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Naciones Unidas alerta sobre los riesgos de debilitar la Ley de Glaciares en Argentina

A través de una carta, relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno en el cumplimiento de, entre otros, el derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

Carta-ONUDescarga

La reforma, que pone en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas en nuestro país al permitir el desarrollo de la minería tanto en glaciares como en el ambiente periglacial, atenta contra el acceso al agua potable, derecho humano reconocido internacionalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas. 

“En Argentina, la efectividad de su ejercicio depende de la protección de ecosistemas saludables y de la gestión sostenible de los recursos hídricos, algo que está directamente relacionado con el riesgo que supone, para los glaciares y los ambientes periglaciares, el proyecto de reforma de ley en cuestión que pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en la carta.

Además, los relatores especiales y el Grupo de Trabajo indicaron que la reforma de la Ley de Glaciares pone en riesgo la seguridad hídrica de las poblaciones que viven en zonas cercanas a la cordillera de los Andes y compromete sus actividades económicas. 

Entre otros puntos, la carta destaca el deber de proteger a la biodiversidad, establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual la Argentina es parte; el desplazamiento desde un régimen de prohibiciones claras hacia un esquema de determinación caso por caso, lo que presenta limitaciones para incorporar un enfoque sistémico, estratégico y acumulativo; la falta de participación social amplia y adecuada, conforme a los estándares internacionales, en el debate de la reforma; y la posibilidad de que la nueva norma genere un aumento de discrecionalidad administrativa a nivel provincial, susceptible de influencias y presiones de empresas y corporaciones.

En ese sentido, desde Naciones Unidas solicitaron, entre otros puntos:

  • Explicaciones sobre la compatibilidad del proyecto de ley con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, de acceso al agua, de cambio climático y de conservación y protección del ambiente.
  • Información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos frente a posibles vulneraciones de las actividades empresariales, y explicar de qué manera el proyecto de reforma es coherente con dicho deber. 
  • Explicaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la información y una participación pública efectiva, conforme con las normas internacionales.
  • Explicaciones sobre cómo el proyecto de reforma asegura el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Escazú.
  • Información sobre el estado de implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y sobre las medidas adoptadas para garantizar que la participación de las empresas sea transparente, responsable y conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

La carta, presentada el 27 de febrero, lleva la firma de Damilola S. Olawuyi, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Albert K.

El agua del país en peligro: organizaciones ambientales advierten el riesgo de vaciar la Ley de Glaciares

El día de mañana, 26 de febrero, comienza el tratamiento en el Congreso de la Nación de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. La Ley 26.639 es una norma clave para preservar glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua de una enorme porción del país.

En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa. 

La reforma pretendida pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.

Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino.

Por eso, volvemos a llamar públicamente a las y los senadores a rechazar cualquier intento de modificar la Ley de Glaciares y a mantener la protección plena de glaciares y ambientes periglaciares. Les pedimos que asuman su responsabilidad institucional y que actúen a favor del agua, las familias y la vida.

Las organizaciones abajo firmantes reafirmamos que la Ley de Glaciares no se negocia. Defenderla es defender el agua, la vida y el futuro de nuestras comunidades.

Firman:

  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales
  • Greenpeace Argentina
  • Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
  • Círculo de Políticas Ambientales 
  • Aves Argentinas
  • Agencia ACERCA
  • Asociación Civil Capibara: Naturaleza, Derecho y Sociedad
  • Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
  • Asociación Manekenk
  • Aves Argentinas
  • Consciente Colectivo
  • Eco House
  • Fundación Ambiente y Medio
  • Fundación Biodiversidad Argentina
  • Fundación Cambio Democrático
  • Fundación Hábitat y Desarrollo
  • Fundación Natura Argentina
  • Fundación Protestante Hora de Obrar
  • Fundación Yuchan
  • Incubadora Feminista Latinoamericana
  • Jóvenes por el Clima Argentina
  • Proyecto Quimilero
  • Red de Jóvenes por el Ambiente
  • Somos Monte Chaco
  • Surfrider Argentina
  • Sustentabilidad Sin Fronteras
  • Unidos por Nuestras Acequias
  • Vicam: Vicuñas, Camélidos y Ambiente

Acceso a la información: exigimos transparencia sobre el Acuífero Guaraní y el Subgrupo de Medio Ambiente del MERCOSUR

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), a través de su Centro de Acceso a la Información, presentó nuevas solicitudes de acceso a la información pública ambiental. Los reclamos apuntan al Tratado del Acuífero Guaraní y al Subgrupo de Medio Ambiente del MERCOSUR (SGT N°6), espacios institucionales claves que hoy funcionan con una opacidad alarmante., con modalidades de gestión y decisión, desconocidas por las comunidades.

En un contexto de crisis climática y avance de megaproyectos extractivos que dependen críticamente del agua, es estratégico que la ciudadanía conozca qué decisiones se toman a nivel regional y qué compromisos asume la Argentina.

El Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce subterránea más grandes del planeta. Atraviesa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y constituye un patrimonio vital para el presente y el futuro de millones de personas. El Tratado del Acuífero Guaraní, vigente desde 2020 y ratificado en nuestro país por la Ley 26.780, establece la creación de una Comisión del Acuerdo para garantizar la gestión conjunta y precautoria de este bien común.

Sin embargo, a casi cinco años de su entrada en vigor, el funcionamiento real de este marco institucional es prácticamente desconocido para la sociedad. Por eso solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores:

  • Copias de las actas de reuniones de la Comisión del Acuerdo.
  • Documentación que acredite si la Comisión intervino o tiene una actitud proactiva en los procesos de  evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde como el Tambor Green Hydrogen Hub (Enertrag, Alemania) en Tacuarembó y el proyecto de HIF Global en Paysandú, ambos en Uruguay.
  • Un mapa actualizado de las zonas de recarga y descarga del acuífero en las cuencas del río Uruguay y Paraná.
  • Copias certificadas de los proyectos destinados a la implementación del Programa de Acción Estratégico del Acuífero Guaraní, actualmente financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
  • Información sobre las articulaciones entre el órgano ejecutivo del Tratado y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Estos pedidos no son meramente técnicos: el acuífero está siendo presionado por proyectos de energía de transición y megaplantas de hidrógeno verde, que implican un uso intensivo del agua en territorios frágiles. Sin acceso a la información pública, no hay forma de evaluar los impactos reales ni de garantizar la protección de este bien común frente a intereses privados y corporativos, muchos de ellos liderados por corporaciones del Norte en sus procesos de transición energética para nada compatibles con nuestros ecosistemas y sus pueblos. .

El Subgrupo de Trabajo N°6 (SGT 6) de Medio Ambiente es el órgano técnico del MERCOSUR responsable de incorporar la dimensión ambiental en todas las políticas del bloque. Fue creado para garantizar que la integración regional no se limite al comercio, sino que también contemple la protección de los ecosistemas compartidos y el uso responsable de los recursos naturales. Su mandato abarca desde la elaboración de lineamientos y normas comunes hasta la coordinación de estudios de impacto ambiental y la articulación con otras instancias binacionales y multilaterales.

A pesar de su rol estratégico, el funcionamiento del SGT N°6 permanece invisibilizado para la ciudadanía. Por eso solicitamos a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación:

  • Actas de sus reuniones de los últimos tres años.
  • Información sobre su intervención en los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Vía Troncal Navegable) y de la Hidrovía del Río Uruguay hasta Concordia/Salto.
  • Documentación sobre la vinculación técnica y política entre el SGT N°6 y la Comisión del Acuífero Guaraní.

El acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas compartidos son asuntos de seguridad humana, justicia ambiental y soberanía regional. Sin transparencia y participación, los marcos institucionales internacionales se convierten en sellos vacíos que legitiman negocios, en lugar de proteger a las comunidades.

Los pedidos que realizamos buscan abrir una puerta cerrada: que el pueblo argentino sepa qué se negocia sobre su agua, cómo se implementan los tratados regionales y qué rol juega la Argentina en el MERCOSUR frente a la crisis climática.

El Acuífero Guaraní, los ríos Paraná y Uruguay y sus cuencas son bienes comunes que deben ser gobernados con transparencia, democracia y justicia ecosocial. No se trata solo de proteger la naturaleza: está en juego la vida, el futuro y la soberanía de nuestros pueblos.

Mercedes Benz y Audi clientes de La Mafia Del Desmonte: La lista completa de empresas que se benefician del ecocidio del monte argentino

Entre las empresas beneficiadas por el ecocidio del quebracho argentino hay grandes marcas automotrices (BMW, Audi, Ford) de calzado e indumentaria 

La mafia del desmonte no es un fantasma. Tiene máquinas, tiene nombres y hasta tiene puertos de exportación. A medida que avanza la investigación judicial que impulsamos sobre los desmontes ilegales en el Impenetrable chaqueño —causa penal FRE 3086/2024—desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) publicamos datos inéditos que presentamos ante la Justicia Federal: a través de las tanineras Indunor y Unitán, se alimenta una cadena global de negocios que va desde curtiembres hasta marcas de autos de lujo.

Son estas dos empresas, Indunor S.A. y Unitán SAICA, que producen tanino de quebracho fundamental para la elaboraciones de cuero. Sus plantas en Chaco y Formosa producen a partir del desmonte ilegal, lo cual luego se exporta en polvo o líquido a más de 50 países que la utilizan, entre otras cosas, para la industria del cuero y la alimentación animal. China, EE.UU., Italia, Brasil y México son países de destino. 

Entre los compradores aparecen curtiembres que están vinculadas a marcas de lujo: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Jeep, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Land Rover, Mini, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo, Chevrolet, Ram Trucks, GMC. 

Entre las marcas de calzado e indumentaria figuran las marcas ECCO, 5.11, Ariat, Wolverine, Consuela, Tandy Leather Factory. Tanto las automotrices como las marcas de ropa, son beneficiadas del desmonte ilegal recibiendo el tanino chaqueño a través de intermediarios industriales como Bay Tanneries (Bangladesh), Shivam Chemicals (India), Tannin Corporation (EE.UU.), y curtiembres certificadas como Dezhou Xinghao Leather Industry o Industria de Peles Minuano. 

Las tanineras tienen una compleja estructura societaria. Indunor forma parte del grupo italiano Silvateam, con filiales en América Latina, China y Europa. Según la información recopilada en bases comerciales globales, Silvateam canaliza exportaciones entre filiales, triangula desde Perú y oculta compradores: más del 69% de los envíos de Indunor en 2024 no tiene destino declarado en el registro. Unitán, por su parte, opera a través de intermediarios en EE.UU., India y China, vinculados con industrias del cuero, curtiembres y multinacionales alimentarias.

Mientras la sociedad chaqueña se queda sin monte, mientras comunidades indígenas y campesinas pierden agua, salud y territorio, los extractos del quebracho colorado llegan a fábricas de autos, curtiembres y a mercados de lujo. El modelo extractivo que arrasa el Chaco se sostiene con blindaje político, negocios en paraísos fiscales, y ahora también, intentos de desactivar la justicia.

Desde AAdeAA-CAJE, seguiremos investigando, denunciando y visibilizando el entramado empresarial, judicial y político que permite el ecocidio en Chaco. Trabajamos, y llamamos a la sociedad a crear mayor presencia para que:

  • Se garantice la continuidad de la causa penal en el fuero federal.
  • Se frenen ya todos los desmontes ilegales, de acuerdo a lo que la cautelar sostiene
  • Se sancione a todos los directivos de las empresas responsables, como también a funcionarios y operadores que violan constantemente la ley
  • Se impida que el negocio del tanino siga operando en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial.

La mafia del desmonte tiene clientes: son marcas de lujo con nombres concretos, responsables y sedes.