Archivos de categoría: Vaca Muerta

Investigamos y accionamos para prevenir y minimizar los enormes efectos ambientales y sociales del mega-proyecto Vaca Muerta sobre las poblaciones y territorios.

Arenas siliceas

El Delta, hacia una urgente y democrática Evaluación Ambiental Estratégica

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con el Colectivo de Acción por la Justica Ecosocial (CAJE) a realizado una conjunto de solicitudes de acceso a la información pública ambiental y una serie de propuestas de acción política y técnica destinadas al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, atento su rol de dirección, por un período, del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).

En primera instancia, se solicita se provea la documentación completa relacionada con la extracción, explotación, procesamiento y transporte de arenas silíceas con destino al yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

La profundización del modelo extractivista de las arenas silíceas en el territorio provincial, particularmente en el contexto de su sistema de humedales,  es realmente alarmante. En la presentación, se propone la utilización de dos herramientas precisas dispuestas en la renovada Constitución Provincial de Entre Ríos, con carácter de urgente, un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica.

Fundamenta lo que promovemos en el marco de la Constitución Provincial, su artículo 84 ordena que: “Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales. La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.”

En esta línea, el Estado nacional dispone de la Resolución de la máxima autoridad ambiental Número 434/19 en la que se establece todo el proceso de desarrollo de la herramienta técnico  institucional de Evaluación Ambiental Estratégica.

No podemos dejar de mencionar, que el PIECAS desarrollo una de las primeras experiencias  en el País aplicando la misma, hace casi 15 años, siendo un documento relevante para su consideración en esta segunda iniciativa que aquí promovemos a la autoridad provincial y por su intermedio, al seno del PIECAS.

En primera instancia se requiere de la Provincia de Entre Ríos: 

1. Detalle de un listado pormenorizado de la totalidad de los emprendimientos de extracción de este tipo de arenas para su comercialización y destino hacia Vaca Muerta, desde su comienzo hasta la actualidad.

2. Se nos provea de un amplio Mapa con cada una de las ubicaciones, de modo digital o en papel, o en su caso, las coordenadas georreferenciadas de cada explotación, tanto para extracción como para procesamiento.

3. Se nos haga llegar copia de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental y/o actos administrativos de aprobación o rechazo de los mismos de conformidad a los Decretos Reglamentarios vigentes sobre EIA.

4. Se nos informe los proyectos en ejecución de extracción de las arenas en cuestión, que no se encuentren autorizados, aprobados y que tengan en trámite sus EIA correspondientes.

5. Se nos informe de las explotaciones clandestinas de las que vuestra autoridad tenga conocimiento y si existen, en cada caso, sanciones, multas y clausuras.

6. Detalle de las causas judiciales vinculadas a cada uno de estos emprendimientos extractivos, de cualquiera de los fueros donde se tramitan.

7. Se nos informe sobre las empresas habilitadas para transportar dichas arenas, los medios de transporte utilizados.

Especial petición y propuesta:

Finalmente y en segunda instancia peticionamos, en atención al documento de Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica existente en el PIECAS, se adopte la iniciativa de desarrollar una renovada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con foco en este escenario que tome como área de trabajo, el Delta y el Pre Delta en todo su conjunto y sinergias. Requerimos se avance paralela y sinérgicamente, en el desarrollo de los Términos de Referencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, de la totalidad de los emprendimientos de extracción de dichas arenas silíceas con destino a Vaca Muerta, más aún en las dos Áreas Naturales Protegidas de humedales que se encuentran en el territorio que nos ocupan, como dos Parques Nacionales y un Sitio RAMSAR, entre otras razones vinculados al concepto de sistema de humedales y sus ecosistemas asociados que nuestra Constitución Provincial (Art. 85) expresamente ordena proteger con especial foco, frente a escalas que parecerían absurdas por lo que hasta aquí se conoce.

 (*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE).

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa: se profundiza en la cadena de contaminación y fraude

Neuquén, 17 de febrero de 2025 – Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial celebramos la decisión de a Sala 6 del Poder Judicial de la provincia de Neuquén que decidió aceptar nuestra solicitud y extender por seis meses la investigación contra Comarsa S.A., la empresa responsable de la acumulación y traslado ilegal de residuos petroleros. 

Esta medida responde a la necesidad de esclarecer la responsabilidad de todas las empresas involucradas en el fraude y la contaminación denunciados. El juez Gustavo Ravizzoli ordenó la ampliación de la investigación y la solicitud de información al gobierno provincial, Comarsa, YPF y otras compañías que enviaron residuos a la tratadora.

La justicia aceptó la reformulación de cargos, reafirmando que se trata de un caso de contaminación peligrosa y fraude. Se mantendrá la calificación de “causa compleja” y se extendió el plazo de investigación por seis meses más. Además, se confirmó la continuidad de los embargos preventivos sobre la empresa para garantizar recursos en caso de una eventual condena y reparación del daño ambiental.

Desde 2013, Comarsa ha acumulado 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en terrenos que no le fueron habilitados, incluyendo espacios públicos. La empresa recibió material contaminante de la industria petrolera, lo trató deficientemente y lo depositó de manera ilegal en el Distrito 6 de Neuquén. Durante años, las autoridades provinciales y municipales permitieron este accionar, avalando una práctica que pone en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.

El traslado de residuos iniciado en diciembre de 2024 hacia la localidad de Añelo genera nuevas sospechas. La fiscalía y las querellas exigen conocer en detalle dónde están depositando los contaminantes y qué tipo de tratamiento se les está dando. Sin embargo, hasta el momento, solo hay información fragmentaria obtenida de comunicados oficiales sin verificación independiente.

El fiscal jefe Maximiliano Breide amplió la acusación, imputando a los dueños y gerentes de Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y defraudación. La investigación contable reveló ocultamiento del pasivo ambiental, falsificación de balances y omisión deliberada de información a YPF y otras empresas contratantes. Se encontraron registros en cuadernos personales del dueño de Comarsa, que detallan una operatoria paralela para encubrir la situación real de la empresa.

A pesar de la evidencia, la defensa intentó sin éxito frenar la investigación. Los abogados de los acusados minimizaron el daño, incluso comparándolo con “las deposiciones de un perro en la vía pública”. Pero como demostró la fiscalía,  Comarsa contaminó suelos de manera ilegal, operando sin habilitación y ocupando terrenos de la municipalidad de forma clandestina.

El juez Gustavo Ravizzoli definirá si la investigación se extiende a nuevas empresas involucradas en la cadena de contaminación y fraude. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige que se garantice el derecho a la información pública y que se detenga la impunidad de los responsables.

La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera. La crisis de residuos provocada por la explotación hidrocarburífera del megaproyecto Vaca Muerta es una advertencia ineludible. La contaminación en Neuquén es un eslabón más de este esquema de saqueo y expoliación. Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias, que garantice acceso universal a la energía y respete los territorios y comunidades. 

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Península Valdés y Golfo San Matías

Península Valdés y Golfo San Matías: organizaciones reclaman audiencia pública por el puerto petrolero 

Un colectivo que agrupa a cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales solicitaron una medida cautelar para garantizar la participación de la ciudadanía de Chubut en el debate por la realización del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales se presentaron en el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Rio Negro, solicitando una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.

“La biodiversidad no entiende de fronteras y quienes trabajan por su conservación al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”, dijo Roxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas.

La planificación del oleoducto con las monoboyas en el Golfo San Matías fue posible debido a  la modificación de la Ley 3308 que lo protegía. La reforma, a cargo de la Legislatura de Río Negro, fue realizada de manera inconsulta y vulnerando los principios de no regresión y de progresividad en las condiciones de protección ambiental incluídos en la normativa ambiental vigente, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La ley reformada otorgaba explícitamente protección a las aguas jurisdiccionales de los impactos que produce la actividad petrolera, como la contaminación por hidrocarburos. 

En julio de 2023, las autoridades provinciales convocaron a una audiencia pública presencial para el 17 de agosto, en la ciudad de Sierra Grande, donde solamente podían participar residentes de Río Negro que se desplazasen hasta alli. Esto suscitó una fuerte oposición por parte del movimiento socio-ambiental vecinal y de las comunidades de pueblos originarios de la zona, no sólo a raíz de las restricciones y obstáculos que debieron enfrentar en el acceso a la audiencia, sino también por la documentación presentada por YPF en torno al Estudio de Impacto Ambiental, las cuales viciaron el proceso democrático. 

“Restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”, dijo Fabricio Di Giacomo, de Las Grutas.

“El retroceso en la protección del Golfo San Matías es inconstitucional y el oleoducto atenta contra la biodiversidad de Península Valdés, sitio de patrimonio de la humanidad que atrae el turismo en la provincia de Chubut, una actividad fundamental para dinamizar la economía de nuestras comunidades que desde hace 22 años le decimos no a la megaminería, no al extractivismo y sí al turismo, al agua y la vida”, agregó Cristina Aguero, de “Asamblea Esquel No a La Mina”.

Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.

Pueblo originario pide a la SEC que investigue a las empresas de fracking que operan en Argentina

por By Katie Surma, Keerti Gopal para Inside Climate News

NUEVA YORK—En una mañana lluviosa en el distrito financiero de Manhattan, Jorge Nawel llegó a la oficina regional de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con una carta. Como líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, una comunidad de pueblos originarios de Argentina, solicitaba a la comisión que investigue a las empresas que realizan fracturación hidráulica en su país y que cotizan en bolsas de valores de EE. UU.

La carta, escrita en español y dirigida al presidente de la SEC, Gary Gensler, fue revisada por Inside Climate News. En ella se hacía referencia a las operaciones de fracking en la región norte de la Patagonia argentina, conocida como Vaca Muerta, desde principios de la década de 2010. Vaca Muerta es una zona del tamaño del estado de Maryland y hogar de decenas de comunidades mapuches.

Nawel—acompañado por Gonzalo Vergez, abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y Sandra Silva, directora regional para América Latina y el Caribe de la organización sin fines de lucro Thousand Currents—entregó la carta a dos empleados de la SEC el jueves.

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“Queremos dejarles este documento en sus manos, para llamar la atención sobre el gran impacto que está teniendo esta tecnología”, dijo Nawel en español, con Silva interpretando. “Esperamos que esto pueda llegar a manos de los líderes de la comisión”.

La Confederación Mapuche solicitó al regulador de valores que investigue “urgentemente” las “consecuencias de la explotación descontrolada” de hidrocarburos y elabore un informe público sobre la situación “ambiental, social y cultural” en Vaca Muerta. La carta también insta al regulador a informar a los inversores sobre los riesgos de invertir en empresas que operan de manera “ambientalmente inaceptable”.

La ley de valores de EE. UU. se enfoca principalmente en la transparencia mediante reglas de divulgación obligatoria que requieren que las empresas proporcionen información veraz a los inversores sobre sus operaciones. En los últimos años, los defensores han presionado a los reguladores para que adopten reglas que requieran la divulgación de riesgos ambientales y de derechos humanos.

Jorge Nawel, líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, frente a la icónica estatua del toro de Wall Street el 26 de septiembre. Crédito: Keerti Gopal/Inside Climate News.

La carta de la organización mapuche alega que las empresas que cotizan en EE. UU. están operando en Vaca Muerta con poca supervisión. Las empresas están liberando gas metano “sin control estatal” y no han sido transparentes sobre la cantidad de gas quemado en el campo mediante venteo, según alega la carta. Los gases, que contienen benceno y otras sustancias tóxicas, pueden afectar la salud humana, dice la carta.

El fracking en Vaca Muerta ha provocado más de 500 terremotos y grandes volúmenes de residuos, lo que representa una amenaza para las personas y el medio ambiente, según alega la carta.

“Nuestra cultura está amenazada, nuestros territorios son invadidos y contaminados, nuestra flora y fauna están envenenadas, nuestro aire está afectado por químicos y nuestro suelo está temblando al mismo tiempo que la explotación descontrolada”, dice la carta.

La carta, firmada por Nawel, afirma que la mitad de las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta están reguladas por la SEC. No se mencionan firmas específicas.

La SEC no respondió a una solicitud de comentarios.

Pueblo mapuche protesta contra la extracción de petróleo y gas en el sitio de perforación Loma Campagna en Vaca Muerta, Argentina, el 2 de abril de 2023. Crédito: Katie Surma/Inside Climate News.

En Vaca Muerta, se violan los derechos del pueblo mapuche, se criminaliza a los defensores de la tierra mapuche y existe un doble estándar por parte de las empresas petroleras, que respetan mejores prácticas ambientales en sus países de origen mientras contaminan “sin piedad” al operar en el extranjero, alega la carta.

En las últimas décadas, la Corte Suprema ha dificultado cada vez más que los ciudadanos no estadounidenses presenten demandas en los tribunales de EE. UU. por presuntas violaciones de derechos humanos. En marzo, la SEC adoptó reglas sobre la divulgación de riesgos relacionados con el cambio climático, pero esas reglas están suspendidas debido a una serie de desafíos legales presentados por las empresas.

La SEC no tiene reglas vinculantes para la divulgación de riesgos sobre derechos humanos. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no son vinculantes, recomiendan que las empresas publiquen voluntariamente informes formales sobre estos riesgos y expliquen cómo están siendo abordados. Sin embargo, las empresas rara vez lo hacen.

La Justicia neuquina amplía la investigación en el caso Comarsa

Causa Basureros Petroleros: Victoria Legal en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén


Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebramos el fallo trascendental del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que investiga el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta. El Tribunal dictó una resolución donde reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes que COMARSA – empresa acusada por delitos de contaminación y defraudación – posee en tanto en el Parque Industrial de Neuquén como en su planta en Añelo. 

La decisión surge tras una impugnación presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la fiscalía de Delitos Ambientales local. 

Con este fallo, se abren nuevas oportunidades para la judicialización de prácticas contaminantes, en áreas donde la industria fósil suele actuar con impunidad como Vaca Muerta. La reinstauración de los embargos por 7 millones de dólares refuerza la capacidad de las organizaciones ambientales para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a las empresas que operan de manera negligente o ilícita.

Los embargos no solo afectan a los bienes de Comarsa, sino también a las cuentas bancarias y billeteras virtuales de dos de los tres imputados: J.M.L, presidente y accionista mayoritario de Comarsa desde 2014, y H.E.B, quien tuvo funciones de administración y control hasta enero de 2021. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, anuló un fallo previo que limitaba el embargo al monto correspondiente a las multas vigentes por contaminación según la legislación específica. El nuevo fallo restaura el embargo original. Coincide con el criterio de la fiscalía y las querellas particulares, considerando que las medidas cautelares también pueden alcanzar el decomiso de bienes obtenidos a partir de actividades ilícitas. Esto marca un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental.

Desde 2014, Comarsa ha sido objeto de investigaciones impulsadas a partir de denuncias de organizaciones y colectivos locales de Neuquén, por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población local. Estas acciones han tenido lugar en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, donde la empresa realiza supuestas actividades de recuperación de residuos peligrosos. El modelo de combustibles fósiles asociado a Vaca Muerta inherentemente involucra casos como el de Comarsa donde los residuos peligrosos y radioactivos no son tratados de manera adecuada. De incorporar este costo, los márgenes apenas rentables de la industria petrolera nacional no serían suficientes.

La maniobra investigada abarca desde 2014 hasta la actualidad, y se centra en un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital. Comarsa es acusada de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

Al reafirmar y ampliar las medidas cautelares, la corte envía un mensaje contundente a las empresas y actores involucrados en actividades contaminantes: la justicia está dispuesta a actuar con firmeza en casos de delitos ambientales y de afectación a la salud pública.

Basureros Petroleros

Un guiño a la impunidad: Convocan a una conferencia de prensa por el caso de basureros petroleros

Debido a los más recientes hechos en el caso de basureros petroleros, llamamos a una conferencia de prensa desde las organizaciones querellantes: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Confederación Mapuche. La misma será realizada frente al Tribunal Superior de la Provincia de Neuquén, en calle Juan Bautista Alberdi 52, el lunes 25 de marzo a partir de las 13hs. 

La misma se realiza para actualizar a la comunidad sobre los gravísimos impactos socio-ambientales que produce la basura petrolera del fracking sobre el territorio neuquino y, a su vez, para exigir mayores compromisos al Poder Judicial en relación a la criminalidad ambiental de los poderosos. 

Esa misma mañana, AAdeAA y APDH Neuquén, presentarán un Recurso de Impugnación Extraordinario contra la resolución que decidió revocar las medidas cautelares contra COMARSA y sus principales socios (embargos sobre bienes e inhibiciones generales sobre sus patrimonios), dispuestas oportunamente por el Juez de Garantías y confirmadas por unanimidad por el Tribunal Revisor. Las mencionadas cautelares fueron dictadas para asegurar la responsabilidad financiera tanto de Comarsa como de los acusados, incluyendo un embargo por un total de 7 millones de dólares sobre los bienes de los acusados. Además, se había impuesto otro embargo preventivo sobre los activos intangibles de la empresa, como sus 4 galpones y 3 hornos pirolíticos en la planta ubicada en la localidad de Añelo. La finalidad de las cautelas es, principalmente, asegurar la existencia de fondos con los cuales garantizar la remediación del pasivo ambiental que ha dejado COMARSA.

La decisión que revocó las medidas interpreta erróneamente el Código Procesal Penal Neuquino y viola los principios ambientales de responsabilidad por daño y que fijan la obligación de recomponer, en protección, a su vez, del derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

Frente a ello, las organizaciones mencionadas, conjuntamente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)y el Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica (CIPCE), presentarán una carta ante los miembros del máximo tribunal provincial, solicitando la implementación de la Ley Yolanda, que tiene por objeto capacitar al Poder Judicial provincial, y a los funcionarios de los demás poderes, en materia ambiental. Resulta central el rol de los representantes del Estado a la hora de interpretar las normas y tomar decisiones, para garantizar el acceso a un ambiente sano y equilibrado, y la protección de los bienes públicos colectivos.

Asimismo, se informa a la comunidad que el martes 26/3 a las 18:00 hs. se llevará a cabo el taller “El lado B de Vaca Muerta: a propósito del escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking”, el cual tendrá lugar en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue.

Accesos a la información 

Durante el mes de febrero, la AAdeAA presentó una serie de accesos a la información ante las autoridades provinciales, municipales y legislativas de Neuquén, en el marco de la Investigación Criminal por contaminación y defraudación de la empresa Comarsa. Lo hizo en su carácter de parte querellante en el proceso penal que se investiga desde la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Se encuentra actualmente en trámite una investigación preliminar con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales (MPFNQ LEG nro. 178123/20).

Las cuestiones planteadas a estas autoridades están relacionadas con el vínculo de las mismas con COMARSA, abarcando temas como la cesión irregular de terrenos fiscales a la empresa, los plazos de relocalización. Pero también con motivo de trascendidos en relación a obras de urbanización, en casi todos los casos, también solicitando que nos brinden información sobre los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros detalles. Los posibles desarrollos urbanos en el límite del Parque Industrial Neuquén, donde existe un pasivo ambiental con residuos peligrosos, todo ello en el marco de la causa penal iniciada. 

Hemos solicitado lo siguiente a cada autoridad:

  • Al Sr. Secretario de Ambiente de la Provincia de Neuquén Lic. Santiago Nogueira: un informe detallado sobre el estado actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, así como las acciones llevadas a cabo por esa Secretaría al respecto. También hemos requerido una reunión presencial para discutir estos temas.
  • Al Sr. Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana Municipalidad de la Ciudad de Neuquén Francisco Martín Baggio: detalles sobre las acciones realizadas por el Municipio para que la empresa sane el predio y lo restituya, inspecciones realizadas y medidas preventivas ante el loteo en curso. Asimismo, solicitamos información sobre el Estudio de Impacto Ambiental relacionado con dicho loteo.
  • A la Sra. Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén Claudia Argumero: un informe sobre la situación actual de cierre, remediación ambiental y abandono de la planta de Comarsa, considerando la solicitud de prórroga realizada por la empresa en 2021. También hemos preguntado si se planea revocar la cesión de terrenos públicos debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en la Ordenanza nro. 12.912 de 2013, incluida la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho con riego por goteo.
  • Al Sr. Intendente de la Ciudad de Neuquén, Mariano Gaido: información sobre posibles proyectos de urbanización, loteo y construcción de un estadio de fútbol en los terrenos adyacentes, así como sobre la posible relocalización de viviendas precarias. También sugerimos la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico.

Contactos de prensa 

Rafael Colombo (AAdeAA-CAJE) 342 614-4658

Bruno Vadala (APDH) – 2994 15-1099

Lefxaru Nawel (Confederación Mapuche de Neuquén)- 2996 34-0448

Comienza el Juicio a la contaminación de Vaca Muerta

Neuquén 15 de Febrero del 2024

Acusan y embargan a empresarios investigados por contaminación y defraudación

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos hoy a dos empresarios y un empleado que, teniendo a su cargo la operación de una planta de residuos peligrosos, simularon ganancias por la realización de tratamientos que finalmente no se concretaron con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales.

La empresa es Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad y sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.

Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el y la representante de la fiscalía solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de U$7.000.000.

Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.

Desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

La participación de los tres comienza a partir de abril de 2014, pero por diferentes períodos: el fiscal jefe precisó la acusación hasta la actualidad sólo respecto de J.M.L, mientras que sobre las otras dos personas acusadas definió límites: H.E.B hasta enero de 2021 y F.A.P hasta septiembre de 2016. Además, los dos primeros fueron imputados como coautores, mientras que el último como partícipe necesario.

La acusación también es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ambas entidades en carácter de querellantes particulares. Su intervención en la causa tiene el aval de la fiscalía, pero ante un cuestionamiento de parte de las defensas, el juez de garantías ratificó su legitimidad.

Investigación

Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.

Según precisó el fiscal, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.

Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014  comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.

En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.

En Marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.

“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.

De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

Caso complejo y embargos

Luego de que el juez a cargo de la audiencia tuviera por formulados los cargos, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron la declaración de caso complejo. Argumentaron la necesidad de contar con plazos mayores de investigación –pidieron 1 año- dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Breide Obeid y de la asistente letrada González y declaró el caso complejo. Igualmente, dispuso el embargo de bienes por la suma y las precisiones indicadas respecto de la empresa y, en el caso de los imputados como coautores, también de las cuentas bancarias.

Prohibición de salir del país

Los representantes de la unidad fiscal de Delitos Ambientales solicitaron también al juez que disponga la prohibición de salir del país durante, al menos, 4 meses, respecto de J.M.L y de H.E.B. Breide Obeid sostuvo que existe respecto de ambos el riesgo de no sometimiento al proceso. En este caso, el juez también hizo lugar.

El único planteo de la fiscalía que no prosperó tiene que ver con establecer una restricción de 1.000 metros desde los límites del predio para la radicación o avance de urbanizaciones. Respecto de esto, el magistrado consideró que se trata de iniciativas que deben regirse por trámites específicos y que requieren, por caso, la presentación de estudios que son evaluados en otras sedes administrativas que, además, no están representadas en la causa.

fuente: mpfneuquen

Península Valdés en Peligro: Cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas presentan una acción legal cuestionando la terminal petrolera en el Golfo San Matías 

Ante el irregular avance del oleoducto desde Vaca Muerta al golfo San Matías.

Un amplio colectivo por el ambiente, la economía y la cultura le reclamó judicialmente al estado Chubutense prevenir y evitar el daño por la terminal petrolera del proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. El bloque diverso presentó una acción legal en la provincia de Chubut por el ilegítimo avance del del proyecto para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías (Río Negro).

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del Atlanticazo, destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región. Es clave destacar que la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés. Área ampliamente protegida, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La acción fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con enorme impacto en la región. Quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn Titular del Juzgado Dra. María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las dependencias provinciales, conforme lo establece la ley XI 18, a tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él.

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y su terminal petrolera es una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona. En definitiva, a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros. 

Las organizaciones exponen la omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental. 

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida Ley con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reforma que quitó la protección a San Matias viola el Acuerdo de Escazú, al carecer de transparencia y verdadera participación ciudadana. Además, atenta contra principios constitucionales de progresión y no regresión en materia ambiental, ya que desprotege al Golfo ante el avance petrolero. 

Las organizaciones explicitan que, según la normativa provincial y nacional, la autoridad provincial de Chubut tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para la preservación de las condiciones naturales. La acción se funda en los artículos 38, 41 y 155 de la ley XI N° 35, Código Ambiental de la provincia, y el artículo 39 de la ley de Áreas Naturales Protegidas. 

En la acción, las organizaciones manifiestan actuar en nombre de un interés colectivo: la preservación de los ecosistemas costeros marinos, su equilibrio ecológico, biodiversidad y las actividades turísticas, productivas y comerciales asociadas. 

Las monoboyas petroleras amenazan a más de 150 especies marinas únicas en la región, la rica biodiversidad del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden mencionar entre ellas: 

Colonias reproductivas del pingüino de Magallanes; una de las principales zonas de reproducción de la Ballena Franca Austral; sitios de anidación de aves playeras y costeras; colonias de lobos y elefantes marinos; sitios de caza de Orcas entre otros dependen de la calidad de las aguas del Golfo San Matias y se ponen en riesgo con este proyecto.

Un evento como el sucedido el pasado 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí. (1)

(2) también se puede citar como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5km de costa en el Golfo San Jorge (es un ejemplo puntual de la Provincia)

En concordancia con el principio constitucional de no causar daño ambiental (Artículo 19 de la Constitución Nacional), las organizaciones exigen información detallada a la Provincia de Chubut sobre las medidas preventivas y la participación de los Chubutenses en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, instan a la provincia a iniciar diálogos interprovinciales para abordar colectivamente los desafíos de la conservación de los bienes comunes.

Este llamado se basa en el derecho constitucional al ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respaldado por tratados internacionales como el Convenio de Escazú, que destaca la importancia del acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Las organizaciones subrayan que la prevención es fundamental y que el acceso a la información es clave para tomar decisiones informadas y responsables. Se espera que la provincia de Chubut, en su papel de garante del derecho humano al ambiente sano, tome medidas efectivas y transparentes.

  1. https://www.eldia.com/nota/2023-12-31-13-35-0-preocupa-un-tremendo-derrame-de-petroleo-en-bahia-blanca-que-paso–informacion-general


Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

Cumbre Climática ONU Julieta De la Cal.

América Latina y el Caribe Exigen Acción Histórica en la Cumbre Climática ONU

En el marco de la próxima Cumbre Climática ONU (COP28) en Dubai, el foco se centra en América Latina y el Caribe (LAC), una región que se encuentra en una encrucijada histórica para definir su rumbo hacia un desarrollo sostenible. Con la creciente conciencia global sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en la crisis climática, la COP28 se perfila como un momento decisivo para trazar un nuevo camino.

La sugerencia de una alianza estratégica entre LAC, África y Asia plantea la posibilidad de impulsar una agenda transformadora, alineada con principios de derechos humanos, colectivos y justicia de géneros. Este enfoque busca liberar a la región de los límites estructurales que la han relegado al rol de proveedora de materias primas, incluyendo los combustibles fósiles.

En este contexto, se destaca la importancia de una agenda climática ambiciosa para LAC. La coordinación de demandas y acciones hacia una transición energética global justa se presenta como una estrategia clave. Expertos señalan que los espacios multilaterales son fundamentales para pensar soluciones y medidas concretas de reparación a largo plazo.

Las propuestas para abordar la justicia climática incluyen la implementación efectiva de mecanismos existentes para reducir desigualdades y respetar derechos humanos y colectivos. Además, se plantea la necesidad de medidas adicionales, como un impuesto global a grandes petroleras y petroestados, así como un cambio de deuda por acción climática, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

En paralelo, se resalta la importancia de aumentar la participación de la energía renovable y redistribuir el consumo de energía para lograr una vida digna y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La reducción planificada de los combustibles fósiles se presenta como una urgencia, considerando los impactos negativos en las poblaciones cercanas, los territorios y el desarrollo de los países.

En el ámbito regional, solo Guyana, Brasil y Argentina están expandiendo sus ritmos productivos a gran escala, principalmente para la exportación de crudo. Este enfoque, sin embargo, levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, la equidad y la dependencia de una solución de corto plazo.

La expectativa frente a la COP28 en EAU es clara: una nueva independencia energética para América Latina y el Caribe, con energía propia, limpia, diversificada y accesible para los pueblos. Se busca fortalecer la soberanía política, económica y ecológica en la región, superando la contaminación, desigualdad y violencia asociadas a los combustibles fósiles.

Especialistas ambientales, de la salud y de diversas disciplinas, así como organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elevan demandas clave para los representantes en la COP28. Estas incluyen detener nuevos proyectos de exploración, producción e infraestructura de carbón, petróleo y gas, reducir de forma planificada y equitativa la extracción de estos recursos, cerrar brechas en el apoyo a tecnologías peligrosas, aumentar la energía renovable para 2030 y transferir fondos significativos para la adaptación y mitigación de los países del sur global.

En este escenario, la Cumbre Climática ONU de la COP28 se presenta como una oportunidad única para la región, donde la transición hacia un sistema energético sostenible no solo es posible, sino urgente y necesaria.

Imagen de portada: Julieta De la Cal.