Debido a la falta de transparencia y la opacidad corporativa que rodea el avance de Vaca Muerta sobre el territorio mendocino, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas hemos presentado un pedido de Acceso a la Información Pública y Ambiental exigiendo al Estado la información fehaciente sobre las autorizaciones otorgadas a la empresa YPF para realizar en fracking en Mendoza verificando que la ley vigente se encuentra en cumplimiento.
Asimismo, el pedido demanda que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Mendoza revele y publique la información necesaria para garantizar las instancias de participación en políticas públicas ambientales por parte de la ciudadanía. Para esto el acceso oportuno a la información pública ambiental es indispensable para la participación pública, derecho fundado en uno de los pilares del sistema republicano de gobierno que es el de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.
La información que falta sobre el fracking en Mendoza
Entre los datos exigidos por la Asociación para desvelar el fracking en Mendoza se encuentran los siguientes. Para cada uno de ellos se pide la resolución administrativa correspondiente, su fecha de publicación en el boletín oficial, y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental correspondientes.
Si la empresa YPF ha presentado proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales.
Cuántos pozos de exploración y explotación de no convencionales tiene autorizados la empresa YPF en la formación de Vaca Muerta, en el sur de Mendoza, cuando comenzarían, su ubicación y los correspondientes estudios de impacto ambiental.
La cantidad de pozos de exploración y explotación de hidrocarburos de formaciones no convencionales, que autorizó o pretende autorizar a la empresa YPF en los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte, en el yacimiento Cerro Morado Este, área Chachahuen, en el sur de Mendoza y su ubicación.
Si se ha garantizado el procedimiento de Consulta, libre, previa e informada de las Comunidades indígenas del Pueblo Mapuche que pudieren ser afectadas por los proyectos de exploración y explotación en yacimientos no convencionales.
El volumen que se pretende extraer en gas y petróleo, la cantidad de agua empleada o que pretende emplear en cada pozo de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales.
El volumen de residuos petroleros generados por la empresa YPF, y si la misma cuenta con un seguro de responsabilidad ambiental de cobertura total para la recomposición de los daños socio ambientales que las actividades pudieran ocasionar.
El plan de tratamiento de residuos, qué empresas lo tendrán a su cargo, y cuáles serán las empresas a cargo del transporte; el tratamiento diferenciado para residuos sólidos, semisólidos y líquidos, la distancia entre plantas de tratamiento de residuos peligrosos y plantas de operaciones con los cursos de agua superficial más cercanos, y las áreas urbanas más cercanas, instalaciones para realizar el tratamiento, tales como hornos incineradores, pirolíticos o de desorción térmica, piletas, depósitos, entre otros.
A su vez que se publiquen las actas de infracción contra YPF, campañas de monitoreo, auditorías sobre las campañas de hidrofractura, y la documentación que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental.
Contactos de prensa: Alejo di Risio +5491123904594
La YPF del Siglo XXI. – El Informe de 2021 del IPCC “debe ser como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta (…). Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles y transferir los subsidios de los combustibles fósiles a la energía renovable” dijo recientemente el Secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), una especie de “dream team” de científicos de todo el mundo, alertó en su informe del 2021 que “muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.”
Una planta de YPF. Télam
Por ello es que ya hace un tiempo los combustibles fósiles resultan parte del pasado, de la vieja economía. El colapso climático en que el mundo está inmerso por el uso de combustibles fósiles, principal responsable del calentamiento global y el cambio climático, ya no es una cuestión discutible. La certeza científica es total.
En este contexto la empresa YPF cumple 100 años el 3 de junio de este año. Emblema nacional que ha sido esencial en el Siglo XX para el progreso social, económico y material del país. Ha creado ciudades y pueblos enteros, ha dinamizado economías regionales y, por ello, en el imaginario social es vista como un orgullo nacional. Es que el famoso orgullo Ypefiano tenía una base real, además de casas, escuelas y barrios, construía tejido social. Parte del norte argentino y la Patagonia conocen bien la historia de esta empresa. Paradójicamente, son los mismos lugares donde se encuentran la mejor exposición solar (Norte) y perfectos vientos (Patagonia), ambos indispensables para las energías renovables.
La nefasta privatización, a manos de Repsol en la década de los 90`, significó un retroceso importante que pudo ser parcialmente revertido con la compra del 51% de las acciones de la Sociedad Anónima por parte del Estado en el año 2012. Pero a pesar de ello YPF nunca dejó de actuar como una empresa privada. El 51% del Estado no fue suficiente para cambiar la manera en que se maneja en el mercado, ni para evitar que fondos como Blackrock se beneficien de las consideraciones que se tiene sobre YPF por su capital estatal.
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas pensamos que el rol de la YPF del Siglo XXI es fundamental para que la Argentina pueda iniciar una verdadera transición ecosocial, una salida ordenada y progresiva del modelo energético fosilista y extractivista que predomina.
El contexto internacional es muy importante para saber cómo debiera ser una empresa de energía, con fondos estatales, en los tiempos que corren, donde los activos petroleros corren el riesgo de convertirse rápidamente en activos obsoletos. La Agencia Internacional de la Energía (IEA), de la cual no se pueden sospechar inclinaciones ambientalistas, publicó su escenario de cero emisiones netas y declaró que, en el recorrido compatible de limitar el aumento de temperatura global en 1,5°C (en comparación a los índices preindustriales) comprometidos en el Acuerdo de París:
“no se necesitan nuevos yacimientos de petróleo y gas natural más allá de los que ya están aprobados para desarrollar”
“no se necesitan muchas de las plantas de licuefacción de gas natural licuado (GNL) que están actualmente en construcción o en la etapa de planificación”
“no se necesitan grandes inversiones en nuevos oleoductos y gasoductos”
39 países e instituciones, que representan por lo menos $20 mil millones al año en financiamiento al petróleo y al gas, se comprometieron a finalizar su financiamiento público internacional a los combustibles fósiles. En el mismo sentido, 10 de las 38 aseguradoras principales se comprometieron a finalizar o restringir de alguna manera las suscripciones de nuevos proyectos de petróleo y gas.
La Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) es una alianza internacional de gobiernos nacionales y subnacionales que trabajan juntos para facilitar la eliminación controlada de la producción de petróleo y gas. Dirigida por los gobiernos de Dinamarca y Costa Rica, la alianza tiene como objetivo elevar el tema de la eliminación de la producción de petróleo y gas en los diálogos climáticos internacionales, movilizar acciones y compromisos, y crear una comunidad internacional de práctica sobre este tema. Ya tiene 8 miembros principales (Francia, Suecia, Irlanda, entre otras), 3 asociadas (Portugal, Nueva Zelanda y California) y 3 países amigos (Italia, Finlandia y Luxemburgo). BOGA es un importante primer paso; desde el seno de la ONU se comenzó a hablar concretamente de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero aún la legislación sobre la eliminación gradual es escasa.
Por su parte, en los últimos años el costo de capital aumentó considerablemente para las empresas de petróleo y gas y disminuyó para la electricidad renovable:
Solar fotovoltaica: -85 %
Eólica onshore: -56 %
Eólica offshore: -48 %
El costo de las baterías disminuye aún más rápidamente. La energía eólica y la solar son las fuentes más baratas de la nueva generación para 2/3 de la población mundial.
En todo el planeta, desde el año 2016 se cancelaron 148 proyectos de petróleo o gas. El activismo y las protestas tuvieron un papel significativo para ejercer presión sobre los gobiernos. Según el Ipsos Global Advisor for the World Economic Forum (2022), más del 84% de las personas en el mundo está a favor de eliminar gradualmente la quema de gas, carbón y petróleo. En la misma encuesta el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables estuvo en el quinto puesto de las medidas ambientales.
Telam
Sin embargo los gastos de capital mundial en el sector del petróleo y el gas continúan: la inversión prevista en el suministro de petróleo y gas pero las 20 principales empresas productoras de petróleo y gas será de más de 930.000 millones de dólares en nuevos desarrollos hasta 2030 (contados desde el 2010). Si bien van en una leve curva descendente desde 2010 hasta la fecha, las tendencias recientes sugieren una posible reversión, sobre todo a partir de la guerra en Rusia. Así las empresas petroleras y de gas siguen operando de forma incompatible con los 1,5 grados comprometidos en París.
En resumen, según lo convenido en el Acuerdo de París, no hay absolutamente margen alguno para la expansión del petróleo y el gas. Los costos de la energía eólica y solar están disminuyendo, mientras que los costos de los combustibles fósiles están en aumento.
La cantidad de instituciones financieras y activos bajo gestión comprometidos con la desinversión de combustibles fósiles están creciendo de forma exponencial. Se han cancelado proyectos de petróleo y gas y se evitaron emisiones gracias al activismo en sus distintas formas. Los costos de las energías renovables están preparados para desestabilizar el sector de combustibles fósiles. Las desinversiones en gas, petróleo y carbón se están acelerando.
“La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína” declaró públicamente hace pocos días Gustavo Petro, el candidato presidencial de Colombia. En esta línea se destaca en su programa de gobierno, junto a Francia Márquez, la propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:
“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]
Proponen una transición gradual, justa y con suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 45% de las exportaciones de Colombia). La propuesta implica no solo cambios en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia.
Es un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la construcción de un nuevo paradigma, dejando por fin los combustibles fósiles en el subsuelo. Esta iniciativa contó con el apoyo de importantísimos referentes, activistas e intelectuales de todo el mundo como Vandana Shiva, Boaventura de Sousa Santos, Naomi Klein, Noam Chomsky y, de Argentina, Maristella Svampa, entre muchos otros y otras.
Petro y Francia en Colombia, como Boric en Chile, representan lo que algunos autores llaman “progresismos de 2da generación” en América Latina donde la problemática socioambiental se encuentra transversalmente en sus ideas de gobierno y no solamente como compartimentos estancos.
Ahora bien, en este contexto, es el momento que la República Argentina pida, muy determinadamente, una compensación internacional por dejar el yacimiento Vaca Muerta bajo tierra y el mar argentino en paz. Un mecanismo similar se intentó hacer en Ecuador en el año 2007, bajo el nombre de “Iniciativa Yasuní” donde el entonces gobierno de Correa, a instancias de la sociedad civil, le pidió a la comunidad internacional una compensación económica por no explotar el petróleo en el biodiverso Parque Nacional Yasuní.
Si bien en ese momento la iniciativa no prosperó, ya ha pasado mucho tiempo, las cosas se han acelerado y lo que parecía imposible en ese momento hoy, con el colapso climático en acción, más los compromisos internacionales, empieza a tener verosimilitud. La deuda climática, es decir, la desigual responsabilidad de las potencias del Norte sobre el Cambio Climático, es otro hecho indiscutible. Es el momento que, desde el Sur, la reclamemos de forma concreta, real y tangible.
Con Maristella Svampadijimos acá que “batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria (…) De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios.”
Tampoco podemos permitir ser nuevamente la zona de sacrificio, ahora en el altar de la “transición energética” del Norte global. Porque en realidad no estamos asistiendo a ninguna transición energética, sino más bien a una expansión energética. Más offshore, fracking, gas, más proyectos en los sures para alimentar el sobreconsumo del norte global.
No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, vertiginosa, de carácter corporativo y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. Pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, y en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa y de mercado, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios.
Trabajadores petroleros capacitados en energías renovables. Esto debiera ser, quizá, la principal demanda de los sindicatos petroleros que deben entender que estamos en el ocaso de los combustibles fósiles. Estos sindicatos deberían ser los principales interesados en que sus asociados/as puedan mantener sus puestos de trabajo calificándose en las energías del futuro.
La YPF del Siglo XXI resulta indispensable en este proceso.
Como también lo es para la sustitución de importaciones, otro de los grandes desafíos de una verdadera transición energética justa. Necesitamos que la mayor cantidad posible de la infraestructura para las energías renovables (paneles solares, molinos eólicos, baterías de litio, etc) sea paulatinamente construida en el país y para ello se necesita un Estado, y una empresa con capital estatal, comprometida en generar este círculo virtuoso con la sociedad para sustituir importaciones.
Por último, para los especialistas Pablo Bertinat y Jorge Chemes pensar el sector energético en términos de una transición socio-ecológica requiere:
Establecer plazos para cerrar el ciclo de los fósiles e ir a una matriz de fuentes renovables utilizadas sustentablemente.
Establecer metas de reducción efectiva de la extracción y utilización de energía.
Fortalecer la concepción de energía como derecho por sobre la concepción mercantil.
Desarrollar procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía.
Establecer una fuerte acción contra la desigualdad energética, eliminación de la pobreza energética e inequidades de género.
Democratizar las políticas energéticas.
Para todo ello la YPF del Siglo XXI tiene un rol fundamental. No perdamos la oportunidad histórica de convertirnos nuevamente, como lo fue la YPF del Siglo XX, en un faro regional de la economía del futuro.
Ante la escandalosa situación revelada en un allanamiento de la fiscalía de Neuquén
Por primera vez en el marco de la causa iniciada en diciembre de 2020, fue allanado el interior de las plantas donde están depositados los residuos petroleros de Vaca Muerta. El relevamiento in situ fue llevado adelante por la Fiscalía de Neuquén y se dio en el marco de la investigación penal iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La causa investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en las dos plantas inspeccionadas: Neuquén y Añelo.
Enormes irregularidades fueron constatadas en dicho allanamiento, con flagrantes violaciones a lo que la ley penal en materia de residuos peligros, dentro de los que se encuentra la “basura petrolera”. Una clase especial de residuo clasificado como “peligroso” puesto que contiene restos radiactivos y metales pesados. También se encontró suelo empetrolado, líquidos con aceite y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra registrado. La planta se encuentra, ya desde hace varios años, en su límite de capacidad de procesamiento, lo cual implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esta cadena de procesamiento.
Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados.
Rafael Colombo, impulsor de la denuncia penal.
En el allanamiento participaron la Ingeniera Cecilia Bianco, del área tóxicos de Taller Ecologista y el investigador Martín Alvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur. Bianco es una de las autoras del informe “La Basura del Fracking en Vaca Muerta”, que sistematiza la evidencia que ratifica la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA y sobre el cual brindó testimonio formal ante el organismo fiscal. Al concluir el allanamiento, enfatizó: “La ausencia de información es escandalosa, incluso en las actas de inspección que se hicieron en ambas plantas. El control de napas, sin pozos freatímetros, es tan solo uno de los múltiples residuos peligrosos que deben tener un seguimiento exhaustivo por ley”.
Por su parte, Rafael Colombo, letrado impulsor de la denuncia en representación de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, tuvo oportunidad de volver a recorrer las inmediaciones de las plantas pertenecientes a la empresa Comarsa: “Presentamos la denuncia hace poco más de 12 meses y la situación no ha cambiado. La basura del Parque Industrial de Neuquén continúa expuesta a cielo abierto. Impresiona aún el descomunal volumen de residuos allí acumulados. También persiste el riesgo que recae sobre una comunidad de vecinos/as lindantes a la planta, no observándose presencia alguna del estado para prevenir potenciales daños sobre la salud de las familias que allí viven en condiciones de vulnerabilidad”.
La denuncia penal presentada en diciembre de 2020
El allanamiento fue requerido por la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.
20 mitos y realidades del fracking en Argentina – Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.
Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.
La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.
Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.
Vaca Muerta es la segunda y cuarta mayores reservas de gas y petróleo no convencionales, respectivamente. Ocupa 36.000 km2 de la Cuenca Neuquina, un depósito del tamaño de Bélgica. Está Ubicado geográficamente en el Centro-Oeste de Argentina, atravesando las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa. Después del descubrimiento temprano en 2011 de grandes recursos en Loma La Lata, Neuquén, la primera.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51% de las acciones insignia de YPF (que acabaron devolviendo 5.000 millones de dólares+ a Repsol), y declaró la exploración y explotación de recursos no convencionales como parte clave de la Plan Nacional de Hidrocarburos.
El corazón del proyecto está ubicado en Añelo, Neuquén, cerca de la zona donde YPF, en comenzó el fracking en 2013, luego de que el gobierno de Neuquén aprobó la concesión de Loma La Lata a YPF hasta el 2048. Casi todos los Corporation (IOC) está presente en esta región de Vaca Muerta, debido a sus prometedoras reservas. Los principales actores son YPF, Tecpetrol (propiedad del tercer mayor poseedor de fortunas argentino, Paolo Rocca), Total Austral y Pan American Energy.
Vaca Muerta está en el centro de la recuperación pospandémica, incluso asignando el 25% de la Ganancias del impuesto extraordinario a la riqueza debido a la pandemia de gas no convencional. exploración y explotación. demás de promover nuevas inversiones con costos subsidiados, otros objetivos clave fueron: promover proyectos de infraestructura, como los que amplían gasoductos para evacuar la producción de formación especialmente hacia Brasil y Chile, y la construcción de un tren de carga a Bahía Blanca para exportar producción en forma de GNL.
La visión eldoradista de Vaca Muerta fue ganando tracción y planes concretos.
En cuanto al sector eléctrico, tanto el equipo de energía de Macri como el de Fernández, esperaban reducir a la mitad la proporción de gas, del 66% a un tercio de la red. La producción está dirigida directamente a aumentar exportaciones e ingresos en moneda extranjera. Para mayo de 2021, Vaca Muerta representaba el 28% del petróleo y el 23% del gas producido en Argentina durante el año. Mientras que el primero aumentó un 60% interanual, este último desciende un 4%. Cuando la pandemia golpeó a la industria fósil, cuando los precios cayó por debajo de cero pero se recuperó un año después -, la producción de petróleo en Vaca Muerta se mantuvo su aumento, pero estancó el gas a una cuarta parte de la producción nacional.
Ante el informe presentado por la UNCuyo sobre Fracking en Mendoza
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas acompañamos los reclamos de la Asociación Civil “OIKOS Red Ambiental” y denunciamos la incertidumbre científica con la cual el Gobierno de Mendoza quiere aprobar el fracking en la provincia. Hacemos responsable al Gobierno frente a los riesgos graves del fracking, como por ejemplo la afectación a acuíferos subterráneos, la sismicidad inducida, y el peligro de contaminación por residuos radiactivos.
El informe titulado “Producción De Hidrocarburos En Reservorios No Convencionales En Mendoza. Consideraciones sobre el Método de Estimulación Hidráulica” fue elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo en el mes de junio de 2018. El Gobierno de Mendoza solicitó su incorporación al expediente en el que se cuestiona ante la Suprema Corte de Mendoza la constitucionalidad del decreto 248/18 que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la exploración y explotación de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica.
El escrito de la Asociación Civil Oikos
La Asociación Civil OIKOS presentó el día 2 de septiembre un escrito en el cual se enumeran las irregularidades e inconsistencias del informe usado para justificar el avance del fracking. En el mismo denunciaron la falta de asidero científico, la falta de citas a fuentes y estudios científicos, la referencia constante a información de organizaciones afines a la industria petrolera y fundamentalmente la falta de información de “línea base” sobre aspectos importantes y fundamentales de las regiones en el territorio mendocino donde se realizarían las actividades de fracking.
Desde OIKOS se observó además que es un informe desactualizado, que se realizó sin documentar ninguna visita de campo, relevamiento o monitoreo territorial, no especifica las facultades que intervinieron ni los docentes, profesores y/o especialistas que participaron en su redacción y no detalla la presencia de comunidades indígenas a fin de dar acabado cumplimiento de la normativa constitucional y convencional en relación a la consulta, libre, previa e informada.
A su vez, es de notar que el informe se redactó después de la publicación del Decreto N°248 en marzo de 2018, lo que significa no sólo que la información presentada no se tuvo en cuenta a la hora de redactar dicho decreto sino que tampoco estuvo disponible para la ciudadanía de Mendoza a la fecha de la audiencia pública de diciembre de 2017, lo cual implica una vulneración preocupante al derecho a la participación pública.
Por otro lado, el informe no discute la posibilidad de contaminación, ni analiza los pasivos ambientales, ni hace mención alguna a los riesgos de contaminación por material radiactivo. En relación al informe de la UNCuyo y el informe de la Secretaría de Ambiente la reconocida organización internacional “Earthjustice” afirmó: “estos dos documentos presentan graves debilidades por la poca profundidad de su análisis, su dependencia en un número muy limitado de fuentes científicas, y por obviar o completamente ignorar varios impactos graves de la técnica”. Respecto a este último punto, se destaca que “los informes no hacen un análisis serio de ciertos riesgos graves, como por ejemplo la afectación a acuíferos subterráneos y la sismicidad inducida, y completamente ignoran a otros como el peligro de contaminación por residuos radiactivos (los NORM)”.
A su vez, el informe no analiza las complejidades geológicas y no caracteriza para este territorio la posibilidad de contaminación inherente a las fallas y fracturas.
Esta dimensión debería ser la más exhaustiva del informe, incluyendo aspectos geológicos, hídricos, ecosistémicos y socioeconómicos, fundamental para entender la gravedad y probabilidad de riesgos inherentes del fracking. El informe tampoco considera el peligro de sismos provocados por la inyección de aguas de producción, la principal práctica que puede ocasionar sismicidad inducida. La ausencia de referencias a esta cuestión es de particular gravedad en un contexto donde se han observado sismos en la zona de Sauzal Bonito (Neuquén) ante la llegada de los no convencionales.
Estas inconsistencias científicas, evidencian que el “informe” que ofrece la UNCuyo para analizar los costos y beneficios del fracking no alcanzan el nivel de competencia técnica exigido por el principio precautorio. No es posible que la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Mendoza apoyado únicamente en estas fuentes de información, pudiese realizar de forma eficaz su labor de evaluación de impactos ambientales a la hora de revisar proyectos de fracking.
Acompañamos las denuncias efectuadas por OIKOS a fin de que se subsanen las omisiones del informe de la UNCuyo respondiendo todos los aspectos cuestionados y reclamamos la inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 248 en Mendoza. El escrito completo es de público acceso en este link.
Nueva evidencia prueba complicidad empresarial y estatal en el tratamiento ilegal de basurales petroleros. – La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, presentó un escrito de ampliación de denuncia penal ante la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial.
El escrito de ampliación acompaña documentación oficial, informes y testimonios en donde, por una parte, se exponen abiertamente una serie de irregularidades en el accionar de COMARSA, en cuanto al tratamiento de los residuos petroleros; y, por otra parte, el conocimiento de estos incumplimientos reiterados por parte de las autoridades públicas competentes.
Se tratan de más de 1180 fojas que contienen las actas de las inspecciones realizadas a Comarsa por técnicos y técnicas de esa Subsecretaría de la Municipalidad de Neuquén y de la Secretaría de Ambiente de Nación entre 2013 y 2021.
También se encuentra el historial de las infracciones constatadas por el órgano de aplicación, los registros del programa de trazabilidad de residuos (incorporados en 2017), estudios de emisiones de gases de hornos pirolíticos y manifiestos de la cadena de custodia.
Toda esta nueva información ratifica la la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA, apropiándose ilegalmente de tierras fiscales para depositar en ellas residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos no convencionales; las reiteradas declaraciones falaces sobre el volumen de los residuos acopiados; el acopio de basura por sobre las capacidades de tratamiento; no respetar suspensiones por mal funcionamiento de hornos, poniendo en peligro a la población con emisiones de dioxinas y material particulado, y la cantidad de actas de inspección.
El escrito de ampliación de la denuncia penal afirma que tanto COMARSA como las autoridades estatales “…no pueden desconocer los riesgos que implican para el medio ambiente y la salud pública la gestión y tratamiento deficiente de los residuos peligrosos, máxime teniendo en consideración los especiales conocimientos técnicos e idoneidades que deben cumplir como tratantes de residuos peligrosos. Y pese a todo ello, parece no importarles o como mínimo les resulta indiferente la probable concreción de perjuicios, pues se observa que a la fecha no han cumplido con los presuntos planes de cierre de la plata de PINO, y por otro lado, el modo de proceder irregular vuelve a repetirse en la planta de AÑELO”.
Finalmente, dentro de la ampliación de la denuncia, la Asociación ha incluido la solicitud de que presten declaración testimonial Andrés Blanco, Diputado Provincial de Neuquén (PTS-FI); Cecilia Bianco, Ingeniera y Coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista; y Fernando Cabrera Christensen, Lic. en Comunicación y coordinador del Observatorio Petrolero Sur.
La denuncia penal contra los basurales petroleros presentada en diciembre de 2020
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables.
