La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás rechazó por unanimidad el pedido de Atanor y del gerente de su planta, Juan Mauricio Berenguel, para restringir las manifestaciones públicas del abogado Fabián Maggi y de FOMEA. El tribunal calificó la prohibición pretendida como una “mordaza legal” sobre un asunto de interés público.
Fabian Maggi, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–CAJE, representa a FOMEA en la acción judicial contra Atanor por la contaminación del río Paraná y del suelo en San Nicolás. La investigación detectó atrazina en el agua y cipermetrina y trifluralina en el suelo. Las pericias concluyeron que los vuelcos deterioraban el agua y afectaban la vida acuática, y que las elevadas concentraciones de contaminantes en sectores del suelo de la planta representaban un riesgo serio para la salud pública.
Esa acción judicial logró que en 2023 se ordenaran medidas de reparación y controles sobre la actividad industrial. La Cámara de Apelación de San Nicolás también fijó una indemnización de 150 millones de pesos por el daño ambiental.
En ese contexto, Atanor y Berenguel solicitaron impedir la difusión de determinada información de expedientes y de expresiones que atribuyeran delitos o infracciones sin sentencia firme. El 20 de agosto de 2026, la Cámara confirmó el rechazo a esa pretensión. En un procedimiento independiente, el Colegio de Abogados de San Nicolás había archivado, el 15 de mayo, una denuncia de Berenguel contra Maggi por no encontrar pruebas que comprometieran su conducta profesional.
Desde la AAdeAA–CAJE celebramos este respaldo a nuestro compañero Fabián. Defender el agua y la salud exige garantizar que las comunidades y quienes las acompañan puedan denunciar la contaminación y reclamar justicia sin ser silenciados.
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre — Expertos juristas latinoamericanos en materia ambiental y penal presentan unaLey Modelo de Ecocidiodiseñada para proporcionar un marco de referencia a los países de América Latina con el fin de penalizar la destrucción ambiental grave.
Ya se han adoptado marcos similares en< la Unión Europea y en jurisdicciones nacionales desde Azerbaiyán hasta Mauricio,y con ella se podrían fortalecer significativamente las leyes existentes que tienen la finalidad de proteger mejor excepcional biodiversidad de esta región, donde las regulaciones actuales no logran prevenir la destrucción de los ecosistemas forestales y la disminución masiva de las poblaciones de vida silvestre.
Entre 2015 y 2025, Sudamérica perdió en promedio de 4,10 millones de hectáreas de bosque al año lo que supone la mayor pérdida de bosques del planeta en la última década y que incluye la pérdida de más de diez millones de hectáreas de bosques primarios. La región también ha experimentado la disminución más pronunciada del mundo en las poblaciones de vida silvestre monitoreadas: una media del 95 % de declive entre 1970 y 2020, la disminución más drástica registrada en todo el planeta. Latinoamérica es también la más peligrosa del mundo para los defensores del territorio y del ambiente, llegando a concentrar el 85 % de los asesinatos documentados en 2025.
La ley relativa al ecocidio establece un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental, creando una responsabilidad penal individual para los altos responsables de la toma de decisiones que causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El objetivo no es sólo enjuiciar dichos daños, sino disuadir de que se tomen las decisiones que conllevarán destrucción antes de que esta se produzca.
La Ley Modelo de Ecocidio para América Latina se basa en la definición de ecocidio de 2021 elaborada por un Panel de Expertos Independientes, que define el ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades causen daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.
En septiembre de 2024, basándose en la definición de 2021, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para realizar una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con el fin de incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional atroz, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
También se han adoptado leyes nacionales sobre el ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y, más recientemente, en Mauricio en abril de 2026, al tiempo que la legislación avanza en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, la Polinesia Francesa, los Países Bajos y Escocia.
La nueva Ley Modelo se ha elaborado a través de una consulta pública, seguida de sesiones de trabajo virtuales con 74 expertos de 14 países de la región, que culminaron en una conferencia de redacción de dos días celebrada en la Ciudad de México en la que participaron más de 30 expertos jurídicos. Habiendo sido diseñado para los sistemas de derecho civil de América Latina, el texto resultante está concebido para que los parlamentos nacionales lo puedan adoptar o adaptar fácilmente.
Rodrigo Lledó Vásquez, Director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: “Desde el principio, este ha sido un proceso genuinamente democrático y participativo. Comenzamos con una consulta pública regional, seguida de sesiones de trabajo con 74 expertos de 14 países de América Latina, que culminaron en dos días de redacción intensiva a cargo de más de 30 expertos jurídicos en la Ciudad de México. El resultado es una Ley Modelo forjada tanto por la experiencia jurídica como por las realidades y experiencias de las personas de toda la región.”
Jojo Mehta, Directora General y Cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: “La legislación relativa al ecocidio se está afianzando en todo el mundo a una velocidad extraordinaria. Desde una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional hasta los avances legislativos en toda Europa y el creciente impulso político en África, los gobiernos recurren cada vez más al derecho penal para abordar las formas más graves de destrucción ambiental. Esta nueva Ley Modelo ofrece a los legisladores de América Latina una vía práctica para proteger a la naturaleza y a las comunidades al disuadir de que se tomen las decisiones que causan el daño ambiental más grave antes de que este se produzca.”
Gustavo Alanís, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha afirmado: “América Latina alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, y millones de personas dependen directamente de la salud de los mismos. La ley sobre el ecocidio establece un límite legal claro en torno a las formas más graves de destrucción ambiental, reconociendo que existe un nivel de daño a la naturaleza y a las comunidades que nunca debería aceptarse como un costo de hacer negocios.”
Jorge Peláez Padilla, Académico del Departamento de Derecho y Coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” (CJJA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha señalado: “En toda América Latina, los defensores y defensoras ambientales y las comunidades asumen con demasiada frecuencia riesgos personales y colectivos al oponerse a la destrucción ambiental grave. La ley sobre el ecocidio sitúa la responsabilidad por los daños ambientales más severos donde corresponde: en el Estado y, en última instancia, en quienes toman las decisiones que provocan dicho daño.”
Rafael Colombo, abogado ambientalista y miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló: “Mientras continúan las incidencias para que el ecocidio se sume a los crímenes internacionales del Estatuto de Roma, la Ley Modelo permite nuevas líneas de incidencia para que los Estados latinoamericanos incorporen el ecocidio como tipo penal en sus códigos nacionales, abriendo la puerta para el diseño de una nueva política criminal que investigue empresas y corporaciones públicas y privadas, poniendo un límite a la habitual impunidad y evasión de la justicia, pues estos crímenes involucran a sujetos y entramados de poder.”
Paulo Busse, abogado criminalista y ambiental, y coautor del Proyecto de Ley de Ecocidio de Brasil, dijo: “El ecocidio ocurre desde siempre en todas partes del mundo y representa un riesgo existencial creciente para la humanidad. Por lo tanto, es urgente tipificarlo como delito, tanto a nivel nacional como internacional.”
La Cámara Federal de General Roca hizo lugar a la apelación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y FARN contra la decisión que había apartado al Juzgado Federal de Viedma. El tribunal reconoció que los riesgos del proyecto de Southern Energy pueden afectar un ecosistema marino que supera los límites de Río Negro. Ahora deberá tratarse el pedido de suspensión de las obras.
En una resolución firmada el 5 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Viedma y estableció que la acción preventiva contra el proyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy debe continuar en la Justicia federal.
La causa es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para prevenir daños sobre el golfo, sus ecosistemas y el Mar Argentino. Solicitamos que la empresa se abstenga de iniciar o continuar las obras y de operar el complejo hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental de la totalidad del proyecto, que contemple sus efectos acumulativos y climáticos. También pedimos una medida cautelar para suspender las intervenciones mientras se tramita la demanda.
El fallo actual resuelve quién debe intervenir en la causa: todavía no ordena paralizar las obras ni decide sobre el fondo del reclamo. Al restablecer la competencia federal, permite que el expediente continúe ante el Juzgado Federal de Viedma, que deberá abordar la medida cautelar solicitada.
El juzgado se había declarado incompetente al considerar que correspondía intervenir a la Justicia provincial, dado que las instalaciones se ubican en Río Negro. Apelamos esa decisión porque confundía el lugar donde se construye el proyecto con el territorio que puede sufrir sus consecuencias. La Cámara acogió ese cuestionamiento: los riesgos sobre el mar, las especies y sus desplazamientos pueden extenderse más allá de los límites provinciales.
Para resolver, el tribunal valoró la documentación científica acompañada. Entre ella, destacó el informe sobre ballena franca austral y desarrollo hidrocarburífero en el Golfo San Matías, con mapas de seguimiento satelital que muestran el uso de distintas áreas del golfo y los desplazamientos de estos animales. También consideró la superposición entre esos recorridos y las rutas de las embarcaciones vinculadas a la actividad, con el consiguiente riesgo de colisiones.
La Cámara ponderó además el informe realizado por FARN junto a la organización internacional ELAW sobre especies marinas y migratorias y los posibles efectos del ruido submarino, la turbidez y la pérdida de hábitats del fondo marino. Consideró que estos elementos permiten sostener, en esta etapa inicial, que los impactos denunciados podrían superar el área inmediata de las obras y afectar un ecosistema compartido.
El carácter preventivo de la demanda que impulsamos es otro punto central. La acción legal busca impedir que los daños ocurran. Por eso, el tribunal sostuvo que no corresponde exigir la demostración definitiva de un daño ya consumado para determinar la competencia: alcanza con aportar elementos objetivos que permitan considerar verosímil que sus efectos se extiendan a más de una jurisdicción.
El proyecto cuestionado busca llevar gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, transformarlo en líquido en buques licuefactores y exportarlo por mar. Comprende gasoductos terrestres y submarinos, instalaciones costeras, unidades flotantes y operaciones de transferencia hacia buques metaneros. Su primera etapa contempla el buque Hilli Episeyo, a unos 4,5 kilómetros de la costa de Fuerte Argentino; la segunda incorpora otra unidad de licuefacción.
En la demanda denunciamos una evaluación fragmentada, que impide conocer los efectos del conjunto de las instalaciones y actividades asociadas. Cuestionamos las irregularidades de la autorización de la primera etapa, el incumplimiento de observaciones formuladas por la propia provincia y la falta de autorización ambiental de la segunda etapa al momento de presentar la acción. También advertimos sobre el inicio de la fase logística y constructiva sin la aprobación del estudio correspondiente al Centro de Soporte Logístico.
El reclamo incluye la ausencia de una evaluación climática integral. Pedimos que se examinen las emisiones de toda la cadena del GNL, incluidas las fugas de metano y la combustión del gas exportado, y su relación con los compromisos climáticos argentinos. Estas cuestiones forman parte de la demanda y deberán ser analizadas durante el proceso.
Desde AAdeAA-CAJE sostenemos que la expansión de la infraestructura fósil sobre el Golfo San Matías exige un control judicial que considere la integridad del ecosistema y los riesgos del proyecto en su conjunto. La resolución de la Cámara permite avanzar en ese camino. Corresponde ahora tratar el pedido de protección urgente para evitar que las obras consoliden transformaciones irreversibles antes de que se resuelva la causa.
La Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspende provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. En términos concretos, mientras esta medida esté vigente vuelven a regir las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Esto no es una solución de fondo ya que una cautelar interina es una protección judicial urgente y temporal: busca evitar que se produzcan consecuencias difíciles de revertir mientras la Justicia determina cómo debe continuar la causa. La Corte no declaró inconstitucional el artículo 154 no resolvió todavía el conflicto de fondo. La suspensión puede ser modificada o levantada cuando avance el expediente.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostenemos que el problema no termina en la Ley de Tierras. El DNU 70/2023 avanzó sobre derechos, regulaciones y capacidades públicas mediante un decreto de alcance extraordinario. Nuestra posición sigue siendo la misma: el DNU debe caer.
La decisión también implica que el expediente iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie vuelve a la Justicia Federal de Bariloche. Allí deberá analizarse la legitimación de quienes presentaron la acción y resolverse el pedido cautelar pendiente. El planteo de Árbol de Pie se diferencia del caso iniciado por el CECIM porque invoca derechos colectivos vinculados con la protección de los territorios y los derechos de comunidades indígenas.
Esta resolución no representa el cierre del conflicto ni una razón para desactivar la movilización. Es una protección provisoria obtenida en una disputa que continúa en los tribunales, en el Congreso y en las calles.
Este 15 de octubre volvemos a las calles. La medida judicial abre un resguardo temporal; la defensa de los territorios, de los derechos colectivos y de la educación pública sigue dependiendo de la organización y la movilización social.
Cinco meses después de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicación de la reforma sigue sin respuesta por parte de la justicia.
El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, referentes sociales y cientos de miles de personas, presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del Juez Juan José Baric, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. La magnitud del reclamo fue inédita: se reunieron más de 850.000 adhesiones a la demanda en menos de dos semanas, provenientes de todo el país. Esa movilización expresó un reclamo social masivo para defender los glaciares y el agua frente a una reforma que eliminó su protección real.
Con la demanda, se solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la regresiva reforma en todo el país mientras se resuelve la cuestión de fondo y evitar que, durante ese tiempo, se dicten autorizaciones o avancen proyectos capaces de producir daños irreversibles sobre los cuerpos glaciares y las cuencas.
El 16 de junio, aún sin una respuesta de la justicia, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan. En la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares. Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación judicial, que advertía la urgencia del caso, y solicitaron una medida cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Más de cuatro meses después, ese pedido tampoco fue resuelto.
A más de cinco meses del inicio de la demanda, la causa continúa hoy sin avances de ningún tipo. Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron: el juez ni siquiera se expidió sobre su competencia, ni notificó al Estado Nacional para que el proceso avance. Lo que debió ser un trámite de unos días, en el Juzgado del juez Baric lleva ya casi medio año.
El escenario es de especial preocupación porque, pese al tiempo transcurrido y a la presentación de dos pronto despachos, el juzgado aún no se ha expedido sobre la acción ni sobre las medidas urgentes solicitadas. Esta demora no puede analizarse al margen de los principios de prevención y precaución, que en materia ambiental exige una respuesta judicial oportuna y proactiva de la justicia frente a la existencia de riesgos que pueden derivar en daños irreversibles que, además, comprometen derechos de incidencia colectiva.
La regresiva Ley 27.804 sigue vigente y el proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI. En la presentación judicial, las organizaciones advirtieron que, si el Glaciar GE110 perdiera su protección antes de una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho.
Más de 850.000 personas acompañaron este reclamo. Cinco meses después, continúan esperando que la justicia revierta el efecto de una reforma que debilitó fuertemente la protección de los glaciares y del agua.
Las organizaciones esperan que la causa avance; la constitucionalidad de la reforma tiene que ser analizada y los pedidos cautelares deben resolverse antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
In the province of Neuquén, Primary School No. 291, located in Aguada Toledo within the Loma La Lata–Sierra Barrosa area, was closed due to pollution. The school community is being relocated without adequate information. After two months without classes, the Provincial Council of Education decided to keep the building closed until the end of February, while YPF is required to carry out a remediation plan. Just 1,100 meters from the school is one of the world’s most significant methane emission sources, according to monitoring conducted by the United Nations Environment Programme’s International Methane Emissions Observatory (UNEP-IMEO).
Photo: Martín Álvarez Mullally
By Leonora Jáuregui Nicolet (OPSur) and María Marta Di Paola (AAdeAA/CAJE)
Aguada Toledo Primary School No. 291 has been closed since the end of the winter break, almost two months ago. The return to school coincided with a storm that made access difficult along an already badly deteriorated section of road. Heavy truck traffic had carved out a deep rut that fills with water when it rains, making it impossible for the school transport service to pass safely. On August 18, once access conditions had improved, the school building was left without gas.
Janet Alveal is the principal of this rural school, which belongs to School District II of Cutral Có and Plaza Huincul. During these weeks, Alveal issued a statement describing the situation and calling for an institutional response: “This lack of gas service affects the daily operation of a full-day school, which is why the corresponding steps have been taken in an effort to find a solution.”
For almost two months, the only explanation given by the Provincial Council of Education was that there were leaks at the school because gas was being consumed too quickly. The Aguada Toledo school community made a series of public demands together with the Neuquén Education Workers’ Association (ATEN), eventually securing a meeting with Education Minister Soledad Martínez at the Council’s headquarters in the city of Neuquén.
On Monday, September 21, after ten weeks without classes, the provincial education authority met with the school community and informed them that the school would remain closed until the end of February because of environmental health concerns that she chose not to explain. She also announced that classes would be relocated to Challacó, 30 kilometers farther away along an unpaved road that is routinely in poor condition.
On Friday, September 25, school authorities received an internal communication between provincial education officials informing them that the school would be temporarily closed from October of this year through February of next year. The closure was ordered “in connection with the proceedings carried out by the Secretariat of Environment and Natural Resources regarding the environmental situation in the vicinity of Aguada Toledo Primary School No. 291,” with the stated purpose of protecting the school community while YPF carries out mitigation work. According to the document, the Secretariat of Environment assigned YPF responsibility for conducting the air-quality study and monitoring, effectively delegating technical and socio-environmental responsibility to the private company.
The Gases of Vaca Muerta
According to a report published in June 2026 by the United Nations Environment Programme’s International Methane Emissions Observatory (UNEP-IMEO), Argentina ranked 49th because of leaks from storage tanks located at coordinates -38.76047, -68.83698 in Neuquén. These are YPF tanks located in Sierra Barrosa. According to the Observatory’s Eye on Methane platform, the leak was continuously detected by satellite over the course of a year, between May 2025 and May 2026.
In early August, the Argentine Association of Environmental Lawyers and the Collective for Action on Ecosocial Justice (AAdeAA-CAJE) submitted a request for access to public environmental information, alerting Neuquén’s Secretariat of Environment and Natural Resources to the situation. The request specifically asked what containment measures had been taken regarding the leaks near the school.
In its response, the Secretariat of Environment stated that provincial officials had inspected the school and found it closed, but nevertheless carried out measurements. They reported no problems related to emissions from nearby flares. However, Patricia Rodriguez, a methane measurement specialist at Earthworks, warned that “the monitor used by representatives of Neuquén’s Secretariat of Environment and Natural Resources during the inspection is an instrument primarily used for occupational and health safety, mostly in enclosed spaces.”
Source: Inspection report by the Secretariat of Environment and Natural Resources
Methane is a colorless and odorless gas and is the second-largest contributor to global warming after carbon dioxide. Specifically, over a 20-year period its global warming potential is 82.5 times greater than that of carbon dioxide.
Hydrocarbon activities emit methane, which contributes to the formation of ground-level ozone, a toxic air pollutant. Methane emissions are also accompanied by other pollutants harmful to health, including nitrogen oxides (NOx), fine particulate matter (PM2.5), hydrogen sulfide (H2S), and BTEX compounds — benzene, toluene, ethylbenzene and xylene — also referred to as secondary pollutants associated with methane emissions.
According to Dr. Luciana Capozzi of the Institute for Socio-Environmental Health (INSSA): “At this school, attended by children from a rural area, their right to live in a healthy territory is being violated. There can be no healthy people when the territories they inhabit are sick. Unconventional hydrocarbon extraction and its by-product — in this case methane — make territories and the bodies that inhabit them sick. When methane contributes to the formation of ground-level ozone, that pollutant can enter the respiratory system and cause inflammation. In children, whose bodies are still developing, this makes them particularly vulnerable to conditions such as rhinitis, asthma flare-ups, dermatitis and blood disorders, among others.”
A School Surrounded by Wells and Emissions
Primary School No. 291 was founded in March 1990 to address barriers to education faced by families living in the Aguada Toledo–La Barrosa area. The school adopted a boarding model to overcome long travel distances, reduce school dropout rates and narrow the gap between rural and urban areas.
In 2022, the provincial government allocated 92 million pesos to renovate and refurbish the school building. During the six months that the works lasted, there were no classes. However, a lack of funding for student transport later made it impossible to continue the boarding-school model. A little over two years ago, in order to prevent students from repeatedly missing classes because of transportation problems, the school community shifted to an extended-day model.
An Area with Decades of Extraction
The Loma La Lata–Sierra Barrosa hydrocarbon concession covers almost 2,000 square kilometers and includes two fields: Aguada Toledo–Sierra Barrosa and Loma La Lata. According to official provincial information, the Loma La Lata–Sierra Barrosa area has been exploited for more than seventy years and is operated by YPF. Both conventional and unconventional oil and gas are produced there.
Photo: Martín Álvarez Mullally
Official records also show that the area has a long history of environmental incidents. According to the Neuquén Undersecretariat of Environment’s 2021 Management Report, 49 incidents were recorded in Aguada Toledo and 26 in Loma La Lata during 2019.
Official environmental incident records for the 2017–2021 period also document gas-release events in Aguada Toledo. According to these records, on November 15, 2017, YPF reported an emission of 80,000 cubic meters of gas per day, although the record does not specify how many days the release continued. One week later, the company reported another incident in the same field, involving 13,333 cubic meters of gas.
School No. 291 was left in the middle of Vaca Muerta’s expansion. Around it, an extensive network of hydrocarbon infrastructure has been built, including conventional and fracking wells, gas venting and flaring facilities, processing plants, a compressor station, batteries and pipelines. The scale of this infrastructure, together with the proximity of the methane source to the school, illustrates the extent to which the school has been exposed to hydrocarbon operations.
Ultimately, the School No. 291 community is being displaced from its own territory so that the polluting company can carry out mitigation work. This runs counter to the precautionary principle: the company’s activities should be halted until the provincial government can establish that they are not harming the health of the school community or other residents of the area.
The province has still not provided precise information about the environmental situation in Aguada Toledo. After repeated demands, the school community obtained an internal communication between education authorities, but the document still does not clearly establish the scope of the problem.
Since Monday, classes have been relocated to Challacó, meaning students now spend more than four hours a day traveling. Instead of guaranteeing the right to education under safe conditions and requiring the activities causing the pollution to stop, the State chose to close the school and relocate its community, while leaving environmental studies, monitoring and mitigation work in YPF’s hands.
So far, according to the responses received, neither the Secretariat of Environment nor the Provincial Council of Education plans to assess the possible health consequences of exposure for either the people attending the school or those living in the surrounding area. Markdown pegado
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La Corte se abstuvo de declarar constitucional al Decreto 70/2023, ni tampoco analizó si existían o no las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución para que el Poder Ejecutivo pueda derogar una ley mediante un decreto. Sostuvo que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover la acción y que, por esa razón, no existía un caso judicial que habilitara al tribunal a ingresar en el fondo de la cuestión. Con ese argumento formal y regresivo, dejó sin efecto el fallo de la Cámara y rechazó la demanda, dejando operativo nuevamente el artículo 154 del DNU 70/2023 y, con él, la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La Corte decidió no responder la pregunta central: ¿podía el Poder Ejecutivo derogar una ley sancionada por el Congreso sin acreditar las circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia previstas por la Constitución? La Cámara Federal de La Plata había respondido que no. Había considerado que no estaba acreditada una situación excepcional que impidiera acudir al trámite legislativo ordinario y había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. Pero la Corte políticamente decidió no ingresar al fondo de la cuestión y cerró el caso por una cuestión meramente formal de legitimación del CECIM.
EL DNU 70/23 SIGUE SIN SER APROBADO POR EL CONGRESO
El DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25, con 4 abstenciones. Sin embargo, el rechazo de una sola Cámara no alcanza para derogarlo: la Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Es por esto que el DNU continúa vigente. Esto significa que una norma que nunca fue aprobada por el Congreso sigue produciendo efectos jurídicos por la falta de tratamiento de la Cámara de Diputados. La situación es particularmente grave cuando se trata de una modificación estructural del régimen jurídico de las tierras rurales.
La Ley 26.737 establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. Fijaba un límite general del 15% para la titularidad extranjera y establecía límites adicionales por nacionalidad, por titular y por jurisdicción. Además, impedía que personas extranjeras adquirieran determinados inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera. También creó un Registro Nacional de Tierras Rurales destinado a conocer quiénes son los titulares extranjeros y controlar las operaciones de adquisición. Cuando se modifica el régimen de propiedad de esos territorios, también se modifica el modo en que como sociedad distribuiremos el acceso a bienes naturales estratégicos. Esto incluye agua, bosque, suelo, biodiversidad, producción, comunidades y cuencas.
La jurisprudencia de la Corte ha reconocido reiteradamente la existencia de bienes colectivos y la posibilidad de promover acciones destinadas a su protección. Sin embargo, en este caso, el Tribunal sostuvo que la soberanía territorial invocada por el CECIM no constituye un bien colectivo susceptible de tutela mediante una acción de incidencia colectiva en los términos del artículo 43 de la Constitución.
La Corte adoptó una interpretación procesal restrictiva de acceso a la justicia ambiental, pero no resolvió el problema material que está detrás del expediente: ¿qué ocurre cuando una decisión del Poder Ejecutivo altera de manera sustancial las reglas de acceso y dominio sobre el territorio y particularmente sobre tierras vinculadas a cuerpos de agua que son bienes de incidencia colectiva como la propia Corte reconoció en otros casos?
CONVOCAMOS A MOVILIZARNOS DEL PALACIO DE JUSTICIA AL CONGRESO
Necesitamos debate público, información y decisión democrática. Por eso exigimos que la Cámara de Diputados trate y rechace el DNU 70/2023 y que el Congreso restituya y fortalezca las protecciones establecidas en la Ley de Tierras.
La ofensiva contra la Ley de Tierras forma parte de una agenda más amplia del Gobierno de Javier Milei orientada a desregular, flexibilizar o eliminar normas que establecen límites al acceso y apropiación de bienes naturales. La Ley de Tierras, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego son parte de ese entramado de protecciones que hoy se encuentran en disputa por parte del poder corporativo global. El RIGI y el Súper RIGI también proyectan esta lógica hacia nuevos megaproyectos en actividades como energía, minería, infraestructura digital y los grandes centros de datos que demanda el desarrollo de la inteligencia artificial, con enormes requerimientos de energía, agua y territorio. En paralelo, la reforma de la Ley de Sociedades y la promoción de nuevas formas de sociedades automatizadas también se realizan en paralelo.
Por eso, defender la Ley de Tierras es mucho más que defender una norma. Es defender nuestra capacidad estatal de regulación frente al poder corporativo, y de decidir democráticamente como sociedad sobre el territorio y los ecosistemas que contienen y permiten la vida. Eso fue lo que estuvo en juego con la Ley de Glaciares. Es lo que hoy está en juego con la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego. Y es lo que vuelve a estar en disputa con la Ley de Tierras.
Junto al conjunto de organizaciones de la sociedad civil, convocamos a organizarnos y movilizarnos del Palacio de Justicia al Congreso de la Nación.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión que había dispuesto el levantamiento de la medida cautelar en la causa que investiga el entramado ilegal de funcionarios y privados que realiza desmontes ilegales en zonas protegidas de la provincia del Chaco. La resolución ordena que la protección continúe mientras se realiza una pericia ambiental clave para determinar el estado del bosque nativo y la persistencia del riesgo.
Buenos Aires / Chaco, 22 de septiembre de 2026.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, celebramos la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de restablecer la medida cautelar que protege los bosques nativos del Chaco. La resolución revoca el fallo de primera instancia del 14 de agosto de 2026, que había dispuesto el cese de la cautelar. Frente a esa decisión, tanto el Ministerio Público Fiscal como esta Asociación presentamos recursos de apelación para sostener una protección indispensable mientras continúa la investigación penal.
La medida había sido dictada originalmente en agosto de 2024, luego de que la Fiscalía Federal denunciara la existencia de “La Mafia del Desmonte” entramado delictivo vinculado con el otorgamiento irregular de permisos de cambio de uso del suelo, recategorizaciones de predios y otras decisiones que permitieron desmontes ilegales en áreas protegidas.
La cautelar suspendió los desmontes en el territorio provincial, incluyendo permisos ya autorizados pero todavía no ejecutados y nuevos permisos que pudieran otorgarse. La causa investiga cómo decisiones administrativas, permisos forestales y posibles responsabilidades de funcionarios públicos y particulares pudieron articularse para permitir el avance sobre bosques que debían permanecer protegidos.
La resolución de primera instancia de agosto de este año había considerado que las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para poner fin a la cautelar. Entre otros argumentos, tomó en cuenta la aprobación de un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y sostuvo que no estaba acreditada la persistencia del riesgo que había motivado la medida. Desde AAdeAA cuestionamos esa decisión. Señalamos que un cambio en las normas no demuestra, por sí mismo, que haya cambiado lo que ocurre efectivamente en el territorio.También advertimos que seguían existiendo incertidumbres técnicas sobre las superficies investigadas, desmontes denunciados durante la vigencia de la cautelar y elementos pendientes de análisis.
El 17 de septiembre participamos de una audiencia ante la Cámara Federal junto con el Ministerio Público Fiscal. Allí sostuvimos la necesidad de revocar el levantamiento y mantener la protección mientras continúe la investigación.
La Cámara actúo bajo el planteo de que la modificación normativa no alcanza para demostrar que desapareció el riesgo concreto sobre los bosques. Para levantar una medida de estas características es necesario comprobar qué ocurrió realmente en las áreas involucradas y si las condiciones que llevaron a dictarla efectivamente cambiaron.
El propio Tribunal señaló que todavía existen dificultades técnicas y cartográficas para determinar cómo impactó el nuevo ordenamiento territorial sobre las superficies vinculadas a los permisos investigados. Por eso, sostuvo que sigue pendiente una evaluación objetiva de la situación actual del territorio.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal informó que dispuso la realización de una pericia ambiental a cargo de la Dra. Micaela Camino, profesional perteneciente al CONICET. La evaluación deberá aportar información técnica sobre el estado actual de las áreas involucradas, la eventual afectación del bosque nativo, su magnitud y sus consecuencias. Esos elementos serán centrales para determinar si persiste el riesgo que dio origen a la cautelar.
El fallo hace lugar a las apelaciones presentadas por la Fiscalía y por AAdeAA, revoca la resolución que había dispuesto el cese y ordena expresamente la continuidad de la medida cautelar hasta que se produzca y valore la prueba técnica pendiente. La decisión sostiene que existe incertidumbre sobre daños que pueden ser irreversibles, y por ende la protección no puede desaparecer antes de saber qué está ocurriendo efectivamente en el territorio.
Seguiremos impulsando la producción de prueba y defendiendo la vigencia de las medidas necesarias para impedir que el avance sobre los bosques vuelva irreversible un daño que la Justicia todavía está investigando. El bosque es más necesario que nunca.
The Argentinea Court of Río Grande granted the interim injunction requested by the Argentine Association of Environmental Lawyers and the Malvinas Islands Ex-Combatants Centre of La Plata. It ordered Rockhopper and Navitas to refrain from commencing or carrying out the oil exploitation works associated with the project known as “León Marino” and to disclose the technical, corporate and financial structure supporting the project.
Tierra del Fuego / Buenos Aires, 16 September 2026.
The Federal Judiciary ordered a halt to the commencement and physical execution of the León Marino oil project, referred to as Sea Lion by the companies, which Rockhopper Exploration and Navitas Petroleum intend to develop on the Argentine continental shelf, approximately 220 kilometres north of the Malvinas Islands. The ruling was issued by the Federal Court of Río Grande within the framework of the collective action for the prevention of environmental harm brought by the Argentine Association of Environmental Lawyers (AAdeAA) and the Malvinas Islands Ex-Combatants Centre of La Plata (CECIM).
Federal Judge Mariel Borruto granted the interim injunction and ordered the two foreign companies to refrain from commencing, continuing, carrying out or commissioning the physical works required to develop the oil exploitation project. The prohibition covers both offshore operations and the onshore and port infrastructure intended to support the project.
The decision represents a fundamental step forward in the defence of Argentine sovereignty and the protection of South Atlantic ecosystems. Faced with a project promoted under licences issued by the British occupation government, the Court affirmed the application of Argentine law and ordered preventive action before drilling begins and potentially irreversible damage occurs.
The interim injunction prohibits the British company Rockhopper Exploration and the Israeli company Navitas Petroleum Development and Production Limited from proceeding with:
Drilling into the seabed and marine subsoil for the development or exploitation of hydrocarbons.
The permanent installation of subsea infrastructure for the extraction or production of oil and gas.
The installation of pipelines, flowlines, injection, communication and control systems, and permanent mooring structures.
The installation or commissioning of floating hydrocarbon production, storage and offloading units.
The commencement of commercial oil and gas extraction or exploitation.
The onshore and port works intended to support those operations.
The prohibition also covers the expansion of port facilities, the construction or commissioning of logistics bases, drilling mud and cement preparation plants, chemical storage facilities, residential infrastructure and aviation support facilities connected with León Marino.
The order extends to any potential expansion of the project and to any wells or facilities functionally integrated into the undertaking.
The companies must continue to refrain from these activities until the environmental impact assessment procedure required by Argentina’s General Environmental Law has been conducted before the competent Argentine environmental authority and the corresponding decision has been issued, or until the Court rules otherwise.
The project is intended to be developed on the Argentine continental shelf and within Argentine maritime areas. The Court therefore held that its authorisation requirements and environmental safeguards are governed by Argentine law.
The decision also recognises that the environmental regulations and laws governing hydrocarbon exploration and exploitation on the Argentine continental shelf are mandatory, regardless of the companies’ nationalities or any permits they claim to have obtained from authorities other than those of Argentina.
Court orders disclosure of the hidden network behind the project
Rockhopper and Navitas will have ten court days from the date on which they are duly served to submit information and supporting documentation under oath.
The Court ordered them to disclose:
The current stage of implementation of León Marino.
The updated schedule for construction, drilling, installation and the commencement of exploitation.
The number, location and status of the planned wells.
The planned floating production, storage and offloading units.
The contracted drilling units.
The principal contractors and subcontractors involved in drilling, subsea infrastructure, logistics and production.
The corporate structure used to develop the project and each company’s shareholding.
The banks, investment funds and other actors that have specifically financed the undertaking.
The disbursements already made, committed and outstanding.
The insurers and reinsurers connected with the construction, drilling and exploitation stages.
The environmental studies and assessments conducted in relation to the project.
Risk assessments, oil-spill modelling and prevention, contingency and response plans.
The onshore and port infrastructure already built or planned.
Any planned expansions and additional wells.
This information will make it possible to determine the project’s true scale and reconstruct the chain of companies, banks, funds, insurers and contractors enabling it to move forward.
Preservation of documents and further proceedings
The ruling also requires the companies to fully preserve all technical, environmental, corporate, contractual, financial and insurance documentation connected with León Marino. The companies must refrain from destroying, altering, concealing or disposing of those documents in any way that could prevent their incorporation into the court proceedings.
The Court temporarily deferred its decision on the requested general prohibition against entering into financing agreements, receiving disbursements, making transfers, establishing guarantees or encumbering assets. Before ruling on those restrictions, it required the precise identification of the actors, transactions and assets involved.
Once that information has been incorporated into the case, the Court may order specific measures concerning financial transactions directly linked to the project. The interim injunction may be maintained, modified, expanded or lifted in light of the new evidence gathered in the proceedings.
The Argentine State must provide and demand information
The Court also ordered urgent requests for information to several Argentine State agencies.
The Environmental Impact Assessment Directorate must report whether any environmental procedure, project notice, environmental impact declaration or environmental clearance certificate exists in connection with León Marino. If such proceedings are initiated in the future, the Directorate must notify the Court.
The Secretariat of Energy must submit the administrative records concerning Rockhopper, Navitas and the other companies linked to the project. It must also report on the current validity and scope of existing sanctions and administrative proceedings.
The Argentine Ministry of Foreign Affairs must specify whether any of the companies, their parent companies, contractors or related entities received authorisation from the Argentine State to conduct hydrocarbon activities in the Malvinas Islands or the surrounding maritime areas. It must also report on investigations, declarations of clandestine activity, disqualifications and sanctions connected with the project.
Environmental sovereignty over the Argentine Sea
León Marino is a large-scale oil exploitation project intended to operate for more than thirty years. Its initial phases include 23 subsea wells, infrastructure installed on the seabed, a floating production and storage unit, and an extensive logistics and port base.
Rockhopper is a British company. Navitas Petroleum is Israeli and controls 65% of the project through a subsidiary incorporated in the United Kingdom. Rockhopper retains the remaining 35%.
The companies intend to proceed under permits granted by the British colonial administration that illegally occupies the Malvinas Islands. The exploitation would turn territorial occupation into the economic appropriation of Argentine natural resources and consolidate foreign oil infrastructure in the South Atlantic for decades.
The project threatens the Argentine Sea and South Atlantic Islands ecoregions. Drilling, underwater noise, the constant movement of vessels, the use of chemical substances, operational discharges and the risk of oil spills could affect feeding, breeding and migration areas used by whales, sea lions, elephant seals, penguins, albatrosses, petrels, fish, sharks, rays and other species.
Territorial sovereignty and comprehensive environmental protection form part of the same defence of our territory, ecosystems and identity. Exercising sovereignty in broad and comprehensive terms means deciding which activities may take place, enforcing Argentine laws and regulations throughout the entire national territory, assessing their consequences and protecting the commons from appropriation by foreign corporations.
The underlying legal action
The joint action brought by CECIM La Plata and the Argentine Association of Environmental Lawyers unites the defence of Argentina’s sovereign rights with the protection of the marine environment. The ruling recognises that the legal action is not limited to a technical or environmental dispute. At the heart of the case lies the defence of Argentine sovereignty over the Malvinas Islands and their maritime areas, together with the obligation to preserve the South Atlantic for present and future generations. At the same time, the global climate crisis makes it increasingly urgent to advance orderly and comprehensive global energy transition processes, including a debate on climate justice for affected territories.
For years, diplomatic declarations and public statements of opposition failed to prevent the companies from continuing their preparations for exploration and exploitation. This interim injunction constitutes concrete action: it orders the works to stop before drilling begins, requires information on the financial and corporate actors behind the project, and opens the possibility of further measures targeting the economic chain driving it forward.
The defence of Malvinas requires long-term public policies and coordinated action by all State institutions. The Federal Judiciary has taken a fundamental step. The ruling must now be effectively enforced to prevent Rockhopper and Navitas from consolidating a foreign oil exploitation project in Argentine maritime territory.
The project must be stopped before oil exploitation begins. Defending the Argentine Sea means exercising sovereignty.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar a nuestra apelación y revocó la decisión que había apartado a la Justicia Federal del caso. El expediente vuelve ahora al Juzgado Federal de Rawson, que deberá analizar la admisibilidad del amparo y el pedido de una medida cautelar urgente contra el acuerdo mediante el cual la Provincia del Chubut liberó a YPF de responsabilidades vinculadas con décadas de explotación petrolera.
Buenos Aires / Chubut, 15 de septiembre de 2026.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió que corresponde a la Justicia Federal analizar el amparo ambiental colectivo presentado por Jorge Spíndola y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra el Estado Nacional, YPF S.A. y la Provincia del Chubut. La decisión revoca la resolución de primera instancia que había considerado que el conflicto debía tramitar ante la Justicia provincial y había dispuesto el archivo de las actuaciones.
La Cámara reconoció la existencia de una cuestión federal dentro del conflicto. La demanda involucra al Estado Nacional y reclama que se determine su responsabilidad por los daños derivados de la explotación petrolera anteriores al 31 de diciembre de 1990, además de discutir la validez del Acta Acuerdo firmada entre Chubut e YPF el 26 de junio de 2026, la ley provincial que la aprobó y los actos administrativos utilizados para sostenerla.
La resolución representa un avance procesal importante: establece qué Justicia debe intervenir y permite que el amparo continúe. La Cámara todavía no resolvió sobre la validez del acuerdo ni sobre la medida cautelar solicitada. Esas cuestiones deberán ser tratadas ahora por el Juzgado Federal de Rawson.
La acción presentada cuestiona un acuerdo que acompaña la salida de YPF de distintas áreas petroleras maduras de Chubut. A través de ese instrumento se aprobaron transferencias de concesiones, una contraprestación extraordinaria de USD 25 millones y la entrega de distintos bienes e inmuebles. Al mismo tiempo, la Provincia asumió contingencias futuras vinculadas con los daños acumulados en las áreas y otorgó a YPF una liberación de responsabilidad frente a futuros reclamos.
El problema de fondo es especialmente grave porque la dimensión completa del daño petrolero todavía debe ser determinada. Las propias disposiciones administrativas citadas en el acuerdo ordenaron continuar relevando pozos, instalaciones y situaciones ambientales que no habían sido identificadas en las auditorías iniciales. Una de ellas prevé incluso un relevamiento complementario que puede extenderse durante tres años. A pesar de ello, el acuerdo busca cerrar responsabilidades antes de contar con una evaluación completa de lo que debe ser reparado.
La demanda pide que se determine mediante pericias e información pública qué daños existen, cuál es el costo de su recomposición y qué responsabilidades corresponden al Estado Nacional, a YPF y a la Provincia. También solicita una cautelar para suspender los efectos del acuerdo mientras se discute su validez, preservar la documentación y evitar modificaciones que dificulten posteriormente determinar el estado de los pozos y de los territorios afectados.
La discusión sobre las tierras destinadas a las familias afectadas por el Cerro Hermitte vuelve todavía más importante determinar el estado de esos terrenos. El derecho a una vivienda adecuada exige una solución habitacional rápida, pero también suelos seguros, estudiados y saneados cuando corresponda.
En los últimos días, la discusión judicial comenzó a vincularse con las tierras de los ex Almacenes de YPF en Km. 3 que el Gobierno provincial proyecta destinar a familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte. La situación de esas familias requiere una respuesta estatal urgente y definitiva. El acceso a una vivienda adecuada y la protección de la salud forman parte de una misma obligación pública. Las familias que deban ser relocalizadas necesitan viviendas con servicios, sobre terrenos cuya seguridad geológica y condición ambiental estén acreditadas antes de su ocupación.
Este criterio coincide incluso con lo señalado públicamente por funcionarios municipales: al tratarse de tierras vinculadas con la actividad hidrocarburífera, deben evaluarse previamente los posibles daños ambientales, y los lotes requieren los correspondientes estudios antes de ser entregados.
La discusión judicial obliga precisamente a esclarecer esas responsabilidades. Si un terreno requiere saneamiento por las consecuencias de la actividad petrolera, debe establecerse su condición, realizarse la reparación necesaria y determinarse quién debe pagarla. Transformar esos terrenos en una solución habitacional exige mayores garantías, porque allí vivirán familias que ya atraviesan las consecuencias de una emergencia territorial.
Comodoro Rivadavia lleva más de un siglo construyéndose sobre una explotación petrolera que dejó miles de pozos abandonados o inactivos, instalaciones antiguas, ductos y sectores cuya condición todavía debe ser relevada. La demanda identifica alrededor de 6.000 pozos dentro del ejido urbano y plantea la necesidad de conocer con precisión el estado de ese enorme legado antes de cerrar las responsabilidades de quienes explotaron esos territorios.
La decisión de la Cámara permite que esa discusión avance. Ahora corresponde que el Juzgado Federal de Rawson analice el amparo y la medida de protección solicitada. El objetivo es establecer responsabilidades y garantizar que los daños generados por décadas de extracción sean evaluados y reparados, también allí donde esos territorios serán destinados a nuevas viviendas
