El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono, pero con un potencial de calentamiento mucho mayor en el corto plazo. A nivel global, se estima que causa el 30% del calentamiento asociado a las actividades humanas.
En Argentina representa el 32% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, principalmente provenientes de la ganadería (60%) y los combustibles fósiles (20%). Las emisiones de metano del sector de petróleo y gas se deben a fugas, venteo intencional y quema en antorcha, además de los pozos abandonados. Argentina es considerada un “super emisor” regional, junto con Brasil, Venezuela y Colombia.
En cuanto a la normativa en el país, a pesar de los compromisos internacionales asumidos —como el Global Methane Pledge y la participación en la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y la Iniciativa Global del Metano (GMI)—, la regulación nacional aún es incipiente y fragmentada.
A nivel nacional, el marco normativo se apoya en leyes generales de cambio climático (Ley 27.520) y planes estratégicos (Planes Nacionales de Adaptación, Mitigación y Transición Energética). Las normas específicas son escasas: la Resolución 143/1998 regula el venteo y la quema de gas, mientras que la Resolución 970/2023 crea el Programa Nacional de Medición y Reducción de Emisiones Fugitivas, aún pendiente de reglamentación.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos busca llenar ese vacío, proponiendo la creación de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano, planes de gestión empresariales, programas de detección y reparación de fugas, y la introducción de créditos compensatorios. Sin embargo, el proyecto carece de metas cuantificables y mecanismos sancionatorios robustos.
Las provincias comenzaron a avanzar con regulaciones propias. Chubut aprobó en 2024 una resolución que obliga a las empresas a presentar planes anuales de gestión de emisiones y a realizar monitoreos y reportes públicos. Neuquén y Mendoza implementaron programas piloto y registros provinciales de gases de efecto invernadero, mientras que Río Negro y Santa Cruz incorporaron exigencias ambientales generales en sus marcos hidrocarburíferos. Varias provincias participan además del Sistema de Alerta y Respuesta al Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, que utiliza datos satelitales para detectar emisiones.
A nivel internacional, la tendencia regulatoria muestra un endurecimiento progresivo. Canadá y Estados Unidos han establecido metas nacionales de reducción y exigencias tecnológicas estrictas; la Unión Europea aprobó en 2024 el primer reglamento específico de metano para el sector energético, con obligaciones de monitoreo, reparación de fugas y prohibición del venteo y flaring, mientras que China y Brasil avanzan en estándares técnicos y planes sectoriales.
El documento concluye que Argentina necesita fortalecer su marco jurídico y de política pública con metas de reducción claras, sanciones efectivas y mayor articulación institucional entre Energía, Ambiente y Salud. Asimismo, advierte que el enfoque actual —centrado en la mitigación de fugas y la valorización del gas— reproduce la dependencia de los combustibles fósiles. Propone avanzar hacia una desfosilización progresiva y una transición energética justa, que reduzca emisiones y proteja los derechos de las comunidades.
Se recomienda el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero” como una primera aproximación clara y accesible para comprender el metano, su vínculo con el sector de petróleo y gas y por qué es urgente hablar de él en Argentina.
Salud y enfermedad son parte de un proceso social complejo. Los daños en salud asociados al metano no son “accidentes” inevitables, sino consecuencias estructurales de una forma de desarrollo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad socioambiental.
El metano actúa como precursor del ozono troposférico, constituyendo un contaminante atmosférico con efectos adversos comprobados sobre la salud respiratoria, cardiovascular, reproductiva entre otros. La exposición al ozono troposférico se asocia a aumento de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, exacerbaciones de asma y EPOC, y mayor vulnerabilidad en niños, personas mayores y poblaciones con enfermedades de base. Asimismo, se han documentado alteraciones en la fertilidad masculina y femenina, y efectos negativos en el desarrollo fetal.
Los estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Canadá han evidenciado un aumento del riesgo de un tipo de leucemia en comunidades ubicadas en cercanía de pozos de fracking, así como posibles incrementos en linfomas y otros cánceres hematológicos. También se han descrito alteraciones endocrinas, disrupciones reproductivas, entre otras.
En este contexto, la combinación de incertidumbre científica, exposición múltiple a contaminantes y proximidad entre pozos y comunidades plantea la necesidad de adoptar medidas regulatorias preventivas. La falta de datos oficiales accesibles y la magnitud de la exposición comunitaria hacen imperativa la aplicación del principio precautorio y las evaluaciones de riesgo integrales en territorios afectados por fracking.
Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei (diciembre de 2023), la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), que abre aún más las puertas a la explotación de los bienes naturales a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.
En el presente informe presentamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde Diciembre de 2023 al 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizan el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo por la ley Bases. La regresión socioambiental se refiere a un proceso en el cual se produce un deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsado por el desmantelamiento, la derogación y modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas que estaban orientadas a la protección ambiental, a la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades, al acceso a la participación ciudadana y la justicia. Dicho informe muestra cómo el carácter regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, amenaza la vida democrática y la sostenibilidad socioambiental en su conjunto.
El informe presenta una Parte I, de carácter introductoria, donde se aborda el impacto de la Ley Bases y del RIGI, asi como las implicancias de la asunción de una política negacionista de Estado. La Parte II se centra sobre los impactos de la política del gobierno de Milei a través de diez secciones 1) Combustibles fósiles, 2) Deforestación, 3) Incendios e Inundaciones, 4) Minería de litio, 5) Minería metálica a cielo abierto y Ley Nacional de Glaciares 6) Licitación Frustrada en el río Paraná y avance en la privatización de represas 7) Afectación a Pueblos originarios, 8) Modificación de normativa y de organismos públicos y degradación ambiental; 9) Criminalización de la protesta y 10) Plan de Inteligencia de la SIDE.
El Equipo Transiciones lanza un nuevo documento en el cual analiza la dimensión de laboral en contextos de transición ecosocial Desde el espacio conformado por organizaciones y equipos de trabajo de Argentina, se presentan también propuestas integrales para una contrarreforma sociolaboral. La policrisis compromete el acceso al agua, los alimentos, la energía y la tierra, y coloca a la clase trabajadora en una posición de máximo riesgo y vulnerabilidad, en la primera línea de exposición.
El informe fue elaborado por Cecilia Anigstein, parte del Equipo Transiciones e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el área de sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
El aumento de temperaturas, los cambios en los regímenes de lluvias, los colapsos climáticos localizados, intensifican las consecuencias sobre la salud sobre las personas, incluyendo enfermedades, consecuencias socioambientales y la pérdida de calidad de vida. Los colectivos laborales más precarios y desprotegidos enfrentan una disyuntiva crítica: exponer su vida, salud y seguridad o perder los ingresos que sostienen a sus hogares.
La autora, especialista en estudios sociales del trabajo, describe cómo la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia cómo el mercado, especialmente los sectores más concentrados del capital, no sólo no ofreció soluciones, sino que agravó los problemas existentes. En Argentina, el personal del sistema de salud pública y las trabajadoras sociocomunitarias fueron las principales barreras para contener la crisis, a pesar de operar en condiciones extremas, con dotaciones, infraestructura, insumos y salarios insuficientes .
Frente a estas problemáticas, la transición ecosocial que proponemos comprende el desarrollo de actividades productivas y reproductivas intensivas en el trabajo. Impulsan la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos como: promoción de la salud, educación, cuidados y transporte, ciencia, agroecología, reciclaje y economía circular. Construcción sostenible, energías renovables y remediación ambiental. Al mismo tiempo, esta transición promueve una redistribución radical del tiempo y de las tareas socialmente necesarias para el sostenimiento de la vida, buscando su reconocimiento, retribución y reparto equitativo bajo los principios de dignidad y justicia social.
La transición hacia un modelo ecosocial en Argentina exige un replanteo profundo de las condiciones de trabajo, garantizando que los derechos fundamentales sean respetados y ampliados. Por eso, planteamos la jornada laboral de 6 horas como un eje central: trabajar menos para que todxs trabajen. Esto no solo distribuirá de manera más equitativa el tiempo laboral, sino que permitirá recuperar la soberanía sobre el tiempo de vida. Actividades como el cuidado, la formación, el reciclaje, el consumo cultural o el trabajo comunitario no mercantilizado, esenciales para una sociedad más justa y sostenible, encontrarán así el espacio que hoy muchas veces les falta.
La libertad sindical y la cogestión de proyectos de transición son igualmente imprescindibles. En un contexto de crisis climática, los sindicatos no solo pueden ser actores estratégicos en sectores esenciales, sino también asegurar un marco para una transición ecosocial que sea justa, inclusiva y democrática. Sindicatos que reconozcan su rol en políticas de adaptación y resiliencia, incluyendo la capacidad de convocar asambleas y medidas de fuerza, es esencial para construir un mundo laboral más preparado para los desafíos del futuro.
Asimismo, la creación de un Consejo del Ingreso Mínimo Universal puede asegurar un piso digno para todxs. Este ingreso debe cubrir como mínimo la canasta básica, un pilar fundamental y referencia para la implementación de medidas reparatorias en casos de eventos climáticos extremos, garantizar retiros anticipados en reconversiones laborales y fomentar la negociación colectiva justa. Este Consejo es pensado como herramienta para ampliar la participación y democratización en la toma de decisiones económicas y sociales en un contexto de cambio estructural, con actores clave como los sindicatos, las organizaciones campesinas, feministas y de la economía popular.
Desde el Equipo Transiciones, hacemos un llamado a la multiplicidad de sectores sociales, laborales y políticos a construir agendas conjuntas e impulsar procesos transformadores. No sólo es posible, sino absolutamente necesario.
El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.
Nace en 2023 como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.
La coalición de organizaciones nucleada en el Equipo Transiciones se enorgullece de publicar su nuevo trabajo sobre una dimensión urgente que afecta a nuestro país y a muchos otros en la región del Sur Global: la interrelación entre la deuda monetaria y la deuda ecológica. El trabajo apunta a rediseñar el abordaje que se hace no sólo sobre estas dos deudas, sino también sobre la profunda interrelación entre ambas y las transformaciones estructurales necesarias para avanzar hacia un camino de justicia ecosocial.
La crisis económica y financiera de Argentina ha dejado a millones de personas en situación de vulnerabilidad, poniendo además en riesgo la sostenibilidad ambiental. La magnitud de estas deudas nos lleva a identificar la necesidad de ejercer miradas que puedan integrar salidas a estas dimensiones socioeconómicas, pero manteniéndose dentro de los límites planetarios. Este documento presenta un análisis sobre la interrelación entre la deuda monetaria y la deuda ecológica, centrándose en el contexto argentino y latinoamericano.
Sus autores, parte del Equipo Transiciones, son el Dr. Guillermo Peinado, economista de UNR-UNSAM y miembro del Grupo de Estudios sobre Economía, Ambiente y Sociedad y presidente de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y el Dr. Francisco Cantamutto, economista-investigador del IIESS (UNS-CONICET), parte de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC) y del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).
El documento demuestra cómo el concepto de deuda ecológica visibiliza el rol de los países del Sur Global, como Argentina, como acreedores. La apropiación de bienes naturales y el uso subvaluado del espacio ambiental han permitido a las potencias centrales sobreexplotar los ecosistemas, generando impactos ambientales irreversibles. Mientras que Argentina y otros países del Sur siguen siendo explotados ecológicamente, enfrentan al mismo tiempo una creciente deuda financiera externa, que condiciona gravemente su autonomía en materia económica y las posibilidades de avanzar en procesos de transición ecosocial justa y popular.
Pero de acuerdo a los autores, el concepto de deuda ecológica no debe ser confundido con una simple cancelación o swap que compensa monetariamente la deuda externa. En cambio, busca transformar las relaciones jerárquicas invisibilizadas y evitar que los países acreedores impongan dominación sobre los periféricos. Se propone que cualquier estrategia de canje debe servir como un medio para transformar las estructuras productivas en lugar de ser un fin en sí mismo.
Uno de los principales elementos de esta deuda ecológica es el intercambio ecológicamente desigual. Por ejemplo, la huella hídrica de las importaciones argentinas es 18 veces más cara que la de sus exportaciones, mientras que la huella ecológica de las exportaciones se paga más de 22 veces más barata que la misma unidad de absorción doméstica. Este sistema perpetúa la dependencia y el saqueo de nuestros recursos, lo que genera un empobrecimiento nutricional de nuestros suelos, principalmente debido al monocultivo y la falta de reposición natural de nutrientes.
Esta dinámica de deuda ecológica no se puede disociar de la deuda monetaria externa. Ambas forman parte de un ciclo de dependencia y degradación que impide a los países del Sur Global avanzar hacia modelos de desarrollo sustentables y autónomos. Sin embargo, mientras la deuda financiera es reconocida internacionalmente y condiciona las políticas económicas de los países, la deuda ecológica sigue siendo invisibilizada, sin un marco legal que la respalde ni una valoración justa de sus consecuencias.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), principal acreedor de Argentina, sigue ejerciendo presión para implementar ajustes fiscales y reformas estructurales que priorizan los intereses financieros por encima de las necesidades socioambientales del país. Estas políticas no solo limitan las capacidades del Estado para gestionar su deuda, sino que promueven una mayor dependencia de actividades extractivas que agravan la crisis ecológica, como la producción de combustibles fósiles o el monocultivo.
En este contexto, la propuesta de canje de deuda por acción climática, que ha cobrado relevancia en los últimos años, puede ser una herramienta útil si se implementa de manera correcta. Este mecanismo permite a los países deudores monetarios reducir sus compromisos financieros a cambio de inversiones en proyectos de conservación y mitigación climática. No obstante, para que estos canjes sean efectivos, es fundamental que no perpetúen la lógica extractiva y mercantilizadora de los recursos naturales, que ha sido la base del endeudamiento y la degradación ecológica en el Sur Global.
La construcción de una nueva institucionalidad, con participación de actores sociales y ambientales, es clave para lograr este objetivo. Es necesario discutir con la comunidad internacional, los organismos de crédito y los sucesivos gobiernos (tanto nacionales como provinciales) para reconocer el rol central de la deuda ecológica en el modelo de bienestar, y poder impulsar un nuevo pacto global que permita a los países del Sur Global saldar sus deudas financieras sin sacrificar sus ecosistemas ni la calidad de vida de sus habitantes.
Desde el Equipo Transiciones, hacemos un llamado a reconfigurar las relaciones internacionales en torno a la deuda y a priorizar una transición ecosocial que ponga en el centro la justicia ambiental y social. Esta transición debe considerar la deuda ecológica como un componente central, que no puede ser ignorado ni subestimado. La justicia climática y la deuda ecológica deben ser reconocidas formalmente en los foros internacionales y utilizadas como argumentos para reestructurar la deuda financiera y habilitar políticas que permitan a los países como Argentina transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable.
Sobre el Equipo Transiciones
El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.
Nace en 2023 como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.
El Equipo Transiciones se enorgullece de lanzar el documento “Lineamientos para la Transición hacia un Estado Ecosocial en Argentina”. En el contexto actual de crisis ambiental y social, la noción de Estado Ecosocial se presenta como una guía esencial para la reorganización de nuestras instituciones centrales. El Estado Ecosocial no solo debe comprenderse como una estructura administrativa, sino como la organización social que tiene capacidad para satisfacer las necesidades humanas de las personas, dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. El documento tiene como autor a Ruben Lo Vuolo, economista argentino, del Equipo Transiciones y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) en Buenos Aires, Argentina. Lo Vuolo se desempeña también como presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (REDAIC).
El Estado Ecosocial se erige como una necesidad urgente en Argentina, un llamado a la acción colectiva que debe ser atendido con la seriedad y la celeridad que el momento histórico exige. No podemos ignorar los problemas que enfrentan los Estados nacionales y las organizaciones transnacionales al abordar no solo la crisis ambiental, sino también los crecientes desafíos en las democracias, la distribución de ingresos y riquezas, y la coordinación de intereses. Es evidente que son necesarias acciones colectivas coordinadas para enfrentar estos desafíos y transformar la realidad que nos rodea.
Luego del exitoso lanzamiento del Equipo de Transiciones, el pasado 7 de agosto a sala llena en el Auditorio de ATE, este documento marca el primer paso en el camino del Equipo Transiciones para construir un Estado que priorice la justicia social y ambiental frente a los crecientes desafíos de la crisis socio-ambiental. Durante el lanzamiento, el equipo de equipos presentó los Lineamientos por una Transición Ecosocial Justa en Argentina. También se reunió con diversas organizaciones sociales y ambientales del campo nacional y popular, que debatieron en conjunto sobre las propuestas y acciones a seguir para avanzar en la construcción de un futuro ecosocial. El Equipo busca fortalecer una red de trabajo compartido, que articule esfuerzos hacia un cambio sistémico en todo el país.
Lineamientos hacia el Estado Ecosocial en Argentina
Este nuevo modelo de organización social tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de las personas de forma justa y sostenible. En un contexto argentino de crisis social y ambiental, se hace imperativo contar con un sistema de políticas públicas que garantice que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades sobre bases igualitarias.
El documento presenta así un análisis exhaustivo de la crisis ambiental y la necesidad de avanzar hacia un Estado Ecosocial: modelo institucional que busca garantizar la protección social de las personas ante los efectos de la crisis socio-ambiental. Lo Vuolo argumenta que las instituciones políticas actuales, tanto a nivel local como internacional, no están preparadas para enfrentar las reformas necesarias, lo que subraya la urgencia de construir alternativas viables en el contexto argentino.
Entre las principales conclusiones del documento, se destaca que es esencial repensar la noción de crecimiento económico infinito, ya que el mal llamado “crecimiento verde” no ha logrado desacoplar las emisiones de carbono, y los efectos ecosistémicos, del sistema económico. También se destaca la importancia de promover políticas de adaptación locales y sistemas de protección social que respondan a los desafíos que impone la crisis socio-ambiental, protegiendo a las personas y comunidades más vulnerables ante sus efectos.
También expone cómo las reformas necesarias están fuera del alcance de las instituciones políticas actuales a nivel internacional, lo que revela la urgencia de discutir alternativas factibles a nivel local. Un recorrido por las diferentes “variedades” de Estados de Bienestar, deriva también en la oportunidad de considerar formas de organización ecosocial adaptadas a las realidades locales.
Bajo esta premisa, se avanza en la propuesta de construir un Estado Ecosocial, basado en los principios de equidad-justicia y de sostenibilidad-suficiencia. Estos ejes proponen un sistema de protección social inclusivo, que garantice el acceso de toda la población a los bienes naturales y comunes necesarios para una vida digna, pero a su vez actuando en pos del bienestar social dentro de los límites ecológicos del planeta.
Finalmente, el documento subraya la importancia de mantener un optimismo obstinado frente al negacionismo y el pesimismo, promoviendo una visión de largo plazo que priorice el bienestar humano sobre el consumo compulsivo. Valorar el presente y el futuro, en lugar de prácticas que desestiman la importancia de estos aspectos. Solo a través de este enfoque es posible construir un planeta habitable en medio de la creciente inestabilidad climática.
El Equipo Transiciones publica el documento “Lineamientos para la Transición hacia un Estado Ecosocial en Argentina” como la primera de una serie de publicaciones que desarrollará propuestas y hallazgos orientados a facilitar la transición ecosocial en el país. Este trabajo propone una reorganización de nuestras instituciones, enfocándose en la justicia social y ecológica como pilares fundamentales para enfrentar a la crisis civilizatoria.
Sobre el Equipo Transiciones
Vivimos una crisis multidimensional que requiere de respuestas urgentes y radicales que apunten a una transformación general de la sociedad, y se orienten hacia un horizonte de sostenibilidad y de cuidado de la vida. Necesitamos elaborar nuevas narrativas transformadoras, pero sobre todo propuestas concretas de Transición Ecosocial Justa, a nivel multiescalar. Esto supone construir también una agenda de cambio desde y para la Argentina, desde una perspectiva holística, integral que abarque tanto la transición energética como la transición social productiva, alimentaria, laboral y urbana.
En esta coyuntura nace en 2023 el Equipo Transiciones, como equipo de equipos, esto es, un grupo diverso y comprometido de organizaciones y colectivos, que incluyen el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur), la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), el Grupo de Investigación sobre Economía Ambiente y Sociedad (GEEAS), y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.
El Equipo Transiciones tiene como objetivo y aspiración abrir una agenda de propuestas centrada en las intersecciones entre desigualdades sociales y ambientales, de género y raciales, para desde allí trazar un horizonte de transición justa y popular.
Si bien el escenario nacional y geopolítico es manifiestamente adverso, marcado para el caso de nuestro país por un gobierno ultra liberal, autoritario, negacionista y racista, entendemos que éste es el momento para la discusión colectiva, para unir fuerzas y elaborar agendas comunes y radicales que nos permitan encontrar salidas a la crisis múltiple que enfrentamos.
Contacto de Prensa: Equipo Transiciones +5411239045494
Diversas organizaciones y equipos de trabajo de Argentina nos hemos autoconvocado a una articulación política de nuestros trabajos, investigación y acción colectiva, impulsados por el objetivo de prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia la transición energética justa y popular en el marco de una transición ecosocial para nuestro país.
Creemos que más allá de la construcción de un diagnóstico compartido en torno al modelo de acumulación capitalista, y el carácter extractivista, injusto, desigual y conflictivo que impulsa la transición energética corporativa y el colonialismo verde en curso, es preciso postular senderos y horizontes políticos para la transición energética justa y popular. Ante la aceleración de la crisis climática y la expansión de nuevas formas de extractivismo que no hacen más que reforzarla, creemos que es urgente incorporar los límites físicos inexorables de la actual crisis socioambiental e ir abandonando un modelo de acumulación predador de la naturaleza.
Vivimos tiempos de caos e inestabilidad. El nuevo status quo global instalado luego de la pandemia del Covid 19 refleja el empeoramiento de varias crisis entrelazadas (social, económica, política, ecológica, sanitaria, geopolítica y de los cuidados), que se potencian entre sí y adquieren una dimensión civilizatoria. Vemos con gran preocupación el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas en gran parte del mundo, la expansión de las extremas derechas y de los autoritarismos, la ampliación de las brechas de la desigualdad, el agravamiento de la crisis climática y energética, así como la potenciación de los conflictos bélicos, asociados al capitalismo, el colonialismo y la exacerbación del patriarcado y el racismo. Asimismo, la actual guerra en Ucrania –que no es la única, pero sí la que ha tenido mayores impactos globales- profundizó aún más las conductas ambivalentes a nivel global manifiestas, por un lado, en la expansión de la extracción y consumo de energías fósiles, especialmente las energías extremas; por otro lado, en el avance de una transición hacia energías “limpias”.
En esta crisis múltiple, uno de los grandes desafíos de nuestra época es el de construir colectivamente propuestas de Transición ecosocial justas y populares. La urgencia por articular justicia social y justicia ambiental, parte del reconocimiento de un diagnóstico acerca de los límites ecológicos y biofísicos del planeta, visibles en la aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y en la responsabilidad de la dinámica capitalista actual en dicho proceso, que además de potenciar las desigualdades sociales, se apoya sobre modelos productivos y alimentarios que son destructivos de los ecosistemas y los bienes comunes, de la salud y la vida en el planeta.
Investigación devela una trama de corrupción de Funcionarios/Empresarios para la deforestación en Chaco
A fines de Abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Está hecha a medida del agronegocio y las tanineras. Ese cambio normativo fue impulsado por la “Puerta Giratoria” de la mafia del desmonte: Funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios.
El ministro de Producción de Chaco (Hernán Halavacs), máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez- quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años (como Ingeniero Agrónomo para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva Ley).
Funcionarios/Empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero). Luciano Olivares, actual asesor del Ministro Halavacs. En el anterior gobierno, Olivares era el Subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
Diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron la Ley que los enriqueció personalmente.
Desvíos de Fondos públicos, de origen Nacional (Ley de Bosques) e Internacionales (Fondo Verde para el Clima) para Conservación.
Trata de Personas, semi esclavitud, trabajo infantil forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal).
Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de hoy en la Justicia Federal con sede en Chaco.
ANTECEDENTES Y DETALLES
En tratamiento express, la legislatura de Chaco votó a fines de abril una ley que redujo ilegalmente la protección de sus bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades.
La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional.
La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
DENUNCIADOS/AS
Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses.
¿Quiénes son los/as denunciados/as que están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de Bosque Nativo en Chaco?
Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
Ana VictoriaHupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
Adolfo EduardoHupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU
¿Qué delitos se imputan?
Entre los delitos específicos cometidos seespecifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilicita. Todos previstos en el Código Penal.
Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados.
Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.
PODEROSAS EMPRESAS DENUNCIADAS
Algunas de las empresas que aparecen vinculadas a esta trama de corrupción público/privada:
El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 ha en las que el técnico les realizó planes de desmonte.
Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 ha en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. es propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los Deptos. Brown y Güemes.
TRIAD S.A. en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel Lopez en Charata. Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central de la República Argentina -BCRA).
TANINERAS TRANSNACIONALES
La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.
El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.
MEDIDA CAUTELAR
A su vez se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en 2 décadas.
DENUNCIA PENAL A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN
La Denuncia Penal tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas mas importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irá hacia su desaparición definitiva.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de Ley llamado “Ómnibus”. Un detallado análisis (ver más abajo) de todo el proyecto presentado por el Presidente Javier Milei, revela que las medidas representan una inaceptable y enorme regresión en materia socioambiental y socava los pilares de la legislación de protección ambiental en Argentina.
El proyecto amenaza de manera directa la legislación vigente de protección ambiental en Argentina ya que liquida dos leyes fundamentales: la Ley de Protección de Bosques y la de Glaciares. Estas leyes son producto de dos conquistas ciudadanas históricas, y son cruciales en un contexto de crisis climática global y degradación ambiental local.
Llamamos a la sociedad a rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente. Exigimos a los legisladores nacionales que rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina. Misma exigencia realizamos con el inconstitucional DNU 70/2023 (ver nuestro informe sobre el DNU).
El análisis detalla las gravísimas regresiones ambientales del proyecto en la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, destacando cambios que permitirían desmontes en todos los bosques del país y la actividad minera en ambientes periglaciares. La eliminación de regulaciones, el desfinanciamiento de fondos ambientales, la falta de acceso a información para comunidades afectadas y la persecución de manifestantes.
Existe también una profunda desregulación y liberalización del sector energético en el proyecto, incluyendo la privatización de empresas del sector y la afectación de la concesión sobre el Río Paraná (llamada Hidrovía Paraná-Paraguay). Asimismo, se destaca el sesgo liberalizador en sectores como hidrocarburos, minería y pesca, que amenaza la capacidad soberana del Estado en la regulación del capital trasnacional.
En cuanto a política climática, el proyecto de Ley Ómnibus propone la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) con amplia participación del sector privado. Esta medida, similar al mercado voluntario de bonos verdes, permitiría la privatización de la capacidad de captura de dióxido de carbono, trasladando la destrucción ambiental y social a los territorios del sur global.
El proyecto propone cambios en la regulación de actividades de quema, permitiendo interpretar el silencio del Estado como una autorización “tácita” y autoriza a los productores a la quema incontrolada de pastizales, valiosos ecosistemas. Además, se destacan derogaciones en la Ley de Pesca que afectan la protección de los ecosistemas marinos y eliminan criterios de permisos que priorizan la mano de obra argentina y la construcción local de buques.
El análisis expone la desregulación total y profunda del sector energético, lo cual puede representar una aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera y un aumento desmedido en los impactos socioambientales derivados de la industria fósil.
En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.
Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:
Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.
Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.
Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.
Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petrolerasy empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.
Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.
