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Salvá las Leyes Ambientales

El monocultivo forestal al banquillo

Un tribunal internacional declaró que el modelo forestal que se implementa en la provincia de Corrientes con la plantación de pinos y eucaliptos constituye un “ecocidio”.

por Enrique Viale y Renata Nicora Chequin para Perfil

oco o nada se debate en la sociedad sobre las consecuencias ecológicas y sociales del modelo forestal de especies exóticas, como el pino y el eucalipto ya que se trata de plantar árboles y, ¿por qué eso podría ser malo? Mientras los gobiernos y corporaciones forestales ocultan los impactos negativos, también lideran y organizan campañas sistemáticas de desinformación. Se alimenta el mito de las bondades de los monocultivos forestales instalando fraudulentos carteles en las rutas, llamando bosques a sus plantaciones y resaltando que representan algún beneficio ambiental y social.

Pero quienes habitamos el territorio, somos testigos de que nuestro entorno está siendo sacrificado para beneficio de solo un puñado de corporaciones. Los impactos negativos de este modelo son muchos y diversos, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. El modelo forestal, aunque se pinte de verde, ya es reconocido por las comunidades locales como un actor de dominación y depredación de la vida de los pueblos y la naturaleza.

Greenwashing certificado

Cuando hablamos de un bosque, nos imaginamos solamente árboles, pero en sólo una hectárea de bosque nativo podemos encontrar decenas de organismos leñosos distintos -disetános, que van desde pequeñas plántulas a muchos metros de altura- coexistiendo con helechos, enredaderas, epífitas, hongos, y siendo el hábitat de una de animales con requerimientos distintos de refugio y alimento. En cambio, en una hectárea de monocultivo forestal encontramos solamente clones de árboles de una especie, pensados y diseñados para que crezcan y sean cortados en un corto período de tiempo. Es un cultivo que al impedir el ingreso de luz, impide también el desarrollo de otras especies vegetales que son fuente de alimento para la fauna local, convirtiéndose en un desierto verde para los animales nativos.

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A pesar de las intensas campañas de greenwashing de las corporaciones forestales, es necesario dejar en claro que estas plantaciones no son bosques y no vienen a salvarnos de las consecuencias del cambio climático. Por el contrario, son monocultivos creados y sostenidos artificialmente por el ser humano, destinados a extraer agua y nutrientes de nuestros suelos para producir, de la manera más veloz posible, la madera o pasta de celulosa que será sacada del territorio.

Es por ello que una de las cuestiones más polémicas es que estas plantaciones, además de los innumerables privilegios y exenciones impositivas y financieras (Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados (1) y ahora el RIGI), reciben también millonarias compensaciones económicas con la venta de “bonos de carbono” al mercado internacional. Estos monocultivos promocionan el “servicio ecosistémico” de absorción de dióxido de carbono (CO2), muy limitado por el corto tiempo de almacenamiento, como una paliativo a la crisis climática. Pero lo cierto es que nunca una actividad con tantos impactos negativos, que destruye la diversidad de la vida, puede ser una solución ecológica.

Asimismo, la mayoría de las empresas forestales insólitamente obtienen “certificados de manejo forestal”. Este perverso mecanismo de certificación es otro elemento de propaganda de la actividad ante los cada vez más evidentes impactos sociales y ecológicos.

Zonas de Sacrificio

La actividad forestal se encarga de convertir a ecosistemas como humedales y pastizales en zonas de sacrificio en el altar de las ganancias de las corporaciones. Para avanzar sobre ellos, oculta o minimiza el enorme rol ecológico de estos ecosistemas. Además todas estas plantaciones se realizan sin un debido proceso participativo e informativo y, mucho menos, se evalúa la incidencia de la combinación de efectos de los distintos proyectos acumulados. El descontrol es absoluto.

Podríamos resumir algunos de los impactos ambientales directos del monocultivo forestal, de la siguiente manera:
● Modifican drásticamente el paisaje, deteriorando los procesos que mantienen el equilibrio en los ecosistemas, disminuyendo así su valor para la conservación de la biodiversidad a nivel global.
● Los pinos y eucaliptos consumen enormes cantidades de agua con sus profundas raíces, contribuyendo a que disminuya y/o desaparezca la recarga de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos.
● Las especies de pino más utilizadas en las plantaciones son invasoras ya que la dispersión de sus semillas se da a través del viento, afecta a las producciones agropecuarias y ambientes naturales que originalmente no estaban destinados a monocultivo. Esta especie también modifica los suelos como consecuencia de la acidificación que se produce al acumularse las hojas y ramas de los árboles implantados.
● Tanto los pinos como los eucaliptos son especies consideradas “pirófitas”. Es decir, son especies que promueven la propagación del fuego atento que producen aceites esenciales altamente inflamables y sus hojas se acumulan en los suelos generando materia seca que actúa como combustible.
● La utilización de agrotóxicos para combatir las múltiples denominadas “plagas” de estos cultivos exóticos contamina las nacientes de ríos y arroyos en la cercanía de las plantaciones forestales, polución cuya influencia se extiende en época de lluvias a vastas áreas, debido a la lixiviación de suelos y el escurrimiento de líquidos.

Provincia de Corrientes

A mediados del siglo XX se inicia una fuerte expansión de plantaciones forestales en Argentina mediante la implementación de diversos regímenes de incentivos por parte de los gobiernos, que permitieron llegar a una cifra de más de 1.3 millones de hectáreas en la actualidad. Estas inmensas superficies forestadas están conformadas casi exclusivamente por especies exóticas de crecimiento rápido como pinos y eucaliptus y en menor medida por álamos y sauces. Las plantaciones se concentran mayoritariamente en las provincias de la mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La provincia de Corrientes es un paradigma del avance del modelo forestal de especies exóticas. Actualmente en su territorio la superficie forestada supera el medio millón de hectáreas (lo que la convierte en la provincia más forestada del país, con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). En una investigación de la organización Defensores del Pastizal se revela que los monocultivos forestales alcanzan hoy una cifra similar en superficie a la de los bosques nativos en la
provincia.

Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra y apropiación ilegítima de terrenos pertenecientes a familias campesinas que practican agricultura comunitaria y de baja escala. En Corrientes, las manos en manos extranjeras ya superan el millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia. En el año 2019, la Legislatura correntina aprobó una Ley que habilitó a los grandes capitales extranjeros a que adquieran grandes extensiones de tierra, a medida de grandes corporaciones, como el grupo chileno ARAUCO, el mismo que ocasiona desastres tras la cordillera y en la provincia de Misiones.

Se ha avanzado sobre los ecosistemas naturales disminuyendo la diversidad de funga, fauna y flora nativa, llevando a muchas especies a la extinción. Además, ha propiciado las condiciones necesarias para el inicio y expansión de incendios rurales masivos, como los ocurridos entre los años 2019 y 2022 (en 2022 la provincia sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio). Los incendios forestales ascendieron de forma abrupta en la provincia de Corrientes, según los registros del Reporte del Manejo del Fuego del ex Ministerio de Ambiente de Nación. En el año 2019, se registraron 3.000 ha arrasada por los incendios forestales, en 2020 ascendieron a 45.000 ha; y en 2022 se llegó al récord de más de 1.000.000 hectáreas.

El resultado es una invitación al desastre, no solo porque son grandísimas extensiones donde predominan, como dijimos, las especies que ayudan a la propagación del fuego sino que -paralelamente- provoca la pérdida de los valores ecosistémicos que proveían los zonas donde avanzó la industria forestal (humedales, pastizales y bosques nativos) que podrían prevenir el inicio de incendios o mitigar sus cenizas, las comunidades rurales sufren desesperadamente el daño en la salud y en la economía.

A pesar del crecimiento vertiginoso de las áreas ocupadas con estas plantaciones, la provincia de Corrientes sigue siendo una de las provincias con peores índices socioeconómicos de Argentina. Basta comparar los índices oficiales de indigencia y de pobreza brindados por el INDEC entre los años 1998 y la actualidad para comprobar que no ha servido para revertir la dramática situación social de la provincia.

Argentina, Brasil, Chile Uruguay: un modelo implantado en la región

Sabemos que la lógica extractivista de la industria forestal se desarrolla casi de idéntica manera en Chile, Brasil, Uruguay y en el litoral argentino. Por eso no es casual la irrupción -desde la sociedad civil- de la Alianza Latinoamericana de Resistencia al Monocultivo Forestal, de la cual formamos parte, y afectaciones a nivel regional, a la vez que amplifica y potencia las luchas locales contra los monocultivos forestales.

Es que en realidad, se trata de un modelo implantado en la región, con las mismas grandes corporaciones y características. Incluso se copiaron las mismas leyes de entrega y saqueo.

Así en América del Sur, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas, principalmente pino y eucalipto, que se utilizan principalmente para obtener madera y
pasta de papel, respectivamente. Entre los cuatro países se alcanzan la suma de 16,8 millones de hectáreas de plantaciones forestales totales. La mayoría se concentra en Brasil (67%), luego en Chile (19%), Argentina (7,1%) y Uruguay (7,1%).

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la provincia de Corrientes

En noviembre de 2024 el prestigioso Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitó oficialmente a la provincia de Corrientes ante la denuncia de organizaciones locales (como Defensores del Pastizal) sobre los impactos socioambientales del modelo de monocultivo forestal.

Este Tribunal fue constituído en el año 2014 para juzgar éticamente las distintas violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los defensores ambientales en distintas partes del planeta. Es una instancia de la sociedad civil, apoyada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, por sus iniciales en inglés), con representantes de todos los continentes. Conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y compromiso como Vandana Shiva (India), Nimmo Bassey (Nigeria), Leonardo Boff (Brasil), Maristella Svampa (Argentina), Arturo Escobar (Colombia), Casey Camp Horinek (Nación Ponca, EE.UU) Alberto Acosta (Ecuador, que viajará a Corrientes), entre muchos otros y otras.

Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Naturaleza, se constituye como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra alrededor del mundo.

Y el Tribunal le dio un tratamiento regional a la problemática del modelo forestal. A principios del 2024 se constituyó en la región del Biobío, Chile, donde el modelo forestal de especies exóticas -como dijimos- está provocando estragos ecológicos y sociales. El Tribunal observó in situ, entre otras cosas, las consecuencias del megaincendio que, durante el verano del año 2023, se extendió en más 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía del país trasandino. De la superficie quemada, un 61,3% correspondió a monocultivo forestal y sólo un 9,4% a bosque nativo. El Tribunal, en su veredicto preliminar, pudo constatar que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos; que el modelo forestal, y las corporaciones que la llevan adelante, violan los Derechos de la Naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país. Además exigió con urgencia la realización de un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales; así como la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirófitas en el territorio.

Con este antecedente y contexto, una delegación con Jueces y Juezas del Tribunal, entre las que estaban la flamante ganadora del prestigiosa Premio Goldman (Yuvelis Morales, Colombia), recorrieron los territorios afectados en el interior de Corrientes, se reunieron con vecinos y vecinas y sesionaron en una audiencia pública en la capital provincial donde escucharon los testimonios de especialistas y víctimas del modelo para luego emitir un veredicto preliminar.

Esta sesión en Corrientes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza permitió, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas predominantes (humedales, pastizales, bosques nativos y sus especies animales asociadas) las consecuencias del monocultivo forestal de pinos y eucaliptos. Una oportunidad histórica de sacar a la luz un modelo del que no se debate, y que trae más injusticia, tanto ambiental como social y económica.

Sentencia Final

El Tribunal verificó in situ las afectaciones, observando el grado de degradación de suelos, la disminución de los niveles freáticos, el avance de especies exóticas pirófitas y el aislamiento de parajes rurales producto de los alambrados de las empresas forestales. Durante la audiencia pública, se escucharon testimonios y peritajes técnicos que confirmaron la sistematicidad de los impactos del modelo forestal y la ausencia de control y fiscalización estatal.

Basados en esta visita y audiencia el Tribunal emitió la Sentencia (4) siguiente donde:
“1. Reconoce que el modelo forestal vigente en la provincia de Corrientes ha provocado y continúa provocando un ecocidio, afectando a todos los seres vivos humanos y no humanos— que habitan el territorio.

2. Declara que el modelo forestal viola los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos, los cuales se complementan y refuerzan mutuamente

3. Afirma que este modelo viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental existentes, con la complicidad de los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal—, que han sido omisos o partícipes en la promoción y expansión de este esquema extractivo.

4. Declara que el agua, la tierra y las formas de producción campesina y comunitaria son sujetos de derechos, en tanto elementos esenciales para la vida y el arraigo territorial.

5. Señala que las plantaciones industriales no son bosques, sino monocultivos que no reproducen la vida, y denuncia las falsas soluciones basadas en los mercados de carbono y otras herramientas financieras que solo benefician a los grandes grupos económicos.

6. Condena las condiciones de trabajo esclavo e infantil presentes en la cadena forestal, exigiendo su inmediata erradicación.

7. Declara a los pastizales y humedales como sujetos de derechos, reconociendo su derecho a la existencia, regeneración y mantenimiento de sus ciclos vitales.”

Esta sentencia representa un avance en la discusión sobre los Derechos de la Naturaleza, la cual no puede seguir siendo entendida exclusivamente como un recurso económico. Los ecosistemas tienen valor intrínseco. Tienen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, de las además dependemos todos los seres humanos.

Por eso es importante esta sentencia que construye historia, construye memoria, construye nuevos marcos jurídicos y culturales.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

COMUNICADO DE PRENSA. 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile. Domingo 14 de enero de 2024

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad. 

Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1.- Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;

2.- Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;

3.- Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;

4.- Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;

5.- Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;

6.- Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;

7.- Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;

8.- Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.

La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

Puede encontrar más información sobre la sesión haciendo click aquí.

Para acceder a la audiencia completa, haga click aquí.

Para acceder a la lectura del veredicto, haga click aquí.

CUÑAS VEREDICTO DE JUECES

–   Claudio Donoso (Ingeniero Forestal, Chile)

“Cuando llegan las forestales cambia un poco ese escenario (deforestación en terrenos planos para uso agrícola) y se empieza a intervenir las cordilleras y las montañas, las grandes surtidoras de agua; allí es cuando comienza a notarse más el impacto sobre el equilibrio natural y los suelos, comenzando la escasez hídrica. En la medida que se sigue destruyendo ese territorio el tema del agua se va agravando, lo que se acrecienta con el monocultivo forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, donde todos los árboles son de la misma especie y la misma edad, consumiendo enormes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. Estos monocultivos, que otorgan grandes utilidades para unos pocos, han secado gran parte del territorio, ya es escasa el agua y a pesar de que vemos los ríos correr, el suelo está seco y hoy día este territorio qué tratamos tan mal, se está quemando”.

–       Lucio Cuenca (OLCA, Chile)

“Sin duda acá se ha repetido, y lo hemos constatado en terreno, que hay una omisión e irresponsabilidad del estado en la expansión de este modelo nefasto que lleva ya más de 50 años. Hay antecedentes que nos permiten aproximarnos a una conclusión: Existe una especie de captura de los grupos como Arauco y Mininco, CMPC, Masisa, para moldear la institucionalidad y la política en función de sus mezquinos intereses”.

–       Jacqueline Arriagada (ANAMURI, Chile),

“Un agradecimiento profundo de cómo nos abrieron las puertas de casas, juntas de vecinos, espacios, en las cuales fuimos testigos presenciales y pudimos constatar el avasallamiento de lo que nos hacen vivir cada cierto tiempo, y de los infiernos en los que nos sumergen. Hoy los testimonios están diciendo que no lo imaginamos, que no nos pasa solo a pocos en un espacio, sino que es todo un territorio que viene siendo dañado por un modelo forestal que nos hace daño, y que no respeta los derechos de la naturaleza”.

–       Karina Riquelme (Chile).

“Por muchos años las comunidades han realizado denuncias a través de la legislación y no han sido escuchadas, Desgraciadamente la feble legislación ambiental genera hoy día las terribles situaciones que hemos podido constatar en poco tiempo de manera presencial. El día de ayer vimos situaciones en las que no creo que sea posible en 24 horas, tener la capacidad espiritual de poder entenderla y poder comprenderla profundamente. La mayoría de los jueces nos encontramos en un estado de shock, por el gran dolor que quienes habitan estos territorios han tenido que sufrir durante gran cantidad de años”.

11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

La Delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza presentó sus resultados provisionales luego de su recorrido por la zona de Vaca Muerta

5 de abril de 2023

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza – Vaca Muerta es una formación geológica que se ha transformado en la “roca de la disputa” por parte de las corporaciones y los gobiernos ante los derechos humanos y de la Naturaleza.

Las graves afectaciones a la Naturaleza y a la vida de las comunidades y vecinos en la zona de Vaca Muerta fueron constatadas por los miembros de la Delegación de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Esta misión del Tribunal llegó a Argentina invitada por parte de la Confederación Mapuche y Fuerzas Vivas de Neuquén, que participó en la sesión internacional de dicho Tribunal en diciembre del año 2019.

Las conclusiones y evidencias relevadas por el Tribunal fueron presentadas en la ciudad de Neuquén en una actividad pública en la Universidad Nacional del Comahue el día lunes. Luego de la misma, se realizó una presentación ante el gobernador de la provincia de Neuquén en casa de gobernación. Por último fueron expuestas ante el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. La audiencia fue impulsada por Leonardo Grosso, Diputado Nacional en ejercicio, quien a su vez elevó dichos resultados ante cada uno de los y las miembros actuales de la Cámara baja. 

Una de las primeras conclusiones de la misión fue constatar que los discursos de El Dorado que recorren Latinoamérica siempre son falsos. La búsqueda del desarrollo y el progreso demuestran que el mapa del extractivismo coincide con el mapa de la pobreza. Lo que el Tribunal vio en estos días son las profundas afectaciones en esta región patagónica; una explotación sin conciencia socioambiental que solo es posible en un marco de violencia y corrupción.

En relación al agua, el daño es inmenso. No hay fracking posible sin el uso irresponsable de inconmensurables cantidades de agua. El fracking conduce al colapso del agua, el origen y mantenimiento de la vida, lo que provoca tremendas destrucciones de los ecosistemas. El impacto se reproduce en otros ámbitos, como en el suelo; allí se constataron los efectos de los recurrentes sismos provocados por la fractura hidráulica del subsuelo, que obligaron a muchos habitantes de las regiones afectadas a desplazarse de sus hogares.

Un punto crucial es la falta de acceso al agua para las comunidades indígenas, así como también para el resto de la población de la zona; así sucede en la localidad de Añelo, donde los vecinos no tienen agua potable. Sufren también las afectaciones provocadas por la contaminación del aire, por la contaminación sonora, y por la falta de protección frente a tantos destrozos ambientales. Asimismo, quienes trabajan en las actividades hidrocarburíferas -petróleo y gas- también terminan siendo víctimas a raíz del no cumplimiento de las normas de protección ambiental en el desempeño de sus trabajos.

Todo lo anterior provoca graves afectaciones a la salud de los seres humanos y de la vida toda, desde malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades de los pulmones, y metales pesados en la sangre, hasta crecientes padecimientos psicológicos.

En la zona también se puede apreciar una creciente desaparición de animales silvestres.

La intensiva ocupación del territorio por parte de las empresas extractivas ha generado profundos impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de la frontera hidrocarburífera ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida. También ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas productivas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Los mapuches, pueblos originarios, no fueron consultados previamente, pese a que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de la consulta libre e informada y la necesidad del consentimiento de las comunidades preexistentes. No sólo eso, han sido víctimas de otras múltiples formas de violencia, llegado al punto de negar su presencia ancestral en dichos territorios.

Otra constante en este tipo de actividades, tal como se conoció durante la visita, es la violación permanente a las normas ambientales y de protección de los derechos humanos. La desidia de las autoridades es permanente. Así se observó tanto en Plaza Huincul, donde existe un depósito de desechos tóxicos de la actividad petrolera totalmente abandonado, como en COMARSA, ubicado en la capital de la provincia donde se extiende un enorme basural petrolero a cielo abierto.

No sólo la Naturaleza resulta golpeada por estas actividades, sino los mismos seres humanos. De especial atención por parte de la misión fueron los problemas permanentes que aquejan a defensores y defensoras de la Naturaleza.

Todas estas cuestiones son de especial preocupación para el Tribunal. Luego de 10 años del inicio de la explotación no convencional de los hidrocarburos a gran escala, es tiempo de reflexionar sobre lo que está provocando. Las promesas bajo las cuales se impuso el modelo que hoy se continúa profundizando siguen pendientes. No sólo eso: tal como van las cosas, es indudable que las destrucciones van en aumento. Por lo tanto, la misión del Tribunal, que presentará un informe de su visita, anticipa la necesidad de construir estrategias de transición post-extractivista.

La visita in situ fue organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita fueron la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es