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Información de análisis desde una perspectiva socioambiental en torno a la coyuntura social y ambiental

Salvá las Leyes Ambientales

El monocultivo forestal al banquillo

Un tribunal internacional declaró que el modelo forestal que se implementa en la provincia de Corrientes con la plantación de pinos y eucaliptos constituye un “ecocidio”.

por Enrique Viale y Renata Nicora Chequin para Perfil

oco o nada se debate en la sociedad sobre las consecuencias ecológicas y sociales del modelo forestal de especies exóticas, como el pino y el eucalipto ya que se trata de plantar árboles y, ¿por qué eso podría ser malo? Mientras los gobiernos y corporaciones forestales ocultan los impactos negativos, también lideran y organizan campañas sistemáticas de desinformación. Se alimenta el mito de las bondades de los monocultivos forestales instalando fraudulentos carteles en las rutas, llamando bosques a sus plantaciones y resaltando que representan algún beneficio ambiental y social.

Pero quienes habitamos el territorio, somos testigos de que nuestro entorno está siendo sacrificado para beneficio de solo un puñado de corporaciones. Los impactos negativos de este modelo son muchos y diversos, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. El modelo forestal, aunque se pinte de verde, ya es reconocido por las comunidades locales como un actor de dominación y depredación de la vida de los pueblos y la naturaleza.

Greenwashing certificado

Cuando hablamos de un bosque, nos imaginamos solamente árboles, pero en sólo una hectárea de bosque nativo podemos encontrar decenas de organismos leñosos distintos -disetános, que van desde pequeñas plántulas a muchos metros de altura- coexistiendo con helechos, enredaderas, epífitas, hongos, y siendo el hábitat de una de animales con requerimientos distintos de refugio y alimento. En cambio, en una hectárea de monocultivo forestal encontramos solamente clones de árboles de una especie, pensados y diseñados para que crezcan y sean cortados en un corto período de tiempo. Es un cultivo que al impedir el ingreso de luz, impide también el desarrollo de otras especies vegetales que son fuente de alimento para la fauna local, convirtiéndose en un desierto verde para los animales nativos.

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A pesar de las intensas campañas de greenwashing de las corporaciones forestales, es necesario dejar en claro que estas plantaciones no son bosques y no vienen a salvarnos de las consecuencias del cambio climático. Por el contrario, son monocultivos creados y sostenidos artificialmente por el ser humano, destinados a extraer agua y nutrientes de nuestros suelos para producir, de la manera más veloz posible, la madera o pasta de celulosa que será sacada del territorio.

Es por ello que una de las cuestiones más polémicas es que estas plantaciones, además de los innumerables privilegios y exenciones impositivas y financieras (Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados (1) y ahora el RIGI), reciben también millonarias compensaciones económicas con la venta de “bonos de carbono” al mercado internacional. Estos monocultivos promocionan el “servicio ecosistémico” de absorción de dióxido de carbono (CO2), muy limitado por el corto tiempo de almacenamiento, como una paliativo a la crisis climática. Pero lo cierto es que nunca una actividad con tantos impactos negativos, que destruye la diversidad de la vida, puede ser una solución ecológica.

Asimismo, la mayoría de las empresas forestales insólitamente obtienen “certificados de manejo forestal”. Este perverso mecanismo de certificación es otro elemento de propaganda de la actividad ante los cada vez más evidentes impactos sociales y ecológicos.

Zonas de Sacrificio

La actividad forestal se encarga de convertir a ecosistemas como humedales y pastizales en zonas de sacrificio en el altar de las ganancias de las corporaciones. Para avanzar sobre ellos, oculta o minimiza el enorme rol ecológico de estos ecosistemas. Además todas estas plantaciones se realizan sin un debido proceso participativo e informativo y, mucho menos, se evalúa la incidencia de la combinación de efectos de los distintos proyectos acumulados. El descontrol es absoluto.

Podríamos resumir algunos de los impactos ambientales directos del monocultivo forestal, de la siguiente manera:
● Modifican drásticamente el paisaje, deteriorando los procesos que mantienen el equilibrio en los ecosistemas, disminuyendo así su valor para la conservación de la biodiversidad a nivel global.
● Los pinos y eucaliptos consumen enormes cantidades de agua con sus profundas raíces, contribuyendo a que disminuya y/o desaparezca la recarga de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos.
● Las especies de pino más utilizadas en las plantaciones son invasoras ya que la dispersión de sus semillas se da a través del viento, afecta a las producciones agropecuarias y ambientes naturales que originalmente no estaban destinados a monocultivo. Esta especie también modifica los suelos como consecuencia de la acidificación que se produce al acumularse las hojas y ramas de los árboles implantados.
● Tanto los pinos como los eucaliptos son especies consideradas “pirófitas”. Es decir, son especies que promueven la propagación del fuego atento que producen aceites esenciales altamente inflamables y sus hojas se acumulan en los suelos generando materia seca que actúa como combustible.
● La utilización de agrotóxicos para combatir las múltiples denominadas “plagas” de estos cultivos exóticos contamina las nacientes de ríos y arroyos en la cercanía de las plantaciones forestales, polución cuya influencia se extiende en época de lluvias a vastas áreas, debido a la lixiviación de suelos y el escurrimiento de líquidos.

Provincia de Corrientes

A mediados del siglo XX se inicia una fuerte expansión de plantaciones forestales en Argentina mediante la implementación de diversos regímenes de incentivos por parte de los gobiernos, que permitieron llegar a una cifra de más de 1.3 millones de hectáreas en la actualidad. Estas inmensas superficies forestadas están conformadas casi exclusivamente por especies exóticas de crecimiento rápido como pinos y eucaliptus y en menor medida por álamos y sauces. Las plantaciones se concentran mayoritariamente en las provincias de la mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La provincia de Corrientes es un paradigma del avance del modelo forestal de especies exóticas. Actualmente en su territorio la superficie forestada supera el medio millón de hectáreas (lo que la convierte en la provincia más forestada del país, con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). En una investigación de la organización Defensores del Pastizal se revela que los monocultivos forestales alcanzan hoy una cifra similar en superficie a la de los bosques nativos en la
provincia.

Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra y apropiación ilegítima de terrenos pertenecientes a familias campesinas que practican agricultura comunitaria y de baja escala. En Corrientes, las manos en manos extranjeras ya superan el millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia. En el año 2019, la Legislatura correntina aprobó una Ley que habilitó a los grandes capitales extranjeros a que adquieran grandes extensiones de tierra, a medida de grandes corporaciones, como el grupo chileno ARAUCO, el mismo que ocasiona desastres tras la cordillera y en la provincia de Misiones.

Se ha avanzado sobre los ecosistemas naturales disminuyendo la diversidad de funga, fauna y flora nativa, llevando a muchas especies a la extinción. Además, ha propiciado las condiciones necesarias para el inicio y expansión de incendios rurales masivos, como los ocurridos entre los años 2019 y 2022 (en 2022 la provincia sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio). Los incendios forestales ascendieron de forma abrupta en la provincia de Corrientes, según los registros del Reporte del Manejo del Fuego del ex Ministerio de Ambiente de Nación. En el año 2019, se registraron 3.000 ha arrasada por los incendios forestales, en 2020 ascendieron a 45.000 ha; y en 2022 se llegó al récord de más de 1.000.000 hectáreas.

El resultado es una invitación al desastre, no solo porque son grandísimas extensiones donde predominan, como dijimos, las especies que ayudan a la propagación del fuego sino que -paralelamente- provoca la pérdida de los valores ecosistémicos que proveían los zonas donde avanzó la industria forestal (humedales, pastizales y bosques nativos) que podrían prevenir el inicio de incendios o mitigar sus cenizas, las comunidades rurales sufren desesperadamente el daño en la salud y en la economía.

A pesar del crecimiento vertiginoso de las áreas ocupadas con estas plantaciones, la provincia de Corrientes sigue siendo una de las provincias con peores índices socioeconómicos de Argentina. Basta comparar los índices oficiales de indigencia y de pobreza brindados por el INDEC entre los años 1998 y la actualidad para comprobar que no ha servido para revertir la dramática situación social de la provincia.

Argentina, Brasil, Chile Uruguay: un modelo implantado en la región

Sabemos que la lógica extractivista de la industria forestal se desarrolla casi de idéntica manera en Chile, Brasil, Uruguay y en el litoral argentino. Por eso no es casual la irrupción -desde la sociedad civil- de la Alianza Latinoamericana de Resistencia al Monocultivo Forestal, de la cual formamos parte, y afectaciones a nivel regional, a la vez que amplifica y potencia las luchas locales contra los monocultivos forestales.

Es que en realidad, se trata de un modelo implantado en la región, con las mismas grandes corporaciones y características. Incluso se copiaron las mismas leyes de entrega y saqueo.

Así en América del Sur, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas, principalmente pino y eucalipto, que se utilizan principalmente para obtener madera y
pasta de papel, respectivamente. Entre los cuatro países se alcanzan la suma de 16,8 millones de hectáreas de plantaciones forestales totales. La mayoría se concentra en Brasil (67%), luego en Chile (19%), Argentina (7,1%) y Uruguay (7,1%).

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la provincia de Corrientes

En noviembre de 2024 el prestigioso Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitó oficialmente a la provincia de Corrientes ante la denuncia de organizaciones locales (como Defensores del Pastizal) sobre los impactos socioambientales del modelo de monocultivo forestal.

Este Tribunal fue constituído en el año 2014 para juzgar éticamente las distintas violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los defensores ambientales en distintas partes del planeta. Es una instancia de la sociedad civil, apoyada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, por sus iniciales en inglés), con representantes de todos los continentes. Conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y compromiso como Vandana Shiva (India), Nimmo Bassey (Nigeria), Leonardo Boff (Brasil), Maristella Svampa (Argentina), Arturo Escobar (Colombia), Casey Camp Horinek (Nación Ponca, EE.UU) Alberto Acosta (Ecuador, que viajará a Corrientes), entre muchos otros y otras.

Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Naturaleza, se constituye como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra alrededor del mundo.

Y el Tribunal le dio un tratamiento regional a la problemática del modelo forestal. A principios del 2024 se constituyó en la región del Biobío, Chile, donde el modelo forestal de especies exóticas -como dijimos- está provocando estragos ecológicos y sociales. El Tribunal observó in situ, entre otras cosas, las consecuencias del megaincendio que, durante el verano del año 2023, se extendió en más 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía del país trasandino. De la superficie quemada, un 61,3% correspondió a monocultivo forestal y sólo un 9,4% a bosque nativo. El Tribunal, en su veredicto preliminar, pudo constatar que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos; que el modelo forestal, y las corporaciones que la llevan adelante, violan los Derechos de la Naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país. Además exigió con urgencia la realización de un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales; así como la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirófitas en el territorio.

Con este antecedente y contexto, una delegación con Jueces y Juezas del Tribunal, entre las que estaban la flamante ganadora del prestigiosa Premio Goldman (Yuvelis Morales, Colombia), recorrieron los territorios afectados en el interior de Corrientes, se reunieron con vecinos y vecinas y sesionaron en una audiencia pública en la capital provincial donde escucharon los testimonios de especialistas y víctimas del modelo para luego emitir un veredicto preliminar.

Esta sesión en Corrientes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza permitió, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas predominantes (humedales, pastizales, bosques nativos y sus especies animales asociadas) las consecuencias del monocultivo forestal de pinos y eucaliptos. Una oportunidad histórica de sacar a la luz un modelo del que no se debate, y que trae más injusticia, tanto ambiental como social y económica.

Sentencia Final

El Tribunal verificó in situ las afectaciones, observando el grado de degradación de suelos, la disminución de los niveles freáticos, el avance de especies exóticas pirófitas y el aislamiento de parajes rurales producto de los alambrados de las empresas forestales. Durante la audiencia pública, se escucharon testimonios y peritajes técnicos que confirmaron la sistematicidad de los impactos del modelo forestal y la ausencia de control y fiscalización estatal.

Basados en esta visita y audiencia el Tribunal emitió la Sentencia (4) siguiente donde:
“1. Reconoce que el modelo forestal vigente en la provincia de Corrientes ha provocado y continúa provocando un ecocidio, afectando a todos los seres vivos humanos y no humanos— que habitan el territorio.

2. Declara que el modelo forestal viola los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos, los cuales se complementan y refuerzan mutuamente

3. Afirma que este modelo viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental existentes, con la complicidad de los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal—, que han sido omisos o partícipes en la promoción y expansión de este esquema extractivo.

4. Declara que el agua, la tierra y las formas de producción campesina y comunitaria son sujetos de derechos, en tanto elementos esenciales para la vida y el arraigo territorial.

5. Señala que las plantaciones industriales no son bosques, sino monocultivos que no reproducen la vida, y denuncia las falsas soluciones basadas en los mercados de carbono y otras herramientas financieras que solo benefician a los grandes grupos económicos.

6. Condena las condiciones de trabajo esclavo e infantil presentes en la cadena forestal, exigiendo su inmediata erradicación.

7. Declara a los pastizales y humedales como sujetos de derechos, reconociendo su derecho a la existencia, regeneración y mantenimiento de sus ciclos vitales.”

Esta sentencia representa un avance en la discusión sobre los Derechos de la Naturaleza, la cual no puede seguir siendo entendida exclusivamente como un recurso económico. Los ecosistemas tienen valor intrínseco. Tienen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, de las además dependemos todos los seres humanos.

Por eso es importante esta sentencia que construye historia, construye memoria, construye nuevos marcos jurídicos y culturales.

Massot, Frigerio y los intereses mineros

 por Mel Argento, Romina Araguas, Gonzalo Vergez, Jorge Daneri para Análisis Digital

El Gobierno Nacional presiona con todas las herramientas a su alcance para que los representantes del pueblo voten a favor de la destrucción de la Ley de Protección de Glaciares. Esta iniciativa instrumenta la decisión de abrir las puertas, de modo ilimitado, a megacorporaciones transnacionales para servirse de los minerales ubicados en las áreas glaciares y periglaciares de la cordillera de los Andes. El proyecto oficial se burla y arrasa con la labor milenaria y clave que cumplen los glaciares en nuestras vidas diarias, en las economías regionales y en la diversidad biológica y cultural de las cuencas.

Las “herramientas” utilizadas para consolidar esta votación se valen de modalidades propias del uso y abuso de la peor política: desde el manejo discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y créditos hipotecarios fabulosos otorgados a legisladores por bancos públicos, hasta los vínculos directos de algunos miembros del Congreso con el cerrado mundo de las corporaciones mineras extranjeras. En este escenario, la Ley de Ética de la Función Pública (N.° 25.188) ha quedado totalmente de lado.

Frente a esto, cabe preguntarse si resulta sano para la democracia y el debate parlamentario que ciertos diputados levanten la mano u otorguen quórum para la sesión del próximo miércoles. Nos referimos a aquellos legisladores que poseen vínculos previos con el mundo de las megainversiones mineras a través de asesorías o consultorías, especialmente bajo el contexto de vigencia inconstitucional del RIGI y sus desmedidos privilegios.

El caso del diputado Nicolás Massot no es menor y fundamenta por qué no debería ser parte de la sesión: sus intereses económicos y empresariales se lo impiden. Una notable investigación de la revista ANÁLISIS (1) de Entre Ríos acredita que el actual gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, integró junto a Massot un emprendimiento empresarial prominero denominado Ronialem S.R.L. Esta firma actuó como subsidiaria local de la megaminera canadiense Portofino (2).

Lo sorprendente es que Frigerio, siendo entonces diputado nacional y antes de asumir la Gobernación, firmó un acuerdo tripartito entre la empresa minera canadiense, la empresa estatal de la provincia de Salta (REMSA) y la recién conformada Ronialem S.R.L., una firma sin experiencia previa en el sector. Según el sitio web oficial (3) de Portofino, Ronialem proporcionó asesoramiento local para estructurar el acuerdo a cambio de una participación del “15” por ciento en cualquier empresa conjunta que se formara con REMSA. Así lo expone el Boletín Oficial de la Rca. Argentina (4), con una integración en pesos, de 50.000 cada socio, lo que también no nos deja de sorprender.

Por otra parte, la Secretaria de Minería de Salta al momento de la firma de dichos acuerdos era la actual senadora nacional Flavia Royon. Royon fue denunciada penalmente por la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas por sus vinculaciones directas con empresas del sector, lo que demuestra la incompatibilidad de su representación legislativa frente a la modificación de la Ley de Glaciares.

Ante este panorama, surgen interrogantes ineludibles:

  • ¿Cómo votarán los representantes del oficialismo de Entre Ríos en esta sesión?
  • ¿Cuáles fueron las instrucciones del gobernador, tanto las genéricas como las puntuales?
  • ¿Saben los diputados que deben ejercer su libertad de conciencia ética y política?
  • ¿Respetarán sus convicciones y sus Cartas Orgánicas frente a un voto vital que no debería responder a la coyuntura ni a la mercantilización del poder central?

La iniciativa oficial cabalga sobre la voracidad corporativa y las “puertas giratorias” entre lo público y lo privado. Además, representa un agravio grosero a la participación cívica de las más de 100.000 personas que se inscribieron para la Audiencia Pública convocada por la Cámara de Diputados —un hito de participación único en el mundo— y a quienes el propio Gobierno les negó la palabra. Los tiempos de la democracia legislativa, ambiental y social no son compatibles con el extractivismo, la depredación por acumulación y la creación de zonas de sacrificio en las regiones más áridas del país.

Aquellos legisladores que aún preserven su sentir y pensar ético deben frenar este proceso de deconstrucción legislativa. Es necesario asegurar que la brecha entre el pueblo y sus representantes no se profundice. Es tiempo de honrar a los miles de ciudadanos que buscaron expresarse en aquella audiencia trunca. Pero, por sobre todas las cosas, es un punto de inflexión para “honrar la vida” y el recinto del pueblo, tal como nos convoca y conmueve la poesía de Eladia Blázquez: como un verdadero himno a la dignidad humana.

1. Frigerio, el litio y el enigma del tuit de Milei | Edición Impresa | Análisis de fecha 14 de marzo de 2024.

2. Ronialem SRL formada en noviembre de 2021, fue propiedad de tres ex funcionarios y diputados macristas como son el exministro Rogelio Frigerio, el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el exdiputado por Córdoba y presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, hoy miembro nuevamente de la cámara baja.

3. Portofino firma un acuerdo relativo a múltiples proyectos de litio, que cubren más de 27.000 ha en Salta, Argentina – Portofino Resources Inc.

4. Boletín Oficial de la Rca. Argentina del 5 de noviembre de 2021, página 28.

(*) Mel Argento es Doctora en Ciencias Sociales UBA, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales UNR, miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE). 
Romina Araguas, Gonzalo Vergez y Jorge Daneri, integran la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el CAJE. 

Amarrando el Delta, ¿aún más?

por Jorge Oscar Daneri para Análisis Digital

Cuando el pueblo de Entre Ríos confrontó desde Gualeguaychú frente a los proyectos de mega plantas de celulosa, nació una Ley que declaró por unanimidad, Área Natural Protegida al sistema de humedales de los departamentos Uruguay, Ibicuy y Gualeguaychú. Fue una celebración de las comunidades todas, la construcción social y sanción de la Ley Nº 9718. Un símbolo comunitario e institucional frente a la política de los hechos consumados desde las gestiones de los gobiernos del país vecino, su prepotencia y la arrogante escala de las mega inversiones sin identidad ni licencia social.

La Ley declara al territorio de humedales “… de Interés Provincial, Cultural, Ambiental y Científico” denominándola, ni más ni menos, “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres”.

Dispone que el Gobierno de la Provincia iniciará los trámites pertinentes al efecto de que se declare al área señalada, Reserva de Biosfera, en el marco de UNESCO, con la finalidad de obtener el reconocimiento nacional e internacional.

Algunos tiempos después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró ilegal el proyecto de barrio privado Amarras, frente a la ciudad de Gualeguaychú, por encontrarse dentro de la Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, en Sentencia ejemplar, revirtiendo decisiones lamentables del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y finalmente ordenando la recomposición ambiental a su estado originario de humedales, al área intervenida y en conflicto jurídico.

Dos puntos significativos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, exponen sobre la debida aplicación y cumplimiento de los principios, In Dubio Pro Natura, e In Dubio Pro Agua, en la duda a favor de la naturaleza y el agua.

En segundo lugar, la decisión del máximo tribunal del País, destaca el nuevo artículo 85 de la Constitución de Entre Ríos que en el párrafo específico de la Sentencia, considera: “… En particular, no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y “los sistemas de humedales que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados” (art. 85 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos).

De manera más que sorprendente, no solo que no se desmantela el proyecto Amarras y se inicia el proceso de recomposición ambiental, sino que además aparecen nuevos emprendimientos inmobiliarios de características de urbanizaciones privadas/cerradas similares a la muy mala experiencia social e institucional, Amarras, en la misma área natural del sistema de humedales, supuestamente protegido.

En nuestra verdad, podemos afirmar que se encuentra más desprotegido el sistema ecológico Delta y sus sistemas asociados, que más allá de estar amparado por la norma especializada que así la declara, por la Constitución Provincial, por un FALLO puntual o caso de la Corte Suprema de Justicia, que ratifica su calidad de orden público por excelencia, nada cambia, al contrario, las amarras al delta parecen avanzar.

Cuando el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) existió operativa y realmente, por un tiempo, se realizó la primera Evaluación Ambiental Estratégica, un documento central, olvidado. En esas instancias, aún no existía la locura por las arenas para Vaca Muerta, sí se insinuaba ya la fiebre de los barrios privados importados desde Buenos Aires. El proyecto de consultoría de DELTARES (Países Bajos) impulsado durante el gobierno de (Mauricio) Macri en acuerdo con el Instituto Nacional del Agua, planteaba una ruta más corta hacia Punta del Este y un nuevo puente atravesando el valle de inundación “protegido” y de ese modo promocionar la urbanización del Delta sur y un mega puerto de exportación, a metros de Ibicuy, pero siempre en Buenos Aires, donde gobernaba el PRO. Ahora se invierten los signos y sus actores políticos en las provincias y como un mal ajedrez cambian los diseños pero algunos de ellos siguen el juego patético de artificialización voraz de los reinos de vida.

Es urgente la realización de una renovada Evaluación Ambiental Estratégica, de un reordenamiento ambiental del territorio Delta en su conjunto, de una lectura pausada de las diversas propuestas de estudios producidos, existentes y ya financiados, todo detallado en el informe que oportunamente fue presentado por la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) que obra a disposición de los municipios, los miembros del PIECAS y las organizaciones y  seres comprometidos, en el siguiente enlace: Propuestas urgentes para la regeneración del Delta del Paraná.

Desamarrar el Delta, proteger sus cauces que son públicos, que no se pueden represar desarrollando endicamientos, que no se pueden privatizar en beneficio de unos muy pocos, sea para su pampeanización como para su urbanización, que no se puede avanzar en la promoción de su desertificación frente al intento de mayor artificialización por adaptación del cauce a los mega barcos de ultramar de la mal denominada hidrovía, etc., es una prioridad central para cumplir con el contrato social constitucional y la Sentencia del máximo tribunal de la Nación.

Pacto de impunidad en Neuquén: la justicia suspendió el juicio por la causa COMARSA

La decisión del juez Yancarelli de suspender la persecución penal contra los imputados en la causa COMARSA confirma un nuevo capítulo de impunidad en Neuquén. En una audiencia solicitada por la defensa de los empresarios, el magistrado aceptó frenar el avance del proceso judicial en la investigación sobre el escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la APDH Neuquén rechazamos esta decisión escandalosa, contraria al sentido más básico de justicia frente a hechos de enorme gravedad institucional, sanitaria y territorial. Lo que se está investigando no es un error administrativo ni una irregularidad menor: se trata de la acumulación masiva de residuos peligrosos de la industria hidrocarburífera, el fraude en torno a su supuesto tratamiento y la consolidación de un esquema que permitió convertir la basura petrolera del fracking en un negocio millonario.

La resolución es grave. Yancarelli decidió apartarse de las oposiciones fundamentadas tanto por la Fiscalía de Delitos Ambientales como por la querella integrada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Es decir: desoyó a quienes vienen sosteniendo, con prueba y argumentos, la necesidad de llegar a un juicio oral y público.

Lo que está en juego no es un detalle técnico ni una discusión menor. La causa COMARSA expone uno de los casos más escandalosos de contaminación, fraude y negocios alrededor de los residuos petroleros en Vaca Muerta. También muestra hasta qué punto una parte del sistema judicial neuquino sigue funcionando para blindar a los poderosos.

La audiencia contó con la presencia de más de 30 personas que se acercaron con la expectativa de que se rechazara lo solicitado por la defensa, pero se desarrolló como una escena de impunidad abierta. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid sostuvo que la oposición del MPF era fundada y, por lo tanto, vinculante, en función de la gravedad del caso. Dijo que esto no es un hecho menor, sino un proceso que involucra delitos ambientales, beneficios económicos millonarios y posibles afectaciones a derechos constitucionales, como el acceso a un ambiente sano. Remarcó que el instituto de la suspensión de juicio a prueba no está pensado para casos de esta naturaleza, ya que —según indicó— busca reducir la persecución penal en sectores vulnerables, y advirtió que concederlo en este contexto podría derivar en “un escenario de impunidad”. Según lo ocurrido en la sala, el propio juez Yancarelli tartamudeó al comunicar su decisión, exhibiendo que ni siquiera podía identificar correctamente a los imputados. En medio de los gritos y la indignación del público presente, terminó ordenando el desalojo de la sala, en una postal tan grotesca como reveladora.

Esta farsa judicial fue montada para beneficiar a los acusados y bloquear la posibilidad de que la causa COMARSA llegue a juicio oral y público.

COMARSA: basura petrolera, fraude y contaminación en Neuquén

COMARSA nunca tuvo capacidad real para tratar residuos petroleros. Se presentó como una empresa tratadora, pero en los hechos no hizo más que acumular gigantescas montañas de basura petrolera a cielo abierto.

Los imputados obtuvieron millonarios dividendos gracias a operaciones fraudulentas de simulación de tratamiento de residuos. Según surge de la acusación, las ganancias llegaron incluso a superar los 40 millones de dólares solo por recibir basura petrolera de YPF. Cuando ya no tuvieron más espacio en el predio inicialmente cedido, ocuparon ilegalmente terrenos aledaños para seguir acopiando basura tóxica, incurriendo también en el delito de usurpación.

A lo largo de su historia más reciente, COMARSA incumplió en cinco oportunidades los planes de retiro de esos residuos acordados con las autoridades competentes: en 2016, 2018, 2020, 2022 y 2025. A eso se suma el incumplimiento actual del supuesto plan de relocalización de residuos petroleros.

Y hay que decirlo con claridad: la relocalización no implica tratamiento ni disposición final. Implica apenas sacar de la vista las montañas de basura petrolera y esconderlas meseta adentro, en Añelo. No resuelve el problema. Lo traslada. Lo encubre. Lo perpetúa.

Un pasivo tóxico que amenaza la salud y las tierras públicas

Seis componentes de esos residuos son cancerígenos. El pasivo ambiental quedará en tierras públicas sin saneamiento real, mientras avanzan proyectos inmobiliarios que no dimensionan el enorme riesgo sanitario al que exponen a potenciales habitantes de los barrios circundantes.

Ese es el trasfondo concreto de la decisión judicial: no se suspendió cualquier causa. Se suspendió el avance hacia un juicio en un expediente que involucra residuos peligrosos, ganancias extraordinarias, ocupación ilegal de tierras y una amenaza persistente sobre la salud de la población.

Por eso no se trata solo de una resolución judicial escandalosa. Se trata de una señal política. Una vez más, en Neuquén, el poder judicial aparece alineado con los intereses de quienes hicieron de la basura petrolera un negocio millonario.

La decisión de Yancarelli vuelve a demostrar el pacto de impunidad entre el poder judicial, el gobierno provincial y el complejo empresarial petrolero con epicentro en Vaca Muerta, en favor de los poderosos. Desde la querella vamos a impugnar la decisión por escandalosa y no ajustada a derecho.

Con la bochornosa decisión, Yancarelli se expone a denuncias por prevaricato y juicio político, en razón de que el juez dictó una resolución injusta y contraria a la ley vigente. No solo estamos hablando de una decisión contraria a la legislación penal de fondo, procesal a nivel provincial sino que también el juez ha desconocido las dimensiones constitucionales y convencionales en materia ambiental. Finalmente, el juez también debe explicarle a la sociedad neuquina porque anuló la posibilidad de un juicio oral y público, con participación de jurado popular y así poder conocer la trastienda del escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking.

Un acuerdo de hecho entre sectores del poder judicial, el gobierno provincial y el complejo empresarial petrolero para impedir que se conozca en un juicio público la trama completa del negocio.

Qué sigue en la causa COMARSA

La fiscalía y la querella ya adelantaron que van a impugnar la decisión del juez. Lo harán convencidas de la solidez de la investigación penal realizada y de la abrumadora cantidad de evidencia reunida.

El objetivo es retomar la audiencia de control de investigación y avanzar hacia un juicio oral y público, con participación de jurado popular. Ese juicio es indispensable para que la sociedad neuquina conozca en profundidad cómo operó el negocio de la basura petrolera del fracking, quiénes se enriquecieron con él y quiénes garantizaron su impunidad.

También adelantamos que próximamente daremos a conocer un informe sobre la dimensión criminal económica del caso, que involucra a las más altas autoridades del sistema político y judicial de la provincia de Neuquén.

No es solo COMARSA: es el modelo de impunidad de Vaca Muerta

La causa COMARSA es un caso emblemático porque condensa varias capas del mismo problema: residuos peligrosos, fraude empresarial, tierras públicas degradadas, riesgos sobre la salud y cobertura judicial para los responsables.

Pero además muestra algo más profundo. Muestra el modo en que el fracking en Neuquén no solo produce petróleo y gas: también produce zonas de sacrificio, montañas de residuos tóxicos y mecanismos de protección institucional para quienes se benefician con ese esquema.

Por eso la suspensión del juicio no puede leerse aisladamente. Es parte de una trama mayor. Una trama donde la basura petrolera se acumula, los riesgos quedan para la población y las ganancias para un puñado de empresas. Una trama donde, cuando la investigación avanza, aparece el poder judicial para frenar, desviar o clausurar.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostenemos que esta decisión debe ser revertida. No puede haber impunidad para quienes hicieron de los residuos petroleros un negocio millonario. No puede haber encubrimiento judicial frente a un pasivo tóxico de esta magnitud. No puede negarse a la sociedad neuquina el derecho a conocer, en un juicio oral y público, la verdad completa sobre COMARSA.

La causa debe seguir. El juicio debe realizarse. Y la red de responsabilidades políticas, empresariales y judiciales detrás de este escándalo debe quedar expuesta.

COMARSA: Piden elevar a juicio el mayor caso de Basureros Petroleros en Neuquén

Basureros Petroleros

Neuquén, febrero de 2026

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitó formalmente la elevación a juicio en la causa de los Basureros Petroleros de Vaca Muerta, contra la empresa COMARSA por contaminación peligrosa para la salud, usurpación de tierras públicas y simulación de tratamiento de residuos peligrosos. En el mismo sentido se expidió la Fiscalía de Delitos Ambientales.

Se trata de uno de los casos más graves de contaminación vinculados a la industria del petróleo y gas de Vaca Muerta. Los hechos investigados ocurrieron entre 2013 y febrero de 2025 y están directamente relacionados con la expansión del megaproyecto de hidrocarburos Vaca Muerta y la explosión en la generación de residuos petroleros.

La acusación sostiene que COMARSA gestionó de manera inadecuada residuos peligrosos provenientes de la industria hidrocarburífera, arrojándolos y almacenándolos a cielo abierto en el Parque Industrial Neuquén Oeste, excediendo los límites territoriales y temporales para los cuales estaba habilitada.

La empresa fue autorizada en 2009 por la Secretaría de Ambiente de Neuquén. En 2011 obtuvo habilitación para tratar suelos contaminados con hidrocarburos (cuttings, lodos, fondos de tanque, entre otros).

A partir de 2013, tras el acuerdo YPF–Chevron y el inicio de la explotación no convencional, la generación de residuos se disparó. En 2014 el negocio se cuadruplicó respecto de 2012. Sin embargo, la capacidad de tratamiento no creció en la misma proporción.

La acusación es clara: la empresa se expandió territorialmente sobre predios vecinos y arrojó allí residuos peligrosos que no tenía capacidad técnica de tratar.

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Usurpación de tierras públicas

Entre mediados de 2013 y mediados de 2014, la empresa avanzó sobre tierras de propiedad de la Provincia y del Municipio de Neuquén Capital, ocupando más de 17 hectáreas hacia el oeste y el sur del predio original. Esa expansión excedió ampliamente los límites de su habilitación ambiental.

El escrito de acusación detalla que se habrían utilizado maniobras para disimular la cantidad real de residuos acopiados. Se emitieron certificados de tratamiento para aparentar cumplimiento ante clientes y autoridades, manteniendo así la habilitación y los contratos comerciales.

En 2017, COMARSA tenía 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos acopiados a cielo abierto sin tratamiento completo.

  • 217.000 m³ estaban depositados en tierras ocupadas ilegalmente.
  • 70.000 m³ se encontraban en nueve piletas que operaron sin habilitación ambiental.

Todo ello excedía los riesgos permitidos por las licencias otorgadas.

¿Qué contienen esos residuos?

Los suelos contaminados con hidrocarburos son residuos peligrosos. Contienen hidrocarburos totales de petróleo y compuestos volátiles como benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), además de hidrocarburos aromáticos policíclicos como naftaleno, fluoreno y fenantreno. También metales pesados como bario, arsénico y plomo.

El almacenamiento masivo a cielo abierto provocó contaminación del suelo —que continúa hasta hoy— y de la atmósfera por volatilización de componentes tóxicos y por humos negros provenientes de hornos que funcionaron entre 2013 y 2018.

No estamos ante una infracción administrativa menor. Estamos ante una conducta que generó y genera riesgo para la salud de la población de Neuquén Capital y para los ecosistemas del área.

La acusación también señala ocultamiento de información, omisión de registros y maniobras contables que habrían permitido ventajas patrimoniales personales a partir de la distribución de honorarios y dividendos. Se detectaron numerosas salidas de dinero no documentadas.

Mientras tanto, la población convivía con montañas de residuos petroleros a cielo abierto. Las pruebas incluyen:

  • 87 testigos propios.
  • 8 testigos de procedimientos.
  • 99 documentos, informes, expedientes, órdenes de servicio, planos, mapas, actas y análisis periciales contables y financieros.
  • Elementos secuestrados como documentación, cuadernos y computadoras.

La dimensión probatoria refleja la gravedad del caso y el tiempo que llevó construirlo.

Próximos pasos

Las defensas tienen diez días para contestar. Luego se realizará la audiencia de control de acusación conforme al artículo 168 del Código Procesal Penal de Neuquén. Allí se definirá si el caso avanza a juicio oral.

El caso COMARSA no es un episodio aislado. Es la expresión concreta de cómo el modelo hidrocarburífero descarga sus residuos sobre territorios urbanos y periurbanos, y traslada los costos ambientales y sanitarios a la población.

Durante años advertimos que los basureros petroleros de Neuquén eran una bomba ambiental. Hoy la Justicia tiene la oportunidad de establecer responsabilidades penales claras.

La justicia ecosocial exige algo básico: que quienes lucran con las industrias energéticas respondan por los daños y riesgos que generan. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas se seguirá actuando como querellante hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El agua del país en peligro: organizaciones ambientales advierten el riesgo de vaciar la Ley de Glaciares

El día de mañana, 26 de febrero, comienza el tratamiento en el Congreso de la Nación de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. La Ley 26.639 es una norma clave para preservar glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua de una enorme porción del país.

En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa. 

La reforma pretendida pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.

Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino.

Por eso, volvemos a llamar públicamente a las y los senadores a rechazar cualquier intento de modificar la Ley de Glaciares y a mantener la protección plena de glaciares y ambientes periglaciares. Les pedimos que asuman su responsabilidad institucional y que actúen a favor del agua, las familias y la vida.

Las organizaciones abajo firmantes reafirmamos que la Ley de Glaciares no se negocia. Defenderla es defender el agua, la vida y el futuro de nuestras comunidades.

Firman:

  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales
  • Greenpeace Argentina
  • Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
  • Círculo de Políticas Ambientales 
  • Aves Argentinas
  • Agencia ACERCA
  • Asociación Civil Capibara: Naturaleza, Derecho y Sociedad
  • Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
  • Asociación Manekenk
  • Aves Argentinas
  • Consciente Colectivo
  • Eco House
  • Fundación Ambiente y Medio
  • Fundación Biodiversidad Argentina
  • Fundación Cambio Democrático
  • Fundación Hábitat y Desarrollo
  • Fundación Natura Argentina
  • Fundación Protestante Hora de Obrar
  • Fundación Yuchan
  • Incubadora Feminista Latinoamericana
  • Jóvenes por el Clima Argentina
  • Proyecto Quimilero
  • Red de Jóvenes por el Ambiente
  • Somos Monte Chaco
  • Surfrider Argentina
  • Sustentabilidad Sin Fronteras
  • Unidos por Nuestras Acequias
  • Vicam: Vicuñas, Camélidos y Ambiente

Glaciares: una reforma que incrementa la inseguridad jurídica y los riesgos de corrupción

Por Sebastián Pilo para La Nación. Abogado especializado en Justicia y Gobernanza Democrática. Colaborador en la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas 

El Poder Ejecutivo incluyó como una de las prioridades del Congreso para este verano reformar la ley que establece los presupuestos mínimos de protección sobre el área glaciar y periglaciar de la Argentina. El proyecto avanza escondido detrás de la reforma laboral, la edad de imputabilidad y otras modificaciones normativas cuya discusión pública genera mayores incentivos para los medios de comunicación.

La discusión que ha tenido hasta ahora la norma ha sido sumamente escasa y se ha centrado, lógicamente, en torno a los posibles retrocesos en materia de protección ambiental, los riesgos de desmantelamiento del sistema de presupuestos mínimos previsto por nuestra Constitución Nacional, así como en las tensiones ante los modelos que promueven un desarrollo basado fundamentalmente en la extracción y exportación de naturaleza sin valor agregado o desarrollo de capacidades locales. Sin embargo, me interesa hacer foco aquí en aspectos hasta ahora no incorporados al debate y que, paradójicamente, se utilizan discursivamente en favor del proyecto, a pesar de que es justamente esa iniciativa la que los pone en riesgo.

Se trata del reclamo que habitualmente se enarbola desde el empresariado -especialmente en actividades que requieren niveles de inversión significativos- en torno a la necesidad de que el Estado brinde un marco de “seguridad jurídica” frente a dichas inversiones. Se argumenta que es necesario que las normas sean claras, y que no estén sujetas a cambios eventuales que “alteren las reglas del juego en la mitad del partido”. Veremos que son, justamente esos, objetivos sobre los que el proyecto va en detrimento.

La actual “Ley de Glaciares” tiene, entre otras, una virtud muy clara: dejó establecido en forma indubitable aquello que está permitido hacer y aquello que está prohibido. No depende de interpretaciones complejas sujetas a controversia, ni de la voluntad de ningún funcionario con lapicera. Bajo su vigencia, se estableció un sistema de protección universal: todos los glaciares y geoformas asociadas deben ser preservados y se prohibieron actividades que pudieran dañarlos.

Este tipo de normas, definidas como “presupuestos mínimos de protección ambiental”, no solo atienden a una lógica ecológica, sino que buscan garantizar un marco jurídico uniforme en todo el territorio nacional, tal como exige la Constitución en su artículo 41. 

De aprobarse la reforma propuesta, en cambio, pasaremos a un sistema por el cual una serie de funcionarios provinciales podrá decidir -incluso contradiciendo eventualmente al criterio científico y técnico del IANIGLIA como organismo nacional especializado en la materia-, qué áreas merecen protección y cuáles no, sin más ancla o referencia legal que su propia interpretación. Las aprobaciones o prohibiciones de proyectos serán tan oscilantes e imprevisibles como lo sean los cambios de gobiernos provinciales y climas sociales de coyuntura. A la vez, tanto la nueva ley en general como cada uno de los proyectos que pretendan implementarse serán judicializados -con resultados inciertos en cada caso-. Es exactamente aquello que, desde una perspectiva de “seguridad jurídica”, se pretende evitar.

En un país con necesidades económicas pronunciadas y riesgos de fiscalidad deficitaria en muchas provincias, no es difícil imaginar que muchas de ellas van a competir por los mayores niveles de desprotección ambiental, como forma de atraer capitales extractivos. Esta “carrera hacia abajo” en materia ambiental y regulatoria es precisamente lo que genera conflictos con la  preservación de bienes comunes y derechos colectivos, sin que exista claridad sobre qué debe prevalecer en cada caso.

Tampoco es difícil de ver el modo en que, transferir la capacidad regulatoria desde el Poder Legislativo Nacional hacia los Poderes Ejecutivos provinciales, puede incrementar los riesgos de corrupción y desvíos de poder: si de un decisor público dependerá la realización o no de un negocio multimillonario, los incentivos para que ese funcionario o funcionaria acepte participar de algún modo de esa rentabilidad crecen exponencialmente.

Finalmente, resta sumar un punto significativo respecto de los impactos de este proyecto en torno a la seguridad jurídica. La Ley de Glaciares se sancionó hace pocos años, como producto de una enorme participación social (especialmente después del veto presidencial sobre la primera versión de la norma) y no se han producido luego de ello descubrimientos técnicos o novedades tecnológicas que justifiquen el cambio de reglas. Dicha modificación, en cambio, está impulsada exclusivamente por una modificación circunstancial del criterio político de los legisladores. Entonces, ¿No pueden acaso aquellas poblaciones a las que se les prometió un marco jurídico que protegería en forma estable su acceso al agua potable protestar por la interrupción intempestiva de esa protección? La “seguridad jurídica” no debe ser interpretada como un derecho que sólo debe brindar garantías al sector empresario.

Finalmente, es obvio que si una mayoría legislativa circunstancial puede decidir reformar la norma de este modo, una nueva mayoría distinta podrá restituir la protección en unos años, arruinando la actual expectativa de negocios tanto como ahora se busca desarmar la expectativa de protección del recurso hídrico.

El desafío que enfrentamos como sociedad es construir un marco jurídico estable, basado en el conocimiento científico, que resguarde el interés general sin diluirlo en la discrecionalidad de quien administra el poder. Así se fortalece, no solo el ambiente, sino también la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.

Manejo del fuego

El fallo de la Corte jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a las ciudades de Rosario y Victoria implementar acciones urgentes para preservar el Delta del río Paraná de los incendios. “Es un fallo histórico porque pone el punto de la i donde corresponde, jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación y esto es muy importante, dijo a AIM Jorge Daneri, miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (Aaaa) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (Caje).

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los incendios en el Delta es un fallo histórico”, enfatizó Daneri a esta Agencia.

El abogado ambientalista señaló que el mismo, “pone en presencia, en valor, de alguna manera resucita o reinventa el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable del Delta que se acordó entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el Estado nacional en el año 2008 cuando aquellos mega incendios, que luego se han repetido durante la pandemia y estos últimos años. Es relevante porque no solo marca la incapacidad de los gobiernos de ejercer el federalismo de concertación, sino porque además pone en su lugar a las ambientales, las sienta en las sillas y en la mesa redonda donde otras áreas de los gobiernos, en esas escalas de gestión política, los niegan, las ignoran, las ningunean, las olvidan, las descartan en función de intereses corporativos, de simplificación de los territorios, de delimitaciones geográficas inventadas por nosotros los seres humanos que niegan la visión de Cuenca, que niegan la realidad sinérgica y sistémica de un ecosistema más que sensible”.

Además, este fallo es relevante “porque el fenómeno de los incendios, en cuanto a la aplicación que le exige la Corte a las provincias, a su implementación porque el plan ya existe, a su despliegue, se aplica a otros conflictos socioambientales en la misma área, y que directamente se relaciona con las causas de los incendios, que es la desertificación del Delta a partir de los intentos de mayor profundización, de mayor dragado, de que el Delta se adapte a los megabarcos de exportación, como así se pretende en el proyecto de licitación que el Gobierno nacional está impulsando y que fue frustrado por un dictamen también relevante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Federal a principios de años, y que ahora se intenta nuevamente llevar adelante a partir de una audiencia pública ambiental ficticia, fraudulenta, donde se ponen estudios totalmente desactualizados; estudios totalmente privatizados, sin intervención de las áreas ambientales, del Piecas, de todos los ámbitos que establece la legislación de presupuestos mínimos ambientales”.

En este sentido, remarcó Daneri, “La Corte pone en valor el Piecas, que tiene que intervenir en todos los escenarios vinculados a la protección de la diversidad biológica, de la diversidad hictícola, de todo proyecto de mega infraestructura, desde un puente, un túnel, desde una mayor profundización y artificialización del río. Todos escenarios absolutamente negados desde el 2013-14 en adelante de una manera realmente muy grave”.

Finalmente, indicó el abogado ambientalista, “el fallo destaca un punto relevante, el 9, que invito a poder analizarlo y considerarlo. Especialmente, la Corte condena a los tres Estados provinciales y al Estado nacional a la implementación de algunos de sus anuncios, como son todos los mecanismos de monitoreo, los faros que se iban a construir y que quedaron en una ejecución totalmente lenta, sin conocimiento de los pueblos en cuanto a sus resultados; la falta de una dinámica, de un activismo en el funcionamiento de la dirección y de la coordinación del Piecas que es realmente muy grave”.

“Es notable lo que el fallo destaca de los informes que le han presentado a la Corte las provincias donde casi la palabra Piecas no existe, son informes sectoriales vinculados exclusivamente a lo hecho o no hecho en cada provincia, pero que no articula, no transversaliza, no hay sinergias, no hay concertación, no hay conversación, no hay acuerdos”.

“Es un fallo histórico porque pone el punto de la i donde corresponde, jerarquiza la democracia ambiental, el federalismo de concertación y esto es muy importante. Pero lo hace, poniendo en su lugar a las leyes de presupuestos mínimos ambientales y esto es relevante. La concertación federal no puede atacar las leyes de presupuestos mínimos ambientales ya vigentes que son aplicables para todo el territorio de la República Argentina, y esto es una ratificación de la Corte de la importancia de las áreas ambientales, negadas brutalmente en el proceso hidrovía Paraná-Paraguay hasta el día de hoy; y relevante para todos los escenarios, particularmente el sistema ambiental Delta y sus ecosistemas asociados”, concluyó Daneri.

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Megacentro de OpenAI en Argentina: La Patagonia del Tío Sam

Sam Altman, uno de los creadores del ChatGPT, anunció una revolución tecnológica en Argentina, con un nuevo megacentro de datos en la Patagonia. De concretarse, nuestro paisaje se convertiría en zona de sacrificio. Territorio, energías y aguas cedidas a cambio de una inversión que el gobierno de Milei intenta capitalizar en dólares y credibilidad en campaña electoral. ¿Stargate es una promesa vacía? ¿Un sueño digital de ciencia ficción? ¿O la nueva cara del colonialismo de los tecnoricos en el Sur global?

Por: Alejo di Risio para Revista Anfibia

Sam Altman es uno de los creadores de la marca ChatGPT. Mira a cámara con los ojos tan abiertos como puede, delante de un pequeño escaparate iluminado por LEDs tenues y cuidadosamente arreglado para el anuncio institucional que está haciendo. Promete una revolución tecnológica sumando a Argentina a su proyecto llamado “Stargate”. En el anuncio elogia a Milei y al pequeño fondo que será su socio local en la instalación de un megacentro de datos en la Patagonia, que podrá usar hasta 500 MW y que requerirá una inversión publicitada de hasta US$ 20–25 mil millones. Detrás suyo se ve una serie de libros. El más legible es Anthem, la novela corta de Ayn Rand, en la cual imagina el futuro más distópico que los techbros y libertarios pueden concebir: uno en que el colectivismo ha triunfado completamente y la intervención estatal es total. En su historia, cualquier forma de la individualidad es ilegal y no hay forma del pronombre “yo”, solo hay “nosotros”. La cara de Sam Altman parece retocada. Como las cuentas de OpenAI y Altman no hacen eco del anuncio, en twitter la gente duda de si es un video real o si está hecho con IA.

Demian Reidel llora. Vuelve a apretar play y vuelve a llorar. Ve el anuncio varias veces, y una y otra vez, se vuelve a emocionar. El actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, compañía estatal a cargo de las centrales nucleares locales, es físico egresado del Instituto Balseiro. Los dos años que se desempeñó como asesor presidencial de Javier Milei impulsó esta agenda. Es su primer hito de gestión, y viene de la mano de uno de los magnates estrella de Silicon Valley. Acaba de lograr una pequeña victoria en la agenda que impulsa hace dos años: convertir a la Patagonia en un nodo regional de datacenters. O sea, entregar la mayor cantidad posible de territorio, energía y aguas disponibles a nivel nacional para que grandes centros de procesamientos de datos se instalen en nuestro país. El sueño es lejano, fantasioso e irreal. Incluye una ciudad nuclear, con reactores alimentando el complejo. Pero Reidel logró una carta de intención y un anuncio de Altman en persona. Es el primer resultado que el gobierno de La Libertad Avanza logra a pesar de todos sus viajes, reuniones y declaraciones de alineamiento con los magnates del sector. 

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La compañía de Altman se ha convertido rápidamente en uno de los gigantes tecnológicos. Este año, la creadora de ChatGPT lanzó, en alianzas con otras empresas del sector, el proyecto Stargate. Un despliegue a nivel global de datacenters que representa un incremento en su capacidad de procesamiento de datos, específicamente orientados a estar a la altura de  la demanda que la inteligencia artificial genera. Esta demanda no solamente es en poder de cómputo y procesamiento, sino que también ha empujado la utilización de energética e hídrica de la infraestructura digital. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron el 1.5% de la electricidad mundial en 2024 y se espera que esa cifra se duplique para 2030. Las incertidumbres sobre cómo, y sí estos cambios pueden darse al ritmo esperado son enormes. 

Los anuncios oficiales se refieren a enormes cantidades de “energía renovable, líneas de alta tensión, fibra óptica y acceso a agua fría”. Pero hablar de semejante  disponibilidad de agua en una zona de estrés hídrico tiene implícito una noción fundamentalmente violenta: si la garantía es que habrá agua para enfriar servidores ¿qué pasará con las personas? ¿Y con el resto de actividades humanas, agrarias, productivas que dependen de una manera u otra de la disponibilidad del agua? Una investigación de Bloomberg reveló que a nivel global los datacenters ya consumen 560 mil millones de litros de agua, y que dos tercios de los centros de datos son construidos en zonas de estrés hídrico.

Lejos de un sueño digital de ciencia ficción, los enormes galpones con miles de filas de servidores (al fin y al cabo la vieja CPU, pero optimizada) poco beneficio dan a las poblaciones cercanas o regionales. Si bien durante la etapa de construcción se requieren algunos empleos, la mano de obra que insume un centro de datos de estas características es escasa. La lógica del sector intenta realizar la mayor cantidad de operaciones de forma remota, por lo cual dependiendo del nivel de automatización la cantidad de empleo estable puede variar entre 50 y 150 personas. Por otro lado, la producción de insumos necesarios está localizada en Asia y la transferencia tecnológica y formación de técnicos nacionales es casi nula en este tipo de centros de datos. Es más lo que requieren del territorio que lo que dejan. 

¿Y qué pasa con toda esta energía? Se procesan enormes cantidades de datos y bits. Operaciones matemáticas complejas, en fracciones de un nanosegundo, que atraviesan placas de sílice, arena y minerales que mentes brillantes de la humanidad supieron refinar y optimizar en la suma del conocimiento técnico. De todo ese pequeño aleph de potencia, finalmente sale exportado el video de un perrito, una receta de avocado toast, o el meme de un presidente de extrema derecha.  De toda esa potencia, de toda esa energía concentrada, los circuitos se sobre calientan y es para la refrigeración necesaria que se utilizan volúmenes de agua realmente masivos. Agua que se usa para bajar la temperatura a la cual llegan los procesadores después de ser atravesados por toda la actividad digital. 

Fue durante la última tendencia global de imitar a Studio Ghibli que OpenAI chocó con su capacidad de operación. Comenzó a rechazar peticiones para evitar que “se derritan los chips”, ya que había récord de usuarios solicitando copiar el estilo que el estudio japonés supo construir con los años. En simultáneo, OpenAI lanzó Sora, una aplicación destinada a crear una red social exclusivamente utilizada para videos generados por IA. La empresa espera competir así con TikTok y Meta, que ya había anunciado que en Facebook se permitió que los bots controlados por IA interactúen entre ellos. La tendencia es avanzar hacia más feeds, más contenido, más remix. Niveles cada vez más altos y acelerados de recombinación de elementos existentes para derivar en destellos de atención. 

Estos centros de datos utilizan en todo el mundo miles de millones de litros al año, y generan enormes tensiones sociales allí donde se instalan. La otra red que atraviesa la Patagonia está hecha de cuencas y ríos. Ríos andinos muchos, que bajan desde los glaciares y van hasta el mar, garantizando la vida a lo largo de su recorrido. Estas cuencas de bajo estrés incluyen ríos que en los últimos años han tenido bajantes históricas y ciudades que compiten por caudales. El confuso anuncio del proyecto Stargate no aclara ni menciona el origen del agua, la energía o dónde se posicionará. Nada sabemos de concesiones hídricas existentes, o si el agua será la misma que usan las personas y poblaciones de la Patagonia. Cuando la nube deja de ser digital, se puede llevar el agua de nuestros ríos y glaciares.

Esta tensión no es solamente propia de nuestro país. Las ciudades de Estados Unidos donde están alojados un cuarto de los servidores del mundo enfrentan las mismas tensiones. En Los Dalles, Oregon, las comunidades llevaron a Google a tribunales para que revelara cuánta agua estaba usando. Algo similar pasó a nuestros vecinos de Uruguay: allí Google quiso instalarse durante la peor crisis hídrica de los últimos 74 años. Mientras las personas tenían que comprar bidones de agua mineral para no beber agua de baja calidad y salinizada, el propio Ministerio de Ambiente admitió que el proyecto de Google iba a insumir 7,6 millones de litros por día, aproximadamente el consumo de 202.898 hogares.

La investigadora Yawei Zhao acaba de estudiar lo que llamó “la frontera digital urbana”. Provincias empobrecidas de China que recibieron repentinamente centros de datos que cambiaron las dinámicas locales y el comportamiento urbano. Energía barata y tierras subsidiadas que abrían las puertas a nodos que reproducen desigualdades socioambientales donde se instalaron. Nuevas versiones de viejas dinámicas, en las cuales las poblaciones de centros urbanos se benefician de los costos ambientales que son sacrificados en áreas rurales. Zhao identifica que los lugares donde se instalan estos centros de datos se convierten en “vehículos metabólicos” para la infraestructura digital.

Esto se da mientras el actual gobierno se encuentra en pleno desguace del Estado. A medida que la estructura de instituciones que otorgaba algún tipo de regulación se demuele, hay una creciente privatización del agua de hecho. Concesiones laxas, privatizaciones, permisos y otras regresiones ambientales de importancia. Las tensiones sobre el uso del agua no se resuelven o gestionan, sino que se tercerizan hacia el mejor comprador. Reducir al mínimo la cantidad de resistencia social, política y regulatoria para privatizar la mayor cantidad de agua de hecho.

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El video publicado por Altman para anunciar el proyecto menciona como socio local a la compañía Sur Energy. El fondo, descrito por Altman como empresa líder en el sector energético, no tiene proyectos de energía vigentes ni conocidos en el futuro. El “joint venture con un cloud developer” no tiene historial o experiencia en la construcción u operación de proyectos energéticos o informáticos de esta magnitud. De hecho al momento del anuncio, periodistas ya habían descubierto que la empresa no tiene ni página web, ni cuenta de Linkedin. 

Aún así el anuncio contempla dos fases de construcción e implementación de entre uno y dos años, para un proyecto de 100 MW. El despliegue de infraestructura para así incluiría líneas de alta tensión, subestaciones, transformadores o torres de enfriamiento. A su vez, obra civil especializada y puesta en marcha de alta complejidad en cada etapa. El sector de los datacenters ni siquiera cuenta con un marco regulatorio para la actividad. Los plazos californianos parecen tener poco realismo local.

Una palabra clave en todo esto parece ser “hasta”. Anunciar una inversión de hasta veinticinco mil millones de dólares permite hacer crecer las acciones de OpenAI y la credibilidad en un gobierno en crisis sobre su capacidad de atraer inversión extranjera. La promesa que hace dos años Reidel mantiene sobre una Patagonia digital parece tener al menos un mínimo producto viable. La probabilidad es que menos sea “una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina” sino sea una promesa vacía para generar valor accionario por un lado y porotos electorales por el otro. Los memoriosos recordarán anuncios similares, como las megainversiones en hidrógeno verde en la Patagonia. 

Dentro del ámbito de la especulación digital también recuerda más a 2022, una granja de bitcoin prometió prosperidad y criptoriquezas a la ciudad de Zapala. El proyecto, a cargo de FMI Minecraft Mining, iba a funcionar con energía del megaproyecto de fracking Vaca Muerta. Mientras quienes viven en la zona continúan sin tener energías seguras en sus hogares,  1000 MW de energía iban a ser utilizados. El proyecto nunca se llevó a cabo y no hay evidencias públicas ni anuncios que expliquen el destino del proyecto.  

A pesar de lo poco realista del proyecto, la realidad es que esto puede sentar un precedente peligroso en el desembarco de emprendimientos de enorme consumo hídrico en zonas donde el agua no abunda. La probable tensión social que un proyecto de estas características en la Patagonia, el costo hídrico y energético que debería asumir estructuras tan complejas.

El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aparece como factor clave en esta ofensiva. Es el andamiaje legislativo y jurídico que garantiza a estas inversiones que las tensiones en torno al agua serán resueltas hacia su lado. De acuerdo a investigaciones del Observatorio del RIGI, el mismo estructura una arquitectura legal que no sólo otorga enormes exenciones fiscales, financieras y soberanas, sino que también elimina cualquier tipo de regulación que limite, desde una perspectiva ambiental, el acceso al agua que pueden tener estos proyectos netamente extractivos. En ese sentido, el RIGI también considera insumos esenciales para los proyectos como “no susceptibles a restricciones regulatorias previas”. O sea declara al agua, la energía el transporte o el procesamiento como más allá de otras leyes  o normativas. 

Esto se combina con los ataques directos y frontales a las instituciones estatales que daban asesoramiento técnico y político sobre la gestión del agua. El ataque frontal contra la Ley de Glaciares, el desguace del Instituto Nacional del Agua, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, de ACUMAR, o las intenciones de privatizar AySA, la nueva licitación para las represas hidroeléctricas estatales y la nueva licitación para el control del Río Paraná, se combinan con la criminalización de la protesta y de quienes defienden al agua y al ambiente en este contexto.  

Mientras tanto, a nivel local, hay más preguntas que certezas. La fuente hídrica, el caudal concesionado, la estacionalidad, los vertidos y las salmueras derivadas— bajo criterios posibles de “cero agua” y su alto costo energético derivado. Si efectivamente habrá trazabilidad para garantizar el origen renovable de la energía o si se le irá bajando el compromiso ambiental a medida que avance el tiempo, así como la capacidad real de la red o el almacenamiento posible. Que incorpore límites por sequía y priorización de usos; y, finalmente, una revisión sobre la soberanía de los datos cuando el datacenter y la plataforma operan bajo control transnacional.

Mientras las grandes empresas tecnológicas vuelven a prometer futuros de abundancia, los límites naturales y terrestres parecen volver a traerlos a la realidad. Su creciente interés en la minería del fondo marino, o en el sueño de la minería espacial, responde a una disputa por la materialidad que sostiene al mundo digital. Su alineamiento con la extrema derecha estadounidense, y ahora también argentina, es también una declaración sobre sus intenciones sobre los bienes naturales y de vida, de los cuales depende la industria, pero también la humanidad. Los tecnocapitalistas no son negacionistas de los límites terrestres y planetarios. El negacionismo climático y ecológico es una estrategia discursiva y política para avanzar en la privatización de cada vez más áreas de la vida y del sistema tierra. Pretenden avanzar sobre el control de los bienes vitales y materiales. En ese sentido no buscan frenar la crisis climática, sino gobernarla y gestionarla a su favor. 

Lejos de ser inmaterial y etérea, la inteligencia artificial y la nube intervienen de forma cada vez más directa sobre nuestro mundo. En el libro The Age of AI, el mismísimo Kissinger proponía como estrategia posible saturar la red de desinformación y contenido basura, a tal punto que fuera indistinguible para una persona promedio orientarse sobre qué es real y qué no. Y que las IAs pueden convertirse en el único mediador, que defina y distinga para nosotros lo real, y por ende en herramientas de poder. 

Entonces ¿cómo gestionar la tensión? La oferta de tercerizar trabajo cognitivo en una sociedad hiperdemandada es más que tentadora, y con argumentos morales y éticos no alcanzará para entablar una discusión real. Pero no deja de ser necesario eximirnos de un mediador que confiesa su instrumentalización política y su alineamiento con las fuerzas de la extrema derecha global. ¿Qué nociones de agua, de ecología o de vida puede llegar a reproducir un software programado por gente que piensa como Altman o Reidel? 

En contextos de sequía, y con cada vez más inestabilidad climática, hay potencia en pensar otras formas del agua. Encontrar y conectar con patrones de lo hídrico para más allá de lo instrumental. Que construyan nuevas institucionalidades, pero que también renueven las formas sociales de gestión y diálogo con nuestras cuencas. Incorporar entonces el pensamiento hídrico, la visión de cuenca, la escucha de nuestros glaciares, que hablan desde el pasado, en movimientos y ritmos de la inmanencia, y sostienen la trama de la vida en la Patagonia. Para recomponer nuestro vínculo con lo hídrico, para potenciar culturas marítimas y ribereñas, pero que puedan desbloquear otras posibilidades del porvenir y de futuros ecológicos para nuestro país. 

Arte: María Elizagaray Estrada

Informe Regresiones Ambientales

Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei (diciembre de 2023), la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), que abre aún más las puertas a la explotación de los bienes naturales a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.

En el presente informe presentamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde Diciembre de 2023 al 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizan el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo por la ley Bases. La regresión socioambiental se refiere a un proceso en el cual se produce un deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsado por el desmantelamiento, la derogación y modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas que estaban orientadas a la protección ambiental, a la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades, al acceso a la participación ciudadana y la justicia. Dicho informe muestra cómo el carácter regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, amenaza la vida democrática y la sostenibilidad socioambiental en su conjunto.

El informe presenta una Parte I, de carácter introductoria, donde se aborda el impacto de la Ley Bases y del RIGI, asi como las implicancias de la asunción de una política negacionista de Estado. La Parte II se centra sobre los impactos de la política del gobierno de Milei a través de diez secciones 1) Combustibles fósiles, 2) Deforestación, 3) Incendios e Inundaciones, 4) Minería de litio, 5) Minería metálica a cielo abierto y Ley Nacional de Glaciares 6) Licitación Frustrada en el río Paraná y avance en la privatización de represas 7) Afectación a Pueblos originarios, 8) Modificación de normativa y de organismos públicos y degradación ambiental; 9) Criminalización de la protesta y 10) Plan de Inteligencia de la SIDE.

Lee y descarga el informe:

informe-regresiones-2025Descarga