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Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

DENUNCIA PENAL: LA MAFIA DEL DESMONTE EN CHACO

Investigación devela una trama de corrupción de Funcionarios/Empresarios para la deforestación en Chaco

A fines de Abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Está hecha a medida del agronegocio y las tanineras. Ese cambio normativo fue impulsado por la “Puerta Giratoria” de la mafia del desmonte: Funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios.

  • El ministro de Producción de Chaco (Hernán Halavacs), máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez-  quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años (como Ingeniero Agrónomo para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva Ley).
  • Funcionarios/Empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero). Luciano Olivares, actual asesor del Ministro Halavacs. En el anterior gobierno, Olivares era el Subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
  • Diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron la Ley que los enriqueció personalmente.
  • Desvíos de Fondos públicos, de origen Nacional (Ley de Bosques) e Internacionales (Fondo Verde para el Clima) para Conservación.
  • Trata de Personas, semi esclavitud, trabajo infantil forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal).
  • Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de hoy en la Justicia Federal con sede en Chaco.

ANTECEDENTES Y DETALLES

En tratamiento express, la legislatura de Chaco votó a fines de abril una ley que redujo ilegalmente la protección de sus bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades.

La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional.

La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco. 

DENUNCIADOS/AS

Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses.

¿Quiénes son los/as denunciados/as que están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de Bosque Nativo en Chaco?

  1. Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte. 
  2. Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
  3. Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
  4. Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
  5. Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
  6. Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública. 
  7. Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU

¿Qué delitos se imputan?

Entre los delitos específicos cometidos se especifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilicita. Todos previstos en el Código Penal.

  • Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados. 
  • Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales. 
  • Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.

PODEROSAS EMPRESAS DENUNCIADAS

Algunas de las empresas que aparecen vinculadas a esta trama de corrupción público/privada:

  • El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 ha en las que el técnico les realizó planes de desmonte.
  • Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 ha en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. es propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
  • El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
  • Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los Deptos. Brown y Güemes.
  • TRIAD S.A. en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel Lopez en Charata. Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central de la República Argentina -BCRA).

TANINERAS TRANSNACIONALES

La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.

El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. 

Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

MEDIDA CAUTELAR

A su vez se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en 2 décadas.

DENUNCIA PENAL A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La Denuncia Penal tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas mas importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irá hacia su desaparición definitiva. 

KIT DE PRENSA con documentación y material audiovisual 

Denunciamos a la Mafia del Desmonte en el Vaticano: Conferencia Internacional para reparar el daño
Desmonte en Chaco

De madrugada, la Legislatura de Chaco habilitó el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo

En una sesión escondida y disimulada por la discusión de la ley Bases en Buenos Aires, los diputados provinciales elaboraron una nueva zonificación que revierte la protección de algunos territorios. Cambios a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de  Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma. 

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH. 

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó. 

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena. 

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino). 

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.