Etiqueta Archivos: Deforestación

Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

DENUNCIA PENAL: LA MAFIA DEL DESMONTE EN CHACO

Investigación devela una trama de corrupción de Funcionarios/Empresarios para la deforestación en Chaco

A fines de Abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Está hecha a medida del agronegocio y las tanineras. Ese cambio normativo fue impulsado por la “Puerta Giratoria” de la mafia del desmonte: Funcionarios/empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios.

  • El ministro de Producción de Chaco (Hernán Halavacs), máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez-  quien más recibió permisos de desmontes en los últimos 10 años (como Ingeniero Agrónomo para sus clientes, actuales beneficiarios de la nueva Ley).
  • Funcionarios/Empresarios que traspasan los copernicanos cambios de gobierno de Chaco (funcionarios de Capitanich y ahora de Zdero). Luciano Olivares, actual asesor del Ministro Halavacs. En el anterior gobierno, Olivares era el Subsecretario de Desarrollo Forestal y era quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
  • Diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron la Ley que los enriqueció personalmente.
  • Desvíos de Fondos públicos, de origen Nacional (Ley de Bosques) e Internacionales (Fondo Verde para el Clima) para Conservación.
  • Trata de Personas, semi esclavitud, trabajo infantil forman parte de la trama colonial que envuelve a Chaco y la retrotrae al Siglo XIX (recuerda a La Forestal).
  • Toda esta investigación ha sido detallada en una puntillosa denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que se presentó el día de hoy en la Justicia Federal con sede en Chaco.

ANTECEDENTES Y DETALLES

En tratamiento express, la legislatura de Chaco votó a fines de abril una ley que redujo ilegalmente la protección de sus bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades.

La ley votada en la madrugada del 30 de abril es la consecuencia del accionar coordinado de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, pero con un mismo objetivo, diseñaron un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse con el corrimiento de la frontera sojera o ganadera y, por otro lado, con la comercialización de la madera y subproductos, que son vendidos tanto en el mercado interno e internacional.

La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco. 

DENUNCIADOS/AS

Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses.

¿Quiénes son los/as denunciados/as que están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de Bosque Nativo en Chaco?

  1. Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte. 
  2. Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
  3. Atlanto Honcheruk. diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
  4. Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS
  5. Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs.. Socia de Miguel Angel lopez en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo Lopez entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs.
  6. Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública. 
  7. Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU

¿Qué delitos se imputan?

Entre los delitos específicos cometidos se especifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideologica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilicita. Todos previstos en el Código Penal.

  • Se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados. 
  • Además, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales. 
  • Se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino.

PODEROSAS EMPRESAS DENUNCIADAS

Algunas de las empresas que aparecen vinculadas a esta trama de corrupción público/privada:

  • El actual ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 ha en las que el técnico les realizó planes de desmonte.
  • Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 ha en Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. es propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).
  • El Grupo Buratovich Hnos es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños.
  • Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide S.A., empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor S.A., una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los Deptos. Brown y Güemes.
  • TRIAD S.A. en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel Lopez en Charata. Esta sociedad de Buenos Aires pertenece a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central de la República Argentina -BCRA).

TANINERAS TRANSNACIONALES

La denuncia penal también pone sobre la lupa las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios.

El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. 

Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

MEDIDA CAUTELAR

A su vez se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios del Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en 2 décadas.

DENUNCIA PENAL A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La Denuncia Penal tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas mas importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) irá hacia su desaparición definitiva. 

KIT DE PRENSA con documentación y material audiovisual 

OTRA VEZ LOS BOSQUES DE CHACO EN PELIGRO: “AUDIENCIAS PÚBLICAS” QUE ATENTAN CONTRA BOSQUES NATIVOS

  Argentina – 28 de Septiembre, 2023

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.

Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan). 

Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco. 

Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.

Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522  hectáreas de bosques nativos.  La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.

Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: 

Abg. Enrique Viale 1151207518

Abg. Lucas Micheloud 3413042305

Deforestación ilegal de bosques de Palo Santo: argumentos hacia una condena

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó argumentos jurídicos relevantes en el caso “Tierra Vasca” de deforestación ilegal de bosques de palo santo (EXPTE. N° 4121/201). La presentación se realizó después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un acuerdo de reparación integral propuesto por empresarios forestales, quienes están acusados de falsificar documentación pública para obtener permisos administrativos con el fin de exportar palo santo. Esto se llevaba a cabo en el marco de una actividad que el juzgado de primera instancia definió como “tala clandestina”.

Los desmontes ilegales de palo santo y otras especies protegidas son parte de la deforestación que la industria extractiva de la madera realiza en nuestro territorio. La deforestación ilegal es un problema significativo en el país. Según informes, entre 2015 y 2018, Argentina perdió alrededor de 1,3 millones de hectáreas de bosques nativos debido a la deforestación ilegal. La provincia de Salta, en el norte del país, ha sido una de las áreas más afectadas. Esta situación representa una urgencia ecológica y también social, ya que el avance ilegal de la industria conlleva violación de los derechos humanos y vulneración de las comunidades.

La causa se centra en los desmontes ilegales llevados a cabo en los bosques de palo santo y en el rechazo de un acuerdo de reparación por parte de la Corte de Casación. Es importante destacar que el entonces Secretario de Ambiente fue responsable de la empresa encargada de la tala de los bosques de palo santo y se encuentra también vinculado a esta causa. El avance de la industria extractiva de la tala no solo tiene consecuencias ambientales, sino que también afecta a las instituciones, a la democracia ambiental y a la seguridad jurídica de las zonas donde la industria está presente.

Desde la Asociación, se presentó el recurso jurídico llamado Amicus Curiae, una figura legal que permite a terceros ajenos al proceso judicial presentar argumentos y opiniones ante un tribunal en relación con un caso específico. Fue realizado para proporcionar al tribunal una serie de argumentos jurídicos relacionados con el derecho constitucional, internacional, nacional y local que son relevantes para la resolución del caso. Se realizó especial énfasis en aquellos elementos jurídicos considerados trascendentales para su consideración y que son de vital importancia en este asunto, en el que se decide sobre una cuestión de relevancia colectiva que se relaciona directamente con la Justicia Ambiental, los Derechos de la Naturaleza y la protección de nuestros ecosistemas en un contexto de crisis ecológica.

Tomar medidas en contra de la deforestación ilegal es fundamental para proteger nuestro planeta y garantizar el respeto de los derechos humanos. En un contexto de crecientes sequías y crisis climática, es necesario que las instituciones también se sumen a la lucha contra la deforestación en nuestro país.