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Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

COMUNICADO DE PRENSA. 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile. Domingo 14 de enero de 2024

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad. 

Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1.- Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;

2.- Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;

3.- Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;

4.- Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;

5.- Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;

6.- Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;

7.- Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;

8.- Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.

La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

Puede encontrar más información sobre la sesión haciendo click aquí.

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CUÑAS VEREDICTO DE JUECES

–   Claudio Donoso (Ingeniero Forestal, Chile)

“Cuando llegan las forestales cambia un poco ese escenario (deforestación en terrenos planos para uso agrícola) y se empieza a intervenir las cordilleras y las montañas, las grandes surtidoras de agua; allí es cuando comienza a notarse más el impacto sobre el equilibrio natural y los suelos, comenzando la escasez hídrica. En la medida que se sigue destruyendo ese territorio el tema del agua se va agravando, lo que se acrecienta con el monocultivo forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, donde todos los árboles son de la misma especie y la misma edad, consumiendo enormes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. Estos monocultivos, que otorgan grandes utilidades para unos pocos, han secado gran parte del territorio, ya es escasa el agua y a pesar de que vemos los ríos correr, el suelo está seco y hoy día este territorio qué tratamos tan mal, se está quemando”.

–       Lucio Cuenca (OLCA, Chile)

“Sin duda acá se ha repetido, y lo hemos constatado en terreno, que hay una omisión e irresponsabilidad del estado en la expansión de este modelo nefasto que lleva ya más de 50 años. Hay antecedentes que nos permiten aproximarnos a una conclusión: Existe una especie de captura de los grupos como Arauco y Mininco, CMPC, Masisa, para moldear la institucionalidad y la política en función de sus mezquinos intereses”.

–       Jacqueline Arriagada (ANAMURI, Chile),

“Un agradecimiento profundo de cómo nos abrieron las puertas de casas, juntas de vecinos, espacios, en las cuales fuimos testigos presenciales y pudimos constatar el avasallamiento de lo que nos hacen vivir cada cierto tiempo, y de los infiernos en los que nos sumergen. Hoy los testimonios están diciendo que no lo imaginamos, que no nos pasa solo a pocos en un espacio, sino que es todo un territorio que viene siendo dañado por un modelo forestal que nos hace daño, y que no respeta los derechos de la naturaleza”.

–       Karina Riquelme (Chile).

“Por muchos años las comunidades han realizado denuncias a través de la legislación y no han sido escuchadas, Desgraciadamente la feble legislación ambiental genera hoy día las terribles situaciones que hemos podido constatar en poco tiempo de manera presencial. El día de ayer vimos situaciones en las que no creo que sea posible en 24 horas, tener la capacidad espiritual de poder entenderla y poder comprenderla profundamente. La mayoría de los jueces nos encontramos en un estado de shock, por el gran dolor que quienes habitan estos territorios han tenido que sufrir durante gran cantidad de años”.

11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

La Delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza presentó sus resultados provisionales luego de su recorrido por la zona de Vaca Muerta

5 de abril de 2023

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza – Vaca Muerta es una formación geológica que se ha transformado en la “roca de la disputa” por parte de las corporaciones y los gobiernos ante los derechos humanos y de la Naturaleza.

Las graves afectaciones a la Naturaleza y a la vida de las comunidades y vecinos en la zona de Vaca Muerta fueron constatadas por los miembros de la Delegación de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Esta misión del Tribunal llegó a Argentina invitada por parte de la Confederación Mapuche y Fuerzas Vivas de Neuquén, que participó en la sesión internacional de dicho Tribunal en diciembre del año 2019.

Las conclusiones y evidencias relevadas por el Tribunal fueron presentadas en la ciudad de Neuquén en una actividad pública en la Universidad Nacional del Comahue el día lunes. Luego de la misma, se realizó una presentación ante el gobernador de la provincia de Neuquén en casa de gobernación. Por último fueron expuestas ante el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La audiencia fue impulsada por Leonardo Grosso, Diputado Nacional en ejercicio, quien a su vez elevó dichos resultados ante cada uno de los y las miembros actuales de la Cámara baja. 

Una de las primeras conclusiones de la misión fue constatar que los discursos de El Dorado que recorren Latinoamérica siempre son falsos. La búsqueda del desarrollo y el progreso demuestran que el mapa del extractivismo coincide con el mapa de la pobreza. Lo que el Tribunal vio en estos días son las profundas afectaciones en esta región patagónica; una explotación sin conciencia socioambiental que solo es posible en un marco de violencia y corrupción.

En relación al agua, el daño es inmenso. No hay fracking posible sin el uso irresponsable de inconmensurables cantidades de agua. El fracking conduce al colapso del agua, el origen y mantenimiento de la vida, lo que provoca tremendas destrucciones de los ecosistemas. El impacto se reproduce en otros ámbitos, como en el suelo; allí se constataron los efectos de los recurrentes sismos provocados por la fractura hidráulica del subsuelo, que obligaron a muchos habitantes de las regiones afectadas a desplazarse de sus hogares.

Un punto crucial es la falta de acceso al agua para las comunidades indígenas, así como también para el resto de la población de la zona; así sucede en la localidad de Añelo, donde los vecinos no tienen agua potable. Sufren también las afectaciones provocadas por la contaminación del aire, por la contaminación sonora, y por la falta de protección frente a tantos destrozos ambientales. Asimismo, quienes trabajan en las actividades hidrocarburíferas -petróleo y gas- también terminan siendo víctimas a raíz del no cumplimiento de las normas de protección ambiental en el desempeño de sus trabajos.

Todo lo anterior provoca graves afectaciones a la salud de los seres humanos y de la vida toda, desde malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades de los pulmones, y metales pesados en la sangre, hasta crecientes padecimientos psicológicos.

En la zona también se puede apreciar una creciente desaparición de animales silvestres.

La intensiva ocupación del territorio por parte de las empresas extractivas ha generado profundos impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de la frontera hidrocarburífera ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida. También ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas productivas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Los mapuches, pueblos originarios, no fueron consultados previamente, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de la consulta libre e informada y la necesidad del consentimiento de las comunidades preexistentes. No sólo eso, han sido víctimas de otras múltiples formas de violencia, llegado al punto de negar su presencia ancestral en dichos territorios.

Otra constante en este tipo de actividades, tal como se conoció durante la visita, es la violación permanente a las normas ambientales y de protección de los derechos humanos. La desidia de las autoridades es permanente. Así se observó tanto en Plaza Huincul, donde existe un depósito de desechos tóxicos de la actividad petrolera totalmente abandonado, como en COMARSA, ubicado en la capital de la provincia donde se extiende un enorme basural petrolero a cielo abierto.

No sólo la Naturaleza resulta golpeada por estas actividades, sino los mismos seres humanos. De especial atención por parte de la misión fueron los problemas permanentes que aquejan a defensores y defensoras de la Naturaleza.

Todas estas cuestiones son de especial preocupación para el Tribunal. Luego de 10 años del inicio de la explotación no convencional de los hidrocarburos a gran escala, es tiempo de reflexionar sobre lo que está provocando. Las promesas bajo las cuales se impuso el modelo que hoy se continúa profundizando siguen pendientes. No sólo eso: tal como van las cosas, es indudable que las destrucciones van en aumento. Por lo tanto, la misión del Tribunal, que presentará un informe de su visita, anticipa la necesidad de construir estrategias de transición post-extractivista.

La visita in situ fue organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita fueron la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es