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Nuevo informe posiciona al mundo del trabajo como actor central en los procesos de transición ecosocial en Argentina

El Equipo Transiciones lanza un nuevo documento en el cual analiza la dimensión de laboral en contextos de transición ecosocial Desde el espacio conformado por organizaciones y equipos de trabajo de Argentina, se presentan también propuestas integrales para una contrarreforma sociolaboral. La policrisis compromete el acceso al agua, los alimentos, la energía y la tierra, y coloca a la clase trabajadora en una posición de máximo riesgo y vulnerabilidad, en la primera línea de exposición.

El informe fue elaborado por Cecilia Anigstein, parte del Equipo Transiciones e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el área de sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 

El aumento de temperaturas, los cambios en los regímenes de lluvias, los colapsos climáticos localizados, intensifican las consecuencias sobre la salud sobre las personas, incluyendo enfermedades, consecuencias socioambientales y la pérdida de calidad de vida. Los colectivos laborales más precarios y desprotegidos enfrentan una disyuntiva crítica: exponer su vida, salud y seguridad o perder los ingresos que sostienen a sus hogares. 

La autora, especialista en estudios sociales del trabajo, describe cómo la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia cómo el mercado, especialmente los sectores más concentrados del capital, no sólo no ofreció soluciones, sino que agravó los problemas existentes. En Argentina, el personal del sistema de salud pública y las trabajadoras sociocomunitarias fueron las principales barreras para contener la crisis, a pesar de operar en condiciones extremas, con dotaciones, infraestructura, insumos y salarios insuficientes .

Frente a estas problemáticas, la transición ecosocial que proponemos comprende el desarrollo de actividades productivas y reproductivas intensivas en el trabajo. Impulsan la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos como: promoción de la salud, educación, cuidados y transporte, ciencia, agroecología, reciclaje y economía circular. Construcción sostenible, energías renovables y remediación ambiental. Al mismo tiempo, esta transición promueve una redistribución radical del tiempo y de las tareas socialmente necesarias para el sostenimiento de la vida, buscando su reconocimiento, retribución y reparto equitativo bajo los principios de dignidad y justicia social. 

La transición hacia un modelo ecosocial en Argentina exige un replanteo profundo de las condiciones de trabajo, garantizando que los derechos fundamentales sean respetados y ampliados. Por eso, planteamos la jornada laboral de 6 horas como un eje central: trabajar menos para que todxs trabajen. Esto no solo distribuirá de manera más equitativa el tiempo laboral, sino que permitirá recuperar la soberanía sobre el tiempo de vida. Actividades como el cuidado, la formación, el reciclaje, el consumo cultural o el trabajo comunitario no mercantilizado, esenciales para una sociedad más justa y sostenible, encontrarán así el espacio que hoy muchas veces les falta.

La libertad sindical y la cogestión de proyectos de transición son igualmente imprescindibles. En un contexto de crisis climática, los sindicatos no solo pueden ser actores estratégicos en sectores esenciales, sino también asegurar un marco para una transición ecosocial que sea justa, inclusiva y democrática. Sindicatos que reconozcan su rol en políticas de adaptación y resiliencia, incluyendo la capacidad de convocar asambleas y medidas de fuerza, es esencial para construir un mundo laboral más preparado para los desafíos del futuro.

Asimismo, la creación de un Consejo del Ingreso Mínimo Universal puede asegurar un piso digno para todxs. Este ingreso debe cubrir como mínimo la canasta básica, un pilar fundamental y referencia para la implementación de medidas reparatorias en casos de eventos climáticos extremos, garantizar retiros anticipados en reconversiones laborales y fomentar la negociación colectiva justa. Este Consejo es pensado como herramienta para ampliar la participación y democratización en la toma de decisiones económicas y sociales en un contexto de cambio estructural, con actores clave como los sindicatos, las organizaciones campesinas, feministas y de la economía popular.

Desde el Equipo Transiciones, hacemos un llamado a la multiplicidad de sectores sociales, laborales y políticos a construir agendas conjuntas e impulsar procesos transformadores. No sólo es posible, sino absolutamente necesario. 

Sobre el Equipo Transiciones

El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.

Nace en 2023 como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

Equipo Transiciones en Rosario

Lanzamiento del Equipo Transiciones en Rosario: por una transición ecosocial justa

El pasado lunes 30 de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Rosario el lanzamiento del Equipo Transiciones, un espacio de articulación política conformado por diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina. El objetivo central de este encuentro fue generar un diálogo y un compromiso colectivo para prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia una transición ecosocial en el país.

Durante la jornada, referentes del ámbito académico y del activismo compartieron sus perspectivas sobre la necesidad de repensar las estructuras políticas, económicas y sociales para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Maristella Svampa, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y CAJE-AAdeAA, destacó que: «Un estado ecosocial debe tener en la base una sociedad de los cuidados, incorporar los riesgos globales y locales, reorganizar las instituciones en función de una sociedad al servicio de la vida, y promover la democratización política en base a un horizonte de justicia social y ambiental.»

Por su parte, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora de CONICET/CIEPP, subrayó la importancia de transformar los sistemas de cuidado: «La forma actual de resolución de las necesidades de cuidados hoy es en el ámbito doméstico de trabajo no remunerado, principalmente de mujeres e identidades feminizadas. La provisión pública de cuidados es acotada e insuficiente, y la tendencia es a la privatización y mercantilización del cuidado.»

Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Guillermo Peinado, del GEEAS y ASAUEE, reflexionó sobre las dinámicas de dependencia económica: «Los países periféricos estamos subsidiando la acumulación de los países centrales. Somos acreedores ecológicos, lo que nos permite reubicarnos en la geopolítica planetaria.»

Asimismo, Melisa Argento (CONICET UNR, CAJE, GyBC) abordó la problemática del litio en Argentina: «El litio se engarza en las dinámicas de endeudamiento y fuga de Argentina, es el ejemplo perfecto del mandato exportador.»

En el marco del debate sobre la transición energética, Pablo Bertinat, del Taller Ecologista y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, señaló: «No hay una mirada única de la transición energética, hay tantas miradas como intereses. La transformación de la matriz energética es condición necesaria pero no suficiente, ya que el sistema energético hoy es fósil, pero también profundamente desigual, mercantilizado y concentrado. La energía es una herramienta de redistribución de riqueza.»

Finalmente, Damián Verzeñassi, de INSSA UNR, enfatizó la necesidad de repensar el sistema de salud en este contexto: «Precisamos pensar un sistema de salud que no sea un mero sistema de atención de enfermedades, sino un sistema de cuidados en el marco de un estado ecosocial que cuide la vida de las sociedades presentes y futuras. Hoy la posibilidad de habitabilidad de los territorios está en serio riesgo, y se expresa en una nueva geopolítica de la enfermedad que define territorios en sacrificio.»

El evento fue coordinado por Jorgelina Hiba.

La transmisión en vivo del encuentro está disponible en el canal de YouTube de Salud Socioambiental.

Fotos: Julia OubiÑa
Transmisión en vivo: Salud Socioambiental

Equipo Transiciones: Hacia un Estado Ecosocial en Argentina

El Equipo Transiciones se enorgullece de lanzar el documento “Lineamientos para la Transición hacia un Estado Ecosocial en Argentina”. En el contexto actual de crisis ambiental y social, la noción de Estado Ecosocial se presenta como una guía esencial para la reorganización de nuestras instituciones centrales. El Estado Ecosocial no solo debe comprenderse como una estructura administrativa, sino como la organización social que tiene capacidad para satisfacer las necesidades humanas de las personas, dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. El documento tiene como autor a Ruben Lo Vuolo, economista argentino, del Equipo Transiciones y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) en Buenos Aires, Argentina. Lo Vuolo se desempeña también como presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (REDAIC). 

El Estado Ecosocial se erige como una necesidad urgente en Argentina, un llamado a la acción colectiva que debe ser atendido con la seriedad y la celeridad que el momento histórico exige. No podemos ignorar los problemas que enfrentan los Estados nacionales y las organizaciones transnacionales al abordar no solo la crisis ambiental, sino también los crecientes desafíos en las democracias, la distribución de ingresos y riquezas, y la coordinación de intereses. Es evidente que son necesarias acciones colectivas coordinadas para enfrentar estos desafíos y transformar la realidad que nos rodea.

Luego del exitoso lanzamiento del Equipo de Transiciones, el pasado 7 de agosto a sala llena en el Auditorio de ATE, este documento marca el primer paso en el camino del Equipo Transiciones para construir un Estado que priorice la justicia social y ambiental frente a los crecientes desafíos de la crisis socio-ambiental. Durante el lanzamiento, el equipo de equipos presentó los Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina. También se reunió con diversas organizaciones sociales y ambientales del campo nacional y popular, que debatieron en conjunto sobre las propuestas y acciones a seguir para avanzar en la construcción de un futuro ecosocial. El Equipo busca fortalecer una red de trabajo compartido, que articule esfuerzos hacia un cambio sistémico en todo el país.

Lineamientos hacia el Estado Ecosocial en Argentina 

Este nuevo modelo de organización social tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de las personas de forma justa y sostenible.  En un contexto argentino de crisis social y ambiental, se hace imperativo contar con un sistema de políticas públicas que garantice que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades sobre bases igualitarias.

El documento presenta así un análisis exhaustivo de la crisis ambiental y la necesidad de avanzar hacia un Estado Ecosocial: modelo institucional que busca garantizar la protección social de las personas ante los efectos de la crisis socio-ambiental. Lo Vuolo argumenta que las instituciones políticas actuales, tanto a nivel local como internacional, no están preparadas para enfrentar las reformas necesarias, lo que subraya la urgencia de construir alternativas viables en el contexto argentino.

Entre las principales conclusiones del documento, se destaca que es esencial repensar la noción de crecimiento económico infinito, ya que el mal llamado “crecimiento verde” no ha logrado desacoplar las emisiones de carbono, y los efectos ecosistémicos, del sistema económico. También se destaca la importancia de promover políticas de adaptación locales y sistemas de protección social que respondan a los desafíos que impone la crisis socio-ambiental, protegiendo a las personas y comunidades más vulnerables ante sus efectos. 

También expone cómo las reformas necesarias están fuera del alcance de las instituciones políticas actuales a nivel internacional, lo que revela la urgencia de discutir alternativas factibles a nivel local. Un recorrido por las diferentes “variedades” de Estados de Bienestar, deriva también en la oportunidad de considerar formas de organización ecosocial adaptadas a las realidades locales.

Bajo esta premisa, se avanza en la propuesta de construir un Estado Ecosocial, basado en los principios de equidad-justicia y de sostenibilidad-suficiencia. Estos ejes proponen un sistema de protección social inclusivo, que garantice el acceso de toda la población a los bienes naturales y comunes necesarios para una vida digna, pero a su vez actuando en pos del bienestar social dentro de los límites ecológicos del planeta.

Finalmente, el documento subraya la importancia de mantener un optimismo obstinado frente al negacionismo y el pesimismo, promoviendo una visión de largo plazo que priorice el bienestar humano sobre el consumo compulsivo. Valorar el presente y el futuro, en lugar de prácticas que desestiman la importancia de estos aspectos. Solo a través de este enfoque es posible construir un planeta habitable en medio de la creciente inestabilidad climática.

El Equipo Transiciones publica el documento “Lineamientos para la Transición hacia un Estado Ecosocial en Argentina” como la primera de una serie de publicaciones que desarrollará propuestas y hallazgos orientados a facilitar la transición ecosocial en el país. Este trabajo propone una reorganización de nuestras instituciones, enfocándose en la justicia social y ecológica como pilares fundamentales para enfrentar a la crisis civilizatoria.

Sobre el Equipo Transiciones

Vivimos una crisis multidimensional que requiere de respuestas urgentes y radicales que apunten a una transformación general de la sociedad, y se orienten hacia un horizonte de sostenibilidad y de cuidado de la vida. Necesitamos elaborar nuevas narrativas transformadoras, pero sobre todo propuestas concretas de Transición Ecosocial Justa, a nivel multiescalar. Esto supone construir también una agenda de cambio desde y para la Argentina, desde una perspectiva holística, integral que abarque tanto la transición energética como la transición social productiva, alimentaria, laboral y urbana.

En esta coyuntura nace en 2023 el Equipo Transiciones, como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.

Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entendemos que éste es el momento para la discusión colectiva, para unir fuerzas y elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

Contacto de Prensa: Equipo Transiciones +5411239045494

centrales hidroeléctricas

El Gobierno abre el proceso de venta de centrales hidroeléctricas

por Alejo di Risio para elDiarioAr

El Gobierno Nacional, a través del  Decreto 718/2024, avanzó con decisiones sobre las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Trece días antes de su vencimiento, otorgó una nueva prórroga a las concesiones existentes para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En ese mismo decreto, se llama a concurso público para avanzar en la privatización de hecho a cargo de la Secretaría de Energía, que tiene 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional y vender la mayoría de las acciones de las centrales.

En un contexto en el cual la energía y el agua han sido focos de conflicto en la estabilidad macroeconómica nacional, la reciente decisión del gobierno de prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue plantea serias preocupaciones. La retórica privatizadora avanza sobre los proyectos de infraestructura, específicamente sobre los que venían más vulnerables: aquellos que se mantenían en un limbo legal de concesiones y parches regulatorios. Entre ellos están los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila actualmente en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).

Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60, con una inversión de alrededor de U$S 20 mil millones. Si bien se contó con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, estas represas también fueron financiadas gracias a los fondos específicos pagados por los usuarios de todo el país. Debido a la enorme inversión los períodos de amortización se calculan alrededor de 30 años, incluso con una rentabilidad anual de entre U$S350 y U$S400 millones. Si bien varía de central a central y depende de la inversión en mantenimiento, una vida útil de más de 60 años otorga enorme cantidad de divisas a largo plazo. 

Sin embargo, se calcula que al privatizarse Hidronor S.A. y las 19 represas hidroeléctricas el Estado recuperó aproximadamente U$S2 mil millones, alrededor de un 10% de su inversión. Por lo cual una inversión económica que hubiera sido redituable, representó una pérdida para las arcas estatales. La inversión y construcción fue pública, pero la renta fue privatizada en estas últimas décadas. 

El saldo de la privatización es negativo por donde se lo mire. Desde la desregulación y privatización del sistema eléctrico que se llevó a cabo durante el menemismo, el sector privado no ha aportado un diferencial deseable. No sólo en términos de divisas, sino en ninguna de las múltiples esferas de las cuales las grandes represas forman parte. El supuesto mercado libre y sistema de competencias que el neoliberalismo prometió, sólo dejó un oligopolio energético que tiende a fugar divisas, que no realiza nuevas obras, que no transfiere conocimiento tecnológico, que no invierte en mantenimiento y que no reduce tarifas. 

Ante la falta de planificación, las concesiones que ya vencieron fueron extendidas con prórrogas cortas. Parches regulatorios que postergaban la definición largo plazo, mientras vaivenes electorales evitaban una dirección clara en la política energética nacional. La senda del actual gobierno fue clara en lo discursivo, y la reciente aprobación de la Ley Bases otorgó el capital político que faltaba para avanzar en las privatizaciones. 

Incluso para un gobierno que enarbola el déficit como bandera, y para el cual la restricción externa por la ausencia de dólares es un nudo difícil de resolver, renunciar a la renta producida por la energía hidráulica no es una decisión financiera. Es una ceguera profundamente ideológica. En un sentido estratégico energético, la renta producida de las grandes represas existentes podría financiar proyectos de transición energética justa y popular hacia fuentes renovables. Una matriz energética fosilizada como la argentina está altamente dependiente del precio internacional de la energía y de los márgenes de ganancia de los privados en el sector. Pocos meses atrás hubo una pequeña crisis en este sentido, cuando el sector gasífero no alcanzó a equiparar la demanda y hubo que pedir de favor a Brasil un buque de gas natural licuado para evitar que hubiera hogares sin calefacción.

A medida que la crisis climática impacta cada vez más sobre la salud de las poblaciones, la discusión en torno a la urgencia y formas de las transiciones energéticas se vuelven cruciales. Si bien en nuestro país esta discusión no atraviesa el arco político, activos estratégicos como las represas tienen que ser vistas desde una perspectiva pública y social. Aunque no hay consenso intersectorial para nuevas construcciones de esta magnitud, la decisión sobre el destino de las ya existentes es necesaria. Durante el resto de su vida útil, las represas hidroeléctricas pueden funcionar como “baterías” de energía potencial, complementando otras fuentes renovables que son intermitentes, como la solar y la eólica. Pero este enfoque requiere una planificación integral que considere las necesidades del sistema energético en su totalidad y los diversos actores involucrados en la gestión de cuencas. 

Si bien operan bajo la lógica de ser estructuras generadoras de energía, estas enormes represas tienen un carácter multidimensional. La regulación pública es fundamental para enfrentar desafíos como la pérdida de glaciares y la disminución del caudal del río Paraná, asegurando que las decisiones sobre energía se basen en criterios multidimensionales. Solo a través de una gestión pública (en todas sus formas) adecuada se podrá avanzar hacia una transición ecosocial del sistema energético.

Las operadoras tuvieron su oportunidad de décadas de actuar bajo lógicas de mercado y con regulaciones laxas. Su búsqueda de maximizar beneficios ha derivado en una falta de inversión en infraestructura y un mantenimiento inadecuado de las instalaciones. A su vez, ha habido especulación con los niveles de los embalses para vender la energía al momento que más conviene, y retención del agua cuando la energía está más barata. Este modelo de gestión perjudica a su vez a usuarios cuenca abajo y genera impactos ecosistémicos que afectan el suministro hídrico y energético. Esto genera problemas debido a la multiescalaridad de una enorme infraestructura que cuenta con: financiamiento y concesión a nivel nacional, bienes naturales de control provincial y enormes impactos socioambientales a nivel local. Esta gestión requiere una intersectorialidad multiescalar y multisectorial. En este espíritu, las propuestas de Comité de Cuenca, con marcos interjurisdiccionales y visión integral, deberían incorporar el bien público y colectivo antes que la dependencia de decisiones privadas. 

De más está decir que el agua posibilita la vida en sentido biofísico. Pero en este contexto de crisis climática y eventos de clima extremo es necesario entender que el agua posibilita la vida también en términos culturales y sociales. Cuando en un territorio hay crisis hídrica, quien gestiona el agua y la energía tiene la capacidad de decidir qué sector productivo se reproduce o no. Retener masivos volúmenes de agua afecta los regímenes hidrológicos y transforma los ecosistemas y modos de vida de las poblaciones. Gestionar el agua se convierte entonces en un interés ambiental, estratégico y social, porque es gestionar un derecho humano, una fuente de reproducción y un insumo clave para la producción de la vida toda. 

La privatización de estos puntos nodales del sistema energético-ambiental demuestra a todas luces ser una estrategia fallida. La continuidad de este modelo, en última instancia, vuelve a evidenciar la profunda ceguera ideológica con la que actúa el gobierno de La Libertad Avanza. La gestión de las represas debería ser una cuestión de interés social, con el bienestar de la población en el centro y con la conciencia de que una salida gradual y ordenada del sistema energético actual es necesaria cuanto antes. Si bien el rol estatal es fundamental, para esto es necesario extender la noción de público más allá de lo estatal y explorar otras formas de lo público que incluyan la participación de sectores sindicales, cooperativos y comunitarios. 

Equipo Transiciones: Una coalición de organizaciones sociales y ambientales propone salidas a la crisis

Buenos Aires, 8 de agosto de 2024 – 

La crisis multidimensional que enfrenta nuestro mundo exige respuestas urgentes, profundas y radicales. En este contexto, el lanzamiento del Equipo Transiciones surge como una iniciativa audaz. Un equipo de equipos que viene a articular esfuerzos y trazar un camino hacia una Transición Ecosocial Justa en Argentina.  Busca dar respuestas urgentes y radicales que apuntan a una transformación general de la sociedad, y se orienten hacia un horizonte de sostenibilidad y de cuidado de la vida.

El Equipo Transiciones celebró con éxito su presentación pública el pasado 7 de agosto en el Auditorio de ATE, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A sala llena, se dio inicio a una serie de  propuestas y debates orientadas hacia la construcción de una Transición Ecosocial Justa en Argentina. Días previos al evento, se lanzó el documento “Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina”, en el cual se desarrollan más profundamente los temas y ejes del Equipo. Es la primera publicación de una serie de documentos complementarios en los cuales se desarrollan investigaciones conjuntas, hallazgos y propuestas para seguir en este proceso.

Vivimos una crisis multidimensional que requiere de narrativas transformadoras, pero sobre todo propuestas concretas de Transición Ecosocial Justa, a nivel multiescalar. Esto supone construir también una agenda de cambio desde y para la Argentina, desde una perspectiva holística, integral que abarque tanto la transición energética como la transición social productiva, alimentaria, laboral y urbana.

Es en esa coyuntura que nace en 2023 el Equipo Transiciones, como equipo de equipos. Un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos> el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

La presentación, que contó con la moderación de la periodista Ana Cacopardo, contó con distintos desarrollos dimensionales. Maristella Svampa dio inicio a la jornada subrayando la urgencia de transformar el actual modelo de acumulación capitalista, señalando que “debemos cambiar el modelo de acumulación del capitalismo, el actual nos lleva al colapso ambiental”. Svampa también destacó la necesidad de avanzar hacia “un modelo que apunte a otro modo de habitar  el territorio”.

El economista Rubén Lo Vuolo enfocó su intervención sobre el Estado Ecosocial en la importancia de reorientar las políticas públicas con un enfoque preventivo. Afirmando que “tenemos que organizar las políticas públicas con un criterio preventivo, o lo que se llama en el debate actual políticas de prevención. Y esto lo tenemos que hacer en el contexto de un pacto intergeneracional.” Lo Vuolo enfatizó que “no hay lugar para ambiciones máximas en una sociedad del colapso climático. Las garantías deben ser universales, no se puede dejar librado al mercado. Tiene que ser política pública que ofrezca garantías. El ejemplo claro fue en la época de la pandemia”. Añadió, además, que “los principales responsables de lo que está pasando en el planeta son los grupos sociales opulentos”, y que “de lo único que no podemos escapar es de la crisis climática”.

En su intervención, el economista Francisco Cantamutto abordó la relación entre la deuda ecológica y la deuda externa, cuestionando “¿De dónde sale la deuda que atraviesa la mayor parte del sur global? Se utiliza en términos generales para generar una supuesta estabilidad macroeconómica, compensando desbalances que se van por otro lado. En otras palabras, fuga.” Cantamutto fue enfático al señalar que “no podemos separar los Derechos Humanos del derecho a estar en un ambiente sano”, y subrayó la importancia de realizar auditorías sobre la deuda y de “construir alianzas internacionales en ese sentido”.

El ingeniero Pablo Bertinat expuso sobre la necesidad de cuestionar el sistema energético actual, afirmando que “es necesario pensar en un diagnóstico sistémico, en lo que nos hace ruido y en lo que no estamos de acuerdo del sistema energético actual. No puede ser solo un cambio de fuentes. Debemos decir que no solo es un sistema energético fósil, sino fuertemente desigual y neoliberal.”

Corina Rodríguez Enríquez profundizó en la injusticia inherente a la organización social de los cuidados, argumentando que “la organización social de los cuidados es injusta porque está racializada, sentada en las dinámicas de las migraciones.” En su análisis, destacó que “para avanzar en estas estrategias el paradigma que se ha ido consolidando en la región es el de sistemas integrados de cuidado, y aquí es donde aparecen como centrales el Estado y las políticas públicas.” Rodríguez Enríquez también mencionó la necesidad de “ampliar la agenda de cuidados para reconocer el conflicto central del Capital-Vida,” y propuso “redefinir los cuidados desde la perspectiva que nos aportan los ecofeminismos en el concepto de Cuerpo-Tierra-Territorio.”

Finalmente, Cecilia Anigstein planteó un interrogante central en el contexto de la transición ecosocial: “¿Es posible una transición trabajo-intensiva con una reducción de la jornada laboral que ponga la tecnología al servicio de los derechos humanos y de la naturaleza?”

La presentación pública del Equipo Transiciones continuó el 8 de agosto, con una jornada de plenario y debate, donde diversas organizaciones sociales y ambientales se reunieron para avanzar en la construcción de una red de trabajo compartido. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno de extrema derecha, hubo acuerdo en que es un momento para la discusión y construcción colectiva, para unir fuerzas y elaborar agendas comunes y radicales que permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

Desde el Equipo Transiciones, reafirman su compromiso de seguir articulando esfuerzos para enfrentar la crisis múltiple que atraviesa nuestra sociedad. Las propuestas presentadas, junto con el documento “Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina” y los siguientes a publicarse, servirán de base para construir colectivamente un horizonte de justicia ecosocial en nuestro país.

Investigadores/as de diversos ámbitos y organizaciones presentan equipo de trabajo por una transición ecosocial justa

Ante el contexto de crisis multidimensional que atraviesa la Argentina, diversas organizaciones y equipos de trabajo se autoconvocaron para actuar en un esfuerzo conjunto. Unidos por la convicción de que es posible construir otras alternativas de sociedad, el denominado Equipo Transiciones se propone construir horizontes y alternativas comunes en el marco de una transición ecosocial justa para Argentina. 

Para hacer extensiva la invitación a formar parte de este debate urgente y necesario, la propuesta será presentada públicamente el próximo miércoles 7 de agosto, a partir de las 18:00, en el auditorio de ATE (Belgrano 2527, CABA). Para garantizar una participación amplia y federal, el evento también será transmitido en vivo por streaming.

La presentación estará a cargo de Maristella Svampa, quien introducirá los diferentes ejes temáticos de la propuesta, desarrollados por: Rubén Lo Vuolo, quien hablará sobre el Estado Ecosocial; Francisco Cantamutto, que abordará la Deuda Ecológica y Externa; Pablo Bertinat, que discutirá sobre la transición energética; Corina Rodriguez Enriquez, quien expondrá sobre la sociedad del cuidado; y Cecilia Anigstein, que presentará transformaciones del mundo del trabajo. La periodista Ana Cacopardo será la encargada de coordinar la actividad.

El primer documento publicado por el Equipo Transiciones: Lineamientos para una transición Ecosocial en Argentina

La coalición reúne un equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, incluyendo el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas. 

El Equipo Transiciones propone que es posible imaginar un futuro con justicia ambiental sólo si se abordan las desigualdades y la injusticia social que atraviesan la Argentina. Por eso este equipo de equipos se centra en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entienden que éste es el momento de la discusión colectiva, de unir fuerzas para elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

La coyuntura actual hace fundamental apuntar a un país con justicia social y ambiental. El equipo construyó un diagnóstico conjunto que apunta a trabajar sobre propuestas concretas, hacia una nueva institucionalidad política en materia socioeconómica, energética y productiva. Su intención es promover el diálogo intersectorial para la consolidación de transiciones ecosociales justas en Argentina.

Lineamientos para una transición Ecosocial en Argentina

Diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina nos hemos autoconvocado a una articulación política de nuestros trabajos, investigación y acción colectiva, impulsados por el objetivo de prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia la transición energética justa y popular en el marco de una transición ecosocial para nuestro país.

Creemos que más allá de la construcción de un diagnóstico compartido en torno al modelo de acumulación capitalista, y el carácter extractivista, injusto, desigual y conflictivo que impulsa la transición energética corporativa y el colonialismo verde en curso, es preciso postular senderos y horizontes políticos para la transición energética justa y popular. Ante la aceleración de la crisis climática y la expansión de nuevas formas de extractivismo que no hacen más que reforzarla, creemos que es urgente incorporar los límites físicos inexorables de la actual crisis socioambiental e ir abandonando un modelo de acumulación predador de la naturaleza.

Vivimos tiempos de caos e inestabilidad. El nuevo status quo global instalado luego de la pandemia del Covid 19 refleja el empeoramiento de varias crisis entrelazadas (social, económica, política, ecológica, sanitaria, geopolítica y de los cuidados), que se potencian entre sí y adquieren una dimensión civilizatoria. Vemos con gran preocupación el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas en gran parte del mundo, la expansión de las extremas derechas y de los autoritarismos, la ampliación de las brechas de la desigualdad, el agravamiento de la crisis climática y
energética, así como la potenciación de los conflictos bélicos, asociados al capitalismo, el colonialismo y la exacerbación del patriarcado y el racismo. Asimismo, la actual guerra en Ucrania –que no es la única, pero sí la que ha tenido mayores impactos globales- profundizó aún más las conductas ambivalentes a nivel global manifiestas, por un lado, en la expansión de la extracción y consumo de energías fósiles, especialmente las energías extremas; por otro lado, en el avance de una transición hacia energías “limpias”.

En esta crisis múltiple, uno de los grandes desafíos de nuestra época es el de construir colectivamente propuestas de Transición ecosocial justas y populares. La urgencia por articular justicia social y justicia ambiental, parte del reconocimiento de un diagnóstico acerca de los límites ecológicos y biofísicos del planeta, visibles en la aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y en la responsabilidad de la dinámica capitalista actual en dicho proceso, que además de potenciar las desigualdades sociales, se apoya sobre modelos productivos y alimentarios que son destructivos de los ecosistemas y los bienes comunes, de la salud y la vida en el planeta.


Encuentro de organizaciones para avanzar en propuestas para la Transición Ecosocial

Buenos Aires, 12 de marzo de 2024

El día de ayer, representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales, académicos y activistas, economistas y expertos en energía se congregaron para abordar los desafíos y oportunidades inherentes a la transición ecosocial. En un esfuerzo conjunto, este equipo de equipos reconoció la necesidad imperante de proponer y seguir lineamientos que conduzcan hacia una transición ecosocial integral. Si bien el abordaje inicial de muchas organizaciones es a raíz de la urgencia de la transición energética, la indisoluble relación de la misma con una transición ecosocial más amplia y holística es parte de este encuentro. 

La jornada contó con la participación activa de organizaciones comprometidas con el debate y la acción en torno a la transición energética justa y popular. Entre las entidades presentes se encontraban el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, la Fundación Rosa Luxemburgo (Cono Sur), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Taller Ecologista – Rosario, Observatorio Petrolero Sur, Trama Tierra y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

Durante la jornada, se abordaron temáticas de vital importancia para los movimientos sociales y ambientales, desde el estado actual del sistema energético nacional hasta la imperiosa necesidad de una transición que conciba la energía como un bien común y no como una mercancía. Se alentó también el intercambio de miradas interdisciplinarias sobre la construcción desde el Estado, las políticas públicas, la legislación vigente y las alternativas locales, así como los desafíos que enfrentamos en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transformación.

Se debatió también la importancia de la agenda de alimentos, energía y agua, y se resaltó la necesidad de profundizar propuestas de políticas públicas que puedan aumentar el bienestar de la población y avanzar en agendas que estén a la altura del desafío de la crisis civilizatoria, incluida la energética, social, de los cuidados y climática. A su vez, las organizaciones y expertos reunidos reafirmaron la importancia de fortalecer la colaboración entre los movimientos socioambientales, la academia, los pueblos originarios, los movimientos campesinos y agrarios, los sindicatos, los feminismos y los movimientos por los derechos humanos.

Desde las organizaciones afirman que el espacio continúa en crecimiento y que la expansión de su agenda en el futuro contribuirá significativamente a la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en nuestra región. 

La extrema derecha en el gobierno: en guerra contra el ambiente y la democracia

En medio del complejo entramado político actual en Argentina, se vislumbra una amenaza latente que compromete significativamente los avances alcanzados en materia ambiental y social. Sectores de extrema derecha, en alianza con los llamados sectores “dialoguistas” de otros partidos que han decidido abiertamente colaborar, han propuesto una serie de medidas regresivas que ponen en riesgo décadas de progreso en la protección de los ecosistemas y el bienestar de la sociedad.

La regresión ambiental impulsada por estos sectores busca desmantelar los logros alcanzados en materia de conservación ecológica y ambiental. A su vez, pretende erosionar los fundamentos mismos de la democracia y la institucionalidad republicana. Bajo el pretexto de una supuesta liberalización de los mercados financieros, estas acciones representan una amenaza directa. Tanto para el patrimonio natural, los bienes naturales, la salud pública, los equilibrios ecológicos como para el debido proceso democrático. En el camino socava cualquier intento de avanzar hacia una transición ecosocial que promueva el bienestar de las personas y las comunidades de nuestro país.

Ante este escenario crítico, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas han intensificado sus esfuerzos para enfrentar estas tendencias regresivas. A través de un exhaustivo análisis técnico y legal, hemos identificado las múltiples aristas de esta amenaza, poniendo de relieve los ataques directos a la legislación ambiental, legitimadas por ser producto de conquistas populares y sociales, y a los principios democráticos que estas propuestas conllevan.

Es crucial resistir con firmeza estas medidas que menoscaban las bases necesarias para avanzar en una verdadera transición ecosocial, que se sustente en la justicia social y ecológica, esenciales para construir un futuro para todos los argentinos y argentinas, así como para las generaciones venideras.

En este sentido, es imperativo que los representantes del pueblo actúen en consonancia con los intereses de la ciudadanía y se comprometan a salvaguardar el bienestar y la prosperidad de la nación y la región en su conjunto.

Cumbre Climática ONU Julieta De la Cal.

América Latina y el Caribe Exigen Acción Histórica en la Cumbre Climática ONU

En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.

La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.

En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.

Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.

En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.

La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.

Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.

En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.

Imagen de portada: Julieta De la Cal.