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El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) orientará toda su potencia de trabajo a desacelerar los procesos de profundización de maldesarrollo y acompañar la acción colectiva y estratégica hacia formas locales y plurales de transición ecosocial justa. Para proteger y cuidar los bienes comunes y recuperar el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales de las comunidades que se ven afectadas por diversas actividades y proyectos de la matriz extractiva contaminante.

James Cameron en Jujuy: ¿Ambientalismo sólo para las cámaras?

📣 Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, hemos decidido hacer pública la carta enviada por las Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc al director de cine estadounidense James Cameron, con motivo de su visita a Jujuy. Las comunidades tienen conocimiento de que él recibió la carta y tomó nota de su contenido.

🚫🌿 En conjunto con las comunidades, diversas organizaciones ambientales, culturales y artísticas, denunciamos el “greenwashing” que representa su reunión con el gobernador Morales y su participación en el foro de sustentabilidad organizado por las mismas empresas que llevan a cabo la extracción de litio, lo cual afecta directamente a las cuencas de la zona.

✉️ La carta expone la incongruencia que representa que el autor de una obra cinematográfica con un mensaje decolonial y ambientalista, como lo es Avatar, legitime la nueva forma de colonialismo que se está imponiendo en las cuencas jujeñas. Este avance se sostiene a expensas de violaciones de derechos humanos y ambientales en la zona.

Jujuy, Argentina 6 de Junio de 2023

Estimado Sr. Cameron:

Habiendo tomado conocimiento de su próxima visita a la Argentina para participar en el Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando” nosotros, miembros de comunidades indígenas que viven ancestralmente en las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, provincia de Jujuy, le hacemos llegar esta carta a los fines de acercarle información sobre lo que está ocurriendo en nuestra provincia en relación con la industria extractiva del litio. Asimismo, le pedimos que reconsidere su participación en el evento o, en forma alternativa, nos conceda una reunión para profundizar estos puntos.

¿Por qué? Tenemos la convicción de que su credibilidad y notoriedad serán usadas para legitimar proyectos que dañan nuestra cultura, la naturaleza y nuestro derecho al agua. La minería de litio, que hoy se disfraza de necesidad clave para lograr una transición energética, tiene impactos crueles e irreversibles en nuestras comunidades.

La naturaleza de esta zona de la Argentina es muy diferente a la grandiosidad megadiversa de Pandora, o de la Amazonia, pero cuenta con una belleza propia que hoy es amenazada por una nueva forma de colonialismo que se disfraza de verde: la producción de baterías a gran escala para la elaboración de paneles solares, autos eléctricos y otras innovaciones que, paradójicamente, es hoy un boom en la carrera por la transición hacia energías libres de petróleo.

Por mucho que nos encantaría contar con su visita, y tener el honor de su presencia, creemos que participar del “Foro Sustantabilizando” no solo sería caer en un trampa de relaciones públicas en un contexto muy difícil para las comunidades locales de toda la región, sino también un golpe publicitario durísimo contra la resistencia que estamos llevando a cabo. Pero si usted igualmente decide asistir a ese evento, nos gustaría al menos poder reunirnos para contarle en primera persona lo que está ocurriendo, el lado B del boom del litio en Argentina.

Sr. Cameron, con Avatar usted nos ha inspirado a revivir la épica de la resistencia, la ética de la solidaridad comunitaria y ecológica, y retomar la estética de la lucha por la vida. Por ello le pedimos que se solidarice con nuestra lucha, tal como lo ha hecho anteriormente en la Amazonia y con tantas causas donde las comunidades indígenas locales, los Davids de la historia, nos animamos a combatir a los Goliats. Otros artistas e instituciones internacionales reconocidas se han solidarizado con nuestra causa como lo muestra la instalación “Web(s) of Life” de Tomas Saraceno inaugurada la semana pasada en la Serpentine Gallery de Londres. En la película “Aerocene Pacha” usted podrá apreciar la majestuosidad de la naturaleza de nuestra “casa” y la lucha de nuestras comunidades en defensa del agua y nuestros territorios.

En la sensacional película Avatar, Usted nos acerca una metáfora en la que se hace evidente que necesitamos reaprenderlo todo: la voracidad de las corporaciones por el lucro sin importar las consecuencias se antepone a los conocimientos ancestrales. En Avatar los diálogos relacionales se mantienen activos, despiertos para que el mundo siga respirando. El saqueo y la supresión de otras culturas forman parte del eje central de esta atrapante historia. Eso, como usted bien sabe, ocurre en la vida real, seguramente de allí se inspiró. Y América Latina es parte del modelo extractivista que nos imponen colonialmente.

Jujuy es Pandora, y está bajo la amenaza de la avaricia de la industria minera, y nosotros somos los Na’vi. Esperamos que usted, eventualmente el Jake Sully de esta historia, se convierta en nuestro Tsyeyk te Suli y juntos podamos luchar por todo aquello que amamos, tanto para esta y las próximas generaciones.

En solidaridad,

Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc

En caso de necesitar más información o contactarse con nosotros, por favor comunicarse con:

Alicia Chalabe, +549388 4148448 (Provincia de Jujuy)

Gastón Chillier (AAdeAA/CAJE), +54911 64879884 (Ciudad de Buenos Aires)

PS: aquí debajo le presentamos nuestros argumentos para que Usted reconsidere su participación en el evento en cuestión.

¿POR QUÉ DEBERÍA REVISAR SU VISITA AL AL FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “SUSTENTABILIZANDO”?

En primer lugar, hace más de 12 años nos encontramos luchando por la vigencia de nuestros derechos humanos frente al avance de la extracción del litio en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que comparten las provincias de Salta y Jujuy.

Realizamos acciones para obtener información ambiental sobre los proyectos mineros que se querían instalar en nuestro territorio y reclamamos la aplicación de la consulta libre, previa e informada, de conformidad con el Convenio No 169 de la OIT mediante acciones legales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a nuestros reclamos en distintos organismos judiciales, administrativos y foros internacionales, nuestros derechos no son respetados. Corremos el riesgo de que se afecte el agua de la que dependemos para nuestra vida, nuestras actividades económicas y la reproducción de nuestra identidad y cultura.

La minería de litio puede generar un daño ambiental irreparable debido a los enormes volúmenes de agua que demanda, particularmente en estos territorios. En esta región del mundo también estamos viviendo un emergencia hídrica y el agua es escasa y es fundamental para una biodiversidad única y también es esencial como para las comunidades locales. Esto es especialmente preocupante en una región en la que se prevé que los efectos del cambio climático generarán aumentos en las temperaturas y cambios en los patrones de precipitación que pueden poner en riesgo la vida de las personas y la integridad y capacidad de resiliencia de los ecosistemas.

En segundo lugar, en el marco de una creciente ampliación de la frontera extractiva del litio y otro conjunto de “elementos críticos para la transición” (Informe del Banco Mundial, 2020) se impulsa una presión extractivista sobre los territorios de América Latina que cuentan con estos recursos, trasladando los costos socioambientales, vulnerando derechos y despojando poblaciones, que multiplican conflictos ecológicos-distributivos característicos de los procesos de injusticia ambiental en nuestra región.

Argentina junto a Chile y Bolivia poseen alrededor del 58% de las reservas de litio en salmueras. Como Argentina es el único de los tres en el que el litio es libremente concesible, existen hoy más de 40 proyectos de litio a base de salmuera en sus salares de altura, emplazados en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, de los cuales dos se encuentran en etapa de extracción, seis en construcción, y aproximadamente 10 en grado avanzado.

Existe una enorme presión sobre nuestros territorios con más de una decena de proyectos en cartera, porque los gobiernos provincial y nacional quieren avanzar sobre la explotación de litio para atraer inversiones y satisfacer una demanda global de los llamados minerales críticos que estima que deberán aumentar hasta un 500% para dar cumplimiento con objetivos climáticos para el 2050.

Sin embargo, no se aplican adecuadamente las herramientas de gestión y de política ambiental que debieran implementarse para gestionar y minimizar los potenciales impactos, y no se aplican la evaluación ambiental estratégica de políticas mineras, ni los procesos de consulta previa, libre e informada. Así tampoco se busca revertir la profundización del extractivismo, ni se apuesta por un proceso de transición energética propia que aleje al país de la dependencia de los combustibles fósiles.

Nosotros vivimos cuidando a la naturaleza desde hace siglos. Protegemos los salares y a la naturaleza que vive en esos territorios. Lamentablemente, hoy somos una nueva zona de sacrificio para esta competencia geopolítica.

En tercer lugar, queremos señalar que quienes organizan la visita en Argentina y la Provincia de Jujuy seguramente busquen contarle una historia parcial sobre potencialidades para la inversión económica, pero difícilmente le cuenten cómo estas propuestas de inversiones y proyectos están afectando nuestros derechos humanos, entre ellos el derecho al agua, al ambiente sano, y a la autodeterminación que nos corresponde como comunidades indígenas.

Las corporaciones y dueños del poder económico, junto a los gobiernos, hacen su juego. Todos los fondos de inversiones más relevantes del mundo se reparten cual tablero de ajedrez los territorios y salares de Argentina y Chile donde se encuentra el litio, lo mismo hacen las automotrices más importantes del mundo (Toyota, BMW, VW, Nissan, General Motors, Audi, BAIC, y los gigantes Tesla y ByD). Las firmas electrónicas Samsung, Panasonic, Huawei o Apple, y las empresas dedicadas al almacenamiento estacionario, como Vestas, LG Chem, General Electric.

Vivimos hace siglos de manera armoniosa con los Salares y su cuenca. Como en su película Avatar vemos el gigantesco desembarco de grandes corporaciones, en connivencia de la autoridades locales, sin respetar nuestras culturas ni nuestro territorio.

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Organización para romper el consenso extractivista

Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva

El humo de incendios forestales y de humedales se ve, se siente y se respira fuerte en las grandes ciudades del país. Interminables olas de calor con temperaturas récord en el marco de la mayor sequía de la que se tenga memoria. Incendios de pastizales que, además de la destrucción natural, provocaron un apagón en medio país. No, no es el comienzo de una novela futurista distópica. Es ahora, es acá. Época de colapso que en Argentina se invisibiliza, se rehúsa el debate y se profundiza aún más en un espiral sin fin.

Es inaceptable que todo esto no se lo vincule con el modelo de maldesarrollo imperante. Desmonte récord —solo en 2022 fueron 200 mil hectáreas de bosque nativo—, más la destrucción de humedales. El mapa de los incendios coincide mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas que crece destruyendo humedales y pastizales. Pero los medios solo hablaron del lado pintoresco de la ola de calor.

Y nos dicen que haciendo más de lo mismo vamos a salir de lo que nos trajo hasta acá.

Para dar vuelta todo hay que romper el “consenso extractivista” que coloca a América Latina en proveedor de Naturaleza para el norte global como si fuese un destino y no, como es, una decisión geopolítica mundial que nos pone colonialmente en este lugar.

Romper con los “consensos” requiere mucha determinación y convicción. Oponerse tiene un costo alto porque la ridiculización y la “cancelación” son las armas para mantener el statu quo. “¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta si nos va a salvar?” “¿Y la soja? Si somos líderes en el mundo.” Nadie puede discutir esto bajo pena de ser despreciado y atacado. Se califica de insensato e irrazonable a quienes cuestionan los modelos de maldesarrollo que nos trajeron a la actual crisis ecológica y económica. Instalan un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al modelo extractivista.

Lo cierto es que Argentina con fracking, agronegocio y megaminería tiene más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza. No pareciera razonable que profundizando ese modelo vayamos a tener resultados distintos. No hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, glaciares, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones del Norte Global.

Marcha por un mar libre de petroleras – Foto: Greenpeace

Colonialismo verde y ambientalismo extractivista

Con este contexto, un nuevo capítulo de saqueo y devastación ambiental se cierne sobre nuestra región. La “transición energética” se convierte en un nuevo altar para que, nuevamente, América Latina se convierta en una zona de sacrificio para que cada estadounidense tenga su automóvil/camioneta Tesla eléctrico o un europeo su BMW a baterías de litio.

Es que esta transición energética no es la nuestra. Es una de características corporativa, de mercado, que sólo tiene en cuenta las necesidades del Norte global sin importar las consecuencias en nuestras tierras. “Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños”, dijimos desde el Pacto Ecosocial del Sur en el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Energética Justa y Popular.

“Colonialismo verde” se ha denominado a esta nueva dinámica y preocupa la cerrazón e invisibilización de los enormes impactos locales que conlleva. Este tipo de transición corporativa aumenta la deuda ecológica del Norte sobre el Sur.

Europa realizó el listado global de los recursos estratégicos críticos. Los europeos consumen el 19 por ciento de los recursos naturales mundiales, pero en sus territorios extraen solo el tres por ciento. El colonialismo europeo requiere nuevamente a América Latina como zona de sacrificio. El norteamericano también, por ello la desesperación de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, quien visitó el país dos veces sólo en los últimos meses.

Este “colonialismo verde” necesita la construcción de un nuevo “ambientalismo” que esté totalmente desconectado de los territorios, que sea indiferente de las consecuencias locales. Los medios se encargarán de poner a este novedoso “ambientalismo” como interlocutor para invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales. Los gobiernos harán su parte, dándoles lugar y mostrándolos en (falsos) diálogos para legitimar el nuevo avance sobre la naturaleza y las comunidades.

Este novedoso “ambientalismo”, a contramano de la totalidad del movimiento socioambiental de América Latina, no cuestionará el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, ni el fracking en Vaca Muerta, ni el avance de la minería trasnacional de litio sobre las comunidades indígenas en el norte de nuestro país (incluso son defensores del nuevo trigo transgénico y la minería metalífera, con la excusa de los minerales para la transición).

No sólo no cuestionará a estas figuras extremas del extractivismo sino que las impulsará abiertamente en nombre del “desarrollo” (aunque con esto atrasen 30 años). Esto es realmente novedoso e inédito. Como si dentro del movimiento feminista apareciera una corriente que no apoye el aborto y esté en contra de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En realidad no sería una corriente feminista.

Planificadas y costosas campañas publicitarias para influir en la opinión pública se realizan para disfrazar de soberanía nacional este nuevo ciclo de saqueo neocolonial. Se esconderán las transnacionales (de siempre) que están detrás y seguirán hablando de soberanía aún con casos extremos, como que una de las directoras de la petrolera Equinor (que hará explotación offshore en nuestro mar) es asesora del ilegal gobierno kelper en las Islas Malvinas. ¡Y tendrá a cargo el mapeo de los recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino!

Así, el objetivo es mantener intacto el modelo colonial extractivista sin discutir el modelo extractivista, solo importa la oportunidad de ser (nuevamente) proveedores de materias primas para la denominada transición (del Norte). Un proceso impulsado por las corporaciones y orientado a la exportación de commodities hacia las grandes potencias (Europa, China, Estados Unidos) que encuentra así legitimación interna.

Consenso extractivista, economía para la vida y justicia social

Salir de este modelo no solo es posible, sino que es un deber en América Latina donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. No por casualidad es la región más desigual del planeta.

El modelo extractivista empobrece y desiguala. Siempre fue así en el Sur Global. Urge cambiar esta matriz. Son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños en la pobreza en nuestro país. Por ello, confrontar al extractivismo es luchar por la justicia social.

Para ello es fundamental que todo ecologista conozca y respete los territorios, su gente y comunidades. Es esencial esto porque no sólo te da conocimiento sino que, fundamentalmente, te ubica y contiene. No por casualidad es que el “ambientalismo extractivista”, sin territorio mas que las redes sociales, plantea desde la ciudad de Buenos Aires disparates como si fueran estadistas.

Como dijimos con Maristella Svampa, la salida a la crisis ecológica y climática es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política.

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. Convertir la distopía en utopía. El socio ambientalismo es una gran disputa de sentido, tenemos que revalorizar otras experiencias que existen y crear nuevos relatos alternativos a ese destino extractivista que nos imponen desde el Norte.

Como plantea el presidente colombiano Gustavo Petro, necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Una economía que garantice acceso a la tierra y genere posibilidades de progreso a la población y no que la expulse y condene a malvivir en los cordones de las grandes ciudades.

Es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae devastación, saqueo y exclusión.

Reunión de las partes del Acuerdo de Escazú

por Enzo Culasso Orué, Equipo Legal de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

La COP2 del Acuerdo de Escazú (Buenos Aires 19 al 21 de abril de 2023) definirá la composición del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, espacio donde la ciudadanía podrá elevar quejas ante el incumplimiento por parte de los Estados de los derechos de acceso a la información, participación y a la justicia en asuntos ambientales.

¿Qué es lo novedoso del Acuerdo de Escazú?

Es una oportunidad única de propiciar la integración regional en América Latina y el Caribe, en cuanto el acuerdo busca elevar e igualar la garantía de los derechos humanos en asuntos ambientales entre los distintos países.

Lo más novedoso es lo relativo a Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Debiendo los Estados brindar una protección especial a quienes se le reconozca esta categoría, garantizando que su integridad física, la libertad corporal, de expresión, de reunión, entre los más relevantes, no sean vulnerados.

En nuestro país ya se han dictado leyes relativas a los derechos de acceso, tanto en la Ley General del Ambiente 25.675, como leyes particulares relativas al acceso a la información pública ambiental (ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental).

En ese sentido la participación ciudadana es uno de los instrumentos de la política ambiental nacional (Art. 19 a 21 LGA) pero posicionado como una instancia dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental previo a emitir el certificado de aptitud ambiental o en el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio.

En cambio el Acuerdo de Escazú posiciona la participación de la ciudadanía en un momento distinto, debiendo los Estados “asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos” (Art. 7.4 Acuerdo de Escazú).

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es mejor conocido como Acuerdo de Escazú (por haber sido celebrado en la ciudad de Escazú, Costa Rica). Ha sido suscrito y ratificado por nuestro país (por Ley 27.566), y pasa a formar parte del sistema de derechos constitucionales, por tratarse de un tratado sobre derechos humanos ambientales, con jerarquía superior a las leyes.

Este acuerdo se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como Río 92. Es el único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). También el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. América Latina y El Caribe es la región más peligrosa para las defensoras y defensores ambientales, el informe de Global Witness así lo confirma.

Observamos como la legislación internacional recepta situaciones que se han vuelto el modo de imponer modelos de desarrollo por encima de la voluntad del pueblo, basado en el extractivismo de los bienes comunes, la acumulación por desposesión y el consecuente avasallamiento de derechos humanos fundamentales. He aquí la importancia de este Acuerdo Regional, para la superación de los flagelos que atentan contra la salud de nuestros pueblos-territorios, la integración regional sudamericana desde una perspectiva de derechos y el fortalecimiento de la democracia para la garantía de los derechos humanos.

Establece tres “derechos de acceso”: a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Recepta los siguientes principios:

a) principio de igualdad y principio de no discriminación;
b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas;
c) principio de no regresión y principio de progresividad;
d) principio de buena fe;
e) principio preventivo;
f) principio precautorio;
g) principio de equidad intergeneracional;
h) principio de máxima publicidad;
i) principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales;
j) principio de igualdad soberana de los Estados; y
k) principio pro persona.

Dispone que cada Estado parte debe adecuar su legislación interna para receptar cabalmente el acuerdo. En Argentina ya contamos con legislación al respecto, lo que necesitamos es avanzar en su implementación y efectividad.

También determina un rol activo del Estado en cuanto a la comunicación del Acuerdo, que debe hacerlo en términos claros y comprensibles para la adquisición de conocimiento por parte de la ciudadanía en cuanto a los derechos de acceso, la necesaria asistencia que debe brindar para garantizar el ejercicio de estas derechos de acceso, posibilitando la adaptación lingüística y cultural, los medios informáticos más actuales; a la vez que debe propiciar entornos seguros para defensores ambientales.

Derecho de Acceso a la Información en Escazú

Este derecho está regido por el principio de MÁXIMA PUBLICIDAD. Este derecho comprende el solicitar y recibir información en poder del Estado, en sus diversas escalas, sin necesidad de manifestar algún interés particular al respecto, ni tener que justificar la solicitud. En caso de que esa información no exista o no esté en poder del Estado, debe ser informado a la brevedad. Cuando sea denegada de manera injustificada o no se reciba respuesta en el tiempo legalmente estipulado, se habilita la instancia de acceso a la justicia, por ejemplo en nuestro país interponiendo un amparo.

El Estado debe brindar facilidades y asistencia al público, para ello debe acompañar en los procedimientos de acceso desde que se hace la solicitud hasta que se entrega la información, teniendo en especial consideración las características socio culturales de quien solicita, en especial si son pueblos indígenas o grupos étnicos, con la finalidad de posibilitar la participación en igualdad de condiciones.

El Acuerdo establece Mecanismos de revisión independientes.

“Cada Parte establecerá o designará uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información. Cada Parte podrá incluir o fortalecer, según corresponda, las potestades sancionatorias de los órganos o instituciones mencionados en el marco de sus competencias.”

“Cada Parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles.”

Este artículo está íntimamente ligado a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable o mejor conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que básicamente establece una serie de advertencias que deben ir al frente de los envases de alimentos que contengan excesos de nutrientes críticos y/o calorías en exceso, como también en caso de contener edulcorantes o cafeína, que no son recomendables en niños/as.

Participación pública en el proceso de toma de decisiones

“Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.”

“(…) 5. El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que participe en forma efectiva (…)”

Se debe posibilitar la participación ciudadana en cada instancia donde se decidan cuestiones que puedan tener impactos sobre el ambiente, hasta aquí son derechos que en Argentina ya están reconocidos, por leyes de presupuestos mínimos, como también leyes provinciales, como ser la Ley General del Ambiente que establece la participación ciudadana como una etapa dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo que es aún más interesante es el artículo 7.4 por el cual “Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.” Esto significa que al momento de diseñar, por ejemplo una política pública o una obra pública, se debe dar participación desde el comienzo, para que se convierta en un proceso virtuoso y no solo una etapa que debe cumplirse para una formalidad legal que en los hechos no cambia nada.

Para participar de manera efectiva debe contarse con plazos razonables que dejen tiempo para que la ciudadanía se informe debidamente, en términos comprensibles y oportunos, para ello deben usarse todos los medios a disposición, desde los escritos a los digitales, medio de comunicación por audio e imágenes.

Al momento que se comunica, debe especificarse cómo mínimo:

a) el tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico;

b) la autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas;

c) el procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública; y

d) las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos para solicitar la información.

Este derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales debe incluir la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados, ya que antes de adoptar una decisión, la autoridad pública tiene que tomar debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación.

Se deben brindar condiciones propicias para que la participación pública se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de la ciudadanía. Mismo cuando el público habla otro idioma distinto al oficial, deben garantizarse las condiciones para su correcta comprensión y participación.

Aquí hay un vínculo al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la necesaria consulta previa, libre e informada, cuando puedan afectarse territorios tradicionalmente ocupados por estas comunidades (ver mas abajo).

Se deben realizar esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad y así involucrarse de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación, considerando los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación.

Así mismo, la autoridad pública debe hacer esfuerzos por identificar público que sea directamente afectado por proyectos o actividades que tengan impactos significativos sobre el ambiente y entablar acciones que faciliten su participación.

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

Este es el tercer derecho de acceso que establece el Acuerdo de Escazú, que en asuntos ambientales debe garantizar el debido proceso.

ARTÍCULO 8.2 Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento:

a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental;

b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y

c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.

Para el acceso a la justicia debe contarse con órganos estatales con conocimientos específicos en materia ambiental, así como procesos claros, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, en su caso, el derecho de litigar sin gastos. Una legitimación activa amplia, la posibilidad de interponer medidas cautelares ante la inminencia del riesgo o daño al ambiente, así como medidas para facilitar la producción de la prueba, o en su caso, la inversión de la carga probatoria, es decir que pruebe quien está en mejores condiciones de hacerlo, que en la mayoría de los casos es quien pretende llevar adelante la actividad o proyecto, por ser quien mejor conoce lo que pretende hacer.

Muy importante también la etapa de la ejecución de la sentencia, ya que contamos en Argentina con fallos trascendentales que no logran manifestarse en los hechos. Así mismo los mecanismos de reparación, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, el pago de una sanción económica, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Para hacer efectivo este derecho deben eliminarse o reducirse al máximo las barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, atender las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad estableciendo mecanismos de apoyo, como la asistencia técnica y jurídica gratuita.

Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales

ARTÍCULO 9.1 “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Esto incluye su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso.

Debiendo el Estado tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir.

Aquí vemos la plena vigencia de Acuerdo de Escazú a la luz de los hechos que vienen ocurriendo en los pueblos que sufren la megaminería, donde las empresas multinacionales, muchas veces con complicidad del Estado y las fuerzas policiales, persiguen a grupos que defienden históricamente estos territorios, con la intención de doblegar sus resistencias.

También establece directrices en cuanto al Fortalecimiento de capacidades, la Cooperación, un Fondo de contribuciones voluntarias y la Conferencia de las Partes donde cada parte tendrá UN VOTO.

Se crea un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento donde se recibirán las denuncias ante incumplimientos al acuerdo y también un mecanismo de Solución de Controversias.

Conclusiones

Habiendo sido elaborado con participación del público, redactado en palabras sencillas, es una invitación a que desde la ciudadanía seamos parte activa en la promoción y garantía del cuidado de la Madre Tierra, comprendiendo el destino común y la interdependencia que une a todas las personas por habitar una misma Tierra.

Este Acuerdo Regional vinculante es sin lugar a dudas un punto de partida y horizonte que debe guiar la cultura democrática a la luz de los hechos que se vienen suscitando en la región, para lograr disminuir al máximo la violación a los derechos humanos ambientales, el hostigamiento y persecución a grupos que cuidan la naturaleza y sus territorios, como mecanismos de imposición de proyectos extractivos sobre la voluntad de los pueblos.

Basado en el Informe sobre “Abusos de poder, extractivismos y derechos en la región andina.”

La Delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza presentó sus resultados provisionales luego de su recorrido por la zona de Vaca Muerta

5 de abril de 2023

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza – Vaca Muerta es una formación geológica que se ha transformado en la “roca de la disputa” por parte de las corporaciones y los gobiernos ante los derechos humanos y de la Naturaleza.

Las graves afectaciones a la Naturaleza y a la vida de las comunidades y vecinos en la zona de Vaca Muerta fueron constatadas por los miembros de la Delegación de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Esta misión del Tribunal llegó a Argentina invitada por parte de la Confederación Mapuche y Fuerzas Vivas de Neuquén, que participó en la sesión internacional de dicho Tribunal en diciembre del año 2019.

Las conclusiones y evidencias relevadas por el Tribunal fueron presentadas en la ciudad de Neuquén en una actividad pública en la Universidad Nacional del Comahue el día lunes. Luego de la misma, se realizó una presentación ante el gobernador de la provincia de Neuquén en casa de gobernación. Por último fueron expuestas ante el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La audiencia fue impulsada por Leonardo Grosso, Diputado Nacional en ejercicio, quien a su vez elevó dichos resultados ante cada uno de los y las miembros actuales de la Cámara baja.

Una de las primeras conclusiones de la misión fue constatar que los discursos de El Dorado que recorren Latinoamérica siempre son falsos. La búsqueda del desarrollo y el progreso demuestran que el mapa del extractivismo coincide con el mapa de la pobreza. Lo que el Tribunal vio en estos días son las profundas afectaciones en esta región patagónica; una explotación sin conciencia socioambiental que solo es posible en un marco de violencia y corrupción.

En relación al agua, el daño es inmenso. No hay fracking posible sin el uso irresponsable de inconmensurables cantidades de agua. El fracking conduce al colapso del agua, el origen y mantenimiento de la vida, lo que provoca tremendas destrucciones de los ecosistemas. El impacto se reproduce en otros ámbitos, como en el suelo; allí se constataron los efectos de los recurrentes sismos provocados por la fractura hidráulica del subsuelo, que obligaron a muchos habitantes de las regiones afectadas a desplazarse de sus hogares.

Un punto crucial es la falta de acceso al agua para las comunidades indígenas, así como también para el resto de la población de la zona; así sucede en la localidad de Añelo, donde los vecinos no tienen agua potable. Sufren también las afectaciones provocadas por la contaminación del aire, por la contaminación sonora, y por la falta de protección frente a tantos destrozos ambientales. Asimismo, quienes trabajan en las actividades hidrocarburíferas -petróleo y gas- también terminan siendo víctimas a raíz del no cumplimiento de las normas de protección ambiental en el desempeño de sus trabajos.

Todo lo anterior provoca graves afectaciones a la salud de los seres humanos y de la vida toda, desde malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades de los pulmones, y metales pesados en la sangre, hasta crecientes padecimientos psicológicos.

En la zona también se puede apreciar una creciente desaparición de animales silvestres.

La intensiva ocupación del territorio por parte de las empresas extractivas ha generado profundos impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de la frontera hidrocarburífera ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida. También ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas productivas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Los mapuches, pueblos originarios, no fueron consultados previamente, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de la consulta libre e informada y la necesidad del consentimiento de las comunidades preexistentes. No sólo eso, han sido víctimas de otras múltiples formas de violencia, llegado al punto de negar su presencia ancestral en dichos territorios.

Otra constante en este tipo de actividades, tal como se conoció durante la visita, es la violación permanente a las normas ambientales y de protección de los derechos humanos. La desidia de las autoridades es permanente. Así se observó tanto en Plaza Huincul, donde existe un depósito de desechos tóxicos de la actividad petrolera totalmente abandonado, como en COMARSA, ubicado en la capital de la provincia donde se extiende un enorme basural petrolero a cielo abierto.

No sólo la Naturaleza resulta golpeada por estas actividades, sino los mismos seres humanos. De especial atención por parte de la misión fueron los problemas permanentes que aquejan a defensores y defensoras de la Naturaleza.

Todas estas cuestiones son de especial preocupación para el Tribunal. Luego de 10 años del inicio de la explotación no convencional de los hidrocarburos a gran escala, es tiempo de reflexionar sobre lo que está provocando. Las promesas bajo las cuales se impuso el modelo que hoy se continúa profundizando siguen pendientes. No sólo eso: tal como van las cosas, es indudable que las destrucciones van en aumento. Por lo tanto, la misión del Tribunal, que presentará un informe de su visita, anticipa la necesidad de construir estrategias de transición post-extractivista.

La visita in situ fue organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita fueron la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es

Manifiesto de los Pueblos del Sur – Por una Transición Energética Justa y Popular

Un llamamiento a líderes, instituciones y nuestros hermanos y hermanas

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Manifiesto de los Pueblos del Sur – A más de dos años después del estallido de la pandemia de COVID-19, a lo que se suman las catastróficas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, vemos surgir una «nueva normalidad». Este nuevo statu quo global refleja un empeoramiento de varias crisis: social, económica, política, ecológica, biomédica y geopolítica. Se acerca el colapso ambiental. La vida cotidiana se ha militarizado cada vez más. El acceso a buenos alimentos, agua potable y atención médica asequible se ha vuelto aún más restringido. Más gobiernos se han vuelto autocráticos. Los ricos se han vuelto más ricos, los poderosos más poderosos y la tecnología no regulada solo ha acelerado estas tendencias.

Los motores de este statu quo injusto —el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, las relaciones depredadoras con la naturaleza y diversos fundamentalismos— están agravando la situación. Por lo tanto, debemos debatir e implementar urgentemente nuevas visiones de transición y transformación ecosocial que sean justas respecto al género, regenerativas y populares, que sean a la vez locales e internacionales.

En el presente Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, sostenemos que los problemas del Sur Global geopolítico son diferentes de los del Norte Global y de las potencias emergentes como China. Un desequilibrio de poder entre estas dos esferas no solo persiste debido a un legado colonial, sino que se ha profundizado debido a una economía global neocolonial. En el contexto del cambio climático, de la creciente demanda de energía y la pérdida de biodiversidad, los centros capitalistas han aumentado la presión para extraer la riqueza natural y depender de la mano de obra barata de los países de la periferia. No sólo sigue vigente el conocido paradigma extractivo, sino que la deuda ecológica del Norte con el Sur va en aumento.

Lo nuevo de este momento actual es la ‘transición energética’ del Norte a las energías limpias, que han ejercido aún más presión sobre el Sur Global para producir cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, madera de balsa para turbinas eólicas, brindar superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno. Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte.

Una prioridad para el Norte Global ha sido asegurar las cadenas de suministro globales, especialmente de materias primas críticas, y evitar que ciertos países, como China, monopolicen el acceso. Los ministros de comercio del G7, por ejemplo, recientemente abogaron por una cadena de suministro ‘responsable, sostenible y transparente’ para minerales críticos a través de políticas de cooperación internacional y finanzas, que incluye el comercio de bienes y servicios ambientales en el marco de la OMC.
El Norte Global ha presionado para que se firmen más acuerdos comerciales y de inversión con el Sur Global para satisfacer su necesidad de recursos, en particular aquellos que son parte integral de la ‘transición energética’. Estos acuerdos, diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los estados a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde.

Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, los gobiernos se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción. Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.

Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse, desde la producción y distribución hasta el consumo y la disposición de residuos. La sustitución de coches de combustión interna por vehículos eléctricos es insuficiente, pues es necesario cambiar todo el modelo de transporte individualista, reduciendo el consumo de energía y promoviendo opciones de movilidad colectiva y pública sostenible.

De esta manera, las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo. Las élites corruptas del Sur Global también han colaborado en este sistema injusto lucrando con la extracción, reprimiendo a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza y perpetuando la desigualdad económica.Más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas.

Como activistas, intelectuales y organizaciones de diferentes países del Sur, hacemos un llamado a las y los agentes de cambio de diferentes partes del mundo a comprometerse con una transición ecosocial radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular que transforme tanto el sector energético como las esferas industrial y agrícola, que dependen de insumos energéticos a gran escala. Según los diferentes movimientos por la justicia climática, “la transición es inevitable, pero la justicia no”.

Todavía estamos a tiempo de iniciar una transición justa y democrática, que desmonte las relaciones (neo-)coloniales entre Norte y Sur Globales. Podemos alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí, reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente, y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa tanto de la diversidad como de nuestra casa común planetaria.

La transición energética debe ser parte de una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva la democracia energética. Debería restar importancia a las instituciones a gran escala (agricultura corporativa, grandes empresas de energía), así como a las soluciones basadas en el mercado. En cambio, debería fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y las organizaciones sociales.
Por lo tanto, desde el presente Manifiesto, establecemos los siguientes ocho puntos:

Alertamos que una transición energética liderada por megaproyectos corporativos, provenientes del Norte Global y aceptados por numerosos gobiernos del Sur, implica la ampliación de las zonas de sacrificio en todo el Sur Global, la persistencia del legado colonial, el patriarcado y la trampa de la deuda. La energía es un derecho humano elemental e inalienable, y la democracia energética debe ser nuestro objetivo.
Llamamos a los pueblos del Sur a rechazar las falsas soluciones que vienen con nuevas formas de colonialismo energético, ahora en nombre de una transición ‘verde’. Hacemos un llamado explícito a continuar la coordinación política entre los pueblos del Sur y al mismo tiempo a buscar alianzas estratégicas con sectores críticos del Norte.
Para mitigar los estragos de la crisis climática y avanzar en una transición ecosocial justa y popular, exigimos el pago de la deuda ecológica. Esto significa, ante la responsabilidad desproporcionada del Norte Global por la crisis climática y el colapso ecológico, la implementación real de un sistema de compensación al Sur global. Este sistema debe incluir una considerable transferencia de fondos y tecnología apropiada, y debe conllevar la cancelación de la deuda soberana para los países del Sur.
Apoyamos una política de reparaciones por las pérdidas y daños sufridos por pueblos indígenas, grupos vulnerables y comunidades locales debido a proyectos de minería, grandes represas y energía sucia. También apoyamos las luchas para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera en nuestros países —a través del fracking y proyectos offshore— y repudiamos el hipócrita discurso de la Unión Europea, que recientemente declaró al gas natural y a la energía nuclear como “energías limpias”. Como ya se planteó en la Iniciativa Yasuní en Ecuador en 2007, siendo una idea que hoy es apoyada por muchos sectores y organizaciones sociales, apostamos por dejar los combustibles fósiles bajo tierra y a generar las condiciones sociales y laborales necesarias para abandonar el extractivismo y transitar hacia un futuro post combustibles fósiles.
De manera similar, rechazamos el colonialismo verde bajo la forma de acaparamiento de tierras para parques solares y eólicos, la extracción indiscriminada de minerales críticos y la promoción de «soluciones» tecnológicas como el hidrógeno azul, verde y gris. El cercamiento, la exclusión, la violencia, la invasión y el atrincheramiento han caracterizado las relaciones energéticas Norte-Sur pasadas y actuales y no son aceptables en una era de transiciones ecosociales.
Exigimos la protección efectiva de los y las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, en particular los pueblos indígenas y las mujeres que están en la primera línea de la resistencia al extractivismo.
La eliminación de la pobreza energética en los países del Sur debe estar entre nuestros objetivos fundamentales, así como de la pobreza energética de partes del Norte Global, a través de proyectos de energía renovable alternativos, descentralizados y distribuidos equitativamente que sean propiedad de las comunidades y sean operados por ellas mismas.
Denunciamos los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Debemos detener el uso de acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales que, en última instancia, promueven una mayor extracción y refuerzan un nuevo colonialismo.

Nuestra alternativa ecosocial se basa en innumerables luchas, estrategias, propuestas e iniciativas comunitarias. Nuestro Manifiesto se conecta con la experiencia vivida y las perspectivas críticas de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades locales, mujeres y jóvenes en todo el Sur Global. Se inspira en el trabajo realizado sobre los derechos de la naturaleza, buen vivir, vivir sabroso, sumak kawsay, ubuntu, swaraj, los comunes, la economía de los cuidados, la agroecología, la soberanía alimentaria, el postextractivismo, el pluriverso, la autonomía y la soberanía energética. Sobre todo, hacemos un llamado a una transición ecosocial radical, democrática, popular, con justicia de género, regenerativa e integral.

Este Manifiesto propone una plataforma dinámica que invita a unirse a nuestra lucha compartida por la transformación ayudando a crear visiones y soluciones colectivas.

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Gran encuentro intercultural e interdisciplinario en Jujuy rechazó al avance del litio

Se realizó un encuentro interdisciplinario e intercultural llevado a cabo entre el 14 y 15 de enero en la comunidad de Alfarcito, Jujuy, entre las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y diversos colectivos de abogades, artistas, escritoras, investigadorxs y activistas. Representantes de las comunidades indígenas de la zona afectadas por el avance de la industria del litio sobre sus comunidades. asistieron al encuentro para compartir sus experiencias, denunciar las múltiples violaciones a los derechos y articular distintas formas de resistencia.

El encuentro fue co-organizado por la Comunidad Aerocene y su fundador, el reconocido artista internacional Tomás Saraceno, con el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, el colectivo Mirá Socioambiental, el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la abogada Alicia Chalabe, las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf, Graciela Esperanza y la curadora Inés Katzenstein. La agenda de actividades incluyó activaciones artísticas y talleres de trabajo en torno a las claves urgentes para la Transición Ecosocial justa desde el Sur global y la centralidad de los Derechos de Naturaleza en la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.

Se presentó un corte de Pacha, 2020 dirigida por Tomás Saraceno y Maximiliano Laina. La película documenta el vuelo de Aerocene Pacha, que flotó en enero 2020, sin combustibles fósiles ni baterías de litio, con el mensaje “El agua y la vida valen más que el litio”, escrito con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Aerocene Pacha rompió 32 récords mundiales reconocidos por la FAI y se convirtió en el vuelo más sostenible de la historia. Pacha es una película sin fin que seguirá siendo expandida y modificada en diálogo contínuo con las comunidades, la cambiante situación en las Salinas Grandes, y la evolución de estrategias locales y globales ante la crisis ambiental. Una escultura aerosolar de la comunidad Aerocene flotó nuevamente el día domingo, esta vez con el mensaje “En complementariedad, cuidamos el agua. Cuenca de Guayatayoc – Salinas Grandes, Argentina”, escrito por miembros de las comunidades presentes. Al igual que Aerocene Pacha, la escultura flota solo con la energía del sol, sin combustibles fósiles ni baterías de litio, creando una imagen de futuro para una justicia ecosocial.

Dice Saraceno: Los pueblos indígenas y sus conocimientos ecológicos tradicionales se consideran esenciales en los esfuerzos mundiales para combatir la emergencia climática. Aunque los pueblos indígenas representan solo el 5 % de la población mundial, habitan el 22 % de la superficie de la Tierra y son guardianes del 80 % de la biodiversidad del planeta. Su manera de gestionar el territorio garantiza la sostenibilidad, sus prácticas agrícolas minimizan las emisiones derivadas de la deforestación y sus estrategias de adaptación pueden utilizarse para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, estos conocimientos tradicionales -y los medios de vida de las comunidades indígenas basados en los recursos- se ven amenazados por el avance del capitalismo extractivista. Y agrega: Hoy en día, en cada momento, hay 1,3 millones de personas en el aire, liberando más de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. En un mundo que enfrenta una emergencia climática, el sueño de volar se ha convertido en una pesadilla. Es en este contexto distópico, en el que la colaboración, las alianzas y la unión de conocimientos ante la crisis ambiental es esencial, que en 2015 emerge Aerocene: una era, una comunidad interdisciplinaria, una iniciativa abierta que constela saberes y culturas para, de forma colectiva, crear herramientas, implementar y apoyar proyectos ambientales por la justicia ecosocial!

Un diálogo intercultural de saberes alrededor del litio, mineral promesa

En los talleres se discutió la coyuntura nacional con referentes a nivel nacional y regional de las problemáticas económicas, sociales y ambientales aparejadas a la extracción a gran escala de minerales. Distintos enfoques sobre la temática fueron abordados en conjunto con las comunidades, las cuales debatieron cómo proseguir en sus procesos de resistencia y fortalecer su organización interna para garantizar los derechos humanos y ambientales en la región.

En la inauguración del primer taller el fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Enrique Viale definió “La visión de los pueblos originarios es clave para romper el falso consenso que han creado estos últimos tiempos. Esa noción de que el litio sea el nuevo fantasma que va a salvar a Argentina.” El integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial continuó: “La visión de la naturaleza como algo solamente a ser explotado es lo que ha creado la crisis en la que estamos. Las dos ideas más importantes que contrarrestan estas nociones son las del Buen Vivir y la de los Derechos de la Naturaleza. Tienden puentes entre pasado y futuro, entre matriz social y matriz ecologista, nuevas formas de relación con los seres humanos y con la Pachamama. Deja en desuso el paradigma antropocéntrico y pasa a uno de carácter sociobiocentrico. El ser humano como parte de la naturaleza.

Por su parte, Gastón Chillier, integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, destacó la importancia de aprovechar al máximo los recursos y estrategias legales ya existentes como el derecho a la consulta previa e informada. Remarco en este contexto: “La corte interamericana de derechos humanos emitió una opinión en Colombia donde estableció que no se pueden respetar los derechos humanos si no se respeta un ambiente sano. Esta relación se vincula y tiene un impacto en muchos derechos que se encuentran en las constituciones.” El abogado y ex-director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) prosiguió a enumerar: “El principal es el derecho a la vida. Sin un ambiente sano hay una amenaza a la vida de todos nosotros. Luego el derecho a la vivienda y, particularmente, el derecho a los territorios. Por otro lado también existe una vulneración a participar en la vida cultural o el derecho a la alimentación. Y es fundamental remarcar la violación al derecho al agua, a la integridad de las personas, a la salud y el derecho a la propiedad colectiva. Todos estos derechos están también de alguna manera u otra protegidos por el sistema judicial del continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay un derecho colectivo a la propiedad que tiene una relación con su identidad cultural y una propiedad diferente a la propiedad individual.”

Maristella Svampa, investigador del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Mirá Socioambiental, introdujo cuatro puntos clave para entender el contexto social y político alrededor del litio. Es un debate muy complejo, porque no tenemos respuestas certeras para muchas de las profundas preguntas. Lo que sí tenemos son rumbos, valores, narrativas. Y eso no podemos cederlo. La investigadora, que estuvo presente durante la gesta que remontó la obra aerosolar Aerocene Pacha de Tomás Saraceno en 2020, continuó: No podemos seguir siendo hablados por el norte global, somos nosotros los que tenemos que diseñar nuestras transiciones. Tenemos voces propias y tenemos que usarlas para diálogos interculturales locales. Y agrega: Hay que tener imaginación, que muchas veces nos brinda el arte, para pensar en otros futuros posibles, en qué tipo de sociedad queremos vivir.

El investigador Bruno Fornillo, integrante del Grupo de Geopolítica y Bienes comunes, detalló la presión internacional, focalizada en Estados Unidos y China, que existe sobre una mayor extracción de Litio. “En Argentina somos el país que en peores condiciones estamos, y por eso el nivel de avance de las empresas que vienen. Acá no dejan nada y se llevan todo, declaran un precio inferior, se venden a sí mismos. En La Rioja se acaba de demostrar que suspender todas las concesiones es posible. La instancia de repensar qué vamos a hacer con el litio es necesaria y debería hacerse en todo el país, con todas las concesiones.”

La investigadora Melisa Argento, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, detalló en su intervención la forma de operar de las empresas en la región. “Existen procesos en las comunidades, impactos socioambientales de los salares, herramientas legales y políticas para la defensa de los salares y los humedales altoandinos. La promesa de desarrollo alrededor del litio como un mineral estrella, como el oro blanco, de la Arabia Saudita del litio.” La investigadora, que visita hace casi una década la región para conocer y visibilizar los impactos reales de la minería en el territorio agregó también: “Este pacto logra que las empresas puedan intervenir con mucha facilidad en los territorios. El primer paso es los Estudios de Impacto Ambiental que son hechos por científicos pagados por las mismas empresas y bajo los lineamientos definidos por las mismas empresas. A su vez definen cuáles aportes hacen a que comunidades y fragmentan la comunidad regional y la visión de cuenca.”

“Para ellos no valemos y por eso está el país como está”, dijo Juan Groso. Se llevan el oro pero te dejan el cerro contaminado. Me parece muy bien lo que propusieron de la deuda. Quién paga? Nosotros pagamos impuestos. El pueblo es el estado, nosotros pagamos. Esto es una dictadura legal.”

“Lo que necesitamos que se sepa, a nivel nacional e internacional, es que en este territorio hay mucha gente que vive. Y sólo queremos que se respete nuestro derecho a trabajar y a vivir bien, como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos,.” dijo Don Luis Quipildor, de la comunidad de Alfarcito.

Para mantener la continuidad de la lucha es fundamental poder mantener las tradiciones de nuestros abuelos. Ya no tenemos cabras, ya no tenemos rastrojos, ya no sembramos tanto. Y es ahí cuando el gobierno dice para qué quieren las tierras.” Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener en nuestros jóvenes. No para sembrar a gran escala ni pretender grandes haciendas. Sino para mantener y sobrevivir, defender nuestro derecho a la tradición.

Durante la tarde, la curadora Inés Katzenstein, la escritora Graciela Speranza y el artista Tomás Saraceno guiaron talleres de arte con les niñes de las comunidades presentes, para compartir imaginarios y formas de expresión, y explorar el arte y la creatividad como medios para notar los colores, las formas y las texturas de los entornos que habitamos. Tomás Saraceno, guió el taller “Dibujar en el aire”, que retoma y renueva la práctica de leer los mensajes dibujados en el cielo para leer futuros posibles, recurriendo al fenómeno de la “pareidolia”: el impulso que nos lleva a reconocer patrones significativos en información aleatoria. ¿Qué vemos en las nubes? ¿Qué latencias encierran sus aguas? Les niñes, aquellas personas que van a continuar viviendo con las repercusiones de los consumos y extractivismos de hoy, qué imaginan cuando viajan, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, acompañando a las nubes en constante movimiento?

Comparte Graciela Speranza: “Los niños pudieron ver otras obras de artistas que abrieron el diálogo con la naturaleza y dibujaron inspirados por esas obras. También imaginaron figuras en fotos de nubes, las dibujaron y les dieron voz. Un pez doce “Estoy nadando”; “El león dice -me duele la muela-”. La imaginación de los niños es una buena aliada del arte.” Y agrega: “En el discurso de la política, de la economía e incluso a veces en el de la ciencia reina un realismo craso, incapaz de imaginar el futuro. Pero es precisamente en el arte, donde esa noción empobrecida de realismo está menos a gusto. El arte revela los límites de la imaginación y vuelve realistas fantasías a primera vista impracticables: volar sin combustibles fósiles, por caso como en el vuelo que Tomás Saraceno y Aerocene hicieron posible en Salinas Grandes.”

La actividad pública final contó con las escritoras y activistas Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Aboaf, del Colectivo Mirá Socioambiental, quienes dicen: No existe un mundo. Hay millones. Y cada uno es el tejido de las historias y el territorio. Contar las historias de un pueblo en un territorio es dar cuenta de su cosmovisión. En las maravillosas coplas, en pequeños relatos, en marcas alrededor de la Laguna, en la cuenca entera. La poesía se hilvana con los Apus sagrados. El nieto vive el tiempo de la abuela en que los ojos de agua eran salvajes y ahora en esta historia resultan saqueados por las mineras. En la trama de historias y territorio está la vida de estas comunidades en lucha. Las escritoras invitaron a integrantes de las comunidades a compartir y realizar pequeños textos poéticos basados en la memoria ancestral de los pueblos de la región, en vivencias cotidianas y en sus experiencias en el vínculo con la tierra y la sal. También a realizar dibujos y pequeñas obras visuales que instaban a las personas a poder retratar el paisaje social y cultural que se vive en la reunión y a entender las unidades artísticas como coplas, historias personales o recuerdos como parte de una memoria a ser mantenida, alimentada y recuperada.

Encuentro Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc 2023

Buscan reconocer los Derechos de la Naturaleza en Entre Ríos

La pregunta y razonamiento más sencillo es: sí las empresas y otras entidades pueden tener derechos ¿Por qué no puede tener derechos la naturaleza, de la cual dependemos?

Integrantes de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Multisectorial de Humedales de Paraná, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentaron proyectos para que la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Paraná reconozcan los Derechos de la Naturaleza o Pachamama. Los proyecto refieren a donde se reproduce y realiza la vida, debiendo asegurarse el respeto integral, su existencia, el mantenimiento, regeneración de sus ciclos y funciones vitales, estructura y procesos evolutivos.

La presentación retoma el legado de Fernando “Pino” Solanas y se basa en el texto del proyecto de ley presentado hace unos años por el Senador de Proyecto Sur. Revisa sus fundamentos y contextualiza las presentaciones en el marco de la presente campaña impulsada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

Es necesario compatibilizar a nivel provincial y municipal el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza con la legislación constitucional de las provincias. Vinculando la iniciativa con el derecho de todos/as los/as habitantes a un ambiente sano, la protección de la diversidad biológica y ecosistemas en particular y los derechos de los pueblos indígenas. Y también acoplando el derecho procesal provincial (acción de amparo, intereses difusos, acción popular, acciones preventivas, etc.) entendido como una “derecho procesal de la naturaleza”.

Los dos proyectos presentados

Proyecto provincial

El proyecto provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. El mismo fue ingresado por Mesa de Entradas del parlamento provincial se titula Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la provincia de Entre Ríos. Se trata del Expediente N° (Nº 24.836 M.E.), ingresado el 3/11/2022. Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) – Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas – Multisectorial de Humedales de Paraná.

La Provincia de Entre Ríos posee una de las Constituciones Provinciales más nuevas de Argentina. En ella se incluyen novedosos derechos con respecto a la naturaleza. Ejemplo de esto es el reconocimiento de la libertad de los ríos. Se hace mención explicita a que las cuencas hídricas comunes y los sistemas de humedales “se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.

A su vez reconoce la triple función del suelo, en sus dimensión social, ambiental y económica en su Artículo 85. Aunque estos no son reconocimientos explícitos de derechos a la naturaleza, son un gran avance en cuanto a la comprensión de su importancia y funcionamiento de los ecosistemas.

Proyecto Entre Ríos
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Proyecto Municipal

El segundo proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Fue ingresado por Mesa de Entradas del parlamento local y se titula Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la ciudad de Paraná. Se trata del Expediente N° H.C.D. Nº 789/2022-A-F17, ingresado el 3/11/2022. Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) – Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas – Multisectorial de Humedales de Paraná.

En el caso de la Ciudad de Paraná es la Ordenanza N°7.717 (1995), que crea el Código Ambiental, de la ciudad la que reconoce de la siguiente manera, en la declaración de principios y objetivos que:

“Nosotros los representantes del pueblo reconocemos: a) En lo referente al Ambiente, como sujeto del Derecho a todos seres vivos y futuros.”
Código Ambiental de la Ciudad de Paraná

“Este es un fundamental e interesante avance que pocas veces fue comprendido por gobernantes y ciudadanía.” – declaró Enzo Cullaso, integrante de la Multisectorial de Humedales de Paraná y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas – “Hoy luego de 20 años, es necesario volver a dialogar sobre la posibilidad de otorgarle entidad jurídica a la naturaleza.”

Proyecto Parana-Entre-Rios Descarga

Más sobre Derechos de la Naturaleza

La naturaleza como sujeto de derecho, implica necesariamente su desmercantilización. Así como el discurso normativo actual prohíbe tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de derecho la naturaleza debería recibir el mismo trato. Es importante aclarar que lo que protege este proyecto son los “sistemas de vida” lo cual no es un obstáculo para el desarrollo y comercialización, por ejemplo, de actividades agrícola-ganaderas, entre otras. Con los Derechos de la Naturaleza se puede comerciar y comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

Asistimos en este siglo a un modelo de producción y consumo que está generando el traspaso de los límites biofísicos, que atenta contra toda forma de vida sobre el planeta, incluida la nuestra. Es tiempo de madurar como especie, para trascender el egoísta instinto competitivo y abrazar la vida en toda su diversidad de expresiones.

El marco de los Derechos de la Naturaleza comprende que cada pueblo es portador de culturas diversas, como lo son los territorios de este continente. En este contexto, también existen culturas que supieron otorgarle un valor a la naturaleza más allá del uso humano. Quienes reconocieron en sus cosmovisiones la interdependencia con todos los reinos de la vida.

El grado de madurez de cada sociedad abre a la posibilidad de comprender e internalizar otras maneras de vincularse con su entorno. Estas culturas otorgan brújulas para que la humanidad vuelva a percibirse en igualdad, ya no como dueño, sino como parte de un todo.

Encuentro en San Salvador de Jujuy y la cuenca de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc

CONFERENCIA DE PRENSA

En el marco del encuentro en San Salvador de Jujuy y la cuenca de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la comunidad internacional Aerocene convocan a una conferencia de prensa el día 13 de enero de 2023 a las 11:30 hs. en el salón en Unión de trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), seccional Jujuy, ubicado en calle Benito Bárcena 676 de San Salvador de Jujuy.

Este encuentro marca la continuación de una relación de muchos años entre la comunidad de investigación y artivismo ambiental Aerocene, fundada en 2015 por el artista Tomás Saraceno, y las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. En enero de 2020, la escultura aerosolar Aerocene Pacha se elevó en las Salinas Grandes, permitiendo a su pilota, Leticia Noemi Marqués, flotar libremente, sin uso de combustibles fósiles, ni helio o litio, convirtiéndose en el vuelo más sostenible de la historia de la humanidad y estableciendo 32 récords mundiales reconocidos por la FAI. El globo elevado ese día llevaba el mensaje propuesto por las comunidades “El agua y Laila vida valen más que el litio”. El proyecto Fly with Aerocene Pacha contó con el apoyo del grupo de música BTS, curado por DaeHyung Lee.

En esta oportunidad el equipo de Aerocene viajará junto a representantes del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), entre ellxs Maristella Svampa, Enrique Viale, Gastón Chillier, Melisa Argento y Alejo Di Risio, así cómo también la abogada Alicia Chalabe, Bruno Fornillo del grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la curadora Inés Katzenstein, y las escritoras y ambientalistas Claudia Aboaf, Gabriela Cabezón Cámara y Graciela Speranza.

Entre el 14 y 16 de enero se desarrollarán talleres y grupos de trabajo junto con las comunidades en Alfarcito (declarado sitio de patrimonio histórico y cultural), de Salinas Grandes, cuyo objetivo es debatir sobre los escenarios regionales y globales de la transición energética, así como sobre los impactos e injusticias socioambientales de la minería de litio y la organización de las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.

En conjunto con una agenda de actividades que incluyen la realización de talleres de trabajo en torno a las claves urgentes para la Transición Ecosocial justa desde el Sur global y la centralidad de los Derechos de Naturaleza en la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, se presentará el primer corto de Pacha (Dir: Tomás Saraceno y Maximiliano Laina, Argentina/Alemania, 2020), una película sin fin que seguirá siendo expandida y modificada en diálogo contínuo con las comunidades, la cambiante situación en las Salinas Grandes, y la evolución de estrategias locales y globales ante la crisis ambiental, presentándose un nuevo corte en junio 2023 en Serpentine, Londres.

Estamos en tiempo de descuento. De cara al agravamiento de la crisis climática y la urgencia de encarar la transición energética, nuestro primer mensaje es: No queremos ser más zona de sacrificio. Necesitamos hacer la transición, pero no podemos aceptar cualquier transición energética, como la que quieren imponer actualmente a los pueblos del Sur, a través de la minería del litio, que amplifica las desigualdades sociales, étnicas y ambientales. Debemos escuchar las voces de los territorios, en la defensa del agua, salares y nuestros bienes comunes.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica