Archivos de categoría: Humedales

Trabajamos para la conservación, reproducción y regeneración de los sistemas de humedales en todo el territorio y la región.

Urgente, mil manos para Victoria

por Jorge Daneri para Análisis Digital

Parece ridículo explicar sus consecuencias inhumanas. Quizás sí exponerlas para los seres vivos no humanos, pero ahora no es el objetivo de estas palabras. Victoria, la de las siete colinas, se está secando.

Cientos de causas se pueden exponer frente a semejante realidad. Los anti Estado que dicen que el libre mercado lo resolverá, los burócratas que no salen o no se animan a saltar de sus zonas de confort, o los militantes funcionarios de la Agenda negacionista, el no tenemos plata y los alienados al infierno mental de sus mundos digitales.

Mientras el pueblo de Victoria se queda sin acceso a las aguas, la política del auto proclamado “No” político Javier Milei, anunciará en las Naciones Unidas, la liberalización de todas y todos, más este río.

En su cauce principal, si existen dragas ¡y qué dragadoras!

Pero para abrir pasos taponados por décadas de descontrol por esas mismas mega dragas y que las aguas puedan fluir hacia el valle de inundación del ejido de Victoria, no existen urgencias ni tiempos prioritarios. Menos aún dragas públicas que solidaria y fraternalmente puedan brindar, esas manos. Las fundieron, las vaciaron, las hundieron o las regalaron a las corporaciones multinacionales.

El pueblo de Victoria se está quedando sin agua. ¿Se comprende?

Estas reflexiones, ojalá puedan servir para que algún fiscal de esos Ministerios Públicos mínimamente valiente, o esos jueces que sí tienen tiempo para avanzar en causas ambientales y resolverlas como el Derecho Constitucional y Ambiental disponen, puedan tomar estos hechos, como una solicitud de ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de sus pueblos, como una ética del cuidado de las instituciones democráticas a escala humana, no digital, y disponer la inmediata convocatoria al Comité de Emergencia Ambiental del Delta conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2020, para que se garantice todo eso que se debe poner para sostener el aún milagroso artículo 85 de la Constitución de la Provincia de los ríos libres, y el pueblo de Victoria no se sienta vulnerable y abandonado por los unos y los otros.

(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Incendios, negacionismos y cambio cultural

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE

Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.

Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.

Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa

La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.

También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.

Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado.

Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE

En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?

Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.

La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie, El territorio habla que tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?

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Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.

Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.

El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.

Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.

Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.

Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.

El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.

Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?

Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.

Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.

Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales

Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.

El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.

Un atentado contra los acuerdos internacionales

Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.

Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico

Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.

La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.

Exigencias y acciones inmediatas

Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:

La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.

No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental

Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.

Respuestas colectivas ante la emergencia hídrica en el Delta del Paraná: posibles y necesarias

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) solicitamos la convocatoria urgente del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. La situación en el Delta del Paraná ha alcanzado niveles críticos debido a la bajante extrema del río Paraná y los incendios irregulares que continúan devastando el área. Nos preocupa profundamente el impacto que esta crisis está teniendo sobre los ecosistemas del Delta y la seguridad hídrica de millones de personas que dependen de esta región.

Los humedales del Delta del Paraná cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Cuenca del Plata. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas crecientes debido a la falta de medidas efectivas por parte del Estado. La crisis hídrica, los dragados descontrolados y la continuidad de incendios están acelerando la degradación de este ecosistema único.

Exigimos que el Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, en su carácter de Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, convoque inmediatamente al Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. Este Comité tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para mitigar los efectos devastadores de la crisis hídrica y los incendios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya estableció en su fallo del 11 de agosto de 2020 la necesidad de un espacio de coordinación entre las provincias afectadas y la Nación, y la creación del Comité fue justamente para enfrentar situaciones como la que vivimos hoy.

Pedimos que se tomen medidas concretas y urgentes, acordando un plan de acción que responda a la emergencia en curso y garantice el cuidado de los humedales. También solicitamos la apertura de un espacio público de diálogo con las organizaciones ambientales que trabajan en la región, para que puedan expresar sus observaciones y aportes sobre las acciones necesarias. Este tipo de intercambio es fundamental para asegurar que las decisiones que se tomen sean transparentes y respondan a las realidades locales.

Entendemos que la situación es extremadamente grave. De no obtener una respuesta inmediata, nos veremos en la obligación de informar a la Corte Suprema, solicitando su intervención directa debido a la inacción de las autoridades. La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que establece bases claras para la protección de los ecosistemas del Delta y la prevención de incendios, debe ser aplicada de manera estricta.

Insistimos también en que las reuniones del Comité se realicen en la región afectada, ya sea en Rosario, Victoria o San Nicolás, para facilitar la participación de las comunidades locales y organizaciones involucradas. Es crucial que las decisiones se tomen cerca de los territorios afectados, en contacto directo con quienes viven y defienden estos espacios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ecosocial y con la defensa de los derechos de la naturaleza. La crisis en el Delta del Paraná no solo afecta al ambiente, sino también a las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. Precisamos acción con responsabilidad y urgencia.

Contacto de Prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491

Fabian Maggi +54 9 341 372-0859

Río Paraná

El Gobierno abre el proceso de venta de centrales hidroeléctricas

por Alejo di Risio para elDiarioAr

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 718/2024, avanzó con decisiones sobre las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Trece días antes de su vencimiento, otorgó una nueva prórroga a las concesiones existentes para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En ese mismo decreto, se llama a concurso público para avanzar en la privatización de hecho a cargo de la Secretaría de Energía, que tiene 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional y vender la mayoría de las acciones de las centrales.

En un contexto en el cual la energía y el agua han sido focos de conflicto en la estabilidad macroeconómica nacional, la reciente decisión del gobierno de prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue plantea serias preocupaciones. La retórica privatizadora avanza sobre los proyectos de infraestructura, específicamente sobre los que venían más vulnerables: aquellos que se mantenían en un limbo legal de concesiones y parches regulatorios. Entre ellos están los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila actualmente en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).

Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60, con una inversión de alrededor de U$S 20 mil millones. Si bien se contó con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, estas represas también fueron financiadas gracias a los fondos específicos pagados por los usuarios de todo el país. Debido a la enorme inversión los períodos de amortización se calculan alrededor de 30 años, incluso con una rentabilidad anual de entre U$S350 y U$S400 millones. Si bien varía de central a central y depende de la inversión en mantenimiento, una vida útil de más de 60 años otorga enorme cantidad de divisas a largo plazo.

Sin embargo, se calcula que al privatizarse Hidronor S.A. y las 19 represas hidroeléctricas el Estado recuperó aproximadamente U$S2 mil millones, alrededor de un 10% de su inversión. Por lo cual una inversión económica que hubiera sido redituable, representó una pérdida para las arcas estatales. La inversión y construcción fue pública, pero la renta fue privatizada en estas últimas décadas.

El saldo de la privatización es negativo por donde se lo mire. Desde la desregulación y privatización del sistema eléctrico que se llevó a cabo durante el menemismo, el sector privado no ha aportado un diferencial deseable. No sólo en términos de divisas, sino en ninguna de las múltiples esferas de las cuales las grandes represas forman parte. El supuesto mercado libre y sistema de competencias que el neoliberalismo prometió, sólo dejó un oligopolio energético que tiende a fugar divisas, que no realiza nuevas obras, que no transfiere conocimiento tecnológico, que no invierte en mantenimiento y que no reduce tarifas.

Ante la falta de planificación, las concesiones que ya vencieron fueron extendidas con prórrogas cortas. Parches regulatorios que postergaban la definición largo plazo, mientras vaivenes electorales evitaban una dirección clara en la política energética nacional. La senda del actual gobierno fue clara en lo discursivo, y la reciente aprobación de la Ley Bases otorgó el capital político que faltaba para avanzar en las privatizaciones.

Incluso para un gobierno que enarbola el déficit como bandera, y para el cual la restricción externa por la ausencia de dólares es un nudo difícil de resolver, renunciar a la renta producida por la energía hidráulica no es una decisión financiera. Es una ceguera profundamente ideológica. En un sentido estratégico energético, la renta producida de las grandes represas existentes podría financiar proyectos de transición energética justa y popular hacia fuentes renovables. Una matriz energética fosilizada como la argentina está altamente dependiente del precio internacional de la energía y de los márgenes de ganancia de los privados en el sector. Pocos meses atrás hubo una pequeña crisis en este sentido, cuando el sector gasífero no alcanzó a equiparar la demanda y hubo que pedir de favor a Brasil un buque de gas natural licuado para evitar que hubiera hogares sin calefacción.

A medida que la crisis climática impacta cada vez más sobre la salud de las poblaciones, la discusión en torno a la urgencia y formas de las transiciones energéticas se vuelven cruciales. Si bien en nuestro país esta discusión no atraviesa el arco político, activos estratégicos como las represas tienen que ser vistas desde una perspectiva pública y social. Aunque no hay consenso intersectorial para nuevas construcciones de esta magnitud, la decisión sobre el destino de las ya existentes es necesaria. Durante el resto de su vida útil, las represas hidroeléctricas pueden funcionar como “baterías” de energía potencial, complementando otras fuentes renovables que son intermitentes, como la solar y la eólica. Pero este enfoque requiere una planificación integral que considere las necesidades del sistema energético en su totalidad y los diversos actores involucrados en la gestión de cuencas.

Si bien operan bajo la lógica de ser estructuras generadoras de energía, estas enormes represas tienen un carácter multidimensional. La regulación pública es fundamental para enfrentar desafíos como la pérdida de glaciares y la disminución del caudal del río Paraná, asegurando que las decisiones sobre energía se basen en criterios multidimensionales. Solo a través de una gestión pública (en todas sus formas) adecuada se podrá avanzar hacia una transición ecosocial del sistema energético.

Las operadoras tuvieron su oportunidad de décadas de actuar bajo lógicas de mercado y con regulaciones laxas. Su búsqueda de maximizar beneficios ha derivado en una falta de inversión en infraestructura y un mantenimiento inadecuado de las instalaciones. A su vez, ha habido especulación con los niveles de los embalses para vender la energía al momento que más conviene, y retención del agua cuando la energía está más barata. Este modelo de gestión perjudica a su vez a usuarios cuenca abajo y genera impactos ecosistémicos que afectan el suministro hídrico y energético. Esto genera problemas debido a la multiescalaridad de una enorme infraestructura que cuenta con: financiamiento y concesión a nivel nacional, bienes naturales de control provincial y enormes impactos socioambientales a nivel local. Esta gestión requiere una intersectorialidad multiescalar y multisectorial. En este espíritu, las propuestas de Comité de Cuenca, con marcos interjurisdiccionales y visión integral, deberían incorporar el bien público y colectivo antes que la dependencia de decisiones privadas.

De más está decir que el agua posibilita la vida en sentido biofísico. Pero en este contexto de crisis climática y eventos de clima extremo es necesario entender que el agua posibilita la vida también en términos culturales y sociales. Cuando en un territorio hay crisis hídrica, quien gestiona el agua y la energía tiene la capacidad de decidir qué sector productivo se reproduce o no. Retener masivos volúmenes de agua afecta los regímenes hidrológicos y transforma los ecosistemas y modos de vida de las poblaciones. Gestionar el agua se convierte entonces en un interés ambiental, estratégico y social, porque es gestionar un derecho humano, una fuente de reproducción y un insumo clave para la producción de la vida toda.

La privatización de estos puntos nodales del sistema energético-ambiental demuestra a todas luces ser una estrategia fallida. La continuidad de este modelo, en última instancia, vuelve a evidenciar la profunda ceguera ideológica con la que actúa el gobierno de La Libertad Avanza. La gestión de las represas debería ser una cuestión de interés social, con el bienestar de la población en el centro y con la conciencia de que una salida gradual y ordenada del sistema energético actual es necesaria cuanto antes. Si bien el rol estatal es fundamental, para esto es necesario extender la noción de público más allá de lo estatal y explorar otras formas de lo público que incluyan la participación de sectores sindicales, cooperativos y comunitarios.

La privatización y el descontrol avanzan sobre el Río Paraná: Un llamado a la acción

Los gobiernos regionales avanzan con decisiones políticas críticas sobre la profundización del modelo imperante en el río Paraná inferior: entre ellas el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado en el tramo Cáceres-Corumbá. Estas acciones amenazan ecosistemas y violan acuerdos internacionales, lo que podría derivar en un ecocidio a lo largo de la Cuenca del Plata. Llamamos a organizaciones socioambientales a lo largo de la cuenca a movilizarse en cada territorio y espacio posible para frenar estas decisiones y avanzar hacia la gestión democrática de cuenca.

En estos días se comunica como hecho políticos en vía de inmediata consumación, la profundización del río Paraná inferior en compensación por el aumento del peaje de la “vía navegable” (Gobierno Nacional); derrocamiento de trece pasos rocosos en el río Paraguay, (Gobierno de la Rca. de Paraguay) y dragado para mayor profundidad de tránsito de barcazas en el tramo Cáceres Corumbá (Brasil), nacientes y primer tramo del río Paraguay. (1)

Luego de más de 25 años, nuevamente renace este drama ecosocial que se había logrado detener, frenar, particularmente en el segundo y tercer escenario, gracias a la movilización social e incidencia política fruto de una enorme diplomacia social en el seno de los parlamentos y las instituciones financieras internacionales interesadas, por parte de la Coalición Ríos Vivos que articulaba con aproximada trescientas organizaciones diversas de la cuenca, en plena ejecución del neoliberalismo en la región.

Derrocar, destruir diques naturales milenarios sumergidos en el río Paraguay, que regulan su régimen hidrológico, es un disparate de consecuencias previsibles como también impensadas, particularmente por falta de evaluaciones ambientales estratégicas, incluso previamente integradas en el marco de profundos debates sociales (democracia ambiental) y políticos a nivel de los Estados de la Cuenca del Plata. Es brutal el incumplimiento en la gestión de los gobiernos del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, del propio Tratado de la Cuenca del Plata y el reciente Acuerdo Regional de Escazú.

Merece destacarse, que semejante mega proyecto de artificialización del segundo río más grande de Sudamérica, merecería un tratamiento mucho más amplio en el escenario ya inapelable del proceso antrópico de cambio climático que estamos viviendo y sufriendo, en particular los seres humanos y no humanos más vulnerables. No existe diálogo sistemático previo entre los órganos científicos y políticos de las Convenciones de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y de protección de los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) todas vigentes y aplicables al mega proyecto de la hasta hace poco denominada hidrovía Paraguay Paraná, tratados internacionales que el denominado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en Argentina, pretende ignorar como obstáculos para la profundización y mayor artificialización de este megaproyecto.

El Sub Grupo de trabajo Número 6 del MERCOSUR (Medio Ambiente), debería considerar semejantes anuncios, evaluar en conjunto con los Estados Provinciales, en el marco del federalismo de concertación en Argentina. Nada de esto sucede. Todo es poner la decisión delante de procesos participativos previos. Se agravian los principios preventivo y precautorio, nada que decir del principio de equidad intergeneracional, menos de no regresión y progresividad. Todos violados de una manera alevosa de avanzar estas decisiones de mercado para muy pocas corporaciones de la minería, la soja y los agrotóxicos, entre las más significativas.

Un dato no menor es que la visión canalizadora aún mayor del cauce principal del Paraguay Paraná, atraviesa en Argentina, por ejemplo, cinco Sitios de máxima protección internacional de humedales (Convención RAMSAR), sin intervención alguna de la representación Nacional y menos de su Secretaría Ejecutiva.

Los litigios serán infinitos, las Cortes Supremas de Justicia de estas Naciones, deberán, finalmente, expedirse.

No podemos aún afirmar si el “asesoramiento” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU de Norte América es determinante de estas decisiones en Paraguay y Argentina, firmantes los dos Gobiernos de “Memorándum de Entendimiento” sobre este tipo de mega proyectos de infraestructura (2)

Pero de lo que no queda duda, es que el ciclo del agua en la Cuenca del Plata, ingresa en un proceso de destrucción masiva, de concretarse estas sentencias de muerte dictadas contra nuestro sistema de humedales desde el gran Pantanal, los humedales Paraguayos, los esteros del Ibera, el Paraná Medio y el gran delta argentino.

Si avanzamos en una visión sudamericana y advertimos los procesos de descomposición de los Glaciares Andinos, la destrucción por desforestación del Chaco Americano y la herencia de la extrema derecha en Amazonia; la Cuenca del Plata, en particular la denominada pampa húmeda y más, están condenadas, con estas políticas negacionistas y violadoras de toda visión eco social, a la concreción de un ecocidio.

Y expresamos que el ciclo del agua, frente a la simplificación desoladora de los ecosistemas, será fusilado, es que más allá de profundizar y profundizar más y más el cauce de los dos ríos, frente a las sequías en la cuenca y la disminución de los ríos voladores de Amazonia, cada vez habrá menos y menos agua. Por lo tanto, el absurdo es brutal.

Dependerá de los pueblos de Entre Ríos, de la Mesopotamia y el Litoral todo, de la capacidad de articulación de sus organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes, pequeños productores, trabajadores con sentido de vida y organizaciones ecologistas, el poner freno a este delirio.

Esta convocatoria a una sinergia multidimensional de movilización social organizada, es crucial, más aún frente al dictado del Decreto Nacional (DNU) Número 699 del 5 de agosto (4) que extingue el órgano de control de la vía de navegación troncal, demuele la integración y participación de los Estados Provinciales en el mismo y desintegra el comité federal de la Hidrovía.

El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), fue el único organismo estatal que emitió un conjunto de posiciones donde se señalaba la necesidad de la concreción de una evaluación ambiental estratégica (EAE) y la conformación del Comité de Cuenca del río mas grande del País, previo a cualquier escenario de mayores intervenciones antrópicas en el cauce del río, como en su valle de inundación. Estos documentos de Ecovina obran en la causa judicial en trámite en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde las organizaciones ambientales actoras, demandan se cumpla con estos dos escenarios normativos y de urgente concreción. No resulta sorprendente, entonces, la demolición de un órgano estatal de control que intento actuar de modo coherente con el sistema de derecho ambiental, federal y convencional vigente.

El federalismo constitucional, es reformado y destruido en el caso, en el marco y sobre las “bases” de fundamentos inconstitucionales que nos traen hasta aquí, ejecutando la lógica del descontrol -de lo que en el río pueda suceder en los conceptos más amplios que se puedan imaginar: salud pública, agua saludable, sobrevivencia de ecosistemas y sus reinos de vida, mayores intervenciones de artificialización del cauce y su ensanchamiento, en las mayores crisis hídricas conocidas, etc- y desaparición del Estado.

Relevante será, que en términos globales, la figura jurídica del Ecocidio se concrete, así estos decisores políticos, como los gobernadores silenciosos y cómplices por negligencia, decisión, incumplimiento del federalismo en el ejercicio y protección de la titularidad de los bienes naturales provinciales, posibiliten y aún auspicien que el Gobierno Nacional avance con estas decisiones y no intervenga frente a los derrocamientos del río hermano anunciados, como de las mayores profundizaciones en el Delta Argentino, sin estudios de impacto ambiental acumulativo y Evaluación Ambiental Estratégica.

En la reflexión del periodista de investigación Eliezer Budasoff, más vigente que nunca en “Los Dueños del Río” expone: “No existe, en definitiva, una discusión real sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Plata. Aquello que mueve a miles de personas a oponer resistencia a los procesos de privatización de los recursos en América Latina, es lo mismo que mueve al poder económico a implementar estrategias para su apropiación: la cuenca del Plata cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de bosques, recursos hídricos y energéticos, potencial piscícola, agrícola, pecuario y forestal, riquezas ecológicas y socioculturales únicas. Si el valor de los territorios y de sus características ambientales está plenamente considerado, en su conjunto, como recurso productivo para la explotación, es la vida misma de la región en el más amplio sentido, la degradación acelerada de las posibilidades de subsistencia para su población, la que no ingresa a los cálculos del capital económico y financiero. La expresión de los buscadores de capitales, que señala a los inversionistas el beneficio adicional de «recursos humanos económicos», es exacta en el caso de la hidrovía: la vida de los habitantes de América Latina es más barata para las corporaciones. La vida, aquí, vale menos para las pizarras.” (3)

Contrapropuestas de evolución positiva

Una multiplicidad de organizaciones sociales y ecologistas han presentado tres escenarios que se complementan e integran para salir de este círculo cerrado y autodestructivo.

La Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná presento una Propuesta de Estrategia de Sustentabilidad del Sistema de Humedales de los ríos Paraguay Paraná durante el año 2010 a los puntos focales RAMSAR en cabeza de las áreas ambientales nacionales de los cinco países de la Cuenca. Se puede acceder a la misma en https://eraverde.com.ar/uve/assets/estrategia.pdf

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas formulo una serie de propuestas para la conformación, finalmente, del Comité de Cuenca del río Paraná en el marco del documento titulado “estatuto político y legal en materia socio-ambiental del Proyecto Hidrovía Paraná – Paraguay”

Finalmente, durante más de una década, cientos de organizaciones de todo el país promovieron el proyecto de Ley de presupuestos mínimos ambientales de protección de los humedales de la Argentina. Ninguno de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, los acompañó, finalmente.

Ingresamos a un escenario que nos convoca a la revitalización más que activa de las organizaciones diversas que integraron y conforman hoy una rica experiencia de resistencia y creatividad.

Deseamos profundamente que la oposición democrática y también diversa, pueda obrar a la altura de estas más que graves circunstancias así comunicadas oficialmente, y frenar semejantes decisiones, ilegales e inconstitucionales.

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Autores: Equipos de humedales y río Paraná de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) integrados por Gimena Viviani, Fabian Maggi, Lucas Micheloud, Romina Arguas, Enzo Culasso Orué, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri.

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https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Hidrovia-el-gobierno-analiza-profundizar-el-dragado-para-compensar-el-aumento-del-peaje—20240729-0042.html
https://www.productivacm.com/archivos/20657
https://ecoa.org.br/rede-pantanal-solicita-ao-ministerio-publico-federal-investigacao-sobre-dragagem-no-pantanal/

Para mayores precisiones sobre el Memorándum de Entendimiento ver: https://aadeaa.org/nuestro-rio-de-otros/

http://amsafeconstitucion.com.ar/_paginas/niveles/documentos/Dueniosdelrio.pdf

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311793/20240806

El Delta no se vende; somos humedal

El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.

Ante esta propuesta, queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege, determinando que: ” …La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación” (Artículo 85º, sexto y séptimo párrafos).

En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. Remarcamos por esto la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nos oponemos especialmente a lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).

En un experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social, el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida “Ley del Arroz”. La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos- de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta ley, la 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012, gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante “negocio”. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco.

Perder la memoria, es grave; no conocer su historia, también

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino. Aquí dejamos el documento de acceso público a todos los que amen el ser naturaleza de nuestro ecosistema privilegiado en el planeta y los que tengan responsabilidades directas sobre la gestión de cuencas y del Delta en particular. Más aún, lo entregamos así con las manos abiertas a cada uno de los diputados y senadores de la provincia.

Propuestas urgentes para la regeneración del Delta del Paraná y sus humedales

En razón de lo aquí expuesto y dejando expresado que la mayoría del sistema de humedales provincial son áreas naturales protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicas y sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos decir que este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano. Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático. (Artículo 240 Código Civil y Comercial).

La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.

* Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrantes de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas.

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran:

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial.

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria.

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría.

Contacto de Prensa: +541123904594

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Corrientes y una oportunidad para comenzar a revertir la impunidad ambiental

El gobierno de Corrientes destruyó decenas de kilómetros de bosque ribereño del arroyo Riachuelo. Luego de un fallo judicial y una audiencia de partes, tiene diez días para plantear cómo va a restaurar el daño provocado y qué medidas concretará para proteger el ambiente. Fue fundamental la acción de ciudadanas nucleadas bajo la consigna “el Riachuelo se defiende”.

Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva

Corría el mes de julio de 2018. Una draga y dos retroexcavadoras se internaron en las márgenes del arroyo Riachuelo, a diez kilómetros de la capital correntina, y arrasaron con enormes extensiones de bosques ribereños, incluso dentro del Parque Provincial San Cayetano. La excusa: obras de dragado del arroyo.

El responsable de este daño ambiental fue el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA), organismo del estado provincial que contrató y autorizó a la empresa Ecodyma Sociedad Anónima para las tareas de dragado y refulado del Riachuelo. Es necesario destacar que no se realizó siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental, ni se realizaron mecanismos de participación pública, como establece la más elemental legislación vigente. Tampoco se consultaron organismos públicos como la Dirección Provincial de Recursos Forestales ni a las autoridades del Parque Provincial afectado.

Al no existir una Evaluación de Impacto Ambiental nunca se pudieron determinar todos los componentes ambientales que iban a ser afectados por los impactos de la obra y en qué magnitud, ni del medio físico, ni social, ni biológico. Ni, menos aún, replantear las obras para evitar el daño y afectación.

El daño ambiental fue extenso y la biodiversidad afectada es incontable. Entre las especies perjudicadas por las obras ilegales se encuentran: el lobito de río, el mono carayá, aves y fauna íctica. Entre los ambientes afectados a lo largo de los veinte kilómetros se pueden señalar los bosques de ribera, el propio río, esteros, bañados y el paisaje en general.

Leyes vulneradas y acción judicial

El dragado fue ilegal porque violaron todo tipo de normativa, entre otras la Ley Nacional de Ambiente (25.675), la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos 26.331 (artículo 9 y concordantes) y la Ley Provincial 5974 (artículo 16, entre otros). También la Ley 6360 de creación del Parque San Cayetano y otras provinciales como la 5175 y la 4736. Es por ello que fue la propia Dirección de Recursos Forestales de la provincia que afirmó que “el desmonte de bosques nativos no está permitido. La autorización solo puede ser otorgada en zonas categorizadas de bajo valor de conservación o verde”.

Es que todo el bosque ribereño dañado por las obras estaban clasificados y protegidos como bosques tipo I (rojo) y tipo II (amarillo), según la clasificación de la Ley Nacional de Bosques Nativos, lo que debió impedir su destrucción. También se violó la protección legal del lobito de río (declarado por ley “monumento natural”, que insta a la protección del animal y su hábitat) y se afectó el Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) Estero Valenzuela.

Valientemente un grupo de mujeres profesionales de la biología y la ecología (nucleadas bajo la consigna “El Riachuelo Se Defiende”) iniciaron una acción judicial para intentar revertir la situación de daño ambiental. No es fácil en provincias como Corrientes iniciar acciones judiciales contra el poder sin tener represalias personales o laborales, por ello lo encomiable de esta acción.

En una larga batalla judicial lograron, en julio de 2022, que el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria que implica realizar tareas de recomposición del ambiente dañado. A más de un año de la sentencia, el Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) —condenado judicialmente— no realizó ninguna de las tareas ordenadas por el fallo.

En la actualidad, la zona deforestada y la ribera dañada por el dragado y refulado presentan un gravísimo daño ambiental. La vegetación que conformaba el bosque, en especial los grandes árboles, no se ha recuperado ni lo hará en el corto o mediano plazo y muchos animales que habitaban en la ribera intervenida no han regresado. Las familias de monos aulladores que estaban siendo estudiadas se han ido, al igual que muchas aves que anidaban en las copas de los árboles. Tampoco se ve al lobito de río nadando en el cauce intervenido.

La zona dañada a lo largo de la ribera fue afectada seria y definitivamente por la empresa contratista y, también, por la omisión de contralor del Estado provincial. Es alarmante esa inacción, ya que tiene la ineludible obligación de asegurar la integridad ecológica de los ecosistemas.

Particularmente, los bosques ribereños, además de su belleza, cumplen funciones esenciales ecosistémicas: evitar la erosión de las costas, retener sedimentos, aportar de nutrientes a los cuerpos de agua, ser refugio y corredor de fauna.

CORRIENTES: UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EMPEZAR A REVERTIR LA IMPUNIDAD AMBIENTAL - Un grupo de mujeres profesionales de la biología y la ecología iniciaron una acción judicial contra la Provincia de Corrientes — Foto: El Riachuelo se Defiende

Cuatro medidas concretas y un plazo de diez días

La jueza Lorena Alicia Rak (Juzgado Civil 8 de Corrientes) llamó a una audiencia, la semana pasada, para establecer la forma de ejecución de sentencia (que ya se encuentra firme). Este hecho en sí mismo ya fue muy importante porque —por primera vez en mucho tiempo— funcionarios provinciales tuvieron que dar explicaciones de su inacción y así comenzar a romper la impunidad con la que se manejan. Como ejemplo de inacción, complicidad e impericia sobresale Mario Rubén Rujana, quien era titular del Instituto Correntino de Aguas y Ambiente (ICAA) al momento del daño ambiental (2018).

A la audiencia judicial acudieron las demandantes y la parte condenada: el ICAA y el gobierno provincial. En un largo debate, las impulsoras de la denuncia, avaladas por la ciencia y los antecedentes jurídicos en causas similares, exigieron medidas muy concretas que incluyen la recomposición de las áreas afectadas pero también medidas de compensación ambiental por el enorme daño ambiental ya realizado.

Exigieron:

Ampliación de la Reserva Provincial en algún sector del AICA Estero Valenzuela (las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves son áreas prioritarias y de alto valor para la conservación).
La sanción de un decreto provincial que prohíba totalmente el desmonte en bosques de ribera (bosques ribereños inundables y no inundables que se desarrollen hasta 200 metros desde la costa) hasta en tanto exista una norma provincial que establezca un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana, sobre los bosques de ribera.
La realización de una sostenida campaña de difusión del valor y la importancia de los bosques ribereños, de las cuencas y la biodiversidad acuática.
Que se lleven adelante proyectos de restauración de bosques ribereños de todo el arroyo Riachuelo, incluyendo propiedades privadas. Estos proyectos deberán ser realizados por un grupo de expertos en comunidades arbóreas de la provincia.

El Poder Judicial le otorgó un plazo de diez días hábiles al Estado Provincial y al ICAA para que respondan al pedido concreto de las accionantes y empezó a delinear una mesa de trabajo, junto a la sociedad civil, para que se controlen las acciones de reparación ambiental.

Los funcionarios públicos están obligados a proteger al ambiente y recomponer el daño ambiental, como señala la propia Constitución Nacional. De no realizar estas acciones son pasibles de ser denunciados penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Y esto incluye no solo a los funcionarios que ejercían sus cargos al momento de la comisión de los daños ambientales sobre el arroyo Riachuelo sino también a los actuales porque, como vimos, el daño ambiental continúa sin reparación alguna. Además que también podría iniciarse una acción autónoma por el daño ambiental, lo que significaría un largo derrotero judicial pero una segura y costosa condena para la provincia y la empresa Ecodyma (ejecutora del daño).Registro de las máquinas dragando, sin estudio de impacto ambiental, en el arroyo Riachuelo

Una provincia castigada y con impunidad

Corrientes es una provincia donde existe una gran impunidad ambiental. Según estudios locales conserva apenas el 7,8 por ciento de sus bosques nativos y, peor aún, menos del dos por ciento de sus bosques ribereños originales.
En el 2022 sufrió incendios forestales y de humedales equivalentes al 12 por ciento de su territorio sin que se haya establecido ningún responsable, ni civil, ni penal, ni siquiera político.

En Corrientes también se produce una irracional y descontrolada aplicación de agroquímicos, que hasta provocó la muerte de un niño: José “Kily” Rivero tenía 4 años, vivía en el paraje Puerto Viejo (Lavalle), zona de producción de tomates y altamente pulverizada con agrotóxicos dañinos para la salud y el ambiente y murió por ello en el año 2012.

Por su parte, la destrucción de bosques, humedales, esteros y pastizales para las plantaciones de especies arbóreas exóticas (más de 500 mil hectáreas de la provincia están cubiertos de estos desiertos verdes de pinos y eucaliptos) y el avance sobre estos ecosistemas de las empresas arroceras, se han convertido en una regla.

Por ello la importancia de esta causa judicial y una buena resolución de la misma. Tanto por las acciones concretas de recomposición y compensación ambiental pero, también y muy importante, porque podría ser el comienzo del fin de la impunidad ambiental en la provincia. Y, de este modo e irrefrenablemente, se empiece a revertir la larga historia de injusticia ambiental de Corrientes, donde la permanente violación de legislación y la destrucción de ecosistemas quedan impunes.

Publicada

Los corredores bioculturales de Villa Urquiza

Por Jorge Daneri (*). La naturaleza, con sus seres dentro, ha esculpido un conjunto de corredores biológicos y culturales invalorables en términos cualitativos, contemplativos. Una ordenanza¹ reciente sancionada en la comuna de Villa Urquiza, los comienza a reconocer. La sanción de esta normativa prioriza la preservación de sus bienes culturales, históricos, paleontológicos, arqueológicos y, en definitiva, las diversidades del territorio ambiental que habitan todos los seres, no humanos, como nosotros, los que podemos narrar estas historias.

En estos tiempos podremos ver, acompañar, celebrar su demarcación y cuidado, como en un ejercicio cívico de la participación ciudadana y la gestión de los gobiernos locales. Son acuerdos del porvenir que, ojalá, se lideren con generosidad, con la continuidad de las buenas decisiones aprobadas por consensos amplios y en el caso que nos ocupa, unánimes.

Los corredores bioculturales a jerarquizar, en un diálogo de preservación ecológica y rescate de la memoria fósil y cultural de Villa Urquiza, comienzan a ser identificados, diseñados en su cartelería, en la búsqueda de pasados, recuerdos, relatos, como en la identificación de miradores de paisajes que nos pueden permitir imaginar diálogos, mateadas y abrazos entre Juan L. Ortiz, Cesáreo Bernardo de Quiroz, Gloria Montoy, Polo Martínez y tantos otros creadores que se enamoraron de esa costa soleada y su río mágico y misterioso.

El corredor de los cementerios, comenzando por el Convento, el de las casonas de los abuelos inmigrantes, vascos, alemanes e italianos, también franceses, criollos, nativos.

La selva en galería con sus barrancas legalmente protegidas en el valle de inundación del Paraná Medio. Los árboles centenarios, y esos saltos de agua a reestablecer, restituir a la madre tierra, recuperar para siempre.

Los corredores bioculturales hacia Colonia Nueva, como hacia la balsa y su enorme humedal, en conversación eterna con la reserva natural Berduc, son opciones para disfrutar de la bicicleta con buenos kilómetros de sorpresas y alegrías maravillosas.

La comisión creada por esta ordenanza de preservación está en marcha, funcionando, conformando su reglamento interno, soñando y aterrizando. La integran decenas de instituciones, vecinos. Logra trascender las confrontaciones estériles y seguir los caminos de transiciones para cuidar sus identidades y la serenidad de los seres buenos que nos preceden, respetando el porvenir de las generaciones que continuarán defendiendo la necesidad de comprender y trasmitir estos conceptos que nuestra Constitución Provincial moviliza custodiar y disfrutar como un legado irrenunciable. Esta tarea es la que hoy nos convoca.

Ordenanza Nº 227/22 Municipalidad de Villa Urquiza, Entre Ríos, diciembre 2022.

(*) Abogado ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de Fundación La Hendija de Paraná.

Esta nota fue publicada originalmente en Era Verde y reproducida aquí con el permiso correspondiente.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica