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Alberto Nallar

Repudio a la condena contra el abogado Alberto Nallar

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresan su más enérgico repudio y denuncia ante la condena judicial del abogado Alberto Nallar, por su labor en defensa del derecho a la protesta de miembros de comunidades indígenas y de otros colectivos en contra de la reforma constitucional aprobada y sancionada el pasado 20 de junio en la provincia de Jujuy. La condena a un abogado por defender los derechos humanos de la ciudadanía jujeña es una escalada más de las instituciones de esa provincia en contra de la vigencia de un estado democrático de derecho. 

Alberto Nallar ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, se le impuso una multa de 7 millones de pesos y se le inhabilitó para ejercer su profesión, todo ello bajo acusaciones de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia y motín. Estas acusaciones carecen de fundamentos, tanto fácticos como legales sólidos.

La condena de Alberto Nallar es una violación grave a la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades y la defensa de los derechos de lxs manifestantes en una sociedad democrática.  Exigimos la revisión inmediata de esta sentencia y la protección de los defensores de derechos humanos en Jujuy y en todo el país. La criminalización judicial de lxs abogadxs defensores de derechos humanos y socioambientales contradice explícitamente lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se pronunció para que el gobierno jujeño garantice el derechos a la protesta en lugar de limitarlo. Lamentamos que el gobierno provincial haya impulsado estas acusaciones infundadas y que el poder judicial jujeño haya avalado este pedido, demostrando una vez más su falta de imparcialidad y su incumplimiento de sus deberes de control.

La Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas apoya el pedido de organizaciones en el compromiso de informar sobre esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instancias que han reclamado en reiteradas ocasiones por la no criminalización de manifestantes en Jujuy y en otras partes del mundo.

Nos solidarizamos con Alberto Nallar y todas las personas que luchan por la justicia social y ambiental a lo largo de todo el país. La lucha por los derechos humanos y la justicia no puede ser criminalizada ni silenciada.

Tercer Malón de la Paz a la Buenos Aires en rechazo a la constitución de Jujuy.

Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones de la sociedad civil impulsan acciones por la nulidad de la reforma constitucional

Llega el Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy. Más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos impulsan una acción de inconstitucionalidad para que la reforma se anule. En este marco, el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto estarán  realizando distintas actividades en el Congreso Nacional junto a legisladores y legisladoras, representantes de diferentes fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos. También han solicitado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reciba en una audiencia. 

Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante,  junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días. 

En este contexto, más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de dicha constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones.

Acción de inconstitucionalidad de la reforma

Días atrás,más de 60 comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA,  presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. Destacados expertos ya han presentado Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días. 

La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.

Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.

A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- mediante la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.

¿Qué está pasando en Jujuy?

El pasado 15 de junio la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución de la Nación Argentina, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.

Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días posteriores a la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan a la fecha.

Acción de Inconstitucionalidad y otros materiales de prensa

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

AMAI Asociacion de Mujeres Abogadas Indígenas

Amnistía Internacional Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Consciente Colectivo

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ)

violación de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Repudio a la violación masiva de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:

  • Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
  • Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos 
  • Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
  • Violación del derecho a la protesta
  • Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
  • Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
  • Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
  • Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara

Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as. 

Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.

El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes. 

Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio. 

Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”

El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo. 

Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.

*Foto de portada: Julia Carrizo

Foto de Eduardo Sarapura en Purmamarca

El litio en conflicto: las demandas históricas de los pueblos que resisten el avance minero y la reforma judicial en Jujuy

Melisa Argento (CAJE) para Tiempo Argentino

Una de las columnas vertebrales del Tercer Malón de la Paz que se movilizó desde todos los rincones de la puna y quebrada jujeña durante estas jornadas de movilización social en Jujuy la constituye las comunidades en resistencia frente a la minería del litio en esta provincia.

Entender cuál es este reclamo sistemáticamente desoído ayuda a comprender cómo de una manera veloz se articularon por tercera vez desde el siglo XX todos los pueblos originarios de esta provincia, que se reconocen como kollas, atacameños, casabindos, quechuas, entre muchos otros.

Desde el año 2011 las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se encuentran organizadas para resistir el avance de la minería de litio en este territorio. Lo hacen porque esta actividad minera utiliza enormes cantidades de agua, perfora en pozos de hasta 400 metros los salares, altera los ciclos hídricos naturales de los humedales altoandinos, y puede por tanto ocasionar tanto la salinización de las fuentes dulces de agua como la sequía de pozos surgentes, vegas y bofedales que son el suministro de agua parala vida.

El riesgo de la destrucción de estos ecosistemas frágiles en zonas áridas y con escasas precipitaciones implicaría el desplazamiento de las poblaciones que allí habitan y la destrucción de sus actividades económicas productivas (cosecha de la sal, agricultura, ganadería, e incluso turismo).

Es por esto que hace años exigen que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales, reconocidos en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), así como el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada comprendido en el convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina.

Sales de Jujuy desde un Drone
Sales de Jujuy.

El sistemático incumplimiento de estas reglamentaciones a lo largo de más de una década, la escasa implementación sobre sus títulos territoriales de la Ley 21160 de tierras en sus reiterados plazos postergados, más la vulneración social y ambiental de la minería de litio en estos territorios, son los ejes de sus reclamos que la reforma provincial aprobada recientemente pretende erradicar, toda vez que mediante su artículo 50 otorga al Estado provincial todas las facultades vinculadas al tratamiento de los derechos de los pueblos originarios.

Con más de una década de enfrentamiento, donde el accionar de la provincia ha sido el de reconocer cómo únicos interlocutores válidos a aquellas comunidades que han cedido sus pedimentos y permitido la instalación de proyectos extractivos en Susques, en la cuenca de los salares Olaroz y Cauchari, es claro que lo que se pretende con esta reforma es eliminar el conflicto desconociendo directamente otros reclamos territoriales.

Al mismo tiempo en el nuevo artículo 36 se prohíbe la protesta social y específicamente los cortes de ruta, que son la principal forma de acción directa que tienen poblaciones que habitan tanto la Puna como la Quebrada, cuyas vías comunicantes son las rutas 52 hacia Chile y la ruta 9 hacia el límite con Bolivia.

La minería de litio en salares, impulsada en esta provincia, así como en el conjunto de la Puna que hace parte del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia con el 58% de los recursos globales) ha intensificado su presión extractivista.

La mayoría de los salares se encuentran pedimentados, y más allá de que en el país existen sólo tres proyectos activos en explotación, cerca de 40 proyectos en diferentes etapas se expanden con dominio del capital trasnacional y amplio margen de autonomía empresarial.

Larreta y Morales
Morales, precandidato a vice de Larreta.

Foto: Camila Godoy / TELAM

La normativa para la extracción de litio en nuestro país otorga un conjunto de facilidades económicas a las corporaciones que están entre los sectores más privilegiados, al tiempo que favorece el comportamiento especulativo sobre los proyectos, erosionando las capacidades regulatorias de control estatal tanto en lo económico como en lo que refiere a los impactos ambientales.

De hecho, no existen estudios hidrogeológicos que puedan dar cuenta del impacto acumulativo (es decir del conjunto de los proyectos en carpeta), ni siquiera cabal conocimiento de ellos tal y como ha quedado expreso en un fallo de la CSJN que compele a Estados provinciales y nacionales a regularizar y elevar toda la información sobre los emprendimientos proyectados, con especial mención a los usos de agua.

En un fallo histórico la Corte reconoce, a menos nominalmente, al territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como una cuenca única integral, tal y como demandan desde hace una década sus poblaciones. 

Comunidades de Jujuy
Foto: Eduardo Sarapura

Contra un Estado provincial que viene reforzando su perfil “verde” extractivista, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc a lo largo de estos años han agotado todos los canales judiciales y políticos para hacer oír sus reclamos, presentando demandas en las cortes provinciales de Salta y Jujuy (por tratarse de un territorio bi-provincial), han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, elevaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizaron su propio protocolo de implementación de la Consulta denominado Kachi Yupi en el año 2015 (que llevaron a las diferencias instancias locales, provinciales y nacionales del poder Legislativo así como a Defensoría del Pueblo de la Nación).

En el año 2019 la empresa provincial JEMSE, ligada de manera accionaria en la extracción de Sales de Jujuy, impulsó nuevamente la licitación de zonas de las Salinas. Ésta fue resistida durante varias jornadas por las comunidades, pero nuevamente el año pasado la provincia emprendió y logró una nueva licitación entregando 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal al capital privado a cambio de 3 millones de dólares.

El reclamo legítimo de los y las pobladoras de la provincia ha intentado hacerse escuchar por diferentes medios, llegando incluso a elevar una carta al reconocido cineasta James Cameron, quien estaba de visita en la provincia y compartía fotos con el gobernador Morales, donde explican las consecuencias destructivas de esta minería sobre los ecosistemas.

Hoy sus demandas se ligan a los sectores sindicales, docentes, bancarios y municipales movilizados durante más de 15 días, que expresan tanto la crítica que desde los territorios afectados emerge frente al extractivismo, así como los reclamos que desde el conjunto de la ciudadanía expresan que este modelo de desarrollo no redunda en mejoras de la calidad de vida para el conjunto de los sectores populares.

*Melisa Argento es investigadora de CONICET. Dra en Ciencias Sociales UBA. Integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC (GYBC) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).

Exigimos la suspensión de la reforma constitucional

El 15 de junio la Convención Constituyente de Jujuy presidida por Gerardo Morales con la vicepresidencia de Gabriela Burgos aprobó una reforma constitucional ilegítima, inconstitucional y que significa un retroceso en la garantía de derechos humanos.

La ciudadanía jujeña conoció la propuesta de la reforma recién ese día. Desde entonces, comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos se manifestaron en contra de la reforma.

El proceso fue incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos, como lo establece la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, y la decisión de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat.

El proceso no aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos en materia ambiental, de conformidad con los términos del Acuerdo de Escazú.

Todas las protestas en contra de la reforma fueron reprimidas. La intervención de la policía provincial dejó más de 30 personas detenidas por ‘resistencia a la autoridad’, figura usada con frecuencia para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades.

Las organizaciones firmantes reclamamos de manera urgente:

  • La suspensión de la reforma constitucional y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
  • La interrupción de los operativos de represión policial sobre las manifestaciones, que se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas y se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
  • La investigación de las actuaciones policiales en todas las protestas y que se aseguren las condiciones de atención de las personas heridas.

foto: Telam

Organizaciones rechazan la reforma constitucional en Jujuy

Organizaciones de derechos humanos rechazan el proceso de reforma constitucional en la provincia de Jujuy

Organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a la Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy para expresar su preocupación y rechazo al proceso de reforma constitucional de la provincia. El proceso presenta “problemas de legalidad como de legitimidad e implica una serie de retrocesos en materia de derechos humanos” afirmaron. 

Tiempos

La ley de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la constitución provincial de Jujuy Nº 6.302 dispuso que, desde la elección de los convencionales constituyentes, se dispondría de 30 días para la sesión preparatoria, y hasta 90 días más para finalizar el proceso. 

La elección de los convencionales tuvo lugar el 7 de mayo pasado y, desde entonces, los procesos se aceleraron drásticamente, al punto que se anunció que la nueva constitución sería votada el 19 de junio y luego se adelantó al 14 del mismo mes. Un proceso que debería haber consistido en un debate plural, sustantivo y riguroso sobre el contenido del texto constitucional para todos/as los/as jujeños/as, tuvo una duración de poco más de un mes.

Falta de debate y participación

“El actual proceso de reforma constitucional en la provincia no ha sido debatido ampliamente, en muchos de sus aspectos implica un retroceso en los derechos humanos de las personas de la provincia”, aseguran las once organizaciones que firman la carta a la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy.  Convencionales constituyentes renunciaron a sus bancas ante la imposibilidad de participar efectivamente en el debate de la reforma propuesta, con el fin de no avalar un proceso claramente ilegítimo. 

Además, el proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy no estableció procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarles, tal como establece el Convenio Nº 169 de la OIT, tratado internacional con jerarquía supralegal. 

El 31 de mayo los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Pese a ello, no fueron recibidos. 

Democracia 

El articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta. 

La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país y adecuarse, consecuentemente, a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes.

Reclamo de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil

El proceso de reforma constitucional muestra una clara falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, así como de generar espacios de discusión en torno a temas críticos para los y las habitantes de Jujuy. Esta es una oportunidad única para la provincia de integrar los avances que en materia de derechos humanos y ambientales se han dado tanto a nivel normativo internacional y nacional como jurisprudencial en los recientes años e integrar una agenda con fuerte mirada de derechos humanos que pueda dar respuesta a los desafíos de la democracia en el siglo XXI. 

Para que esto suceda, se deben plantear otras formas y procedimientos que no le den la espalda a las demandas de la ciudadanía. Requiere abrir un espacio genuino de participación efectiva para poder discutir con la profundidad que se merecen los temas centrales para la vida democrática en Jujuy, sin apuros injustificables y con los tiempos necesarios para llegar a consensos que amplíen los derechos de las y los jujeños.

Organizaciones firmantes

ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)

AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) 

Amnistía Internacional Argentina

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)

Consciente colectivo 

ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)

FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)

Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)

SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)

Letter to Gerardo Morales

Open Letter to the Governor of the Province of Jujuy, Gerardo Morales

Salinas Grandes, Tuesday, June 13, 2023

To the Governor of the Province of Jujuy, Gerardo Morales

Mr. Governor,

We are writing to you in order to respond to your public letter (via Twitter) last Sunday to Mr. James Cameron, regarding his statements in favor of the struggle of the communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc in relation to lithium mega-mining.

For centuries this Basin has been our “home” and we and our ancestors have lived in harmony with its ecosystem, caring for and respecting the vital cycles of nature. We deeply regret that, despite having raised the fulfillment of our rights formally and informally, our communities were discredited when an international figure took an interest in our claims.

First of all, it is important to clarify that the person who voices our concerns and demands does not do so in a personal but in a collective capacity. Therefore, any individual reprimand or response only puts at risk a person who defends the environment in a region where defending nature makes her vulnerable, and in a country where stigmatization is the first form of violence.

Fortunately, nature defenders are now protected by the Escazú Agreement, which has already entered into force.

In your public response, you state that the rights of the communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc have been respected and guaranteed by the province of Jujuy through consultation with some communities for the exploitation of lithium. It also suggests that information was provided and their consent was obtained. This is not so, Mr. Governor. There was never a process of prior and informed consultation with the communities of the Basin, as established by Convention 169 of the International Labor Organization (Law 24,071) and the Escazú Agreement (Law 27,566), despite the fact that both are part of the legal system in force in Argentina. On the contrary, we had to resort to provincial, federal and international instances, in order to be guaranteed the rights that the Government of Jujuy has systematically denied us for more than 13 years. In 2010, we had to go to the Supreme Court of Justice to order the provinces of Jujuy and Salta to enforce these rights. In March of this year, finally, the highest national court ordered the provinces of Salta and Jujuy to provide all the information related to the lithium exploration and mining authorizations granted in each of the provinces, as well as information on citizen participation, complaints and challenges against such permits. This information has not been provided to date.

We have also raised this claim before the UN and, after his visit to the country, the Special Rapporteur on Indigenous Peoples, Dr. James Anaya, recommended that Argentina guarantee the right to free, prior and informed consultation in Salinas Grandes in his 2012 report to the UN Human Rights Council.

In the province of Jujuy, we have had to resort to the courts due to the unjustified denial of information that we requested regarding mining permits and mining claims planned in our territory. Based on the Escazú agreement, the environmental court of Jujuy stated that the provincial government did not comply with its duty to guarantee effective access to information and ordered that this information be delivered to us in a complete and integral manner.

However, we were only able to obtain incomplete information on the more than 32 mining projects planned in our territory and were not allowed access to the environmental impact reports.

Given the lack of response from the government of Jujuy to all our requests, in 2015 we developed a participatory Protocol for the implementation of prior consultation that we call Kachi Yupi. You may remember it, because eight years ago, when you took office as Governor, we invited you to the Basin and, in an assembly held in the community of Alfarcito, we raised our concerns about the refusal to implement it by previous governments. You yourself promised us that you would sign a decree to implement it.

However, eight years later, we are sad to see that this never happened.

We believe that, in no way, delivering a technical folder with environmental impact reports and exploration and exploitation work plans means the fulfillment of our rights, as you claim in your public letter. It is an offense for us to pretend that the right to prior, free and informed consultation to indigenous communities, recognized by our country, is reduced to the delivery of a folder. We therefore understand that this right has never been respected in our territory. If there really exists the will in the Government to guarantee the right to prior, free and informed consultation, as established by ILO Convention 169, it should be included as a right in the constitutional reforms that are being debated these days in the province of Jujuy. Unfortunately, as all the people of Jujuy know and are demonstrating in the streets these days, this process is being carried out behind closed doors, without consultation with any sector or with the indigenous peoples. Everything suggests that the right to consultation will not be part of the constitutional reform either.

You also state in your letter that mining development through evaporation has not caused ecosystemic alterations or loss of biodiversity. However, there are countless scientific, geological and hydrogeological studies that validate our claims, making it clear that lithium mining is a water mining that can cause enormous risks for the ecosystemic life in the water basins of the puna because they are endorheic basins. These are things that we know because we live there.

It is important for you to understand that the greatest impact of this extractive industry is the use of large quantities of water. There is no need to remind you that we are facing a major water crisis in our country and in the world. Just look at the unprecedented drought due to the impact of the use of large quantities of water to extract lithium. The water at the bottom of the basin is a huge high altitude wetland, a necessary water reserve for the entire province, impossible to replenish. In fact, although the figure may vary according to specific conditions, about two million liters of water are used per ton of lithium carbonate. This permanent pumping causes the rupture of the natural water balance, generating the risk of water stress, the possible salinization of fresh groundwater and the drying up of natural “water eyes”, which are the aquifer sources for the life of our communities, our small animals and the microbacterial species that feed the birds. The whole chain of life is endangered by lithium megamining in these territories. The risk for us is the displacement of our populations and the elimination of our culture, knowledge and ancestral knowledge. For us, water is life. We can continue to live without lithium, but not without water. We would also like to remind you that indigenous peoples make up only 5 percent of the world’s population and occupy less than a third of the planet’s territories, yet they are responsible for preserving 80 percent of the Earth’s biodiversity.

Finally, you state in your public response to Mr. Cameron that “it is not true that there is a destruction of culture; the companies have been respectful of the worldview and community practices, incorporating in their corporate culture the ancestral cultural capital of the native communities”.

Mr. Governor, for fourteen years we have been under pressure from government officials, both national and international, and also from representatives of very powerful transnational corporations whose sole objective is to extract the lithium found in our territory, without taking into account the rights of the communities that inhabit it. These pressures have changed our lives and force us to a continuous state of alert because we feel permanently threatened. Our fears of the concrete and real damage that may be done to Mamita Pacha have not been allayed by your government, quite the contrary.

This situation destroys the harmony of our community life and threatens to transform our culture. We want to live in peace, carrying out sustainable projects that are respectful of our customs and the Pacha, that allow us to continue living in this place respecting the land, water and life as our grandparents and many generations have done for centuries.

We take this opportunity, Mr. Governor, to ask you once again that your government listen to us and guarantee our rights. We are open and willing to meet with you, in case you believe that dialogue can serve to advance along this path for the good of all.

Sincerely yours,

Indigenous Communities of Salinas Grande Watershed and Laguna de Guayatayoc

carta abierta a gerardo morales

Carta Abierta al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales

Salinas Grandes, martes 13 de junio de 2023


Al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales
Sr. Gobernador,
Nos dirigimos a Ud. con el fin de responder su carta pública (vía twitter) del domingo pasado al Sr. James Cameron, a propósito de sus declaraciones en favor de la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en relación con la megaminería del litio.
Durante siglos esta Cuenca ha sido nuestra “casa” y, tanto nosotros como nuestros antepasados, hemos convivido en armonía con su ecosistema, cuidando y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. Lamentamos profundamente que, a pesar de haber planteado el cumplimiento de nuestros derechos de manera formal e informal, desacreditar a a nuestras comunidades cuando una figura internacional se interesó por nuestros reclamos.
En primer lugar, es importante aclarar que la persona que lleva la voz de nuestras preocupaciones y demandas no lo hace a título personal sino colectivo. Por lo tanto, cualquier señalamiento o respuesta de carácter individual no hace más que poner en riesgo a una persona defensora del ambiente en una región en la que defender a la naturaleza la vuelve vulnerable, y en un país en que la estigmatización es la primera forma de violencia.
Afortunadamente, los defensores de la naturaleza estamos ahora protegidos por el Acuerdo de Escazú que ya ha entrado en vigencia.
En su respuesta pública, Ud. afirma que los derechos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc han sido respetados y garantizados por la provincia de Jujuy mediante la consulta a algunas comunidades para la explotación del litio. También sugiere que se brindó información y se obtuvo su consentimiento. Esto no es así, Sr. Gobernador. Nunca se realizó un proceso de consulta previa e informada a las comunidades de la Cuenca, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 24.071) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina. Por el contrario, debimos recurrir a instancias provinciales, federales e internacionales, a fin de que se nos garanticen los derechos que el Gobierno de Jujuy nos niega sistemáticamente desde hace más de 13 años. En 2010, debimos acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ordene a las provincias de Jujuy y Salta la aplicación de estos derechos. En marzo de este año, finalmente, el máximo tribunal nacional ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera del litio otorgados en cada una de las provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos. Esta información no ha sido aportada hasta el día de hoy.

Hemos elevado también esta demanda ante la ONU y, luego de su visita al país, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, recomendó que Argentina garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en Salinas Grandes en su informe del año 2012 al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
En el ámbito de la provincia de Jujuy hemos tenido que recurrir a la justicia frente a la denegación injustificada de información que pedimos sobre pedimentos y permisos mineros planificados en nuestro territorio. En base al acuerdo de Escazú, el juzgado ambiental de Jujuy señaló que el gobierno provincial no cumplió con su deber de garantizar el acceso efectivo a la información y ordenó que nos sea entregada dicha información en forma completa e integral.
Sin embargo, apenas pudimos lograr que nos informaran de forma incompleta sobre los más de 32 proyectos mineros previstos en nuestro territorio y no nos fue permitido acceder a los informes de impacto ambiental.
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Jujuy a todos nuestros pedidos, en 2015 elaboramos participativamente un Protocolo para la implementación de la consulta previa que llamamos Kachi Yupi. Es posible que Ud. lo recuerde, porque hace ocho años, cuando asumió como Gobernador, lo invitamos a la Cuenca y, en una asamblea realizada en la comunidad de Alfarcito, le planteamos nuestra preocupación por la negativa a su aplicación por parte de los gobiernos anteriores. Usted mismo nos prometió que firmaría un decreto para implementarlo.
Sin embargo, ocho años más tarde, nos apena comprobar que eso nunca ocurrió.
Creemos que, de ninguna manera, entregar una carpeta técnica con informes de impacto ambiental y de planes de trabajo de exploración y explotación significa el cumplimiento de nuestros derechos, como usted sostiene en su carta pública. Es una ofensa para nosotros pretender que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido por nuestro país, se reduzca a la entrega de una carpeta. Entendemos por lo tanto que este derecho nunca se respetó en nuestro territorio. Si realmente existe la voluntad en el Gobierno de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, debería incluirse como un derecho en las reformas constitucionales que se están debatiendo en estos días en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, como todo el pueblo jujeño sabe y lo manifiesta en estos días en las calles, este proceso se está haciendo a puertas cerradas, sin consultas a ningún sector y tampoco a los pueblos indígenas. Todo hace suponer que el derecho a la consulta tampoco será parte de la reforma constitucional.
Sostiene Ud. también en su carta que el desarrollo minero a través de la evaporación no ha provocado alteraciones ecosistémicas ni pérdida de biodiversidad. Sin embargo, existe incontable cantidad de estudios científicos, geológicos e hidrogeológicos que validan nuestros reclamos, dejando en claro que la minería de litio es una minería de agua que puede provocar enormes riesgos para la vida ecosistémica en las cuencas hídricas de la puna porque se trata de cuencas endorreicas. Estas son cosas que nosotros sabemos porque vivimos allí.
Es importante que Ud. entienda que el mayor impacto de esta industria extractiva es el uso de
grandes cantidades de agua. No hace falta recordarle que nos encontramos ante una gran crisis hídrica en nuestro país y en el mundo. Basta observar la sequía sin precedentes debida al impacto del uso de grandes cantidades de agua para extraer el litio. El agua del fondo de la cuenca es un enorme humedal de altura, una reserva de agua necesaria para toda la provincia, imposible de reponer. De hecho, aunque la cifra puede variar según las condiciones específicas, se utilizan alrededor de dos millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio. Este bombeo permanente, provoca la ruptura del equilibrio hídrico natural, generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida de nuestras comunidades, de nuestros animalitos y de las especies microbacterianas que alimentan a las aves. Toda la cadena de la vida se pone en peligro por la megaminería de litio en estos territorios. El riesgo para nosotros
es el desplazamiento de nuestras poblaciones y la eliminación de nuestra cultura, saberes y conocimientos ancestrales. Para nosotros el agua es la vida. Podemos seguir viviendo sin litio, pero no sin agua. Quisiéramos también recordarle que los pueblos indígenas son apenas el 5 por ciento de la población del mundo y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo son responsables de preservar el 80 por ciento de la diversidad que vive en la Tierra.
Por último, afirma Ud. en su respuesta pública al Sr. Cameron que “no es cierto que haya una destrucción de la cultura; las empresas han sido respetuosas de la cosmovisión y prácticas comunitarias, incorporando en su cultura empresarial ese capital cultural ancestral de las comunidades originarias”.
Sr. Gobernador, hace catorce años que sufrimos la presión de funcionarios gubernamentales, nacionales e internacionales, y también de representantes de corporaciones transnacionales muy poderosas cuyo único objetivo es extraer el litio que se encuentra en nuestro territorio, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que lo habitan. Estas presiones nos han cambiado la vida y nos obligan a un continuo estado de alerta pues nos sentimos amenazados permanentemente. Nuestros temores al daño concreto y real que puedan hacerle a Mamita
Pacha no han sido despejados por su gobierno, sino todo lo contrario.
Esta situación destruye la armonía de nuestra vida comunitaria y amenaza transformar nuestra cultura. Queremos vivir en paz, realizando proyectos sustentables y respetuosos de nuestras costumbres y de la Pacha, que nos permitan seguir viviendo en este lugar respetando la tierra, el agua y la vida como lo hicieron nuestros abuelos y muchas generaciones durante siglos.
Aprovechamos entonces esta oportunidad, Sr. Gobernador, para pedirle nuevamente que su gobierno nos escuche y garantice nuestros derechos. Estamos abiertos y dispuestos a reunirnos con Ud., en caso de que crea que el diálogo puede servir para avanzar en ese camino para el bien de todos.
Lo saludamos atentamente,

Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc

litio

Gran encuentro intercultural e interdisciplinario en Jujuy rechazó al avance del litio

Se realizó un encuentro interdisciplinario e intercultural llevado a cabo entre el 14 y 15 de enero en la comunidad de Alfarcito, Jujuy, entre las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y diversos colectivos de abogades, artistas, escritoras, investigadorxs y activistas. Representantes de las comunidades indígenas de la zona afectadas por el avance de la industria del litio sobre sus comunidades. asistieron al encuentro para compartir sus experiencias, denunciar las múltiples violaciones a los derechos y articular distintas formas de resistencia. 

El encuentro fue co-organizado por la Comunidad Aerocene y su fundador, el reconocido artista internacional Tomás Saraceno, con el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, el colectivo Mirá Socioambiental, el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la abogada Alicia Chalabe, las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf, Graciela Esperanza y la curadora Inés Katzenstein. La agenda de actividades incluyó activaciones artísticas y talleres de trabajo en torno a las claves urgentes para la Transición Ecosocial justa desde el Sur global y la centralidad de los Derechos de Naturaleza en la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. 

Se presentó un corte de Pacha, 2020 dirigida por Tomás Saraceno y Maximiliano Laina. La película documenta el vuelo de Aerocene Pacha, que flotó en enero 2020, sin combustibles fósiles ni baterías de litio, con el mensaje “El agua y la vida valen más que el litio”, escrito con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Aerocene Pacha rompió 32 récords mundiales reconocidos por la FAI y se convirtió en el vuelo más sostenible de la historia. Pacha es una película sin fin que seguirá siendo expandida y modificada en diálogo contínuo con las comunidades, la cambiante situación en las Salinas Grandes, y la evolución de estrategias locales y globales ante la crisis ambiental. Una escultura aerosolar de la comunidad Aerocene flotó nuevamente el día domingo, esta vez con el mensaje “En complementariedad, cuidamos el agua. Cuenca de Guayatayoc – Salinas Grandes, Argentina”, escrito por miembros de las comunidades presentes. Al igual que Aerocene Pacha, la escultura flota solo con la energía del sol, sin combustibles fósiles ni baterías de litio, creando una imagen de futuro para una justicia ecosocial.

Dice Saraceno: Los pueblos indígenas y sus conocimientos ecológicos tradicionales se consideran esenciales en los esfuerzos mundiales para combatir la emergencia climática. Aunque los pueblos indígenas representan solo el 5 % de la población mundial, habitan el 22 % de la superficie de la Tierra y son guardianes del 80 % de la biodiversidad del planeta. Su manera de gestionar el territorio garantiza la sostenibilidad, sus prácticas agrícolas minimizan las emisiones derivadas de la deforestación y sus estrategias de adaptación pueden utilizarse para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, estos conocimientos tradicionales -y los medios de vida de las comunidades indígenas basados en los recursos- se ven amenazados por el avance del capitalismo extractivista. Y agrega: Hoy en día, en cada momento, hay 1,3 millones de personas en el aire, liberando más de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. En un mundo que enfrenta una emergencia climática, el sueño de volar se ha convertido en una pesadilla. Es en este contexto distópico, en el que la colaboración, las alianzas y la unión de conocimientos ante la crisis ambiental es esencial, que en 2015 emerge Aerocene: una era, una comunidad interdisciplinaria, una iniciativa abierta que constela saberes y culturas para, de forma colectiva, crear herramientas, implementar y apoyar proyectos ambientales por la justicia ecosocial!

Un diálogo intercultural de saberes alrededor del litio, mineral promesa

En los talleres se discutió la coyuntura nacional con referentes a nivel nacional y regional de las problemáticas económicas, sociales y ambientales aparejadas a la extracción a gran escala de minerales. Distintos enfoques sobre la temática fueron abordados en conjunto con las comunidades, las cuales debatieron cómo proseguir en sus procesos de resistencia y fortalecer su organización interna para garantizar los derechos humanos y ambientales en la región.

En la inauguración del primer taller el fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Enrique Viale definió La visión de los pueblos originarios es clave para romper el falso consenso que han creado estos últimos tiempos. Esa noción de que el litio sea el nuevo fantasma que va a salvar a Argentina.” El integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial continuó: “La visión de la naturaleza como algo solamente a ser explotado es lo que ha creado la crisis en la que estamos. Las dos ideas más importantes que contrarrestan estas nociones son las del Buen Vivir y la de los Derechos de la Naturaleza. Tienden puentes entre pasado y futuro, entre matriz social y matriz ecologista, nuevas formas de relación con los seres humanos y con la Pachamama. Deja en desuso el paradigma antropocéntrico y pasa a uno de carácter sociobiocentrico. El ser humano como parte de la naturaleza. 

Por su parte, Gastón Chillier, integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, destacó la importancia de aprovechar al máximo los recursos y estrategias legales ya existentes como el derecho a la consulta previa e informada. Remarco en este contexto: “La corte interamericana de derechos humanos emitió una opinión en Colombia donde estableció que no se pueden respetar los derechos humanos si no se respeta un ambiente sano. Esta relación se vincula y tiene un impacto en muchos derechos que se encuentran en las constituciones.” El abogado y ex-director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) prosiguió a enumerar: “El principal es el derecho a la vida. Sin un ambiente sano hay una amenaza a la vida de todos nosotros. Luego el derecho a la vivienda y, particularmente, el derecho a los territorios. Por otro lado también existe una vulneración a participar en la vida cultural o el derecho a la alimentación. Y es fundamental remarcar la violación al derecho al agua, a la integridad de las personas, a la salud y el derecho a la propiedad colectiva. Todos estos derechos están también de alguna manera u otra protegidos por el sistema judicial del continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay un derecho colectivo a la propiedad que tiene una relación con su identidad cultural y una propiedad diferente a la propiedad individual.”

Maristella Svampa, investigador del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Mirá Socioambiental, introdujo cuatro puntos clave para entender el contexto social y político alrededor del litio. Es un debate muy complejo, porque no tenemos respuestas certeras para muchas de las profundas preguntas. Lo que sí tenemos son rumbos, valores, narrativas. Y eso no podemos cederlo. La investigadora, que estuvo presente durante la gesta que remontó la obra aerosolar Aerocene Pacha de Tomás Saraceno en 2020, continuó: No podemos seguir siendo hablados por el norte global, somos nosotros los que tenemos que diseñar nuestras transiciones. Tenemos voces propias y tenemos que usarlas para diálogos interculturales locales. Y agrega: Hay que tener imaginación, que muchas veces nos brinda el arte, para pensar en otros futuros posibles, en qué tipo de sociedad queremos vivir. 

El investigador Bruno Fornillo, integrante del Grupo de Geopolítica y Bienes comunes, detalló la presión internacional, focalizada en Estados Unidos y China, que existe sobre una mayor extracción de Litio. “En Argentina somos el país que en peores condiciones estamos, y por eso el nivel de avance de las empresas que vienen. Acá no dejan nada y se llevan todo, declaran un precio inferior, se venden a sí mismos. En La Rioja se acaba de demostrar que suspender todas las concesiones es posible. La instancia de repensar qué vamos a hacer con el litio es necesaria y debería hacerse en todo el país, con todas las concesiones.” 

La investigadora Melisa Argento, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, detalló en su intervención la forma de operar de las empresas en la región. “Existen procesos en las comunidades, impactos socioambientales de los salares, herramientas legales y políticas para la defensa de los salares y los humedales altoandinos. La promesa de desarrollo alrededor del litio como un mineral estrella, como el oro blanco, de la Arabia Saudita del litio.” La investigadora, que visita hace casi una década la región para conocer y visibilizar los impactos reales de la minería en el territorio agregó también: “Este pacto logra que las empresas puedan intervenir con mucha facilidad en los territorios. El primer paso es los Estudios de Impacto Ambiental que son hechos por científicos pagados por las mismas empresas y bajo los lineamientos definidos por las mismas empresas. A su vez definen cuáles aportes hacen a que comunidades y fragmentan la comunidad regional y la visión de cuenca.”

“Para ellos no valemos y por eso está el país como está”, dijo Juan Groso. Se llevan el oro pero te dejan el cerro contaminado. Me parece muy bien lo que propusieron de la deuda. Quién paga? Nosotros pagamos impuestos. El pueblo es el estado, nosotros pagamos. Esto es una dictadura legal.” 

“Lo que necesitamos que se sepa, a nivel nacional e internacional, es que en este territorio hay mucha gente que vive. Y sólo queremos que se respete nuestro derecho a trabajar y a vivir bien, como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos,.” dijo Don Luis Quipildor, de la comunidad de Alfarcito.

Para mantener la continuidad de la lucha es fundamental poder mantener las tradiciones de nuestros abuelos. Ya no tenemos cabras, ya no tenemos rastrojos, ya no sembramos tanto. Y es ahí cuando el gobierno dice para qué quieren las tierras.” Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener en nuestros jóvenes. No para sembrar a gran escala ni pretender grandes haciendas. Sino para mantener y sobrevivir, defender nuestro derecho a la tradición.

Durante la tarde, la curadora Inés Katzenstein, la escritora Graciela Speranza y el artista Tomás Saraceno guiaron talleres de arte con les niñes de las comunidades presentes, para compartir imaginarios y formas de expresión, y explorar el arte y la creatividad como medios para notar los colores, las formas y las texturas de los entornos que habitamos. Tomás Saraceno, guió el taller “Dibujar en el aire”, que retoma y renueva la práctica de leer los mensajes dibujados en el cielo para leer futuros posibles, recurriendo al fenómeno de la “pareidolia”: el impulso que nos lleva a reconocer patrones significativos en información aleatoria. ¿Qué vemos en las nubes? ¿Qué latencias encierran sus aguas? Les niñes, aquellas personas que van a continuar viviendo con las repercusiones de los consumos y extractivismos de hoy, qué imaginan cuando viajan, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, acompañando a las nubes en constante movimiento? 

Comparte Graciela Speranza: “Los niños pudieron ver otras obras de artistas que abrieron el diálogo con la naturaleza y dibujaron inspirados por esas obras. También imaginaron figuras en fotos de nubes, las dibujaron y les dieron voz. Un pez doce “Estoy nadando”; “El león dice -me duele la muela-”. La imaginación de los niños es una buena aliada del arte.”  Y agrega: “En el discurso de la política, de la economía e incluso a veces en el de la ciencia reina un realismo craso, incapaz de imaginar el futuro. Pero es precisamente en el arte, donde esa noción empobrecida de realismo está menos a gusto. El arte revela los límites de la imaginación y vuelve realistas fantasías a primera vista impracticables: volar sin combustibles fósiles, por caso como en el vuelo que Tomás Saraceno y Aerocene hicieron posible en Salinas Grandes.” 

La actividad pública final contó con las escritoras y activistas Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Aboaf, del Colectivo Mirá Socioambiental, quienes dicen: No existe un mundo. Hay millones. Y cada uno es el tejido de las historias y el territorio. Contar las historias de un pueblo en un territorio es dar cuenta de su cosmovisión.  En las maravillosas coplas, en pequeños relatos, en marcas alrededor de la Laguna, en la cuenca entera.  La poesía se hilvana con los Apus sagrados. El nieto vive el tiempo de la abuela en que los ojos de agua eran salvajes y ahora en esta historia resultan saqueados por las mineras. En la trama de historias y territorio está la vida de estas comunidades en lucha. Las escritoras invitaron a integrantes de las comunidades a compartir y realizar pequeños textos poéticos basados en la memoria ancestral de los pueblos de la región, en vivencias cotidianas y en sus experiencias en el vínculo con la tierra y la sal. También a realizar dibujos y pequeñas obras visuales que instaban a las personas a poder retratar el paisaje social y cultural que se vive en la reunión y a entender las unidades artísticas como coplas, historias personales o recuerdos como parte de una memoria a ser mantenida, alimentada y recuperada. 

Encuentro Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc 2023