Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto al Colectivo de Acción Jurídica por el Ecosistema (CAJE), realizamos cinco pedidos formales de acceso a información pública ambiental a distintos organismos del Estado, ante el avance del proceso administrativo para una nueva Licitación de la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Esta licitación apunta, conforme sus recientes antecedentes, peligrosamente hacia un escenario de privatización absoluta, reproduciendo errores ya señalados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la fallida licitación anterior.
Las solicitudes se dirigieron al Instituto Nacional del Agua, Consejo Hídrico Federal, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, esta última responsable del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), clave para garantizar el manejo interjurisdiccional y federal del río y sus ecosistemas asociados (las islas y humedales), en su tramo inferior, el que recibirá el mayor impacto en el contexto de profundización del cauce principal, que se impulsa oficialmente.
Los requerimientos incluyen:
La entrega completa de toda la documentación generada durante el proceso licitatorio previo, recientemente frustrado por decisión del propio gobierno nacional.
El acceso a los primeros borradores de los Términos de Referencia (TdeR) para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previstos en la nueva etapa técnica-administrativa de la licitación. Es imprescindible conocer qué criterios ambientales estarán presentes desde el inicio del proceso y cómo participarán los distintos organismos provinciales y nacionales.
En caso de no existir aún estos documentos preliminares, exigimos detalles precisos sobre el estado actual del proceso, las autorizaciones pendientes, audiencias públicas previstas, y cómo se respetará concretamente la normativa ambiental vigente.
Exigimos claridad sobre el organismo independiente o comité técnico responsable de evaluar objetivamente estos estudios ambientales una vez concluidos. Es fundamental además que los TdeR incluyan explícitamente alternativas concretas a la privatización total del río Paraná, en línea con los principios básicos de cualquier evaluación ambiental rigurosa.
Finalmente, requerimos de los organismos interpelados, se nos informe si disponen de los dictámenes emitidos oportunamente por todos los órganos de control del Estado Nacional en sus tres Poderes, como del extinto órgano de control, denominado ECOVINA, en relación a las temáticas que nos ocupan en el desarrollo de reformulación de los pliegos de la Licitación y en particular sobre la legislación ambiental aplicable y el proceso EIA, previo a la misma.
Necesitamos garantizar la trazabilidad y coherencia del proceso respecto a la legislación ambiental aplicable y el desarrollo efectivo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Para la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial esta documentación es crucial para asegurar un proceso transparente, participativo y ajustado a los estándares internacionales vigentes, particularmente los establecidos por el Acuerdo Regional Latinoamericano de Escazú, del que Argentina es signataria. Recordamos que este acuerdo obliga a los Estados a garantizar la transparencia, la participación pública efectiva y la protección de defensores/as ambientales ante decisiones trascendentales como ésta.
La gestión del río Paraná no puede quedar subordinada únicamente a intereses económicos o privados, en desmedro de los derechos colectivos y la justicia ambiental.
Exigimos al Estado Nacional cumplir con su deber institucional de brindar información clara y oportuna, garantizando una gobernanza pública, democrática y ecosocial del río Paraná.
Adhirieron a las presentaciones las siguientes organizaciones: Taller Ecologista Rosario, El Paraná No Se Toca y las Multisectoriales por los Humedales de Rosario y de Paraná.
*Las presentes acciones acompañan la campaña “Remar contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía”, que partió el 1ro de marzo desde Formosa y llegará a Rosario el 22 de Marzo, día mundial del agua.
El primer intento de privatizar el Río Paraná fracasó. El meganegocio del proyecto llamado “hidrovía” vuelve a un limbo administrativo. Alejo di Risio documenta las tramas geopolíticas alrededor de la cuarta cuenca de agua más importante del mundo por su tamaño y biodiversidad, y también las disputas colectivas por otros futuros posibles para nuestros ecosistemas. Proyectos y propuestas que luchan para proteger al río, para que nunca llegue la solastalgia, esa angustia por los paisajes que se pierden ante la avanzada del poder financiero.
La frase, que repetimos desde las organizaciones socioambientales, puede sonar vacía, slogan de publicidad. Pero más allá de la semántica, levanta una bandera por los futuros posibles para el Río Paraná, sus cuencas y ecosistemas. A otra escala, levanta también banderas por la capacidad que tengamos como pueblo de vincularnos con nuestras aguas.
El pasado 12 de febrero fue declarada vacía la licitación para el proyecto llamado hidrovía. Once empresas habían demostrado interés inicial, pero la que más había deslegitimado el proceso fue la única en llegar al final. Unas declaraciones de Adorni más tarde, la concesión volvió al limbo político en el que navega desde fines del 2021. Una administración estatal contrata a una empresa extranjera, y ninguna de ellas controla qué sale en los megabarcos que circulan por el río. Ni las obras ni el peaje son centrales en esta disputa, lo que está en juego es un nodo geopolítico. Uno que depende de la salud de vastos ecosistemas que están cada vez más frágiles.
Desde el fracaso de la licitación que vuelan sillazos. Los poderosos que se disputan el control del río hacen fuertes lobbys para definir las nuevas condiciones. Gobernadores, cámaras empresariales y la Sociedad Rural cruzan insultos en los titulares de grandes medios. El funcionario libertario de Puertos acusó de boicot, sabotaje y “una lluvia de operaciones” a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, el diario La Nación, diputados anónimos y la Sociedad Rural. En respuesta, el ex-presidente Macri arremetió contra Santiago Caputo, a quien acusó de crear una comisión trucha. En un año electoral, la alianza entre libertarios y macristas negocia, con reiterados golpes del ejército digital libertario al macrismo. Es que no solo está en disputa la caja de la actual licitación (calculada en doce mil millones de dólares), sino el nodo geopolítico que abre el Río Paraná. Para los grandes jugadores económicos es una salida de exportación. Pero para millones de personas que dependemos de él, la integridad del río y de la cuenca toda es parte de quienes somos, de cómo vivimos.
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¿Dónde empieza y dónde termina un río? Por definición, los ríos son cambio. Paradigma de lo que existe en constante flujo. Si bien toda topografía muta, los cauces son ese rincón del paisaje que más rápido escapa a la foto del pasado. Cada curva que toma la corriente vuelve a agrandar sus meandros, redibuja sus costas. Todos los deltas están definidos por su liminalidad. Y cada orilla, que cambia con cada atardecer, es una mala frontera.
La marea del río, inscripta en el pulso de cada chamamé, muta con el clima y las temporadas. En cada bajante y creciente, dibuja nuevas figuras sobre el territorio, propone otra forma de medir el tiempo y las épocas. Los sistemas de humedales a su alrededor reciben en cada creciente al caudal del canal central y lo devuelven dosificado cuando llegan las bajantes. Estos valles de inundación regulan el pulso natural, inspiran a identidades locales, y alojan incontables especies: un extenso archivo genético-biológico.
Pero dimensionar el patrimonio de biodiversidad no alcanza para describir el equilibrio milenario al cual la vida ha llegado en estos paisajes. Ese gran valle de inundación y sus sistemas de ríos, humedales y sociedades que llamamos la cuenca del Plata es el cuarto más grande del mundo. Si tomamos en cuenta todo el Acuífero Guaraní, es hogar de más de 100 millones de personas. Una geografía que nace en el Gran Pantanal, sur de Brasil, y atraviesa 50 represas para llegar a nuestro territorio, pasando por las cataratas del Iguazú, los esteros del Iberá e incontables ecosistemas en el camino. Hay ocho provincias argentinas, 12 millones de personas, cuyo bienestar está intrínsecamente ligado a la salud de la cuenca.
La potencia inmanente del río vive en tensión con el motor de la macroeconomía nacional: el mandato exportador. Si en algo coinciden los economistas -tanto neodesarrollistas como anarcolibertarios de escuela austríaca- es en la necesidad de exportar cada vez más como única salida de las crisis financieras. En este marco, los mares y ríos son reducidos a “autopistas líquidas”. Pero el Paraná es un río aluvial, de poca pendiente. Los sedimentos que arrastra a lo largo de kilómetros se depositan en su tramo bajo, creando islas, islotes o bancos de arena. El delta es un piquetero por definición.
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Desde hace unos años que la falta de agua tiene inquietos a los dueños del agronegocio. La sequía de 2023 redujo sus ganancias por casi dos tercios, y la bajante de los últimos años del Paraná también limitó la carga de los barcos. Ante la inestabilidad hidrológica su apuesta es una sola: dragar, dragar y dragar. Para que grandes megabarcos salgan al mar a capacidad repleta, y que nada detenga la libertad de la máxima recaudación.
Mientras tanto, la crisis climática hace que la atmósfera pueda absorber más agua. Esto significa que cada vez vamos a atravesar más inestabilidad hidroclimática. Las inundaciones y las sequías serán cada vez más profundas, y pasará menos tiempo entre una y otra. Para mitigar el impacto social de estos “latigazos climáticos” la ciencia establece que es clave gestionar de modo integral ambos períodos, o sea co-gestionar bajantes y crecientes como un sólo fenómeno. Desde el punto de vista ambiental, profundizar el dragado va absolutamente a contramano.
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Agosto del 2000, Brasilia. Veinte hombres en traje posan para la foto. Fernando de la Rua, Alberto Fujimori y Hugo Banzer entre ellos. Hay doce presidentes sudamericanos en total, a su lado, varios miembros de organismos internacionales. Todos juntos, presentan su visión de futuro para el continente: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Un plan maestro de intervención continental , que cierra al tono de una década dominada por el Consenso de Washington. Define una serie de megaproyectos logísticos que cruzan de lado a lado el continente y facilitan así la salida de grandes volúmenes de naturaleza en forma de bienes primarios.
Uno de estos proyectos integra Sudamérica de forma vertical: recorre 3.400 kilómetros —desde Puerto Cáceres, Brasil, hasta el puerto de Montevideo, Uruguay—. Fue bautizado “hidrovía”, palabra que no existe en ningún diccionario, y que nombra a la compañía a cargo de las obras. Hidrovía S.A. está formada por una alianza entre la dragadora belga Jan de Nul y la empresa argentina EMEPA. Esta última del empresario Gabriel Romero, quien décadas más tarde participará de la “Causa Cuadernos”, confesando haber pagado coimas para extender la concesión de esta concesión.
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El historiador Alejandro Galliano describe con detalle la enorme capacidad de soñar que tiene el capitalismo. Intervenir a escalas colosales el territorio precisa mucha planificación, requiere una capacidad muy grande para mirar el futuro. Para el imaginario utópico financiero no hay límite físico o político. Cualquier obstáculo, como un Delta, puede atravesarse, excavarse. En las mesas de planificación todavía flota el sueño de conectar al Río Paraná con la cuenca del Amazonas. Atravesar el continente con un complejo de esclusas que compensen la diferencia de altura, similar a lo que sucede en el canal de Panamá.
Es el pasaje centroamericano el que da nombre a los modelos de buques oceánicos: Panamax y Post-Panamax. Garantizar la circulación de estos edificios flotantes es la tarea. La pequeña flota de barcos que remueve sedimentos suele presentarse como un proyecto de infraestructura. Pero la construcción es casi nula. Las obras de dragado no crean nuevas estructuras, sino que moldean la forma del río. La tarea suena a ciencia ficción capitalista: esculpir un surco en el fondo de uno de los torrentes más caudalosos del mundo. Todo para abaratar costos de flete con unos barcos que no ven la orilla, que están fuera de escala.
La profundidad es la métrica clave para la Bolsa de Comercio de Rosario, centro de operaciones de las grandes exportadoras. Cada centímetro ganado al río añade toneladas de cereal en la carga de cada barco que zarpa desde los alrededores de Rosario. Por año se estiman 130 millones de toneladas de productos agropecuarios e industriales (declarados). La mayor parte es proteína vegetal. Cultivada y crecida con nutrientes de nuestros suelos, mano de obra nacional, agua barata y energía subsidiada. Pero cuando importamos bienes pagamos dieciocho veces más caro cada una de estos insumos. Estamos regalando bienes comunes.
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Noviembre de 2024. Día de la Soberanía. Argentina recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845 nuestra joven república rechaza en el Río Paraná el avance militar de Reino Unido y Francia. Aquella flota anglo-francesa venía con maquinaria militar de punta, para “pacificar” el conflicto entre Uruguay y Argentina. Su objetivo real era establecer la libertad de los mercados internacionales. La misma que defiende, 180 años después, el gobierno de Javier Milei al anunciar la privatización del control del río.
Las empresas más interesadas en la licitación son cinco. La china Shanghai Dredging Company y el grupo de las “Big Four” de la logística internacional: Van Oord, DEME, Boskalis y Jan de Nul. Pero no son sólo las dragadoras las únicas que miran la cuenca que mueve el 50% de la proteína vegetal global. En marzo de 2024, el interventor de la hidrovía, Gastón Benvenutto se reunió con el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Anunciaron un acuerdo de colaboración entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El Memorando de Entendimiento no fue revelado, pero la noticia, publicada por Infobae, habló de “colaboraciones en seguridad” y “medidas para combatir actividades ilícitas”. Un mes después la generala Laura Richardon advirtió en el mismo medio sobre la inminente llegada del fentanilo al Gran Rosario y enfatizó “la necesidad de trabajar juntos” para prevenir “actividad maligna”.
Stanley volvería a Rosario junto al Embajador belga para celebrar el protagonismo de la empresa Jan de Nul y apoyar su continuidad en la zona. Más tarde se reveló que ese acuerdo había sido iniciado en 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, bajo la firma del entonces interventor José Carlos Beni. La empresa Jan de Nul fue la acusada de haber recibido favoritismo en esta licitación caída. Más de doce organizaciones distintas accionaron judicial o administrativamente para exponer la licitación hecha a medida, tanto por razones técnicas y financieras. Entre los opositores a la actual licitación, también estaban los grandes actores del poder, con el macrismo a la cabeza.
El ex presidente tuvo su propio sueño para el río: reemplazarlo. Construir una verdadera autopista líquida, un canal exclusivo que corriera paralelo al Río Paraná, desde Rosario al Atlántico. No dragar el río, sino armar uno nuevo. Su metrobús fluvial no prosperó, pero el PRO está hoy en día en abierta disputa con La Libertad Avanza, con campaña abierta para evitar la licitación libertaria, fue acusado por ello. En tándem con Máxima Zorreguieta, hacen lobby a favor de la holandesa Boskalis, que en 2013 fue echada del canal Martín García por intentar sobornar a un funcionario uruguayo.
La licitación actual propone cavar el Paraná aún más: hasta los 44 pies, esto es más de 14 metros, denunciado como un ecocidio por organizaciones socioambientales. Deja la evaluación de impacto ambiental en manos de las empresas, y les concede el control del río por 30 años, extensible a otros 30 años más, hasta 2085. Por otro lado, el gobierno avanza en desregular las áreas estatales de control marítimo y fluvial. A pesar de que lo que pasa en el río en Misiones impacta en el Delta del Tigre, la visión de cuenca no empapa ninguna de las medidas. Por eso, también están en la mira el Instituto Nacional del Agua, AySA y sus once millones de usuarios, y las estructuras populares ambientales, culturales, organizacionales que promueven vínculos con nuestros ríos más allá de lo financiero.
Dime con quién andas y te diré qué futuro para el río quieres. Las agrupaciones portuarias y las cerealeras demandan una licitación rápida y cada vez más profunda. Los gobernadores buscan morder tajada en el control de la caja y expandir el dragado hasta puertos secundarios. Pero las organizaciones ambientales y sociales a lo largo de la cuenca reclaman otra forma de gestionar y habitar las cuencas. ¿Y quienes no tenemos poder, qué proponemos y qué buscamos para los futuros del río?
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¿Cómo dimensionar el impacto de estas intervenciones en la vidas cotidianas? Lxs vecinxs de Victoria llegaron a temer que sus humedales murieran de sed. Parte del sedimento que las dragas remueven termina en las costas. Esto obstruye la entrada de agua a las bocas que alimentan otros canales, como las tres que alimentan el humedal que brinda agua a la ciudad de Victoria. Con menor caudal, empeoró la calidad del agua potable. La seca puso en riesgo los entramados de la economía popular que dependen de la salud de los ecosistemas. Oficios, trabajos, cultivos, ganadería, alimentación que se deshidrataba con las lagunas, degradando los suelos irreversiblemente. Las organizaciones locales denunciaron que, por primera vez en la historia, los humedales podían morir de sed. ¿Cómo se recomponen las identidades definidas por el ambiente cuando éste muere? La licitación actual ignora estos brazos secundarios.
“Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos”, escribe la periodista Jorgelina Hiba en Paraná Extremo. Al Paraná lo convirtieron en “curso multifragmentado”. Las quemas descontroladas, la pampeanización del delta, la especulación inmobiliaria y el efecto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad afectan la integridad del río, lo que el río es. Si la identidad es definida por el ambiente, las heridas sobre el Paraná lastiman nuestra cultura.
Las bajantes de los últimos años dejan marcas a lo largo de la sensibilidad litoraleña. En muchos corazones todavía pesa una profunda solastalgia, esa angustia generada por la degradación ambiental de los lugares que sentimos hogar, que pensamos propios, de los cuales formamos parte. El entramado de organizaciones culturales, sociales y territoriales siente solastalgia pero a la vez está agitado, ebullece.
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Luis “Cosita” Romero pesca en medio del río. Escucha Radio Nacional desde el bambolear de su canoa, la Danielito 1º. Sube el volumen del noticiero de Radio Nacional cuando hablan del proyecto del Paraná Medio. El locutor informa que la represa generará un valle de inundación de un millón de hectáreas. Cubrirá islas, y vecinos de las costas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán que desplazarse. Para hacerlo entregará el control de la represa a Estados Unidos por 30 años. Es 1996, pleno menemismo. “Cosita” arenga a su amigo y colega Raul Rocco. Están decididos. Irán pueblo por pueblo a lo largo del río compartiendo con la población las consecuencias de la represa, el territorio perdido, el exilio del propio hogar. Parten hasta la represa Yacyretá, que lleva el nombre de la isla que estaba allí antes de la represa: tierra (retã) de la luna (jasy). Navegan más de mil kilómetros, con una carpa prestada y dos bolsas de dormir, hasta la ciudad de Paraná. Como acto de inauguración de la travesía, Cosita y Raúl se acercan al enorme muro y escriben con tiza sobre el concreto “DESDE AQUÍ NUNCA MÁS”. La canoa en la que parten es la de Raul, se llama “La Enamorada del Río”.
Construir otras formas del futuro para nuestros ríos implica diseñar modelos alternativos de conexión identitaria y comunitaria con ellos. Recuperar el derecho al acceso público a las costas, crear reservas naturales naturales y políticas territoriales a la altura de la crisis climática. Curar y sanar nuestras aguas implica regular las aguas cloacales, controlar su tratamiento; realizar estudios integrales sobre el efecto de los agrotóxicos que caen al río implica, repensar el modelo del agronegocio y escalar las experiencias que cultivan alimento en sinergia con la naturaleza.
Para mucha gente el futuro ya no es significado de progreso; y la dimensión ambiental ocupa buena parte de esta crisis de esperanza. ¿Qué futuros deseables, plenos y potentes nos imaginamos para nuestro gigantesco río marrón? Una sociedad potente, con economías que garanticen el bienestar, pero donde las dimensiones ambientales, culturales y sociales del río sean incorporadas. Con Comités de Cuenca realmente efectivos y con comunidades organizadas en alianza con el saber científico. Reconstruir nuestros sistemas de transporte fluvio-marítimos, con barcos y barcazas que puedan integrar a la Argentina desde Misiones a Tierra del Fuego. Con una navegación a través de los ríos y mares, no sólo para la exportación, sino también para las personas.
La gesta de “Cosita” impulsó el movimiento ambiental entrerriano de la época que logró inscribir su voluntad en Ley Antirepresas 9092/97, y la posterior inclusión del Artículo 85 en la constitución provincial entrerriana. El 25 de septiembre se celebra la Ley de Libertad de los Ríos en su honor. Desde entonces, “Cosita” se dedica al turismo comunitario, pero ahora ha tomado nuevamente los remos. Su historia inspira militancias, contagia acción. Hoy 28 años después, Cosita viaja de nuevo; navega con una flota de canoas en la travesía Remar Contracorriente, en la cual más de 180 organizaciones convocan a remar en contra de la extranjerización de nuestros ríos. Llaman a retomar la rebeldía para defenderlo. Florecen así cientos de militantes que con remo en la mano, se disponen a recorrer de nuevo cientos de kilómetros para defender y proteger al Río Paraná. Salen a disputar la capacidad de soñar y dedicarse a imaginar lo imposible, para construir realidad.
Ante las detenciones a Defensores del Agua en Mendoza. — Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de los allanamientos y hostigamientos contra defensores del agua en Mendoza. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier perjuicio ocasionado a quienes ejercen su derecho a la protesta y defenderemos a quienes protegen el agua contra las amenazas al bienestar colectivo.
El pasado 24 de enero se dio inicio a una jornada que deja una huella nefasta en la provincia. En simultáneo a la inauguración de la Oficina Minera, se realizó una movilización ciudadana en rechazo al avance minero. La cabeza de cuenca del Río Mendoza fue así testigo de un entramado de intereses que busca vulnerar el derecho a manifestarse y hostigar a las personas que lo intenten.
Ante esta situación, grupos vinculados a la UOCRA y barras bravas de clubes de fútbol, actuando a órdenes del gobierno provincial, boicotearon la protesta y, en el proceso, se registraron episodios de violencia física.
En este marco, nos encontramos en articulación con Marcelo Romano, a cargo de la defensa, citados para una audiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de recurrir a un amparo judicial que garantice la libertad y seguridad de todos los afectados.
Exigimos, además, un Estado a la altura de la crisis ecológica y climática actual, que garantice los derechos humanos y la voluntad popular mendocina de cuidar el agua. Es imprescindible que las decisiones que afectan a la ciudadanía y a nuestros bienes comunes naturales sean tomadas en un marco de respeto a la legalidad, la transparencia y la participación democrática.
Ante estas detenciones a defensores del agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convoca a la sociedad a acompañar a las personas afectadas y no permitir cualquier abuso de poder. Seguiremos informando novedades del caso y sobre las acciones legales que acompañaremos para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial anunciamos un duro golpe a la Mafia del Desmonte en Chaco La acción de ayer, desarrollada en las inmediaciones de Tres Isletas, Chaco, constituye una respuesta contundente a prácticas ilegales que vulneran las órdenes de la justicia. Esta intervención, fruto de la presentación judicial interpuesta al constatar el incumplimiento de la medida cautelar, envía un mensaje claro: la desobediencia frente a una orden judicial no quedará impune.
El operativo, coordinado por la Justicia Federal, se efectuó en un predio próximo a la localidad de Tres Isletas, en Chaco. Durante la inspección, los operarios reconocieron estar ejecutando tareas de desmonte en beneficio del Sr. Roberto Nardelli, lo que evidenció la infracción denunciada y validó la intervención legal. Esta confesión, que encaja de forma precisa en la denuncia realizada, valida la acción del Estado para frenar actividades que afectan directamente la integridad del monte.
En una medida sin precedentes, se procedió al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking, maquinaria vinculada a múltiples desmontes en los últimos años. La incautación de este equipo no solo detuvo la actividad en el acto, sino que también marca el inicio de un proceso judicial que sancionará la transgresión cometida. Para quienes no están familiarizados con el lenguaje legal, se trata de que la autoridad, al percibir el incumplimiento de una orden de no intervención, ha procedido a retirar la maquinaria de la operación, evidenciando la aplicación efectiva de la ley.
La violación de la medida cautelar implica, en términos simples, el no acatar una orden emitida por la justicia destinada a evitar daños irreparables en el monte. La acción judicial emprendida se sustenta en los conceptos de desobediencia y daño, términos que en lenguaje llano significan que quien infringe la norma no solo desatiende una orden, sino que genera perjuicios en el territorio. Esta claridad jurídica permite que la ciudadanía comprenda las implicancias de tales actos y se comprometa con la defensa de nuestro entorno natural.
El operativo de ayer no es un hecho aislado, sino el reflejo de un accionar coordinado entre organismos judiciales y la sociedad civil. La determinación de detener la labor del desmonte y de secuestrar la topadora envía un mensaje contundente a aquellos que pretenden evadir la ley para lucrar a costa del monte. Cada acción en este sentido es un paso firme para recuperar el control sobre nuestro territorio, en el que la fuerza del accionar colectivo se impone frente a intereses privados.
Esta intervención judicial pone en evidencia la eficacia del trabajo coordinado entre la justicia y los ciudadanos comprometidos con la defensa del monte nativo. La participación activa de quienes, desde diversos ámbitos, se suman a la denuncia de actos contrarios a la ley, demuestra que la protección del territorio es una lucha compartida. En este sentido, la acción de ayer es una muestra de cómo la presión social y la vigilancia constante se traducen en medidas concretas que protegen lo que es de todos.
El secuestro judicial de la Topadora LD160 Lonking establece un precedente importante: la impunidad no es una opción. La clara tipificación de desobediencia y daño abre la puerta a la aplicación de sanciones firmes, lo que refuerza el compromiso de las instituciones de garantizar que se cumplan las normas que protegen nuestro monte. Este proceder no solo refuerza la autoridad de la ley, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en un accionar justo y transparente.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas entendemos que la defensa del territorio es tarea de todas las personas. La acción de la Justicia Federal, sumada a la denuncia ciudadana, convierte a cada actor social en un guardián del monte. Es la unión y la conciencia colectiva lo que posibilita la construcción de un frente común que rechaza las prácticas destructivas y exige el respeto irrestricto de la ley.
Hacemos un llamado a periodistas, activistas y a toda la ciudadanía comprometida con la protección del territorio a seguir informando y denunciando hechos que atenten contra la integridad del monte. La transparencia y la responsabilidad son pilares indispensables para que la justicia actúe con firmeza y eficacia. Cada noticia, cada denuncia, fortalece el marco jurídico que hoy respalda una acción decisiva contra el desmonte ilegal.
La intervención de ayer es una victoria compartida y un incentivo para redoblar esfuerzos en la defensa de lo que es patrimonio que la ciudadanía tiene que proteger. Con la convicción de que la justicia se fortalece cuando se ejerce de manera colectiva, invitamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y a sumar sus voces en esta lucha. Sigamos adelante con determinación, conscientes de que cada acción cuenta para preservar la integridad del monte y el futuro de nuestro país.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
La Argentina enfrenta incendios devastadores en el sur y noreste del país, agravados por sequías, altas temperaturas y desfinanciamiento estatal. Las plantaciones de pinos aumentan el riesgo y dificultan la regeneración del ecosistema. Este modelo forestal, basado en monocultivos exóticos, afecta la biodiversidad, el agua y las comunidades, promoviendo un desarrollo insostenible y regresivo.
Otro verano con incendios en todo el país. En la Patagonia, donde aún continúan activos, consumieron miles de hectáreas de bosques en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanin. En la Comarca Andina ya se quemaron también miles de hectáreas en una zona de interfase urbano-rural, destruyendo casi 200 viviendas y con centenares de familias evacuadas. Hasta el momento más de 45.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego en el Sur.Los peores en las últimas tres décadas.
También hay incendios de gran extensión en las provincias del noreste del país, ya muy castigadas por el fuego durante los últimos años. En lo que va de 2025, solo en Corrientes se quemaron cerca de 150.000 hectáreas, aunque los datos varían por la ausencia de información oficial confiable.
En todos los casos se combina una sequía atípica, temperaturas extremas y fuertes vientos como detonantes principales, sumado a que los recursos para prevención y control que destinan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son insuficientes y cada vez más escasos.El desfinanciamiento y precarización de las áreas de control del fuego en el Gobierno Nacional se hace sentir en los territorios y tiene consecuencias desastrosas muy concretas en el marco del Cambio Climático Global.
La mayor respuesta estatal fue la persecución a comunidades mapuches y grupos comunitarios. Una verdadera cacería, por parte del Gobierno Nacional y provinciales. Para des-responsabilizarse de los incendios necesitan un culpable, un “enemigo” que alimente teorías conspirativas.
Pero existe otra constante de la que se habló en mucho menor medida: los habitantes y productores de las zonas bajo fuego indican que la presencia de plantaciones forestales de pinos —y, en menor proporción, eucaliptos— han contribuido a aumentar los riesgos, actuando como focos o haciendo que los incendios se propaguen con tal velocidad o adquieran magnitudes de tal violencia, que los deja fuera de control. También sucede que se prioriza el control del fuego en las plantaciones forestales, y se deja a merced del fuego a los bosques verdaderos, pastizales y humedales.
Pinos e incendios
No es sorprendente. Desde hace décadas que esta característica “pirogénica” de los pinos está estudiada y documentada en otras partes del mundo, tanto donde se cultivan como en los países del hemisferio norte de donde son originarios.
Contribuyen sustancialmente a que los incendios sean más frecuentes e intensos porque, de alguna manera, les resultan favorables. Tienen características que les permiten sobrevivir o regenerarse rápidamente, aumentando incluso su superficie gracias a este disturbio (cortezas gruesas, enorme producción de semillas que germinan o dispersan en respuesta al calor extremo). Además, contienen aceites o resinas inflamables que aumentan la probabilidad de incendio, y su hojarasca (la “pinocha”) se acumula sin degradarse y es más inflamable que la de nuestros ambientes nativos. Como si esto fuera poco, como las copas están tan cercanas el fuego se puede trasladar en altura, siendo estos incendios de copa los tipos de incendios forestales de mayor severidad y peligro.
En condiciones post fuego también se ven favorecidas, interfiriendo con la regeneración de nuestros bosques, matorrales y pastizales quemados. En esas condiciones los pinos germinan literalmente como un césped y cubren completamente el suelo, ahogando a la vegetación nativa e impidiendo que prospere.
Ya sea por causas naturales o antrópicas, el fuego forma parte de la dinámica de varios ecosistemas argentinos. Pero la combinación de fuegos repetidos y catastróficos con las plantaciones de pinos es un nuevo tipo de disturbio que puede llegar a convertir tierras productivas en improductivas y ocasionar graves deterioros ambientales y socioeconómicos en una región.
Las plantaciones forestales pueden causar y agravar las sequías
Además del riesgo de incendio que se retroalimenta y de la pérdida masiva de biodiversidad que provocan las plantaciones forestales, uno de sus impactos más importantes se produce sobre la hidrología de las regiones en donde se instalan, pudiendo afectar la calidad, cantidad y distribución del agua superficial y subterránea.
Los pinos y eucaliptos consumen cantidades enormes de agua, mucha más de la que consume la vegetación nativa, especialmente cuando reemplazan arbustales y pastizales. Normalmente consumen más agua de la que llueve, con lo cual deben bombearla de las napas y de los cuerpos de agua vecinos. Además, su altura y densidad de ramas y hojas impiden que un alto porcentaje del agua de lluvia llegue al suelo (hasta el 95%); ésta queda retenida en las copas y luego simplemente se evapora con el sol. Estos procesos combinados contribuyen a que, con el paso del tiempo, disminuya o desaparezca la recarga de agua de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos, que finalmente se secan. Esta situación se agrava al aumentar la superficie plantada o invadida, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo (Ej: Sudáfrica, con reducciones de caudales en cuencas enteras de hasta un 70%).
En años secos, las lagunas no se llenan y las napas se hacen más profundas. El resultado es un agotamiento local del agua que ya no queda disponible para la fauna y flora nativas ni para el consumo humano u otros usos productivos. Es algo que repiten todas las personas que viven en lugares en donde se instalan estas plantaciones: “desde que se plantó el pino o el eucalipto, se acabó el agua”. En sectores de los Esteros del Iberá, por ejemplo, los pozos que antes daban agua a los 8 metros de profundidad, ahora recién lo hacen cerca de los 20 metros.
A estos hay que sumar los impactos directos de las obras hidráulicas que se deben hacer en zonas de humedales y pastizales (naturalmente inundables) para conducir el drenaje y permitir que se haga la plantación inicial y la apertura de caminos: “camellones”, terraplenes y canales de drenaje, directamente diseñados para secar los sectores en donde se hacen las plantaciones de estas especies exóticas.
La invasión silenciosa
Las inmensas plantaciones forestales implican un riesgo ambiental en sí mismas como agentes de cambio de la dinámica hídrica de la región en donde se instalan, por modificar la estructura y funcionamiento del paisaje, por no servir como hábitat para la flora y fauna silvestres, y por su papel como agentes de cambio cultural en las comunidades rurales de la zona, entre otros. Como si esto fuera poco, existe otro riesgo tal vez más grande debido a su carácter de “especies invasoras”: los pinos se propagan descontroladamente hacia ambientes naturales y áreas productivas y poblados vecinos, lo que puede hacer escalar todos estos impactos hasta dimensiones impensadas.
Especialistas de todo el mundo destacan la gravedad del problema de las llamadas “especies exóticas invasoras” como los pinos, que conforman el grupo de especies forestales más irruptivas para todo el hemisferio Sur afectando bosques, pastizales, humedales, estepas y dunas costeras. Las pérdidas de biodiversidad y la homogeneización del paisaje disminuyen la resiliencia frente a cambios ambientales como las sequías y los incendios, y pueden aumentar el riesgo de plagas y enfermedades atentando contra las propias plantaciones forestales. Impactan así sobre todas las actividades productivas de una región, incluyendo la agrícola, ganadera y turística. Daños todos ya registrados en nuestro país, desde la Patagonia hasta los Esteros del Iberá. A todo esto, se suma que los pinos fuera de las plantaciones ni siquiera tienen valor forestal ya que su madera es de mala calidad por la densidad en la que crecen.
Los pinos y el mal desarrollo
Pese a los extensos y riquísimos bosques y selvas pobladas de especies valiosas que supo tener nuestro país, este mal llamado “desarrollo” forestal argentino se basó fundamentalmente en el desmonte y posterior instalación de extensos monocultivos, artificiales y altamente mecanizados, de especies de pinos originarios de Estados Unidos y otras especies exóticas. Se hizo copiando al modelo chileno: se fueron desarrollando a la par, con inversiones de los gobiernos militares de la década del 70, fomentando la plantación sobre tierras fiscales y construyendo las pasteras que los gobiernos luego privatizaron a precios bajísimos, para quedar finalmente en manos de 2 o 3 corporaciones como la chilena Celulosa Arauco y Constitución.
Este modelo constituye un ejemplo de un tipo de desarrollo socialmente regresivo y ambientalmente insustentable que ha generado miseria, despojo y explotación en todos los territorios en donde prospera. Las plantaciones forestales no sólo fracasaron en reducir la presión sobre los bosques nativos, en mejorar la conservación de suelo y agua o en promover el empleo y el desarrollo social, sino al contrario: dieron lugar a una creciente homogeneización de los paisajes y a la destrucción y radical transformación de otros ecosistemas, como los pastizales correntinos y las estepas patagónicas, tan valiosos como los bosques, generando problemas cada vez más difíciles de resolver. Se desarrolló a expensas de la apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, dejando a comunidades campesinas y localidades enteras encerradas dentro de “jaulas de pinos”, sin fuentes de empleo y provocando migraciones masivas con una caída general en los estándares de vida.
Este modelo de mal desarrollo forestal no distingue entre bosque nativo y plantaciones, y ve a los árboles como una mercancía, donde los criterios cuantitativos de “número de árboles”, “toneladas por hectárea” o “PIB per cápita” son instrumentos suficientes de estrategia y política, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. Los verdaderos bosques y recursos forestales nativos siguen siendo ignorados o depredados, mientras se promueve el modelo fabril de monocultivos industriales con instrumentos tan efectivos como el del régimen de promoción instaurado desde finales de los 90 con la ley nacional 25.080 y otras leyes provinciales relacionadas. Desde entonces, el Estado subsidia todos los pasos productivos de implantación, mantenimiento, riego y cosecha de las plantaciones, exime a las empresas del pago de impuesto inmobiliario por las tierras sembradas, de impuestos de sellos y de ingresos brutos, les devuelve el IVA en forma anticipada, y les otorga estabilidad fiscal por 30 años, entre otros beneficios y exenciones fiscales e impositivos.
Frente a estos fracasos tan devastadores, ampliamente documentados, del paradigma de desarrollo forestal basado en los monocultivos, resulta urgente establecer una inmediata moratoria que prohíba la plantación de especies exóticas, que destine gran parte del presupuesto de la actual ley de promoción forestal a la restauración de ecosistemas nativos, el manejo de áreas naturales protegidas, la promoción de la producción de alimentos a escala local, la educación ambiental, la restauración productiva de las tierras quemadas y el control y prevención de incendios catastróficos.
Neuquén, 17 de febrero de 2025 – Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos la decisión de a Sala 6 del Poder Judicial de la provincia de Neuquén que decidió aceptar nuestra solicitud y extender por seis meses la investigación contra Comarsa S.A., la empresa responsable de la acumulación y traslado ilegal de residuos petroleros.
Esta medida responde a la necesidad de esclarecer la responsabilidad de todas las empresas involucradas en el fraude y la contaminación denunciados. El juez Gustavo Ravizzoli ordenó la ampliación de la investigación y la solicitud de información al gobierno provincial, Comarsa, YPF y otras compañías que enviaron residuos a la tratadora.
La justicia aceptó la reformulación de cargos, reafirmando que se trata de un caso de contaminación peligrosa y fraude. Se mantendrá la calificación de “causa compleja” y se extendió el plazo de investigación por seis meses más. Además, se confirmó la continuidad de los embargos preventivos sobre la empresa para garantizar recursos en caso de una eventual condena y reparación del daño ambiental.
Desde 2013, Comarsa ha acumulado300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en terrenos que no le fueron habilitados, incluyendo espacios públicos. La empresa recibió material contaminante de la industria petrolera, lo trató deficientemente y lo depositó de manera ilegal en el Distrito 6 de Neuquén. Durante años, las autoridades provinciales y municipales permitieron este accionar, avalando una práctica que pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.
El traslado de residuos iniciado en diciembre de 2024 hacia la localidad de Añelo genera nuevas sospechas. La fiscalía y las querellas exigen conocer en detalle dónde están depositando los contaminantes y qué tipo de tratamiento se les está dando. Sin embargo, hasta el momento, solo hay información fragmentaria obtenida de comunicados oficiales sin verificación independiente.
El fiscal jefe Maximiliano Breide amplió la acusación, imputando a los dueños y gerentes de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y defraudación. La investigación contable reveló ocultamiento del pasivo ambiental, falsificación de balances y omisión deliberada de información a YPF y otras empresas contratantes. Se encontraron registros en cuadernos personales del dueño de Comarsa, que detallan una operatoria paralela para encubrir la situación real de la empresa.
A pesar de la evidencia, la defensa intentó sin éxito frenar la investigación. Los abogados de los acusados minimizaron el daño, incluso comparándolo con “las deposiciones de un perro en la vía pública”. Pero como demostró la fiscalía, Comarsa contaminó suelos de manera ilegal, operando sin habilitación y ocupando terrenos de la municipalidad de forma clandestina.
El juez Gustavo Ravizzoli definirá si la investigación se extiende a nuevas empresas involucradas en la cadena de contaminación y fraude. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige que se garantice el derecho a la información pública y que se detenga la impunidad de los responsables.
La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera. La crisis de residuos provocada por la explotación hidrocarburífera del megaproyecto Vaca Muerta es una advertencia ineludible. La contaminación en Neuquén es un eslabón más de este esquema de saqueo y expoliación. Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias, que garantice acceso universal a la energía y respete los territorios y comunidades.
14 de Febrero de 2025 – El día de la fecha la Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco . Esta decisión, lograda en la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, representa un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte..
La decisión de la justicia impone medidas concretas de fiscalización. La Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024.
Así la jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales.
El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables.
La prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas continuaremos exigiendo el respeto irrestricto a la legislación ambiental y denunciando a quienes, con sus negocios y su inacción, destruyen los bienes comunes que garantizan el bienestar de nuestra sociedad.
La Comarca Andina, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, donde hace semanas se multiplican los incendios, está atravesada por múltiples desigualdades. Allí conviven gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación, grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades en busca de una vida buena y organizaciones indígenas que luchan por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural. También, el avance de la frontera extractiva, los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad y el entramado corrupto de la política local, la justicia y los magnates territorializados. Maristella Svampa disecciona el combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican: la desigualdad.
“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica.
En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita.
Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios.
Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.
En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.
El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje.
Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”.
Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.
El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.
En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes.
En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas, como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa.
Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros.
Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.
Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal.En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.
La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.
Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas denunciamos la falta de acceso a información clave sobre el “Proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos”, una obra de gran envergadura que podría generar impactos ambientales irreversibles en el ecosistema del río Uruguay y sus comunidades ribereñas.
Pese a nuestras reiteradas solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y del Acuerdo de Escazú, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha derivado la responsabilidad de brindar respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Sin embargo, hasta el momento, este organismo no ha puesto a disposición la documentación solicitada, obstaculizando el derecho ciudadano a conocer y participar en las decisiones que afectan los bienes comunes.
¿Por qué es importante esta información?
El dragado de un río no es un hecho menor. Aumentar la profundidad de los canales de navegación implica la remoción masiva de sedimentos, alterando los ecosistemas acuáticos y costeros. Estas intervenciones pueden generar graves consecuencias:
Modificación de los flujos hídricos y aumento de la erosión de las costas.
Pérdida de biodiversidad acuática y afectación de las especies migratorias.
Liberación de contaminantes acumulados en los sedimentos del fondo del río.
Alteración de las dinámicas de las comunidades pesqueras y ribereñas.
Además, en este caso, las intervenciones planificadas podrían afectar pasos críticos como la isla San Francisco, ubicada frente a la ciudad de Colón. La falta de información sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las evaluaciones técnicas impide conocer la magnitud real de los riesgos asociados a la obra.
Acceso a la información: un derecho, no una concesión
El acceso a la información pública ambiental es un derecho consagrado en la legislación argentina e internacional. Tanto la Ley 25.831 como el Acuerdo de Escazú establecen la obligación de los Estados de garantizar la publicidad de los proyectos con impacto ambiental, asegurando la transparencia y la participación ciudadana.
Según el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información ambiental sin necesidad de justificar un interés particular. En este caso, la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores a proveer los documentos solicitados vulnera este derecho y genera un grave precedente en la gestión de los bienes comunes.
Exigimos respuestas y transparencia
Ante la falta de información y la negativa de los organismos responsables a brindar acceso a la documentación solicitada, exigimos:
La entrega inmediata de los antecedentes completos sobre el Proyecto de Dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos, incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental y cualquier otra evaluación técnica.
Claridad sobre los procesos de autorización y evaluación de la obra por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
Información detallada sobre los posibles derrocamientos en pasos críticos y su impacto en el ecosistema del río.
Cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente, garantizando la consulta y participación de las comunidades afectadas.
El acceso a la información es la base de una democracia ambiental real. No se puede gestionar un río como si fuera un canal comercial al servicio del extractivismo, sin considerar sus múltiples funciones ecológicas y sociales.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los ríos y los territorios. Si la información continúa siendo retenida, avanzaremos con las acciones judiciales correspondientes para garantizar que se respete el derecho de las comunidades a conocer y decidir sobre su futuro.
En un contexto global marcado por la crisis ecológica y la creciente mercantilización de los bienes comunes, el acceso a la información se erige como una herramienta indispensable para la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades. Es bajo esta premisa que hemos insistido en nuestras solicitudes de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) respecto de dos proyectos que podrían transformar irreversiblemente la dinámica socioambiental del río Uruguay y sus alrededores.
¿Qué es la CARU y por qué es clave en este debate?
La CARU, órgano binacional creado en el marco del Estatuto del Río Uruguay de 1975, tiene la responsabilidad de administrar el uso, desarrollo y conservación de este curso de agua compartido entre Argentina y Uruguay. En respuesta a nuestras reiteradas solicitudes, la Delegación argentina ante la CARU nos comunicó que aún no cuenta con información oficial sobre la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Aunque destacó la importancia de cumplir con los procedimientos de información y consulta previa establecidos en los artículos 7° al 13° del Estatuto del Río Uruguay, el silencio o la falta de datos concretos evidencian una preocupante debilidad institucional.
Nuestra preocupación se centra en dos iniciativas de magnitud considerable que afectan al río Uruguay y sus comunidades ribereñas:
Los megaproyectos en cuestión
Planta de hidrógeno verde en Paysandú
Este proyecto, ubicado frente a la ciudad de Colón, Entre Ríos, incluye la construcción de un puerto de exportación en el paso crítico San Francisco, una isla de altísimo valor ecológico y paisajístico. Con una ocupación territorial equivalente a la mitad de la superficie de Colón, los impactos visuales y territoriales serían devastadores. A pesar de la magnitud del proyecto, la CARU no ha recibido información oficial, reflejando una preocupante falta de transparencia.
Profundización del dragado hasta Concordia-Salto
La ampliación de la mal llamada hidrovía no solo compromete el equilibrio del ecosistema fluvial, sino que también intensifica un modelo extractivista que pone en riesgo a las comunidades ribereñas. El cumplimiento de los procedimientos de consulta y evaluación previa establecidos en el Estatuto del Río Uruguay es esencial para garantizar la participación ciudadana y la sostenibilidad del proyecto.
El silencio es una barrera para la justicia ambiental y la transparencia
Si bien la respuesta de la Delegación argentina ante la CARU reconoce formalmente la necesidad de información detallada y consultas previas sobre estos proyectos, sigue sin abordarse la urgencia de un acceso pleno y oportuno a los datos por parte de las comunidades afectadas. Este retraso perpetúa la exclusión y dificulta la construcción de estrategias participativas para la defensa de los territorios.
Es fundamental recordar que el acceso a la información no es un simple trámite burocrático, sino un derecho garantizado por normativas internacionales como el Acuerdo de Escazú. En un contexto donde el extractivismo avanza bajo la bandera de las “energías limpias”, es imprescindible cuestionar los costos ocultos de estos megaproyectos, que suelen ser ocultados bajo el velo de la sostenibilidad.
Justicia ambiental y participación ciudadana: un llamado urgente
La respuesta parcial de la CARU y la falta de información oficial sobre proyectos de gran impacto ambiental nos convocan a redoblar los esfuerzos por garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Estos principios son esenciales para evaluar los megaproyectos desde una perspectiva integral, que contemple no solo sus beneficios económicos, sino también sus efectos sociales, culturales y ecológicos.
En caso de persistir la opacidad institucional, nos reservamos el derecho de iniciar acciones judiciales para garantizar que se cumplan las normativas vigentes y se respete el derecho de las comunidades a ser informadas. La defensa del río Uruguay no es un asunto menor: es una lucha por preservar los bienes comunes, las identidades locales y las posibilidades de un futuro justo y sostenible.
La transparencia no es negociable; es el cimiento de una democracia ambiental que nos incluya a todas y todos.
