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Urgente, mil manos para Victoria

por Jorge Daneri para Análisis Digital

Parece ridículo explicar sus consecuencias inhumanas. Quizás sí exponerlas para los seres vivos no humanos, pero ahora no es el objetivo de estas palabras. Victoria, la de las siete colinas, se está secando.

Cientos de causas se pueden exponer frente a semejante realidad. Los anti Estado que dicen que el libre mercado lo resolverá, los burócratas que no salen o no se animan a saltar de sus zonas de confort, o los militantes funcionarios de la Agenda negacionista, el no tenemos plata y los alienados al infierno mental de sus mundos digitales.

Mientras el pueblo de Victoria se queda sin acceso a las aguas, la política del auto proclamado “No” político Javier Milei, anunciará en las Naciones Unidas, la liberalización de todas y todos, más este río.

En su cauce principal, si existen dragas ¡y qué dragadoras!

Pero para abrir pasos taponados por décadas de descontrol por esas mismas mega dragas y que las aguas puedan fluir hacia el valle de inundación del ejido de Victoria, no existen urgencias ni tiempos prioritarios. Menos aún dragas públicas que solidaria y fraternalmente puedan brindar, esas manos. Las fundieron, las vaciaron, las hundieron o las regalaron a las corporaciones multinacionales.

El pueblo de Victoria se está quedando sin agua. ¿Se comprende?

Estas reflexiones, ojalá puedan servir para que algún fiscal de esos Ministerios Públicos mínimamente valiente, o esos jueces que sí tienen tiempo para avanzar en causas ambientales y resolverlas como el Derecho Constitucional y Ambiental disponen, puedan tomar estos hechos, como una solicitud de ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de sus pueblos, como una ética del cuidado de las instituciones democráticas a escala humana, no digital, y disponer la inmediata convocatoria al Comité de Emergencia Ambiental del Delta conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2020, para que se garantice todo eso que se debe poner para sostener el aún milagroso artículo 85 de la Constitución de la Provincia de los ríos libres, y el pueblo de Victoria no se sienta vulnerable y abandonado por los unos y los otros.

(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Incendios, negacionismos y cambio cultural

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud; son megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas. EFE

Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios… Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.

Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.

Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle David Correa

La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.

También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.

Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado.

Suspenden vuelos y clases presenciales en zonas más afectadas por los incendios en Bolivia. EFE

En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?

Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.

La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie, El territorio habla que tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?

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Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.

Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.

El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.

Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.

Incendios en Córdoba: se contuvo el foco en La Calera pero el fuego no cesaba en Ambul. NA.

Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.

El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.

Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?

Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.

Alerta por la irresponsable intervención en los ríos Paraguay y Paraná: un ecocidio inminente

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exige acciones urgentes ante los inminentes proyectos de intervención sobre los ríos Paraguay y Paraná, que amenazan con desatar una crisis socioambiental sin precedentes. Las autoridades deben convocar de manera inmediata a una reunión de Cancilleres y las máximas autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata, además del Sub Grupo 6 del Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur, para debatir el impacto devastador que estas obras pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades locales.

Mega proyectos de destrucción: Impacto irreversible en la biodiversidad y las comunidades locales

Los anuncios recientes del gobierno nacional y los de Paraguay y Brasil detallan un conjunto de intervenciones sobre los ríos Paraguay y Paraná que buscan profundizar las vías navegables para aumentar el tránsito de barcazas. Esto incluye el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado de más de 2.000 kilómetros desde Cáceres hasta Corumbá, en Brasil. Estas obras se realizarían en el contexto de una de las peores crisis hídricas de la cuenca en los últimos 77 años, una situación que ha afectado directamente la disponibilidad de agua en la región y exacerbado los procesos de desertificación.

El impacto ambiental de estas acciones es alarmante. Los humedales de la Cuenca del Plata, que albergan una biodiversidad invaluable y proveen recursos vitales para millones de personas, están en grave peligro. Según la Convención de Ramsar, cinco sitios prioritarios del río Paraná, reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica, quedarían expuestos a un riesgo de degradación irreversible si se continúan estos proyectos sin una evaluación ambiental integral.

Un atentado contra los acuerdos internacionales

Los proyectos en marcha no solo violan la legislación ambiental argentina y las normas internacionales, sino que también pasan por alto compromisos clave como el Acuerdo de Escazú, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur. Según el Acuerdo de Escazú, las comunidades tienen derecho a acceder a información clara y participar en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado consultas públicas ni estudios de impacto ambiental (EIA) completos que respeten estos principios. La falta de transparencia y de participación ciudadana en este proceso es una flagrante violación de la ley.

Es fundamental recordar que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y las EIA no son simples formalidades. Según el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, el Estado está obligado a garantizar que toda obra que pueda generar un impacto significativo en el ambiente cuente con estudios previos que evalúen sus consecuencias socioambientales. Estas herramientas legales permiten evitar los efectos negativos y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Datos alarmantes: Impacto económico y ecológico

Las cifras de impacto de estas intervenciones son devastadoras. En 2022, la bajante histórica del río Paraná dejó más de 15.000 kilómetros cuadrados de humedales en riesgo de perder su capacidad de regulación hídrica. Según estudios del Instituto Nacional del Agua, el sistema de humedales del Paraná inferior ha reducido su capacidad de retención de agua en un 40% desde el inicio de las dragas y canalizaciones en la década de 1990. La flora y fauna de la región también se han visto gravemente afectadas, con una disminución del 30% en las poblaciones de peces y especies clave para la subsistencia de las comunidades locales.

La profundización del cauce del río Paraguay, prevista en este megaproyecto, podría incrementar aún más la frecuencia de inundaciones en la región. Expertos del Instituto Argentino de Recursos Hídricos advierten que el derrocamiento de los pasos rocosos naturales podría cambiar permanentemente el régimen hidrológico del río, generando desbordes en áreas pobladas y la pérdida de territorios agrícolas.

Exigencias y acciones inmediatas

Ante esta grave situación, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas exigimos:

La inmediata convocatoria a una reunión de Cancilleres y autoridades ambientales de los países de la Cuenca del Plata para debatir el impacto ambiental de estos mega proyectos.
La realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que analice de manera integral los efectos socioambientales de estas intervenciones, en particular su compatibilidad con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Ramsar.
Un diálogo abierto y transparente con las comunidades afectadas y la sociedad civil, conforme lo estipulan la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831) y el Acuerdo de Escazú.
Que se suspenda cualquier avance en estas obras hasta que se cumplan con los procedimientos de participación ciudadana y se realicen estudios de impacto ambiental completos y rigurosos.

No más intervenciones sin control: Un llamado a la justicia socioambiental

Rechazamos de manera categórica cualquier avance en estos proyectos de intervención en ríos Paraguay Paraná, hasta que se respeten las normativas ambientales vigentes y los derechos de las comunidades. Es necesario que los barcos se adapten a los ríos, no los ríos a los barcos. En pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático sin precedentes, se siguen privilegiando los intereses de unos pocos por encima de la salud de los ecosistemas y las comunidades. Nuestros ríos no son meras autopistas para el comercio internacional; son fuentes de vida para millones de personas y hogar de miles de especies. Si no logramos que se actue ahora, el costo ambiental, social y económico será incalculable.

Respuestas colectivas ante la emergencia hídrica en el Delta del Paraná: posibles y necesarias

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) solicitamos la convocatoria urgente del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. La situación en el Delta del Paraná ha alcanzado niveles críticos debido a la bajante extrema del río Paraná y los incendios irregulares que continúan devastando el área. Nos preocupa profundamente el impacto que esta crisis está teniendo sobre los ecosistemas del Delta y la seguridad hídrica de millones de personas que dependen de esta región.

Los humedales del Delta del Paraná cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Cuenca del Plata. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas crecientes debido a la falta de medidas efectivas por parte del Estado. La crisis hídrica, los dragados descontrolados y la continuidad de incendios están acelerando la degradación de este ecosistema único.

Exigimos que el Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, en su carácter de Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, convoque inmediatamente al Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-Delta. Este Comité tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para mitigar los efectos devastadores de la crisis hídrica y los incendios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya estableció en su fallo del 11 de agosto de 2020 la necesidad de un espacio de coordinación entre las provincias afectadas y la Nación, y la creación del Comité fue justamente para enfrentar situaciones como la que vivimos hoy.

Pedimos que se tomen medidas concretas y urgentes, acordando un plan de acción que responda a la emergencia en curso y garantice el cuidado de los humedales. También solicitamos la apertura de un espacio público de diálogo con las organizaciones ambientales que trabajan en la región, para que puedan expresar sus observaciones y aportes sobre las acciones necesarias. Este tipo de intercambio es fundamental para asegurar que las decisiones que se tomen sean transparentes y respondan a las realidades locales.

Entendemos que la situación es extremadamente grave. De no obtener una respuesta inmediata, nos veremos en la obligación de informar a la Corte Suprema, solicitando su intervención directa debido a la inacción de las autoridades. La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que establece bases claras para la protección de los ecosistemas del Delta y la prevención de incendios, debe ser aplicada de manera estricta.

Insistimos también en que las reuniones del Comité se realicen en la región afectada, ya sea en Rosario, Victoria o San Nicolás, para facilitar la participación de las comunidades locales y organizaciones involucradas. Es crucial que las decisiones se tomen cerca de los territorios afectados, en contacto directo con quienes viven y defienden estos espacios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ecosocial y con la defensa de los derechos de la naturaleza. La crisis en el Delta del Paraná no solo afecta al ambiente, sino también a las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. Precisamos acción con responsabilidad y urgencia.

Contacto de Prensa: Jorge Daneri +54 9 343 511-3491

Fabian Maggi +54 9 341 372-0859

Río Paraná

La privatización y el descontrol avanzan sobre el Río Paraná: Un llamado a la acción

Los gobiernos regionales avanzan con decisiones políticas críticas sobre la profundización del modelo imperante en el río Paraná inferior: entre ellas el derrocamiento de pasos rocosos en el río Paraguay y el dragado en el tramo Cáceres-Corumbá. Estas acciones amenazan ecosistemas y violan acuerdos internacionales, lo que podría derivar en un ecocidio a lo largo de la Cuenca del Plata. Llamamos a organizaciones socioambientales a lo largo de la cuenca a movilizarse en cada territorio y espacio posible para frenar estas decisiones y avanzar hacia la gestión democrática de cuenca.

En estos días se comunica como hecho políticos en vía de inmediata consumación, la profundización del río Paraná inferior en compensación por el aumento del peaje de la “vía navegable” (Gobierno Nacional); derrocamiento de trece pasos rocosos en el río Paraguay, (Gobierno de la Rca. de Paraguay) y dragado para mayor profundidad de tránsito de barcazas en el tramo Cáceres Corumbá (Brasil), nacientes y primer tramo del río Paraguay. (1)

Luego de más de 25 años, nuevamente renace este drama ecosocial que se había logrado detener, frenar, particularmente en el segundo y tercer escenario, gracias a la movilización social e incidencia política fruto de una enorme diplomacia social en el seno de los parlamentos y las instituciones financieras internacionales interesadas, por parte de la Coalición Ríos Vivos que articulaba con aproximada trescientas organizaciones diversas de la cuenca, en plena ejecución del neoliberalismo en la región.

Derrocar, destruir diques naturales milenarios sumergidos en el río Paraguay, que regulan su régimen hidrológico, es un disparate de consecuencias previsibles como también impensadas, particularmente por falta de evaluaciones ambientales estratégicas, incluso previamente integradas en el marco de profundos debates sociales (democracia ambiental) y políticos a nivel de los Estados de la Cuenca del Plata. Es brutal el incumplimiento en la gestión de los gobiernos del Acuerdo Marco Ambiental del MERCOSUR, del propio Tratado de la Cuenca del Plata y el reciente Acuerdo Regional de Escazú.

Merece destacarse, que semejante mega proyecto de artificialización del segundo río más grande de Sudamérica, merecería un tratamiento mucho más amplio en el escenario ya inapelable del proceso antrópico de cambio climático que estamos viviendo y sufriendo, en particular los seres humanos y no humanos más vulnerables. No existe diálogo sistemático previo entre los órganos científicos y políticos de las Convenciones de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Lucha contra la Desertificación y de protección de los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) todas vigentes y aplicables al mega proyecto de la hasta hace poco denominada hidrovía Paraguay Paraná, tratados internacionales que el denominado Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en Argentina, pretende ignorar como obstáculos para la profundización y mayor artificialización de este megaproyecto.

El Sub Grupo de trabajo Número 6 del MERCOSUR (Medio Ambiente), debería considerar semejantes anuncios, evaluar en conjunto con los Estados Provinciales, en el marco del federalismo de concertación en Argentina. Nada de esto sucede. Todo es poner la decisión delante de procesos participativos previos. Se agravian los principios preventivo y precautorio, nada que decir del principio de equidad intergeneracional, menos de no regresión y progresividad. Todos violados de una manera alevosa de avanzar estas decisiones de mercado para muy pocas corporaciones de la minería, la soja y los agrotóxicos, entre las más significativas.

Un dato no menor es que la visión canalizadora aún mayor del cauce principal del Paraguay Paraná, atraviesa en Argentina, por ejemplo, cinco Sitios de máxima protección internacional de humedales (Convención RAMSAR), sin intervención alguna de la representación Nacional y menos de su Secretaría Ejecutiva.

Los litigios serán infinitos, las Cortes Supremas de Justicia de estas Naciones, deberán, finalmente, expedirse.

No podemos aún afirmar si el “asesoramiento” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU de Norte América es determinante de estas decisiones en Paraguay y Argentina, firmantes los dos Gobiernos de “Memorándum de Entendimiento” sobre este tipo de mega proyectos de infraestructura (2)

Pero de lo que no queda duda, es que el ciclo del agua en la Cuenca del Plata, ingresa en un proceso de destrucción masiva, de concretarse estas sentencias de muerte dictadas contra nuestro sistema de humedales desde el gran Pantanal, los humedales Paraguayos, los esteros del Ibera, el Paraná Medio y el gran delta argentino.

Si avanzamos en una visión sudamericana y advertimos los procesos de descomposición de los Glaciares Andinos, la destrucción por desforestación del Chaco Americano y la herencia de la extrema derecha en Amazonia; la Cuenca del Plata, en particular la denominada pampa húmeda y más, están condenadas, con estas políticas negacionistas y violadoras de toda visión eco social, a la concreción de un ecocidio.

Y expresamos que el ciclo del agua, frente a la simplificación desoladora de los ecosistemas, será fusilado, es que más allá de profundizar y profundizar más y más el cauce de los dos ríos, frente a las sequías en la cuenca y la disminución de los ríos voladores de Amazonia, cada vez habrá menos y menos agua. Por lo tanto, el absurdo es brutal.

Dependerá de los pueblos de Entre Ríos, de la Mesopotamia y el Litoral todo, de la capacidad de articulación de sus organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes, pequeños productores, trabajadores con sentido de vida y organizaciones ecologistas, el poner freno a este delirio.

Esta convocatoria a una sinergia multidimensional de movilización social organizada, es crucial, más aún frente al dictado del Decreto Nacional (DNU) Número 699 del 5 de agosto (4) que extingue el órgano de control de la vía de navegación troncal, demuele la integración y participación de los Estados Provinciales en el mismo y desintegra el comité federal de la Hidrovía.

El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), fue el único organismo estatal que emitió un conjunto de posiciones donde se señalaba la necesidad de la concreción de una evaluación ambiental estratégica (EAE) y la conformación del Comité de Cuenca del río mas grande del País, previo a cualquier escenario de mayores intervenciones antrópicas en el cauce del río, como en su valle de inundación. Estos documentos de Ecovina obran en la causa judicial en trámite en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde las organizaciones ambientales actoras, demandan se cumpla con estos dos escenarios normativos y de urgente concreción. No resulta sorprendente, entonces, la demolición de un órgano estatal de control que intento actuar de modo coherente con el sistema de derecho ambiental, federal y convencional vigente.

El federalismo constitucional, es reformado y destruido en el caso, en el marco y sobre las “bases” de fundamentos inconstitucionales que nos traen hasta aquí, ejecutando la lógica del descontrol -de lo que en el río pueda suceder en los conceptos más amplios que se puedan imaginar: salud pública, agua saludable, sobrevivencia de ecosistemas y sus reinos de vida, mayores intervenciones de artificialización del cauce y su ensanchamiento, en las mayores crisis hídricas conocidas, etc- y desaparición del Estado.

Relevante será, que en términos globales, la figura jurídica del Ecocidio se concrete, así estos decisores políticos, como los gobernadores silenciosos y cómplices por negligencia, decisión, incumplimiento del federalismo en el ejercicio y protección de la titularidad de los bienes naturales provinciales, posibiliten y aún auspicien que el Gobierno Nacional avance con estas decisiones y no intervenga frente a los derrocamientos del río hermano anunciados, como de las mayores profundizaciones en el Delta Argentino, sin estudios de impacto ambiental acumulativo y Evaluación Ambiental Estratégica.

En la reflexión del periodista de investigación Eliezer Budasoff, más vigente que nunca en “Los Dueños del Río” expone: “No existe, en definitiva, una discusión real sobre las posibilidades de desarrollo de la cuenca del Plata. Aquello que mueve a miles de personas a oponer resistencia a los procesos de privatización de los recursos en América Latina, es lo mismo que mueve al poder económico a implementar estrategias para su apropiación: la cuenca del Plata cuenta con la tercera parte de las reservas mundiales de bosques, recursos hídricos y energéticos, potencial piscícola, agrícola, pecuario y forestal, riquezas ecológicas y socioculturales únicas. Si el valor de los territorios y de sus características ambientales está plenamente considerado, en su conjunto, como recurso productivo para la explotación, es la vida misma de la región en el más amplio sentido, la degradación acelerada de las posibilidades de subsistencia para su población, la que no ingresa a los cálculos del capital económico y financiero. La expresión de los buscadores de capitales, que señala a los inversionistas el beneficio adicional de «recursos humanos económicos», es exacta en el caso de la hidrovía: la vida de los habitantes de América Latina es más barata para las corporaciones. La vida, aquí, vale menos para las pizarras.” (3)

Contrapropuestas de evolución positiva

Una multiplicidad de organizaciones sociales y ecologistas han presentado tres escenarios que se complementan e integran para salir de este círculo cerrado y autodestructivo.

La Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná presento una Propuesta de Estrategia de Sustentabilidad del Sistema de Humedales de los ríos Paraguay Paraná durante el año 2010 a los puntos focales RAMSAR en cabeza de las áreas ambientales nacionales de los cinco países de la Cuenca. Se puede acceder a la misma en https://eraverde.com.ar/uve/assets/estrategia.pdf

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas formulo una serie de propuestas para la conformación, finalmente, del Comité de Cuenca del río Paraná en el marco del documento titulado “estatuto político y legal en materia socio-ambiental del Proyecto Hidrovía Paraná – Paraguay”

Finalmente, durante más de una década, cientos de organizaciones de todo el país promovieron el proyecto de Ley de presupuestos mínimos ambientales de protección de los humedales de la Argentina. Ninguno de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, los acompañó, finalmente.

Ingresamos a un escenario que nos convoca a la revitalización más que activa de las organizaciones diversas que integraron y conforman hoy una rica experiencia de resistencia y creatividad.

Deseamos profundamente que la oposición democrática y también diversa, pueda obrar a la altura de estas más que graves circunstancias así comunicadas oficialmente, y frenar semejantes decisiones, ilegales e inconstitucionales.

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Autores: Equipos de humedales y río Paraná de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) integrados por Gimena Viviani, Fabian Maggi, Lucas Micheloud, Romina Arguas, Enzo Culasso Orué, Rafael Colombo y Jorge Oscar Daneri.

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https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Hidrovia-el-gobierno-analiza-profundizar-el-dragado-para-compensar-el-aumento-del-peaje—20240729-0042.html
https://www.productivacm.com/archivos/20657
https://ecoa.org.br/rede-pantanal-solicita-ao-ministerio-publico-federal-investigacao-sobre-dragagem-no-pantanal/

Para mayores precisiones sobre el Memorándum de Entendimiento ver: https://aadeaa.org/nuestro-rio-de-otros/

http://amsafeconstitucion.com.ar/_paginas/niveles/documentos/Dueniosdelrio.pdf

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311793/20240806

El Delta no se vende; somos humedal

El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo.

Ante esta propuesta, queremos recordar que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales que nuestra Constitución de Entre Ríos jerarquiza y protege, determinando que: ” …La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación” (Artículo 85º, sexto y séptimo párrafos).

En este marco, debemos tener en cuenta que el Estado Provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales (información conforme a la respuesta de una solicitud de acceso a la información pública ambiental realizada oportunamente). Consideramos entonces que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados sea cual fuera la escala, sería no solo vulnerable jurídicamente para el Estado, sino que podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas. Remarcamos por esto la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nos oponemos especialmente a lo establecido por el Artículo 16° del proyecto que exceptúa de lo dispuesto por el artículo 55° de la ley 5140, el cual dispone que “Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley”. Así, todos los bienes de la provincia bajo administración de ésta Agencia podrán ser vendidos y gravados sin que intervenga el Poder Legislativo. Además en una Agencia que carece de representación equitativa y democrática, ya que el Poder Ejecutivo es quien decide la conducción, con la facultad de nombrar y remover los principales cargos (Artículo 6° del proyecto).

En un experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social, el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida “Ley del Arroz”. La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos- de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta ley, la 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012, gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante “negocio”. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco.

Perder la memoria, es grave; no conocer su historia, también

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas con un conjunto de más de cuarenta organizaciones de la Cuenca y del País, presentó hace más de dos años una Propuesta de Sanación del Delta Argentino. Aquí dejamos el documento de acceso público a todos los que amen el ser naturaleza de nuestro ecosistema privilegiado en el planeta y los que tengan responsabilidades directas sobre la gestión de cuencas y del Delta en particular. Más aún, lo entregamos así con las manos abiertas a cada uno de los diputados y senadores de la provincia.

Propuestas urgentes para la regeneración del Delta del Paraná y sus humedales

En razón de lo aquí expuesto y dejando expresado que la mayoría del sistema de humedales provincial son áreas naturales protegidas (ANP) -reconocidas por leyes específicas y sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos decir que este sistema de humedales, el más grande de la Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano. Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático. (Artículo 240 Código Civil y Comercial).

La construcción del concepto de “sistema” fue un debate relevante en la Convención Constituyente de Entre Ríos. Fue esculpido y tallado a la luz de concebirlo como una unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida. Desconocer ese anclaje, esa multiplicidad de seres humanos y no humanos desde el concepto del derecho real o los que sean, sin comprender los procesos de reconocimiento y respeto para con la Pachamama y el ciclo del agua, es negar que somos entre ríos. Y como decimos y hemos defendido maravillosamente: somos Entre Ríos Sí, entre represas No. Por eso también entre endicamientos No, ni privados ni públicos; No a la pampeanización y destrucción del sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal.

* Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Integrantes de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Solicitan conocer el contenido del acuerdo con la Embajada de Estados Unidos por la gestión y control del Río Paraná

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, expresamos nuestra preocupación ante la reciente noticia sobre el inicio de actividades conjuntas entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el marco de un “proceso de colaboración conjunta e intercambio de información y gestión“. Esta colaboración se enmarca en un Memorándum de Entendimiento conjunto, cuyo contenido y alcance nos resultan desconocidos.

Dada la relevancia de esta colaboración para la gestión de la vía navegable troncal, específicamente el río Paraná, consideramos fundamental el acceso público a la totalidad del Memorándum de Entendimiento y cualquier otra información pertinente. Específicamente, solicitamos detalles sobre los objetivos, alcances y procedimientos establecidos en este acuerdo, así como cualquier evaluación de impacto ambiental realizada o prevista.

Es importante recordar que el río Paraná, conocido erróneamente como “Hidrovía Paraná-Paraguay”, opera sin una Evaluación Ambiental Estratégica ni Estudios de Impactos Acumulativos. Esta situación es aún más preocupante debido a la ausencia de un Comité de Cuencas que coordine políticas y acciones a nivel federal para mitigar los impactos ambientales en el río.

Reafirmamos la necesidad de garantizar el pleno cumplimiento de las herramientas de la democracia ambiental en la gestión de la cuenca del río Paraná. Esta cuenca ha sufrido consecutivamente impactos en la salud de la población y sus ecosistemas, como lo demuestra la crisis que enfrenta el sistema de humedales del Delta del Paraná, afectado por quemas indiscriminadas y cambios en los usos del suelo, exacerbados por la sequía histórica y el cambio climático.

Las solicitudes de acceso a la información pública han sido presentadas ante la Cancillería Argentina, y mediante esta, a la Administración General de Puertos. Asimismo, hemos notificado al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en asuntos ambientales de relevancia nacional.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que esta preocupación y acción de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas como del CAJE, ahora de petición de acceso al conocimiento de lo acordado por las partes intervinientes, se expone y formaliza institucionalmente, frente a la posibilidad de profundización en la pérdida de soberanía sobre el río Paraná y todo lo que esto implica en el agravamiento del modelo extractivista vigente, como en los posibles pasos de concreción de anuncios electorales que convocaron en dicha oportunidad a la privatización de nuestros ríos, el agua, como un reciente llamado oficial a la explotación de los recursos naturales por parte de los inversores extranjeros.

Contacto de prensa AAdeAA/CAJE: Alejo di Risio +541123904594

Primaveras de Ríos libres

Por Jorge Oscar Daneri (*) para Era Verde

Un veinticinco de septiembre, de 1997, Entre Ríos declaró la libertad de sus ríos. La educación pública lo sigue celebrando cada renacimiento de las primaveras.

La constitución provincial renovada en 2008 lo consolida, para todos los tiempos, cuidando los principios de prevención como de progresividad desde el restablecimiento y sanación de los «corredores biológicos» de sus ríos y «ecosistemas asociados».

Fue y es una convocatoria política y social hacia el ejercicio de la equidad y la ética intergeneracional, que, en estos tiempos de enormes cambios globales, adquiere una desafiante provocación frente a la gestión de cuencas y la inexistente democracia participativa.

“Entre Ríos Sí, entre represas No”; «ríos libres para pueblos libres», cantaban marchando por las calles de Paraná, sus gentes celebrando aquella libertad.

En estos tiempos adquiere una dimensión simbólica y amorosa muy particular, ratificando el valor de un pueblo que supo desde la resistencia al represamiento del río más grande del país, volverse creativo y constructor social de una ley liberadora y protectora de las aguas y sus reinos de vida.

En el actual proceso electoral, en momentos de una enorme crisis civilizatoria, se convoca desde los estrados libertarios a la privatización de los ríos. Chile lo concretó durante una dictadura. Fue una calamidad. De alguna manera privatizó el ciclo del agua, único caso en el mundo. El reciente intento de reforma constitucional en el país hermano infelizmente no logró retrotraer semejante violación del derecho humano y no humano de acceso al agua saludable.

Ante la amenaza privatizadora del río, y por lo tanto de sus bienes comunes y naturales no humanos, manifestada en la presencia, belleza y milenaria diversidad biológica, la mercantilización de las vidas es un agravio a la dignidad del ser, del estar y el habitar los mundos, en paz, en convivencia y en confraternidad entre todas las especies de las que somos parte.

Somos ríos, somos naturaleza, de ella inter-dependemos, nos sostiene, alimenta, limpia y cura.

En primavera nació la ley de libertad de los ríos en un concierto federal donde los bienes naturales son del dominio originario de las provincias. Los libertarios no tendrán poder democrático legislativo para reformar constituciones, ni leyes, ni los pactos relevantes vigentes en el país, ratificados en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único modo de privatizar la vida, de transformarla en más y más mercancías, será violentando, forzando, tiranizando el contrato social mayor y provincial.

Este anunciado autoritarismo de Estado privatizador de las vidas, es impensado en la República. Deberán, el Congreso de la Nación como la Justicia, actuar con la emergencia cívica y la paz social que nuestra tierra y sus pueblos tanto necesitarán.

Y si se atreven, los entrerrianos volveremos a estar en las calles y plazas, caminaremos y navegaremos los senderos de la verdadera libertad, la de todos los seres que somos, porque somos humedal, somos Pachamama, somos naturaleza, somos la trama de la vida. Estamos abrazados a ustedes, con los nuestros y las de ayer, mil años y más, todas madres de la libertad real, verdadera, fraterna y solidaria, libertad de aguas, porque agua somos.

Celebramos ratificando el espíritu constitucional así narrado: «…La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados…».

(*) Abogado, ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná.

Los corredores bioculturales de Villa Urquiza

Por Jorge Daneri (*). La naturaleza, con sus seres dentro, ha esculpido un conjunto de corredores biológicos y culturales invalorables en términos cualitativos, contemplativos. Una ordenanza¹ reciente sancionada en la comuna de Villa Urquiza, los comienza a reconocer. La sanción de esta normativa prioriza la preservación de sus bienes culturales, históricos, paleontológicos, arqueológicos y, en definitiva, las diversidades del territorio ambiental que habitan todos los seres, no humanos, como nosotros, los que podemos narrar estas historias.

En estos tiempos podremos ver, acompañar, celebrar su demarcación y cuidado, como en un ejercicio cívico de la participación ciudadana y la gestión de los gobiernos locales. Son acuerdos del porvenir que, ojalá, se lideren con generosidad, con la continuidad de las buenas decisiones aprobadas por consensos amplios y en el caso que nos ocupa, unánimes.

Los corredores bioculturales a jerarquizar, en un diálogo de preservación ecológica y rescate de la memoria fósil y cultural de Villa Urquiza, comienzan a ser identificados, diseñados en su cartelería, en la búsqueda de pasados, recuerdos, relatos, como en la identificación de miradores de paisajes que nos pueden permitir imaginar diálogos, mateadas y abrazos entre Juan L. Ortiz, Cesáreo Bernardo de Quiroz, Gloria Montoy, Polo Martínez y tantos otros creadores que se enamoraron de esa costa soleada y su río mágico y misterioso.

El corredor de los cementerios, comenzando por el Convento, el de las casonas de los abuelos inmigrantes, vascos, alemanes e italianos, también franceses, criollos, nativos.

La selva en galería con sus barrancas legalmente protegidas en el valle de inundación del Paraná Medio. Los árboles centenarios, y esos saltos de agua a reestablecer, restituir a la madre tierra, recuperar para siempre.

Los corredores bioculturales hacia Colonia Nueva, como hacia la balsa y su enorme humedal, en conversación eterna con la reserva natural Berduc, son opciones para disfrutar de la bicicleta con buenos kilómetros de sorpresas y alegrías maravillosas.

La comisión creada por esta ordenanza de preservación está en marcha, funcionando, conformando su reglamento interno, soñando y aterrizando. La integran decenas de instituciones, vecinos. Logra trascender las confrontaciones estériles y seguir los caminos de transiciones para cuidar sus identidades y la serenidad de los seres buenos que nos preceden, respetando el porvenir de las generaciones que continuarán defendiendo la necesidad de comprender y trasmitir estos conceptos que nuestra Constitución Provincial moviliza custodiar y disfrutar como un legado irrenunciable. Esta tarea es la que hoy nos convoca.

Ordenanza Nº 227/22 Municipalidad de Villa Urquiza, Entre Ríos, diciembre 2022.

(*) Abogado ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de Fundación La Hendija de Paraná.

Esta nota fue publicada originalmente en Era Verde y reproducida aquí con el permiso correspondiente.

De la ceguera ecológica a la indignación colectiva

“Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros”, sostienen los autores, quienes aseguran que como sociedad vivimos una especie de “ceguera ecológica”, por la cual se toman como naturales eventos extremos en el medio ambiente. Y agregan que es “inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo”.

Enrique Viale y Maristella Svampa en elDiarioAr

El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Olas de calor nunca antes vistas, cortes de energía eléctrica en una buena parte de la Argentina, incendios forestales y de pastizales que no cesan y que se expanden, mientras puede verse cómo el fuego rodea peligrosamente a la central atómica Atucha. Humo constante en decenas de medianas y grandes ciudades del país. Una sequía histórica potenciada por los efectos del cambio climático global y destrucciones locales tanto de bosques nativos como de humedales. Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros, como si se tratara del comienzo de una película o una serie distópica de las que abundan en las plataformas televisivas.

En el mundo de la biología, a finales de la década de los 90, se acuñó el término “plant blindless” o “ceguera botánica” que define la incapacidad del ser humano para ver o percibir las plantas en el propio entorno. Si se le preguntara a una persona acerca de elementos del paisaje mientras camina por un bosque, por un ser vivo, la mayoría indicaría a lo sumo un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en un bosque son especies vegetales.

Aplicado esto a la coyuntura actual, podríamos decir que, como sociedad, vivimos una especie de “ceguera ecológica”. Una negación colectiva que se expresa en la naturalización de los eventos climáticos y ecológicos extremos. El humo en las ciudades, producto de las quemas intencionales de bosques, humedales y pastizales, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano y rural. Tal es así que ya es un dato más que aportan los servicios meteorológicos, junto con la temperatura, la humedad y la sensación térmica. Otra imagen elocuente es la gente bailando entre el humo, como pudo verse en los sensacionales carnavales correntinos, en una provincia literalmente prendida fuego como nunca antes en su historia.

Claro que esta ceguera ecológica está íntimamente relacionada con la visión de la modernidad que colocó al ser humano -figurativamente hablando- por fuera de la Naturaleza. Se redefinió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma, desconociendo que los seres humanos también somos Naturaleza. Esto consolidó un paradigma binario que ignora las interdependencias y complementaridades y reduce a la Naturaleza a una mera canasta de recursos infinitos y manipulables. Selló nuestro divorcio con quien nos da alimentos, ambiente y vida y sentó las bases de la destrucción a gran escala.

Pero obviamente esta ceguera tiene a la clase dirigente (política, empresarial y mediática) y su perspectiva economicista como su máxima expresión. Abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas, se toman decisiones que aceleran aún más la emergencia ecológica y climática. Esta ceguera no es exclusiva de nuestras élites vernáculas ni de nuestros economistas (sean ortodoxos o heterodoxos), aunque en Argentina se expresa de una manera potenciada, ante la falta de un horizonte político de cambio.

Así, es posible ver al Gobierno nacional y aquellos provinciales, promoviendo la ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, incluso en el Golfo San Matías (lindante con la invaluable península Valdés). Podemos ver como se aumentan los beneficios fiscales a las petroleras en Vaca Muerta. También cómo se incentiva la ampliación del agronegocio y de la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos (según un informe de Greenpeace se desforestaron 200 mil hectáreas de bosque nativo solo en 2022) o la quema y destrucción de pastizales y humedales (que alcanzó sus niveles récords durante la pandemia hasta la actualidad). Podemos escucharlos hablar con pasmosa linealidad sobre el litio como el nuevo eldorado, aguardando “la lluvia de inversiones”, desestimando el debate acerca de la transición energética y los costos sociales y ambientales que están pagando los pueblos de Sudamérica.

Es inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo imperantes en nuestro país. Los medios de comunicación suelen hablan sólo del lado pintoresco mientras la clase política continúa ignorando de modo sistemático la emergencia ecológica. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde la crisis climática no genera ningún tipo de debate político ni mediático. Al contrario, se cancela al ambientalismo por “prohibicionista” y hasta hay jueces federales que para justificar el fallo en favor del offshore en Mar del Plata sobreactuaron su lealtad al poder político y económico hablando de “fascismo ambiental”…

Dos caras de la misma crisis

El avance de la megaminería también es muy fuerte. En provincias como Mendoza la Legislatura provincial aprobó ilegalmente (porque viola, entre otras cosas, la Ley Nacional de Glaciares) el proyecto de Cerro Amarillo. Lo hizo a espaldas de una sociedad que, recordemos, en 2019, salió masivamente a las calles en defensa de la ley 7.722 que protege el agua y restringe la minería.

Si algo faltaba, la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de la poderosa corporación del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del Presidente de la Nación no hizo más que confirmar que el embate extractivista y corporativo es total. Aunque hubo reclamos de diferentes sectores de la sociedad civil -que incluyen franjas del oficialismo- el presidente Alberto Fernández se mantuvo ajeno e indiferente.

La excusa de esta avanzada es siempre la misma: hay que enfrentar la crisis económica y pagar la deuda externa. Como si la crisis económica y la crisis ecológica no tuvieran las mismas causas, sobre todo en nuestra región. Son los modelos de maldesarrollo los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza en Argentina y que convirtieron a América Latina en la región más desigual del planeta. No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en el Sur global con los de las figuras extremas del extractivismo. Como si la crisis de la deuda externa y la deuda ecológica no estuvieran vinculadas y no se retroalimentaran de modo perverso. La sobreexplotación de los bienes naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias.

Salir de la ecoansiedad y la visión distópica

¿Cómo hacemos entonces para que la problemática ecosocial sea transversalmente considerada a la hora de discutir sobre las políticas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que el Congreso nacional sancione una ley que realmente proteja los humedales y el gobierno tome decisiones que superen el economicismo estrecho y el poder de los lobbies? ¿Cómo hacemos para no naturalizar el humo y las visitas a los hospitales por problemas respiratorios, mientras nos convertimos -como dijo un activista rosarino- en un crematorio a cielo abierto? ¿Cómo superar esa ansiedad ecológica que genera una actitud colapsista poco proclive al cambio?

Para comenzar, creemos fundamental colocar el foco en algunas de las respuestas más comunes desde la sociedad civil a esta ceguera ecológica, en un contexto de clausura política: la impotencia y la resignación que hoy se expande en muchas franjas sociales y etarias; incluso lo que hoy se denomina “ecoansiedad”. Esta puede ser definida rápidamente como la condición de ciertas personas que sienten un temor constante a un cataclismo ambiental debido a la acción humana sobre el clima y la naturaleza. Este término relativamente nuevo tuvo sus primeras apariciones a finales de la década de 1990 y cobró más notoriedad durante la pandemia y los recientes eventos climáticos extremos.

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la distopía y la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. No podemos sucumbir a la tentación colapsista y pensar el quiebre civilizatorio como si éste fuera un destino único, predeterminado. Porque si sólo imaginamos un futuro distópico, caemos en la parálisis y actuamos de manera individualista y egoísta. Pensar (y buscar) un futuro justo -social y ecológicamente- nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y solidaria. Y en épocas de emergencia, como la actual, esto se transforma en una obligación.

Cultivar re-existencia o cómo no bajar los brazos

La preocupación tiene que dar paso a la indignación, porque ése es el motor colectivo de los cambios. Y la indignación convertirse en acción. No hay que traicionarse ni autoconsolarse ante la sensación de que no hay nada para hacer, o que ya está todo perdido o clausurado porque eso desalienta aún más o impulsa a tomar atajos.

La aceptación tácita o explícita del “consenso del extractivismo” contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al desarrollo extractivista actual, como si éste fuera un destino inevitable y no una imposición geopolítica colonial que, con la intervención activa de las elites nacionales, nos coloca en el lugar de proveedor de commodities para el Norte Global. Un consenso extractivista que, además, califica de insensato e irrazonable a quien cuestiona los modelos de maldesarrollo que nos llevaron (y continúan haciéndolo) a la actual crisis ecológica.

Lo cierto es que no hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones locales y del Norte Global.

Una estrategia para combatir estos tiempos de resignación y ansiedad ecológica es pasar a la acción. Organizarse y buscar a quienes están organizados. En cada provincia argentina, en cada pueblo o ciudad hay una asamblea, un grupo de ciudadanos/as, multisectoriales que están día a día disputando sentidos y defendiendo causas vinculadas a un horizonte ecosocial justo y sostenible. No estamos hablando de autoayuda, sino de organización colectiva y solidaria.

No es cierto tampoco que todo sea derrota. En nuestro país hay una gran multiplicidad de colectivos y organizaciones solidarias que van generando otros espacios de re-existencia. Eso nos lleva a entender que el camino no es lineal, que está atravesado no solo por regresiones, sino también por avances importantes.

En Argentina ha habido grandes triunfos ambientales, desde que la asamblea de Esquel dijo “no a la minería”, un acontecimiento que justo en estos días cumplirá 20 años (el 23 de marzo habrá conmemoración), pasando por la Ley Nacional de Glaciares (2010), hasta las grandes movilizaciones socioambientales que culminaron recientemente en triunfos populares, desde el Mendozazo (2019, contra la minería), el Chubutazo (2021, idem), el rechazo a las megafactorías de cerdo (2020), y las primeras movilizaciones y amparos en contra de la exploración offshore en el Mar Argentino (2022).

A nivel latinoamericano, hay propuestas como las del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, cuyo propósito es generar plataformas regionales y debatir condiciones de transición ecosocial justa, desde la perspectiva de los pueblos. En Colombia, pese a todos los obstáculos de una guerra que se ha extendido por décadas, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez apuesta a la vida y la esperanza; más aún, se propone revolucionar los progresismos fósiles para colocar otra agenda, la de un progresismo socioambiental. Incluso Lula Da Silva, quien asumió la presidencia en Brasil por tercera vez, comprendió que hay que salir de la ceguera ecológica, para detener la deforestación y el genocidio de los pueblos indígenas en la Amazonía. No sería raro que ambos gobiernos -Colombia, a la cabeza, y Brasil- generen un nuevo espacio latinoamericano para articular propuestas regionales en estos tiempos de colapso, pero también de transición.

Finalmente, para poder romper con la ceguera ecológica de gran parte del establishment (los lobbies políticos, económicos y mediáticos) y replantear las condiciones de habitabilidad de nuestra tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política, para incluir por ejemplo el agua, los ríos, los humedales, el conjunto de seres sintientes no humanos, que son parte indisoluble de la red de sostenibilidad de la vida. Entender que nuestra tierra está dañada pero no definitivamente perdida, reconectar nuestra indignación con las prácticas de resiliencia que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, son la vía para la construcción de “una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma”, como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz, en su fascinante Manifiesto ecológico-político.

Comprender que la salida es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica