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río Paraguay

¿Visión de cuenca?

Por Jorge Daneri (*) para Análisis Digital

Un conjunto no menor de normas jurídicas nacionales e internacionales a las que el Estado Argentino adhirió, determinan la necesidad obligatoria del desarrollo de una visión de cuenca y su trascendente gestión democrática y participativa. La conformación de Comités de Cuencas son trascendente y jurídicamente obligatorias. La construcción de decisiones políticas sobre el cómo gestionar nuestros ríos, no se deben tomar autoritariamente desde Buenos Aires, o más aún, desde la Presidencia de la Nación. Aceptarlo, rendirnos, entregarnos, vendernos o esclavizarnos frente a semejante realidad política, es negar la historia de nuestra conformación como Estado Nación y normalizar una barbarie ecocida. 

La conformación federal constitucional, como la titularidad en cabeza de las Provincias de “sus bienes naturales” exigen un respeto, cumplimiento y aplicación tal, que merecería calificarse como uno de los pilares intocables de la conformación del Estado de Derecho Federal y Republicano. Este contrato social institucional no puede ser violentado por nadie, más allá que sí lo viene siendo desde el nacimiento mismo del proyecto hidrovía Paraguay Paraná, liderado por las corporaciones financieras internacionales, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) y un conjunto de Presidentes totalmente alienados a las logicas del extractivismo depredador y desolador de las diversidades todas (económica, ecológica y cultural, además y esencialmente, política). 

La visión Artiguista federal, originaria en la creatividad de la visión y gestión de cuencas, es una reivindicación de ejercicio de las autonomías provinciales en su justo equilibrio, fruto de la concertación, de la conversación política y de la realización de estudios, investigaciones, debates y audiencias públicas de todo tipo, previo a decisiones que pueden cambiar las estructuras mismas del ser naturaleza de nuestros territorios, en particular, en el caso que nos trata y angustia ahora, de la Mesopotamia y el Litoral argentinos. 

El gobierno Nacional no debe hacer lo que se le ocurra con el río Paraná. Los Términos de Referencia (T de R) de los estudios de impacto ambiental como acumulativos, si así se ejecutaran, no pueden ser privatizados en semejante proyecto de ampliación de los procesos ingenieriles de mayores profundizaciones en los cauces principales (44 pies) como de ensanchamientos y posibles procesos de derrocamiento de pasos o áreas denominadas críticas para el tránsito de los barcos. La intransigencia de los Estados Provinciales en la participación en la conformación de esos términos de referencia de lo que se debe estudiar, del objeto de estudio, de investigaciones, etc, debe ser sustantiva y de extrema seriedad para que los estudios no sean un dibujo más de la corrupción de los intereses en cuanto a la concreción supuestamente objetiva del o los proyectos que se proponen para ejecutar sí o sí, porque responden a intereses económicos mega gigantes del modelo extractivista exportador. 

Es un debate sobre democracia federal ambiental o zona de sacrificio resuelta en la mesa chica de algún país con sede de instituciones financieras que deciden el presente y futuro de la Nación toda. 

Este escenario se agrava aún más, frente a la decisión de excluir a la máxima autoridad ambiental nacional de todo este contexto, con una responsabilidad política y jurídica gigante por parte de su Secretario Daniel Scioli, como de los firmantes de los Decretos Nacionales que así lo determinan, con el agravante de igual categoría, frente a la extinción del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Los artículos 41, 42, 43 y 124 de la constitución nacional, ingresan en la crisis del abuso de derecho, del autoritarismo. 

No son pocas las normas de la Constitución de Entre Ríos que también se agravian brutalmente. El silencio del gobierno Provincial es alarmante. Ojalá algo suceda para escuchar a quienes deben expresarse. No hacerlo, es entregarse al peor escenario político posible. La insustentabilidad ecológica como económica de semejante silencios, tiene una proyección en el tiempo inaceptable. Más aún cuando este silencio brota oscuro desde el Poder Legislativo Provincial. 

La escala de afectación a los bienes naturales de los entrerrianos, a sus derechos humanos de acceso al agua saludable como sus diversidades en el sistema de humedales y ecosistemas asociados, pude resultar catastrófica.

Hemos expuesto frente a la autoridad ambiental provincial, que el reciente Tratado de la Región Litoral, puede ser un escenario propicio para la conformación del comité de cuenca, pero para contemplar, cuidar y apreciar el río como tal, como un ser naturaleza, un ser nosotros y no priorizado como eje en la profundización del modelo mal nacido de hidrovía o vía con todo lo que su expansión modela en mega escala de impactos negativos hacia los territorios y sus pueblos.

El reciente artículo del periodista Tirso Fiorotto titualdo “En 2025 cumplen 210 años dos consignas “tajantes como navaja” | Análisis lo expresa dese la historia que se intenta borrar como negar y la sutil poesía del autor. 

Finalizar estas reflexiones con un párrafo de Fiorotto, que lo expone como nadie, como Artigas lo haría hoy: 

“Las sucesivas gestiones provinciales se muestran distantes de los principios confederales, y cuando buscan defender algunas facultades propias lo hacen desde una perspectiva estatal, también vertical, sin atender al centro de la cuestión: la participación comunitaria.

Es que el protagonismo de los pueblos exige a las dirigencias salir de su zona de confort y emprender reformas a la altura de las circunstancias. Desempleo, desarraigo, hacinamiento, concentración de las riquezas, no sintonizan con la banda roja de 1815, claro está, y tampoco con el legado que medio siglo después difundiera Alejo Peyret (siguiendo El Principio Federativo de Proudhon). Para Peyret (como para Artigas antes) aquí el unitarismo era despotismo, y la federación, libertad. “Buenos Aires era la cabeza hipertrofiada a expensas de la nación entera. El unitarismo no podía dar y nunca dará otros resultados”, afirmaba y presagiaba con gran acierto Peyret, según el rescate de Américo Schvartzman.”

La gestión de la cuenca del Paraná en el tramo argentino, necesita de la convicción y el compromiso de traer el pensamiento y la acción del Artiguismo al ejercicio del federalismo de concertación, esa democracia ambiental donde la bandera de la tierra de los ríos libres con su rojo fuerte, la de Artigas, pueda volver a flamear con la dignidad de la historia de sus pueblos libres, autónomos, sus principios, los cuales hoy aún brillan en la reformada Constitución de la Provincia. No honrarla es violarla. “

La palabra, cuando se expresa como juramento, para algunos, tiene un valor -el de nuestros viejos políticos, militantes, docentes, académicos, obreros, jornaleros, amas de casa, emprendedores a escalas humanas, seres todos de buena madera- más aún si no lo tiene para el violador, si es solo una formalidad, que en los hechos se vuelve una palabra vacía, o una no palabra.

(*) Miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Abrir el futuro

El agua vale más que el oro: exigimos justicia ambiental para Ingeniero Jacobacci

Viedma, 23 de diciembre de 2024. 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, nos hemos presentado como Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. En articulación con diversas comunidades territoriales, respaldamos el plebiscito impulsado por el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci, que busca dar voz a la comunidad sobre la instalación de la megaminería con el llamado Proyecto Calcatreu.

El proyecto Calcatreu es un emprendimiento de megaminería aurífera que pretende operar en las cercanías de la ciudad de  Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. Este proyecto propone la extracción de oro mediante el uso de cianuro, un compuesto químico altamente tóxico que representa un riesgo crítico para los sistemas hídricos de los cuales dependen las comunidades y para los ecosistemas locales. La extracción a cielo abierto implica remover grandes volúmenes de tierra, un proceso que consume enormes cantidades de agua en una región caracterizada por su aridez y vulnerabilidad hídrica.

Calcatreu no solo amenaza con contaminar las napas subterráneas y reducir la disponibilidad de agua para las comunidades, sino que también perpetúa un modelo extractivista que históricamente ha dejado destrucción ambiental, pobreza y dependencia económica en las regiones afectadas. Este proyecto, presentado como una promesa de desarrollo, pone en riesgo la salud, la biodiversidad y las actividades productivas tradicionales de Ingeniero Jacobacci, como la ganadería y la agricultura, comprometiendo su sostenibilidad y calidad de vida a largo plazo. No podemos aceptar que se avance sin la licencia social de quienes sufrirán las consecuencias directas.

A su vez, las comunidades indígenas y territoriales, principales guardianas de estos ecosistemas, no han sido consultadas, en flagrante violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige su participación en decisiones que afecten sus territorios. Este atropello no solo desconoce sus derechos constitucionales, sino que perpetúa una lógica colonial para justificar el saqueo de sus tierras.

La participación ciudadana no es negociable. El plebiscito es una herramienta fundamental para garantizar la participación ciudadana, derecho consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Estas normativas no son adornos legales, son pilares de una democracia que reconoce que el ambiente no es un recurso, sino uno de los comunes necesarios como base de la vida misma.

A su vez, rechazamos rotundamente las recientes afirmaciones del intendente Mellado de que la audiencia pública realizada sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es suficiente. Las audiencias no son vinculantes y se limitan a recibir opiniones, mientras que el plebiscito pone en manos del pueblo la decisión final sobre el futuro de su territorio. No permitiremos que las autoridades confundan deliberadamente a la población para evitar que ejerza su derecho a decidir.

En nuestro país los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. La historia reciente de Argentina y de América Latina nos enseña que, sin participación ciudadana efectiva, los intereses mineros avanzan a costa de las comunidades y los ecosistemas. El plebiscito en Jacobacci es una oportunidad histórica para demostrar que otro camino es posible, uno que respete la vida, el agua y la dignidad de las personas.

La megaminería como la que propone el proyecto Calcatreu no solo pone en riesgo el ambiente local; perpetúa un modelo económico insostenible basado en exportar nuestros bienes naturales a costos irrisorios, sin beneficios reales para las comunidades afectadas o el país. A su vez, Calcatreu es un emblema en Río Negro ya que detrás de este proyecto se encuentran en puerta 53 proyectos mineros más.

Exigimos al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ratifique el plebiscito de Calcatreu, asegurando el respeto por el derecho de los habitantes de Ingeniero Jacobacci a decidir sobre su futuro. Este caso es un símbolo de la lucha por una Argentina que priorice la vida sobre la ganancia, el cuidado del ambiente sobre la explotación, y la participación ciudadana sobre los intereses corporativos.

Península Valdés y Golfo San Matías

Península Valdés y Golfo San Matías: organizaciones reclaman audiencia pública por el puerto petrolero 

Un colectivo que agrupa a cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales solicitaron una medida cautelar para garantizar la participación de la ciudadanía de Chubut en el debate por la realización del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales se presentaron en el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Rio Negro, solicitando una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.

“La biodiversidad no entiende de fronteras y quienes trabajan por su conservación al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”, dijo Roxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas.

La planificación del oleoducto con las monoboyas en el Golfo San Matías fue posible debido a  la modificación de la Ley 3308 que lo protegía. La reforma, a cargo de la Legislatura de Río Negro, fue realizada de manera inconsulta y vulnerando los principios de no regresión y de progresividad en las condiciones de protección ambiental incluídos en la normativa ambiental vigente, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La ley reformada otorgaba explícitamente protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos que produce la actividad petrolera, como la contaminación por hidrocarburos. 

En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande, donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona, no sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático. 

“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.

“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.

Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.

Megaproyecto Vaca Muerta

Presentación Pública de la Sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el Caso Megaproyecto Vaca Muerta

Neuquén, 29 de octubre de 2024 – El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentará el próximo lunes 4 de noviembre el veredicto oficial sobre el caso “Megaproyecto Vaca Muerta”, en el cual se documentaron graves impactos del megaproyecto de fracking en la región patagónica de Argentina sobre la Naturaleza y los derechos ahumanos. La presentación de la sentencia será la culminación de un proceso que comenzó en diciembre de 2019 y que incluyó una visita de campo en marzo y abril de 2023 para recolectar evidencia en terreno.

El lunes 4 de noviembre a las 09:30 hs., se hará entrega de la sentencia ante diversas autoridades publicas y organismos oficiales, comenzando con la Gobernación de Neuquén, dónde también convoca a la prensa frente a la Casa de Gobierno provincial para este evento abierto, dónde los y las jueces y juezas del Tribunal y organizaciones locales atenderán a los medios de comunicación.

A las 11:00 hs., la delegación se dirigirá a la Ruka de la Meseta donde entregará formalmente el veredicto a la Confederación Mapuche de Neuquén.

Luego por la tarde, a las 17 horas, se hará la presentación pública de la sentencia en la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén. Este evento será abierto al público con registro presencial y en línea.

Finalizado esto último, la agenda del Tribunal continuará el día martes 5 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más actividades, entre las que se incluyen la presentación del libro “La naturaleza sí posee derechos”, de los autores Alberto Acosta y Enrique Viale, de lanzamiento reciente por la editorial Siglo XXI, que tendrá lugar a las 17 hs. en Yunta Bar.  

Contexto y antecedentes

Vaca Muerta, una de las principales reservas de petróleo y gas no convencional del mundo, se ha convertido en un territorio de alta disputa. La explotación masiva mediante fracking en la región ha resultado en profundos impactos ambientales y sociales, particularmente para las comunidades locales, entre ellas los pueblos indígenas mapuches. Durante la visita de campo, la delegación del TIDN documentó denuncias de contaminación del agua y aire, afectaciones de salud en las comunidades, y la criminalización de la resistencia comunitaria frente al avance del extractivismo.

Los resultados preliminares de la visita, presentados ante el Congreso Nacional en 2023, ya habían puesto en evidencia una crisis ambiental y de derechos humanos. Las comunidades locales enfrentan la contaminación de fuentes de agua, movimientos sísmicos relacionados con el fracking y un acceso limitado a servicios básicos, como el agua potable. La presencia de basurales petroleros abandonados y el desmedido impacto de la industria en la biodiversidad reflejan un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límites, que ha empobrecido a la región y puesto en riesgo el equilibrio ecosistémico y la salud de los habitantes.

El veredicto del TIDN sobre el caso de Vaca Muerta es un llamado urgente a repensar el vigente modelo de explotación de combustibles fósiles en la región y a defender los Derechos de la Naturaleza y de sus comunidades. Esta sentencia ética tiene como objetivo sentar un precedente en la lucha contra el extractivismo desmedido y plantea la necesidad de una transición justa, popular y post-extractivista.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza y los de sus defensores y defensores. Los veredictos éticos del Tribunal podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

En está ocasión el panel de jueces y juezas se encuentra integrado por Patricia Gualinga (Ecuador), Alberto Acosta (Ecuador), Yuvelis Morales (Colombia), Rafael Colombo (Argentina), Claudia Aboaf (Argentina), Enrique Viale (Argentina) y Gabriela Cabezón Cámara (Argentina). 

Contacto de prensa:

Para más información del Tribunal y el caso Vaca Muerta, visitar: https://www.rightsofnaturetribunal.org/tribunals/vaca-muerta/?lang=es

Mafia del desmonte

Denunciamos a la Mafia del Desmonte en el Vaticano: Conferencia Internacional para reparar el daño

Roma, Italia — En el marco de la Conferencia Internacional titulada “El Uso Social de los Bienes Confiscados”, organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional LÍBERA en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)-Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas tiene la responsabilidad de llevar el caso de la Mafia del Desmonte, y su participación en el desmonte ilegal en Chaco, Argentina, ante una audiencia de alto nivel. El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el Vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el Director Ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista Italiano Luigi Ferrajoli y el Fiscal Jefe Antimafias de Italia, el Cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.

El abogado Enrique Viale expuso en el panel titulado “Sociedad Civil Organizada y Políticas Centradas en la Doctrina del Desarrollo Humano Integral: El Rol del Estado en la Búsqueda y Construcción del Bien Común”. Su intervención destaca el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte y el extractivismo  y en la promoción de la justicia social y ambiental.

El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA ha sido la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la Naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social-  a comunidades afectadas. Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el Yaguareté en el Gran Chaco.

La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que “el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades”, subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.

La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global. 

El desmantelamiento de estás Mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más  justa e igualitaria, incluso con la Naturaleza.

Se suspenden los demontes en el Chaco
Desmonte en Chaco

DESMONTE EN CHACO: CHARLA PÚBLICA INFORMATIVA

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Colectivo Somos Monte CHACO invitan a la comunidad a participar de una charla informativa sobre los avances en la causa presentada contra los desmontes en la provincia del Chaco

El evento se realizará el viernes 2 de agosto a las 18:00 horas en la Librería La Paz, ubicada en la Av. 9 de Julio 359 (Resistencia).

La charla contará con la presencia del abogado ambientalista Enrique Viale. Se abordarán temas de gran relevancia ambiental y social, incluyendo la megadenuncia penal por el Desmonte presentada ante la Justicia Federal de Chaco. 

Mediante imágenes satelitales, se detectó que durante el primer semestre del año se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte del país, un 15% más que en el mismo período de 2023. La situación más grave se da en Chaco donde la mayoría de los desmontes son ilegales. En la que todos los desmontes se realizaron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020, alcanzando un total de 27.148 hectáreas.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal titulada “La Mafia del Desmonte en Chaco“, detallando una trama de corrupción entre funcionarios y empresarios que facilita la deforestación en la provincia. Se acusa a altos funcionarios, incluyendo al Ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs, de otorgar permisos de desmontes ilegales. La denuncia revela la participación de funcionarios que, a lo largo de los años, han cambiado de roles para favorecer sus propios intereses, violando leyes y regulaciones ambientales.

La deforestación en Chaco ha tenido un impacto devastador tanto ambiental como social, afectando gravemente a las comunidades indígenas y campesinas, así como a especies en peligro de extinción. La ley de ordenamiento territorial de bosques nativos aprobada en abril de 2024, facilita el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, lo que ha sido un golpe significativo para la conservación de estos ecosistemas. 

Además, se expondrán los nombres de las empresas y empresarios involucrados en la deforestación ilegal y la explotación de recursos naturales, destacando sus vínculos con el poder político. Entre las empresas implicadas se encuentran aquellas dedicadas a la extracción de tanino, un subproducto de los quebrachos desmontados, que promueven una economía extractivista y colonial.

La charla contará con la presencia de destacados abogados ambientalistas y representantes de organizaciones socioambientales como Somos Monte y CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), quienes brindarán un panorama completo sobre la situación actual y las acciones legales emprendidas.

Convocan a este evento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Somos Monte y CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial). 

La entrada es libre y gratuita, y esperamos contar con la participación de toda la comunidad interesada en la protección de nuestros bosques y la justicia ambiental.

Fecha y Hora: Viernes 2 de agosto, 18:00 horas
Lugar: Librería La Paz, Av. 9 de Julio 359

Para más información, contactar: Prensa Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Enrique Viale Tel: +54 9 11 5120-7518

Foto: Greenpeace

Defensores del Pueblo, el río los necesita

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentamos acciones para profundizar en la defensa de nuestras cuencas. Fortalecer la soberanía ambiental en Argentina plantea serias implicancias para la justicia ecosocial.

En marzo de 2024, se reveló un Memorándum de Entendimiento firmado entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Este acuerdo, cuyo texto completo está disponible aquí, abarca la gestión de cuencas hidrográficas, control de inundaciones, preservación de ambientes fluviales y sedimentación. Fue firmado en enero de 2024, pocos días antes de que finalizara el mandato del Presidente Alberto Fernández, y ratificado por el actual gobierno. Lo más preocupante es que este acuerdo se realizó sin el consenso de las provincias involucradas, violando así principios fundamentales de nuestro federalismo

La AGP ha excedido sus competencias, interfiriendo en áreas de mayor jerarquía ambiental y omitiendo la participación de organismos clave como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Esto contraviene acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este tratado regional promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones ambientales.

El federalismo de concertación requiere la colaboración entre el gobierno nacional y las provincias para gestionar los recursos naturales de manera consensuada. La falta de consulta y consentimiento previo de las provincias en este Memorándum viola la Constitución y las leyes provinciales. Por ejemplo, la Ley de Libertad de los Ríos de Entre Ríos exige la intervención del poder legislativo provincial para cualquier proyecto que afecte sus ríos y bienes comunes.

El modelo de desarrollo implícito en este acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos refuerza una visión extractivista y centralizada de la gestión de recursos, que es precisamente la que ha llevado a la actual crisis climática y ambiental. Este tipo de acuerdos perpetúa la dependencia y la subordinación a intereses externos, alejándonos de las alternativas al desarrollo que promueven la autonomía, la justicia ecosocial y la sostenibilidad.

Desde CAJE-AAdeAA proponemos la creación de un Comité de Cuenca del río Paraná, que garantice una gestión con mirada de cuenca y respetuosa de nuestra soberanía. Este comité permitiría una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones y aseguraría que las decisiones se tomen de manera consensuada y democrática, protegiendo nuestros bienes comunes y los derechos de las comunidades afectadas.

Instamos a las autoridades a revisar este Memorándum y garantizar que cualquier acuerdo futuro respete las competencias legales y el federalismo de concertación.

Solicitamos a su vez la Defensoría del Pueblo de la Nación que intervenga y emita una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y a las provincias involucradas. Es crucial clarificar y transparentar los pasos irregulares de la construcción de este Memorándum y asegurar que cualquier futura cooperación internacional sea legal, justa y sustentable.

Búsqueda laboral: Comunicación Digital

La Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas se encuentra en la búsqueda de una persona para cubrir un puesto fijo de tiempo parcial en el área de Comunicación y Prensa.

📌 Perfil:

  • Experiencia en producción de contenido digital y gestión de redes, al menos dos años en puestos de comunicación digital y/o comunicación institucional.
  • Experiencia previa trabajando con herramientas de análisis de redes.
  • Actualización de tendencias en redes.
  • Excelente comunicación oral y escrita.
  • Autonomía y capacidad para trabajar en equipo de forma remota. 

📌 Principales tareas y responsabilidades:

  • Compromiso con los valores de la organización.
  • Gestión de redes (Instagram, TikTok, Twitter)
  • Propuesta y generación de contenido para redes sociales.
  • Cobertura de eventos en vivo, o de forma remota. 
  • Redacción, edición y difusión de copys para redes, gacetillas, comunicados de prensa y columnas de opinión.
  • Asistencia en planificación e implementación de estrategias digitales.
  • Remuneración ofrecida: 630 USD mensual.

📌 Deseable (no excluyente)

  • Conocimiento previo y/o experiencia en temas ambientales.
  • Conocimiento previo y/o experiencia en temas legales.
  • Visión de comunicación estratégica.
  • Buen nivel de inglés oral y escrito.
  • Grado terciario (o superior) o estudios avanzados en Comunicación Social, Periodismo o carreras afines, reemplazable por al menos 5 años de la experiencia mencionada en el ítem anterior. 

🔗 Para aplicar, enviar un correo a comms@aadeaa.org con:

  • CV de máximo 2 carillas.
  • Al menos tres ejemplos de contenido digital, así como cualquier otro material que consideres valioso para demostrar idoneidad.

Cautelar en San Nicolás para protección de los humedales

Puentes Rotos: Solidaridad con el abogado Fabian Maggi

Por medio de la presente, y en solidaridad con el Abogado Fabian Maggi, vemos con enorme preocupación y REPUDIAMOS enérgicamente las acciones realizadas en el domicilio del mencionado abogado por parte de integrantes de una cooperativa de San Nicolas, que bajo el formato de “manifestación” coaccionaron y extorsionaron y hostigaron tanto a Maggi como a su núcleo familiar. Esta acción esconde un apriete encubierto realizado por una organización delictiva conformada, entre otros por el Intendente Passaglia y su hermano, además del concejal Luquelli y el Diario del Norte.

La gravedad de lo sucedido no solo afecta los derechos personales del afectado y su familia, sino que son una clara señal a para todos los defensores ambientales, expresamente protegidos por el bloque de legalidad y constitucionalidad, y específicamente por el Acuerdo de Escazú, bajo cuyas órgano de contralor denunciaremos lo sucedido.

El hostigamiento siempre es un hecho repudiable, pero más aun cuando proviene del propio Estado.

Sr. Intendente Manuel Pasagglia: Fabian Maggi no está solo. Las personas y organizaciones que suscriben el presente respaldan su trabajo en defensa de los derechos de incidencia colectiva y, principalmente, del derecho a un ambiente sano, y denunciaran oportunamente cada acción en su contra.

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Alberto Nallar

Repudio a la condena contra el abogado Alberto Nallar

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresan su más enérgico repudio y denuncia ante la condena judicial del abogado Alberto Nallar, por su labor en defensa del derecho a la protesta de miembros de comunidades indígenas y de otros colectivos en contra de la reforma constitucional aprobada y sancionada el pasado 20 de junio en la provincia de Jujuy. La condena a un abogado por defender los derechos humanos de la ciudadanía jujeña es una escalada más de las instituciones de esa provincia en contra de la vigencia de un estado democrático de derecho. 

Alberto Nallar ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, se le impuso una multa de 7 millones de pesos y se le inhabilitó para ejercer su profesión, todo ello bajo acusaciones de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia y motín. Estas acusaciones carecen de fundamentos, tanto fácticos como legales sólidos.

La condena de Alberto Nallar es una violación grave a la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades y la defensa de los derechos de lxs manifestantes en una sociedad democrática.  Exigimos la revisión inmediata de esta sentencia y la protección de los defensores de derechos humanos en Jujuy y en todo el país. La criminalización judicial de lxs abogadxs defensores de derechos humanos y socioambientales contradice explícitamente lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se pronunció para que el gobierno jujeño garantice el derechos a la protesta en lugar de limitarlo. Lamentamos que el gobierno provincial haya impulsado estas acusaciones infundadas y que el poder judicial jujeño haya avalado este pedido, demostrando una vez más su falta de imparcialidad y su incumplimiento de sus deberes de control.

La Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas apoya el pedido de organizaciones en el compromiso de informar sobre esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instancias que han reclamado en reiteradas ocasiones por la no criminalización de manifestantes en Jujuy y en otras partes del mundo.

Nos solidarizamos con Alberto Nallar y todas las personas que luchan por la justicia social y ambiental a lo largo de todo el país. La lucha por los derechos humanos y la justicia no puede ser criminalizada ni silenciada.