El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

La Corte se abstuvo de declarar constitucional al Decreto 70/2023, ni tampoco analizó si existían o no las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución para que el Poder Ejecutivo pueda derogar una ley mediante un decreto. Sostuvo que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover la acción y que, por esa razón, no existía un caso judicial que habilitara al tribunal a ingresar en el fondo de la cuestión. Con ese argumento formal y regresivo, dejó sin efecto el fallo de la Cámara y rechazó la demanda, dejando operativo nuevamente el artículo 154 del DNU 70/2023 y, con él, la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

La Corte decidió no responder la pregunta central: ¿podía el Poder Ejecutivo derogar una ley sancionada por el Congreso sin acreditar las circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia previstas por la Constitución? La Cámara Federal de La Plata había respondido que no. Había considerado que no estaba acreditada una situación excepcional que impidiera acudir al trámite legislativo ordinario y había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. Pero la Corte políticamente decidió no ingresar al fondo de la cuestión y cerró el caso por una cuestión meramente formal de  legitimación del CECIM. 

EL DNU 70/23 SIGUE SIN SER APROBADO POR EL CONGRESO

El DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25, con 4 abstenciones. Sin embargo, el rechazo de una sola Cámara no alcanza para derogarlo: la Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Es por esto que el DNU continúa vigente. Esto significa que una norma que nunca fue aprobada por el Congreso sigue produciendo efectos jurídicos por la falta de tratamiento de la Cámara de Diputados. La situación es particularmente grave cuando se trata de una modificación estructural del régimen jurídico de las tierras rurales.

La Ley 26.737 establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. Fijaba un límite general del 15% para la titularidad extranjera y establecía límites adicionales por nacionalidad, por titular y por jurisdicción. Además, impedía que personas extranjeras adquirieran determinados inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera. También creó un Registro Nacional de Tierras Rurales destinado a conocer quiénes son los titulares extranjeros y controlar las operaciones de adquisición. Cuando se modifica el régimen de propiedad de esos territorios, también se modifica el modo en que como sociedad distribuiremos el acceso a bienes naturales estratégicos. Esto incluye agua, bosque, suelo, biodiversidad, producción, comunidades y cuencas. 

La jurisprudencia de la Corte ha reconocido reiteradamente la existencia de bienes colectivos y la posibilidad de promover acciones destinadas a su protección. Sin embargo, en este caso, el Tribunal sostuvo que la soberanía territorial invocada por el CECIM no constituye un bien colectivo susceptible de tutela mediante una acción de incidencia colectiva en los términos del artículo 43 de la Constitución.

La Corte adoptó una interpretación procesal restrictiva de acceso a la justicia ambiental, pero no resolvió el problema material que está detrás del expediente: ¿qué ocurre cuando una decisión del Poder Ejecutivo altera de manera sustancial las reglas de acceso y dominio sobre el territorio y particularmente sobre tierras vinculadas a cuerpos de agua que son bienes de incidencia colectiva como la propia Corte reconoció en otros casos? 

CONVOCAMOS A MOVILIZARNOS DEL PALACIO DE JUSTICIA AL CONGRESO

Necesitamos debate público, información y decisión democrática. Por eso exigimos que la Cámara de Diputados trate y rechace el DNU 70/2023 y que el Congreso restituya y fortalezca las protecciones establecidas en la Ley de Tierras.

La ofensiva contra la Ley de Tierras forma parte de una agenda más amplia del Gobierno de Javier Milei orientada a desregular, flexibilizar o eliminar normas que establecen límites al acceso y apropiación de bienes naturales. La Ley de Tierras, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego son parte de ese entramado de protecciones que hoy se encuentran en disputa por parte del poder corporativo global. El RIGI y el Súper RIGI también proyectan esta lógica hacia nuevos megaproyectos en actividades como energía, minería, infraestructura digital y los grandes centros de datos que demanda el desarrollo de la inteligencia artificial, con enormes requerimientos de energía, agua y territorio. En paralelo, la reforma de la Ley de Sociedades y la promoción de nuevas formas de sociedades automatizadas también se realizan en paralelo. 

Por eso, defender la Ley de Tierras es mucho más que defender una norma. Es defender nuestra capacidad estatal de regulación frente al poder corporativo, y de decidir democráticamente como sociedad sobre el territorio y los ecosistemas que contienen y permiten la vida. Eso fue lo que estuvo en juego con la Ley de Glaciares. Es lo que hoy está en juego con la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego. Y es lo que vuelve a estar en disputa con la Ley de Tierras.

Junto al conjunto de organizaciones de la sociedad civil, convocamos a organizarnos y movilizarnos del Palacio de Justicia al Congreso de la Nación.  

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión que había dispuesto el levantamiento de la medida cautelar en la causa que investiga el entramado ilegal de funcionarios y privados que realiza desmontes ilegales en zonas protegidas de la provincia del Chaco. La resolución ordena que la protección continúe mientras se realiza una pericia ambiental clave para determinar el estado del bosque nativo y la persistencia del riesgo.

Buenos Aires / Chaco, 22 de septiembre de 2026.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, celebramos la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de restablecer la medida cautelar que protege los bosques nativos del Chaco. La resolución revoca el fallo de primera instancia del 14 de agosto de 2026, que había dispuesto el cese de la cautelar. Frente a esa decisión, tanto el Ministerio Público Fiscal como esta Asociación presentamos recursos de apelación para sostener una protección indispensable mientras continúa la investigación penal.

La medida había sido dictada originalmente en agosto de 2024, luego de que la Fiscalía Federal denunciara la existencia de “La Mafia del Desmonte” entramado delictivo vinculado con el otorgamiento irregular de permisos de cambio de uso del suelo, recategorizaciones de predios y otras decisiones que permitieron desmontes ilegales en áreas protegidas.

La cautelar suspendió los desmontes en el territorio provincial, incluyendo permisos ya autorizados pero todavía no ejecutados y nuevos permisos que pudieran otorgarse. La causa investiga cómo decisiones administrativas, permisos forestales y posibles responsabilidades de funcionarios públicos y particulares pudieron articularse para permitir el avance sobre bosques que debían permanecer protegidos.

La resolución de primera instancia de agosto de este año había considerado que las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para poner fin a la cautelar. Entre otros argumentos, tomó en cuenta la aprobación de un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y sostuvo que no estaba acreditada la persistencia del riesgo que había motivado la medida. Desde AAdeAA cuestionamos esa decisión. Señalamos que un cambio en las normas no demuestra, por sí mismo, que haya cambiado lo que ocurre efectivamente en el territorio.También advertimos que seguían existiendo incertidumbres técnicas sobre las superficies investigadas, desmontes denunciados durante la vigencia de la cautelar y elementos pendientes de análisis.

El 17 de septiembre participamos de una audiencia ante la Cámara Federal junto con el Ministerio Público Fiscal. Allí sostuvimos la necesidad de revocar el levantamiento y mantener la protección mientras continúe la investigación.

La Cámara actúo bajo el planteo de que la modificación normativa no alcanza para demostrar que desapareció el riesgo concreto sobre los bosques. Para levantar una medida de estas características es necesario comprobar qué ocurrió realmente en las áreas involucradas y si las condiciones que llevaron a dictarla efectivamente cambiaron.

El propio Tribunal señaló que todavía existen dificultades técnicas y cartográficas para determinar cómo impactó el nuevo ordenamiento territorial sobre las superficies vinculadas a los permisos investigados. Por eso, sostuvo que sigue pendiente una evaluación objetiva de la situación actual del territorio.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal informó que dispuso la realización de una pericia ambiental a cargo de la Dra. Micaela Camino, profesional perteneciente al CONICET. La evaluación deberá aportar información técnica sobre el estado actual de las áreas involucradas, la eventual afectación del bosque nativo, su magnitud y sus consecuencias. Esos elementos serán centrales para determinar si persiste el riesgo que dio origen a la cautelar.

El fallo hace lugar a las apelaciones presentadas por la Fiscalía y por AAdeAA, revoca la resolución que había dispuesto el cese y ordena expresamente la continuidad de la medida cautelar hasta que se produzca y valore la prueba técnica pendiente. La decisión sostiene que existe incertidumbre sobre daños que pueden ser irreversibles, y por ende la protección no puede desaparecer antes de saber qué está ocurriendo efectivamente en el territorio.

Seguiremos impulsando la producción de prueba y defendiendo la vigencia de las medidas necesarias para impedir que el avance sobre los bosques vuelva irreversible un daño que la Justicia todavía está investigando. El bosque es más necesario que nunca.

The Argentinea Court of Río Grande granted the interim injunction requested by the Argentine Association of Environmental Lawyers and the Malvinas Islands Ex-Combatants Centre of La Plata. It ordered Rockhopper and Navitas to refrain from commencing or carrying out the oil exploitation works associated with the project known as “León Marino” and to disclose the technical, corporate and financial structure supporting the project.

Tierra del Fuego / Buenos Aires, 16 September 2026.

The Federal Judiciary ordered a halt to the commencement and physical execution of the León Marino oil project, referred to as Sea Lion by the companies, which Rockhopper Exploration and Navitas Petroleum intend to develop on the Argentine continental shelf, approximately 220 kilometres north of the Malvinas Islands. The ruling was issued by the Federal Court of Río Grande within the framework of the collective action for the prevention of environmental harm brought by the Argentine Association of Environmental Lawyers (AAdeAA) and the Malvinas Islands Ex-Combatants Centre of La Plata (CECIM).

Federal Judge Mariel Borruto granted the interim injunction and ordered the two foreign companies to refrain from commencing, continuing, carrying out or commissioning the physical works required to develop the oil exploitation project. The prohibition covers both offshore operations and the onshore and port infrastructure intended to support the project.

The decision represents a fundamental step forward in the defence of Argentine sovereignty and the protection of South Atlantic ecosystems. Faced with a project promoted under licences issued by the British occupation government, the Court affirmed the application of Argentine law and ordered preventive action before drilling begins and potentially irreversible damage occurs.

The interim injunction prohibits the British company Rockhopper Exploration and the Israeli company Navitas Petroleum Development and Production Limited from proceeding with:

• Drilling into the seabed and marine subsoil for the development or exploitation of hydrocarbons.
• The permanent installation of subsea infrastructure for the extraction or production of oil and gas.
• The installation of pipelines, flowlines, injection, communication and control systems, and permanent mooring structures.
• The installation or commissioning of floating hydrocarbon production, storage and offloading units.
• The commencement of commercial oil and gas extraction or exploitation.
• The onshore and port works intended to support those operations.

The prohibition also covers the expansion of port facilities, the construction or commissioning of logistics bases, drilling mud and cement preparation plants, chemical storage facilities, residential infrastructure and aviation support facilities connected with León Marino.

The order extends to any potential expansion of the project and to any wells or facilities functionally integrated into the undertaking.

The companies must continue to refrain from these activities until the environmental impact assessment procedure required by Argentina’s General Environmental Law has been conducted before the competent Argentine environmental authority and the corresponding decision has been issued, or until the Court rules otherwise.

The project is intended to be developed on the Argentine continental shelf and within Argentine maritime areas. The Court therefore held that its authorisation requirements and environmental safeguards are governed by Argentine law.

The decision also recognises that the environmental regulations and laws governing hydrocarbon exploration and exploitation on the Argentine continental shelf are mandatory, regardless of the companies’ nationalities or any permits they claim to have obtained from authorities other than those of Argentina.

Court orders disclosure of the hidden network behind the project

Rockhopper and Navitas will have ten court days from the date on which they are duly served to submit information and supporting documentation under oath.

The Court ordered them to disclose:

• The current stage of implementation of León Marino.
• The updated schedule for construction, drilling, installation and the commencement of exploitation.
• The number, location and status of the planned wells.
• The planned floating production, storage and offloading units.
• The contracted drilling units.
• The principal contractors and subcontractors involved in drilling, subsea infrastructure, logistics and production.
• The corporate structure used to develop the project and each company’s shareholding.
• The banks, investment funds and other actors that have specifically financed the undertaking.
• The disbursements already made, committed and outstanding.
• The insurers and reinsurers connected with the construction, drilling and exploitation stages.
• The environmental studies and assessments conducted in relation to the project.
• Risk assessments, oil-spill modelling and prevention, contingency and response plans.
• The onshore and port infrastructure already built or planned.
• Any planned expansions and additional wells.

This information will make it possible to determine the project’s true scale and reconstruct the chain of companies, banks, funds, insurers and contractors enabling it to move forward.

Preservation of documents and further proceedings

The ruling also requires the companies to fully preserve all technical, environmental, corporate, contractual, financial and insurance documentation connected with León Marino. The companies must refrain from destroying, altering, concealing or disposing of those documents in any way that could prevent their incorporation into the court proceedings.

The Court temporarily deferred its decision on the requested general prohibition against entering into financing agreements, receiving disbursements, making transfers, establishing guarantees or encumbering assets. Before ruling on those restrictions, it required the precise identification of the actors, transactions and assets involved.

Once that information has been incorporated into the case, the Court may order specific measures concerning financial transactions directly linked to the project. The interim injunction may be maintained, modified, expanded or lifted in light of the new evidence gathered in the proceedings.

The Argentine State must provide and demand information

The Court also ordered urgent requests for information to several Argentine State agencies.

The Environmental Impact Assessment Directorate must report whether any environmental procedure, project notice, environmental impact declaration or environmental clearance certificate exists in connection with León Marino. If such proceedings are initiated in the future, the Directorate must notify the Court.

The Secretariat of Energy must submit the administrative records concerning Rockhopper, Navitas and the other companies linked to the project. It must also report on the current validity and scope of existing sanctions and administrative proceedings.

The Argentine Ministry of Foreign Affairs must specify whether any of the companies, their parent companies, contractors or related entities received authorisation from the Argentine State to conduct hydrocarbon activities in the Malvinas Islands or the surrounding maritime areas. It must also report on investigations, declarations of clandestine activity, disqualifications and sanctions connected with the project.

Environmental sovereignty over the Argentine Sea

León Marino is a large-scale oil exploitation project intended to operate for more than thirty years. Its initial phases include 23 subsea wells, infrastructure installed on the seabed, a floating production and storage unit, and an extensive logistics and port base.

Rockhopper is a British company. Navitas Petroleum is Israeli and controls 65% of the project through a subsidiary incorporated in the United Kingdom. Rockhopper retains the remaining 35%.

The companies intend to proceed under permits granted by the British colonial administration that illegally occupies the Malvinas Islands. The exploitation would turn territorial occupation into the economic appropriation of Argentine natural resources and consolidate foreign oil infrastructure in the South Atlantic for decades.

The project threatens the Argentine Sea and South Atlantic Islands ecoregions. Drilling, underwater noise, the constant movement of vessels, the use of chemical substances, operational discharges and the risk of oil spills could affect feeding, breeding and migration areas used by whales, sea lions, elephant seals, penguins, albatrosses, petrels, fish, sharks, rays and other species.

Territorial sovereignty and comprehensive environmental protection form part of the same defence of our territory, ecosystems and identity. Exercising sovereignty in broad and comprehensive terms means deciding which activities may take place, enforcing Argentine laws and regulations throughout the entire national territory, assessing their consequences and protecting the commons from appropriation by foreign corporations.

The underlying legal action

The joint action brought by CECIM La Plata and the Argentine Association of Environmental Lawyers unites the defence of Argentina’s sovereign rights with the protection of the marine environment. The ruling recognises that the legal action is not limited to a technical or environmental dispute. At the heart of the case lies the defence of Argentine sovereignty over the Malvinas Islands and their maritime areas, together with the obligation to preserve the South Atlantic for present and future generations. At the same time, the global climate crisis makes it increasingly urgent to advance orderly and comprehensive global energy transition processes, including a debate on climate justice for affected territories.

For years, diplomatic declarations and public statements of opposition failed to prevent the companies from continuing their preparations for exploration and exploitation. This interim injunction constitutes concrete action: it orders the works to stop before drilling begins, requires information on the financial and corporate actors behind the project, and opens the possibility of further measures targeting the economic chain driving it forward.

The defence of Malvinas requires long-term public policies and coordinated action by all State institutions. The Federal Judiciary has taken a fundamental step. The ruling must now be effectively enforced to prevent Rockhopper and Navitas from consolidating a foreign oil exploitation project in Argentine maritime territory.

The project must be stopped before oil exploitation begins. Defending the Argentine Sea means exercising sovereignty.

La derrota del oficialismo en el Senado por la reforma de la ley de tierras y el manejo del fuego abrió algo más que una discusión legislativa: mostró que la sociedad puede volver a organizarse en defensa del territorio y una idea de soberanía. Entre el “efecto bandera de Malvinas” y años de luchas socioambientales, las fuerzas de la calle volvieron a hacerse visibles.

por Enrique Viale y Maristella Svampa para elDiarioAr

Lo ocurrido en el Senado argentino el jueves 6 de agosto con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada constituye un punto de inflexión que va mucho más allá de esta votación en particular. No solo fue un gran triunfo popular, pues gracias a la presión de la movilización social el oficialismo tuvo que resignar en solo 48 horas los dos títulos mayores, el de la reforma de la ley de tierras y el del manejo del fuego, sino que la dinámica política que se estableció abrió a la discusión sobre qué proyecto de Argentina podemos o estamos dispuestos a aceptar, y quién decide sobre su territorio, sus aguas, su energía y sus bienes naturales.

Pero ¿qué sucedió para que la sociedad argentina, que parecía tan derrotada, tan rota, avanzara hacia este punto de inflexión y desafiara al gobierno en acciones tan masivas cuyo desenlace último es todavía incierto? En las últimas semanas, la sociedad argentina -por encima de sus diferencias- fue tejiendo una cadena de equivalencias asociados a la defensa del territorio, la tierra y los bienes comunes naturales, lo que fue configurando un “nosotros” de rechazo a un proyecto importante del gobierno de Milei. Un nosotros colectivo que, de modo más general, podría unificarse detrás de la denuncia de la raíz antinacional y colonial del proyecto político del gobierno.

Desde nuestra perspectiva, hay dos hitos que explican parte de este gran logro popular: el “efecto bandera de Malvinas” producido por la selección argentina, y las acciones promovidas por el movimiento socioambiental.

El efecto bandera de Malvinas

Empecemos por el fútbol. Durante el largo Mundial de Fútbol, lejos de permanecer inactivo, en medio del desgastante escándalo Adorni y los triunfos agónicos de la selección argentina, el oficialismo siguió promoviendo múltiples iniciativas políticas que comprometen seriamente el futuro del país. Algunos afirmaban que el gobierno aprovechaba la distracción futbolera para profundizar el latrocinio y vender la Argentina, de acuerdo a sus ideales de desregulación y su alineamiento colonial con Estados Unidos. Sin embargo, a muchos otros nos parecía que en realidad el problema residía en el desalentador estado de ánimo que exhibía la población. Esto hizo que el gobierno de ultraderecha de Milei ni siquiera necesitara de la distracción del mundial de fútbol para continuar con su bombardeo de medidas antinacionales y anti-igualitarias, ya que parecía haber captado la pasividad y el desaliento de amplias franjas de la sociedad. Así, confiado en sus éxitos legislativos y lo imparable de su suma de decretos, el gobierno fue desestimando la capacidad de lucha y de resiliencia de la sociedad argentina.

Pero sucedió algo impensable, un acontecimiento. En el Mundial de fútbol la selección argentina desafió a la FIFA y al gobierno que habían prohibido la exhibición de banderas con “consignas políticas”, lo que incluía “el mapita de las islas Malvinas”, según palabras inolvidables de la actual ministra de seguridad. Nadie podía imaginar sin embargo hasta donde llegaría el “efecto bandera”, cuando algunos jugadores de la selección desplegaron aquella sábana de hotel con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” en el gran triunfo de Argentina contra Inglaterra, que incluyó una remontada histórica en los últimos minutos. Nadie pudo ver que ese momento de festejo absoluto, el de la bandera desplegada y exhibida ante el mundo, expresó el acto de mayor comunión entre los jugadores de la selección y la sociedad argentina, para convertirse en el disparador de algo nuevo. Cierto es que tanto la selección argentina como las Malvinas son de los pocos temas que unen a los y las argentinas. Pero aquella bandera y la intensidad del festejo -y acá la palabra clave es “intensidad”- no sólo desmintió todo lo que se había dicho en la previa de “que se trataba solo de un partido de fútbol” sino que abrió a una nueva situación.

Sociológicamente, los momentos extraordinarios e intensos, sobre todo si son colectivos, pueden generar algo nuevo, pues liberan mucha energía social. Esa bandera y ese festejo fueron el clímax de esa intensidad exacerbada, hiperbólica, que vivimos los y las argentinas durante el mundial de fútbol junto a la selección mayor y sus remontadas heroicas. El hecho, como acontecimiento, podía haber terminado en una catarsis, sin instalar algo nuevo, y sin embargo, mezclado con la insoportable y asfixiante coyuntura política argentina, su corolario fue el de abrir una ventana de aire fresco ahí donde todo parecía oler a encierro y muro clausurado. Hasta el origen artesanal de esa bandera que llegó casi de casualidad al césped -ya que sus creadores prefirieron lanzarla al campo de juego, cerca de los jugadores argentinos, antes que entregarla a la policía- parece todo un símbolo de lo que nos pasa como sociedad, pues habla sobre la situación de desastre que atravesamos, en nuestra escasez o pobreza de herramientas para combatir el poder demencial y aparentemente arrollador de la ultraderecha libertaria.

Lo extraordinario desembocó así en una defensa del sentido común. ¿Si las Malvinas son argentinas, acaso no lo son nuestros ríos, nuestros bienes naturales y nuestras tierras a punto de ser enajenadas o ya entregadas? Esta pregunta se instaló al día siguiente del triunfo contra Inglaterra, cuando el oficialismo pretendió tratar la reforma de la ley de tierras pero tuvo que retroceder al darse cuenta que al menos, el día después, no sería posible. El horno no estaba para bollos, aunque el presidente Milei en su ceguera libertaria y con su acostumbrado desprecio por lo nacional, continuaba sobreactuando un vergonzoso modelo de colonialidad servil ante los Estados Unidos. Lo cierto es que el “efecto bandera de Malvinas” trajo nuevos aires de rebeldía y colocó la intensidad de la sociedad argentina en otro lugar, estableciendo una cadena de equivalencias o significados en torno a la tierra y el territorio, concebidos como una conjunción de soberanía nacional y bienes comunes. Así que, lo que en el origen podía ser leído como un aparente desplazamiento de la intensidad -la energía colectiva no estaba puesta en la lucha sino en en el aguante ilimitado y sin respiro a la selección de fútbol- volvió redoblado bajo la forma de la lucha colectiva, ahora en defensa del territorio en peligro.

Las luchas socioambientales

Dicho esto, sería profundamente injusto decir que todo es “efecto bandera de Malvinas” . Siempre detrás de un acontecimiento político que nos sorprende y nos interpela, están las luchas sociales, su historia y el proceso de acumulación anterior. Sin duda, las bases de esta gran victoria popular están en todo la dinámica de resistencia territorial a la modificación a la Ley de Glaciares. Así, entre fines de 2025 y principios de 2026, la importancia de defender nuestras reservas de agua fue ganando cada vez más visibilidad mediática y más popularidad. Fue así que artistas, científicos y académicos, expertos y, sobre todo, sectores amplios de la sociedad civil, se inscribieron en la audiencia pública de forma masiva -más de 100.000 inscritos, un récord histórico a nivel mundial-. A medida que el involucramiento social crecía, en resonancia con las consignas levantadas por el movimiento socioambiental (“La Ley de glaciares No Se Toca”), la sociedad civil hizo escuchar su voz en las redes sociales, y finalmente también salió a la calle en varias oportunidades, pese a la amenaza de represión, en manifestaciones cada vez más nutridas y heterogéneas. A esto habría que añadir también la lucha en defensa de los humedales y contra los incendios (sean intencionales o no), que pese a su fracaso, dejó instalada una marca en la memoria, que vuelve a ser revivida con cada incendio que arrasa con bosques, montes o humedales.

Todo ello remite a las luchas que desde hace años se despliegan en el territorio argentino en defensa del agua, las cuencas hídricas, los humedales, los glaciares, los glaciares; en fin, en la defensa de la tierra y el territorio que viene haciendo el movimiento socioambiental, que incluye colectivos, organizaciones ambientales y pueblos originarios. Hay toda una línea de acumulación de las luchas socioambientales, que amplía cada vez más su resonancia con la sociedad y que es visible en la consigna “la tierra no se vende, se defiende”. No es casual entonces que el freno a la embestida colonial que reflejaba esta ley promovida por el gobierno esté asociada a dos capítulos -el de la tierra y el del manejo del fuego- que tienen un carácter profundamente socioambiental.

El “efecto bandera de Malvinas” como acontecimiento y sus inesperadas consecuencias -su articulación con la consigna “la patria no se vende”- tuvo la virtud de sumar nuevos actores sociales, entre ellos numerosos artistas que se pronunciaron y llamaron a movilizar, y que fueron dando más textura a un consenso social, ante la evidencia de que este gobierno se propone liquidar alegremente todo el patrimonio natural y territorial de las y los argentinos.

Dos reflexiones finales

Una, sabemos que han quedado dos temas con media sanción: los desalojos express y la expropiación agravada. Pero el impulso que ha dado la enorme victoria popular al voltear la columna vertebral del proyecto oficialista (tierra y fuego) abre un escenario mucho más favorable para lograr que la ley se caiga entera en la Cámara de Diputados. Hacer retroceder al gobierno, que se vio obligado a retirar la propuesta de modificación de la ley de manejo del fuego a último momento, constituye una derrota adicional enorme para el oficialismo, que esa misma mañana tenía los votos para aprobar este capítulo, lo cual nos permite afrontar todo lo demás (incluso otros temas) desde otro lugar, con más fortaleza y con un gobierno más debilitado.

Dos, es cierto que las y los argentinos venimos del futuro, pues somos un laboratorio de desigualdades, en manos de la ultraderecha local, en su subordinación colonial con Estados Unidos y los tecnomagnates fascistas que desprecian abiertamente la democracia. Pero quizá seamos también un laboratorio para la resistencia colectiva y la creación de otros proyectos de sociedad. En todo caso, lo de ayer fue una victoria popular, no tenemos dudas. Y mucho tiene que ver la acción del movimiento socioambiental. Que ello sea un oasis en medio de este desierto de crueldad o un nuevo comienzo en la resistencia contra este proyecto colonial, depende primordialmente de nosotros, de nuestras decisiones y las acciones colectivas que adoptemos como sociedad. Pero este jueves 6 de agosto la Argentina de los bienes comunes, la de defensa de lo colectivo, la del sentimiento nacional, se movilizó y se puso de pie, colocando un límite al gobierno de Milei.

Así, lejos de lo que muchos creen, la Argentina no está toda rota. No todos tienen una mentalidad colonial ni tampoco son indiferentes a lo que el gobierno haga con el territorio nacional. No todos apuestan a la distopía colectiva, indiferentes a la tierra arrasada que, de seguir así, dejaremos irremediablemente a las futuras generaciones de argentinos. No todos piensan que la desconexión entre lo que pasa en el palacio y la calle no tiene fondo ni límite. En algún punto todo puede cambiar, porque la lucha colectiva sirve, porque en su masividad las fuerzas de la calle tienen siempre un poder de cambio tan contingente como imprevisible, tal como lo muestra nuestra historia.