicialización de la protesta y de les defensores ambientales se incrementa en todo el país al ritmo que el capitalismo extractivista necesita. En Chubut, un reciente fallo a 40 años de la democracia, absuelve a policías torturadores de vecines en el marco del Chubutazo, pero embarga y criminaliza a les defensores ambientales rápidamente. En Jujuy la dictadura minera y el gobierno fascista de Morales reprime al pueblo y procesa a un abogado ambientalista. Legislaturas sesionando a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, audiencias públicas armadas para habilitar proyectos ecocidas y no para garantizar la participación de las comunidades y la autodeterminación de los pueblos. Cámaras y Cortes judiciales completamente cooptadas por intereses políticos y económicos, instituciones científicas a disposición de las ganancias e intereses del poder corporativo, funcionaries a ambos lados del mostrador, operando para favorecerse y favorecer a sus socios empresariales.
Tenemos la experiencia y los antecedentes de 10 años de Vaca Muerta que, contrariamente a lo anunciado, no trajo divisas, ni desarrollo, ni empleo. Las comunidades están perdiendo sus casas producto de los sismos provocados por el fracking y sus territorios están siendo contaminados por los derrames y los deshechos. El avance de estos proyectos sobre los territorios marca una violenta continuidad de la matriz productiva, sin consentimiento, perpetuando así un modelo colonial de saqueo.
En este nuevo Atlanticazo participaron integrantes del 3er Malón de la Paz, compuesto por más de 400 comunidades que desde el 1 de agosto se encuentran acampando frente a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la situación de Jujuy, donde se busca acallar al pueblo y se le quitan los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En Jujuy, el gobierno de Morales realizó una modificación exprés sin la consulta previa a los pueblos originarios y a la medida de las corporaciones extractivas.
Nos solidarizamos con el pueblo palestino, denunciamos el genocidio que está realizando el estado sionista de Israel y decimos que no es una guerra, es un exterminio étnico. La empresa de agua estatal israelí Mekorot es utilizada para llevar adelante los asesinatos, dejando sin agua a la población confinada en Gaza. FUERA MEKOROT de nuestros territorios.
En este encuentro reivindicamos lo importante de cuidar el equilibrio de la Madre Tierra, que cada vez se desbalancea más, porque no solo avanzan sobre el mar, si no sobre toda la diversidad de la Ñuque Mapu, de la cual somos parte, como nos enseña el pueblo nación mapuche tehuelche con su cosmovisión. La recuperación y el cuidado de los territorios ancestrales es urgente y necesaria, hermanadas con las luchas socioambientales.
La democracia NO es solo ir a votar: debemos involucrarnos porque es la única manera de frenar el avance extractivista de los grandes capitales extranjeros. Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Las denuncias judiciales son importantes pero prácticamente inútiles sin la gente en las calles. Debemos mantenernos actives, organizades y resistir desde la alegría y la esperanza de sabernos juntes. Hay que dar vuelta el sistema que nos explota y que saquea nuestra forma de vida. Somos un mismo mar, somos una misma resistencia y sabemos que es posible vivir en equilibrio con la naturaleza. Queremos que se garantice el buen vivir ahora y siempre, desde la interculturalidad y el respeto: somos un Estado plurinacional.
Desde este territorio, que consideramos uno:
● Exigimos la restitución de la ley N°3308 obtenida por la lucha colectiva y popular, modificada de manera fraudulenta.
● Gritamos que no tienen licencia social para explorar ni explotar el mar argentino.
● Exigimos a las instituciones una ciencia digna por y para el pueblo. Hacemos un llamado de compromiso a los científicos para que asuman su rol y se involucren en las luchas socioambientales.
● Denunciamos la falsa transición energética que sostiene las mismas prácticas de muerte para nuestros territorios. No puede haber transición justa, anticapitalista y anticolonial, utilizando las mismas recetas y contaminando nuestros pueblos. Si no se disputa el modelo, es cambiar el enchufe de lugar.
● No queremos pagar con la vida de nuestros cuerpos-territorios una deuda fraudulenta e ilegal. No nos convertiremos en zonas de sacrificio. Fuera FMI.
● Luchar no es delito. Basta de criminalizar a les defensores ambientales. Absolución ya de todes les procesades por causas socioambientales.
● Abajo la reforma. Arriba los derechos.
En la era de la ebullición global elegimos la resistencia organizada y comunitaria. En un solo abrazo y un mismo grito: POR UN MAR LIBRE DE PETROLERAS. SOMOS MAR. DEFENDERLO ES DEFENDERNOS, NO VAMOS A ENTREGARNOS.
Organizaciones firmantes:
Asamblea por un MARLIBRE de petroleras, Mar del Plata/Red de Comunidades Costeras/Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn/Asamblea Rawson playa/Asamblea No a la mina Esquel/Asamblea por la tierra y el agua. Las Grutas/350.org/Multisectorial Golfo San Matías/Asamblea del Valle de Conesa/Asamblea comunidad costera de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur/Asambleas del Curru leufu/Observatorio Petrolero Sur/Asamblea Ambiental Interpueblos/Tribuna Ambiental/Red Ecosocialista/Arbustock/Asociación de Abogades Ambientalistas y CAJE/Fundación Inalafquen/COA KIUS/Coordinadora BFS/Colectivo Golfo diverso Somos trama naturaleza/Colectivo de Cientificxs Autoconvocadxs Ciencia y Territorio Pto. Madryn/Ambiente en lucha/Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa/Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras Necochea, Quequen/Coordinadora socioambiental Bahía Blanca/CTA Bahía Blanca/Multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones/Proyecto socioeducativo inclusivo Cronopios/Fundación el Vuelo Centro de Día/Agricultura Biodinamica de Nebubu/3er Malón de la Paz/Alerta roja, agrupación ambiental anticapitalista/Comodoro FASP/Frente de organizaciones en lucha, Coordinadora por el cambio social.
por Alejo di Risio y Fernando Cabrera para elDiarioAR
En las actuales condiciones, a pesar de la reciente media sanción en Diputados de la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado, el país enfrenta una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de promoción de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Con el respaldo de sectores oficialistas y afines, el proyecto crea un régimen promocional para grandes inversiones y define para ellas un marco fiscal inamovible por 30 años. El debate que suscitó la norma plantea preguntas sobre el futuro energético del país. El mercado mundial del GNL parece haber sido una carrera en la cual Argentina tendrá serias dificultades para ser competitiva.
El objetivo del proyecto de ley es promover la exportación del gas obtenido con fracking en Vaca Muerta y generar así las divisas que al país le faltan. Sin embargo, les permite a las empresas llevarse los dólares más fácilmente y no contempla regulaciones de carácter técnicas o ambientales.
La futura ley favorece a inversiones de más de U$S1.000 millones y les garantiza la estabilidad fiscal por 30 años. Establece retenciones de entre el 0 y el 15% del precio del gas en el buque. Las empresas podrán disponer del 50% de los dólares de las exportaciones para el pago de deudas y repatriación de inversiones. Se beneficiarán, además, de la exención de derechos de importación y tasas por servicios portuarios, entre otras.
¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales?
Si bien este tipo de exportación podría haber sido una oportunidad para Argentina en el pasado, las condiciones del mercado actual indican que el país enfrentará una competencia feroz y dificultades para consolidarse como un actor relevante en el mercado mundial. El GNL se presenta como una opción de alto riesgo en un país que enfrenta costos de flete más elevados debido a la distancia de los países importadores y a la falta de previsibilidad de las condiciones macroeconómicas.
Según las previsiones empresariales, el proyecto de instalación en Bahía Blanca de una planta de GNL entre la petrolera estatal malaya Petronas e YPF se terminaría en 10 años. Ante ese escenario, las empresas anticiparon la contratación de dos buques de licuefacción que pondrían en funcionamiento la exportación en menos tiempo, pero la capacidad de exportación de esa infraestructura es muy restringida.
Según estimaciones del think tank climático E3G, Europa ya superó el pico de demanda de GNL y en menos de diez años sus niveles de importación de GNL serán marginales. Al mismo tiempo, la capacidad de exportación de Estados Unidos está en vías de saturar el mercado internacional. De acuerdo a la Administración de Información de Energía de ese país, existen en Estados Unidos once nuevos proyectos de terminales estadounidenses de GNL aprobadas, aparte de las cuatro ya en construcción, que se suman a las siete existentes.
En el ámbito regional, Brasil planea múltiples terminales de GNL en la Costa Atlántica mientras contempla importar gas argentino por ductos para consumo doméstico, con la ambición de convertirse también en exportador. La proximidad de los mercados hace prever que el GNL brasileño podría tener costos de flete inferiores, planteando así otro desafío para la industria del gas en Argentina.
Este panorama suscita una pregunta crucial: ¿Quién comprará el GNL argentino cuando competidores como Brasil y Estados Unidos ofrecen mayor capacidad de exportación, costos potencialmente más bajos, y accesos más cercanos a los mercados internacionales? Samuel Ade, químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y analista energético del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos, arriesga algunas respuestas. Con experiencia previa en la industria química y en transiciones energéticas en el Caribe, Ade lidera análisis interdisciplinarios sobre las implicancias internacionales de las exportaciones de GNL de Estados Unidos.
-¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos más significativos del actual mercado mundial de GNL?
“Los tres principales exportadores de GNL son Estados Unidos, Qatar y Australia, y representan casi dos tercios de los volúmenes de exportación mundiales. Históricamente, China, Japón y Corea del Sur han sido los mayores importadores individuales de GNL. Sin embargo, la agresión rusa en Ucrania provocó cambios significativos en los patrones mundiales. Más de un año después, la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales motores de la dinámica del mercado mundial de GNL”.
“Antes de la invasión rusa de Ucrania, los países de la Unión Europea recibían alrededor del 40% de sus importaciones procedentes de Rusia. El flujo de este gas por gasoducto hacia Europa disminuyó aproximadamente un 56% entre 2021 y 2022 y la demanda de GNL ha aumentado a corto plazo para ayudar a desplazar el suministro de gas ruso. Europa (incluida Turquía) experimentó el mayor aumento regional de las importaciones de GNL a lo largo de 2022, aumentando un 65% en comparación con 2021”.
“Este aumento inesperado de la demanda europea provocó picos de precios sin precedentes y volatilidad en el mercado mundial del GNL. En respuesta a estos elevados precios, los importadores de GNL de otras regiones (especialmente Asia y Latinoamérica) han reducido su consumo de GNL a corto plazo. Las importaciones de GNL disminuyeron un 9% en Asia y un 34% en América Latina a lo largo de 2022 en comparación con los niveles de 2021”.
“Al mismo tiempo, este aumento a corto plazo de la demanda de GNL ha suscitado un renovado interés en la expansión de las cadenas de suministro a escala mundial por parte de productores y financiadores públicos y privados”.
-¿Qué horizonte futuro imagina para este mercado?
“Aunque la demanda de GNL puede crecer en el corto plazo, muchos de los principales consumidores pretenden reducirla a mediano y largo plazo. El plan europeo RE Power EU, por ejemplo, prevé una reducción de más del 50% del consumo de gas para 2030 en relación con los niveles de 2020. Esta reducción prevista de la demanda de gas tiene importantes consecuencias para los nuevos proyectos de suministro de GNL destinados a aprovechar los elevados precios actuales del mercado generados por la crisis energética europea”.
“Dados los plazos necesarios para construir nuevas instalaciones de exportación de GNL (de 3 a 5 años en el mejor de los casos) y la vida operativa de estos proyectos una vez construidos (de 25 a 35 años), existe un riesgo significativo de que los nuevos proyectos de suministro de GNL puedan convertirse en activos varados debido a los planes más estrictos de descarbonización climática y energética de diversos países”.
“Al mismo tiempo, la industria del petróleo y el gas se apura para aprovechar la crisis energética mundial y poner en marcha nuevos proyectos. El aumento previsto de la capacidad mundial de suministro de GNL plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera de estos nuevos proyectos; mientras que se espera que disminuyan importantes fuentes de demanda mundial de gas.Cualquier país debería considerar el desarrollo estratégico de sus recursos renovables, que podrían descarbonizar su perfil energético nacional en conjunción con sus compromisos climáticos declarados y también ayudar a poner fin a la dependencia externa”.
Alejo di Risio es periodista y Coordinador de Comunicación de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas. Fernando Cabrera es Coordinador del Observatorio Petrolero Sur.
Representantes de las Asambleas del Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, Río Negro, para denunciar penalmente a la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, Dina Lina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se llevaría a cabo en la ciudad de Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a: -Tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A.
De acuerdo a dicha resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se les impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando: las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia.
La secretaria de ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo y toda ciudadano y ciudadana deben tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Para citar sólo algunas, nos referimos a la ley 27566, la 27275, la 25831, la 3266, la 2631.
Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada. Asimismo, comunicamos públicamente la denuncia penal elevada contra Dina Migani por las responsabilidades que mencionamos y las previstas en los términos del artículo 248 del Código Penal.
Firmas:
Asambleas de la Curru Leufú – Multisectorial Golfo San Matías – Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas – Asamblea Antimegaminería de Bariloche – Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca) – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones – Asamblea Socioambiental de Cipolletti – Asamblea Socioambiental Valle Medio – Asamblea Ambiental Interpueblos de Ing Huergo, Villa Regina, Godoy, Chichinales – Asamblea del Valle de Conesa – Asamblea en Defensa del Agua de Ing. Jacobacci – Asamblea del Coli Leuvu de Catriel – Agrupación Trawn ko (Viedma) – Junta Promotora APDH Alto Valle – Pastoral Social Diócesis de Viedma – Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina – Observatorio Petrolero Sur – Red de Comunidades Costeras
Teléfonos de contacto:
☎️ 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
☎️+54 9 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 2984 73-4419 Mauro Isueta | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)
☎️ 223 4268927 Gonzalo Vergez | Asociación de Abogada/os Ambientalistas de la Argentina
