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Proyectos trabajados por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Militancia judicial con perspectiva ecológica.

datacenters en chubut

Chubut: exigimos detención de la ley que promueve megacentros de datos y pone en riesgo el agua, la energía y los territorios

La Legislatura aprobó un régimen de promoción tecnológica que incluye centros de datos mientras siguen sin conocerse el consumo de agua y los impactos del megaproyecto Atlas GigaHub (un proyecto de IA), anunciado para Trelew. Desde AAdeAA-CAJE cuestionamos que se avance con incentivos y acceso a tierras sin responder los pedidos de información ni garantizar la participación de las comunidades. Exigimos el cumplimiento de las obligaciones de prevención, transparencia y protección de los bienes comunes.

Buenos Aires / Chubut, 19 de noviembre de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial rechazamos la ley de promoción tecnológica aprobada por la Legislatura de Chubut el 12 de noviembre. El régimen incorpora centros de procesamiento de datos entre las actividades promovidas y crea herramientas de financiamiento público para estas actividades. Esta decisión acompaña el impulso del gobierno de Ignacio Torres a la instalación de megacentros de datos, mientras permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre sus consecuencias para el agua, la energía y los territorios.

Chubut está en emergencia hídrica y promueve una infraestructura cuyo consumo de agua todavía se desconoce. El 6 de agosto, la propia Legislatura reconoció que el descenso de los caudales compromete el abastecimiento de agua potable y la producción, y declaró la emergencia por un año. Esta situación obliga a priorizar las necesidades de la población, la protección de las cuencas y la continuidad de las actividades que dependen de ellas antes de incorporar nuevas demandas de gran escala.

El proyecto Atlas GigaHub, de la empresa polaca Green Capital, anuncia hasta 3.000 megavatios de potencia destinada a equipos informáticos. Esa cifra equivale aproximadamente al 10% del pico de demanda eléctrica de toda la Argentina registrado en febrero de 2025: 30.240 megavatios. A la demanda de los servidores se agregaría la de refrigeración y los demás sistemas necesarios para el funcionamiento del complejo.

La empresa afirma que utilizará refrigeración líquida con recirculación para reducir sus requerimientos de agua. Sin embargo, todavía debe informar cuánto necesitará en cada etapa y de qué fuentes la obtendrá. También anuncia generación eléctrica propia, almacenamiento y respaldo a gas. Estas previsiones deben someterse a una evaluación ambiental integral, que contemple el conjunto de las instalaciones, sus impactos acumulados y su compatibilidad con la disponibilidad de agua en la provincia.

La falta de información alcanza a las decisiones del Gobierno. El Ejecutivo sigue sin responder el pedido de informes aprobado por la Legislatura en agosto sobre el emprendimiento. Tampoco se ha puesto a disposición de la ciudadanía información suficiente sobre el memorándum firmado con Green Capital y el estado de los trámites ambientales. El acceso a esa información es un derecho reconocido por la legislación argentina y el Acuerdo de Escazú, y constituye una obligación exigible a las autoridades.

La promoción económica no reemplaza los permisos ambientales ni habilita por sí misma el uso del agua o la ocupación de los territorios. La Ley General del Ambiente exige evaluar los impactos de las obras susceptibles de degradar los ecosistemas antes de su ejecución. Sus principios de prevención y precaución obligan a adoptar medidas para evitar daños: frente al peligro de afectaciones graves o irreversibles, la falta de certeza científica no puede utilizarse para postergar la protección.

La propia compañía explicó que el complejo estará destinado principalmente a prestar servicios a empresas internacionales de inteligencia artificial. Esto exige precisar qué beneficios verificables quedarán en Chubut, qué obligaciones asumirán las empresas y quién responderá por los costos territoriales de una infraestructura orientada a la exportación. Las promesas de inversión y empleo deben traducirse en compromisos públicos, precisos y controlables.

También cuestionamos las facilidades para acceder a tierras fiscales y la ausencia del Pueblo Mapuche Tehuelche en el Consejo Asesor previsto por el régimen. La condición fiscal de las tierras no elimina los derechos de quienes las habitan. Toda decisión susceptible de afectar directamente a comunidades indígenas debe garantizar la consulta previa, libre e informada. Advertimos, además, sobre el riesgo de que la inclusión de servicios geológicos y de prospección permita destinar incentivos públicos a actividades vinculadas con la exploración minera.

Exigimos la publicación del memorándum, los estudios ambientales y las necesidades de agua y energía del Atlas GigaHub; la respuesta a los pedidos de información pendientes; y la revisión del régimen aprobado mediante un proceso de participación pública efectiva. Reclamamos que las autoridades se abstengan de autorizar obras o usos del agua sin cumplir las evaluaciones, los permisos y las instancias de participación y consulta que correspondan.

Chubut necesita una política científica y tecnológica al servicio de sus comunidades. El agua, la energía, los territorios y el presupuesto público deben responder a esas necesidades. La obligación del Estado es proteger los bienes comunes y garantizar los derechos de la población frente a intereses empresariales que pretenden comprometerlos por décadas.

Argentina LNG: exigimos que Río Negro no apruebe un proyecto con estudios de impacto ambiental incompletos

En la audiencia pública realizada en Sierra Grande, cuestionamos la evaluación fragmentada del megaproyecto de gas natural licuado que busca instalarse en el Golfo San Matías. Advertimos sobre graves deficiencias en los estudios ambientales, riesgos para las ballenas y los ecosistemas marinos, y la falta de participación efectiva de las comunidades afectadas.

Sierra Grande, Río Negro, 18 de noviembre de 2026.

El 16 de noviembre, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA/CAJE), participamos de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a las empresas Eni y XRG. Nuestra representante, María Di Paola, presentó una serie de observaciones técnicas y legales y solicitó que la provincia de Río Negro no apruebe los estudios de impacto ambiental presentados, por considerar que no ofrecen información suficiente para evaluar las consecuencias del proyecto.

Argentina LNG contempla la construcción de un gasoducto y un poliducto desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, un complejo industrial para el tratamiento del gas y la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Su desarrollo se sumaría a otros proyectos de exportación de combustibles fósiles en la región, como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy (SESA).

La audiencia, que se extendió durante los días 16 y 17 de noviembre, fue convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Sin embargo, cuestionamos que se realizara apenas diez días antes de la fecha prevista para una eventual decisión final de inversión de las empresas.

Participar de la audiencia no significa legitimar un procedimiento que presenta graves deficiencias en materia de información y participación ciudadana.

Los cuatro estudios de impacto ambiental presentados suman aproximadamente 11.400 páginas de documentación técnica. Desde su publicación hasta la audiencia, una persona habría tenido que leer alrededor de 250 páginas diarias para revisar la totalidad de la información.

El problema no es solamente la cantidad de documentos. Aunque las distintas instalaciones dependen unas de otras para funcionar, sus impactos fueron evaluados por separado. Esta fragmentación impide contar con una visión integral de las consecuencias de transformar el Golfo San Matías en un nuevo polo industrial de exportación de hidrocarburos.

Tampoco se presenta una evaluación suficiente de los impactos acumulados junto a VMOS y Southern Energy, proyectos que compartirían una misma región costera.

Advertimos que estas deficiencias vulneran las garantías de acceso a la información y participación ciudadana establecidas en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Ballenas, biodiversidad marina e impactos sin evaluar

Nuestra revisión identificó importantes vacíos e inconsistencias en los estudios presentados.

Los relevamientos de biodiversidad se realizaron solamente durante el verano y el invierno. Se omitió la primavera, una época fundamental para la reproducción de aves y reptiles, y para la presencia de ballenas francas australes junto a sus crías en el Golfo San Matías.

También detectamos problemas en los estudios de contaminación sonora. Para el complejo industrial se establece un área de influencia de 500 metros mar adentro, pero sus propios modelos identifican posibles daños auditivos temporales en ballenas hasta 21 kilómetros de distancia. Por otra parte, el estudio de ruido submarino de los buques de licuefacción no incorpora el ruido generado por el propio buque.

Los estudios también presentan deficiencias en la evaluación de las descargas de agua utilizadas para enfriar las instalaciones. Los cambios de temperatura y salinidad podrían alterar la circulación de nutrientes y afectar la supervivencia de huevos de peces.

Estos impactos adquieren especial relevancia en un golfo donde la pesca artesanal y el turismo dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, los estudios no evalúan en profundidad las consecuencias de las actividades proyectadas sobre estos sectores.

Durante la audiencia también denunciamos deficiencias en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. La Lof Leufuche, afectada por la traza del gasoducto, se enteró de la visita de la consultora encargada de los relevamientos el mismo día en que se realizó.

A pesar de estas situaciones, los estudios afirman que existe licencia social. Uno de ellos reconoce que excluyó deliberadamente a organizaciones opositoras por una decisión metodológica, mientras que otro utiliza la supuesta aceptación social como argumento para justificar la ubicación del complejo industrial, sin aportar evidencia suficiente.

También señalamos la falta de participación de organismos públicos relevantes y de las autoridades de Chubut, pese a que el área de influencia indirecta del proyecto alcanza espacios protegidos de esa provincia, como Península Valdés.

En materia climática, los estudios presentan cifras contradictorias y no evalúan adecuadamente las emisiones frente a los compromisos internacionales de la Argentina. Según los datos declarados en el estudio del buque licuefactor, las emisiones previstas por el proyecto representarían un incremento equivalente al 177 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Río Negro.

Sierra Grande ya conoce las consecuencias del auge y cierre de grandes emprendimientos extractivos. La historia de la actividad minera en la localidad muestra la importancia de evaluar no solo las promesas de inversión y empleo, sino también las responsabilidades de las empresas y del Estado a largo plazo.

Por eso, solicitamos a la autoridad provincial:

  • No emitir la Declaración de Impacto Ambiental sobre la base de los estudios actuales.
  • Exigir una evaluación unificada de los cuatro componentes del proyecto y de sus impactos acumulativos con VMOS y SESA.
  • Realizar relevamientos ambientales durante un ciclo anual completo.
  • Garantizar un proceso de participación que incluya a todas las provincias afectadas y una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.
  • Responder de manera pública y fundada a todas las observaciones presentadas durante la audiencia.

La Ley General del Ambiente establece que la autoridad debe fundamentar y hacer públicas sus decisiones cuando se aparta de los resultados de la participación ciudadana.

Texto alternativo (alt text): “Imagen del desmonte ilegal en la provincia de Chaco que viola la medida cautelar para proteger los bosques nativos.”

Ambientalistas solicitan a la Corte Suprema la suspensión inmediata de los desmontes en el norte

Fotos:

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2026.- Greenpeace Argentina, con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva en forma prioritaria el pedido de una medida cautelar para suspender los desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. En la presentación, realizada en el marco de la llamada “Causa Yaguareté”, la organización reclamó además la convocatoria a una audiencia pública. 

El escrito presentado al máximo tribunal informa que entre enero y septiembre de 2026 en el norte de Argentina se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos: Santiago del Estero 35.368 hectáreas, Salta 20.122 hectáreas, Chaco 9.339 hectáreas y Formosa 8.395 hectáreas. Y advierte que la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques “ponen en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco argentino”. (1)

La documentación presentada muestra que “gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con el área señalada por los científicos como crítica para la conservación del Yaguareté en el Gran Chaco” y que “las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta no tuvieron en cuenta este trabajo científico, permitiendo que la deforestación avance sobre territorios claves para la conservación de la especie”.  

Las pruebas aportadas alertan a la Corte Suprema sobre la gravedad que implica el desfinanciamiento y los cambios a la Ley de Bosques propuestos por el gobierno nacional: “aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10% de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”. 

Finalmente, se solicita al máximo tribunal que utilice el mismo criterio que en la causa “Árbol de Pie” por la Ley de Tierras, donde reconoce expresamente “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno”. Este fundamento se utilizó para adoptar una medida interina para asegurar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables, y por lo tanto la presentación sostiene que es “obligación de los Sres. Ministros aplicar ese mismo criterio en un caso de extrema sensibilidad como el presente donde se persigue evitar la extinción de nuestra panthera onca”.  

Frente a este escenario, Greenpeace destacó la importancia de la participación ciudadana y recordó la convocatoria a ser parte de la “República de los Siete Bosques”, una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas.

Antecedentes de la “Causa Yaguareté”:

En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco argentino, y violar lo establecido por la Ley de Bosques. Se reclama Deforestación Cero en los territorios que habita la especie, protegida por ley como Monumento Natural Nacional.

La denuncia apunta a la realización de recategorizaciones prediales de los ordenamientos territoriales para permitir más deforestación; la autorización de desmontes para ganadería en zonas protegidas; la realización y actualización de ordenamientos territoriales que permiten deforestar en territorios que habita la especie; y la reducción de los fondos para control de desmontes ilegales, prevención y combate a incendios y promoción de la conservación de bosques. 

Greenpeace presentó en 2021 una medida cautelar solicitando al máximo tribunal la suspensión de los desmontes en esas provincias hasta tanto resuelva el tema de fondo. Por su parte, en 2022 la Corte Suprema anunció que realizará una audiencia pública sobre este caso, y al año siguiente declaró su competencia en la causa. 

Nota:

  1. Escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2026/11/a37181f8-yaguarete-presentacion-a-corte-noviembre-2026-final-1.pdf 

BASUREROS PETROLEROS: LA JUSTICIA DEMORA EL INICIO DEL JUICIO Y DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dejó sin efecto la probation que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa por los basureros petroleros de COMARSA. Al mismo tiempo revocó la decisión que había rechazado definitivamente ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. Hoy ninguno de los tres imputados tiene probation. Pero la posibilidad de suspender el juicio sigue abierta.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió que la suspensión del juicio que había sido concedida el 19 de marzo de 2026 a los tres imputados en la causa COMARSA queda sin efecto. Al mismo tiempo, anuló la decisión posterior del Tribunal de Impugnación que había rechazado de manera definitiva ese beneficio y ordenó realizar una nueva audiencia ante otro juez de Garantías. La resolución significa que al día de hoy ninguno de los tres imputados tiene suspendido el juicio, pero la posibilidad de que accedan nuevamente a ese beneficio sigue abierta. La discusión deberá realizarse otra vez y de manera individual para cada uno de los acusados: Luis, Basilotta y Ponce.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas consideramos importante que el Tribunal haya confirmado que tanto nuestra querella como el Ministerio Público Fiscal tenían derecho a recurrir la suspensión del juicio. Las defensas sostenían que no estábamos habilitados para cuestionarla. El fallo rechaza esa interpretación y reconoce nuestra intervención en una discusión central para garantizar que las causas ambientales puedan llegar efectivamente a juicio.

También quedó sin efecto la decisión adoptada en marzo por el juez Yancarelli, que había concedido la suspensión del juicio a los tres imputados bajo condiciones que fueron cuestionadas por ser confusas, incompletas y contener montos sin una definición clara. Esa resolución ya no constituye el punto de partida del proceso.

El Tribunal Superior también dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Impugnación que había rechazado directamente la posibilidad de otorgar ese beneficio. Por eso, la discusión no terminó. Otro juez deberá analizar nuevamente si corresponde suspender el juicio para cada imputado. La resolución también ratificó que la oposición formulada por el Ministerio Público Fiscal había sido fundada y razonable y rechazó el planteo de las defensas que pretendía declarar nulo lo actuado por la falta de intervención de la Fiscalía de Estado. Además, la apertura a juicio dispuesta el 18 de agosto sigue vigente.

La causa por los basureros petroleros de COMARSA continúa formalmente encaminada hacia un juicio oral y público, aunque ese juicio todavía puede volver a ser puesto en riesgo. Se investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la industria petrolera, gasífera y del fracking. Después de más de seis años de investigación, se reunió una enorme cantidad de prueba documental, testimonial, técnica y pericial destinada a determinar las responsabilidades por uno de los mayores basureros petroleros vinculados a Vaca Muerta.

Como venimos sosteniendo desde el comienzo el pueblo neuquino tiene la necesidad de que se realice un juicio público para saber la verdad. Después de seis años de investigación, la sociedad neuquina tiene derecho a conocer la prueba, escuchar a los testigos y especialistas y saber cómo fue posible acumular semejante volumen de residuos peligrosos. Volver a abrir la posibilidad de suspender el juicio prolonga una discusión que debería estar saldada. Como planteamos anteriormente la probation en este contexto es equivalente a impunidad, implicaría que una causa de esta magnitud pueda cerrarse sin juicio, sin pena y sin condena por los hechos investigados.

Vamos a participar de la nueva audiencia y a sostener nuevamente que este caso debe llegar a juicio oral y público. La suspensión concedida en marzo cayó. La apertura a juicio sigue vigente. Ahora la pelea es para que ese juicio efectivamente ocurra.

Río Paraná y la hidrovia

Denunciamos ante la Justicia que la licitación de la mal llamada “hidrovía” está cargada de irregularidades y pedimos suspender el procedimiento

El Gobierno avanzó con decisiones que pueden transformar de manera permanente el río Paraná sin contar previamente con una evaluación ambiental integral, con participación efectiva de las provincias y con las garantías de transparencia que exige una obra de esta escala. Es por eso que hemos ampliado la denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentamos una nueva ampliación de la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades en el proceso de licitación de la denominada Vía Navegable Troncal del río Paraná.

La denuncia original fue presentada en octubre de 2025 y ampliada en diciembre de ese año, después de la audiencia pública del 3 de noviembre. En esa audiencia, más del 90% de las personas expositoras se manifestó contra el proyecto en los términos planteados. Dentro de ese rechazo, alrededor del 60% advirtió sobre el impacto en el acceso al agua potable. También hubo cuestionamientos por los efectos sobre la biodiversidad, la pesca artesanal, la apicultura, el turismo, los usos recreativos y el corredor biocultural que acompaña al Paraná.

A inicios de Octubre 2026, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas ratificó y amplió en segunda oportunidad y en su totalidad, la denuncia penal presentada contra los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependientes del Ministerio de Economía, involucrados en la maniobra oportunamente descripta, como en la ampliación de la misma formulada en fecha 12 de diciembre de 2025, actualizando el estado de situación en torno a los hechos de gran relevancia que ocurrieron luego de nuestra primera y segunda presentación ante la Procuraduría.

Volvemos a cuestionar la fraudulenta audiencia del 3 de noviembre de 2025 bajo el título de “Informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal”  y el avance hacia la licitación pública en el contexto de mayor artificialización de la denominada ahora, vía navegable troncal (VNT), en el río Paraná, demostrando que los funcionarios involucrados en representación del Gobierno Nacional, ejecutan la firme decisión de continuar por el camino de las manifiestas ilegalidades denunciadas, expuestas, así mismo, en el último Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como en los precedentes, sin dudas negados e ignorados intencionalmente por dicha autoridad (ANPyN), significativa como sostenidamente, vulnerando derechos humanos fundamentales e incurriendo en la probable comisión de los delitos que oportunamente denunciamos, todo lo cual queda finalmente expuesto con la total negación por parte de la autoridad denunciada, de todas las observaciones, críticas y análisis formulados en aquella audiencia, como en la diversidad de presentaciones realizadas ante la PIA en representación del Ministerio Público Fiscal. 

En nuestra segunda presentación realizamos un resumen de las exposiciones centrales de los participantes, quienes en forma casi unánime expresaron fundadamente su repudio, oposición crítica a cualquier escenario de mayores profundizaciones y ampliaciones de los canales de navegación,  poniendo de manifiesto la falta de estudios serios para hacerlo, aportando desde todos los sectores de la sociedad civil, tanto académicos, populares, religiosos, como también desde organismos públicos de control, como la impecable presentación tanto oral como escrita por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como la alarmante intervención de la Presidente Municipal la ciudad de Victoria, Entre Ríos, denunciando la grave afectación al derecho humano de acceso al agua potable que causan las obras ya ejecutadas como lo agravarían las planificadas. 

Destacamos y reiteramos la total ausencia de la máxima autoridad ambiental nacional, como de las provincias, del PIECAS como escenario interjurisdiccional del Delta en cuanto a la  gestión sustentable del mismo, la negación de todo tipo de material de investigación, estudios, dictámenes por parte de la Administración de Parques Nacionales, frente a la existencia de los mismos en aguas inmediatas arriba de toda la mega cuenca inferior intervenida y ahora convocada a su mayor y mas grave artificialización, como son los parques nacionales del Pre Delta (Entre Ríos) y de Islas del Delta en Provincia de Santa Fe. Más aún siendo las mismas en un área aún mayor, SITIO RAMSAR, es decir, declarado Humedal de importancia Internacional y por lo tanto, el punto focal Nacional de la Convención RAMSAR, fue totalmente negado por las autoridades directamente intervinientes denunciadas, como por el absoluto silencio de las máximas autoridades políticas del Área  Ambiente de la Nación. 

Casi la totalidad de los expositores impugnaron en el valor de su palabra, la propuesta estatal por ausencia de estudios de impacto ambiental (E.I.A) en su versión tradicional y menos aún el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica (EAE) como corresponde a la escala en tratamiento, visión de cuenca y su gestión democrática con los principios del derecho ambiental sobre la mesa de los políticos y técnicos ejecutores. 

Denunciamos frente a la Procuración (PIA) el agravamiento de todo este contexto por la gestión groseramente concentrada en la ANPyN, y la brutal inexistencia de visión y gestión de Cuenca, la constitución institucional de un Comité de Cuenca y por falta de convocatoria del comité del PIECAS-DP, para integrarse desde el inicio del proceso de construcción de los términos de referencia de la Licitación.

En semejante contexto, el Estado argentino a través de la ANPyN, se arrogó múltiples facultades incompatibles, que con fin espurio estableció como marco referencial sujeto a consultas, una serie de documentos absolutamente inhábiles para la celebración de una audiencia pública de esas características. Como hemos expuesto, fue éste el grado de ilegalidad convocando a una audiencia para evaluar obras que carecen del documento técnico esencial para tal fin,  es decir carece de EIA, tal como surge objetivamente del sitio oficial de la ANPyN donde se exhibieron los documentos que integraban la Audiencia Pública.

No solo existe un negacionismo y exclusión de las competencias provinciales, tanto políticas como de sus autoridades ambientales, de los institutos especializados nacionales y su máxima autoridad ambiental, punto focal de las convenciones: RAMSAR, CAMBIO CLIMÁTICO, DIVERSIDAD BIOLÓGICA; como del  INA, CONICET, u órganos de control como la Defensoría del Pueblo de la Nación, etc, sino también agravada por la arrogancia y abuso en el ejercicio del poder gravemente concentrado, frente a la contundencia de los fundamentos de los  dictámenes de la propia PIA como representación especializada del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ni más ni menos. 

La AadeAA expone frente al Ministerio Público Fiscal, que esta conducta administrativa no se agota en una mera irregularidad sino que son una confirmación de las conductas penales que denunciamos. Los funcionarios involucrados incurren en figuras de falsedad ideológica de instrumento público (arts. 293 y 294 CP) y violación de deberes de funcionario público (art. 248 CP), al licitar una obra sin la base técnica y ambiental exigida por ley, comprometiendo la tutela del ambiente y el interés público. La omisión deliberada de la EIA, de su evaluación por la máxima autoridad ambiental concertadamente con las áreas ambientales provinciales del tramo nacional, de modo previo y la presunción administrativa de “inexistencia de riesgos” comprometen directamente la responsabilidad penal, administrativa y patrimonial de los funcionarios intervinientes.

Ahora, nos encontramos con el dictado de la Resolución 57/2026 AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN – la que convoca a un supuesto proceso participativo para la construcción de la normativa ambiental que acompañará las tareas de dragado en sus variantes en el marco de la nueva Licitación ya adjudicada, nuevamente a Jan de Nul. 

La misma ratifica la absoluta concentración de decisiones sobre el río, su cauce principal y canales alternativos con foco en dos tramos del sur de Entre Ríos, su sistema de humedales y ecosistemas asociados, a la discrecionalidad resolutiva en manos de la ANPyN, responsable política directa en el proceso previo de construcción de la Licitación y en esta nueva etapa que hemos denunciado de ilegal e inconstitucional, entre otras razones, se avanza en consolidar la misma su rol de autoridad ambiental única y por excelencia, negando las atribuciones constitucionales de las provincias ribereñas y de la máxima autoridad ambiental nacional. 

Hay anclaje legal totalmente ignorado por la ANPyN. La Ley 25.675 ordena atender las causas y fuentes de los problemas ambientales de forma integrada, fija como objetivo el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos junto con la coordinación interjurisdiccional, y su artículo 4 consagra la prevención: actuar antes de que los efectos acumulados vuelvan irreversibles, o desmesuradamente costosa, la recomposición.

Venimos requiriendo desde la AadeAA por distintas vías públicas y de acceso a la justicia, que para las decisiones de transformación estructural (profundidad, trazado, ancho, régimen de mantenimiento, nuevos canales), la realización de una evaluación ambiental estratégica o un instrumento equivalente. Su objeto son las políticas, planes, programas y decisiones de planificación, antes de que las decisiones particulares queden cristalizadas una tras otra. Debería considerar el funcionamiento hidrológico e hidrodinámico, el balance sedimentario, la calidad del agua y de los sedimentos, la biodiversidad y los humedales, las áreas protegidas, las pesquerías, las comunidades ribereñas, los efectos acumulativos, los escenarios climáticos y las alternativas de intervención.

En razón de lo denunciado hemos solicitado se formule requerimiento de instrucción penal ante el juez competente en el marco de la nueva licitación, ahora adjudicada.

La otra cara de Vaca Muerta: cierran escuela por contaminación

En la provincia de Neuquén, la escuela primaria 291 ubicada en Aguada Toledo, dentro de Loma La Lata–Sierra Barrosa, fue inhabilitada por contaminación. La comunidad escolar  está siendo trasladada sin información. Después de dos meses sin clases, el Consejo Provincial de Educación resolvió mantener el edificio cerrado hasta fines de febrero, mientras YPF debe realizar un plan de remediación. A tan solo 1100 mts del edificio escolar funciona una de las fuentes de emisiones de metano más importantes a nivel global según lo determinó el seguimiento realizado por el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA). 

Foto: Martín Álvarez Mullally

-Por Leonora Jáuregui Nicolet (OPSur) y María Marta Di Paola (AAdeAA/CAJE)

La Escuela Primaria N°291 de Aguada Toledo está cerrada desde que terminaron las vacaciones de invierno, hace casi dos meses. La vuelta del receso coincidió con un temporal que complicó el camino en un sector particularmente deteriorado. Es el tramo en el que el tránsito de camiones formó un zanjón que acumula agua cuando  llueve y no permite que el transporte escolar pase con seguridad. El 18 de agosto, con el acceso en mejores condiciones, el edificio se quedó sin gas. 

Janet Alveal es la directora de esta escuela rural que corresponde al Distrito Escolar II de Cutral Có y Plaza Huincul. En el transcurso de estas semanas, Alveal difundió un comunicado sobre el estado de situación y la necesidad de recibir respuestas institucionales: “Esta falta de servicio (de gas) afecta el funcionamiento cotidiano de una escuela de jornada completa, por lo que se han realizado las gestiones correspondientes para intentar obtener una solución”. 

Durante casi dos meses, la única explicación que dio el Consejo Provincial de Educación fue que en la escuela había pérdidas porque el gas se consumía más rápido. La comunidad escolar de Aguada Toledo realizó una serie de reclamos públicos en articulación con la Asociación de Trabajadorxs de la Educación del Neuquén (ATEN) y lograron que los reciba Soledad Martínez, Ministra de Educación, en la sede principal del Consejo, en la ciudad de Neuquén. 

El lunes 21 de septiembre, luego de diez semanas sin clases, la responsable de educación de la provincia se reunió con la comunidad escolar y les comunicó que la escuela va a permanecer cerrada hasta fines de febrero por cuestiones de sanidad ambiental que eligió no explicar. Anticipó la decisión de trasladar las clases a Challacó, es decir, 30 km más lejos por un camino de ripio siempre en malas condiciones. 

El día viernes 25 de septiembre, las autoridades de la escuela recibieron una nota de comunicación interna entre autoridades educativas de la provincia donde se informa la inhabilitación transitoria del establecimiento entre octubre de este año y febrero del próximo año. La inhabilitación se dispuso “en relación con las actuaciones llevadas adelante por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales respecto de la situación ambiental existente en las inmediaciones de la Escuela Primaria N.º 291 de Aguada Toledo”, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa frente a las tareas de mitigación que debe realizar la empresa YPF. Según informa la nota, la Secretaría de Ambiente derivó a YPF la realización del estudio y monitoreo de la calidad del aire, delegando la responsabilidad técnica y socioambiental al sector empresarial.  

Los gases de Vaca Muerta

Según el reporte publicado en junio de 2026 por el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), Argentina figuraba en el lugar 49° por las fugas de unos tanques ubicados en las coordenadas -38.76047, -68.83698 de Neuquén. Se trata de los tanques de YPF en Sierra Barrosa. Según datos del sitio web “Eye on Methane” del Observatorio Internacional de Emisiones del Metano (también del PNUMA), esta fuga fue detectada a través de los satélites de manera continua a lo largo de un año entre mayo de 2025 y 2026.

A principios de agosto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA-CAJE) realizó un pedido de acceso a la información pública ambiental alertando sobre esta situación a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén. En el pedido se consultó especialmente por las medidas de contención realizadas frente a estas fugas en la escuela. Según respondió la Secretaría de Ambiente, la provincia inspeccionó la escuela e informó que estaba cerrada, pero que realizó mediciones igual. No encontraron inconvenientes respecto a las emisiones de los mecheros cercanos. Sin embargo, tal como advierte Patricia Rodriguez, especialista en medición de metano, de la organización Earthworks “el monitor que los representantes de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén usaron en la inspección es un instrumento principalmente usado para seguridad laboral y sanitaria en mayor parte en ambientes cerrados”.

Fuente: Acta de inspección de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales

El metano es un gas incoloro e inodoro, y es el segundo contribuyente más importante al calentamiento global después del dióxido de carbono. Específicamente, su potencial de calentamiento global es 82,5 veces más potente que el dióxido de carbono en un plazo de 20 años. En particular, las actividades vinculadas a los hidrocarburos emiten metano que contribuye a la formación de ozono troposférico (ozono a nivel del suelo), un contaminante atmosférico tóxico. Además, las emisiones de metano vienen acompañadas de otros contaminantes perjudiciales para la salud como óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado fino (PM2.5), ácido sulfhídrico (H2S) y compuestos BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), también conocidos como contaminantes secundarios del metano. 

Según la médica Luciana Capozzi, del Instituto de Salud Socio Ambiental (INSSA), “En esta escuela donde concurren infancias del área rural, se vulnera su derecho a habitar en un territorio sano, y no hay personas sanas cuando se habitan en territorios enfermos. La extracción no convencional de hidrocarburos y su producto, en este caso el metano, enferma los territorios y los cuerpos que éstos habitan. El metano en su transformación a ozono troposférico tiene la capacidad de ingresar al aparato respiratorio produciendo inflamación, que en estas personas que aún poseen un desarrollo incompleto, los vuelve una población vulnerable a sufrir trastornos como rinitis, reagudizaciones de asma, dermatitis y enfermedades hematológicas entre otros”.

Una escuela entre pozos y emisiones 

La Escuela primaria N° 291 se creó en marzo de 1990 para contener el problema de acceso a la educación de las familias de la zona Aguada Toledo “área La Barrosa”. La institución adoptó la modalidad albergue para compensar las dificultades de las distancias, evitar el abandono escolar y achicar la brecha entre zonas rurales y urbanas. 

En 2022, la provincia destinó 92 millones de pesos a obras de remodelación y readecuación en el edificio escolar. Durante los seis meses que demoraron las obras, en la escuela no hubo clases. Sin embargo, la falta de recursos destinados al transporte del grupo de alumnos impidió la continuidad de la modalidad albergue. Desde hace un poco más de dos años, la comunidad escolar resolvió evitar la pérdida masiva de clases que generaba la falta de transporte y desde entonces la escuela funciona con jornadas diarias extendidas.

Una zona con décadas de explotación

La concesión hidrocarburífera Loma la Lata-Sierra Barrosa abarca casi 2000 km² y comprende dos yacimientos, Aguada Toledo-Sierra Barrosa y Loma la Lata. Según información oficial de la provincia, Loma la Lata-Sierra Barrosa tiene más de setenta años y es operada por YPF. Produce gas y petróleo del tipo convencional y no convencional en ambos yacimientos. 

Foto: Martín Álvarez Mullally

Los registros oficiales también muestran que se trata de una zona minada de incidentes ambientales. Según el Informe de Gestión 2021 de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, durante 2019 se registraron 49 incidentes en Aguada Toledo y 26 en Loma La Lata. 

En los registros sobre incidentes ambientales correspondientes al período 2017 – 2021 también aparecen episodios de emisiones de gas en Aguada Toledo. Según estos datos, el 15 de noviembre de 2017, YPF informó la emisión de 80.000 m³ de gas por día, aunque el registro no especificaba durante cuántos días se prolongó la emisión. Una semana después, la empresa informó otro episodio en el mismo yacimiento, con un volumen consignado de 13.333 m³. 

La Escuela 291 quedó en medio de la expansión de Vaca Muerta. A su alrededor se desplegó una extensa red de infraestructura hidrocarburífera que incluye pozos  convencionales y de fracking, instalaciones de venteo y quema de gas, plantas de procesamiento, una planta compresora, baterías y ductos. La magnitud de esa infraestructura en mientras que la cercanía de la fuente de metano, a menos de un kilómetro de la escuela,  permite dimensionar la exposición del establecimiento a esta actividad. 

Finalmente, la comunidad de la Escuela 291 es trasladada fuera de su territorio para que la empresa contaminante se encargue de la mitigación, lejos de lo que propone el principio precautorio: la empresa debería cesar sus actividades hasta bien el gobierno provincial compruebe la falta de afectación a la salud, no solo de la comunidad educativa sino también de vecinos y vecinas. 

En definitiva, la provincia sigue sin emitir información precisa sobre la situación ambiental de Aguada Toledo. Después de reiterados reclamos, la comunidad escolar accedió a una nota entre autoridades de las autoridades de Educación, que tampoco permite conocer con claridad el alcance del problema. Desde el lunes, las clases se trasladaron a Challacó, lo que implica más de cuatro horas diarias de transporte para el grupo de estudiantes. En lugar de garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras y exigir el cese de las actividades que están generando contaminación, el Estado optó por cerrar la escuela y trasladar a la comunidad educativa, mientras deja en manos de YPF los estudios ambientales, el monitoreo y las tareas de mitigación. Hasta ahora, y según las respuestas recibidas, ni la Secretaría de Ambiente ni el Consejo Provincial de Educación contemplan realizar evaluaciones sobre las posibles consecuencias de la exposición para la salud de quienes asisten a la escuela ni de quienes viven en la zona. 

Niña agua, semilla y diversidad

Por Jorge Oscar Daneri, para Análisis Digital

Presente de ciencia ficción, sentencias judiciales de ámbitos superiores, decisiones que niegan el espíritu de los principios ambientales constitucionales más elementales y a la vez, principios que no dejan, para nada ni nadie, de ser esperanzadores.

Ellos, los principios negados, se encuentran en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la constitución provincial. Conforman un sistema amoroso que se va como enraizando en la tierra que sobrevive entre los ríos. Dice que el acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental y no se la puede privatizar. Pero resulta que esta apropiada por los agrotóxicos y el poder enfermo que degrada la democracia y la república.

El principio precautorio dialoga con el preventivo abrazando al de progresividad para cuidar de los niños por venir. Equidad intergeneracional le dicen los que más saben. “Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental,” sentencia el artículo 83 consolidando de manera inapelable y operativa los dos principios vitales.

Estas normas nacieron desde un diálogo de saberes milenario que las convenciones internacionales ambientales y de derechos humanos fueron adoptando y que esculpieron el alma de los constituyentes que casi por unanimidad le dieron el arte de la narración precisa, incluso con destellos de belleza (reforma constitucional de Entre Ríos, 2008).

Pero. la simple claridad y belleza de la norma de los principios constitucionales, es oscurecida por la arrogancia del poder enfermo. La simplificación de los ecosistemas junto a la exclusión de campesinos, productores pequeños, es la demostración más inapelable de un modelo productivo arrogante que no tiene códigos, ni límites, no respeta ni la propia tierra del ser-habitar y ahora, más que nunca con sus representantes privatizadores nacionales y provinciales, de absolutamente todo, impulsan una política desarticuladora de las soberanías de tierras, semillas, cuencas y sus aguas.

La escala humana todo lo dice, es el grito de la tierra, el grito de los pobres de Leonardo Boff. Es la escala que denuncia la cuenca de “Las Conchas”, arroyo de Entre Ríos que gracias a su Comité de Cuenca dicta sentencia real, dolorosamente precisa e inapelable, corre el velo de las miserias humanas, muestra la luminosidad de un cuerpo de científicos leales para con la vida, exponiendo desde la conversación valiente las desarticulación caótica de la inoperancia interjurisdiccional y los resultados catastróficos del modelo extractivista de la mano de los agrotóxicos, como la falta de ordenamiento ambiental de los territorios hacia una transición agroecológica progresiva y urgente. Destrucción de las autonomías municipales por inexistencia de democracia ambiental de cuenca en la construcción de decisiones radicales para cambiar estos escenarios depredadores.

Una niña de 12 años de Aldea Salto (Departamento Diamante, Entre Ríos) por medio de su familia y representantes legales, exponen -con una dignidad que desarticula miedos, especulaciones o adaptación a más de lo mismo- frente al poder judicial, buscando que el espíritu constituyente detenga la injusticia y el dolor provocado en cientos sino miles de maestros, familias, comunidades rurales.

El resumen se encuentra narrado en la textura triste de “Las Conchas”, su poca agua llora al encontrarse con el Paraná, lo que sí prueba con su cuerpo de casi no agua, brutalmente contaminado.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tiene todas las herramientas que la ley General de Ambiente le concede al juez. Es un amplio espectro de actuación para que pueda desplegar todo su poder y garantizar el goce del derecho deber del cuidado del ambiente y los seres humanos (Ley 25675, art. 32 y 33). Necesitamos jueces capaces de comprometerse socialmente, desprovistos de posiciones políticas coyunturales o egoísmos personales, neutrales pero activos, que acompañen la protección de los derechos colectivos frente a la urgencia del trámite que el acceso a la justicia ambiental intenta lograr en protección de los territorios, sus ecosistemas, pero vitalmente el cuidado extremo que las niñas y niños nos exigen.

Quizás, como existe justicia de tiempos pasados que muestran caminos futuros, no olvidamos Sentencias esperanzadoras como la del señor vocal de Cámara, Virgilio Alejandro Galanti, que, en un desarrollo fundado de los principios constitucionales precedentemente expuestos, trasmite un concierto de flautas nativas desde el corazón de la selva en galería de los ríos y arroyos nuestros (1). En esas notas como de agua, quedan aún gotas de esperanza para las juventudes políticas y activistas sociales y así, para la niña agua.

Eise Osman, poeta del Gualeguay, enseña: “En el río del tiempo hay quienes buscan oro y dejan escapar el agua, que es la vida” (2004. En la arena del tiempo. Aforismos. Buenos Aires. Ed Lumen, Pág. 17).

En Entre Ríos y Argentina, se considera a la soja y otras arenas, como oro. La sentencia social, va a llegar, no existe duda alguna. Esta tendencia es realmente desoladora, ecocida.

Finalizando, presente ahora y aquí Eduardo Galeano desde “El cazador de historias” (2).

“Semillas de identidad.

A mediados del año 2011, más de cincuenta organizaciones de Perú se reunieron en defensa de las 3.250 variedades de papas. Esa diversidad, herencia de 8.000 años de cultura campesina, está hoy por hoy amenazada de muerte por la invasión de los transgénicos, el poder de los monopolios y la uniformidad de los cultivos.

Paradójico mundo es este mundo que en nombre de la libertad te invita a elegir entre lo mismo y lo mismo, en la mesa o en la tele”.

Los seres que aquí buscan justicia, niña y comunidad, eligen la libertad de la madre tierra, a ella representan, las aguas, semilla y diversidad.

Referencias

1) Causa “Foro ecologista de Paraná y Otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo. Expte. N° 9850”.

2) Galeano Eduardo (2016) “El Cazador de Historias”. Madrid. Ed. Siglo XXI. Pág. 63.

Petroleo en Malvinas

Petróleo en Malvinas: la Justicia argentina ordenó frenar el proyecto petrolero en Mar Argentino ocupado

El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM La Plata. Ordenó a las empresas Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o ejecutar las obras de explotación petrolera del proyecto llamado “León Marino”  y revelar la estructura técnica, societaria y financiera que sostiene el proyecto.

Tierra del Fuego / Buenos Aires, 16 de septiembre de 2026.

La Justicia Federal ordenó frenar el inicio y la ejecución material del proyecto petrolero León Marino, denominado Sea Lion por las empresas, que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum pretenden desarrollar sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Río Grande en el marco de la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a las dos compañías extranjeras abstenerse de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar los actos materiales necesarios para desarrollar la explotación petrolera. La prohibición comprende tanto las operaciones marítimas como las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener el proyecto.

La decisión constituye un avance fundamental para la defensa de la soberanía argentina y la protección de los ecosistemas del Atlántico Sur. Frente a un proyecto impulsado con licencias otorgadas por el gobierno de ocupación británica, la Justicia afirmó la aplicación del derecho argentino y ordenó actuar antes de que comiencen las perforaciones y se produzcan daños que podrían resultar irreversibles.

La medida cautelar prohíbe a la empresa inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited avanzar con:

  • La perforación del lecho y el subsuelo marino destinada al desarrollo o explotación de hidrocarburos.
  • La instalación permanente de infraestructura submarina para la extracción o producción de petróleo y gas.
  • La colocación de conductos, líneas de flujo, sistemas de inyección, comunicación y control, y estructuras de fondeo permanente.
  • La instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.
  • El inicio de la extracción o explotación comercial de petróleo y gas.
  • Las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener esas operaciones.

La prohibición alcanza también la ampliación de instalaciones portuarias, la construcción o habilitación de bases logísticas, las plantas de preparación de lodos de perforación y cemento, los depósitos de productos químicos, la infraestructura habitacional y las instalaciones de apoyo aeronáutico vinculadas con León Marino.

La orden se extiende a las posibles ampliaciones del proyecto y a los pozos e instalaciones que se encuentren funcionalmente integrados al emprendimiento.

La abstención deberá mantenerse hasta que se realice ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido por la Ley General del Ambiente y se adopte la decisión correspondiente, o hasta que el Juzgado disponga lo contrario.

El proyecto pretende instalarse sobre la plataforma continental argentina y en los espacios marítimos argentinos. Por ese motivo, la Justicia sostuvo que las condiciones de habilitación y protección ambiental se encuentran sometidas a la legislación argentina.

La decisión reconoce además que las normas ambientales y las leyes que regulan la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina son de aplicación obligatoria, con independencia de la nacionalidad de las empresas y de los permisos que invoquen haber obtenido de autoridades distintas de las argentinas.

Ordenan revelar el entramado oculto detrás del proyecto

Rockhopper y Navitas tendrán un plazo de diez días judiciales, contado desde que se perfeccione su respectiva notificación, para presentar información y documentación respaldatoria bajo declaración jurada.

La Justicia les ordenó informar:

  • El estado actual de ejecución de León Marino.
  • El cronograma actualizado de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación.
  • La cantidad, ubicación y estado de los pozos proyectados.
  • Las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga previstas.
  • Las unidades de perforación contratadas.
  • Los principales contratistas y subcontratistas vinculados con la perforación, la infraestructura submarina, la logística y la producción.
  • La estructura societaria utilizada para desarrollar el proyecto y la participación de cada empresa.
  • Los bancos, fondos de inversión y demás actores que hayan financiado específicamente el emprendimiento.
  • Los desembolsos ya realizados, comprometidos y pendientes.
  • Las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con las etapas de construcción, perforación y explotación.
  • Los estudios y evaluaciones ambientales realizados.
  • Los estudios de riesgo, las modelizaciones de derrames y los planes de prevención, contingencia y respuesta.
  • Las obras terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas.
  • Las ampliaciones y nuevos pozos previstos.

Esta información permitirá conocer la verdadera escala del proyecto y reconstruir la cadena de empresas, bancos, fondos, aseguradoras y contratistas que posibilitan su avance.

Preservación de documentos y seguimiento de la causa 

La resolución también obliga a las compañías a preservar íntegramente toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada con León Marino. Las empresas deberán abstenerse de destruir, modificar, ocultar o disponer de esos documentos de una manera que impida su incorporación al expediente judicial.

El Juzgado difirió momentáneamente la decisión sobre la prohibición general de celebrar contratos de financiamiento, recibir desembolsos, realizar transferencias, constituir garantías o afectar activos. Antes de resolver esas restricciones, exigió identificar con precisión a los sujetos, las operaciones y los bienes involucrados.

Una vez incorporada esa información, la Justicia podrá disponer medidas específicas sobre las operaciones financieras directamente vinculadas con el proyecto. La cautelar podrá mantenerse, modificarse, ampliarse o levantarse de acuerdo con los nuevos elementos reunidos en la causa.

El Estado argentino deberá informar y exigir información

La Justicia también ordenó requerir información urgente a distintos organismos del Estado nacional.

La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental deberá informar si existe algún procedimiento ambiental, aviso de proyecto, declaración de impacto ambiental o certificado de aptitud ambiental relacionado con León Marino. Si el trámite se inicia en el futuro, deberá comunicarlo al Juzgado.

La Secretaría de Energía deberá remitir los antecedentes administrativos de Rockhopper, Navitas y las demás sociedades vinculadas con el proyecto. También deberá informar sobre la vigencia y el alcance de las sanciones y actuaciones administrativas existentes.

La Cancillería argentina deberá precisar si alguna de las empresas, sus controlantes, contratistas o sociedades vinculadas recibió autorización del Estado argentino para realizar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes. Asimismo, deberá informar sobre investigaciones, declaraciones de clandestinidad, inhabilitaciones y sanciones relacionadas con el proyecto.

Soberanía ambiental sobre el Mar Argentino

León Marino proyecta una explotación petrolera de gran escala destinada a funcionar durante más de treinta años. Sus primeras etapas contemplan 23 pozos submarinos, infraestructura instalada sobre el lecho marino, una unidad flotante de producción y almacenamiento y una extensa base logística y portuaria.

Rockhopper es una compañía británica. Navitas Petroleum es israelí y controla el 65 % del proyecto mediante una subsidiaria constituida en el Reino Unido. Rockhopper conserva el 35 %.

Las empresas pretenden avanzar con permisos concedidos por la administración colonial británica que ocupa ilegítimamente las Islas Malvinas. La explotación convertiría esa ocupación territorial en apropiación económica de recursos naturales argentinos y consolidaría durante décadas una infraestructura petrolera extranjera en el Atlántico Sur.

El proyecto amenaza las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Las perforaciones, el ruido submarino, el movimiento permanente de embarcaciones, la utilización de sustancias químicas, las descargas operativas y el riesgo de derrames pueden afectar áreas de alimentación, reproducción y migración utilizadas por ballenas, lobos y elefantes marinos, pingüinos, albatros, petreles, peces, tiburones, rayas y otras especies.

La soberanía territorial y la protección ambiental integral forman parte de una misma defensa sobre nuestro territorio, ecosistemas e identidad. Ejercer soberanía en términos amplios e integrales implica decidir qué actividades se realizan, exigir el cumplimiento de las leyes y normas argentinas en todo el territorio nacional, evaluar sus consecuencias y proteger los bienes comunes frente a la apropiación de empresas extranjeras.

La acción legal de fondo

La acción conjunta del CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas une la defensa de los derechos soberanos argentinos con la protección del ambiente marino. La resolución reconoce que la presentación no se limita a una controversia técnica o ambiental. En el fondo de la causa se encuentra la defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos, junto con la obligación de preservar el Atlántico Sur para las generaciones presentes y futuras. A su vez, el contexto de crisis climática global incrementa cada vez más la necesidad urgente urgente de avanzar en procesos ordenados y globales de transición energética integral, lo que incluye discutir la justicia climática para los territorios.

Durante años, las declaraciones diplomáticas y los rechazos públicos no impidieron que las empresas continuaran preparandose para la exploración y explotación. Esta medida cautelar constituye una intervención concreta: ordena frenar las obras antes de que comiencen las perforaciones, exige información sobre quiénes se encuentran, financiera y estructuralmente, detrás del proyecto y abre la posibilidad de adoptar nuevas medidas sobre la cadena económica que lo impulsa.

La defensa de Malvinas requiere políticas públicas permanentes y una actuación coordinada de todas las instituciones del Estado. La Justicia dio un paso fundamental. Ahora corresponde garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución y evitar que Rockhopper y Navitas consoliden una explotación petrolera extranjera sobre territorio marítimo argentino.

Hay que detener el proyecto antes de que la explotación petrolera empiece. Defender el Mar Argentino es ejercer soberanía.

Earthworks anuncia hallazgos de investigaciones de contaminación en Argentina

A través de cámaras infrarrojas, revelan la contaminación oculta de la industria hidrocarburífera en Argentina

Buenos Aires, Argentina – En el Día Internacional del Aire Limpio, Earthworks publicó un informe sobre los daños asociados al petróleo y el gas en Argentina. 

Entre el 15 y el 21 de mayo de 2026, una delegación integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la organización estadounidense Earthworks recorrió los principales sitios de extracción y procesamiento de hidrocarburos de Argentina: Bahía Blanca y áreas de la formación Vaca Muerta.  Este último relevamiento OGI dejó en claro que la devastación y la contaminación que ya afectan a Vaca Muerta se perciben con facilidad: en el olor, en lo que se ve, en lo que se siente y en lo que se oye.

El informe que contiene los resultados de esta relevamiento más reciente de la formación Vaca Muerta (en la provincia de Neuquén), Bahia Blanca (provincia de Buenos Aires) y Golfo San Matias (Rio Negro), donde se estan instalando la infraestructura para exportación de petróleo y GNL. El informe es un seguimiento a un relevamiento similar en 2023.

Esta vez pudimos observar las consecuencias de extraer cada vez más recursos de territorios que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad: infraestructura antigua pero ampliada en Bahía Blanca y una nueva red de instalaciones de petróleo y gas articulada mediante un vasto entramado de ductos que atraviesa el país.

“La destrucción y devastación que todo esto implica es tangible, y las comunidades impactadas continúan denunciando y demandando que esto cambie,” dice Patricia Rodriguez, especialista en imágenes ópticas de gases de Earthworks. “Grupos locales están preocupados por la afectación al sustento de los residentes locales y al impacto socioambiental del avance de estos proyectos. Por ejemplo, en el Golfo San Matías, el GNL va a afectar a especies protegidas, como la ballena franca austral, las orcas, el pingüino de Magallanes.”

Una de las imágenes más contundentes de contaminación atmosférica captadas durante el relevamiento de campo corresponde a la instalación de recolección y separación El Chañar, operada por Pan American Energy en el bloque de esquisto Lindero Atravesado Occidental. La empresa es actualmente la segunda mayor productora de petróleo de Vaca Muerta. En nuestro relevamiento, el tanque de almacenamiento genera una contaminación significativa que incluso fue captada en imágenes satelitales de emisiones de metano en octubre de 2025.

Lo que también llama la atención es que entre los sitios de emisiones de metano más grandes, se registran tres empresas que operan en Bahía Blanca (TGS, Mega y Pampa Energía) que han sido aprobadas o están en proceso de evaluación para recibir privilegios fiscales desde el gobierno nacional a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por 30 años.

Las imágenes de emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles fueron captadas mediante una cámara termográfica —tecnología aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)— capaz de hacer visible lo que el ojo humano no detecta: gases tóxicos que escapan de pozos, plantas de procesamiento y gasoductos.

Earthworks es una organización con amplia trayectoria en la detección de pérdidas no declaradas de la industria petrolera, con cobertura en medios como el Wall Street Journal y el New York Times. En 2023 realizó una tercera visita a Argentina, donde relevó 36 sitios y concluyó que las políticas de expansión del sector hidrocarburífero aumentan el riesgo de efectos negativos sobre la salud de las comunidades y profundizan la crisis climática.

Este relevamiento impulsado por Earthworks aporta documentación visual y técnica a un debate que Argentina no puede seguir postergando: el de los costos reales, en salud y en clima, de la expansión hidrocarburífera.

Patricia Rodriguez explica la importancia de este trabajo, “La esperanza de las ciudades y localidades rurales y costeras está en las propias comunidades y pueblos originarios, que están convirtiendo estas pruebas y sus propias historias en una herramienta para exigir una participación plena en las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios.  La verdad importa.”

Para más información:

petróleo en Malvinas

Soberanía ambiental: El petróleo de Malvinas como nueva forma del viejo despojo

Por Enrique Viale y Ernesto Alonso, septiembre 6, 2026

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentamos una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra Rockhopper Exploration, británica, y Navitas Petroleum Development, israelí.

La demanda (disponible aquí) busca frenar el proyecto de petróleo y gas Sea Lion, denominado León Marino en la presentación judicial. Las empresas avanzan en la Cuenca Malvinas Norte sin la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina ni autorización de las autoridades nacionales. El escrito incorpora, además, una dimensión decisiva: el proyecto introduce una modificación unilateral sobre un territorio ocupado ilegítimamente, en clara vulneración a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.

La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Reclamamos la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto.

AAdeAA y el CECIM llegan desde recorridos que hoy se enlazan. AAdeAA sostiene una defensa jurídica de los ecosistemas, los bienes comunes y el acceso a la información ambiental. El CECIM, nacido en 1982 e integrado por ex soldados conscriptos, construyó durante más de cuatro décadas una política de derechos humanos para pensar Malvinas: Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz. Dos trayectorias. Una defensa. La demanda la llama tutela ambiental soberana.

Dónde se encuentra el proyecto de petróleo en Malvinas

León Marino se encuentra sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b.

Mapa del proyecto, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La infraestructura se distribuye entre la Cuenca Malvinas Norte y las islas. El centro logístico se ubicaría en Puerto Argentino, con ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas para combustibles, químicos y lodos de perforación.

Las dos primeras fases contemplan 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas. Incluyen cañerías, equipos sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

Navitas informa que la primera etapa comprende 11 pozos y la segunda, otros 12. Proyecta producir desde 2028 durante más de 30 años. La propia empresa ubica el yacimiento a 220 kilómetros al norte de las islas.

Durante 2026 comenzaron las obras sobre el muelle y la base terrestre. Las empresas también avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que operaría en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027. La primera extracción, para el primer semestre de 2028. Rockhopper informó públicamente el inicio de estos trabajos.

En enero de 2026, AAdeAA presentó pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. Las respuestas oficiales confirmaron un dato central: Rockhopper y Navitas no realizaron las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos. Tampoco iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.

La evaluación previa permite conocer riesgos, exigir estudios independientes, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana. Nada de eso ocurrió ante las autoridades argentinas. Las licencias de la administración colonial británica no reemplazan nuestras leyes ni permiten disponer legítimamente de los bienes naturales de la plataforma continental argentina.

Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería rechazó la inversión anunciada por ambas compañías: carece de autorización y contradice las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la disputa. El comunicado oficial reafirma las sanciones y la posición argentina.

La soberanía como bien jurídico colectivo

La Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional ratifica la soberanía legítima e imprescriptible sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares. Los reconoce como parte integrante del territorio nacional. Coloca su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Cada palabra tiene peso jurídico. La Constitución ratifica un título, integra esos espacios al territorio y pone el mandato en cabeza del pueblo. El texto constitucional obliga a todos los poderes del Estado.

La Justicia Federal ya reconoció, en la acción del CECIM en defensa de la Ley de Tierras, que la soberanía nacional es un bien colectivo e indivisible. No existe soberanía en cuotas. Una lesión parcial daña el bien entero. El estatuto del CECIM manda proteger los derechos soberanos en el Atlántico Sur, defender los derechos humanos y honrar la memoria de quienes cayeron.

La soberanía excede el mapa y la efeméride. Comprende el derecho del pueblo a decidir, el de las familias a que el lugar donde yacen sus muertos no sea contaminado y el de las generaciones futuras a recibir un patrimonio vivo. Cada pozo hunde una pretensión de permanencia colonial.

Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio.

Los ecosistemas del Mar Argentino que están amenazados

El proyecto afecta directamente dos ecorregiones reconocidas por la Argentina: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Su área de influencia mantiene, además, una conexión ecológica con la Antártida.

La ecorregión Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y sostiene una enorme productividad biológica. Allí viven, se reproducen o se alimentan alrededor de 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.

Las obras implican perforaciones, movimientos del lecho, embarcaciones, ruido submarino, químicos y riesgo de derrames. Las corrientes pueden extender sus efectos sobre áreas de alimentación, reproducción y migración entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Las instalaciones de Puerto Argentino agregan impactos terrestres y costeros: ampliación portuaria, almacenamiento de combustibles y químicos, generación de residuos, aumento del tránsito y construcción de infraestructura industrial. El mar y la costa integran un solo sistema extractivo. Así deben ser evaluados.

Qué le pedimos a la Justicia

La medida cautelar solicita suspender las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino. También impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto. Busca detener el riesgo ambiental y soberano antes del daño. Y la modificación unilateral antes del hecho consumado.

Pedimos informar la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde operan las empresas. Que las compañías identifiquen bancos, fondos, aseguradoras y demás actores que sostienen la explotación. El dinero deja huellas. Quienes financian una actividad ilegal no pueden permanecer detrás de la niebla corporativa.

Solicitamos que las licencias de la administración colonial británica sean declaradas inoponibles a la República Argentina. Una autorización colonial no convierte el despojo en derecho ni sustituye la evaluación, la participación ciudadana y los permisos exigidos por el orden público ambiental argentino.

Esta presentación continúa la trayectoria de AAdeAA frente a la frontera petrolera. En 2022, junto con organizaciones y asambleas, promovió una acción contra la exploración offshore frente a Mar del Plata. La causa obtuvo una medida cautelar y abrió un precedente sobre impactos acumulativos. Hoy esa experiencia converge con la trayectoria soberana y de derechos humanos del CECIM.

La Resolución 2065 reconoció la disputa de soberanía y abrió el camino de la negociación. En 1976, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. León Marino vulnera ese mandato. Infraestructura. Capital. Treinta años de extracción proyectados sobre un territorio disputado. Cada pozo busca perforar también el derecho. El petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo.

Frente al comienzo de las obras, la intervención debe ser inmediata. La prevención trabaja antes de la cicatriz. Después de un derrame, el daño resulta en gran parte irreversible. Después de décadas, el hecho consumado intenta volverse paisaje.

Defender Malvinas exige paz. Exige derecho. Exige cuidar. Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz forman una misma trama. El mar es territorio. El ambiente es patrimonio. La soberanía es del pueblo.

* Enrique Viale es presidente de la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas.
** Ernesto Alonso es presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas
Sobre las empresas sancionadas en la Argentina:
Rockhopper Exploration es una petrolera británica, constituida en Inglaterra y Gales, con sede en Salisbury y cotización en el mercado AIM de la Bolsa de Londres. En la Argentina fue declarada clandestina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional. En 2013, la Secretaría de Energía la inhabilitó durante 20 años. Pese a esas sanciones, conserva el 35 % del proyecto León Marino. Información corporativa de Rockhopper. Resolución de inhabilitación.
Navitas Petroleum es una petrolera israelí, con sede en Israel y cotización en la Bolsa de Tel Aviv. Controla el 65% del proyecto mediante Navitas Petroleum Development and Production Limited, una subsidiaria constituida en el Reino Unido. El Estado argentino le advirtió formalmente que debía abstenerse de financiar y participar en actividades petroleras no autorizadas alrededor de Malvinas. La empresa continuó: en 2022 fue declarada clandestina e inhabilitada durante 20 años. Información oficial sobre la sanción.