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Statkraft viola derechos humanos en Chile; pueblo indígena mapuche williche presenta queja en Noruega.  

Statkraft avanza proyectos hidroeléctricos que violan el derecho al consentimiento libre, previo e informado, el territorio, la identidad cultural y a defender derechos humanos por parte de comunidades indígenas. 
La empresa contraviene su deber de respetar derechos humanos y de aplicar la debida diligencia en sus actividades en el exterior.

Oslo, Noruega y Valdivia, Chile. 14 de septiembre de 2023. Statkraft viola los derechos humanos con motivo de proyectos hidroeléctricos que pretenden ser desarrollados en el territorio  del pueblo mapuche williche del Pilmayken, en Chile.

El día de hoy, comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el consejo de lonkos,  en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas,  presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.

Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken. 

En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos. Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.

Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado.

Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento de sus derechos ancestrales.

Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas–  a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche, a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la creación de grupos interés que favorecen a la empresa.

Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.

Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias. 

“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche. 

Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega, un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en consideración a la Ley noruega de Transparencia.

Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices. 

Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras –particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.

En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos económicos, sociales y culturales. 

Contacto:

Andrea Pietrafesa (+54) 9 2324 46-4836 / andipietrafesa@gmail.com

Silje Kvanvik (+47) 418 52 691 / Silje@lagnorge.no

Tercer Malón de la Paz a la Buenos Aires en rechazo a la constitución de Jujuy.

Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones de la sociedad civil impulsan acciones por la nulidad de la reforma constitucional

Llega el Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy. Más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos impulsan una acción de inconstitucionalidad para que la reforma se anule. En este marco, el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto estarán  realizando distintas actividades en el Congreso Nacional junto a legisladores y legisladoras, representantes de diferentes fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos. También han solicitado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reciba en una audiencia. 

Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante,  junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días. 

En este contexto, más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de dicha constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones.

Acción de inconstitucionalidad de la reforma

Días atrás,más de 60 comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA,  presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. Destacados expertos ya han presentado Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días. 

La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.

Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.

A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- mediante la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.

¿Qué está pasando en Jujuy?

El pasado 15 de junio la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución de la Nación Argentina, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.

Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días posteriores a la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan a la fecha.

Acción de Inconstitucionalidad y otros materiales de prensa

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

AMAI Asociacion de Mujeres Abogadas Indígenas

Amnistía Internacional Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Consciente Colectivo

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ)

violación de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Repudio a la violación masiva de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:

  • Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
  • Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos 
  • Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
  • Violación del derecho a la protesta
  • Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
  • Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
  • Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
  • Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara

Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as. 

Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.

El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes. 

Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio. 

Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”

El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo. 

Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.

*Foto de portada: Julia Carrizo

Foto de Eduardo Sarapura en Purmamarca

El litio en conflicto: las demandas históricas de los pueblos que resisten el avance minero y la reforma judicial en Jujuy

Melisa Argento (CAJE) para Tiempo Argentino

Una de las columnas vertebrales del Tercer Malón de la Paz que se movilizó desde todos los rincones de la puna y quebrada jujeña durante estas jornadas de movilización social en Jujuy la constituye las comunidades en resistencia frente a la minería del litio en esta provincia.

Entender cuál es este reclamo sistemáticamente desoído ayuda a comprender cómo de una manera veloz se articularon por tercera vez desde el siglo XX todos los pueblos originarios de esta provincia, que se reconocen como kollas, atacameños, casabindos, quechuas, entre muchos otros.

Desde el año 2011 las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se encuentran organizadas para resistir el avance de la minería de litio en este territorio. Lo hacen porque esta actividad minera utiliza enormes cantidades de agua, perfora en pozos de hasta 400 metros los salares, altera los ciclos hídricos naturales de los humedales altoandinos, y puede por tanto ocasionar tanto la salinización de las fuentes dulces de agua como la sequía de pozos surgentes, vegas y bofedales que son el suministro de agua parala vida.

El riesgo de la destrucción de estos ecosistemas frágiles en zonas áridas y con escasas precipitaciones implicaría el desplazamiento de las poblaciones que allí habitan y la destrucción de sus actividades económicas productivas (cosecha de la sal, agricultura, ganadería, e incluso turismo).

Es por esto que hace años exigen que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales, reconocidos en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), así como el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada comprendido en el convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina.

Sales de Jujuy desde un Drone
Sales de Jujuy.

El sistemático incumplimiento de estas reglamentaciones a lo largo de más de una década, la escasa implementación sobre sus títulos territoriales de la Ley 21160 de tierras en sus reiterados plazos postergados, más la vulneración social y ambiental de la minería de litio en estos territorios, son los ejes de sus reclamos que la reforma provincial aprobada recientemente pretende erradicar, toda vez que mediante su artículo 50 otorga al Estado provincial todas las facultades vinculadas al tratamiento de los derechos de los pueblos originarios.

Con más de una década de enfrentamiento, donde el accionar de la provincia ha sido el de reconocer cómo únicos interlocutores válidos a aquellas comunidades que han cedido sus pedimentos y permitido la instalación de proyectos extractivos en Susques, en la cuenca de los salares Olaroz y Cauchari, es claro que lo que se pretende con esta reforma es eliminar el conflicto desconociendo directamente otros reclamos territoriales.

Al mismo tiempo en el nuevo artículo 36 se prohíbe la protesta social y específicamente los cortes de ruta, que son la principal forma de acción directa que tienen poblaciones que habitan tanto la Puna como la Quebrada, cuyas vías comunicantes son las rutas 52 hacia Chile y la ruta 9 hacia el límite con Bolivia.

La minería de litio en salares, impulsada en esta provincia, así como en el conjunto de la Puna que hace parte del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia con el 58% de los recursos globales) ha intensificado su presión extractivista.

La mayoría de los salares se encuentran pedimentados, y más allá de que en el país existen sólo tres proyectos activos en explotación, cerca de 40 proyectos en diferentes etapas se expanden con dominio del capital trasnacional y amplio margen de autonomía empresarial.

Larreta y Morales
Morales, precandidato a vice de Larreta.

Foto: Camila Godoy / TELAM

La normativa para la extracción de litio en nuestro país otorga un conjunto de facilidades económicas a las corporaciones que están entre los sectores más privilegiados, al tiempo que favorece el comportamiento especulativo sobre los proyectos, erosionando las capacidades regulatorias de control estatal tanto en lo económico como en lo que refiere a los impactos ambientales.

De hecho, no existen estudios hidrogeológicos que puedan dar cuenta del impacto acumulativo (es decir del conjunto de los proyectos en carpeta), ni siquiera cabal conocimiento de ellos tal y como ha quedado expreso en un fallo de la CSJN que compele a Estados provinciales y nacionales a regularizar y elevar toda la información sobre los emprendimientos proyectados, con especial mención a los usos de agua.

En un fallo histórico la Corte reconoce, a menos nominalmente, al territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como una cuenca única integral, tal y como demandan desde hace una década sus poblaciones. 

Comunidades de Jujuy
Foto: Eduardo Sarapura

Contra un Estado provincial que viene reforzando su perfil “verde” extractivista, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc a lo largo de estos años han agotado todos los canales judiciales y políticos para hacer oír sus reclamos, presentando demandas en las cortes provinciales de Salta y Jujuy (por tratarse de un territorio bi-provincial), han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, elevaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizaron su propio protocolo de implementación de la Consulta denominado Kachi Yupi en el año 2015 (que llevaron a las diferencias instancias locales, provinciales y nacionales del poder Legislativo así como a Defensoría del Pueblo de la Nación).

En el año 2019 la empresa provincial JEMSE, ligada de manera accionaria en la extracción de Sales de Jujuy, impulsó nuevamente la licitación de zonas de las Salinas. Ésta fue resistida durante varias jornadas por las comunidades, pero nuevamente el año pasado la provincia emprendió y logró una nueva licitación entregando 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal al capital privado a cambio de 3 millones de dólares.

El reclamo legítimo de los y las pobladoras de la provincia ha intentado hacerse escuchar por diferentes medios, llegando incluso a elevar una carta al reconocido cineasta James Cameron, quien estaba de visita en la provincia y compartía fotos con el gobernador Morales, donde explican las consecuencias destructivas de esta minería sobre los ecosistemas.

Hoy sus demandas se ligan a los sectores sindicales, docentes, bancarios y municipales movilizados durante más de 15 días, que expresan tanto la crítica que desde los territorios afectados emerge frente al extractivismo, así como los reclamos que desde el conjunto de la ciudadanía expresan que este modelo de desarrollo no redunda en mejoras de la calidad de vida para el conjunto de los sectores populares.

*Melisa Argento es investigadora de CONICET. Dra en Ciencias Sociales UBA. Integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC (GYBC) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).

Exigimos la suspensión de la reforma constitucional

El 15 de junio la Convención Constituyente de Jujuy presidida por Gerardo Morales con la vicepresidencia de Gabriela Burgos aprobó una reforma constitucional ilegítima, inconstitucional y que significa un retroceso en la garantía de derechos humanos.

La ciudadanía jujeña conoció la propuesta de la reforma recién ese día. Desde entonces, comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos se manifestaron en contra de la reforma.

El proceso fue incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos, como lo establece la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, y la decisión de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat.

El proceso no aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos en materia ambiental, de conformidad con los términos del Acuerdo de Escazú.

Todas las protestas en contra de la reforma fueron reprimidas. La intervención de la policía provincial dejó más de 30 personas detenidas por ‘resistencia a la autoridad’, figura usada con frecuencia para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades.

Las organizaciones firmantes reclamamos de manera urgente:

  • La suspensión de la reforma constitucional y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
  • La interrupción de los operativos de represión policial sobre las manifestaciones, que se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas y se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
  • La investigación de las actuaciones policiales en todas las protestas y que se aseguren las condiciones de atención de las personas heridas.

foto: Telam

carta abierta a gerardo morales

Carta Abierta al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales

Salinas Grandes, martes 13 de junio de 2023


Al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales
Sr. Gobernador,
Nos dirigimos a Ud. con el fin de responder su carta pública (vía twitter) del domingo pasado al Sr. James Cameron, a propósito de sus declaraciones en favor de la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en relación con la megaminería del litio.
Durante siglos esta Cuenca ha sido nuestra “casa” y, tanto nosotros como nuestros antepasados, hemos convivido en armonía con su ecosistema, cuidando y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. Lamentamos profundamente que, a pesar de haber planteado el cumplimiento de nuestros derechos de manera formal e informal, desacreditar a a nuestras comunidades cuando una figura internacional se interesó por nuestros reclamos.
En primer lugar, es importante aclarar que la persona que lleva la voz de nuestras preocupaciones y demandas no lo hace a título personal sino colectivo. Por lo tanto, cualquier señalamiento o respuesta de carácter individual no hace más que poner en riesgo a una persona defensora del ambiente en una región en la que defender a la naturaleza la vuelve vulnerable, y en un país en que la estigmatización es la primera forma de violencia.
Afortunadamente, los defensores de la naturaleza estamos ahora protegidos por el Acuerdo de Escazú que ya ha entrado en vigencia.
En su respuesta pública, Ud. afirma que los derechos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc han sido respetados y garantizados por la provincia de Jujuy mediante la consulta a algunas comunidades para la explotación del litio. También sugiere que se brindó información y se obtuvo su consentimiento. Esto no es así, Sr. Gobernador. Nunca se realizó un proceso de consulta previa e informada a las comunidades de la Cuenca, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 24.071) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina. Por el contrario, debimos recurrir a instancias provinciales, federales e internacionales, a fin de que se nos garanticen los derechos que el Gobierno de Jujuy nos niega sistemáticamente desde hace más de 13 años. En 2010, debimos acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ordene a las provincias de Jujuy y Salta la aplicación de estos derechos. En marzo de este año, finalmente, el máximo tribunal nacional ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera del litio otorgados en cada una de las provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos. Esta información no ha sido aportada hasta el día de hoy.

Hemos elevado también esta demanda ante la ONU y, luego de su visita al país, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, recomendó que Argentina garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en Salinas Grandes en su informe del año 2012 al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
En el ámbito de la provincia de Jujuy hemos tenido que recurrir a la justicia frente a la denegación injustificada de información que pedimos sobre pedimentos y permisos mineros planificados en nuestro territorio. En base al acuerdo de Escazú, el juzgado ambiental de Jujuy señaló que el gobierno provincial no cumplió con su deber de garantizar el acceso efectivo a la información y ordenó que nos sea entregada dicha información en forma completa e integral.
Sin embargo, apenas pudimos lograr que nos informaran de forma incompleta sobre los más de 32 proyectos mineros previstos en nuestro territorio y no nos fue permitido acceder a los informes de impacto ambiental.
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Jujuy a todos nuestros pedidos, en 2015 elaboramos participativamente un Protocolo para la implementación de la consulta previa que llamamos Kachi Yupi. Es posible que Ud. lo recuerde, porque hace ocho años, cuando asumió como Gobernador, lo invitamos a la Cuenca y, en una asamblea realizada en la comunidad de Alfarcito, le planteamos nuestra preocupación por la negativa a su aplicación por parte de los gobiernos anteriores. Usted mismo nos prometió que firmaría un decreto para implementarlo.
Sin embargo, ocho años más tarde, nos apena comprobar que eso nunca ocurrió.
Creemos que, de ninguna manera, entregar una carpeta técnica con informes de impacto ambiental y de planes de trabajo de exploración y explotación significa el cumplimiento de nuestros derechos, como usted sostiene en su carta pública. Es una ofensa para nosotros pretender que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido por nuestro país, se reduzca a la entrega de una carpeta. Entendemos por lo tanto que este derecho nunca se respetó en nuestro territorio. Si realmente existe la voluntad en el Gobierno de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, debería incluirse como un derecho en las reformas constitucionales que se están debatiendo en estos días en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, como todo el pueblo jujeño sabe y lo manifiesta en estos días en las calles, este proceso se está haciendo a puertas cerradas, sin consultas a ningún sector y tampoco a los pueblos indígenas. Todo hace suponer que el derecho a la consulta tampoco será parte de la reforma constitucional.
Sostiene Ud. también en su carta que el desarrollo minero a través de la evaporación no ha provocado alteraciones ecosistémicas ni pérdida de biodiversidad. Sin embargo, existe incontable cantidad de estudios científicos, geológicos e hidrogeológicos que validan nuestros reclamos, dejando en claro que la minería de litio es una minería de agua que puede provocar enormes riesgos para la vida ecosistémica en las cuencas hídricas de la puna porque se trata de cuencas endorreicas. Estas son cosas que nosotros sabemos porque vivimos allí.
Es importante que Ud. entienda que el mayor impacto de esta industria extractiva es el uso de
grandes cantidades de agua. No hace falta recordarle que nos encontramos ante una gran crisis hídrica en nuestro país y en el mundo. Basta observar la sequía sin precedentes debida al impacto del uso de grandes cantidades de agua para extraer el litio. El agua del fondo de la cuenca es un enorme humedal de altura, una reserva de agua necesaria para toda la provincia, imposible de reponer. De hecho, aunque la cifra puede variar según las condiciones específicas, se utilizan alrededor de dos millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio. Este bombeo permanente, provoca la ruptura del equilibrio hídrico natural, generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida de nuestras comunidades, de nuestros animalitos y de las especies microbacterianas que alimentan a las aves. Toda la cadena de la vida se pone en peligro por la megaminería de litio en estos territorios. El riesgo para nosotros
es el desplazamiento de nuestras poblaciones y la eliminación de nuestra cultura, saberes y conocimientos ancestrales. Para nosotros el agua es la vida. Podemos seguir viviendo sin litio, pero no sin agua. Quisiéramos también recordarle que los pueblos indígenas son apenas el 5 por ciento de la población del mundo y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo son responsables de preservar el 80 por ciento de la diversidad que vive en la Tierra.
Por último, afirma Ud. en su respuesta pública al Sr. Cameron que “no es cierto que haya una destrucción de la cultura; las empresas han sido respetuosas de la cosmovisión y prácticas comunitarias, incorporando en su cultura empresarial ese capital cultural ancestral de las comunidades originarias”.
Sr. Gobernador, hace catorce años que sufrimos la presión de funcionarios gubernamentales, nacionales e internacionales, y también de representantes de corporaciones transnacionales muy poderosas cuyo único objetivo es extraer el litio que se encuentra en nuestro territorio, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que lo habitan. Estas presiones nos han cambiado la vida y nos obligan a un continuo estado de alerta pues nos sentimos amenazados permanentemente. Nuestros temores al daño concreto y real que puedan hacerle a Mamita
Pacha no han sido despejados por su gobierno, sino todo lo contrario.
Esta situación destruye la armonía de nuestra vida comunitaria y amenaza transformar nuestra cultura. Queremos vivir en paz, realizando proyectos sustentables y respetuosos de nuestras costumbres y de la Pacha, que nos permitan seguir viviendo en este lugar respetando la tierra, el agua y la vida como lo hicieron nuestros abuelos y muchas generaciones durante siglos.
Aprovechamos entonces esta oportunidad, Sr. Gobernador, para pedirle nuevamente que su gobierno nos escuche y garantice nuestros derechos. Estamos abiertos y dispuestos a reunirnos con Ud., en caso de que crea que el diálogo puede servir para avanzar en ese camino para el bien de todos.
Lo saludamos atentamente,

Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc

Atanor

Causa Atanor: Avances en la CIDH

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas adherimos al pedido de medida cautelar realizado por Fdo. Comisión Directiva de FOMEA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha presentación fue realizada en la Causa Atanor, una de las compañías de agroquímicos más grandes del país, que vecinos y vecinas de Barrio Química denunciaron tras contar más de 200 muertes en las seis cuadras lindantes a la empresa. Reproducimos a continuación el comunicado y agradecemos toda difusión.

AVANCES EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA CAUSA “ATANOR”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que se encuentra en estudio el nuevo pedido de medida cautelar presentado por FOMEA y vecinos del barrio “Química” de la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires ante ese organismo internacional. El 4 de enero de 2023 la Comisión IDH notificó al Estado argentino para que presente sus observaciones adicionales sobre el fondo de la cuestión en el caso “Vallejos Eduarda y otros” Caso 14.635, conocido como causa “Atanor” en la que se investigan graves hechos de violación del derecho humano a un ambiente sano y el incumplimiento por parte del Estado de la garantía de protección judicial y de resolución de las causas judiciales en plazo razonable. 

Este caso internacional, enmarcado en la Convención Americana de Derechos Humanos, fue iniciado por FOMEA y un grupo de vecinos de la empresa “Atanor” que está acusada ante los Tribunales locales por generar daño ambiental, daño en la salud pública y causar la muerte de numerosos vecinos de la zona, todo ello atribuido al mal manejo de los residuos peligrosos que esa empresa genera en la elaboración de agrotóxicos en su planta industrial de la ciudad de San Nicolás, además de la denuncia de contaminación ambiental se denunció que el Estado argentino no brinda protección judicial a las víctimas.

La nueva intimación remitida por la Comisión IDH está dirigida a Santiago Cafiero en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien deberá, en el plazo de cuatro (4) meses, responder las graves acusaciones sobre violaciones de derechos humanos que pesan contra el Estado argentino. 

Es necesario recordar que esta es la tercera intimación que se cursa a ese Ministerio en este expediente y que las dos anteriores NO fueron contestada por el Estado argentino, por lo que la Comisión IDH decidió aplicar el artículo 36(3) del Reglamento y acumular la decisión de admisibilidad con la de fondo y disponer, de persistir la falta de respuesta del Estado argentino, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en base a las constancias aportadas por nuestra parte.

En la última presentación ante la Comisión IDH, que se encuentra en estudio desde el 4 de enero de 2023, las victimas solicitaron tratamiento prioritario del caso dado que el mismo encuadra en el inciso 2 del art. 29 del Reglamento que habilita a la Comisión a adelantar la evaluación de una petición cuando la presunta víctima sea un adulto mayor, niño o niña y/o cuando la presunta víctima padezca de una enfermedad terminal, circunstancias que fueron debidamente acreditados en la causa “Atanor” de trámite ante la Comisión IDH.

Con las nuevas pruebas aportadas se comprobó científicamente mediante análisis de laboratorios oficiales y dictámenes de expertos del CONICET que en la zona de conflicto existe un peligroso nivel de contaminación que pone en riesgo el ambiente y la salud pública que causan daño irreparable en la vida y en la integridad física de las personas que viven en las inmediaciones de esa planta industrial, por ello los vecinos solicitaron también el dictado de una medida cautelar en la que se intime al Estado argentino a establecer sistemas de monitoreo continuo de todas las emisiones industriales de la zona en conflicto y a realizar un relevamiento periódico de la salud pública en los barrios afectados.

Finalmente las víctimas solicitaron que la Corte Interamericana emita su decisión de fondo a la brevedad recomendando que el Estado argentino adopte las medidas necesarias para lograr el inmediato cese de la violación de los derechos humanos vulnerados, ordenando que se arbitren los medios eficaces para el inmediato cese de la agresión ambiental que genera la empresa “Atanor”, la correspondiente evaluación de la salud pública y la reparación integral de las víctimas, todo ello en un marco de efectiva protección judicial.

Es probable que el Estado argentino una vez más incumpla su obligación de responder a la solicitud de la Comisión IDH y ello obedece a la contundencia del reclamo y a la imposibilidad del Estado de dar explicaciones razonables al grave escenario de falta de protección judicial en las que quedaron las numerosas víctimas de la contaminación generada por la empresa “Atanor”. 

Fdo. Comisión Directiva de FOMEA. 

APDH

Convenio entre la APDH Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

La Asociación Argentina de Abogadoas/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Asamblea Popular por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén firmaron un convenio de colaboración mutua y aprendizaje para que, una vez al mes, se cuente con el asesoramiento de profesionales especializados en la afectación del ambiente provocada por la actividad humana.

Con la comprensión global de que el cuidado y garantía de los derechos de la naturaleza y ambientales están intrínsecamente ligados con su contracara, los derechos humanos de las personas que también forman parte de los ecosistemas y de las sociedades que dependen de ellos.

Cuando el modelo de maldesarrollo extractivista afecta a los ecosistemas, se minan directamente los derechos humanos.

El convenio de colaboración mutua entre AAdeAA y APDH Neuquén regirá por un año entre ambas agrupaciones y, entre otros, tiene como objetivos desarrollar programas en las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, un programa transversal de introducción a los Derechos Humanos y Ambientales.

En la firma del convenio participación referentes y referentas históricos de la APDH Neuquén y los abogados Enrique Viale y Gastón Chillier. También se realizaron actividades de difusión y concientización sobre la gravedad de la afectación al ambiente y la colaboración ante problemáticas ambientales que están impactando en la zona.

Entrevista a Enrique Viale en Radio Nacional