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El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) orientará toda su potencia de trabajo a desacelerar los procesos de profundización de maldesarrollo y acompañar la acción colectiva y estratégica hacia formas locales y plurales de transición ecosocial justa. Para proteger y cuidar los bienes comunes y recuperar el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales de las comunidades que se ven afectadas por diversas actividades y proyectos de la matriz extractiva contaminante.

Frente a la crisis del progresismo

por Maristella Svampa para Revista Otra Parte

Hace tiempo que el progresismo gubernamental, no sólo argentino, sino también latinoamericano, se halla en estado de implosión. No es ninguna novedad. Primero se fue apagando como ciclo, hacia 2015, cuando dejó de ser un ambicioso movimiento regional que alineaba diferentes gobiernos sudamericanos en pos de una lengua común; luego se fue deshilachando como campo, al compás de una concentración del poder en los ejecutivos y una polarización vertiginosa y sin retorno, frente a la emergencia de las derechas antiprogresistas; hoy, a la luz de lo que sucede en varios países de la región, parecería extinguirse como relato. Esta crisis de los progresismos gubernamentales —que es más un estallido, una implosión, que un cierre silencioso o un gemido—, nos preocupa y desvela porque afecta no sólo el legado progresista de los que fueron o continúan siendo gobierno, sino el conjunto de las narrativas de cambio, vinculadas a derechos, incluso de aquellos que nunca fueron ni fuimos prooficialistas, en un contexto que pretende cuestionar su legitimidad y catapulta aún más a las extremas derechas radicales y autoritarias.

En la olimpíada de desastres latinoamericanos, la Argentina parece haber picado en punta, ilustrado por un lado en la entronización de una extrema derecha ultraliberal y, por otro, en la debacle de la oposición del progresismo kirchnerista. Si hasta ayer el balance político del gobierno de Alberto Fernández era devastador, la reciente revelación de sus agresiones (violencia de género) contra Fabiola Yáñez terminó por hacer implosionar lo último que quedaba en pie del relato progresista del anterior gobierno: la política de género. Mientras en el país se profundiza la recesión económica, empeoran los índices sociales del hambre y la pobreza, y las encuestas indican la caída de la imagen de Javier Milei por debajo del cincuenta por ciento de apoyo, el centro de la agenda pública lo ocupa esta sensación del fin, de la debacle absoluta del progresismo, y la pregunta acerca de si puede sobrevivir o no la narrativa progresista, frente a tanta derrota política, a tanta ofensa moral.

Así, en estos días en que nos indignamos y escandalizamos ante lo que sucede en la Argentina, con Alberto Fernández, o ante lo que ocurre en Venezuela, país que vive un atronador fraude electoral, bien vale la pena excavar en las narrativas y proyectos de los progresismos gubernamentales, ahondar hasta dónde llegan las esquirlas de esa brecha explosiva instalada entre hechos y relatos, para indagar si estamos o no ante el fin de aquello que genéricamente podemos llamar narrativas de derechos.

Mi hipótesis, spoiler mediante, es que resulta imperioso reaccionar y reposicionarse colectivamente, aprender a ser realistas y autocríticos, no tirar al niño con el agua sucia de la bañera —perdón por utilizar esta frase decimonónica—, pues todavía hay mucha tela para cortar, mucha red sana por tejer, mucho acumulado de luchas por derechos para reivindicar. Sin embargo, si no lo hacemos de modo urgente, creíble y solidario, si no apuntamos a la creación de una nueva narrativa colectiva tentacular de cambio, nos arriesgamos efectivamente a un colapso mayor.

Promesas de los progresismos. Déjenme hacer un poco de historia, sucinta y abreviada. El ciclo progresista, la llamada “marea rosa”, arrancó en el año 2000 en el Cono Sur y generó grandes expectativas políticas de cambio. Una lingua franca se construyó en torno a varios ejes compartidos: la crítica al neoliberalismo, la promoción de políticas económicas heterodoxas, la promesa de la inclusión social, el rol creciente del Estado; el latinoamericanismo desafiante, y también, no debemos olvidarlo, la expansión del neoextractivismo y sus impactos.

Uno de los elementos más relevantes del ciclo progresista es que sus gobiernos fueron traccionados por fuerzas y energías sociales muy movilizadas que apostaban a más democracia, nunca a menos. Así, hubo nuevas constituciones fundacionales —como la de Ecuador, que sancionó los derechos de la Naturaleza, o la de Bolivia, que incluyó la plurinacionalidad del Estado—; en Venezuela, se crearon consejos comunales en los tiempos de Chávez (algo así como soviets sentados sobre barriles de petróleo), y en Brasil, un Lula todavía vigoroso desde su origen obrero-sindical prometía un programa que terminaría con la extendida pobreza.

El kirchnerismo, como progresismo peronista, ancló su promesa fundacional a la crisis de 2001, una crisis sistémica e hiperbólica, que casi se lleva puesto al conjunto de la clase política y económica; hoy diríamos la “casta”. Sin la radicalidad de otros regímenes latinoamericanos, pero al calor de una crisis extraordinaria, la promesa de Néstor Kirchner no fue la de dinamitar a la casta, sino la de acercar a representantes y representados; junto con la voluntad de controlar las movilizaciones plebeyas y de clase media, para volver a poner la política en el centro de la esfera institucional. Por eso su apuesta política inicial fue la de remover a una Corte Suprema de Justicia desacreditada y vincularse con la narrativa de derechos humanos. Esto conllevó una revalorización del progresismo, también en clave de “justicia social”, asociado a una política de empleo, de reducción de la pobreza y de contención e incorporación de movimientos piqueteros mediante una batería de planes sociales.

A partir de 2008, Cristina Fernández de Kirchner le daría su impronta personal al progresismo peronista desde el poder, en el que convergía un liderazgo casi magnético en el uso de la palabra con un populismo nacionalista más centralizado y un estilo político rígido, con escasa capacidad de gestión del conflicto y de diálogo con actores diferentes. Igualmente, el progresismo de CFK, aunque extremadamente vertical, apuntaba a una narrativa de derechos. A la política de la inclusión social —por la vía del consumo— y la de derechos humanos en relación con el pasado dictatorial, se sumaría aquella de la diversidad sexual (matrimonio igualitario) y, ya sin CFK en el gobierno, la potente narrativa feminista, que no tardaría en convertirse en un movimiento de movimientos y que lograría, en su segundo intento, bajo el gobierno de Alberto Fernández, la legalización del aborto y la promoción de una política activa de género y diversidades.

Pueblos originarios y movimientos territoriales antiextractivistas quedaron por fuera del universo progresista kirchnerista, aun cuando la tensión inestable del gobierno con las comunidades indígenas siempre abriría espacios de geometría variable. Pero no fue así con el ambientalismo de raíces territoriales; me refiero a ese ambientalismo polifónico de base federal que pone el cuerpo en los territorios, que apenas si tuvo puntos de encuentro con el progresismo gubernamental en el nivel nacional. No porque aspirara al desencuentro; sino porque el kirchnerismo, una vez sorteada la instancia de vivir como oposición (como sucedió durante el período macrista, entre 2015 y 2019, cuando hubo acercamiento), volvía a las políticas de siempre, mostrando con ello su indiferencia ante el agravamiento de la crisis climática y su apego a las políticas extractivistas, en nombre de las exportaciones y el pago de la deuda externa. Esta selectividad del progresismo gubernamental —como ya lo analicé en otros textos—, no es atributo exclusivo de la Argentina, y con sus variantes y especificidades, tiene un alcance regional.

Pero volvamos a la escala latinoamericana, porque durante esos quince años de hegemonía (2000-2015) mucha agua corrió bajo el puente. La crisis llegó no solo por la caída del precio de los commodities (en 2011) sino por la ausencia misma de transformaciones estructurales (no hubo reformas fiscales progresivas), mientras la pobreza, que se había reducido en tiempos de vacas gordas, volvía a crecer, y la concentración de la riqueza aumentaba. En ese quinquenio excepcional pudimos ver cómo se iba haciendo más rígido el campo de los progresismos gubernamentales al compás de la negación de la nueva institucionalidad democrática radical, de procesos de concentración del poder en manos de líderes cada vez más todopoderosos, más verticalistas, de dinámicas de corrupción de alto vuelo e impacto regional (caso Odebrecht).

Aun así, aunque los resultados finales eran desiguales según los países, el desmembramiento del campo progresista latinoamericano no alcanzaba hasta ahí para borrar esa impronta primera que coloreó la marea rosa, en su articulación con organizaciones del campo popular, a saber, la promesa de más democracia, de igualdad, de más derechos, en el marco de una nueva institucionalidad, en países atravesados por tantas dictaduras, por tantas desigualdades sociales, por tantos procesos de exclusión multidimensionales. Más simple: los progresismos realmente existentes parecían haber cumplido su ciclo, había decepción y desencanto, traiciones y manipulaciones, y sobre todo, mucho desajuste entre políticas y discursos. Como le escuché decir al sindicalista Julio Fuentes en 2017, “entre el relato y la realidad hubo mucha diferencia: todos queríamos vivir en el país del otro, porque lo que estábamos viendo era el relato”. La distancia entre relato y realidad era cuestionable, pero no así la narrativa de derechos en sí misma, que sobrepasaba esas experiencias y seguía siendo legítima.

Polarización y cambio de época. Uno de los elementos más relevantes del ciclo progresista fue el surgimiento y la consolidación de escenarios de polarización política que enfrentaron a los oficialismos con una reacción antiprogresista de amplio espectro. Esta polarización fue configurando “campos de acción”, “en los cuales se expresaban corrientes sociales que incluían no sólo movimientos sociales sino también partidos políticos y otros grupos en disputa”, como dice el colega brasileño Breno Bringel. Estas corrientes sociales compitieron con los progresismos gubernamentales en masividad en las calles y fueron una ventana de oportunidad en la que se iría decantando una derecha política, que buscaría barrer no sólo con los gobiernos sino también con las banderas sostenidas por la narrativa progresista.

A partir de 2015 el giro a la derecha fue más pronunciado y el backlash fue adquiriendo configuraciones abiertamente electorales, mientras los progresismos gubernamentales acentuaban su declive. Uno de casos más dramáticos fue el de Brasil, con el impeachment contra Dilma Roussef (2016) y el encarcelamiento de Lula (2018-2019), a lo que se sumó el triunfo electoral de Jair Bolsonaro (2019). También hubo mutaciones internas, como la de Lenín Moreno en Ecuador (2017-2021), quien pese a ser ungido por Rafael Correa, una vez que llegó al gobierno dio un giro a la derecha. O la deriva del gobierno de Nicolás Maduro, luego de la muerte de Chávez (2013), que desarrollaría una minuciosa y perversa estrategia —casi capilar— de bloqueo electoral, ante una derecha agresiva y clasista; y cuya crisis económica y política llevó a la expulsión/emigración de cerca de ocho millones de venezolanos. Hace años que Maduro consolidó un “neoliberalismo autoritario y criminal” —como dice un amigo venezolano de izquierda—, pese a la utilización grotesca que hace su gobierno de la narrativa progresista. Ni que hablar de Nicaragua, donde el matrimonio Ortega-Murillo instauró una dictadura implacable, desarrollando un sistema represivo que desinstaló la institucionalidad democrática y abarca todos los sectores de la sociedad civil.

Mucho se habló también del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, un Evo de raíces campesinas-indígenas, pero cuyo infatigable deseo de perennidad en el gobierno volvió a despertar en Bolivia el peor de los demonios, el racismo antiindígena. Pese a ello, el régimen de facto no pudo consolidarse y debió llamar a elecciones libres, que permitieron al Movimiento al Socialismo (MAS), aunque no a Evo Morales, volver una vez más al gobierno. Hoy el progresismo boliviano se ve reducido a una lucha vergonzosa entre el liderazgo de Evo y el del actual presidente, Luis Arce, en medio de una crisis económica atada al fin (¿temporario?) de la abundancia del gas.

Por otro lado, a nadie se le escapa —y menos a la derecha— que los giros autoritarios de los progresismos —como en Venezuela y Nicaragua— han sido muy mal procesados en el campo de las izquierdas prooficialistas, dentro del cual todavía hay sectores que leen estos procesos en clave exclusivamente conspirativa, empeorando el daño que ya hacen tales derivas. Siempre hubo conspiraciones de la derecha, nadie lo está negando de plano, pero estas no pueden borrar las tensiones y los errores políticos desencadenados por procesos endógenos, y mucho menos justificar la falta de autocrítica.

Todo indica un nuevo cambio de época, cuyos impactos políticos a largo plazo son enormes, impredecibles en un contexto de policrisis civilizatoria, que se refleja no sólo en el empoderamiento de las derechas sino además en el claro agotamiento de los progresismos gubernamentales. La emergencia más reciente de un polo progresista inorgánico no ha sido suficiente para contrarrestar el nuevo clima de época. Este muestra la coexistencia de figuras innovadoras como Gustavo Petro en Colombia (el único líder latinoamericano que une articuladamente lo social con lo ambiental), otras más o menos continuistas como Gabriel Boric en Chile, y la vuelta de Lula da Silva en Brasil, fuertemente cercado por fuerzas conservadoras y de derecha. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, portador de una mirada desarrollista-estatista casi propia de los años setenta, siempre funcionó como un “progresismo tardío”, como dice el ítalo-mexicano Massimo Modonesi, con nulos vínculos con el ciclo progresista anterior.

En este escenario político divergente, sin hegemonías claras, lo novedoso del período es a todas luces el surgimiento de una derecha radical autoritaria con Bolsonaro en Brasil, y algunos años más tarde, el triunfo de Javier Milei en nuestro país. Así, el clima político en América Latina fue mutando y enrareciéndose cada vez más: hoy la tendencia es la normalización de los autoritarismos, la expansión de estructuras criminales, como el narcotráfico, y el retorno en fuerza de las recetas neoliberales como “única” salida económica y social.

A escala global, todo parece ir en favor de la expansión de las extremas derechas y sus discursos antiinmigrante. En pleno agravamiento de la crisis climática, líderes negacionistas han gobernado países como Estados Unidos, Australia y Brasil; han surgido extremas derechas con un discurso ecofascista, como la que estuvo a punto de entronizarse en Francia, mientras la derecha autoritaria continúa siendo gobierno en países como Hungría e Israel, entre otros. El caso es que las extremas derechas se han convertido en una alternativa peligrosísima de poder.

La Argentina y la gran vaca peronista. Después de doce años de kirchnerismo (2003-2015), el progresismo gubernamental ya afrontaba una crisis y un agotamiento profundo. La primera alternancia electoral postkirchnerista, entre 2015 y 2019, con Mauricio Macri, se propuso aplicar un programa de políticas neoliberales, pero aún se insertaba en un clima político y social dominado por la narrativa progresista en torno a los derechos. Sabemos del fracaso del gobierno macrista: aumentó las tarifas de los servicios públicos, potenció la pobreza y el deterioro del salario, no logró bajar la ya alta inflación, que venía impactando en sectores medios y populares, y encima tomó un préstamo multimillonario con el FMI que sirvió para exacerbar la fuga de capitales por parte de empresarios y amigos del poder.

No es extraño entonces que, tras el fracaso neoliberal, en 2019 volviera a ganar una coalición política con una connotación progresista controlada por el kirchnerismo, pero en un escenario político diferente de aquel de 2015. El Frente de Todos, autodefinido como “una coalición peronista y progresista”, nació bajo el control férreo de CFK, quien eligió como candidato a presidente, sin consulta con sus socios partidarios, a Alberto Fernández, a quien sólo conocíamos como un hábil operador y jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, y cuyo vocación “negociadora” revelaba una intención que muchos, en aquel momento, encontraban como “razonablemente conservadora”… La crisis económica, agravada por la pandemia de covid-19, las fotos de la fiesta privada en Olivos y una sequía prolongada que afectaría al sector agroexportador irían configurando no sólo la imagen de un presidente débil, pusilánime, mentiroso y sin autonomía, sino también, como contracara, la imagen de una vicepresidenta (CFK) políticamente mezquina, incapaz de asumir la responsabilidad por los resultados negativos de la gestión en curso.

Milei supo captar gran parte de este descontento frente al fracaso de los diferentes gobiernos —tanto del progresismo gubernamental como el de la derecha mainstream— rearticulando las humillaciones, agravios y aspiraciones bajo una ideología ultraliberal y antiestatal, en la que la apelación a la “libertad” y la supuesta batalla contra la “casta política” resultaron muy eficaces frente a la idea de una justicia social cada vez más erosionada.

Y en este punto me parece importante subrayar que, en su afán por confrontar y vencer a la derecha en el plano electoral, el kirchnerismo terminó por absorber e incorporar todo lo que quedaba del espacio de la centroizquierda partidaria independiente en el país. La gran “vaca peronista” (no hay otro rumiante que simbolice mejor la perennidad del peronismo y su centralidad en el modelo político-económico argentino) deglutió y digirió en alguno de sus cuatro estómagos todo lo que quedaba de las fuerzas de centroizquierda e izquierda nacional partidaria, que al menos se había mantenido con cierta independencia desde 2003. El caso es que en 2019, si hablamos de opciones partidarias de izquierda/centroizquierda, fuera del espacio poligástrico panperonista/panprogresista, sólo quedaba el trotskismo, el cual, pese a tener líderes/lideresas políticos de fuste y estar presente en una gran cantidad de conflictos sociales, cuenta con una representatividad política menor.

El futuro y el campo social. Si el o la lectora ha llegado hasta aquí, además de agradecer su paciencia, quisiera aclarar que mi objetivo no es contar la historia reciente, pero sí escarbar y comprender algunos (sólo algunos) de los aspectos simbólicos de la implosión del “relato progresista” y preguntarme hasta dónde la debacle del progresismo de gobierno (con sus cuatro estómagos) afecta o no las narrativas de derechos, de corte emancipatorio.

La gran vaca peronista deglutió varios de los esfuerzos progresistas que se gestaron en las últimas décadas en la Argentina, al menos en el campo político partidario, pero no así en el amplio campo de lo social, que siempre es más dinámico, polifónico y fluido que el partidario. Y aunque nadie en sus cabales podría negar que hay experiencias de derechos humanos, de organizaciones campesinas y piqueteras, y de feminismos que fueron incorporadas en las diferentes fases del gobierno kirchnerista y que probablemente no tengan punto de retorno, estemos atentos a la tentación metonímica y no caigamos en ella. No hay que tomar la parte por el todo. La Argentina tiene un gran acumulado de luchas por la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos ambientales, de los derechos indígenas, de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, que sobrepasa largamente el progresismo gubernamental y sus límites. Tampoco todas esas experiencias que se mantuvieron fuera del espacio progresista gubernamental son de radicalidad. Pero muchas viven y se reproducen en el campo social bajo dinámicas moleculares de resistencia, cuentan con largas trayectorias que oscilan entre la latencia y la presencia masiva en las calles; buscan tejer redes e instancias de diálogo y articulación entre ellas, construir horizontes de justicia social y sostenibilidad digna. Es contra ese músculo social, contra esa energía pluridimensional de las resistencias contra lo que apuntan Patricia Bullrich y Javier Milei, no sólo mediante la brutal política económica de ajuste, sino a través del disciplinamiento represivo, la deslegitimación y la política del miedo.

Voy cerrando esta reflexión en voz alta, con la idea de abrir al intercambio y tejer redes entre las narrativas que proponen perspectivas de cambio político y ecosocial integral. La parábola de la gran vaca peronista nos puede servir para repensar el presente agónico argentino respecto de los progresismos gubernamentales, para recuperar la sensatez y al mismo tiempo la radicalidad política que exigen estos tiempos oscuros y dar por cerrado el ciclo kirchnerista-progresista; para apuntar a construir otros horizontes políticos desde una articulación respetuosa y democrática. Es momento de transicionar, de repensar estratégicamente discursos y prácticas, y de avanzar en la construcción de nuevas propuestas de cambio que aborden el contexto de crisis entrelazadas que vivimos: crisis climática, aumento de las desigualdades, crisis energética, expansión de las extremas derechas, erosión de los valores democráticos, crisis de los cuidados, consolidación del patriarcado y del belicismo. Es el momento de encontrar nuevos lenguajes, incluso tal vez de abandonar términos como “progresismo”, si es que tienen más lastre que potencialidad. Momento para que movimientos y articulaciones políticas abran el espacio a narrativas tentaculares en torno a los derechos, ancladas en diferentes experiencias sociales, con propuestas en el plano de la justicia social, la justicia ambiental, la justicia de género y la justicia racial. Imposible mirar para otro lado. Habrá que apostar a la imaginación política y no quedarnos anclados en el lenguaje de la resignación; abrirnos a una lucha multidimensional que inevitablemente debe involucrarnos a todas y todos, sin liderazgos rígidos ni selectividades imperdonables.

Agradezco los comentarios de Melisa Argento, Graciela Speranza y Enrique Viale.

Imagen: ///////))_lo))), de Osías Yanov, 2014, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Investigadores/as de diversos ámbitos y organizaciones presentan equipo de trabajo por una transición ecosocial justa

Ante el contexto de crisis multidimensional que atraviesa la Argentina, diversas organizaciones y equipos de trabajo se autoconvocaron para actuar en un esfuerzo conjunto. Unidos por la convicción de que es posible construir otras alternativas de sociedad, el denominado Equipo Transiciones se propone construir horizontes y alternativas comunes en el marco de una transición ecosocial justa para Argentina. 

Para hacer extensiva la invitación a formar parte de este debate urgente y necesario, la propuesta será presentada públicamente el próximo miércoles 7 de agosto, a partir de las 18:00, en el auditorio de ATE (Belgrano 2527, CABA). Para garantizar una participación amplia y federal, el evento también será transmitido en vivo por streaming.

La presentación estará a cargo de Maristella Svampa, quien introducirá los diferentes ejes temáticos de la propuesta, desarrollados por: Rubén Lo Vuolo, quien hablará sobre el Estado Ecosocial; Francisco Cantamutto, que abordará la Deuda Ecológica y Externa; Pablo Bertinat, que discutirá sobre la transición energética; Corina Rodriguez Enriquez, quien expondrá sobre la sociedad del cuidado; y Cecilia Anigstein, que presentará transformaciones del mundo del trabajo. La periodista Ana Cacopardo será la encargada de coordinar la actividad.

El primer documento publicado por el Equipo Transiciones: Lineamientos para una transición Ecosocial en Argentina

La coalición reúne un equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, incluyendo el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas. 

El Equipo Transiciones propone que es posible imaginar un futuro con justicia ambiental sólo si se abordan las desigualdades y la injusticia social que atraviesan la Argentina. Por eso este equipo de equipos se centra en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular. Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entienden que éste es el momento de la discusión colectiva, de unir fuerzas para elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.

La coyuntura actual hace fundamental apuntar a un país con justicia social y ambiental. El equipo construyó un diagnóstico conjunto que apunta a trabajar sobre propuestas concretas, hacia una nueva institucionalidad política en materia socioeconómica, energética y productiva. Su intención es promover el diálogo intersectorial para la consolidación de transiciones ecosociales justas en Argentina.

Editaton Agua y Derechos Humanos

Editaton Agua y Derechos Humanos – Conocimiento colectivo para la justicia ecosocial

💚 Nos entusiasma un montón compartir esta actividad con todas las personas que sientan el orgullo y el compromiso de proteger el agua y los derechos humanos en Argentina. Creemos que unir y acercar cada vez más la justicia ecológica y social es crucial. Abordar la soberanía cultural y la construcción de conocimiento colectivo desde una perspectiva local y arraigada en el sur es crucial en la senda para un futuro ecosocial.

🔗 Inscripciones > https://encuestas.wikimedia.org.ar/975511?lang=es

🌍 En el marco de la campaña regional Wiki por los Derechos Humanos y del Día Mundial del Agua, organizamos este Editaton junto a Wikimedia. Una instancia de formación para aprender como sumar conocimiento a Wikipedia y a como aportar documentación, fotografías, videos y más a Wikimedia Commons. Sumar conocimiento territorial desde abajo y visibilizar las realidades de quienes viven en la primera línea de la defensa del agua, para construir un legado de conocimiento colectivo que revele la contracara de las violaciones a derechos humanos y ambientales que hacen las industrias extractivas.

🌿📚 Cada contribución en plataformas como Wikipedia por parte de organizaciones y activistas de movimientos ecoterritoriales representa un avance en la defensa y preservación de los bienes comunes. Al abordar temas como incendios, humedales, minería, energías extremas como el offshore y el fracking, al documentar experiencias reales, evidencias científicas y testimonios de quienes experimentan directamente las repercusiones de estas prácticas, se puede generar un impacto significativo en la necesidad de fortalecer nuestra conexión con el entorno.

🌎💡 Al adoptar una perspectiva que desafía la visión “eldoradista” que considera estos temas como soluciones socioeconómicas absolutas, se puede ofrecer una visión más completa y realista de los impactos negativos de estas actividades en Argentina. Sumar conocimiento desde la base, directamente desde las comunidades afectadas, resulta fundamental para contrarrestar la desinformación y los discursos predominantes que suelen minimizar o ignorar las consecuencias perjudiciales del extractivismo. Esta acción colaborativa desde abajo es esencial para promover una comprensión más profunda y precisa de los impactos ambientales y sociales involucrados.

¡Nos vemos ahí!

Encuentro de organizaciones para avanzar en propuestas para la Transición Ecosocial

Buenos Aires, 12 de marzo de 2024

El día de ayer, representantes de diversas organizaciones sociales, ambientales, académicos y activistas, economistas y expertos en energía se congregaron para abordar los desafíos y oportunidades inherentes a la transición ecosocial. En un esfuerzo conjunto, este equipo de equipos reconoció la necesidad imperante de proponer y seguir lineamientos que conduzcan hacia una transición ecosocial integral. Si bien el abordaje inicial de muchas organizaciones es a raíz de la urgencia de la transición energética, la indisoluble relación de la misma con una transición ecosocial más amplia y holística es parte de este encuentro. 

La jornada contó con la participación activa de organizaciones comprometidas con el debate y la acción en torno a la transición energética justa y popular. Entre las entidades presentes se encontraban el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, la Fundación Rosa Luxemburgo (Cono Sur), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Taller Ecologista – Rosario, Observatorio Petrolero Sur, Trama Tierra y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

Durante la jornada, se abordaron temáticas de vital importancia para los movimientos sociales y ambientales, desde el estado actual del sistema energético nacional hasta la imperiosa necesidad de una transición que conciba la energía como un bien común y no como una mercancía. Se alentó también el intercambio de miradas interdisciplinarias sobre la construcción desde el Estado, las políticas públicas, la legislación vigente y las alternativas locales, así como los desafíos que enfrentamos en todos los niveles para avanzar en estos procesos de transformación.

Se debatió también la importancia de la agenda de alimentos, energía y agua, y se resaltó la necesidad de profundizar propuestas de políticas públicas que puedan aumentar el bienestar de la población y avanzar en agendas que estén a la altura del desafío de la crisis civilizatoria, incluida la energética, social, de los cuidados y climática. A su vez, las organizaciones y expertos reunidos reafirmaron la importancia de fortalecer la colaboración entre los movimientos socioambientales, la academia, los pueblos originarios, los movimientos campesinos y agrarios, los sindicatos, los feminismos y los movimientos por los derechos humanos.

Desde las organizaciones afirman que el espacio continúa en crecimiento y que la expansión de su agenda en el futuro contribuirá significativamente a la construcción de consensos y propuestas concretas para abordar los desafíos de la transición ecosocial en nuestra región. 

Emergencia ambiental: Incendios revelan los riesgos de avanzar con la Ley Ómnibus

Estamos en medio de la emergencia desatada por los devastadores incendios forestales que azotan nuestras tierras. Por eso, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra más profunda preocupación y rechazo categórico hacia las regresiones ambientales que se intentan avanzar, incluidas la Ley de Manejo de Fuego y de Control de Quema, en el marco de la Ley Ómnibus.

En un contexto de crisis climática, con récords de sequías y altas temperaturas, avanzar en la derogación de leyes como la de manejo de fuego y quemas es un grave retroceso. La crisis ambiental y sus desafíos requieren de una intervención activa y coordinada por parte de autoridades nacionales, provinciales y locales para garantizar el cuidado de nuestros bienes comunes y la salud de la población.

La lógica mercantilista, basada únicamente en la rentabilidad y la explotación desregulada de los ecosistemas, ha demostrado una y otra vez ser totalmente ineficiente y perjudicial para el ambiente y las comunidades. El rol del Estado es protagónico a la hora de establecer y promover políticas ambientales sólidas, que puedan sentar los primeros pasos hacia una verdadera justicia ecosocial. 

La situación en las áreas afectadas, como el Centinela dentro del Parque Nacional Los Alerces, el Alto Río Percy, y el Arroyo Crettón en el Parque Nacional Nahuel Huapi, refleja la urgencia de fortalecer nuestras leyes ambientales en lugar de debilitarlas. Los incendios actuales son una clara muestra de por qué es imperativo mantener y reforzar la estructura institucional y social que es capaz de ofrecer respuestas rápidas ante este tipo de catástrofes. 

Los incendios forestales requieren de una acción coordinada de los organismos estatales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. La precarización laboral, falta de recursos y la intención de derogar el presupuesto mínimo destinado a combatir estos desastres ambientales representarían una enorme negligencia de cara a los escenarios que, científicos y especialistas, vaticinan para estos ecosistemas. 

La flexibilización de las acciones de quema y la derogación de prohibiciones en el cambio de uso del suelo después de un incendio son medidas inaceptables. Que benefician solamente a ciertos sectores de alto poder adquisitivo que pueden realizar negocios sobre las tierras arrasadas, y van en detrimento de la población que depende de estos ecosistemas para su salud y bienestar. 

Desde nuestras organizaciones, exigimos a los/as diputados/as nacionales que rechacen categóricamente las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y otras normativas ambientales. La preservación de nuestros ecosistemas y el bienestar de nuestras comunidades precisa de estructuras que trasciendan a los intereses particulares. La defensa de los bienes comunes y la preservación de nuestro patrimonio natural son cuestiones que trascienden cualquier agenda política o económica. 

La mirada vigilante de toda la sociedad está puesta en este momento crucial sobre ustedes.

Organizaciones Ambientalistas Denuncian Lobby Minero Contra La Ley De Glaciares

Desde las organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la escandalosa maniobra de lobby que están realizando las grandes mineras transnacionales en el Congreso Nacional en el tratamiento de la Ley Ómnibus. 

El intento de modificar regresivamente la Ley de Glaciares es un claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos de nuestro país. La Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de nuestra población. Este ataque es inaceptable y evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional. Estas modificaciones regresivas buscan autorizar la actividad minera en zonas actualmente protegidas, donde se encuentran glaciares y ambiente periglaciar, permitiendo su destrucción, perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales. No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio. Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero. 

Desde las organizaciones sociales y ambientales de todo el país, exigimos a los diputados nacionales (de todos los partidos) que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares. La mirada vigilante de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial. 

#LaLeyDeGlaciaresNoSeToca

ADHESIONES ORGANIZACIONALES

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y Presidente Honorario del Servicio Paz y Justicia

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA)

Greenpeace Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Multisectorial Humedales (MH)

Multisectorial Golfo San Matías

Rebelión Científica Argentina

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Colectiva Ecofeminista y Socioambiental Mirá

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra – UTT

ANDHES (Abogados y abogadas del noroeste argentino derechos humanos y estudios sociales)

Frente Popular Darío Santillan (FPDS)

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)

Asamblea en defensa del Agua y del Territorio, Ing. Jacobacci, Río Negro

Asamblea No a la Mina Esquel. Chubut

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC – UBA- IEALC) 

Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas)

Pañuelos en Rebeldía

XR Argentina
Asamblea El Algarrobo. Andalgalá 

Tierra para Vivir – Marabunta”

Museo del Hambre

Observatorio Petrolero Sur

El Paraná no se Toca

Asociación Patrimonio Natural

Viernes por el Futuro Rosario

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Frente Rural La Dignidad Córdoba

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Poder Popular

Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir

Grupo Güerta y Energía Concepción del Uruguay Entre Ríos

Taller de Comunicación Ambiental (Rosario)

Movimiento político ecológico de raíz 

Alianza por el Clima.

Movimiento para el reconocimiento y transformación del pueblo Mrtp

Campaña Fuera Mekorot 

Ambiente en Lucha

Espartaco (organización de jóvenes humanistas)

Asamblea por un Mar Libre de petroleras, Mar del Plata

Defensores del Pastizal
Multisectorial Comarca Marítima Viedma-Patagones-El Cóndor

Asamblea Vecinal Ramallo 

Observatorio de Derecho Indígena

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea por la Tierra y el Agua Fiske Menuco

Asociación civil por la Justicia ambiental AJAM

Asamblea no a los Agrotóxicos en San Jose y Colon (Asamblea de Perucho). Entre Rios

Asamblea de trabajadores del arte Nicoleñx 

Kula Earth Asociación Civil

Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC)

Asamblea En Comunidad por la Cultura. Las Grutas

Asamblea Agüita Pura para San Juan

Ecoderecho ar

Asamblea vecinal autoconvocada “Yo amo a mis sierras”, de san Francisco del monte de oro, san Luis.

Nodo Argentina de la REd latinoamericana Iglesias y Minería

Be. Pe. – Bienaventurados los Pobres, asociación civil de Catamarca y Santiago del Estero, Personería Jurídica N° 108/85

Asociación Civil Tierra Unida Activa (Alpa Corral. Córdoba)

Comunidades Eclesiales de Base de Catamarca 

Paren de Fumigarnos Mar del Plata

Red de Jóvenes en Defensa de los Territorios

Somos Monte Chaco

SoliVerde – Collectif 

Consciente Colectivo

Movimiento Popular la Dignidad Córdoba

Movimiento Agroecológico de Córdoba

Equipo de Animación Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Misioneros Claretianos Provincia San José Del Sur

Fundación R.E.VERDECER-SALTA , la Creación. Misioneros Claretianos, Provincia San José del Sur

En Comunidad por la Cultura de del Golfo San Matías
Asamblea por la Tierra y el Agua Las Grutas
COLECTIVO LGBTTTIQ+ Golfo Diverso

Colectivo Organizado por la Salud de los Pueblos.

Centro Ecuménico de Educación Popular CEDEPO

Correntinos contra el cambio climático

Comunidad Warpe Lahue Xumec Hijos del Sol Colectivo Ciencia y Territorio (Puerto Madryn, Chubut)

Ecos de Mar, Mar del Plata

Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte

Red Ecosocialista 

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Multisectorial Humedales – Paraná

Asociación Ambientalista del Partido de Escobar ( Buenos Aires)

Asociación Ambientalista Los Talares (Maschwitz, Buenos  Aires)

Agenda para el Futuro

Asamblea Vecinos de Viedma y Patagones
Asamblea Riojana Capital

Árbol de Pie, Bariloche

Asamblea Ecoambiental Luján  (bs as)

Asociación Civil Un Árbol Más

Asamblea por la vida Chilecito

Defensoras del Agua del Famatina

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) 

Agrupación Alternativa del CURZA, Universidad Nacional del Comahue

Red Bosques Políticas y Territorios

Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 

Asociación Civil Vamos A Hacerlo

Asociación Civil Circuito Verde Bariloche

Salvemos los Humedales Villa Constitución

Somos Monte Chaco 

Asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú

Organización de Ambientalista Autoconvocados

Colectivo de investigación-acción “Al Borde. Construyendo pensamiento indisciplinado” (CIG/IdHICS – UNLP/CONICET)

Asociación civil Mujeres Emprendedoras Mendoza 

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) 

Mesa Provincial de Barrios Populares Mendoza 

Fundación Cebil – Salta

Unión de Escritoras y Escritores 

Sustentabilidad sin Fronteras

Vecinos en defensa de Los Cardales y Río Luján – Asociación Civil- Vecinos 

del Humedal 

Autoconvocades Ushuaia 

Colectivo del Orgullo LGBTTIQ+ TDF (comisión organizadora de la marcha LGBTTIQ+)

Red Diversa Positiva (ONG)

Vecinos por la Ecología

Movimiento Político Ecológico De Raíz 

Círculo Soberanía Alimentaria UNSAM
Revista Mutante, Mendoza. Medio de comunicación desde estudiantes y egresadxs de carreras audiovisuales y artísticas.

Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.

SaSa (Tucumán)

Asamblea Popular Ushuaia

Movimiento por el agua (MoPEA), Santa Fe

Vecinos Autoconvocados por la vida.

Proyecto Montecito

Andalgalá Mujeres del silencio. Andalgalá.

Asamblea Agua Clara . Choya.  Andalgalá

Defensas de la Costa, Santa Fe

Cooperativa Eco-Candioti, Santa Fe

Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente
Asociación Defensa del Ciudadano (ADECI), Santa Fe

Alianza x el Clima 

Asamblea del Mallín en Defensa del Agua y la Tierra (Comarca Andina, Rio Negro y Chubut)

RedGFU, Instituto de yoga Acuarius, Asociación civil sin fines de lucro Tunuyán, Mendoza.

Asamblea Popular por el Agua, Mendoza

Asociación De Profesionales De Salud La Matanza (A.P.S- La Matanzas)

Humedales La Plata, Berisso, Ensenada

Cátedra Ambiente y Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

Asamblea por el Agua San Rafael.                  

Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza 

Asamblea Tupungato por Agua pura

Las Pibas del Agua. Mendoza

Asamblea de Técnicos en Conservación de la Naturaleza. Mendoza

Asamblea de Pibes Autoconconvocades San Carlos Mza

Conciencia Ecológica

AmbientArg 

Adhesión Foro INFANCIA ROBADA-Comodoro Rivadavia-Chubut

Centro de Protección a la Naturaleza. CeProNat Santa Fe.

CADA (Cerro Azul Despierta Asamblea) Sierras Chicas de Córdoba

Asamblea Maipucina por el Agua (Maipú, Mendoza)

Fundacion Pedemonte-Mendoza

350 América Latina – Argentina

SOS Adoquines Platenses 

Verdesierto: Divulgación Geológica y Natural 

Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova (VACHUG) 

Red Plurinacional de Pueblos Fumigados

Asamblea por el Árbol – Mendoza

Asamblea de Gaiman en defensa del medioambiente (Chubut)

Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, Capilla del Monte

Asociación Be. Pe. Bienaventurados los Pobres, de Catamarca y Santiago del Estero, Personería jurídica N° 108/85

Asamblea Inundados Tolosa (AIT) de la ciudad de  La Plata 

Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires 

Propuesta Sur (Rosario)

Asociación Civil Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad (Santa Fe)

Red Jarilla de Plantas de la Patagonia

Kalu Verde (comercializadora Agroecologica de Mendoza)

Asamblea por el Valle de Uspallata

Movimiento Político Ecológico De Raíz 

Taller Ecologista

Ambiente Plurinacional (FPDS CP)

 Colectiva corazón del tiempo

Asamblea en defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE) Asociación Civil (Chubut) 

Federación Argentina de Espeleología, Malargüe, Mendoza

Fundación Cullunche – Mendoza

Asamblea Ambiental Vecinal de Villa Las Selvas ( Córdoba, Salsipuedes)

Ecoasamblea El Boquerón (Pcia de bs as)

Exaltación Salud

Preservando el Parque de la Vida

Asamblea Provincial Pucará, Catamarca

Artículo 41

SUBVERSIÓN

Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza.

Radio Semilla – CABA

Asamblea barrial Sicardi, Garibaldi, Correas y Arana

Organización Ambientalista Unidos por Nuestras Acequias (Córdoba) 

Pueblos por el Agua.  Quebrada y Puna Jujeña 

Comunidad por la Naturaleza, Santa F

Coordinadora por el Cambio Social  

Federación Argentina de Espeleología

VECINOS POR EL AMBIENTE PUNILLA (CÓRDOBA) 

Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado. La Plata, Provincia de Buenos Aires.Comarca Sustentable – El Bolsón – Río Negro

Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes

Madre Tierra – Grupo de estudio sobre Ecología Profunda – El Bolsón – Río NegroDaniel Gutiérrez

Un Árbol Asociación Civil

La Champa, Brigada Forestal Comunitaria – Traslasierra, Cba. 

Liga Argentina por los Derechos Humanos Santa Fe 

Área Protegida Ambá 

Asociación de Medicina Rural

Asociación Civil Germinar Zona Norte

Asociación ambientalista Ecochutunzo de San Francisco del monte de oro prov. San Luis

Mercadito Agroecológico del Valle de Uco, Mendoza

Asamblea Por El Monte Salsipuedes Córdoba 

Asamblea Salsipuedes Nopuede Dormir Córdoba 

Asambleón de Asambleas Ambientales de Sierras Chicas Córdoba

Asociación. CIVIL Palabras santa fe

Asamblea Vecinal Inundados Villa Elvira ( AVIVE ) de la ciudad de La Plata.

Asociación civil Bahía Encerrada – Ushuaia (Tierra del Fuego)
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa 

Observatorio del Derecho a la Ciudad

El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

Colectivo Reciclador

El Reciclador Urbano

Escuela de Agroecología Urbana La Margarita

Conciencia Agroecológica 9 de Julio

Cátedra Libre de soberanía Alimentaria 9 de Julio

Red del Río Luján (Buenos Aires)

Conciencia Solidaria ONG – Al Cuidado del Medio 

Mesa provincial no a las Represas(Misiones) Ambiente, El Equilibrio Ecológico y los DD.HH  Asociación Civil

Museo del Hambre

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho a la Alimentación Adecuadachacra

Cátedra libre de Soberanía Alimentaria. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Mendoza

Asociación Civil Monte Vivo, Salsipuedes

GEA: Grupo de Ética Ambiental. SADAF

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Naturaleza de Derechos

Movimiento Agroecológico de Chaco

Consejo Ambiental Cuenca  del Anisacate 

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Movimiento Antinuclear Zárate Campana

MARA Movimiento Antinuclear de la República Argentina

El Paraná No Se Toca- Rosario, Santa Fe.

Colectivo Marcha Plurinacional de los Barbijos.

Paren de Fumigarnos-Tucumán

Asociación Civil El Buen Vivir Luján 

Feria Agroecológica El Buen Vivir Luján 

MAyA – Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia  (Córdoba)

Colectivo Social Todxs por Nuestros Arroyos  (Alta Gracia, Córdoba)

Grupo de Etnobiología-FCEyN-UBA

Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL, IEALC)

Multisectorial Bariloche

Ecos de Saladillo

Defensa Animal Asociación Civi

La Dársena, Plataforma de Arte y Pensamiento Situado. 

Grupo de estudio y trabajo junto a comunidades indígenas FAUBA

Multisectorial Somos Ambiente Colón Entre Ríos

Coop Feria Popular Colonense Ltda Colón ER

Asociación Civil CASa – Comunidad de Artistas de Salta. P. J. N° 7322 

Consejo Ambiental Cuenca del Anisacate

Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)

La Dársena Plataforma de Arte y Pensamiento Situado 

Círculo Argentino de Agroecología. CirAA. 

Grupo Interdisciplinario de Trabajo por la Salud Ambiental (GITSA, Trenque Lauquen, provincia de Buenos AiCEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las personas Aves Silvestres)

Asamblea  Semillas Libres YA!

Multisectorial contra el Agronegocio- La 41

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Coordinación Multisectorial Bariloche 

Espacio Intercuencas

Asamblea Barrial de Beccar

Asociación Civil para Todos lo que es de todos, San Isidro, Provincia de Buenos Aires

FAI – Feminismo Antiespecista Interseccional 

Adarsa, Asociación de Amigos del Río San Antonio, San Antonio de Arredondo, Córdoba.

Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe

Asociación Civil Pro Eco grupo ecologista, RENACE

Xumek, Asociación civil para la promoción y protección de derechos humanos, Mendoza.

AMPU – Asamblea Multisectorial de Punilla – ONG  Libera Tucumán 

Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA)

Asamblea Vecinal de Valle Hermoso, Córdoba

Brigada de Defensa Ambiental Valle Grande, Córdoba

Somos Más Río, Menos Basura

COA (Club de Observadores de Aves) Calandria, Rafaela. Aves Argentinas.

Attac Argentina 

Periódico Virginia Bolten 

Comunidad verde/ Reserva natural Tigre

Asamblea Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Sastre/María Juana – pcia. Santa FE)

Colectivo Paren de Fumigar Cordoba

Batuqueres La Plata

Espacio EnRED contra las violencias hacia las mujeres y diversidades – INTA AMBA

Armando redes contra la violencia de género – Sáenz Peña, Chaco

Asociación Cultural Argentino Brasilera A Turma da Bahiana

Afrovoces

Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM)

Columna Antiracista

Red Feminista de Trabajadoras del Estado en Territorio – Chaco

Fundación Estepa Viva, Río Grande, Tierra del Fuego

Fundación Alas de las Yungas Tucumán

Asamblea Socioambiental de El Trapiche, San Luis.

Asocacion de Medicina Rural 

Escritores Insurgentes y defensores de los bienes comunes y Derechos de los Pueblos Originarios

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Asamblea Ecoambiental Luján  (bs as)

Asamblea Autoconvocada Marcos Paz

Asamblea Vecinos del Chavascate. Sierras Chicas de Córdoba

Instituto de Salud Socioambiental, Asociación civil Salud Socioambiental

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Un Mundo de Dueños que viene por los superpoderes

1 de febrero de 2024. Por Maristella Svampa para elDiarioAr

No deja de sorprender que en un mundo en donde el 1% de los superricos acapara más del 50% de la riqueza generada; dónde el 10% más rico genera la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero; pese a todos los privilegios y superganancias que estos sectores obtienen, ya no se conformen con ello. No basta con seguir incrementando sus fortunas de modo infinito y de contaminar el planeta hasta el colapso: buscan también destruir toda resistencia y más aún, avanzar en lo que llaman la “batalla cultural”, legitimando el Mundo de Dueños, en nombre de la Libertad, del Individuo y el Mercado.

En Argentina, sin arrogarnos el rol de pioneros, actualmente nos erigimos en una de las expresiones más exacerbadas de este voraz Mundo de Dueños, que busca reformatear la sociedad, amoldándola a sus intereses y valores. Un Mundo de Dueños que viene por la destrucción del Estado y de sus regulaciones protectoras, por la derogación de los derechos sociales, culturales, económicos, de género y diversidades, ya semisocavados o maltratados, por los recientes derechos ambientales, y, más aún, por la aniquilación del primer derecho, el Derecho a la Protesta.

Este Mundo de Dueños que se erigió sin pudores de clase, al calor de la globalización neoliberal, no adviene como un rayo en un día de sol. Ni a nivel global ni en nuestra Argentina querida. Así como a nivel global, los partidos que se dicen de izquierda, democráticos y/o socialdemócratas fueron periclitando, y muchos ya no existen o están en manos de una clase política incoherente, poco audaz y muchas veces cooptada y enriquecida, alejada de los sufrimientos de las grandes mayorías; en Argentina tampoco venimos del mundo feliz de la Justicia social. Esa estructura de sentimiento que el peronismo supo alimentar en nombre de la Justicia Social y con el que las izquierdas trotskista y social vernácula no dejan de soñar de modo empecinado, hace rato que no es lo que supo ser.

Como en otras latitudes, la extrema derecha que representa Javier Milei logró capturar gran parte de ese descontento social, frente a un Estado extendido pero deficiente, que deja mucha gente afuera, que tolera mucha corrupción, agravado por los multiefectos de la crisis inflacionaria y el largo encierro de la pandemia. Pese a que el peronismo continúa controlando parte de la estructura política partidaria, ya no interpela aquella estructura del sentimiento que supo movilizar –sea en términos de baja o alta intensidad- en otros tiempos en clave de justicia social, de igualdad y de protagonismo de los sectores subalternos.

Milei rearticuló estos pesares y aspiraciones bajo una ideología extrema, cuyos ejes, la “libertad”, “el orden”, y la crítica a la “casta política” supieron ser altamente eficaces, contra la idea de una justicia social e igualdad cada vez más vaciada y sobreactuada. Y para ello cuenta con el apoyo de otros sectores conservadores y de derecha, ávidos de revancha social y política; cuenta con el declive republicano y recurrente de fuerzas históricas como la UCR, que siempre se dobla, pero no se rompe; y con el apoyo volátil de sectores dichos “federales” -una debilitada liga de gobernadores- capaz de venderse al mejor postor.

Hoy, mientras seguía el por momentos muy desalentador debate parlamentario por la llamada ley ómnibus, recordaba dos cosas: una, un reciente artículo de The Guardian, en el cual se menciona a los grupos que operan en las sombras, como Atlas Network y que está en el origen de los programas de shock de las extremas derechas. No hablamos ya de “Think Tanks”, sino de “Junktanks”, grupos/tanques de operadores abocados a la destrucción, que elaboran estos “programas de trituración” o “doctrinas de shock” (concepto de Naomi Klein).

La historia remite a Margaret Thatcher en Inglaterra y a Pinochet en Chile. Cercanamente está el ejemplo de Liz Truss, primera ministra inglesa, en 2022, que buscó implementar un “programa de shock” pero que solo duró 45 días. En Argentina la memoria mediana nos invita a recordar varios programas de shock: Martínez de Hoz bajo la última dictadura cívica-militar, (invocado varias veces hoy en la sesión de Diputados), el giro neoliberal de Menem en los 90, y el más cercano y fallido intento de Mauricio Macri.

Hoy es el caso de Javier Milei, que se propone con un mega DNU y una monstruosa ley ómnibus triturar derechos, aniquilar el Estado social (más allá de sus limitaciones) y a erigir al actual presidente en poderoso autócrata. El mismo Milei que recientemente en su discurso en Davos, trató a los dueños del mundo como “héroes”…

Hace tres años, en medio de la pandemia, ya se planteaba que, ante el incremento de las desigualdades sociales, seguramente se multiplicarían las protestas sociales en todo el mundo. Mucho más en países tradicionalmente desiguales, dependientes y periféricos, como los que abundan en la región latinoamericana. Ante tal realidad se abrían dos escenarios: uno, encarar una reforma social redistribucionista, lo cual implica tocar en serio los intereses de los superricos (una reforma tributaria progresiva muy amplia y profunda); dos, sencillamente apostar a la represión de las manifestaciones y continuar modificando la sociedad y el Estado a medida de sus “dueños”. Lograr un cambio de régimen, un estado de excepción, mientras se reprime en la calle, se ignora la emergencia social y ambiental y se profundiza la concentración económica.

Vemos que este segundo escenario es el que se va consolidando a nivel internacional. Y en Argentina, lamentablemente, somos pioneros. En suma, un país con el Congreso vallado y militarizado, que parece encaminarse a aprobar la media sanción de los superpoderes que exige este Mundo de Dueños. ¿Será que nos convertiremos en un monstruoso experimento libertario-patronal a cielo abierto?

La extrema derecha en el gobierno: en guerra contra el ambiente y la democracia

En medio del complejo entramado político actual en Argentina, se vislumbra una amenaza latente que compromete significativamente los avances alcanzados en materia ambiental y social. Sectores de extrema derecha, en alianza con los llamados sectores “dialoguistas” de otros partidos que han decidido abiertamente colaborar, han propuesto una serie de medidas regresivas que ponen en riesgo décadas de progreso en la protección de los ecosistemas y el bienestar de la sociedad.

La regresión ambiental impulsada por estos sectores busca desmantelar los logros alcanzados en materia de conservación ecológica y ambiental. A su vez, pretende erosionar los fundamentos mismos de la democracia y la institucionalidad republicana. Bajo el pretexto de una supuesta liberalización de los mercados financieros, estas acciones representan una amenaza directa. Tanto para el patrimonio natural, los bienes naturales, la salud pública, los equilibrios ecológicos como para el debido proceso democrático. En el camino socava cualquier intento de avanzar hacia una transición ecosocial que promueva el bienestar de las personas y las comunidades de nuestro país.

Ante este escenario crítico, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas han intensificado sus esfuerzos para enfrentar estas tendencias regresivas. A través de un exhaustivo análisis técnico y legal, hemos identificado las múltiples aristas de esta amenaza, poniendo de relieve los ataques directos a la legislación ambiental, legitimadas por ser producto de conquistas populares y sociales, y a los principios democráticos que estas propuestas conllevan.

Es crucial resistir con firmeza estas medidas que menoscaban las bases necesarias para avanzar en una verdadera transición ecosocial, que se sustente en la justicia social y ecológica, esenciales para construir un futuro para todos los argentinos y argentinas, así como para las generaciones venideras.

En este sentido, es imperativo que los representantes del pueblo actúen en consonancia con los intereses de la ciudadanía y se comprometan a salvaguardar el bienestar y la prosperidad de la nación y la región en su conjunto.

Dictamen de Ley Ómnibus

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte 

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales. 

De manera concreta nos referimos a:

  1. Ley de Glaciares:  Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
  2. Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.   
  3. Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
  4. Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social. 

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y  humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO 

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo. 

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico. 

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto. 

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA 

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la  situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).  

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y  ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.  

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta. 

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Estado de excepción - Ley omnibus

Regresión ambiental, desdemocratización y Estado de excepción

por Maristella Svampa, Enrique Viale para elDiarioAR

La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.

En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.

Digámoslo una vez más.  Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.

En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).

Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.

El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.

Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas. 

Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza. 

En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.

A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.

Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.