Por Jorge Daneri (*). La naturaleza, con sus seres dentro, ha esculpido un conjunto de corredores biológicos y culturales invalorables en términos cualitativos, contemplativos. Una ordenanza1 reciente sancionada en la comuna de Villa Urquiza, los comienza a reconocer. La sanción de esta normativa prioriza la preservación de sus bienes culturales, históricos, paleontológicos, arqueológicos y, en definitiva, las diversidades del territorio ambiental que habitan todos los seres, no humanos, como nosotros, los que podemos narrar estas historias.
En estos tiempos podremos ver, acompañar, celebrar su demarcación y cuidado, como en un ejercicio cívico de la participación ciudadana y la gestión de los gobiernos locales. Son acuerdos del porvenir que, ojalá, se lideren con generosidad, con la continuidad de las buenas decisiones aprobadas por consensos amplios y en el caso que nos ocupa, unánimes.
Los corredores bioculturales a jerarquizar, en un diálogo de preservación ecológica y rescate de la memoria fósil y cultural de Villa Urquiza, comienzan a ser identificados, diseñados en su cartelería, en la búsqueda de pasados, recuerdos, relatos, como en la identificación de miradores de paisajes que nos pueden permitir imaginar diálogos, mateadas y abrazos entre Juan L. Ortiz, Cesáreo Bernardo de Quiroz, Gloria Montoy, Polo Martínez y tantos otros creadores que se enamoraron de esa costa soleada y su río mágico y misterioso.
El corredor de los cementerios, comenzando por el Convento, el de las casonas de los abuelos inmigrantes, vascos, alemanes e italianos, también franceses, criollos, nativos.
La selva en galería con sus barrancas legalmente protegidas en el valle de inundación del Paraná Medio. Los árboles centenarios, y esos saltos de agua a reestablecer, restituir a la madre tierra, recuperar para siempre.
Los corredores bioculturales hacia Colonia Nueva, como hacia la balsa y su enorme humedal, en conversación eterna con la reserva natural Berduc, son opciones para disfrutar de la bicicleta con buenos kilómetros de sorpresas y alegrías maravillosas.
La comisión creada por esta ordenanza de preservación está en marcha, funcionando, conformando su reglamento interno, soñando y aterrizando. La integran decenas de instituciones, vecinos. Logra trascender las confrontaciones estériles y seguir los caminos de transiciones para cuidar sus identidades y la serenidad de los seres buenos que nos preceden, respetando el porvenir de las generaciones que continuarán defendiendo la necesidad de comprender y trasmitir estos conceptos que nuestra Constitución Provincial moviliza custodiar y disfrutar como un legado irrenunciable. Esta tarea es la que hoy nos convoca.
Ordenanza Nº 227/22 Municipalidad de Villa Urquiza, Entre Ríos, diciembre 2022.
(*) Abogado ambientalista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de Fundación La Hendija de Paraná.
“Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros”, sostienen los autores, quienes aseguran que como sociedad vivimos una especie de “ceguera ecológica”, por la cual se toman como naturales eventos extremos en el medio ambiente. Y agregan que es “inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo”.
El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires. Télam
Olas de calor nunca antes vistas, cortes de energía eléctrica en una buena parte de la Argentina, incendios forestales y de pastizales que no cesan y que se expanden, mientras puede verse cómo el fuego rodea peligrosamente a la central atómica Atucha. Humo constante en decenas de medianas y grandes ciudades del país. Una sequía histórica potenciada por los efectos del cambio climático global y destrucciones locales tanto de bosques nativos como de humedales. Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros, como si se tratara del comienzo de una película o una serie distópica de las que abundan en las plataformas televisivas.
En el mundo de la biología, a finales de la década de los 90, se acuñó el término “plant blindless” o “ceguera botánica” que define la incapacidad del ser humano para ver o percibir las plantas en el propio entorno. Si se le preguntara a una persona acerca de elementos del paisaje mientras camina por un bosque, por un ser vivo, la mayoría indicaría a lo sumo un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en un bosque son especies vegetales.
Aplicado esto a la coyuntura actual, podríamos decir que, como sociedad, vivimos una especie de “ceguera ecológica”. Una negación colectiva que se expresa en la naturalización de los eventos climáticos y ecológicos extremos. El humo en las ciudades, producto de las quemas intencionales de bosques, humedales y pastizales, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano y rural. Tal es así que ya es un dato más que aportan los servicios meteorológicos, junto con la temperatura, la humedad y la sensación térmica. Otra imagen elocuente es la gente bailando entre el humo, como pudo verse en los sensacionales carnavales correntinos, en una provincia literalmente prendida fuego como nunca antes en su historia.
Claro que esta ceguera ecológica está íntimamente relacionada con la visión de la modernidad que colocó al ser humano -figurativamente hablando- por fuera de la Naturaleza. Se redefinió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma, desconociendo que los seres humanos también somos Naturaleza. Esto consolidó un paradigma binario que ignora las interdependencias y complementaridades y reduce a la Naturaleza a una mera canasta de recursos infinitos y manipulables. Selló nuestro divorcio con quien nos da alimentos, ambiente y vida y sentó las bases de la destrucción a gran escala.
Pero obviamente esta ceguera tiene a la clase dirigente (política, empresarial y mediática) y su perspectiva economicista como su máxima expresión. Abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas, se toman decisiones que aceleran aún más la emergencia ecológica y climática. Esta ceguera no es exclusiva de nuestras élites vernáculas ni de nuestros economistas (sean ortodoxos o heterodoxos), aunque en Argentina se expresa de una manera potenciada, ante la falta de un horizonte político de cambio.
Así, es posible ver al Gobierno nacional y aquellos provinciales, promoviendo la ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, incluso en el Golfo San Matías (lindante con la invaluable península Valdés). Podemos ver como se aumentan los beneficios fiscales a las petroleras en Vaca Muerta. También cómo se incentiva la ampliación del agronegocio y de la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos (según un informe de Greenpeace se desforestaron 200 mil hectáreas de bosque nativo solo en 2022) o la quema y destrucción de pastizales y humedales (que alcanzó sus niveles récords durante la pandemia hasta la actualidad). Podemos escucharlos hablar con pasmosa linealidad sobre el litio como el nuevo eldorado, aguardando “la lluvia de inversiones”, desestimando el debate acerca de la transición energética y los costos sociales y ambientales que están pagando los pueblos de Sudamérica.
Es inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo imperantes en nuestro país. Los medios de comunicación suelen hablan sólo del lado pintoresco mientras la clase política continúa ignorando de modo sistemático la emergencia ecológica. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde la crisis climática no genera ningún tipo de debate político ni mediático. Al contrario, se cancela al ambientalismo por “prohibicionista” y hasta hay jueces federales que para justificar el fallo en favor del offshore en Mar del Plata sobreactuaron su lealtad al poder político y económico hablando de “fascismo ambiental”…
Dos caras de la misma crisis
El avance de la megaminería también es muy fuerte. En provincias como Mendoza la Legislatura provincial aprobó ilegalmente (porque viola, entre otras cosas, la Ley Nacional de Glaciares) el proyecto de Cerro Amarillo. Lo hizo a espaldas de una sociedad que, recordemos, en 2019, salió masivamente a las calles en defensa de la ley 7.722 que protege el agua y restringe la minería.
Si algo faltaba, la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de la poderosa corporación del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del Presidente de la Nación no hizo más que confirmar que el embate extractivista y corporativo es total. Aunque hubo reclamos de diferentes sectores de la sociedad civil -que incluyen franjas del oficialismo- el presidente Alberto Fernández se mantuvo ajeno e indiferente.
La excusa de esta avanzada es siempre la misma: hay que enfrentar la crisis económica y pagar la deuda externa. Como si la crisis económica y la crisis ecológica no tuvieran las mismas causas, sobre todo en nuestra región. Son los modelos de maldesarrollo los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza en Argentina y que convirtieron a América Latina en la región más desigual del planeta. No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en el Sur global con los de las figuras extremas del extractivismo. Como si la crisis de la deuda externa y la deuda ecológica no estuvieran vinculadas y no se retroalimentaran de modo perverso. La sobreexplotación de los bienes naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias.
Salir de la ecoansiedad y la visión distópica
¿Cómo hacemos entonces para que la problemática ecosocial sea transversalmente considerada a la hora de discutir sobre las políticas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que el Congreso nacional sancione una ley que realmente proteja los humedales y el gobierno tome decisiones que superen el economicismo estrecho y el poder de los lobbies? ¿Cómo hacemos para no naturalizar el humo y las visitas a los hospitales por problemas respiratorios, mientras nos convertimos -como dijo un activista rosarino- en un crematorio a cielo abierto? ¿Cómo superar esa ansiedad ecológica que genera una actitud colapsista poco proclive al cambio?
Para comenzar, creemos fundamental colocar el foco en algunas de las respuestas más comunes desde la sociedad civil a esta ceguera ecológica, en un contexto de clausura política: la impotencia y la resignación que hoy se expande en muchas franjas sociales y etarias; incluso lo que hoy se denomina “ecoansiedad”. Esta puede ser definida rápidamente como la condición de ciertas personas que sienten un temor constante a un cataclismo ambiental debido a la acción humana sobre el clima y la naturaleza. Este término relativamente nuevo tuvo sus primeras apariciones a finales de la década de 1990 y cobró más notoriedad durante la pandemia y los recientes eventos climáticos extremos.
Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la distopía y la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. No podemos sucumbir a la tentación colapsista y pensar el quiebre civilizatorio como si éste fuera un destino único, predeterminado. Porque si sólo imaginamos un futuro distópico, caemos en la parálisis y actuamos de manera individualista y egoísta. Pensar (y buscar) un futuro justo -social y ecológicamente- nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y solidaria. Y en épocas de emergencia, como la actual, esto se transforma en una obligación.
Cultivar re-existencia o cómo no bajar los brazos
La preocupación tiene que dar paso a la indignación, porque ése es el motor colectivo de los cambios. Y la indignación convertirse en acción. No hay que traicionarse ni autoconsolarse ante la sensación de que no hay nada para hacer, o que ya está todo perdido o clausurado porque eso desalienta aún más o impulsa a tomar atajos.
La aceptación tácita o explícita del “consenso del extractivismo” contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al desarrollo extractivista actual, como si éste fuera un destino inevitable y no una imposición geopolítica colonial que, con la intervención activa de las elites nacionales, nos coloca en el lugar de proveedor de commodities para el Norte Global. Un consenso extractivista que, además, califica de insensato e irrazonable a quien cuestiona los modelos de maldesarrollo que nos llevaron (y continúan haciéndolo) a la actual crisis ecológica.
Lo cierto es que no hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones locales y del Norte Global.
Una estrategia para combatir estos tiempos de resignación y ansiedad ecológica es pasar a la acción. Organizarse y buscar a quienes están organizados. En cada provincia argentina, en cada pueblo o ciudad hay una asamblea, un grupo de ciudadanos/as, multisectoriales que están día a día disputando sentidos y defendiendo causas vinculadas a un horizonte ecosocial justo y sostenible. No estamos hablando de autoayuda, sino de organización colectiva y solidaria.
No es cierto tampoco que todo sea derrota. En nuestro país hay una gran multiplicidad de colectivos y organizaciones solidarias que van generando otros espacios de re-existencia. Eso nos lleva a entender que el camino no es lineal, que está atravesado no solo por regresiones, sino también por avances importantes.
En Argentina ha habido grandes triunfos ambientales, desde que la asamblea de Esquel dijo “no a la minería”, un acontecimiento que justo en estos días cumplirá 20 años (el 23 de marzo habrá conmemoración), pasando por la Ley Nacional de Glaciares (2010), hasta las grandes movilizaciones socioambientales que culminaron recientemente en triunfos populares, desde el Mendozazo (2019, contra la minería), el Chubutazo (2021, idem), el rechazo a las megafactorías de cerdo (2020), y las primeras movilizaciones y amparos en contra de la exploración offshore en el Mar Argentino (2022).
A nivel latinoamericano, hay propuestas como las del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, cuyo propósito es generar plataformas regionales y debatir condiciones de transición ecosocial justa, desde la perspectiva de los pueblos. En Colombia, pese a todos los obstáculos de una guerra que se ha extendido por décadas, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez apuesta a la vida y la esperanza; más aún, se propone revolucionar los progresismos fósiles para colocar otra agenda, la de un progresismo socioambiental. Incluso Lula Da Silva, quien asumió la presidencia en Brasil por tercera vez, comprendió que hay que salir de la ceguera ecológica, para detener la deforestación y el genocidio de los pueblos indígenas en la Amazonía. No sería raro que ambos gobiernos -Colombia, a la cabeza, y Brasil- generen un nuevo espacio latinoamericano para articular propuestas regionales en estos tiempos de colapso, pero también de transición.
Finalmente, para poder romper con la ceguera ecológica de gran parte del establishment (los lobbies políticos, económicos y mediáticos) y replantear las condiciones de habitabilidad de nuestra tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política, para incluir por ejemplo el agua, los ríos, los humedales, el conjunto de seres sintientes no humanos, que son parte indisoluble de la red de sostenibilidad de la vida. Entender que nuestra tierra está dañada pero no definitivamente perdida, reconectar nuestra indignación con las prácticas de resiliencia que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, son la vía para la construcción de “una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma”, como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz, en su fascinante Manifiesto ecológico-político.
Comprender que la salida es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida.
Hace más de un siglo, deliberadamente le asignaron al desierto el sentido de un territorio vacío, sin vida, sin belleza. Y también lo vincularon con lo «salvaje», con sus habitantes mapuches, tehuelches, onas, yaganes y pehuenches. Este orden de las palabras no fue natural; fue el argumento para la conquista, el dominio y el exterminio.
Desde la última década del Siglo XX, como en estos tiempos, el río Paraná se transformó en el nuevo “desierto” para nuevos conquistadores, sin reinos de vida, sin diversidad biológica, sin deltas, sin valles de inundación, sin pescadores artesanales, sin agriculturas a escala humana. Es un río modelado por las corporaciones del agronegocio y el poder corruptor y corrupto de los unos y los otros. Vienen por el río desaprovechado para convertirlo en la nueva quimera del “desierto”; pero ahora sí, se exhibe en desierto. Para ellos no es el río más grande y biodiverso del Cono Sur. Es una vía «troncal» que se va vaciando de troncos, montes y selvas, y con ello sus comunidades, para profundizar el saqueo de suelos, aguas y sueños, explotando absolutamente todo y a todas las diversidades y mucho más. Es un plan sostenido por un modelo de tanta simplificación que se quedarán sin río; será un desierto más, de verdad, nosotros también, y los pueblos con él. Este camino hacia el desierto del río, desnuda y denuncia el desierto de la política, la democracia y la “no vida”. El extractivismo viene vaciando las ideologías y adquiriendo los botines temporales, millonarios y más que limitados en manos de la representación política mayoritaria.
Los saqueadores, unos y otros, desde el poder vigente que se lo mire, el privado concentrado o el de la representación política retrógrada y feudo progresista, tanto del oficialismo como de la oposición aún mayoritarias. Sabemos en estas horas que no van a desarrollar estudios de impacto ambiental previos a las licitaciones de la hidrovía, no van a poner en marcha una evaluación ambiental estratégica en modo independiente, académica como populares en la convocatoria legal de las herramientas de participación ciudadana. No van a convocar a un Panel de Expertos Independientes, como en algunas otras experiencias en el mundo que por lo menos intenta hacer más o menos bien eso de la gestión democrática de cuencas, no. Todo quedará, como Carlos Menem lo hizo, en manos de los adjudicatarios del meganegocio del dragado y la fiesta en la profundización y ampliación de los canales sin límites, de más de lo mismo, del río y el modelo del desierto.
La crisis ambiental, el cambio climático, el cambio ambiental global, la huella ecológica, todas y cada una, no existen en el manual privatizador de todas y todos.
LA LEY Y UN AMPARO POSIBLE
Pero lo más grave, es que feudos y cuasi feudos provinciales, son cómplices de esta sin razón y vergüenza. No tienen frenos institucionales aún y sí capitanes Capitaniches. Pero no de los barcos, capitanes cipayos como le gusta decir a un periodista de Página/12.
Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no dicta urgentemente el o los fallos que debe crear, cultivar para patear el tablero de este suicidio colectivo, si son coherentes con el reciente pasado jurisprudencial de la misma, al río tendremos que velarlo en el altar de la impunidad e iniciar los exilios forzados, con nuestros hijos y nietos, hacia aquel «desierto», apropiándonos de los Lagos Escondidos y los más escondidos aún, como lo vienen haciendo desde hace más de un siglo, en estos dos territorios paraísos de este mundo, que no solo no son desiertos, sino esperanzas de esos otros mundos posibles.
No son los ríos los que deben adaptarse a los barcos. Es precisamente todo lo contrario, Y ahora, aún más, le guste o no les guste a los dueños del poder y los negociadores en los sótanos de más de estas miserias que están destruyendo el valor supremo como sagrado de la Pachamama, el agua, sus ríos voladores y este Paraná que llevamos en nuestros cuerpos y todos los días nos bendice.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas realizamos el siguiente cuadro comparativo entre los proyectos de Ley De Humedales con dictámenes de minoría, del proyecto presentado por el Diputado Leonardo Grosso, y el dictamen de mayoría del Diputado Maxi Ferraro.
COMPARATIVO ENTRE LOS DICTAMENES DE MINORÍA (DIP. LEONARDO GROSSO) CON EL DICTAMEN DE MAYORÍA (DIP. MAXI FERRARO)
• OBJETO El dictamen de mayoría no reconoce, en el objeto de la ley, el valor intrínseco de los humedales, ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que éstos brindan.
• OBJETIVOS Los objetivos de la ley son notoriamente más amplios y protectores en el dictamen de minoría. Por ejemplo, entre muchos otros, el dictamen de minoría contempla aplicar el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura, en favor de la protección de los humedales. También el dictamen de minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”
• DEFINICIONES Las definiciones del proyecto de minoría son más amplias, y más protectoras, que el proyecto de mayoría.
• OBJETIVOS PARA EL INVENTARIO(INH) El único que tiene objetivos específicos para el Invetario Nacional de Humedales (INH) es el dictamen de minoría.
• PLAZOS PARA REALIZAR EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO(OAT) El proyecto de minoría establece que el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley. El de mayoría de 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1)
• PRINCIPIOS El de minoría dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental. Mientras que el de mayoría los omite.
• MONITOREO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUMEDALES(OTH) Sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales.
• TRANSICIÓN El dictamen de minoría establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el OAT, todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales. En cambio, el dictamen de mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Dejando así una gran discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”.
• EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Son mas amplias las exigencias de la EIA en el despacho de minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.
Pero lo que es fundamental que el proyecto de minoría (y el de mayoría omite) es obligar, expresa y taxativamente, a una EIA previa en el caso de: f) La construcción de pólders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua; g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala; c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin; h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento; k) La introducción de especies exóticas -no nativas- con cualquier fin ya sea recreativo, productivo, deportivo, etc.; l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial. n) El cambio de uso del suelo; p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking. La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una EIA previa.
• EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PREVIA A FUMIGACIONES Solo el dictamen de minoría establece la obligación de realizar una EIA previa de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación. Esto es omitido en el dictamen de mayoría.
• OBLIGACIÓN DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADAS El Dictamen de minoría obliga a la restauración de las áreas degradas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” de la autoridad nacional.
• PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES El de Minoría crea el Programa Nacional de Conservación de Humedales, con un capítulo específico. El de Mayoría no tiene nada al respecto.
• COMITÉ O CONSEJO El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El de minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)
• AUTORIDAD DE APLICACIÓN El proyecto de mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al MAyDS a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Solo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.
EN CONCLUSIÓN EL PROYECTO DE LEY DE HUMEDALES CON DICTAMEN DE MAYORÍA ES MUY REGRESIVO EN COMPARACIÓN AL DE MINORÍA
Ante los incendios catastróficos que asedian el Delta del Paraná, organizaciones ambientalistas presentaron ante el gobierno de Entre Ríos un pedido de Acceso a la Información Pública y Ambiental exigiendo que se revele la situación de las tierras públicas ubicadas en las islas y humedales de la provincia de Entre Ríos. La solicitud fue presentada el día de ayer por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en conjunto con la Multisectorial por los Humedales de Paraná y de Rosario, la organización El Paraná No se Toca y Salvemos los Humedales Villa Constitución.
La solicitud de acceso a la información pública ambiental es presentada por los enormes incendios que vienen sufriendo los humedales del Delta del Paraná. La situación del daño a los ecosistemas se intensifica a niveles nunca vistos con la bajante histórica que sufre nuestro río Paraná. Según las últimas noticias gran parte de los focos de incendios se registran en tierras que no presentan titular catastral claro, con fuertes indicios que se generan en tierras de dominio público del Estado Entrerriano.
El Estado entrerriano posee aproximadamente más de 300 mil hectáreas protegidas de islas y humedales.
La información solicitada apunta a una comprensión global y una rendición de cuentas sobre qué tierras posee la provincia de Entre Ríos sobre islas y humedales. También exigieron saber con qué criterios y condiciones las mismas fueron cedidas (algunas incluso gratuitamente), a quienes y para qué se utilizan. Y si sobre las mismas realizaron terraplenes o construcciones que afecten el régimen hidrológico de la cuenca y de los ecosistemas de humedales allí presentes.
También solicitaron información sobre las infracciones labradas en el contexto de incendios desde 2020, los Planes de Ordenamiento Ambiental Territorial existentes, si se han realizado Evaluaciones de Impacto Ambiental. Por último exigieron saber las acciones realizadas el Comité de Emergencia Ambiental del PIECAS.
El acceso a la información pública y ambiental es fundamental para garantizar la posibilidad de participación y control de las decisiones sobre los bienes comunes. También es fundamental para generar el marco jurídico y regulatorio para evitar la producción de daños de difícil o imposible recuperación en territorios. Especialmente la Ley de Humedales, fundamental para preservar ecosistemas que merecen un cuidado extremo por los graves impactos que vienen sufriendo y el contexto de amenaza en un escenario de crisis ambiental global.
Desde el COFEMA impulsan una ley regresiva que desprotege los humedales
Tras una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en la que participó el Ministerio de Ambiente de la Nación, se elevó un nuevo proyecto de Ley de Humedales que será remitido en los próximos días al Congreso de la Nación.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciamos este proyecto de COFEMA como parte del mismo lobby extractivista que desde hace 10 años atenta contra cualquier posibilidad de que una verdadera Ley de Humedales sea sancionada por el Congreso Nacional. Este proyecto oficial es manifiestamente regresivo y afianzará la degradación y retroceso de los humedales en nuestro país, aparentando su protección.
En comparación al proyecto de ley apoyado por más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos (presentado por el diputado Leonardo Grosso) la iniciativa del COFEMA elimina al menos 25 artículos. La supresión comprende elementos vitales para el diseño de una política federal para proteger integralmente los humedales en el territorio nacional, avalando una visión meramente instrumental de estos ecosistemas, sin control alguno por parte del Estado; altera sutil aunque gravemente la definición de humedal, suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas y aniquila el Inventario Nacional de Humedales, entre otros arbitrarios retrocesos.
Este proyecto del COFEMA tiene el lamentable objetivo de bloquear el proyecto que impulsa la sociedad civil, como ocurrió en el año 2010 con la Ley de Glaciares donde los sectores mineros impulsaron -infructuosamente- un proyecto de Ley de Glaciares que los desprotegía.
Así llevamos 10 años de brutales embestidas de los lobbies de la agroindustria, la gran minería y la especulación inmobiliaria que no quieren ninguna regulación, por más mínima que sea, sobre estos ecosistemas vitales.
El proyecto, consensuado por la sociedad civil, fue ingresado por cuarta vez el pasado 2 de marzo, contando con la firma de más de 15 diputados/as. Sin embargo, insólitamente (no recordamos antecedente alguno), el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a 4 meses de su presentación (trámite que tarda unos días), no le ha asignado los giros a las comisiones correspondientes dejando el proyecto en un limbo que no permite tratamiento alguno.
A continuación, sintetizamos los principales cuestionamientos que realizamos al proyecto impulsado por COFEMA:
Modifica sutil pero gravemente la definición de humedal reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege;
Suprimen la definición de expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórifico” (la palabra “racional”, no existe en el proyecto de COFEMA, en contraste con la mención en 29 ocasiones en el otro proyecto)
Pervierte los objetivos de la ley, desechando 9 de ellos, distorsionando los alcances de protección y des-responsabilizando al estado mediante el uso de verbos en modo potencial;
Elimina directamente todas las funciones de la autoridad nacional de aplicación, desmereciendo cualquier intervención basada en la coordinación interjurisdiccional liderada por una autoridad federal;
Suprime plazos para que, tras la sanción de la Ley Nacional, las provincias deban elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial que incorpore a los humedales en sus territorios;
Elimina 11 principios y conceptos esenciales para la gestión de la política racional y sostenible de los humedales.
Insólitamente, destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia muerte legal para los humedales, antes siquiera de ser reconocidos como tal. También elimina plazos, las escalas de protección y el deber de actualización.
Quita la moratoria, siendo ello una violación directa de los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral en materia ambiental.
Excluye a los pueblos indígenas y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales.
Restringe inconstitucionalmente el derecho de acceso a la información pública
Elimina las prohibiciones a las conductas que afectan, alteran, disminuyen, o degradan los humedales de nuestro país.
Contactos de prensa: Dr. Rafael Colombo +5493426144658 Alejo di Risio +5491123904594 Argentina – 14 de Julio 2022
El estatuto político y legal en materia socio-ambiental del Proyecto Hidrovía Paraná – Paraguay. – La presente propuesta de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, como de las organizaciones sociales y ecologistas que la suscriben y adhieren, tiene por finalidad realizar un aporte que consideramos superador del marco institucional propuesto por los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de la denominada “Hidrovía Paraguay Paraná“.
Necesitamos avanzar hacia una gestión de nuestros ríos que contemple su complejidad biológica, cultural y ecosistémica. Para eso hemos elaborado una serie de propuestas, y con el apoyo de organizaciones socioambientales, las presentamos al Consejo Federal Hidrovía. Destacamos que nos es imposible entender nuestros ríos simplemente como canales, y así desarrollar un despliegue institucional enorme, cuando las herramientas institucionales son otras. Por eso aportamos este documento para que funcione como insumo clave a quienes comparten esta visión sobre nuestros ríos.
1. COMITÉ DE CUENCA
La Jefatura de Gabinete de Ministros debe asumir el liderazgo, junto al Ministerio de Ambiente, en el desarrollo de todos los pasos necesarios para la conformación del Comité de Cuenca del Río Paraná, lo que es relevante y URGENTE para poder integrar todas las voces afectadas .
2. ESTUDIOS DE IMPACTO
No se puede profundizar la intervención sobre el cauce principal del río Paraná y más allá de todos los producidos desde los inicios de los años 90, sin estudios de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica de los proyectos en carpeta; estudios y evaluaciones independientes que debe articular y liderar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
3. TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA
Hay que reconfigurar el tratado de la cuenca del Plata hacia un acuerdo regional o nuevo tratado de paz con la Naturaleza y los pueblos concretos en sus territorios, con los pueblos indígenas en particular. La soberanía nacional está en juego frente a este escenario propuesto. Pero también la soberanía de esta cuenca sin fronteras geográficas y hermanadas entre sus ecosistemas y diversidades culturales.
Para dejar de ratificar y consolidar lo sucedido en los noventa, debemos construir una nueva democracia social y ambiental en la cuenca toda. Que nos convoque a una transición democrática y en paz hacia la vigencia de la justicia social y ambiental.
Activismo Judicial estratégico como resistencia al avance ilegal del fracking y la explotación de hidrocarburos no convencionales. el caso de la provincia de Mendoza: mayo 2021
Los caminos judiciales del fracking es un informe que relata las acciones y resultados del trabajo judicial realizado en relación a las autorizaciones para la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la utilización de la técnica conocida como “fracking” o fractura hidráulica, en la provincia de Mendoza, Argentina.
La meta-estrategia implementada por la sociedad civil en la provincia de Mendoza para resistir el avance ilegal de la fractura hidráulica se basó en dos dimensiones. Las manifestaciones sociales para incidir en el sistema político y el abordaje judicial a través del litigio de interés público.
Buscando también en el poder judicial una tercera dimensión basada en las consideraciones no solo jurídicas, sino valorativas de la importancia de preservar los mejores estándares de transparencia institucional y darle las adecuadas dimensiones normativa, histórica y valorativa al hecho juzgado.
Los equipos legales de tres organizaciones de la sociedad civil (FADE, FARN, OIKOS Red Ambiental y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas) han interpuesto acciones jurídicas ante juzgados provinciales de primera instancia, cámaras de apelaciones y la Suprema Corte de Mendoza por violaciones a la normativa constitucional ambiental.
También se presentaron acciones directas ante la Suprema Corte de la provincia por vía originaria. Diferenciando la Acción Procesal Administrativa de las Acciones de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad en razón del objeto y las competencias para intervenir en un caso y otro, y también en sede penal contra funcionarios intervinientes.
