Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebramos la decisión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires que confirmó la contaminación masiva en el Río Parana, El pedido de medida cautelar fue realizado por Fdo. Comisión Directiva de FOMEA en la “Causa Atanor”. Nombrada así por ser contra una de las tres compañías de agroquímicos más grandes del mundo, que vecinos y vecinas de Barrio Química denunciaron tras contar más de 200 muertes en las seis cuadras lindantes a la empresa. La justicia prohibió a la compañía continuar la producción del insecticida “clorpirifos”, que causa daño neurológico en niños y niñas y Atanor elaboró durante décadas en una zona densamenta poblada.
Reproducimos a continuación el comunicado de la Comisión Directiva de FOMEA y agradecemos toda difusión.
La pregunta y razonamiento más sencillo es: sí las empresas y otras entidades pueden tener derechos ¿Por qué no puede tener derechos la naturaleza, de la cual dependemos?
Integrantes de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Multisectorial de Humedales de Paraná, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentaron proyectos para que la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Paraná reconozcan los Derechos de la Naturaleza o Pachamama. Los proyecto refieren a donde se reproduce y realiza la vida, debiendo asegurarse el respeto integral, su existencia, el mantenimiento, regeneración de sus ciclos y funciones vitales, estructura y procesos evolutivos.
La presentación retoma el legado de Fernando “Pino” Solanas y se basa en el texto del proyecto de ley presentado hace unos años por el Senador de Proyecto Sur. Revisa sus fundamentos y contextualiza las presentaciones en el marco de la presente campaña impulsada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).
Es necesario compatibilizar a nivel provincial y municipal el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza con la legislación constitucional de las provincias. Vinculando la iniciativa con el derecho de todos/as los/as habitantes a un ambiente sano, la protección de la diversidad biológica y ecosistemas en particular y los derechos de los pueblos indígenas. Y también acoplando el derecho procesal provincial (acción de amparo, intereses difusos, acción popular, acciones preventivas, etc.) entendido como una “derecho procesal de la naturaleza”.
Los dos proyectos presentados
Proyecto provincial
El proyecto provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. El mismo fue ingresado por Mesa de Entradas del parlamento provincial se titula Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la provincia de Entre Ríos. Se trata del Expediente N° (Nº 24.836 M.E.), ingresado el 3/11/2022. Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) – Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas – Multisectorial de Humedales de Paraná.
La Provincia de Entre Ríos posee una de las Constituciones Provinciales más nuevas de Argentina. En ella se incluyen novedosos derechos con respecto a la naturaleza. Ejemplo de esto es el reconocimiento de la libertad de los ríos. Se hace mención explicita a que las cuencas hídricas comunes y los sistemas de humedales “se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.
A su vez reconoce la triple función del suelo, en sus dimensión social, ambiental y económica en su Artículo 85. Aunque estos no son reconocimientos explícitos de derechos a la naturaleza, son un gran avance en cuanto a la comprensión de su importancia y funcionamiento de los ecosistemas.
El segundo proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Fue ingresado por Mesa de Entradas del parlamento local y se titula Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la ciudad de Paraná. Se trata del Expediente N° H.C.D. Nº 789/2022-A-F17, ingresado el 3/11/2022. Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) – Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas – Multisectorial de Humedales de Paraná.
En el caso de la Ciudad de Paraná es la Ordenanza N°7.717 (1995), que crea el Código Ambiental, de la ciudad la que reconoce de la siguiente manera, en la declaración de principios y objetivos que:
“Nosotros los representantes del pueblo reconocemos: a) En lo referente al Ambiente, como sujeto del Derecho a todos seres vivos y futuros.”
Código Ambiental de la Ciudad de Paraná
“Este es un fundamental e interesante avance que pocas veces fue comprendido por gobernantes y ciudadanía.” – declaró Enzo Cullaso, integrante de la Multisectorial de Humedales de Paraná y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas – “Hoy luego de 20 años, es necesario volver a dialogar sobre la posibilidad de otorgarle entidad jurídica a la naturaleza.”
La naturaleza como sujeto de derecho, implica necesariamente su desmercantilización. Así como el discurso normativo actual prohíbe tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de derecho la naturaleza debería recibir el mismo trato. Es importante aclarar que lo que protege este proyecto son los “sistemas de vida” lo cual no es un obstáculo para el desarrollo y comercialización, por ejemplo, de actividades agrícola-ganaderas, entre otras. Con los Derechos de la Naturaleza se puede comerciar y comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.
Asistimos en este siglo a un modelo de producción y consumo que está generando el traspaso de los límites biofísicos, que atenta contra toda forma de vida sobre el planeta, incluida la nuestra. Es tiempo de madurar como especie, para trascender el egoísta instinto competitivo y abrazar la vida en toda su diversidad de expresiones.
El marco de los Derechos de la Naturaleza comprende que cada pueblo es portador de culturas diversas, como lo son los territorios de este continente. En este contexto, también existen culturas que supieron otorgarle un valor a la naturaleza más allá del uso humano. Quienes reconocieron en sus cosmovisiones la interdependencia con todos los reinos de la vida.
El grado de madurez de cada sociedad abre a la posibilidad de comprender e internalizar otras maneras de vincularse con su entorno. Estas culturas otorgan brújulas para que la humanidad vuelva a percibirse en igualdad, ya no como dueño, sino como parte de un todo.
El lunes asume el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la hermana Brasil. Su ministra de ambiente será Marina Silva*, de una vida conmovedora y de raíces profundamente ecologistas. Por primera vez habrá un ministerio dedicado a los pueblos originarios bajo la conducción de la diputada Sonia Guajajara, indígena, actitud política esperanzadora y delicada celebración.
Compañeras, en otros momentos adversarias del electo presidente y ahora, relevantes en sus decisiones para que Lula presida el gran país sudamericano.
Existen ya historias de conversaciones recientes, como diálogos de saberes y búsquedas de esos otros mundos posibles, entre la Colombia de Petro y también su ministra de ambiente Susana Muhamad**, el Chile del joven Boric con su ministra de ambiente Maisa Rojas*** y esta renaciente Brasil de los trabajadores, mujeres indígenas y ecologistas.
El pensamiento ambiental latinoamericano está nuevamente abrazando visiones ecosistémicas desde el alma de mujeres íntegras, fantásticas, madres de la tierra y el alma de los otros seres no humanos. Conversaciones que sueñan políticas realizables y concretas de transiciones justas hacia otros modos amorosos de producir energía, alimentos sanos, gestión de cuencas y territorios para los pueblos.
No es el triángulo del Litio ni el triángulo del cono sur de Syngenta, es el triángulo de tres naciones nuestras, triángulo de las soberanías, de la desalienación de los imperios y sus corporaciones genética como mineralmente modificadas, consumismos que están quemando el planeta y saqueando los pensamientos emancipadores.
Es el triángulo (Chile, Colombia, Brasil) esperanzador frente a la mentira alevosa de los que desde el discurso citaron aquella Encíclica ecosocial “Laudato Sí” y la violaron sistemáticamente, los unos y los otros, impúdica, impune grieta.
En Argentina, su Presidente nombra jefe de asesores a un ex CEO de Syngenta, que es decir, sin gente. Es la expresión del modelo que ha vaciado el campo de campesinos y dañado gravemente a las comunidades indígenas y pequeños productores bajo la bandera de la República Unida de la Soja, modelo de exclusión y sacrificio. Son las antípodas de una Sudamérica para las mayorías y la regeneración y restauración de sus ecosistemas.
Pero celebremos estos tiempos históricos, quizás y finalmente, de puntos de inflexión. Esta renaciendo una Sudamérica que pueda iniciar la cicatrización de sus “venas abiertas” para las alegrías de Eduardo Galeano, Leonardo Boff y Raúl Alfonsín. Son alegrías prudentes, con calma y paciencia de que es posible “un mundo, donde quepan otros mundos”.
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Notas
*Marina Silva. Fue amiga de Chico Méndez, diputada y senadora de la nación, ministra de Ambiente del primer gobierno de Lula, candidata a Presidente de la nación y por siempre ecologista.
**Susana Muhamad. Estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes y es magíster en Gestión y Planeación del Desarrollo Sostenible de la Universidad de Stellenbosch de Suráfrica. Además es ambientalista y ha ocupado varios cargos públicos. ***Maisa Rojas. Reconocida climatóloga chilena. Académica de la Universidad de Chile y directora del centro de Ciencias del Clima y la Resliliencia. Fue una de las autoras del Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
Por: Maristella Svampa y Enrique Viale, para elDiarioAr.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales cuenta con una larga historia en el Congreso Nacional. Maristella Svampa y Enrique Viale analizan los proyectos en danza, las razones para apoyar el dictamen de minoría y un gesto de la película “Argentina 1985” para, salvando las distancias, pensar sobre cómo los gobernadores cajonearon una iniciativa. Qué pasa en Diputados.
La ya fallecida socióloga Norma Giarracca decía que “no hay séptimo día de descanso en la disputa socioambiental”, primero hay que lograr que sancionen la ley, luego que la reglamenten, después que la apliquen efectivamente, y así, continuar en la lucha. En el camino se generan debates en la sociedad, se confronta, se va produciendo masa crítica y se otorgan herramientas concretas para crear una nueva institucionalidad ambiental, para proteger nuestra salud, la del planeta y de nuestros bienes comunes.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales cuenta con un largo y penoso derrotero de 10 años en el Congreso Nacional. En 2013, impulsada por el entonces senador Rubén Giustiniani, se logró una primera media sanción en la Cámara de Senadores, pero luego, al no tratarse, perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Exactamente lo mismo ocurrió en 2016 con un proyecto del ex senador Fernando “Pino” Solanas, que también logró media sanción pero terminó cajoneado en la Cámara Baja, sin tratamiento alguno. Así, se echó por tierra un trabajo de años que incluyó decenas de reuniones con especialistas, varias audiencias públicas y el apoyo de un abanico muy amplio de organizaciones, expertos y universidades nacionales.
Maximiliano Ferraro, presidente Coalición Cívica, en el plenario de comisiones por la Ley de Humedales, el 14 de noviembre de 2022. Victoria Gesualdi/Télam
Ahora bien, si la sanción de la Ley de Bosques (2007) fue difícil pues chocaba directamente con los intereses del agronegocio como también lo fue más tarde la Ley de Glaciares (2010) por el boicot de la gran minería transnacional, la Ley de Humedales se enfrenta no sólo a estos dos lobbies que actúan en conjunto, sino también al de la especulación inmobiliaria, responsable de la destrucción de miles de hectáreas de humedales con sus barrios cerrados y countries náuticos, y caracterizado por sus aceitados vínculos con la más variada fauna política.
Los grandes capitales mineros tampoco quieren una Ley de Humedales ya que no sólo el oro se encuentra en las vegas en la Cordillera sino también el litio en humedales de altura, los salares del norte argentino, que actualmente se explotan de manera incontrolada, con bajísimas regalías y en muchos casos, sin licencia social.
El plenario de Comisión de la Cámara de Diputados del 14 de noviembre de 2022 que trató la Ley de Humedales. Victoria Gesualdi/Télam
Por su parte, el agronegocio corre permanentemente su frontera sin preocuparse por lo que deforesta con su accionar. Que la Argentina sea uno de los países más arrasados por la expansión de la soja transgénica y otros cultivos, o incluso de la ganadería extensiva, no parece preocuparlos. A esto hay que añadir otro grupo de poder extractivista, el de la producción forestal industrial en las provincias del litoral, sobre todo Corrientes. Esta particular conjunción de intereses contra la Ley de Humedales provoca que las resistencias políticas y mediáticas sean enormes, transversales y busquen clausurar deliberadamente la discusión. En el lenguaje coloquial ya tienen un nombre: son el lobby del fuego.
Ninguno de estos lobbies acepta límite alguno a su actividad extractiva, ignorando tanto el agravamiento de la crisis climática como el reclamo de las poblaciones por proteger los humedales y la salud de las poblaciones. Una de las herramientas que el país necesita para conservar estos ecosistemas tan valiosos es una Ley Nacional de Protección de Humedales que, aunque por sí sola no revertirá mágicamente los procesos destructivos del extractivismo, puede convertirse en un punto de inflexión para empezar a proteger y conservar uniformemente estos ambientes, mucho más en un contexto de emergencia climática.
Con una correcta Ley de Humedales se ordena y organiza el territorio y las actividades productivas sobre ellos. El conocimiento para la conservación de estos ecosistemas, y sus zonas claves, es fundamental en épocas de sequías y para afrontar los eventos climáticos extremos.
Se ha repetido innumerables veces: como ya lo había hecho en 2020, en marzo de 2022, el diputado por el Frente de Todos, Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados) impulsó y presentó formalmente el llamado “proyecto consensuado”, que recoge los lineamientos de las discusiones y dictámenes en los anteriores debates legislativos y tiene el respaldo de científicos y expertos, y unas 400 organizaciones, entre asambleas, multisectoriales y colectivos de defensa del territorio.
Desde hace tres años, con el incremento de los incendios y el avance del humo sobre las ciudades y campos, una gran cantidad de textos, declaraciones, videos, notas periodísticas, testimonios producidos por organizaciones científicas, sociales y ecologistas y periodistas independientes, dan cuenta de esta situación, denunciando los múltiples impactos no sólo sobre los humedales, sino sobre la salud de las personas, muy especialmente sobre niños, ancianos y personas vulnerables. Cada vez más los relatos cotidianos están poblados de salas de urgencia desbordadas y madres que salen corriendo a llevar a sus niños con alergias y ataques de broncoespasmo. “En Rosario no se puede respirar”, repetía una y otra vez un video que se viralizó hace poco, pero que englobaba la experiencia cada vez más angustiante de muchas ciudades y localidades de diferentes provincias, como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. “Somos un crematorio a cielo abierto”, decía de modo estremecedor un conocido referente social de Rosario. Los incendios ya arrasaron con casi la mitad del territorio del Delta y el humo llegó incluso a la benemérita ciudad de Buenos Aires, dejando de ser así solo una noticia que afecta mayoritariamente las provincias, y convirtiéndose ahora también en incipiente sufrimiento ambiental capitalino.
Pese a ello, la discusión sobre la Ley de Humedales fue postergada una y otra vez. Hace poco, dieciocho intendentes de la costa santafesina del Paraná impulsaron un comunicado en el que instaban al Congreso a tratar la ley. “No aceptamos más excusas, no más fuego, no más humo, queremos calidad de vida”. Cuando parecía que todo estaba dado para tratar la ley, los gobernadores de las provincias del Norte argentino, desde Washington donde estaban de gira, emitieron una carta pública en la cual afirmaban que no es posible tratar el proyecto de manera “exprés”, y que la regulación propuesta avanza sobre las autonomías provinciales y la propiedad privada. Desde el campo científico más de 2000 investigadores salieron a rebatir las excusas de los gobernadores. El proyecto lleva más de diez años de discusión y los gobernadores lo saben. Tampoco desconocen –porque se les ha dicho y argumentado una y otra vez- que lejos de ser prohibitivo, el proyecto consensuado establece un necesario marco normativo, un ordenamiento territorial, una regulación mínima y uniforme para todo el país.
Máximo Kirchner en el plenario de comisiones de Diputados por la Ley de Humedales. Victoria Gesualdi/Télam
¿Qué pasó la semana pasada?
El jueves pasado se realizó el postergado plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados por la Ley de Humedales. El primero en tomar la palabra fue el diputado Maximiliano Ferraro, del interbloque Cambiemos, quien señaló que ellos están “interesados en los humedales”, aunque en realidad presentaron un dictamen propio que desprotege los humedales, a medida de los lobbies del agronegocio y minero. Empezaba nuevamente el boicot a una buena Ley de Humedales. Poco después tomó la palabra el diputado Jorge Vara, de Corrientes, empresario arrocero, quien relativizó el cambio climático y acompañó el dictamen del diputado Maximiliano Ferraro. Incluso se atrevió a decir que “no lo van a correr con eso de los lobbies…”, cuando lo cierto es que tanto él como Ricardo Buryailde, presidente de la Comisión de Agricultura, son el lobby y deberían excusarse de votar, por conflicto de intereses. Vara fue presidente de la “Asociación Correntina de Plantadores de Arroz”, organización empresarial que se encuentra entre las que no quieren esta ley, porque dicha actividad avanza impactando sobre humedales. Buryailde es empresario ganadero, ligado al agronegocio. En su cortoplacismo voraz, los sectores del agronegocio ni siquiera alcanzan a visualizar que el Cambio Climático ya afecta y afectará aún más sus actividades, que la destrucción de los humedales (grandes reguladores hídricos), impactará de modo negativo en su economía particular.
Los gobernadores peronistas de provincias del Norte argentino, los mismos que semanas atrás -junto al Gobernador Gerardo Morales (Jujuy)- habían obstruido desde Washington el tratamiento parlamentario de la ley, está vez también jugaron un papel protagónico. Presionaron a una decena de diputados/as del Frente de Todos para que se ausenten del plenario, lo cual hizo posible que triunfara como dictamen de Mayoría el proyecto de Cambiemos.
Los diputados ausentes fueron Daniel Brue (Santiago del Estero), Nilda Moyano (Santiago del Estero), Pamela Calletti (Salta), Sergio Casas (La Rioja), Silvana Ginocchio (Catamarca), Anahí Costa (Catamarca), Ana Fabiola Aubone (San Juan), María Graciela Parola (Formosa), Nelly Daldovo (Formosa), Liliana Paponet (Mendoza). Como señaló el naturalista Cesar Massi, justamente la mayoría de ellos/as son representantes de aquellas provincias que los estudios científicos señalan como zonas con “potencial crisis del agua” y “estrés hídrico por aumento de temperatura”. “No se me ocurre peor forma de degradar la democracia” concluyó.
La ausencia estratégica de estos diputados del FdT permitió que avanzara el dictamen de mayoría propuesto por Cambiemos, habilitando así la posibilidad de aprobar una mala ley. Algo, que en el marco de la gran grieta que existe en nuestro país es enormemente llamativo. Esto demuestra el desmedido poder de los lobbies que logran penetrar interpartidariamente, y se alinean en contra cada vez que aparece un proyecto de ley que busca poner mínimos límites a los intereses económicos en nombre de los intereses generales de toda la sociedad y la naturaleza.
Así, hubo dictamen en el plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados por el proyecto de Ley de Humedales. Pero quedó como dictamen de Mayoría el de Cambiemos, que no es una buena ley. Y como dictamen de Minoría, el de Grosso, el consensuado, con algunas modificaciones. El final está abierto y puede pasar cualquier cosa, como ya sucedió con la Ley Nacional de Glaciares, que subió al recinto con un dictamen de Minoría, pero finalmente fue aprobada. Por eso, es muy importante la voz de las organizaciones socioambientales y de los expertos y científicos para dar la última batalla en el recinto y se consiga que el dictamen de minoría, el único verdaderamente protector, se convierta en Ley.
Porqué hay que apoyar el dictamen de minoría
Si hacemos un análisis comparativo de los dos proyectos de ley, vemos que las diferencias entre ambos dictámenes son evidentes. El dictamen de Mayoría (Cambiemos) es enormemente regresivo respecto del de minoría (proyecto de Grosso) y pese a que toma –de modo engañoso y estratégico- la misma definición de humedales, flexibiliza notoriamente la protección de los humedales en todo su articulado. Para ir más al detalle comparativo, a diferencia del dictamen de Mayoría, el dictamen de Minoría tiene objetivos más amplios y protectores. Un ejemplo es el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura (cuando hay dudas, se debe actuar en favor del agua y de la naturaleza), esto es, en favor de la protección de los humedales.
También el dictamen de Minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”
El proyecto de Minoría establece que el proceso de Ordenamiento Territorial debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley, mientras que el dictamen de Mayoría establece 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1).
El dictamen de Minoría establece una serie de principios fundamentales, que deben ser aplicados: el de Participación, la Co-construcción del conocimiento, la Equidad territorial y social, la Perspectiva del paisaje, la Progresividad, la Variabilidad espacio-temporal de los humedales, el Principio in dubio pro natura e in dubio pro aqua (ya citados), el Principio de no regresión y el Resguardo jurídico ambiental. Todos ellos están ausentes en el dictamen de la Mayoría.
Respecto del monitoreo del Ordenamiento Territorial de Humedales (OTH), sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadanaen el OTH.
Si bien el dictamen de la Minoría eliminó la moratoria, lo modificó y reemplazó por la vía de la transición. Así, éste establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT), todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa, que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales. En cambio, el dictamen de Mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Abre así un gran espacio para la discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”, lo que en la práctica nunca ocurre.
La flexibilidad ambiental del dictamen de Mayoría se percibe a la hora de referirnos a las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Son más amplias las exigencias de la EIA en el despacho de Minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.
Pero lo que es fundamental es que el proyecto de Minoría (que el de Mayoría omite) es obligar de modo expreso y taxativo a una EIA previa en el caso de:
“f) La construcción de polders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;
g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;
c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;
h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;
l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.
n) El cambio de uso del suelo;
p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking.“
La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una Evaluación de Impacto Ambiental previa.
Por otro lado, solo el dictamen de Minoría establece la obligación de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a la realización de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación y estas pulverizaciones se hacen discrecionalmente. Esto es omitido en el dictamen de Mayoría.
Asimismo, el dictamen de Minoría obliga a la restauración de las áreas degradadas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” genérico de la autoridad nacional y sin esas prioridades.
El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El dictamen de Minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)
Sólo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.
El proyecto de Mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al Ministerio de Ambiente de la Nación- a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es una ley ambiental, no se explica que tiene que hacer esa Secretaría como autoridad de aplicación, lo que –además- generará una dificultad práctica en su efectiva aplicación.
Estas son algunas de las grandes diferencias. Para resumir, el dictamen de la mayoría, propuesto por Cambiemos, desprotege los humedales, al no reconocer el valor intrínseco de éstos, ni resguardar su integridad ecológica con el objeto de garantizar los numerosos servicios ecosistémicos que los humedales nos brindan. Aparentando ser una Ley de protección de Humedales, en realidad es un proyecto regresivo, y está hecho a la medida de los intereses y lobbies que vienen destruyendo los humedales. En cambio, el dictamen de Minoría, propuesto por Grosso, aun con sus modificaciones del proyecto original, es una propuesta robusta y superadora; con conceptos, instrumentos, principios y herramientas muy concretas para una correcta gestión y protección de estos valiosos ecosistemas.
El desafío actual es lograr que se discuta en el recinto antes de fin de año. A casi 10 años del primer proyecto de ley, ya queda claro que no es a raíz de un problema técnico que no se consigue su aprobación. El triple lobby (agronegocio, minero e inmobiliario) no quiere ninguna regulación, y, ahora, buscarán que no se ponga en debate en el pleno de la Cámara de Diputados para que –una vez más- pierda estado parlamentario. Sin embargo, ha pergeñado un Plan B; aprobar el Dictamen de Mayoría, que propone una ley decididamente menos protectora. Ante esto, la disyuntiva es simple: democracia o lobbies.
En favor de la vida
Hay una escena en la tan comentada película Argentina1985, la única que se repite dos veces (la primera como ensayo, la segunda, como acto en sí). Es sobre el alegato final del fiscal Julio Strassera contra las Juntas militares, que habla del “gesto neroniano”, esto es, el pulgar hacia abajo, para referirse a los militares que decidían por la vida o muerte de los detenidos-desaparecidos. Distancias aparte, la orden de los gobernadores del norte de cajonear la buena ley ya consensuada, que se continuó con la ausencia estratégica de los y las diputadas de esas provincias, habilitando como dictamen de Mayoría la mala ley de Cambiemos, se corresponde con el gesto neroniano, el del pulgar hacia abajo, que decide discrecionalmente en favor de reducir cada vez más la calidad de vida de los argentinos, en tiempos de emergencia climática. Como ciudadanos y ciudadanas de una democracia que pronto cumplirá 40 años, nos merecemos una buena Ley de Humedales, sabiendo que éste no es el final del camino, sino más bien el principio de una regulación justa, racional y equilibrada. Todavía estamos a tiempo de invertir el gesto neroniano, y llevar el pulgar hacia arriba, en defensa del buen proyecto de ley, del dictamen de Minoría, en favor de la vida.
Por Jorge Oscar Daneri para www.analisisdigital.com.ar
Existe una decisión política de agrietar el debate legislativo sobre el proyecto de ley de protección de los humedales, en Argentina. Agrietar entre el Frente de gobierno y la coalición Cambiemos. O entre oficialismo y oposición. Esta es una trampa brutal, injusta a la que no se debe ingresar.
“La Contradicción Fundamental”* es el documento fundante e histórico de aquella Juventud Radical de la Junta Coordinadora Nacional (1973). “La Contradicción Fundamental” afirmaría hoy, que en debates esenciales como vitales, la gestión y defensa de las aguas, sus cuencas y sistemas de humedales, como parte precisamente vital de los derechos humanos, ya no debería estar en discusión. ¿Quién hoy pone en duda la defensa de los derechos humanos? y por lo tanto de los derechos ambientales. Sin duda alguna existen diversas respuestas sobre este “enemigo”. No es un adversario político quien lo haga.
¿Qué estamos entonces debatiendo? Este documento diría que nos debatimos en el escenario de la contradicción central, pueblo y antipueblo. O Pueblo y No Pueblo. Como lo anticipa el mismo documento, la dinámica social y global nos ha metido al antipueblo en el corazón mismo del campo popular, en sus coaliciones mayoritarias, donde tenemos alfiles jugando y siendo serviles voceros y ejecutores del modelo extractivista voraz.
Hace décadas se vienen manifestando en los hechos cotidianos del convivir, procesos de construcción social del derecho ambiental. Existen maravillosos ejemplos en el País que lograron conformar consensos sociales y políticos inapelables y bastante sólidos: leyes provinciales de protección de nuestros ríos, de áreas naturales protegidas, como nacionales de glaciares y bosques, como del AGUA en una diversidad de provincias. Nacieron desde las resistencias de organizaciones y asambleas de derechos humanos y de justicia ecológica, interpelados por la defensa de sus territorios, culturas, ecosistemas, modos sencillos y hermosos, muy queridos de vidas.
La construcción social del derecho ambiental como constitucional (caso Entre Ríos 2008) es una enorme apuesta al ejercicio de la democracia representativa en sistémica conversación y acuerdos con la democracia participativa.
Las mentes feudales no toleran este ejercicio. No les permite ni posibilita la negociación en los sótanos del poder que no tiene grietas, precisamente.
La construcción social que viene sosteniendo el proyecto ahora con dictamen en minoría (Diputado Nacional Leonardo Grosso) es el resultado de un hermoso, fantástico diálogo de saberes sociales, académicos como políticos. Es un hecho hasta amoroso de la democracia. Se debe marcar claramente que quien escribe estas reflexiones nada tiene que ver con el Frente de gobierno o con el Diputado en cuestión.
Los que casi nacimos a la militancia política desde la “contradicción fundamental” de la Junta Coordinadora Nacional de aquella Juventud Radical durante la última dictadura, no muchos, nos sostenemos en la misma y la hemos enriquecido abrazando la Ecología Social y Política.
No se puede, entonces negar o esconder el camino de Raúl Alfonsín hacia la Internacional Socialista y todo lo que ello implicaba. Uno advierte personajes que hoy le rinden homenaje y que son la expresión mayor del No pueblo. Son la expresión impune de un modelo que ha saqueado a la mitad del pueblo argentino y desertificado ecosistemas desde la ratificación de políticas mega extractivistas de la mano de Chevrón o Monsanto.
Venimos “De la Causa contra el Régimen, de la causa por los desposeídos”. De las entrañas de abuelos y padres Radicales. Pero radicales sumergidos en el concepto de Ricardo Rojas. El Radicalismo debe ser el partido de las reformas extremas en sentido democrático. (1931, en El Radicalismo de mañana”).
El Régimen no lo representa el proyecto ahora con dictamen de minoría. No apoyarlo con un voto comprometido y coherente, es precisamente dejar grietas abiertas para la destrucción final de los humedales en el País.
Elisa Carrió no se expresa públicamente sobre estos acontecimientos, precisamente y ahora en este contexto de contrastes y profundas como graves contradicciones expuestas por el miembro informante del proyecto lavado con Dictamen de Mayoría, siendo fundado por un representante de su cuerpo político. ¿Qué sucedió, que nos está pasando a los seres políticos, que intereses del No pueblo los penetra en esta desconstrucción ideológica, de que “vienen por el agua” como exponía Elisa Carrió hace 17 años o cuando defendía el proyecto de ley de la Coalición Cívica de protección (presupuestos mínimos ambientales) de los acuíferos en el año 2014? iniciativa directamente relacionada con el proyecto de ley de protección de los humedales.
Ahora se afina la letra de los dictámenes para seguir jugando a un país mega extractivista y no hacer más ruido a los fondos inversores de más de lo mismo, espantoso mal ejemplo global de elección-imposición como región de sacrificio, de exclusión y expulsión social en los territorios más bioculturales y diversos del cono Sur. Rifamos a la fiesta de sus voracidades de concentración del poder en los territorios, en la gestión de las cuencas y por lo tanto del derecho humano a aguas saludables y públicas en manos de decisiones feudales, confundiendo abusivamente los valores del federalismo de concertación, de la democracia ambiental, para degradar el concepto de unidad básica, elemental como vital de “presupuestos mínimos ambientales” de protección esencial de los ecosistemas de humedales, en el caso que nos ocupa y tanto preocupa.
El Régimen es el poder concentrado de las corporaciones mega mineras y del agronegocio de exportación con sus cómplices feudales de más de lo mismo.
El Régimen son los voceros y militantes de los paraísos fiscales que durante cuatro años condujeron los destinos de nuestra tierra como los que firmaron los contratos con Chevrón en algunos de ellos, de los unos como de los otros de esta inmunda y supuesta grieta.
El Régimen son los que cumplen servilmente con los dictados de textos desde los EEUU en viaje de “negocios” para frenar la ley en su consenso originario.
La Contradicción Fundamental, con una vigencia sorprendente y alarmante, expone “La lucha que por años protagonizaron peronistas y radicales, por ejemplo, con tener sus justificativos parciales (contradicción secundaria), perdió de vista que por sobre ella debía existir una coincidencia fundamental entre ambos en cuanto a las pautas fundamentales del país que necesitamos. Esta afirmación no implica distribuir culpas sino hacer experiencia histórica, comprendiendo los errores que el campo popular cometió al antagonizar sus enfrentamientos intestinos. Ello dividió fuertemente al pueblo, a sus conducciones políticas, a sus clases sociales, y permitió que sobre ésta división cabalgaran quienes tenían intereses contrapuestos a los intereses de la mayoría de los Argentinos representados por el peronismo y el radicalismo”.
Que lejos, que brutalmente lejos estamos de las posiciones históricas de la Unión Cívica Radical como de aquellos fundamentos, por ejemplo, del proyecto de Ley de presupuestos mínimos ambientales de protección de los acuíferos, presentado en el año 2014 por la Coalición Cívica, siendo Diputada de la Nación, Elisa Carrió.
Maquiavélico agrietamiento de la política de estrategia electoral llevada al alma del honorable recinto de la democracia.
Se sigue profundizando la destrucción de aquel proyecto de unión nacional al que convocara una y otra vez Raúl Alfonsín hacia la conformación solidaria y fraterna de un tercer movimiento histórico, nacional y popular, entre Radicales, Peronistas, Socialistas e Izquierdas democráticas, de buena madera, bien de selvas y montes bañadas de ríos libres para pueblos libres.
Ojalá en el recinto, desde los sentipensantes que brotan desde las intimidades más saludables del humano ser, los votos puedan ser de reformas de raíz, como Ricardo Rojas demandaba en su histórico libro, porque ya no es suficiente con uno de los Partidos históricos, sino necesario en la diversidad del arco iris de la política nacional como provinciales, en semejante cambio de época, tremenda crisis de civilización. Se nos va el tiempo, nos degradamos siguiendo dependientes y detrás del mismo modelo de mal desarrollo, pues es el causante de este drama global. Construyamos nuestra propia transición nacional, justa, en paz y radicalmente democrática.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas realizamos el siguiente cuadro comparativo entre los proyectos de Ley De Humedales con dictámenes de minoría, del proyecto presentado por el Diputado Leonardo Grosso, y el dictamen de mayoría del Diputado Maxi Ferraro.
COMPARATIVO ENTRE LOS DICTAMENES DE MINORÍA (DIP. LEONARDO GROSSO) CON EL DICTAMEN DE MAYORÍA (DIP. MAXI FERRARO)
• OBJETO El dictamen de mayoría no reconoce, en el objeto de la ley, el valor intrínseco de los humedales, ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que éstos brindan.
• OBJETIVOS Los objetivos de la ley son notoriamente más amplios y protectores en el dictamen de minoría. Por ejemplo, entre muchos otros, el dictamen de minoría contempla aplicar el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura, en favor de la protección de los humedales. También el dictamen de minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”
• DEFINICIONES Las definiciones del proyecto de minoría son más amplias, y más protectoras, que el proyecto de mayoría.
• OBJETIVOS PARA EL INVENTARIO(INH) El único que tiene objetivos específicos para el Invetario Nacional de Humedales (INH) es el dictamen de minoría.
• PLAZOS PARA REALIZAR EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO(OAT) El proyecto de minoría establece que el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley. El de mayoría de 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1)
• PRINCIPIOS El de minoría dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental. Mientras que el de mayoría los omite.
• MONITOREO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUMEDALES(OTH) Sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales.
• TRANSICIÓN El dictamen de minoría establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el OAT, todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales. En cambio, el dictamen de mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Dejando así una gran discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”.
• EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Son mas amplias las exigencias de la EIA en el despacho de minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.
Pero lo que es fundamental que el proyecto de minoría (y el de mayoría omite) es obligar, expresa y taxativamente, a una EIA previa en el caso de: f) La construcción de pólders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua; g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala; c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin; h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento; k) La introducción de especies exóticas -no nativas- con cualquier fin ya sea recreativo, productivo, deportivo, etc.; l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial. n) El cambio de uso del suelo; p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking. La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una EIA previa.
• EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PREVIA A FUMIGACIONES Solo el dictamen de minoría establece la obligación de realizar una EIA previa de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación. Esto es omitido en el dictamen de mayoría.
• OBLIGACIÓN DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADAS El Dictamen de minoría obliga a la restauración de las áreas degradas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” de la autoridad nacional.
• PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES El de Minoría crea el Programa Nacional de Conservación de Humedales, con un capítulo específico. El de Mayoría no tiene nada al respecto.
• COMITÉ O CONSEJO El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El de minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)
• AUTORIDAD DE APLICACIÓN El proyecto de mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al MAyDS a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Solo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.
EN CONCLUSIÓN EL PROYECTO DE LEY DE HUMEDALES CON DICTAMEN DE MAYORÍA ES MUY REGRESIVO EN COMPARACIÓN AL DE MINORÍA
La ley de libertad de los ríos (1) en Entre Ríos fue construida con una enorme participación y movilización social durante los años 1996/1997 y sancionada por unanimidad el 25 de setiembre de 1997, luego de dos sentencias históricas de la Justicia Federal que declaraba inconstitucional el Decreto Presidencial que avanzaba con los estudios diversos para la construcción de represas hidroeléctricas en el sector medio del río Paraná.
En estos tiempos de incendiarios del Delta y negacionistas de casi todos los colores políticos, prestamos particular atención a los siguientes tres artículos de la norma liberadora, buscando la necesaria comprensión de la política mayoritaria frente al incumplimiento de décadas, más aún, ante los escenarios del fenómeno de las tres corrientes de la Niña, la sequía sostenida en la cuenca y la locura ambiental de decisiones tendientes a una mayor profundización de la denominada hidrovía Paraguay Paraná, frente a semejante crisis ambiental en todo el valle de inundación de los ríos de la cuenca del Plata.
“Art. 2. Declárense los ríos y demás cursos de agua de la Provincia de Entre Ríos bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, en particular en lo referido a la calidad de las aguas, cantidad, distribución y uso jerarquizado, como al sustento de la biodiversidad.
Art. 3. Decláranse de interés provincial todos los proyectos de conservación y recuperación de suelos, bosques, vegetación y fauna, especialmente nativas, en riberas, barrancas y zonas aledañas a ríos, lagos, arroyos e islas.
Art. 4. Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la Provincia, con incidencia en los ríos indicados en el Artículo 1º y sus recursos naturales, es de atribución exclusiva de la Provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.
Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo anterior es necesaria la intervención de otros Estados Provinciales y/o el Estado Nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo.”
Recuperación de suelos, bosques, vegetación y fauna nativas en riberas, barrancas y zonas aledañas a ríos, lagos, arroyos e islas. Aquí un primer desarrollo sobre una ley que ya tiene más de 25 años de vigencia, violada, entre otras razones, por la inexistencia del protagonismo del poder legislativo y las áreas de competencia ambiental, con la convicción, compromiso y foco en la aplicación y cumplimiento de estas normas. La Comisión que la Ley crea, no existe, lo que mata a la propia norma en su objetivo de sostenibilidad del sistema de humedales, muy concretamente. La realidad todo lo expone. La escala de incumplimiento programado, es temeraria.
El Art. 6 de la norma en estudio, dispone: “Créase la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible, rigiéndose por los preceptos fijados por los artículos 41º y 124º de la Constitución Nacional”.
Su inexistencia es tal, que nunca fue convocada seria y responsablemente. No existe política ejecutiva alguna en semejante escenario. Es una norma olvidada o negada por la autoridad pública provincial, salvo para recordarla de manera hipócrita, cada 25 de septiembre.
Así la realidad de los fuegos descontrolados, la falta de presupuestos, equipamiento y personal para las áreas naturales protegidas, casi el 80% del sistema de humedales de la Provincia de Entre ríos, recién ahora, frente al ecocidio en marcha, se comienzan a dar algunos pasos institucionales a destacar, como el traslado de la Dirección de tierras fiscales a la Secretaría de Ambiente y la delimitación técnica de las áreas naturales protegidas por parte de la Dirección competente.
Finalmente, el proyecto hidrovía sigue, con sus funcionarios militantes del extractivismo voraz, desarrollando y concretando -sin aguas en la cuenca y con la gravedad de los impactos sociales y ambientales que esto produce- mayores profundizaciones, sobre-dragados y canales más anchos, para que sus socios del agronegocio sigan jugando a la ruleta de la desertificación del sistema de humedales con todos sus reinos de vida.
En la misma línea, no existe rol legislativo alguno en los procesos institucionales interjurisdiconales, como el artículo 4 señalado ordena. Lo expuesto se advierte en el caso del denominado PIECAS, como acuerdo entre las provincias ribereñas y el Estado Nacional para garantizar la sostenibilidad ecológica y social del Delta, como también en el caso del proyecto Hidrovía Paraguay Paraná.
Basta de esta locura. No toquen más el río en sus cauces y profundidades existentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la enorme responsabilidad de consolidar este Basta que están solicitando las organizaciones sociales y ecologistas del País. La CSJN debe ponerse a la altura de esta crisis ambiental y civilizatoria y dictar un BASTA inapelable para frenar esta locura irresponsable y sin límites políticos que lo detengan. Ya tiene en sus manos expedientes relevantes en este sentido, como otros que están llegando en estos tiempos a su consideración.
Si el Poder Legislativo Provincial, si los Presupuestos Nacionales y Provinciales, no se adaptan a la necesidad de una transición ordenada y democrática hacia una cuenca de sociedades y ecosistemas sostenibles y por lo tanto perdurables para las generaciones futuras, si no se cumple con estos artículos aquí detallados de la ley de libertad del río Paraná, es el máximo tribunal el que debe cambiar el rumbo y ratificar la libertad y determinar el proceso de reconformación institucional y territorial hacia la sanación del Delta y la cuenca toda.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas. Unidad de Vinculación Ecologista, Fundación La Hendija
La Asociación Argentina de Abogadoas/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Asamblea Popular por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén firmaron un convenio de colaboración mutua y aprendizaje para que, una vez al mes, se cuente con el asesoramiento de profesionales especializados en la afectación del ambiente provocada por la actividad humana.
Con la comprensión global de que el cuidado y garantía de los derechos de la naturaleza y ambientales están intrínsecamente ligados con su contracara, los derechos humanos de las personas que también forman parte de los ecosistemas y de las sociedades que dependen de ellos.
Cuando el modelo de maldesarrollo extractivista afecta a los ecosistemas, se minan directamente los derechos humanos.
El convenio de colaboración mutua entre AAdeAA y APDH Neuquén regirá por un año entre ambas agrupaciones y, entre otros, tiene como objetivos desarrollar programas en las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, un programa transversal de introducción a los Derechos Humanos y Ambientales.
En la firma del convenio participación referentes y referentas históricos de la APDH Neuquén y los abogados Enrique Viale y Gastón Chillier. También se realizaron actividades de difusión y concientización sobre la gravedad de la afectación al ambiente y la colaboración ante problemáticas ambientales que están impactando en la zona.
La revocación en tiempo récord de la decisión de declarar al volcán Lanín como “sitio natural sagrado” para la comunidad mapuche es parte de la campaña racista contra el pueblo. Un acto sin ningún costo político ni para la derecha ni para el oficialismo, sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale en esta columna. Además que impide la discusión sobre la interculturalidad, golpea la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza y alienta el discurso de odio contra un pueblo originario.
Asistimos, una vez más, a una campaña racista contra el pueblo Mapuche, ahora con la excusa de una simple declaración del volcán Lanín como “sitio natural sagrado” en la provincia de Neuquén. Una declaración hecha por la Administración de Parques Nacionales (APN), pero revocada en tiempo récord, esto es, en menos de 24 horas.
No nos cansaremos de decirlo: en Argentina el hecho de discriminar a las comunidades mapuches no solo pareciera estar “permitido”, sino que no conlleva costo político alguno. Incluso para muchos es rentable mediáticamente, sea desde sectores de la derecha dura y refractaria a la ampliación de derechos, aunque también desde un oficialismo débil y temeroso en estas cuestiones. El primero es el caso del eterno funcionario público Miguel Angel Pichetto, acostumbrado a mensajes de odio y discriminación contra las comunidades indígenas y otras minorías o disidencias. El segundo es el de un funcionario como Juan Cabandié, quien dejó sin efecto la declaración desde la jefatura del Ministerio de Ambiente, de la cual depende la APN.
Hasta Mauricio Macri tuiteó sobre el tema. Justo él que pasó sus primeras vacaciones como Presidente, a los días de haber asumido, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis quien tiene secuestrado el Lago Escondido, a pesar de su carácter público y de la infinidad de fallos judiciales que lo obligan a permitir su libre acceso y uso.
Es sorprendente el odio que despiertan los Mapuches. Trasciende la grieta, incluso en el periodismo, donde no sólo los medios y caras acostumbrados a replicar mensajes de derecha y destrato con las minorías, sino también con jóvenes periodistas “progres” que hace unos días ironizaban en las redes sociales acerca de la quietud del Volcán y el “problema” en el que se habría metido el gobierno, ignorando (la base de la discriminación) el valor sagrado, inmaterial y espiritual que éste tiene para las comunidades mapuches.
¿Se animarían a discutir el valor sagrado de religiones más poderosas o su valentía discriminatoria es sólo un discurso recurrente contra las minorías oprimidas? Peor aún, es ahí donde afloran la hipocresía y la doble vara. Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio, muy especialmente contra los Mapuches, a quienes se acusa de todo, incluso de buscar una suerte de “Estado paralelo”.
Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio
En realidad, tal como hemos dicho en este diario, en una Patagonia hipermercantilizada, aquellos que han logrado crear un Estado dentro del Estado no son precisamente los mapuches, a los cuales se los condena a vivir en la pobreza, sino esos poderosos apellidos de los super-ricos como Benetton -el mayor latifundista del país- o el del ya citado Lewis, quienes crean sus propias reglas, por encima de la ley nacional.
Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país. Sino que, además, atrasa la discusión varias décadas pues viola legislación internacional, nacional y provincial, que lleva vigente ya más de 30 años (la propia Constitución Nacional –art. 75 inc. 17- y el Convenio 169 de la OIT, entre muchas otras normas). En función de esta normativa es que el pueblo mapuche, como otros de los tantos pueblos indígenas que habitan la Argentina y de tantos otros países de América Latina, demanda el reconocimiento de su cultura, su lengua y territorio, proponiendo como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional que los contenga.
Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país.
Tampoco es que dicha declaración como “sitio sagrado”, asociado a un pueblo originario, sea único en el mundo. Incontables son los casos y la legislación internacional, muy extensa. Por ejemplo, en Colombia existe un decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen.
Este decreto de 2018 fue resultado de un acuerdo entre los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el gobierno derechista de Santos. Agreguemos a esto que, al mismo tiempo que el Gobierno argentino revocaba de manera vergonzosa la declaración en relación al volcán Lanín y la derecha mediática y política se alineaba en las descalificaciones; en Colombia, Gustavo Petro y Francia Marquez participaban de una ceremonia ancestral, de asunción de cargos, poco antes de la asunción oficial, junto a los pueblos indígenas que habitan Sierra Nevada, su sitio Sagrado.
Por su parte, en Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2012, cinco agencias federales (los Departamentos de Defensa, Interior, Agricultura, Energía y el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica (ACHP) firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la protección y el acceso de los indígenas a sitios sagrados a través de la coordinación y colaboración entre agencias. Ya en 1996, la legislación federal reconocía los sitios sagrados indígenas.
En Bolivia los sitios sagrados más conocidos se encuentran en Uyuni, en Potosí; en el Volcán Thunupa de Oruro; en Peñas y la Isla del Sol de La Paz, en Waraco Apacheta de El Alto; en el parque Piñata de Pando y Tarija. De hecho, ya en 2006 Evo Morales asumió ante las autoridades originarias también en el sitio sagrado de Tiahuanacu.
Como destaca la legislación mexicana, “Los sitios sagrados son parte importante del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio”.
En México existen aproximadamente 45 sitios sagrados correspondientes a 18 pueblos originarios. En el estado de Baja California existen sitios sagrados de los pueblos indígenas cochimí, kumiai, paipai y cucapah; en Sonora, sitios de los tohono-o’otam, comca’ac y yoreme (mayos); en Sinaloa, al pueblo indígena yoreme; en Nayarit y Jalisco, del pueblo wirrarika (huichol); en San Luis Potosí existen sitios correspondientes a los pueblos indígenas teenek, nahua, wirrarika y pame; en Michoacán, al pueblo indígena purépecha; en Morelos y Guerrero, al pueblo nahua; en Hidalgo, al pueblo ñhañhu (otomí); en Veracruz, al pueblo totonaco; en Oaxaca, a los pueblos ñuu savi (mixteco), ben’zaa (zapoteco) y ha shuta enima (mazateco), y en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al pueblo maya.
En lo que va de 2022, ya se han declarado diez sitios sagrados de forma oficial, con el objetivo de recuperar una parte fundamental de la identidad y memoria de los pueblos originarios. Desde Las Grutas, donde hay un cementerio ancestral de más de 6000 años, a Napalpí, lugar de la masacre contra los pueblos Qom y Moqoi (declarado crimen de lesa humanidad) hasta el lugar donde fuera enterrado un personaje histórico como Ceferino Namuncurá.
En respuesta a la marcha atrás del gobierno, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado, del cual transcribimos dos párrafos:
“…INFORMAMOS a la sociedad de la región y del mundo que al igual que nosotros valora la presencia de nuestro Pijan Mawiza Volcán Lanín, que la declaratoria de Sitio Sagrado no cierra puertas. Por el contrario abre nuevas puertas como es incorporar un nuevo valor a todo lo que conoce y disfruta la sociedad argentina. A lo paisajístico, científico, turístico se agrega todo el potencial cosmogónico mapuche que hasta hoy no se conoce. ¿Alguien se animará a oponerse a esta valoración cuando es parte de la identidad de la región?”
Por último, y de acuerdo a lo expresado por el gobierno federal, la nueva convocatoria que realizará debe apuntar a respaldar el reconocimiento de “LANIN SITIO SAGRADO del PUEBLO MAPUCHE”. Es urgente que tanto Nación como Provincia dejen de utilizar los derechos del pueblo mapuche como moneda de cambio y se decidan a salir de la ilegalidad de no cumplir con un marco normativo y constitucional al que están obligados respetar. De allí ya no retrocedemos porque es una vergüenza como se suceden los gobiernos y administraciones y siguen acumulando deudas con el pueblo Mapuche….“
Confederación Mapuche de Neuquén
En esa línea, la significación de esta declaración sobre el volcán Lanín como sitio sagrado es también una propuesta de interculturalidad que nos abre la puerta hacia otras miradas sobre la naturaleza, no occidentales, en un momento de colapso ambiental y emergencia climática. Se trata de una mirada que postula un horizonte relacional y espiritual, que puede servirnos de punto de partida para afrontar y salir de la crisis socioecológica que atravesamos.
Finalmente, tengamos en cuenta que en esta campaña anti-indígena no hay solo ignorancia y una ausencia total de mirada comparativa. No solo es falta de coraje y fragilidad de convicciones en sostener una declaración trabajada, en diálogo intercultural y durante años, entre el Estado Nacional y las comunidades indígenas. Luego del genocidio perpetrado por el ejército argentino, en el siglo XIX, gran parte de los pueblos indígenas fueron empujados a territorios considerados zonas marginales o de fronteras.
Pero, desde hace un tiempo esos territorios han sido revalorizados por el capital, en función de la expansión de la gran minería, la explotación petrolera (Vaca Muerta), la frontera agropecuaria y los megaemprendimientos turísticos y urbanísticos, los latifundios, entre otros. Eso hace que hoy, nuevamente, los mapuches se encuentren en el ojo de la tormenta. Su demonización está directamente ligada al nivel de desafío que éstos representan respecto del mandato extractivista, pues en tanto pueblo originario estos tienen otra relación con la tierra y la naturaleza, que cuestiona su mercantilización.
En fin, el rechazo de esta declaración del Volcán Lanin como sitio sagrado mapuche, atrasa la discusión sobre la interculturalidad, y golpea contra la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza. Asimismo, alienta el discurso de odio y de discriminación contra un pueblo originario. Ante esta campaña racializada, el verdadero desafío es no tener miedo de emprender una batalla cultural para romper con las visiones y discursos demonizantes. No podemos permanecer indiferentes, necesitamos un compromiso decidido de parte de la sociedad en apoyo a los pueblos indígenas. Debemos tender puentes, desmontar mitos y falsedades, descolonizar nuestras mentes y palabras, para comenzar a saldar la enorme deuda histórica que el Estado nacional y gran parte de nuestra sociedad tenemos hacia los pueblos indígenas.
El fuego en el Delta, como fue en Corrientes hace algunos meses, o en el Paraná medio también, expresa la falta de gestión democrática y participativa de la cuenca del Plata y la profundización de un modelo productivo depredador y degradante.
La constitución del comité de cuenca en el río más importante del país, proveedor de la vida, todas ellas, de la diversidad de sus reinos, que tenga la capacidad de análisis transversal y sinérgico sobre la gravedad de la crisis climática y de falta de gestión con visión de cuenca, es urgente, inapelable, vital. Su inexistencia, luego de tantas historias de cuenca, varias de ellas claramente expuestas y resueltas en Sentencias del máximo Tribunal del País, resulta de una impunidad tal, que no podemos dejar de sorprendernos con declaraciones, sin lugar a dudas justas, razonables y hasta necesarias, pero aún parciales y con foco en la coyuntura, como las expuestas por Pablo Javkin, intendente de Rosario. (1)
Si el Jefe de Gabinete de la nación, como el ministro de Ambiente, no asumen las responsabilidades que les atribuye la ley de adaptación al cambio climático, si no se conforma el comité de Cuenca, si los dueños de la “hidrovía” y por lo tanto del río, siguen hiriendo su memoria milenaria y su régimen hídrico, si los proyectos faraónicos de las corporaciones del agronegocio es la salida económica del Cono Sur y por lo tanto del País, podemos ir compartiendo con nuestros pueblos, que nos hemos rendido, que el agua se va a ir acabando, que la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos serán aún más simplificada y humillada en la imagen pulida e imperial expuesta groseramente en la bandera del poroto de soja del grupo Syngenta (2).
La Constitución Nacional y las provinciales, como los tratados ambientales y de derechos humanos que hemos firmado, así la realidad de gestión política de la cuenca del río Paraná en el tramo argentino, están siendo ya, solo un cuento. La realidad que los fuegos enseñan, es que el poder político vigente nos confirma que somos una zona de sacrificio, un territorio de exclusión y excluidos.
Mientras el país se seguirá incendiando y casi sin agua, la política se agarra a trompadas en el Luna Park de los ombligos preelectorales personales, degradada, donde no existe una sola voluntad, en semejante escenario de pobreza, injusticia social y ecológica, de intentar delinear un borrador de agenda mínima de unidad nacional, es decir, una crisis política que nos está llevando a cualquier lado, sin contrato social respetado. Una Multipartidaria ampliada a los movimientos sociales y ambientales, sería una posibilidad, pero parece, así la realidad, impensado.
Los incendios exponen las únicas grietas, la de los humedales inexistentes, agrietados por el saqueo organizado y un proyecto de Ley para su protección, fraudulento y feudal, recientemente acordado en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Sistema de humedales “gestionado” por un Fiscal de Estado, me refiero a Julio Rodríguez Signes, privatizador de las tierras públicas del Delta (2012, Entre Ríos) intento frustrado por la luminosa reacción de las organizaciones socio-ambientales, particularmente rosarinas, dato no menor. Ahora, diez años después, este mismo funcionario es el responsable político en los escenarios dantescos de la intentona de profundización y ampliación de la hidrovía en el río Paraná además de vocero de gobierno frente a semejantes escenarios, algo así como un super ministro paralelo. Con estos “ejemplos”, los incendios serán lo que son y mucho más, tan, pero tan dramática como infelizmente para los pueblos y sus ecosistemas.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas (3) propusimos hace casi dos años, frente a este dramático escenario, un cambio y transito urgente hacia la constitución del Comité de Cuenca. Nada, vacío, silencio total, el delta se incendia, la política de gestión de nuestros ríos y sistema de humedales, también.
Es tiempo de Justicia Federal. Los tiempos de la naturaleza y sus humedales, sus gentes, exponen “los gritos de la tierra”, la nuestra, la única que pasajeramente transitamos, la de Leonardo Boff. Que se haga cargo, asuma su responsabilidad mayor, frente a la inexistencia de política de gestión de cuenca y democracia ambiental en el río Paraná y sus ecosistemas asociados.
(*) Jorge Daneri es Miembro de la Unidad de Vinculación Ecologista, Fundación La Hendija, Paraná y de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas.
