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En defensa propia y contra los negacionismos

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

En la actualidad, todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental, con lo cual hasta resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica, si el país quiere acceder a fuentes de financiamiento internacional y establecer de una vez por todas una agenda de adaptación al cambio climático.

El movimiento socioambiental no sólo no debe votar a Javier Milei sino que debe militar abiertamente para que éste no se convierta en el próximo presidente de la Argentina. No sólo por las obvias razones económicas y las disparatadas y dañinas propuestas de gobierno de La Libertad Avanza sino esencialmente porque es necesario actuar en defensa propia.

A esta altura de la realidad, con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes en todo el planeta y con el consenso científico que hay, el negacionismo climático equivale a acelerar exponencialmente el proceso de colapso ambiental en curso. En la actualidad, ser negacionista del cambio climático es equivalente a ser terrraplanista (¿No será terraplanista Milei? Hasta ahora nadie se lo preguntó).

A pesar de ello, Milei, el candidato de la ultraderecha local, sostuvo en un vivo de Twitch que el cambio climático no existía. “Es otra de las mentiras del socialismo, hay toda una agenda del marxismo cultural. Hace 10, 15 años se decía que el planeta se iba a congelar, ahora dicen que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están saturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo”, dijo hace un tiempo, entrevistado en directo por el youtuber y actor Julián Serrano.

Hace unos días habló del derecho de las empresas a contaminar los ríos, preguntando “dónde está el daño”, aplicando una lógica mercantilista elevada hasta el absurdo, como si los ríos fueran meros bienes privados y/o privatizables, y no bienes públicos o comunes, que hoy están en peligro.

Lo cierto es que el negacionismo climático responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual.

En los Estados Unidos, esta posición involucró durante décadas a un mismo conjunto de actores sociales y políticos que, a fin de rechazar la intervención del Estado, negaban la evidencia científica. Esto incluyó desde presidentes como Ronald Reagan, los Bush (padre e hijo), hasta recientemente Donald Trump. Detrás de esta política están las grandes petroleras que financiaron, y continúan financiando, este tipo de posicionamientos. Se crearon poderosas instituciones para incidir en el debate a nivel internacional, negando las bases científicas del cambio climático global y oponiéndose a cualquier tipo de regulación que limitase las emisiones de gases de efecto invernadero. También hay fundaciones de extrema derecha, ligadas a Koch Industries, que ya antes habían financiado campañas para negar los efectos del tabaco, tal como lo muestra con ingente documentación el libro de Eric Conway y Noemi Oreskes, Los Mercaderes de la duda, publicado en 2010.

Asimismo, los sectores ultraliberales y de derecha ven en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas del campo ecologista, que exigen a los Estados la instrumentación de políticas públicas que apunten a la protección de los bienes comunes y a regular las emisiones de gases CO2, son entendidas como una “nueva trampa” asociada al comunismo.

En América Latina fue el expresidente peruano Alan García (situado en la derecha más reaccionaria) quien expresó esta idea en 2009 durante un sangriento conflicto con los pueblos amazónicos —conocido como la Masacre de Bagua— que se oponían a la expansión de la frontera extractiva. En un recordado artículo en el diario El Comercio, García expresó: “Y es así que el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista”.

Más cerca, tenemos al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien entre otras cosas instauró el “día del fuego” y provocó un verdadero ecocidio en la Amazonia brasilera con el avance de la deforestación en manos del agronegocio, lo cual se tradujo también en una declaración de guerra contra los pueblos indígenas.

Vayan a preguntarles a los Yanomami, que sufrieron el etnocidio en carne propia con Bolsonaro, de la mano de la expansión de la frontera minera, sobre todo de la minería ilegal, que aumentó el 632%, y que fue el principal factor del colapso del modo de subsistencia de este pueblo. Y sin duda, sin la resistencia decidida de los pueblos indígenas de la Amazonia, el propio Lula en el inicio de su tercer mandato no hubiese incorporado en el programa cuestiones urgentes como frenar el avance de la deforestación, proteger la Amazonía (lo que lo coloca en visible tensión con el poderoso sector de los agronegocios) y dar representación a los pueblos originarios, a través de la creación de un ministerio propio, comandado por una mujer indígena, la luchadora Sonia Guajajara.

Al igual que otros representantes de la ultraderecha autoritaria, Milei también considera al ambientalismo como una “creación del marxismo” y, por ello, lo coloca del lado del enemigo a combatir. Así lo marcó expresamente en un reciente artículo uno de sus mentores, Alberto Benegas Lynch (h), quién enumera los peores enemigos en su resumido “decálogo”, colocando en primer lugar al ambientalismo. “Primero, el ambientalismo. De un tiempo a esta parte los socialismos se han agazapado en el llamado ambientalismo como una manera más eficaz de liquidar la propiedad privada: en lugar de decretar su abolición al estilo marxista, la tragedia de los comunes se patrocina con mayor efectividad cuando se recurre a los llamados ”derechos difusos“ y la ”subjetividad plural“ a través de lo cual se abre camino para que cualquiera pueda demandar el uso considerado inadecuado de lo que al momento pertenece a otro”, dijo.

Nadie ha llegado a tanto ni tan lejos, ni siquiera acá en Argentina donde la ceguera ecológica atraviesa a tantos actores políticos y económicos, tal como podemos ver en los impactos de la reciente sequía, valuados en unos 20.000 millones de dólares. La élite local no hace más que quejarse como si la sequía fuera una plaga bíblica producto de un Leviatán Climático global, sin querer establecer la relación estrecha que en términos territoriales existe entre modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.

Los negacionismos y sus múltiples rostros

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, no le va a la zaga; todo lo contrario. Multiplica los rostros del negacionismo. Se trata de una defensora de los militares genocidas, respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por éstos durante la última dictadura militar.

La provocación que supone en la fórmula libertaria la presencia de Villarruel apunta a impugnar el corazón mismo de nuestro imaginario democrático, justo ahora que deberíamos estar conmemorando los 40 años ininterrumpidos de vida institucional, período en el cual se fue construyendo de modo colectivo, dinámico y en conflicto, un “pacto democrático”, a fuerza de luchar contra la impunidad de los militares responsables de las violaciones de derechos humanos.

A esto Villarruel le suma la negación de los derechos de los pueblos indígenas, a los cuales también promete combatir. Ya en mayo de 2022 presentó un proyecto para derogar la ley 26.160, de emergencia territorial indígena, que suspende los desalojos, “en contra de las usurpaciones de supuestos pueblos indígenas”.

Ante lo sucedido en Jujuy, redobló la apuesta y habló de que “el indigenismo” buscaba “incendiar el sistema democrático”, desconociendo no sólo la deuda que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas, sino los derechos internacionales de éstos (al territorio, a la autonomía, a la defensa de su cultura, a ser consultados, entre otros), recogidos en nuestra carta constitucional en 1994.

Sabemos que nada de esto es inocente, pues los territorios indígenas son hoy lugares codiciados por el capital extractivista, se trate del litio, otros minerales, o del petróleo y gas. El racismo antiíndigena, estructural en nuestro país, encuentra una peligrosa actualización basada nuevamente en el desprecio étnico y los intereses económicos.

Así, que en las PASO haya triunfado el “Que se vayan todos” en su versión de derecha (como dicen Mariano Schuster y Pablo Stefanoni) es muy preocupante. Es cierto que no todos los que votaron la dupla Milei-Villarruel adhieren al paquete completo de negacionismos que éstos proponen, pero el caso es que existe un amplio sector de clases medias y populares desencantadas, empobrecidas y olvidadas, que padecieron más que otros sectores sociales los impactos económicos de la pandemia y la torpeza gubernamental y que encuentran en los discursos contra el Estado y “la casta” un aglutinador diferente.

Milei con su estilo insultante y denigrador llegó al corazón de ese sentimiento, que atraviesa un sistema político degradado y autocentrado, incapaz de responder a los grandes problemas y desigualdades del país. Un sentimiento de agravio y de no-futuro que trocó en búsqueda de una nueva utopía antisistémica, que muchos —sobre todo jóvenes y varones— creyeron encontrar en el discurso libertario.

La Libertad Avanza, lejos de combatir a ‘la casta’, repite y amplifica todos los vicios de los partidos tradicionales, como la venta de puestos, los negociados con sellos y el dinero negro

Sin embargo, el partido La Libertad Avanza, lejos de combatir a “la casta”, repite y amplifica de manera acelerada todos los vicios de los partidos tradicionales: venta de puestos, negociados con sellos y partidos tradicionales, dinero negro, purgas de los sectores libertarios que pudieran cuestionar la dirección política, vínculos con grandes empresarios, entre otras herramientas ya conocidas de la vieja política. La negación de la crisis climática también retoma la visión de los intereses concentrados. Nada mejor que revisar el libro “El Loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina”, del periodista Juan Alvarez, para desmitificar y poner en perspectiva el vacío de la llamada “utopía libertaria” que se hizo eco en un sector de la juventud.

Así, se equivocan aquellos ambientalistas que piensan que una eventual presidencia de Milei sería solo más de lo mismo. Es un partido que contiene lo peor de lo viejo, al tiempo que instala un nuevo umbral que no solo significaría un enorme retroceso en relación a nuestra débil institucionalidad ambiental, sino que se convertiría, como ya sucedió en otras latitudes pero fundamentalmente en América Latina, en un peligro concreto para la integridad física de los y las defensores y de la propia existencia del movimiento socioambiental.

Es cierto que hay también ahora persecución y hostigamiento del ambientalismo, y el extractivismo continúa expandiéndose. Véase lo sucedido en Jujuy, vinculado al litio y la reforma (in)constitucional, o yendo apenas un poco más atrás, a Chubut, que sufrió una vez más el intento de imponer la minería a cualquier precio, lo cual si bien fracasó, generó un contexto de criminalización del ambientalismo. Pero una presidencia del binomio militar-libertario que expresan Milei-Villaruel potenciaría lo peor de todos esos modelos, significaría una vuelta de tuerca, habilitaría un umbral de violencia política, institucional y discursiva, con consecuencias imposibles de prever.

Los ambientalismos, los feminismos, los progresismos y las izquierdas debemos replantearnos la autocrítica y el diálogo. No podemos ser indiferentes a quienes potencian a niveles desconocidos lo peor de la Argentina de las últimas décadas. La historia reciente, con el ascenso de las extremas derechas, muestra que no todo es lo mismo y que hay que hacerse cargo, individual y colectivamente de esta evidencia, a la hora de posicionarnos en relación con lo que representan Milei y Villaruel en nuestro país. Estos implican un cambio de escala respecto del rechazo del sistema democrático y sus bases, lo cual incluye la totalidad de los derechos humanos, sociales y ambientales.

Organización para romper el consenso extractivista

Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva

El humo de incendios forestales y de humedales se ve, se siente y se respira fuerte en las grandes ciudades del país. Interminables olas de calor con temperaturas récord en el marco de la mayor sequía de la que se tenga memoria. Incendios de pastizales que, además de la destrucción natural, provocaron un apagón en medio país. No, no es el comienzo de una novela futurista distópica. Es ahora, es acá. Época de colapso que en Argentina se invisibiliza, se rehúsa el debate y se profundiza aún más en un espiral sin fin.

Es inaceptable que todo esto no se lo vincule con el modelo de maldesarrollo imperante. Desmonte récord —solo en 2022 fueron 200 mil hectáreas de bosque nativo—, más la destrucción de humedales. El mapa de los incendios coincide mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas que crece destruyendo humedales y pastizales. Pero los medios solo hablaron del lado pintoresco de la ola de calor.

Y nos dicen que haciendo más de lo mismo vamos a salir de lo que nos trajo hasta acá.

Para dar vuelta todo hay que romper el “consenso extractivista” que coloca a América Latina en proveedor de Naturaleza para el norte global como si fuese un destino y no, como es, una decisión geopolítica mundial que nos pone colonialmente en este lugar.

Romper con los “consensos” requiere mucha determinación y convicción. Oponerse tiene un costo alto porque la ridiculización y la “cancelación” son las armas para mantener el statu quo. “¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta si nos va a salvar?” “¿Y la soja? Si somos líderes en el mundo.” Nadie puede discutir esto bajo pena de ser despreciado y atacado. Se califica de insensato e irrazonable a quienes cuestionan los modelos de maldesarrollo que nos trajeron a la actual crisis ecológica y económica. Instalan un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al modelo extractivista.

Lo cierto es que Argentina con fracking, agronegocio y megaminería tiene más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza. No pareciera razonable que profundizando ese modelo vayamos a tener resultados distintos. No hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, glaciares, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones del Norte Global.

Marcha por un mar libre de petroleras – Foto: Greenpeace

Colonialismo verde y ambientalismo extractivista

Con este contexto, un nuevo capítulo de saqueo y devastación ambiental se cierne sobre nuestra región. La “transición energética” se convierte en un nuevo altar para que, nuevamente, América Latina se convierta en una zona de sacrificio para que cada estadounidense tenga su automóvil/camioneta Tesla eléctrico o un europeo su BMW a baterías de litio.

Es que esta transición energética no es la nuestra. Es una de características corporativa, de mercado, que sólo tiene en cuenta las necesidades del Norte global sin importar las consecuencias en nuestras tierras. “Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños”, dijimos desde el Pacto Ecosocial del Sur en el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Energética Justa y Popular.

“Colonialismo verde” se ha denominado a esta nueva dinámica y preocupa la cerrazón e invisibilización de los enormes impactos locales que conlleva. Este tipo de transición corporativa aumenta la deuda ecológica del Norte sobre el Sur.

Europa realizó el listado global de los recursos estratégicos críticos. Los europeos consumen el 19 por ciento de los recursos naturales mundiales, pero en sus territorios extraen solo el tres por ciento. El colonialismo europeo requiere nuevamente a América Latina como zona de sacrificio. El norteamericano también, por ello la desesperación de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, quien visitó el país dos veces sólo en los últimos meses.

Este “colonialismo verde” necesita la construcción de un nuevo “ambientalismo” que esté totalmente desconectado de los territorios, que sea indiferente de las consecuencias locales. Los medios se encargarán de poner a este novedoso “ambientalismo” como interlocutor para invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales. Los gobiernos harán su parte, dándoles lugar y mostrándolos en (falsos) diálogos para legitimar el nuevo avance sobre la naturaleza y las comunidades.

Este novedoso “ambientalismo”, a contramano de la totalidad del movimiento socioambiental de América Latina, no cuestionará el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, ni el fracking en Vaca Muerta, ni el avance de la minería trasnacional de litio sobre las comunidades indígenas en el norte de nuestro país (incluso son defensores del nuevo trigo transgénico y la minería metalífera, con la excusa de los minerales para la transición).

No sólo no cuestionará a estas figuras extremas del extractivismo sino que las impulsará abiertamente en nombre del “desarrollo” (aunque con esto atrasen 30 años). Esto es realmente novedoso e inédito. Como si dentro del movimiento feminista apareciera una corriente que no apoye el aborto y esté en contra de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En realidad no sería una corriente feminista.

Planificadas y costosas campañas publicitarias para influir en la opinión pública se realizan para disfrazar de soberanía nacional este nuevo ciclo de saqueo neocolonial. Se esconderán las transnacionales (de siempre) que están detrás y seguirán hablando de soberanía aún con casos extremos, como que una de las directoras de la petrolera Equinor (que hará explotación offshore en nuestro mar) es asesora del ilegal gobierno kelper en las Islas Malvinas. ¡Y tendrá a cargo el mapeo de los recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino!

Así, el objetivo es mantener intacto el modelo colonial extractivista sin discutir el modelo extractivista, solo importa la oportunidad de ser (nuevamente) proveedores de materias primas para la denominada transición (del Norte). Un proceso impulsado por las corporaciones y orientado a la exportación de commodities hacia las grandes potencias (Europa, China, Estados Unidos) que encuentra así legitimación interna.

Consenso extractivista, economía para la vida y justicia social

Salir de este modelo no solo es posible, sino que es un deber en América Latina donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. No por casualidad es la región más desigual del planeta.

El modelo extractivista empobrece y desiguala. Siempre fue así en el Sur Global. Urge cambiar esta matriz. Son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños en la pobreza en nuestro país. Por ello, confrontar al extractivismo es luchar por la justicia social.

Para ello es fundamental que todo ecologista conozca y respete los territorios, su gente y comunidades. Es esencial esto porque no sólo te da conocimiento sino que, fundamentalmente, te ubica y contiene. No por casualidad es que el “ambientalismo extractivista”, sin territorio mas que las redes sociales, plantea desde la ciudad de Buenos Aires disparates como si fueran estadistas.

Como dijimos con Maristella Svampa, la salida a la crisis ecológica y climática es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política.

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. Convertir la distopía en utopía. El socio ambientalismo es una gran disputa de sentido, tenemos que revalorizar otras experiencias que existen y crear nuevos relatos alternativos a ese destino extractivista que nos imponen desde el Norte.

Como plantea el presidente colombiano Gustavo Petro, necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Una economía que garantice acceso a la tierra y genere posibilidades de progreso a la población y no que la expulse y condene a malvivir en los cordones de las grandes ciudades.

Es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae devastación, saqueo y exclusión.

De la ceguera ecológica a la indignación colectiva

“Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros”, sostienen los autores, quienes aseguran que como sociedad vivimos una especie de “ceguera ecológica”, por la cual se toman como naturales eventos extremos en el medio ambiente. Y agregan que es “inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo”.

Enrique Viale y Maristella Svampa en elDiarioAr

El humo de los incendios forestales en las islas del Delta del Paraná llega hasta la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Olas de calor nunca antes vistas, cortes de energía eléctrica en una buena parte de la Argentina, incendios forestales y de pastizales que no cesan y que se expanden, mientras puede verse cómo el fuego rodea peligrosamente a la central atómica Atucha. Humo constante en decenas de medianas y grandes ciudades del país. Una sequía histórica potenciada por los efectos del cambio climático global y destrucciones locales tanto de bosques nativos como de humedales. Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros, como si se tratara del comienzo de una película o una serie distópica de las que abundan en las plataformas televisivas.

En el mundo de la biología, a finales de la década de los 90, se acuñó el término “plant blindless” o “ceguera botánica” que define la incapacidad del ser humano para ver o percibir las plantas en el propio entorno. Si se le preguntara a una persona acerca de elementos del paisaje mientras camina por un bosque, por un ser vivo, la mayoría indicaría a lo sumo un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en un bosque son especies vegetales.

Aplicado esto a la coyuntura actual, podríamos decir que, como sociedad, vivimos una especie de “ceguera ecológica”. Una negación colectiva que se expresa en la naturalización de los eventos climáticos y ecológicos extremos. El humo en las ciudades, producto de las quemas intencionales de bosques, humedales y pastizales, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano y rural. Tal es así que ya es un dato más que aportan los servicios meteorológicos, junto con la temperatura, la humedad y la sensación térmica. Otra imagen elocuente es la gente bailando entre el humo, como pudo verse en los sensacionales carnavales correntinos, en una provincia literalmente prendida fuego como nunca antes en su historia.

Claro que esta ceguera ecológica está íntimamente relacionada con la visión de la modernidad que colocó al ser humano -figurativamente hablando- por fuera de la Naturaleza. Se redefinió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma, desconociendo que los seres humanos también somos Naturaleza. Esto consolidó un paradigma binario que ignora las interdependencias y complementaridades y reduce a la Naturaleza a una mera canasta de recursos infinitos y manipulables. Selló nuestro divorcio con quien nos da alimentos, ambiente y vida y sentó las bases de la destrucción a gran escala.

Pero obviamente esta ceguera tiene a la clase dirigente (política, empresarial y mediática) y su perspectiva economicista como su máxima expresión. Abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas, se toman decisiones que aceleran aún más la emergencia ecológica y climática. Esta ceguera no es exclusiva de nuestras élites vernáculas ni de nuestros economistas (sean ortodoxos o heterodoxos), aunque en Argentina se expresa de una manera potenciada, ante la falta de un horizonte político de cambio.

Así, es posible ver al Gobierno nacional y aquellos provinciales, promoviendo la ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, incluso en el Golfo San Matías (lindante con la invaluable península Valdés). Podemos ver como se aumentan los beneficios fiscales a las petroleras en Vaca Muerta. También cómo se incentiva la ampliación del agronegocio y de la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos (según un informe de Greenpeace se desforestaron 200 mil hectáreas de bosque nativo solo en 2022) o la quema y destrucción de pastizales y humedales (que alcanzó sus niveles récords durante la pandemia hasta la actualidad). Podemos escucharlos hablar con pasmosa linealidad sobre el litio como el nuevo eldorado, aguardando “la lluvia de inversiones”, desestimando el debate acerca de la transición energética y los costos sociales y ambientales que están pagando los pueblos de Sudamérica.

Es inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo imperantes en nuestro país. Los medios de comunicación suelen hablan sólo del lado pintoresco mientras la clase política continúa ignorando de modo sistemático la emergencia ecológica. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde la crisis climática no genera ningún tipo de debate político ni mediático. Al contrario, se cancela al ambientalismo por “prohibicionista” y hasta hay jueces federales que para justificar el fallo en favor del offshore en Mar del Plata sobreactuaron su lealtad al poder político y económico hablando de “fascismo ambiental”…

Dos caras de la misma crisis

El avance de la megaminería también es muy fuerte. En provincias como Mendoza la Legislatura provincial aprobó ilegalmente (porque viola, entre otras cosas, la Ley Nacional de Glaciares) el proyecto de Cerro Amarillo. Lo hizo a espaldas de una sociedad que, recordemos, en 2019, salió masivamente a las calles en defensa de la ley 7.722 que protege el agua y restringe la minería.

Si algo faltaba, la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de la poderosa corporación del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del Presidente de la Nación no hizo más que confirmar que el embate extractivista y corporativo es total. Aunque hubo reclamos de diferentes sectores de la sociedad civil -que incluyen franjas del oficialismo- el presidente Alberto Fernández se mantuvo ajeno e indiferente.

La excusa de esta avanzada es siempre la misma: hay que enfrentar la crisis económica y pagar la deuda externa. Como si la crisis económica y la crisis ecológica no tuvieran las mismas causas, sobre todo en nuestra región. Son los modelos de maldesarrollo los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza en Argentina y que convirtieron a América Latina en la región más desigual del planeta. No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en el Sur global con los de las figuras extremas del extractivismo. Como si la crisis de la deuda externa y la deuda ecológica no estuvieran vinculadas y no se retroalimentaran de modo perverso. La sobreexplotación de los bienes naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias.

Salir de la ecoansiedad y la visión distópica

¿Cómo hacemos entonces para que la problemática ecosocial sea transversalmente considerada a la hora de discutir sobre las políticas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que el Congreso nacional sancione una ley que realmente proteja los humedales y el gobierno tome decisiones que superen el economicismo estrecho y el poder de los lobbies? ¿Cómo hacemos para no naturalizar el humo y las visitas a los hospitales por problemas respiratorios, mientras nos convertimos -como dijo un activista rosarino- en un crematorio a cielo abierto? ¿Cómo superar esa ansiedad ecológica que genera una actitud colapsista poco proclive al cambio?

Para comenzar, creemos fundamental colocar el foco en algunas de las respuestas más comunes desde la sociedad civil a esta ceguera ecológica, en un contexto de clausura política: la impotencia y la resignación que hoy se expande en muchas franjas sociales y etarias; incluso lo que hoy se denomina “ecoansiedad”. Esta puede ser definida rápidamente como la condición de ciertas personas que sienten un temor constante a un cataclismo ambiental debido a la acción humana sobre el clima y la naturaleza. Este término relativamente nuevo tuvo sus primeras apariciones a finales de la década de 1990 y cobró más notoriedad durante la pandemia y los recientes eventos climáticos extremos.

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la distopía y la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. No podemos sucumbir a la tentación colapsista y pensar el quiebre civilizatorio como si éste fuera un destino único, predeterminado. Porque si sólo imaginamos un futuro distópico, caemos en la parálisis y actuamos de manera individualista y egoísta. Pensar (y buscar) un futuro justo -social y ecológicamente- nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y solidaria. Y en épocas de emergencia, como la actual, esto se transforma en una obligación.

Cultivar re-existencia o cómo no bajar los brazos

La preocupación tiene que dar paso a la indignación, porque ése es el motor colectivo de los cambios. Y la indignación convertirse en acción. No hay que traicionarse ni autoconsolarse ante la sensación de que no hay nada para hacer, o que ya está todo perdido o clausurado porque eso desalienta aún más o impulsa a tomar atajos.

La aceptación tácita o explícita del “consenso del extractivismo” contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al desarrollo extractivista actual, como si éste fuera un destino inevitable y no una imposición geopolítica colonial que, con la intervención activa de las elites nacionales, nos coloca en el lugar de proveedor de commodities para el Norte Global. Un consenso extractivista que, además, califica de insensato e irrazonable a quien cuestiona los modelos de maldesarrollo que nos llevaron (y continúan haciéndolo) a la actual crisis ecológica.

Lo cierto es que no hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones locales y del Norte Global.

Una estrategia para combatir estos tiempos de resignación y ansiedad ecológica es pasar a la acción. Organizarse y buscar a quienes están organizados. En cada provincia argentina, en cada pueblo o ciudad hay una asamblea, un grupo de ciudadanos/as, multisectoriales que están día a día disputando sentidos y defendiendo causas vinculadas a un horizonte ecosocial justo y sostenible. No estamos hablando de autoayuda, sino de organización colectiva y solidaria.

No es cierto tampoco que todo sea derrota. En nuestro país hay una gran multiplicidad de colectivos y organizaciones solidarias que van generando otros espacios de re-existencia. Eso nos lleva a entender que el camino no es lineal, que está atravesado no solo por regresiones, sino también por avances importantes.

En Argentina ha habido grandes triunfos ambientales, desde que la asamblea de Esquel dijo “no a la minería”, un acontecimiento que justo en estos días cumplirá 20 años (el 23 de marzo habrá conmemoración), pasando por la Ley Nacional de Glaciares (2010), hasta las grandes movilizaciones socioambientales que culminaron recientemente en triunfos populares, desde el Mendozazo (2019, contra la minería), el Chubutazo (2021, idem), el rechazo a las megafactorías de cerdo (2020), y las primeras movilizaciones y amparos en contra de la exploración offshore en el Mar Argentino (2022).

A nivel latinoamericano, hay propuestas como las del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, cuyo propósito es generar plataformas regionales y debatir condiciones de transición ecosocial justa, desde la perspectiva de los pueblos. En Colombia, pese a todos los obstáculos de una guerra que se ha extendido por décadas, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez apuesta a la vida y la esperanza; más aún, se propone revolucionar los progresismos fósiles para colocar otra agenda, la de un progresismo socioambiental. Incluso Lula Da Silva, quien asumió la presidencia en Brasil por tercera vez, comprendió que hay que salir de la ceguera ecológica, para detener la deforestación y el genocidio de los pueblos indígenas en la Amazonía. No sería raro que ambos gobiernos -Colombia, a la cabeza, y Brasil- generen un nuevo espacio latinoamericano para articular propuestas regionales en estos tiempos de colapso, pero también de transición.

Finalmente, para poder romper con la ceguera ecológica de gran parte del establishment (los lobbies políticos, económicos y mediáticos) y replantear las condiciones de habitabilidad de nuestra tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política, para incluir por ejemplo el agua, los ríos, los humedales, el conjunto de seres sintientes no humanos, que son parte indisoluble de la red de sostenibilidad de la vida. Entender que nuestra tierra está dañada pero no definitivamente perdida, reconectar nuestra indignación con las prácticas de resiliencia que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, son la vía para la construcción de “una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma”, como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz, en su fascinante Manifiesto ecológico-político.

Comprender que la salida es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida.

Tenemos derecho a una buena Ley de Humedales

Por: Maristella Svampa y Enrique Viale, para elDiarioAr.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales cuenta con una larga historia en el Congreso Nacional. Maristella Svampa y Enrique Viale analizan los proyectos en danza, las razones para apoyar el dictamen de minoría y un gesto de la película “Argentina 1985” para, salvando las distancias, pensar sobre cómo los gobernadores cajonearon una iniciativa. Qué pasa en Diputados.

La ya fallecida socióloga Norma Giarracca decía que “no hay séptimo día de descanso en la disputa socioambiental”, primero hay que lograr que sancionen la ley, luego que la reglamenten, después que la apliquen efectivamente, y así, continuar en la lucha. En el camino se generan debates en la sociedad, se confronta, se va produciendo masa crítica y se otorgan herramientas concretas para crear una nueva institucionalidad ambiental, para proteger nuestra salud, la del planeta y de nuestros bienes comunes.

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales cuenta con un largo y penoso derrotero de 10 años en el Congreso Nacional. En 2013, impulsada por el entonces senador Rubén Giustiniani, se logró una primera media sanción en la Cámara de Senadores, pero luego, al no tratarse, perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Exactamente lo mismo ocurrió en 2016 con un proyecto del ex senador Fernando “Pino” Solanas, que también logró media sanción pero terminó cajoneado en la Cámara Baja, sin tratamiento alguno. Así, se echó por tierra un trabajo de años que incluyó decenas de reuniones con especialistas, varias audiencias públicas y el apoyo de un abanico muy amplio de organizaciones, expertos y universidades nacionales.

Maximiliano Ferraro, presidente Coalición Cívica, en el plenario de comisiones por la Ley de Humedales, el 14 de noviembre de 2022. Victoria Gesualdi/Télam

Ahora bien, si la sanción de la Ley de Bosques (2007) fue difícil pues chocaba directamente con los intereses del agronegocio como también lo fue más tarde la Ley de Glaciares (2010) por el boicot de la gran minería transnacional, la Ley de Humedales se enfrenta no sólo a estos dos lobbies que actúan en conjunto, sino también al de la especulación inmobiliaria, responsable de la destrucción de miles de hectáreas de humedales con sus barrios cerrados y countries náuticos, y caracterizado por sus aceitados vínculos con la más variada fauna política.

Los grandes capitales mineros tampoco quieren una Ley de Humedales ya que no sólo el oro se encuentra en las vegas en la Cordillera sino también el litio en humedales de altura, los salares del norte argentino, que actualmente se explotan de manera incontrolada, con bajísimas regalías y en muchos casos, sin licencia social.

El plenario de Comisión de la Cámara de Diputados del 14 de noviembre de 2022 que trató la Ley de Humedales. Victoria Gesualdi/Télam

Por su parte, el agronegocio corre permanentemente su frontera sin preocuparse por lo que deforesta con su accionar. Que la Argentina sea uno de los países más arrasados por la expansión de la soja transgénica y otros cultivos, o incluso de la ganadería extensiva, no parece preocuparlos. A esto hay que añadir otro grupo de poder extractivista, el de la producción forestal industrial en las provincias del litoral, sobre todo Corrientes. Esta particular conjunción de intereses contra la Ley de Humedales provoca que las resistencias políticas y mediáticas sean enormes, transversales y busquen clausurar deliberadamente la discusión. En el lenguaje coloquial ya tienen un nombre: son el lobby del fuego.

Ninguno de estos lobbies acepta límite alguno a su actividad extractiva, ignorando tanto el agravamiento de la crisis climática como el reclamo de las poblaciones por proteger los humedales y la salud de las poblaciones. Una de las herramientas que el país necesita para conservar estos ecosistemas tan valiosos es una Ley Nacional de Protección de Humedales que, aunque por sí sola no revertirá mágicamente los procesos destructivos del extractivismo, puede convertirse en un punto de inflexión para empezar a proteger y conservar uniformemente estos ambientes, mucho más en un contexto de emergencia climática.

Con una correcta Ley de Humedales se ordena y organiza el territorio y las actividades productivas sobre ellos. El conocimiento para la conservación de estos ecosistemas, y sus zonas claves, es fundamental en épocas de sequías y para afrontar los eventos climáticos extremos.

Se ha repetido innumerables veces: como ya lo había hecho en 2020, en marzo de 2022, el diputado por el Frente de Todos, Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados) impulsó y presentó formalmente el llamado “proyecto consensuado”, que recoge los lineamientos de las discusiones y dictámenes en los anteriores debates legislativos y tiene el respaldo de científicos y expertos, y unas 400 organizaciones, entre asambleas, multisectoriales y colectivos de defensa del territorio.

Desde hace tres años, con el incremento de los incendios y el avance del humo sobre las ciudades y campos, una gran cantidad de textos, declaraciones, videos, notas periodísticas, testimonios producidos por organizaciones científicas, sociales y ecologistas y periodistas independientes, dan cuenta de esta situación, denunciando los múltiples impactos no sólo sobre los humedales, sino sobre la salud de las personas, muy especialmente sobre niños, ancianos y personas vulnerables. Cada vez más los relatos cotidianos están poblados de salas de urgencia desbordadas y madres que salen corriendo a llevar a sus niños con alergias y ataques de broncoespasmo. “En Rosario no se puede respirar”, repetía una y otra vez un video que se viralizó hace poco, pero que englobaba la experiencia cada vez más angustiante de muchas ciudades y localidades de diferentes provincias, como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. “Somos un crematorio a cielo abierto”, decía de modo estremecedor un conocido referente social de Rosario. Los incendios ya arrasaron con casi la mitad del territorio del Delta y el humo llegó incluso a la benemérita ciudad de Buenos Aires, dejando de ser así solo una noticia que afecta mayoritariamente las provincias, y convirtiéndose ahora también en incipiente sufrimiento ambiental capitalino.

Pese a ello, la discusión sobre la Ley de Humedales fue postergada una y otra vez. Hace poco, dieciocho intendentes de la costa santafesina del Paraná impulsaron un comunicado en el que instaban al Congreso a tratar la ley. “No aceptamos más excusas, no más fuego, no más humo, queremos calidad de vida”. Cuando parecía que todo estaba dado para tratar la ley, los gobernadores de las provincias del Norte argentino, desde Washington donde estaban de gira, emitieron una carta pública en la cual afirmaban que no es posible tratar el proyecto de manera “exprés”, y que la regulación propuesta avanza sobre las autonomías provinciales y la propiedad privada. Desde el campo científico más de 2000 investigadores salieron a rebatir las excusas de los gobernadores. El proyecto lleva más de diez años de discusión y los gobernadores lo saben. Tampoco desconocen –porque se les ha dicho y argumentado una y otra vez- que lejos de ser prohibitivo, el proyecto consensuado establece un necesario marco normativo, un ordenamiento territorial, una regulación mínima y uniforme para todo el país.

Máximo Kirchner en el plenario de comisiones de Diputados por la Ley de Humedales. Victoria Gesualdi/Télam

¿Qué pasó la semana pasada?

El jueves pasado se realizó el postergado plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados por la Ley de Humedales. El primero en tomar la palabra fue el diputado Maximiliano Ferraro, del interbloque Cambiemos, quien señaló que ellos están “interesados en los humedales”, aunque en realidad presentaron un dictamen propio que desprotege los humedales, a medida de los lobbies del agronegocio y minero. Empezaba nuevamente el boicot a una buena Ley de Humedales. Poco después tomó la palabra el diputado Jorge Vara, de Corrientes, empresario arrocero, quien relativizó el cambio climático y acompañó el dictamen del diputado Maximiliano Ferraro. Incluso se atrevió a decir que “no lo van a correr con eso de los lobbies…”, cuando lo cierto es que tanto él como Ricardo Buryailde, presidente de la Comisión de Agricultura, son el lobby y deberían excusarse de votar, por conflicto de intereses. Vara fue presidente de la “Asociación Correntina de Plantadores de Arroz”, organización empresarial que se encuentra entre las que no quieren esta ley, porque dicha actividad avanza impactando sobre humedales. Buryailde es empresario ganadero, ligado al agronegocio. En su cortoplacismo voraz, los sectores del agronegocio ni siquiera alcanzan a visualizar que el Cambio Climático ya afecta y afectará aún más sus actividades, que la destrucción de los humedales (grandes reguladores hídricos), impactará de modo negativo en su economía particular.

Los gobernadores peronistas de provincias del Norte argentino, los mismos que semanas atrás -junto al Gobernador Gerardo Morales (Jujuy)- habían obstruido desde Washington el tratamiento parlamentario de la ley, está vez también jugaron un papel protagónico. Presionaron a una decena de diputados/as del Frente de Todos para que se ausenten del plenario, lo cual hizo posible que triunfara como dictamen de Mayoría el proyecto de Cambiemos.

Los diputados ausentes fueron Daniel Brue (Santiago del Estero), Nilda Moyano (Santiago del Estero), Pamela Calletti (Salta), Sergio Casas (La Rioja), Silvana Ginocchio (Catamarca), Anahí Costa (Catamarca), Ana Fabiola Aubone (San Juan), María Graciela Parola (Formosa), Nelly Daldovo (Formosa), Liliana Paponet (Mendoza). Como señaló el naturalista Cesar Massi, justamente la mayoría de ellos/as son representantes de aquellas provincias que los estudios científicos señalan como zonas con “potencial crisis del agua” y “estrés hídrico por aumento de temperatura”. “No se me ocurre peor forma de degradar la democracia” concluyó.

La ausencia estratégica de estos diputados del FdT permitió que avanzara el dictamen de mayoría propuesto por Cambiemos, habilitando así la posibilidad de aprobar una mala ley. Algo, que en el marco de la gran grieta que existe en nuestro país es enormemente llamativo. Esto demuestra el desmedido poder de los lobbies que logran penetrar interpartidariamente, y se alinean en contra cada vez que aparece un proyecto de ley que busca poner mínimos límites a los intereses económicos en nombre de los intereses generales de toda la sociedad y la naturaleza.

Así, hubo dictamen en el plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados por el proyecto de Ley de Humedales. Pero quedó como dictamen de Mayoría el de Cambiemos, que no es una buena ley. Y como dictamen de Minoría, el de Grosso, el consensuado, con algunas modificaciones. El final está abierto y puede pasar cualquier cosa, como ya sucedió con la Ley Nacional de Glaciares, que subió al recinto con un dictamen de Minoría, pero finalmente fue aprobada. Por eso, es muy importante la voz de las organizaciones socioambientales y de los expertos y científicos para dar la última batalla en el recinto y se consiga que el dictamen de minoría, el único verdaderamente protector, se convierta en Ley.

Porqué hay que apoyar el dictamen de minoría

Si hacemos un análisis comparativo de los dos proyectos de ley, vemos que las diferencias entre ambos dictámenes son evidentes. El dictamen de Mayoría (Cambiemos) es enormemente regresivo respecto del de minoría (proyecto de Grosso) y pese a que toma –de modo engañoso y estratégico- la misma definición de humedales, flexibiliza notoriamente la protección de los humedales en todo su articulado. Para ir más al detalle comparativo, a diferencia del dictamen de Mayoría, el dictamen de Minoría tiene objetivos más amplios y protectores. Un ejemplo es el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura (cuando hay dudas, se debe actuar en favor del agua y de la naturaleza), esto es, en favor de la protección de los humedales.

También el dictamen de Minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”

El proyecto de Minoría establece que el proceso de Ordenamiento Territorial debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley, mientras que el dictamen de Mayoría establece 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1).

El dictamen de Minoría establece una serie de principios fundamentales, que deben ser aplicados: el de Participación, la Co-construcción del conocimiento, la Equidad territorial y social, la Perspectiva del paisaje, la Progresividad, la Variabilidad espacio-temporal de los humedales, el Principio in dubio pro natura e in dubio pro aqua (ya citados), el Principio de no regresión y el Resguardo jurídico ambiental. Todos ellos están ausentes en el dictamen de la Mayoría.

Respecto del monitoreo del Ordenamiento Territorial de Humedales (OTH), sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el OTH.

Si bien el dictamen de la Minoría eliminó la moratoria, lo modificó y reemplazó por la vía de la transición. Así, éste establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT), todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa, que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales. En cambio, el dictamen de Mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Abre así un gran espacio para la discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”, lo que en la práctica nunca ocurre.

La flexibilidad ambiental del dictamen de Mayoría se percibe a la hora de referirnos a las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Son más amplias las exigencias de la EIA en el despacho de Minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.

Pero lo que es fundamental es que el proyecto de Minoría (que el de Mayoría omite) es obligar de modo expreso y taxativo a una EIA previa en el caso de:

“f) La construcción de polders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;

g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;

c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;

h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;

l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.

n) El cambio de uso del suelo;

p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking.“

La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una Evaluación de Impacto Ambiental previa.

Por otro lado, solo el dictamen de Minoría establece la obligación de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a la realización de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación y estas pulverizaciones se hacen discrecionalmente. Esto es omitido en el dictamen de Mayoría.

Asimismo, el dictamen de Minoría obliga a la restauración de las áreas degradadas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” genérico de la autoridad nacional y sin esas prioridades.

El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El dictamen de Minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)

Sólo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.

El proyecto de Mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al Ministerio de Ambiente de la Nación- a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es una ley ambiental, no se explica que tiene que hacer esa Secretaría como autoridad de aplicación, lo que –además- generará una dificultad práctica en su efectiva aplicación.

Estas son algunas de las grandes diferencias. Para resumir, el dictamen de la mayoría, propuesto por Cambiemos, desprotege los humedales, al no reconocer el valor intrínseco de éstos, ni resguardar su integridad ecológica con el objeto de garantizar los numerosos servicios ecosistémicos que los humedales nos brindan. Aparentando ser una Ley de protección de Humedales, en realidad es un proyecto regresivo, y está hecho a la medida de los intereses y lobbies que vienen destruyendo los humedales. En cambio, el dictamen de Minoría, propuesto por Grosso, aun con sus modificaciones del proyecto original, es una propuesta robusta y superadora; con conceptos, instrumentos, principios y herramientas muy concretas para una correcta gestión y protección de estos valiosos ecosistemas.

El desafío actual es lograr que se discuta en el recinto antes de fin de año. A casi 10 años del primer proyecto de ley, ya queda claro que no es a raíz de un problema técnico que no se consigue su aprobación. El triple lobby (agronegocio, minero e inmobiliario) no quiere ninguna regulación, y, ahora, buscarán que no se ponga en debate en el pleno de la Cámara de Diputados para que –una vez más- pierda estado parlamentario. Sin embargo, ha pergeñado un Plan B; aprobar el Dictamen de Mayoría, que propone una ley decididamente menos protectora. Ante esto, la disyuntiva es simple: democracia o lobbies.

En favor de la vida

Hay una escena en la tan comentada película Argentina1985, la única que se repite dos veces (la primera como ensayo, la segunda, como acto en sí). Es sobre el alegato final del fiscal Julio Strassera contra las Juntas militares, que habla del “gesto neroniano”, esto es, el pulgar hacia abajo, para referirse a los militares que decidían por la vida o muerte de los detenidos-desaparecidos. Distancias aparte, la orden de los gobernadores del norte de cajonear la buena ley ya consensuada, que se continuó con la ausencia estratégica de los y las diputadas de esas provincias, habilitando como dictamen de Mayoría la mala ley de Cambiemos, se corresponde con el gesto neroniano, el del pulgar hacia abajo, que decide discrecionalmente en favor de reducir cada vez más la calidad de vida de los argentinos, en tiempos de emergencia climática. Como ciudadanos y ciudadanas de una democracia que pronto cumplirá 40 años, nos merecemos una buena Ley de Humedales, sabiendo que éste no es el final del camino, sino más bien el principio de una regulación justa, racional y equilibrada. Todavía estamos a tiempo de invertir el gesto neroniano, y llevar el pulgar hacia arriba, en defensa del buen proyecto de ley, del dictamen de Minoría, en favor de la vida.

Se realizó el lanzamiento del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

El día de ayer, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) amplió sus horizontes y lanzó el ‘Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial’ (CAJE). El evento se realizó el martes 8 de noviembre en el Centro de Investigación y Documentación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI).

El lanzamiento contó con la presencia y acompañamiento de Nora Cortiñas y Vera Jarach, co-fundadoras de Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora, referentas de la Asamblea No a La Mina Esquel, de la Red de Jovenxs por los Territorios, la diputada Nacional Florencia Lampreabe, la adhesión de los diputados nacionales Nicolás del Caño, Leonardo Grosso y Miryam Bregman, Centro de Estudios Legales y Sociales, Capibara NDS, Multisectorial por los Humedales Paraná, El Paraná No Se Toca, Paren de Fumigarnos, Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, Ojo Verde Cine Socioambiental y con personas referentes de las luchas socioambientales, de la política y de la investigación de todo el país.

El colectivo se lanza con el objetivo de proteger y cuidar los bienes comunes y recuperar el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales de las comunidades que se ven afectadas por diversas actividades y proyectos de la matriz extractiva contaminante en el Sur Global.

“Ha llegado la hora del diálogo de saberes. Nos dimos cuenta que la pata jurídica es necesaria, pero no alcanza.” – inauguró el lanzamiento Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. – “Nunca perder esa pata en el territorio, más allá de lo jurídico. Por eso nos animamos a lanzar este Colectivo que junta justicia ecológica con justicia social.”

En una actualidad atravesada por múltiples crisis, el diagnóstico sobre la expansión de la matriz extractivista y neocolonial en América Latina y en el mundo es contundente.

“Durante tantos años hemos tenido problemas para que la problemática ambiental sea entendida en términos de Derechos Humanos” – continuó Maristella Svampa, miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. – “También creemos que es necesario incorporar a cada vez más artistas para narrar la crisis y para interpelar a la sociedad. El CAJE nace con esa expectativa, con ese horizonte de transdisciplinariedad”.

En este contexto, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) orientará toda su potencia de trabajo a desacelerar los procesos de maldesarrollo, profundizar los debates en la región y el mundo y acompañar la acción colectiva y estratégica hacia formas de transición ecosocial justa.

“El objetivo de este espacio también es fortalecer la red que se va activando con las urgencias que van sucediendo en cada lugar y poder institucionalizar una telaraña de apoyos.” – explicó Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. – “Es una invitación a, desde distintas disciplinas, cosmovisiones y experiencias, que demos vida a la disputa de sentidos necesaria para que demos vida y podamos construir una propuesta vital de transición justa”.

También se presentaron las autoridades y nuevo organigrama interno, así como el flamante programa de acción a nivel nacional y regional. Con una agenda organizada a través de distintas áreas y subáreas de trabajo que ligan la Justicia Ambiental con la Justicia Ecológica, y los Derechos Humanos con los Derechos de la Naturaleza. Para ello consolidarán equipos interdisciplinarios para diseñar formas integrales de abordar problemáticas socioambientales, de estimular el bienestar para toda la población, de fortalecer las luchas territoriales y de incidir con mayor efectividad hacia transiciones justas.

“El colectivo plantea o propone un plan de trabajo como una propuesta o carta abierta a todos los territorios.” – concluyó Lucas Micheloud, co-director de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. – “Este espacio intenta consolidar los estudios de investigación bajo la línea programática estratégica para poder tener una incidencia técnica, partiendo de la sinergia que se genere a través de una investigación interdisciplinaria”.

Expresaron la decisión de seguir ampliando, más allá del derecho, el campo de acción e incidencia, iniciando un proceso de fortalecimiento institucional y ampliación temática y programática de la organización para brindar una mejor respuesta a la crisis ecosocial que atraviesan los territorios. La presentación también contó con el acompañamiento del flamante equipo inicial del Colectivo, compuesto por Enrique Viale, Maristella Svampa, Sofía Nemenmann, Jorge Daneri, Lucas Micheloud, Rafael Colombo, Gastón Chillier, Melissa Argento, Alejo di Risio, Enzo Culasso Orué, Juan Pablo Chiapero, Anabella Museri y Romina Araguas.

El Lanín como sitio sagrado: un rechazo que atrasa la discusión

Por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

La revocación en tiempo récord de la decisión de declarar al volcán Lanín como “sitio natural sagrado” para la comunidad mapuche es parte de la campaña racista contra el pueblo. Un acto sin ningún costo político ni para la derecha ni para el oficialismo, sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale en esta columna. Además que impide la discusión sobre la interculturalidad, golpea la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza y alienta el discurso de odio contra un pueblo originario.

Asistimos, una vez más, a una campaña racista contra el pueblo Mapuche, ahora con la excusa de una simple declaración del volcán Lanín como “sitio natural sagrado” en la provincia de Neuquén. Una declaración hecha por la Administración de Parques Nacionales (APN), pero revocada en tiempo récord, esto es, en menos de 24 horas.

No nos cansaremos de decirlo: en Argentina el hecho de discriminar a las comunidades mapuches no solo pareciera estar “permitido”, sino que no conlleva costo político alguno. Incluso para muchos es rentable mediáticamente, sea desde sectores de la derecha dura y refractaria a la ampliación de derechos, aunque también desde un oficialismo débil y temeroso en estas cuestiones. El primero es el caso del eterno funcionario público Miguel Angel Pichetto, acostumbrado a mensajes de odio y discriminación contra las comunidades indígenas y otras minorías o disidencias. El segundo es el de un funcionario como Juan Cabandié, quien dejó sin efecto la declaración desde la jefatura del Ministerio de Ambiente, de la cual depende la APN.

Hasta Mauricio Macri tuiteó sobre el tema. Justo él que pasó sus primeras vacaciones como Presidente, a los días de haber asumido, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis quien tiene secuestrado el Lago Escondido, a pesar de su carácter público y de la infinidad de fallos judiciales que lo obligan a permitir su libre acceso y uso.

Es sorprendente el odio que despiertan los Mapuches. Trasciende la grieta, incluso en el periodismo, donde no sólo los medios y caras acostumbrados a replicar mensajes de derecha y destrato con las minorías, sino también con jóvenes periodistas “progres” que hace unos días ironizaban en las redes sociales acerca de la quietud del Volcán y el “problema” en el que se habría metido el gobierno, ignorando (la base de la discriminación) el valor sagrado, inmaterial y espiritual que éste tiene para las comunidades mapuches.

¿Se animarían a discutir el valor sagrado de religiones más poderosas o su valentía discriminatoria es sólo un discurso recurrente contra las minorías oprimidas? Peor aún, es ahí donde afloran la hipocresía y la doble vara. Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio, muy especialmente contra los Mapuches, a quienes se acusa de todo, incluso de buscar una suerte de “Estado paralelo”.

Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio

En realidad, tal como hemos dicho en este diario, en una Patagonia hipermercantilizada, aquellos que han logrado crear un Estado dentro del Estado no son precisamente los mapuches, a los cuales se los condena a vivir en la pobreza, sino esos poderosos apellidos de los super-ricos como Benetton -el mayor latifundista del país- o el del ya citado Lewis, quienes crean sus propias reglas, por encima de la ley nacional.

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país. Sino que, además, atrasa la discusión varias décadas pues viola legislación internacional, nacional y provincial, que lleva vigente ya más de 30 años (la propia Constitución Nacional –art. 75 inc. 17- y el Convenio 169 de la OIT, entre muchas otras normas). En función de esta normativa es que el pueblo mapuche, como otros de los tantos pueblos indígenas que habitan la Argentina y de tantos otros países de América Latina, demanda el reconocimiento de su cultura, su lengua y territorio, proponiendo como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional que los contenga.

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país.

Tampoco es que dicha declaración como “sitio sagrado”, asociado a un pueblo originario, sea único en el mundo. Incontables son los casos y la legislación internacional, muy extensa. Por ejemplo, en Colombia existe un decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen.

Este decreto de 2018 fue resultado de un acuerdo entre los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el gobierno derechista de Santos. Agreguemos a esto que, al mismo tiempo que el Gobierno argentino revocaba de manera vergonzosa la declaración en relación al volcán Lanín y la derecha mediática y política se alineaba en las descalificaciones; en Colombia, Gustavo Petro y Francia Marquez participaban de una ceremonia ancestral, de asunción de cargos, poco antes de la asunción oficial, junto a los pueblos indígenas que habitan Sierra Nevada, su sitio Sagrado.

Por su parte, en Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2012, cinco agencias federales (los Departamentos de Defensa, Interior, Agricultura, Energía y el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica (ACHP) firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la protección y el acceso de los indígenas a sitios sagrados a través de la coordinación y colaboración entre agencias. Ya en 1996, la legislación federal reconocía los sitios sagrados indígenas.

En Bolivia los sitios sagrados más conocidos se encuentran en Uyuni, en Potosí; en el Volcán Thunupa de Oruro; en Peñas y la Isla del Sol de La Paz, en Waraco Apacheta de El Alto; en el parque Piñata de Pando y Tarija. De hecho, ya en 2006 Evo Morales asumió ante las autoridades originarias también en el sitio sagrado de Tiahuanacu.

Como destaca la legislación mexicana, “Los sitios sagrados son parte importante del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio”.

En México existen aproximadamente 45 sitios sagrados correspondientes a 18 pueblos originarios. En el estado de Baja California existen sitios sagrados de los pueblos indígenas cochimí, kumiai, paipai y cucapah; en Sonora, sitios de los tohono-o’otam, comca’ac y yoreme (mayos); en Sinaloa, al pueblo indígena yoreme; en Nayarit y Jalisco, del pueblo wirrarika (huichol); en San Luis Potosí existen sitios correspondientes a los pueblos indígenas teenek, nahua, wirrarika y pame; en Michoacán, al pueblo indígena purépecha; en Morelos y Guerrero, al pueblo nahua; en Hidalgo, al pueblo ñhañhu (otomí); en Veracruz, al pueblo totonaco; en Oaxaca, a los pueblos ñuu savi (mixteco), ben’zaa (zapoteco) y ha shuta enima (mazateco), y en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al pueblo maya.

Tampoco en Argentina esto aparece como una excepción. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), basado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce sitios sagrados asociados a los pueblos indígenas “referidos a la identidad y la integridad cultural, a los recursos culturales que forman parte de su territorio y hacen a su vida como pueblo y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses que les afecten”.

En lo que va de 2022, ya se han declarado diez sitios sagrados de forma oficial, con el objetivo de recuperar una parte fundamental de la identidad y memoria de los pueblos originarios. Desde Las Grutas, donde hay un cementerio ancestral de más de 6000 años, a Napalpí, lugar de la masacre contra los pueblos Qom y Moqoi (declarado crimen de lesa humanidad) hasta el lugar donde fuera enterrado un personaje histórico como Ceferino Namuncurá.

En respuesta a la marcha atrás del gobierno, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado, del cual transcribimos dos párrafos:

“…INFORMAMOS a la sociedad de la región y del mundo que al igual que nosotros valora la presencia de nuestro Pijan Mawiza Volcán Lanín, que la declaratoria de Sitio Sagrado no cierra puertas. Por el contrario abre nuevas puertas como es incorporar un nuevo valor a todo lo que conoce y disfruta la sociedad argentina. A lo paisajístico, científico, turístico se agrega todo el potencial cosmogónico mapuche que hasta hoy no se conoce. ¿Alguien se animará a oponerse a esta valoración cuando es parte de la identidad de la región?”
Por último, y de acuerdo a lo expresado por el gobierno federal, la nueva convocatoria que realizará debe apuntar a respaldar el reconocimiento de “LANIN SITIO SAGRADO del PUEBLO MAPUCHE”. Es urgente que tanto Nación como Provincia dejen de utilizar los derechos del pueblo mapuche como moneda de cambio y se decidan a salir de la ilegalidad de no cumplir con un marco normativo y constitucional al que están obligados respetar. De allí ya no retrocedemos porque es una vergüenza como se suceden los gobiernos y administraciones y siguen acumulando deudas con el pueblo Mapuche….“
Confederación Mapuche de Neuquén

En esa línea, la significación de esta declaración sobre el volcán Lanín como sitio sagrado es también una propuesta de interculturalidad que nos abre la puerta hacia otras miradas sobre la naturaleza, no occidentales, en un momento de colapso ambiental y emergencia climática. Se trata de una mirada que postula un horizonte relacional y espiritual, que puede servirnos de punto de partida para afrontar y salir de la crisis socioecológica que atravesamos.

Finalmente, tengamos en cuenta que en esta campaña anti-indígena no hay solo ignorancia y una ausencia total de mirada comparativa. No solo es falta de coraje y fragilidad de convicciones en sostener una declaración trabajada, en diálogo intercultural y durante años, entre el Estado Nacional y las comunidades indígenas. Luego del genocidio perpetrado por el ejército argentino, en el siglo XIX, gran parte de los pueblos indígenas fueron empujados a territorios considerados zonas marginales o de fronteras.

Pero, desde hace un tiempo esos territorios han sido revalorizados por el capital, en función de la expansión de la gran minería, la explotación petrolera (Vaca Muerta), la frontera agropecuaria y los megaemprendimientos turísticos y urbanísticos, los latifundios, entre otros. Eso hace que hoy, nuevamente, los mapuches se encuentren en el ojo de la tormenta. Su demonización está directamente ligada al nivel de desafío que éstos representan respecto del mandato extractivista, pues en tanto pueblo originario estos tienen otra relación con la tierra y la naturaleza, que cuestiona su mercantilización.

En fin, el rechazo de esta declaración del Volcán Lanin como sitio sagrado mapuche, atrasa la discusión sobre la interculturalidad, y golpea contra la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza. Asimismo, alienta el discurso de odio y de discriminación contra un pueblo originario. Ante esta campaña racializada, el verdadero desafío es no tener miedo de emprender una batalla cultural para romper con las visiones y discursos demonizantes. No podemos permanecer indiferentes, necesitamos un compromiso decidido de parte de la sociedad en apoyo a los pueblos indígenas. Debemos tender puentes, desmontar mitos y falsedades, descolonizar nuestras mentes y palabras, para comenzar a saldar la enorme deuda histórica que el Estado nacional y gran parte de nuestra sociedad tenemos hacia los pueblos indígenas.

MS/EV

Llevamos la hidrovía a la justicia para frenar la destrucción del Paraná

Ante la escandalosa situación en Ramallo y la cuenca del Río Paraná

8 de Julio, 2022

“La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).

“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”.
Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin Estudio de Impacto Ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.

Los detalles de la causa y la falta de control sobre el proyecto

Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.

Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.

Suspensión de obras de dragado

En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.

Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.

Kit de Prensa Hidrovía a la justicia – Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Contactos de prensa:
Jorge Daneri +54 9 3435 11-3491
Lucas Micheloud +54 9 3413 94-2305
Fabian Andrés Maggi +54 9 3413 72-0859
Alejo di Risio +54911239045

Argentina – 8 de Julio 2022

¿Hacia un progresismo ambiental? Colombia y la renovación política de las izquierdas

La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia colombiana puede marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Los desafíos de la transición ecosocial en la renovación política de Colombia.

Por Maristella Svampa y Enrique Viale para El Diario Ar

“Paz, Justicia Social, Justicia Ambiental y liderar el Diálogo con los progresismos de América Latina, sin exclusiones, para dejar los fósiles, cambiar el rumbo para salvar a la humanidad…”

“Le hablo al mundo queremos que desde la diplomacia Colombia se coloque al frente de la lucha contra el Cambio Climático”

“Necesitamos transitar de la vieja economía extractivista, que mata el agua y la vida, a una economía colaborativa en armonía con el ambiente…”

Estas son algunos de las numerosas menciones al extractivismo y a la problemática socioambiental de parte del flamante presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de victoria, pronunciado ante un una multitud exultante el domingo pasado. Petro no es un recién llegado ni a la política colombiana ni al ambientalismo. Ex alcalde de Bogotá, varias veces candidato a presidente, su llegada parecía imposible en un país atravesado por la violencia política y caracterizado por alternar de modo recurrente gobiernos conservadores con gobiernos ultraliberales, o ambas cosas.

La vicepresidencia de Colombia Francia Márquez EFE/ Carlos Ortega

Pese a la existencia de poderosas organizaciones y movimientos sociales (campesinos, antiextractivistas, juveniles, antirracistas, urbanos y feministas, movimientos de paz y de derechos humanos) que se han venido manifestando de modo muy visible y masivo en las calles en los últimos años, Colombia nunca antes tuvo la oportunidad histórica de vivir su “momento progresista”. Pero no hay que engañarse. Petro no propone ser un gobierno progresista más, tal como está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador en México, marcado por un progresismo que se cree inaugural, que nunca se refiere a la historia reciente de la región, o como ocurre con los actuales progresismos débiles de Argentina y de Bolivia, que persisten en su ceguera extractivista y no debaten ni siquiera en términos de modelo de desarrollo. Todo lo contrario: “Al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas”, dijo también en su discurso como presidente electo.

No es tampoco la primera vez que Petro interpela y desafía a los progresismos fósiles. En 2018, en el “Foro de Pensamiento Crítico” de Clacso, realizado en Buenos Aires, fue la única voz crítica que desde la clase política instó a pensar el desafío ambiental y en contra de los extractivismos, ante el consignismo ruidoso y autocomplaciente que marcaría el encuentro, del cual participaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Roussef y Alvaro García Linera, entre otros.

Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos en Colombia

“Vamos por los derechos de la Madre Tierra. A cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad”, dijo también en esa misma noche la vicepresidenta electa Francia Márquez, una reconocida lideresa ambiental en defensa de los territorios de la Colombia profunda.

Francia, quien desde hace veinticinco años viene luchando contra el racismo estructural y por la defensa de la tierra y el territorio, es originaria del Cauca, una región en disputa por el avance de los extractivismos y el conflicto armado. En 2015 obtuvo el premio nacional de la defensa de los derechos humanos en Colombia, y en el año 2018, fue distinguida con el prestigioso premio Goldman, conocido a nivel internacional como el Nobel ambiental.

Francia sufrió varias amenazas de muerte y un atentado, en el país más letal del mundo para los y las defensoras de la Naturaleza. Aunque acá en Argentina algunos defensores del progresismo fósil sigan hablando de “ambientalismo bobo” o “falopa”, y sean indiferentes a la estrecha asociación que hay entre extractivismo y violencia, entre extractivismo y ausencia de democracia, los datos son incontestables. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales. En 2020, último año de registro de Global Witness 227 activistas por la tierra y el ambiente fueron asesinados, la peor cifra desde que se tiene registro. Colombia volvió a ser el país con más ataques registrados, con 65 defensores asesinados. Todavía resuena el horrendo asesinato en Brasil de Bruno Pereira y Don Phillips, ambos defensores de la Amazonía, una de las fronteras de muerte en la región.

En 2020, Francia Márquez, quien siempre se ha ocupado de ampliar los horizontes de lucha, se recibió de abogada en la Universidad de Cali y fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020, donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.

La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida
Gustavo Petro

Hemos dicho acá que Gustavo Petro declaró durante la campaña presidencial que “La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína”. En esta línea se destaca el programa de gobierno del Pacto Histórico, una propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:

“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]

La propuesta de Transición gradual y justa contempla suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 35% de las exportaciones de Colombia). Implica no solo cambios en la matriz energética, sino también la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia. Y sería un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la experimentación de nuevos caminos, al proponer dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.

Al otro lado del miedo está el país que soñamos

El debate acerca de la transición ecosocial y más específicamente sobre la transición energética, aparece muy poco en los discursos de los progresismos existentes. Seguimos siendo hablados por el Norte, mientras avanza el colonialismo energético de la mano de una transición corporativa (como en el llamado Triángulo del Litio o en la tala indiscriminada de madera de balsa en Ecuador para la industria eólica), o mientras los gobiernos del sur compiten entre sí para obtener contratos internacionales para la producción y exportación de hidrógeno, el nuevo Eldorado a escala global, sin tener en cuenta la cuestión de la soberanía energética (en un mundo en crisis energética y rumbo a una desglobalización) ni la licencia social (frente a la destrucción de territorios y criminalización creciente de las poblaciones que resisten a los megaproyectos), ni los impactos locales (nuevamente América Latina es zona de sacrificio, ahora en nombre de la transición energética del norte).

En su largo discurso de victoria, Petro propuso un diálogo americano que contempla dos ejes: uno, el de la relación Norte/Sur, con Estados Unidos; otro, hacia adentro, hacia América Latina; en ambos casos para sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático. Claves necesarias de una transición sostenible, que habrá que pensar desde los ejes de la justicia ambiental, la deuda ecológica y la integración regional, en sintonía con las propuestas del “Pacto Ecosocial del Sur” del que formamos parte.

El caso es que la sinergia de ambos discursos, el de Petro y el de Francia, pueden marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Nunca hubo una vicepresidente que encarnara ella misma la apuesta a la interseccionalidad: mujer, de origen popular, afro, antiracista, ecologista y feminista. Por eso la victoria de este binomio plurinacional que apuesta a la “economía de la vida” y a “la vida sabrosa” genera hoy tantas expectativas. Una militante muy joven de Colombia, exiliada y amenazada de muerte por defender su territorio del avance del fracking, nos escribió emocionada: “les enviamos todo el amor que nos está invadiendo, somos niños crecidos en medio de miedo y violencia, pero hoy vemos un nuevo amanecer y hay que mirar al sol”

La victoria colombiana viene a oxigenar una política latinoamericana caracterizada por las repeticiones y la ausencia de visiones políticas renovadoras, visible en los progresismos refractarios, que como en Argentina, Bolivia y muy probablemente Brasil –si Lula triunfara en las próximas elecciones-, no se interesan por abrir la agenda socioambiental ni discutir una Transición Justa, y consecuentemente, reducen de manera significativa los horizontes de la democracia y de la vida digna y sostenible. Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda. Ambas gestiones representan la esperanza de un “progresismo de segunda generación” en América Latina, donde democracia y problemática socioambiental puedan por fin expresarse transversalmente en el programa de gobierno y no solamente como compartimento estanco.

“Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda.”

Justamente la semana pasada el gobierno chileno anunció, como parte de la “transición socioecológica justa”, contenida en la promesa electoral, el cierre definitivo de la fundición de Ventanas que “se realizará mediante un proceso gradual y responsable junto a la población y las y los trabajadores” y asegurando que “ningún trabajador quedará desamparado producto de esta decisión”. Ventanas es una fundidora, perteneciente a la empresa estatal Codelco, denunciada hace décadas por sus altísimos niveles de contaminación, es por ello que “esta decisión se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”. Ventanas se encuentra en el polo industrial más contaminado del país, cerca de Valparaíso, donde en 1964 comenzó a funcionar la primera fundición y refinería de cobre de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). En 2016, cuando visitamos la zona, el parque industrial albergaba más de 17 empresas entre las que se destacan siete termoeléctricas a carbón, una refinería y una fundición de cobre, tres empresas relacionadas a la distribución de hidrocarburos, dos empresas almacenadoras de químicos, tres empresas distribuidoras de gas. Ahí nació la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quintero, que ha realizado un trabajo enorme de desnaturalización de la contaminación, denunciando la injusticia ambiental y los impactos sobre la salud.

En suma, ojalá este resultado electoral en Colombia abra una nueva etapa en ese país y para toda la región. Nadie dice que será fácil, pues los desafíos políticos y sociales son enormes y complejísimos. El marco de las alianzas establecidas por Petro a nivel nacional (la presencia de maquinarias y figuras políticas tradicionales), la posibilidad de apertura de nuevos espacios regionales de integración en clave de progresismos de nueva generación (crisis climática y transición justa), las relaciones con el Norte (muy particularmente con Estados Unidos), tensarán al nuevo gobierno e irán definiendo su rumbo en esos varios andariveles. Y sin dudas el programa de transición ecosocial es el desafío más complicado, tanto por razones políticas como económico-productivas, que tendrá el nuevo gobierno. Además, dado que Petro tiene un horizonte de solo cuatro años en el poder (no hay reelección en Colombia), en el mejor de los casos sentará las bases para el futuro y lograr extender la discusión sobre el modelo de desarrollo al conjunto de la sociedad colombiana y de América Latina.

Pero algo nuevo se viene forjando, al calor de grandes movilizaciones sociales. Petro y Francia aparecen como la poderosa encarnación de un nuevo binomio disrruptivo y plurinacional que esta vez integra la cuestión socioambiental transversalmente en sus políticas y narrativas. No sólo tienen “conciencia ambiental”, son también decididos militantes con una trayectoria ambientalista y de defensa de los territorios. Vienen a desafiar al “neodesarrollismo” de la región porque cuestionan directamente las bases ideológicas del extractivismo (aún para redistribuir) y desnudan así la verdadera grieta: seguir con las recetas del pasado o apostar por un futuro igualitario e inclusivo, social y ecológico.

El futuro después del COVID-19

El libro “El futuro después del COVID-19” reúne ensayos de 27 autoras y autores en el contexto del inicio de la pandemia del Covid-19. Plantea diagnósticos, analiza dimensiones sociales, políticas y culturales. Y ofrece un panorama plural del debate en un momento de emergencia.

Contribución en la Parte 2, Capítulo 3: Hacia un Gran Pacto Ecosocial y Económico.

Vivimos una encrucijada civilizatoria, cuyo alcance y consecuencias todavía
inciertas envuelve las diferentes esferas de la vida. Para comenzar, la pandemia ha
desnudado y agudizado las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más
insoportables que nunca, y ha tornado necesario retomar aquellas alternativas que
hace solo unos meses parecían inviables, para encontrarle una salida diferente a la
crisis que vivimos. Como pocas veces visto, la pandemia nos impulsa a dejar de
mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales,
a la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres
inter y ecodependientes, a repensar en una reconfiguración integral, esto es, social,
sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos.

Así, la capacidad del Estado, que hoy aparece como fundamental para
superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran
Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico, para transformar la
economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una
sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que podría suceder es que, en su propósito
de volver a crecer económicamente, el Estado apunte a legislar contra el ambiente,
acentuando la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades Norte-Sur y
entre los diferentes grupos sociales. Hay que entender de una vez por todas que
las Justicias Ecológica y Social van juntas, que no sirve una sin la otra.

Desde nuestra perspectiva, cinco son los ejes fundamentales del Pacto
Ecosocial y Económico a debatir: un Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma
tributaria progresiva, la suspensión del pago de la Deuda Externa, un Sistema
nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la Transición socioecológica

futuro Descarga

Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros

Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros. Desde el inicio de la pandemia en marzo del mismo año cuando el impacto sanitario y económico adquieren alcance mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la caracteriza a nivel económico como la crisis económica más profunda desde 1929-1933 estimando un desplome en el producto interno bruto (PIB) mundial de -3%.

Esta situación genera una incertidumbre creciente sobre el futuro del mundo y cuestiona el modelo civilizatorio en curso basado en la mercantilización del trabajo y de todos los recursos naturales y la destrucción masiva de los mismos.

Desde el inicio de la pandemia surge un gran debate y una creciente producción editorial sobre los impactos sanitarios y económicos de la COVID-19. Este texto retoma el tema del posdesarrollo en América Latina que desde los años noventa del siglo anterior generó un debate amplio y creciente sobre la crítica del desarrollo económico como discurso ideológico de la dominación del capitalismo norteamericano sobre el mundo.

En el contexto de la doble pandemia sanitaria y económica en el 2021, este libro presenta tres características centrales: su pertinencia en la coyuntura actual, su aporte al debate sobre el futuro del mundo y sus alternativas, y el rigor y calidad de los trabajos que lo conforman. El libro está integrado por tres secciones, la primera Un contexto complejo, la segunda, Contradicciones, y la tercera y última, Futuros en transición.

Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros Descarga

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica