Cuando el pueblo de Entre Ríos confrontó desde Gualeguaychú frente a los proyectos de mega plantas de celulosa, nació una Ley que declaró por unanimidad, Área Natural Protegida al sistema de humedales de los departamentos Uruguay, Ibicuy y Gualeguaychú. Fue una celebración de las comunidades todas, la construcción social y sanción de la Ley Nº 9718. Un símbolo comunitario e institucional frente a la política de los hechos consumados desde las gestiones de los gobiernos del país vecino, su prepotencia y la arrogante escala de las mega inversiones sin identidad ni licencia social.
La Ley declara al territorio de humedales “… de Interés Provincial, Cultural, Ambiental y Científico” denominándola, ni más ni menos, “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres”.
Dispone que el Gobierno de la Provincia iniciará los trámites pertinentes al efecto de que se declare al área señalada, Reserva de Biosfera, en el marco de UNESCO, con la finalidad de obtener el reconocimiento nacional e internacional.
Algunos tiempos después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró ilegal el proyecto de barrio privado Amarras, frente a la ciudad de Gualeguaychú, por encontrarse dentro de la Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, en Sentencia ejemplar, revirtiendo decisiones lamentables del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y finalmente ordenando la recomposición ambiental a su estado originario de humedales, al área intervenida y en conflicto jurídico.
Dos puntos significativos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, exponen sobre la debida aplicación y cumplimiento de los principios, In Dubio Pro Natura, e In Dubio Pro Agua, en la duda a favor de la naturaleza y el agua.
En segundo lugar, la decisión del máximo tribunal del País, destaca el nuevo artículo 85 de la Constitución de Entre Ríos que en el párrafo específico de la Sentencia, considera: “… En particular, no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y “los sistemas de humedales que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados” (art. 85 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos).
De manera más que sorprendente, no solo que no se desmantela el proyecto Amarras y se inicia el proceso de recomposición ambiental, sino que además aparecen nuevos emprendimientos inmobiliarios de características de urbanizaciones privadas/cerradas similares a la muy mala experiencia social e institucional, Amarras, en la misma área natural del sistema de humedales, supuestamente protegido.
En nuestra verdad, podemos afirmar que se encuentra más desprotegido el sistema ecológico Delta y sus sistemas asociados, que más allá de estar amparado por la norma especializada que así la declara, por la Constitución Provincial, por un FALLO puntual o caso de la Corte Suprema de Justicia, que ratifica su calidad de orden público por excelencia, nada cambia, al contrario, las amarras al delta parecen avanzar.
Cuando el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) existió operativa y realmente, por un tiempo, se realizó la primera Evaluación Ambiental Estratégica, un documento central, olvidado. En esas instancias, aún no existía la locura por las arenas para Vaca Muerta, sí se insinuaba ya la fiebre de los barrios privados importados desde Buenos Aires. El proyecto de consultoría de DELTARES (Países Bajos) impulsado durante el gobierno de (Mauricio) Macri en acuerdo con el Instituto Nacional del Agua, planteaba una ruta más corta hacia Punta del Este y un nuevo puente atravesando el valle de inundación “protegido” y de ese modo promocionar la urbanización del Delta sur y un mega puerto de exportación, a metros de Ibicuy, pero siempre en Buenos Aires, donde gobernaba el PRO. Ahora se invierten los signos y sus actores políticos en las provincias y como un mal ajedrez cambian los diseños pero algunos de ellos siguen el juego patético de artificialización voraz de los reinos de vida.
Es urgente la realización de una renovada Evaluación Ambiental Estratégica, de un reordenamiento ambiental del territorio Delta en su conjunto, de una lectura pausada de las diversas propuestas de estudios producidos, existentes y ya financiados, todo detallado en el informe que oportunamente fue presentado por la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) que obra a disposición de los municipios, los miembros del PIECAS y las organizaciones y seres comprometidos, en el siguiente enlace: Propuestas urgentes para la regeneración del Delta del Paraná.
Desamarrar el Delta, proteger sus cauces que son públicos, que no se pueden represar desarrollando endicamientos, que no se pueden privatizar en beneficio de unos muy pocos, sea para su pampeanización como para su urbanización, que no se puede avanzar en la promoción de su desertificación frente al intento de mayor artificialización por adaptación del cauce a los mega barcos de ultramar de la mal denominada hidrovía, etc., es una prioridad central para cumplir con el contrato social constitucional y la Sentencia del máximo tribunal de la Nación.
La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con el Colectivo de Acción por la Justica Ecosocial (CAJE) a realizado una conjunto de solicitudes de acceso a la información pública ambiental y una serie de propuestas de acción política y técnica destinadas al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, atento su rol de dirección, por un período, del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
En primera instancia, se solicita se provea la documentación completa relacionada con la extracción, explotación, procesamiento y transporte de arenas silíceas con destino al yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
La profundización del modelo extractivista de las arenas silíceas en el territorio provincial, particularmente en el contexto de su sistema de humedales, es realmente alarmante. En la presentación, se propone la utilización de dos herramientas precisas dispuestas en la renovada Constitución Provincial de Entre Ríos, con carácter de urgente, un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica.
Fundamenta lo que promovemos en el marco de la Constitución Provincial, su artículo 84 ordena que: “Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales. La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global.”
En esta línea, el Estado nacional dispone de la Resolución de la máxima autoridad ambiental Número 434/19 en la que se establece todo el proceso de desarrollo de la herramienta técnico institucional de Evaluación Ambiental Estratégica.
No podemos dejar de mencionar, que el PIECAS desarrollo una de las primeras experiencias en el País aplicando la misma, hace casi 15 años, siendo un documento relevante para su consideración en esta segunda iniciativa que aquí promovemos a la autoridad provincial y por su intermedio, al seno del PIECAS.
En primera instancia se requiere de la Provincia de Entre Ríos:
1. Detalle de un listado pormenorizado de la totalidad de los emprendimientos de extracción de este tipo de arenas para su comercialización y destino hacia Vaca Muerta, desde su comienzo hasta la actualidad.
2. Se nos provea de un amplio Mapa con cada una de las ubicaciones, de modo digital o en papel, o en su caso, las coordenadas georreferenciadas de cada explotación, tanto para extracción como para procesamiento.
3. Se nos haga llegar copia de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental y/o actos administrativos de aprobación o rechazo de los mismos de conformidad a los Decretos Reglamentarios vigentes sobre EIA.
4. Se nos informe los proyectos en ejecución de extracción de las arenas en cuestión, que no se encuentren autorizados, aprobados y que tengan en trámite sus EIA correspondientes.
5. Se nos informe de las explotaciones clandestinas de las que vuestra autoridad tenga conocimiento y si existen, en cada caso, sanciones, multas y clausuras.
6. Detalle de las causas judiciales vinculadas a cada uno de estos emprendimientos extractivos, de cualquiera de los fueros donde se tramitan.
7. Se nos informe sobre las empresas habilitadas para transportar dichas arenas, los medios de transporte utilizados.
Especial petición y propuesta:
Finalmente y en segunda instancia peticionamos, en atención al documento de Línea de Base y Evaluación Ambiental Estratégica existente en el PIECAS, se adopte la iniciativa de desarrollar una renovada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con foco en este escenario que tome como área de trabajo, el Delta y el Pre Delta en todo su conjunto y sinergias. Requerimos se avance paralela y sinérgicamente, en el desarrollo de los Términos de Referencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, de la totalidad de los emprendimientos de extracción de dichas arenas silíceas con destino a Vaca Muerta, más aún en las dos Áreas Naturales Protegidas de humedales que se encuentran en el territorio que nos ocupan, como dos Parques Nacionales y un Sitio RAMSAR, entre otras razones vinculados al concepto de sistema de humedales y sus ecosistemas asociados que nuestra Constitución Provincial (Art. 85) expresamente ordena proteger con especial foco, frente a escalas que parecerían absurdas por lo que hasta aquí se conoce.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE).
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas denunciamos la falta de acceso a información clave sobre el “Proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos”, una obra de gran envergadura que podría generar impactos ambientales irreversibles en el ecosistema del río Uruguay y sus comunidades ribereñas.
Pese a nuestras reiteradas solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y del Acuerdo de Escazú, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha derivado la responsabilidad de brindar respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Sin embargo, hasta el momento, este organismo no ha puesto a disposición la documentación solicitada, obstaculizando el derecho ciudadano a conocer y participar en las decisiones que afectan los bienes comunes.
¿Por qué es importante esta información?
El dragado de un río no es un hecho menor. Aumentar la profundidad de los canales de navegación implica la remoción masiva de sedimentos, alterando los ecosistemas acuáticos y costeros. Estas intervenciones pueden generar graves consecuencias:
Modificación de los flujos hídricos y aumento de la erosión de las costas.
Pérdida de biodiversidad acuática y afectación de las especies migratorias.
Liberación de contaminantes acumulados en los sedimentos del fondo del río.
Alteración de las dinámicas de las comunidades pesqueras y ribereñas.
Además, en este caso, las intervenciones planificadas podrían afectar pasos críticos como la isla San Francisco, ubicada frente a la ciudad de Colón. La falta de información sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las evaluaciones técnicas impide conocer la magnitud real de los riesgos asociados a la obra.
Acceso a la información: un derecho, no una concesión
El acceso a la información pública ambiental es un derecho consagrado en la legislación argentina e internacional. Tanto la Ley 25.831 como el Acuerdo de Escazú establecen la obligación de los Estados de garantizar la publicidad de los proyectos con impacto ambiental, asegurando la transparencia y la participación ciudadana.
Según el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información ambiental sin necesidad de justificar un interés particular. En este caso, la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores a proveer los documentos solicitados vulnera este derecho y genera un grave precedente en la gestión de los bienes comunes.
Exigimos respuestas y transparencia
Ante la falta de información y la negativa de los organismos responsables a brindar acceso a la documentación solicitada, exigimos:
La entrega inmediata de los antecedentes completos sobre el Proyecto de Dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos, incluyendo los Estudios de Impacto Ambiental y cualquier otra evaluación técnica.
Claridad sobre los procesos de autorización y evaluación de la obra por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
Información detallada sobre los posibles derrocamientos en pasos críticos y su impacto en el ecosistema del río.
Cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente, garantizando la consulta y participación de las comunidades afectadas.
El acceso a la información es la base de una democracia ambiental real. No se puede gestionar un río como si fuera un canal comercial al servicio del extractivismo, sin considerar sus múltiples funciones ecológicas y sociales.
Desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los ríos y los territorios. Si la información continúa siendo retenida, avanzaremos con las acciones judiciales correspondientes para garantizar que se respete el derecho de las comunidades a conocer y decidir sobre su futuro.
En un contexto global marcado por la crisis ecológica y la creciente mercantilización de los bienes comunes, el acceso a la información se erige como una herramienta indispensable para la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades. Es bajo esta premisa que hemos insistido en nuestras solicitudes de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) respecto de dos proyectos que podrían transformar irreversiblemente la dinámica socioambiental del río Uruguay y sus alrededores.
¿Qué es la CARU y por qué es clave en este debate?
La CARU, órgano binacional creado en el marco del Estatuto del Río Uruguay de 1975, tiene la responsabilidad de administrar el uso, desarrollo y conservación de este curso de agua compartido entre Argentina y Uruguay. En respuesta a nuestras reiteradas solicitudes, la Delegación argentina ante la CARU nos comunicó que aún no cuenta con información oficial sobre la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Aunque destacó la importancia de cumplir con los procedimientos de información y consulta previa establecidos en los artículos 7° al 13° del Estatuto del Río Uruguay, el silencio o la falta de datos concretos evidencian una preocupante debilidad institucional.
Nuestra preocupación se centra en dos iniciativas de magnitud considerable que afectan al río Uruguay y sus comunidades ribereñas:
Los megaproyectos en cuestión
Planta de hidrógeno verde en Paysandú
Este proyecto, ubicado frente a la ciudad de Colón, Entre Ríos, incluye la construcción de un puerto de exportación en el paso crítico San Francisco, una isla de altísimo valor ecológico y paisajístico. Con una ocupación territorial equivalente a la mitad de la superficie de Colón, los impactos visuales y territoriales serían devastadores. A pesar de la magnitud del proyecto, la CARU no ha recibido información oficial, reflejando una preocupante falta de transparencia.
Profundización del dragado hasta Concordia-Salto
La ampliación de la mal llamada hidrovía no solo compromete el equilibrio del ecosistema fluvial, sino que también intensifica un modelo extractivista que pone en riesgo a las comunidades ribereñas. El cumplimiento de los procedimientos de consulta y evaluación previa establecidos en el Estatuto del Río Uruguay es esencial para garantizar la participación ciudadana y la sostenibilidad del proyecto.
El silencio es una barrera para la justicia ambiental y la transparencia
Si bien la respuesta de la Delegación argentina ante la CARU reconoce formalmente la necesidad de información detallada y consultas previas sobre estos proyectos, sigue sin abordarse la urgencia de un acceso pleno y oportuno a los datos por parte de las comunidades afectadas. Este retraso perpetúa la exclusión y dificulta la construcción de estrategias participativas para la defensa de los territorios.
Es fundamental recordar que el acceso a la información no es un simple trámite burocrático, sino un derecho garantizado por normativas internacionales como el Acuerdo de Escazú. En un contexto donde el extractivismo avanza bajo la bandera de las “energías limpias”, es imprescindible cuestionar los costos ocultos de estos megaproyectos, que suelen ser ocultados bajo el velo de la sostenibilidad.
Justicia ambiental y participación ciudadana: un llamado urgente
La respuesta parcial de la CARU y la falta de información oficial sobre proyectos de gran impacto ambiental nos convocan a redoblar los esfuerzos por garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Estos principios son esenciales para evaluar los megaproyectos desde una perspectiva integral, que contemple no solo sus beneficios económicos, sino también sus efectos sociales, culturales y ecológicos.
En caso de persistir la opacidad institucional, nos reservamos el derecho de iniciar acciones judiciales para garantizar que se cumplan las normativas vigentes y se respete el derecho de las comunidades a ser informadas. La defensa del río Uruguay no es un asunto menor: es una lucha por preservar los bienes comunes, las identidades locales y las posibilidades de un futuro justo y sostenible.
La transparencia no es negociable; es el cimiento de una democracia ambiental que nos incluya a todas y todos.
Un conjunto no menor de normas jurídicas nacionales e internacionales a las que el Estado Argentino adhirió, determinan la necesidad obligatoria del desarrollo de una visión de cuenca y su trascendente gestión democrática y participativa. La conformación de Comités de Cuencas son trascendente y jurídicamente obligatorias. La construcción de decisiones políticas sobre el cómo gestionar nuestros ríos, no se deben tomar autoritariamente desde Buenos Aires, o más aún, desde la Presidencia de la Nación. Aceptarlo, rendirnos, entregarnos, vendernos o esclavizarnos frente a semejante realidad política, es negar la historia de nuestra conformación como Estado Nación y normalizar una barbarie ecocida.
La conformación federal constitucional, como la titularidad en cabeza de las Provincias de “sus bienes naturales” exigen un respeto, cumplimiento y aplicación tal, que merecería calificarse como uno de los pilares intocables de la conformación del Estado de Derecho Federal y Republicano. Este contrato social institucional no puede ser violentado por nadie, más allá que sí lo viene siendo desde el nacimiento mismo del proyecto hidrovía Paraguay Paraná, liderado por las corporaciones financieras internacionales, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) y un conjunto de Presidentes totalmente alienados a las logicas del extractivismo depredador y desolador de las diversidades todas (económica, ecológica y cultural, además y esencialmente, política).
La visión Artiguista federal, originaria en la creatividad de la visión y gestión de cuencas, es una reivindicación de ejercicio de las autonomías provinciales en su justo equilibrio, fruto de la concertación, de la conversación política y de la realización de estudios, investigaciones, debates y audiencias públicas de todo tipo, previo a decisiones que pueden cambiar las estructuras mismas del ser naturaleza de nuestros territorios, en particular, en el caso que nos trata y angustia ahora, de la Mesopotamia y el Litoral argentinos.
El gobierno Nacional no debe hacer lo que se le ocurra con el río Paraná. Los Términos de Referencia (T de R) de los estudios de impacto ambiental como acumulativos, si así se ejecutaran, no pueden ser privatizados en semejante proyecto de ampliación de los procesos ingenieriles de mayores profundizaciones en los cauces principales (44 pies) como de ensanchamientos y posibles procesos de derrocamiento de pasos o áreas denominadas críticas para el tránsito de los barcos. La intransigencia de los Estados Provinciales en la participación en la conformación de esos términos de referencia de lo que se debe estudiar, del objeto de estudio, de investigaciones, etc, debe ser sustantiva y de extrema seriedad para que los estudios no sean un dibujo más de la corrupción de los intereses en cuanto a la concreción supuestamente objetiva del o los proyectos que se proponen para ejecutar sí o sí, porque responden a intereses económicos mega gigantes del modelo extractivista exportador.
Es un debate sobre democracia federal ambiental o zona de sacrificio resuelta en la mesa chica de algún país con sede de instituciones financieras que deciden el presente y futuro de la Nación toda.
Este escenario se agrava aún más, frente a la decisión de excluir a la máxima autoridad ambiental nacional de todo este contexto, con una responsabilidad política y jurídica gigante por parte de su Secretario Daniel Scioli, como de los firmantes de los Decretos Nacionales que así lo determinan, con el agravante de igual categoría, frente a la extinción del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Los artículos 41, 42, 43 y 124 de la constitución nacional, ingresan en la crisis del abuso de derecho, del autoritarismo.
No son pocas las normas de la Constitución de Entre Ríos que también se agravian brutalmente. El silencio del gobierno Provincial es alarmante. Ojalá algo suceda para escuchar a quienes deben expresarse. No hacerlo, es entregarse al peor escenario político posible. La insustentabilidad ecológica como económica de semejante silencios, tiene una proyección en el tiempo inaceptable. Más aún cuando este silencio brota oscuro desde el Poder Legislativo Provincial.
La escala de afectación a los bienes naturales de los entrerrianos, a sus derechos humanos de acceso al agua saludable como sus diversidades en el sistema de humedales y ecosistemas asociados, pude resultar catastrófica.
Hemos expuesto frente a la autoridad ambiental provincial, que el reciente Tratado de la Región Litoral, puede ser un escenario propicio para la conformación del comité de cuenca, pero para contemplar, cuidar y apreciar el río como tal, como un ser naturaleza, un ser nosotros y no priorizado como eje en la profundización del modelo mal nacido de hidrovía o vía con todo lo que su expansión modela en mega escala de impactos negativos hacia los territorios y sus pueblos.
El reciente artículo del periodista Tirso Fiorotto titualdo “En 2025 cumplen 210 años dos consignas “tajantes como navaja” | Análisis lo expresa dese la historia que se intenta borrar como negar y la sutil poesía del autor.
Finalizar estas reflexiones con un párrafo de Fiorotto, que lo expone como nadie, como Artigas lo haría hoy:
“Las sucesivas gestiones provinciales se muestran distantes de los principios confederales, y cuando buscan defender algunas facultades propias lo hacen desde una perspectiva estatal, también vertical, sin atender al centro de la cuestión: la participación comunitaria.
Es que el protagonismo de los pueblos exige a las dirigencias salir de su zona de confort y emprender reformas a la altura de las circunstancias. Desempleo, desarraigo, hacinamiento, concentración de las riquezas, no sintonizan con la banda roja de 1815, claro está, y tampoco con el legado que medio siglo después difundiera Alejo Peyret (siguiendo El Principio Federativo de Proudhon). Para Peyret (como para Artigas antes) aquí el unitarismo era despotismo, y la federación, libertad. “Buenos Aires era la cabeza hipertrofiada a expensas de la nación entera. El unitarismo no podía dar y nunca dará otros resultados”, afirmaba y presagiaba con gran acierto Peyret, según el rescate de Américo Schvartzman.”
La gestión de la cuenca del Paraná en el tramo argentino, necesita de la convicción y el compromiso de traer el pensamiento y la acción del Artiguismo al ejercicio del federalismo de concertación, esa democracia ambiental donde la bandera de la tierra de los ríos libres con su rojo fuerte, la de Artigas, pueda volver a flamear con la dignidad de la historia de sus pueblos libres, autónomos, sus principios, los cuales hoy aún brillan en la reformada Constitución de la Provincia. No honrarla es violarla. “
La palabra, cuando se expresa como juramento, para algunos, tiene un valor -el de nuestros viejos políticos, militantes, docentes, académicos, obreros, jornaleros, amas de casa, emprendedores a escalas humanas, seres todos de buena madera- más aún si no lo tiene para el violador, si es solo una formalidad, que en los hechos se vuelve una palabra vacía, o una no palabra.
(*) Miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)
Parece ridículo explicar sus consecuencias inhumanas. Quizás sí exponerlas para los seres vivos no humanos, pero ahora no es el objetivo de estas palabras. Victoria, la de las siete colinas, se está secando.
Cientos de causas se pueden exponer frente a semejante realidad. Los anti Estado que dicen que el libre mercado lo resolverá, los burócratas que no salen o no se animan a saltar de sus zonas de confort, o los militantes funcionarios de la Agenda negacionista, el no tenemos plata y los alienados al infierno mental de sus mundos digitales.
Mientras el pueblo de Victoria se queda sin acceso a las aguas, la política del auto proclamado “No” político Javier Milei, anunciará en las Naciones Unidas, la liberalización de todas y todos, más este río.
En su cauce principal, si existen dragas ¡y qué dragadoras!
Pero para abrir pasos taponados por décadas de descontrol por esas mismas mega dragas y que las aguas puedan fluir hacia el valle de inundación del ejido de Victoria, no existen urgencias ni tiempos prioritarios. Menos aún dragas públicas que solidaria y fraternalmente puedan brindar, esas manos. Las fundieron, las vaciaron, las hundieron o las regalaron a las corporaciones multinacionales.
El pueblo de Victoria se está quedando sin agua. ¿Se comprende?
Estas reflexiones, ojalá puedan servir para que algún fiscal de esos Ministerios Públicos mínimamente valiente, o esos jueces que sí tienen tiempo para avanzar en causas ambientales y resolverlas como el Derecho Constitucional y Ambiental disponen, puedan tomar estos hechos, como una solicitud de ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de sus pueblos, como una ética del cuidado de las instituciones democráticas a escala humana, no digital, y disponer la inmediata convocatoria al Comité de Emergencia Ambiental del Delta conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2020, para que se garantice todo eso que se debe poner para sostener el aún milagroso artículo 85 de la Constitución de la Provincia de los ríos libres, y el pueblo de Victoria no se sienta vulnerable y abandonado por los unos y los otros.
(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.
En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.
Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE
Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.
En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.
Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.
Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa
La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.
También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.
Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado.
Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE
En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?
Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.
La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie,El territorio hablaque tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?
Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.
Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.
El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.
Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.
Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.
Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.
El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.
Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?
Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.
Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales
Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.
El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.
Un atentado contra los acuerdos internacionales
Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.
Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico
Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.
La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.
Exigencias y acciones inmediatas
Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:
La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.
No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental
Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) solicitamos la convocatoria urgente del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. La situación en el Delta del Paraná ha alcanzado niveles críticos debido a la bajante extrema del río Paraná y los incendios irregulares que continúan devastando el área. Nos preocupa profundamente el impacto que esta crisis está teniendo sobre los ecosistemas del Delta y la seguridad hídrica de millones de personas que dependen de esta región.
Los humedales del Delta del Paraná cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Cuenca del Plata. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas crecientes debido a la falta de medidas efectivas por parte del Estado. La crisis hídrica, los dragados descontrolados y la continuidad de incendios están acelerando la degradación de este ecosistema único.
Exigimos que el Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, en su carácter de Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, convoque inmediatamente al Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. Este Comité tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para mitigar los efectos devastadores de la crisis hídrica y los incendios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya estableció en su fallo del 11 de agosto de 2020 la necesidad de un espacio de coordinación entre las provincias afectadas y la Nación, y la creación del Comité fue justamente para enfrentar situaciones como la que vivimos hoy.
Pedimos que se tomen medidas concretas y urgentes, acordando un plan de acción que responda a la emergencia en curso y garantice el cuidado de los humedales. También solicitamos la apertura de un espacio público de diálogo con las organizaciones ambientales que trabajan en la región, para que puedan expresar sus observaciones y aportes sobre las acciones necesarias. Este tipo de intercambio es fundamental para asegurar que las decisiones que se tomen sean transparentes y respondan a las realidades locales.
Entendemos que la situación es extremadamente grave. De no obtener una respuesta inmediata, nos veremos en la obligación de informar a la Corte Suprema, solicitando su intervención directa debido a la inacción de las autoridades. La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que establece bases claras para la protección de los ecosistemas del Delta y la prevención de incendios, debe ser aplicada de manera estricta.
Insistimos también en que las reuniones del Comité se realicen en la región afectada, ya sea en Rosario, Victoria o San Nicolás, para facilitar la participación de las comunidades locales y organizaciones involucradas. Es crucial que las decisiones se tomen cerca de los territorios afectados, en contacto directo con quienes viven y defienden estos espacios.
Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ecosocial y con la defensa de los derechos de la naturaleza. La crisis en el Delta del Paraná no solo afecta al ambiente, sino también a las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. Precisamos acción con responsabilidad y urgencia.
Contacto de Prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 718/2024, avanzó con decisiones sobre las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Trece días antes de su vencimiento, otorgó una nueva prórroga a las concesiones existentes para las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En ese mismo decreto, se llama a concurso público para avanzar en la privatización de hecho a cargo de la Secretaría de Energía, que tiene 180 días para llamar a concurso público nacional e internacional y vender la mayoría de las acciones de las centrales.
En un contexto en el cual la energía y el agua han sido focos de conflicto en la estabilidad macroeconómica nacional, la reciente decisión del gobierno de prorrogar las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue plantea serias preocupaciones. La retórica privatizadora avanza sobre los proyectos de infraestructura, específicamente sobre los que venían más vulnerables: aquellos que se mantenían en un limbo legal de concesiones y parches regulatorios. Entre ellos están los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila actualmente en manos de empresas privadas como AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).
Las represas hidroeléctricas han sido una parte integral del sistema energético argentino, representando aproximadamente el 20% de la generación total de energía eléctrica. Su construcción fue realizada por el Estado nacional a partir de los años ‘60, con una inversión de alrededor de U$S 20 mil millones. Si bien se contó con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, estas represas también fueron financiadas gracias a los fondos específicos pagados por los usuarios de todo el país. Debido a la enorme inversión los períodos de amortización se calculan alrededor de 30 años, incluso con una rentabilidad anual de entre U$S350 y U$S400 millones. Si bien varía de central a central y depende de la inversión en mantenimiento, una vida útil de más de 60 años otorga enorme cantidad de divisas a largo plazo.
Sin embargo, se calcula que al privatizarse Hidronor S.A. y las 19 represas hidroeléctricas el Estado recuperó aproximadamente U$S2 mil millones, alrededor de un 10% de su inversión. Por lo cual una inversión económica que hubiera sido redituable, representó una pérdida para las arcas estatales. La inversión y construcción fue pública, pero la renta fue privatizada en estas últimas décadas.
El saldo de la privatización es negativo por donde se lo mire. Desde la desregulación y privatización del sistema eléctrico que se llevó a cabo durante el menemismo, el sector privado no ha aportado un diferencial deseable. No sólo en términos de divisas, sino en ninguna de las múltiples esferas de las cuales las grandes represas forman parte. El supuesto mercado libre y sistema de competencias que el neoliberalismo prometió, sólo dejó un oligopolio energético que tiende a fugar divisas, que no realiza nuevas obras, que no transfiere conocimiento tecnológico, que no invierte en mantenimiento y que no reduce tarifas.
Ante la falta de planificación, las concesiones que ya vencieron fueron extendidas con prórrogas cortas. Parches regulatorios que postergaban la definición largo plazo, mientras vaivenes electorales evitaban una dirección clara en la política energética nacional. La senda del actual gobierno fue clara en lo discursivo, y la reciente aprobación de la Ley Bases otorgó el capital político que faltaba para avanzar en las privatizaciones.
Incluso para un gobierno que enarbola el déficit como bandera, y para el cual la restricción externa por la ausencia de dólares es un nudo difícil de resolver, renunciar a la renta producida por la energía hidráulica no es una decisión financiera. Es una ceguera profundamente ideológica. En un sentido estratégico energético, la renta producida de las grandes represas existentes podría financiar proyectos de transición energética justa y popular hacia fuentes renovables. Una matriz energética fosilizada como la argentina está altamente dependiente del precio internacional de la energía y de los márgenes de ganancia de los privados en el sector. Pocos meses atrás hubo una pequeña crisis en este sentido, cuando el sector gasífero no alcanzó a equiparar la demanda y hubo que pedir de favor a Brasil un buque de gas natural licuado para evitar que hubiera hogares sin calefacción.
A medida que la crisis climática impacta cada vez más sobre la salud de las poblaciones, la discusión en torno a la urgencia y formas de las transiciones energéticas se vuelven cruciales. Si bien en nuestro país esta discusión no atraviesa el arco político, activos estratégicos como las represas tienen que ser vistas desde una perspectiva pública y social. Aunque no hay consenso intersectorial para nuevas construcciones de esta magnitud, la decisión sobre el destino de las ya existentes es necesaria. Durante el resto de su vida útil, las represas hidroeléctricas pueden funcionar como “baterías” de energía potencial, complementando otras fuentes renovables que son intermitentes, como la solar y la eólica. Pero este enfoque requiere una planificación integral que considere las necesidades del sistema energético en su totalidad y los diversos actores involucrados en la gestión de cuencas.
Si bien operan bajo la lógica de ser estructuras generadoras de energía, estas enormes represas tienen un carácter multidimensional. La regulación pública es fundamental para enfrentar desafíos como la pérdida de glaciares y la disminución del caudal del río Paraná, asegurando que las decisiones sobre energía se basen en criterios multidimensionales. Solo a través de una gestión pública (en todas sus formas) adecuada se podrá avanzar hacia una transición ecosocial del sistema energético.
Las operadoras tuvieron su oportunidad de décadas de actuar bajo lógicas de mercado y con regulaciones laxas. Su búsqueda de maximizar beneficios ha derivado en una falta de inversión en infraestructura y un mantenimiento inadecuado de las instalaciones. A su vez, ha habido especulación con los niveles de los embalses para vender la energía al momento que más conviene, y retención del agua cuando la energía está más barata. Este modelo de gestión perjudica a su vez a usuarios cuenca abajo y genera impactos ecosistémicos que afectan el suministro hídrico y energético. Esto genera problemas debido a la multiescalaridad de una enorme infraestructura que cuenta con: financiamiento y concesión a nivel nacional, bienes naturales de control provincial y enormes impactos socioambientales a nivel local. Esta gestión requiere una intersectorialidad multiescalar y multisectorial. En este espíritu, las propuestas de Comité de Cuenca, con marcos interjurisdiccionales y visión integral, deberían incorporar el bien público y colectivo antes que la dependencia de decisiones privadas.
De más está decir que el agua posibilita la vida en sentido biofísico. Pero en este contexto de crisis climática y eventos de clima extremo es necesario entender que el agua posibilita la vida también en términos culturales y sociales. Cuando en un territorio hay crisis hídrica, quien gestiona el agua y la energía tiene la capacidad de decidir qué sector productivo se reproduce o no. Retener masivos volúmenes de agua afecta los regímenes hidrológicos y transforma los ecosistemas y modos de vida de las poblaciones. Gestionar el agua se convierte entonces en un interés ambiental, estratégico y social, porque es gestionar un derecho humano, una fuente de reproducción y un insumo clave para la producción de la vida toda.
La privatización de estos puntos nodales del sistema energético-ambiental demuestra a todas luces ser una estrategia fallida. La continuidad de este modelo, en última instancia, vuelve a evidenciar la profunda ceguera ideológica con la que actúa el gobierno de La Libertad Avanza. La gestión de las represas debería ser una cuestión de interés social, con el bienestar de la población en el centro y con la conciencia de que una salida gradual y ordenada del sistema energético actual es necesaria cuanto antes. Si bien el rol estatal es fundamental, para esto es necesario extender la noción de público más allá de lo estatal y explorar otras formas de lo público que incluyan la participación de sectores sindicales, cooperativos y comunitarios.
