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Extractivismo libertario y nuevo ciclo de luchas

La ola libertaria, a la cual se han subido muchos de los gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos sino con toda resistencia social.

por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Con la llegada del gobierno libertario, asistimos a una vuelta de tuerca del extractivismo a gran escala en Argentina. No es que los anteriores gobiernos no desarrollaran políticas extractivistas. Sabemos que la visión instrumental de los bienes naturales y la indiferencia hacia las problemáticas ligadas a la crisis climática/ecológica traza una fuerte línea de continuidad entre progresismos y neoliberalismos. Pero el triunfo de la extrema derecha libertaria instaló una inflexión violenta que conllevó un sorprendente corrimiento del umbral de lo posible, tanto respecto de la (des)regulación estatal, el desmantelamiento de derechos, el cuestionamiento de la que creíamos era una idea consensual de la democracia, así como en sus modos hiper-represivos y violentos de tratar el conflicto social.

La firma del Pacto de Mayo (el pasado 9 de julio) dice explícitamente en su tercer punto que las provincias deben avanzar en la explotación de los recursos naturales. Ese discurso de Milei dio luz verde a los gobernadores, una señal que habilita el avance brutal del extractivismo en los diferentes territorios, sin importar los costos, tanto respecto de la minería metalífera y de litio, como en relación a otras figuras extremas del extractivismo como el agronegocio o el avance hidrocarburífero. Más claro: el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), al cual adhirieron casi de inmediato las provincias, envalentonó a los gobernadores, que hoy se suben eufóricos a la ola libertaria, para ir en la dirección extractivista que hasta hace poco se les hacía esquiva o más difícil, debido a la fuerza de los movimientos socio-ambientales, en el marco de una narrativa más o menos consensual en torno a la defensa de derechos.

Obras de teatro con actores pagos

Esto ya está sucediendo en las provincias y uno de los ejemplos más notorios es el caso de Río Negro, primera jurisdicción que adhirió al RIGI (incluso antes de que estuviera reglamentado por el gobierno nacional), sobre todo con la gran minería a cielo abierto, una actividad que no había podido llevarse a cabo, debido a la resistencia de las poblaciones y las comunidades indígenas, pese a que desde 2011 se derogó la llamada ley Anticianuro (sancionada en 2005).

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, cuyo partido provincial gobierna ininterrumpidamente desde 2011, viene avanzando en el control de los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación, para generar un nuevo entramado legal, a través de la derogación de leyes de protección ambiental (como la que protegía el Golfo San Matías), modificando otras leyes (de tierras, código minero), dividiendo a las comunidades indígenas (sin consultar a las que se oponen), para habilitar así la instalación de un puerto petrolero, una planta de GNL y avanzando en la minería a cielo abierto. Este espeso entramado legal al servicio de un modelo petrolero-minero, apunta a limitar y controlar también los dispositivos de participación ciudadana, generando simulacros de participación, montajes que convalidan la decisión gubernamental, tal como lo ilustró de manera casi surrealista la audiencia pública de Ingeniero Jacobacci, por el proyecto minero Calcatreu, realizada el viernes 30 de agosto.

Una de las cuestiones que más saltó a la vista en dicha audiencia pública, a la cual la coautora de esta nota participó como expositora, fue no solo el triunfalismo del gobierno sino también la manipulación política de las expectativas de la población sobre el trabajo prometido. Jacobacci es una pequeña y humilde localidad de la Línea Sur, vaciada económicamente en términos de políticas públicas, y muy probablemente sean muchos los pobladores –sobre todo, los jóvenes– que aguardan legítima y ansiosamente a la minería como oportunidad de trabajo.

Debido a que gran parte de las asambleas socioambientales rechazaron participar, la audiencia pública se convirtió en un estrado donde los inscritos subían para exclamar enfáticamente “Sí a la minería” y manifestar su expectativa laboral. Sin embargo, según el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto minero Calcatreu creará solo 100 empleos durante la fase de construcción y 250 durante la explotación del proyecto que durará cinco años. Pese a ello, en sintonía con el discurso libertario, los funcionarios rionegrinos anuncian exultantes la solución al desempleo, la pobreza y el desarrollo local de la mano de la minería. Atacan el “pobrismo” para fomentar el pensamiento mágico.

Tanto los especialistas como las poblaciones afectadas son conscientes de que la minería metalífera a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajo. Hace 20 años que venimos documentando datos desalentadores. Según datos del SIPA (2023), elaborados por el profesor y geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, la minería metalífera solo emplea el 0,15% del empleo privado registrado total. Si seguimos la trayectoria de las localidades mineras, en Belén (Catamarca), solo el 1,5% trabaja en minería, mientras que en Jachal (San Juan) es de 3,3% (datos elaborados por la investigadora del Conicet Cecilia Agnistein). Mientras tanto, el Indec informaba para el segundo trimestre de 2023 que la pobreza en Catamarca era del 45% y el 41% en San Juan, antes de que el gobierno de Milei sumara unos 10 puntos porcentuales.

En Perú, país minero por excelencia, en la actualidad el empleo en minería metalífera es del 1,5% de la población económicamente activa, mientras que la agricultura llega al 27,5%, según el exviceministro de Ambiente, el economista José de Echave.

La conclusión es que el trabajo minero que se crea es poco y de mala calidad; el impacto en términos de desarrollo local es insignificante. El empleo indirecto es de inserción muy precaria, trabajadores informales, comercio, empleadas domésticas. Y no es casual que en las provincias extractivas crezca el empleo público y la economía popular. Para colmo, la ruta del extractivismo está marcada históricamente por la prostitución y la trata de personas.

El día después de la audiencia el gobernador de Río Negro publicó un tuit en X que dice: “Somos una provincia minera”. Y ello no es casual, hay 53 proyectos mineros en distintas fases, que colocan a la provincia en el top del ranking nacional, por encima, incluso de San Juan, la provincia prominera por excelencia. Así, en Río Negro, se juega algo más que un proyecto minero: Calcatreu es la puerta de entrada que convertirá a esa provincia en una zona de sacrificio a gran escala, con proyectos de oro, plata, litio y uranio, entre otros. Una apuesta a la reconfiguración productiva hacia un modelo primario extractivo exportador, sin valor agregado, de la mano del RIGI, que amplificará la destrucción de los territorios, a lo cual hay que sumar la construcción del puerto petrolero y la Planta de GNL.

Mientras tanto, en otra localidad rionegrina, en Chimpay, los que hicieron sentir su voz durante la peregrinación anual para homenajear al beato Ceferino Namuncurá fueron los obispos de la provincia, quienes manifestaron su crítica, diciendo: “No les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra (…). Que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

Embestida a gran escala

Pero esto no es todo. La embestida de gobernadores y corporaciones, envalentonados por la política libertaria, abarca numerosas provincias. La genuflexión es total, incluso en gran parte de las oposiciones provinciales. En Mendoza el embate minero es aplastante. Modificaron el Código Minero, pretenden reformar el Código de Aguas, algo que nadie se había atrevido a tocar hasta ahora. Y con el RIGI –ya aprobado a nivel provincial– pretenden destrozar la histórica ley 7722 que protege el agua.

En San Juan, el avance del proyecto minero Josemaría supondrá el despilfarro de 1700 litros de agua por segundo, 151 millones por día, durante los 20 años del proyecto. También, ya se contó acá, en la provincia de Chaco se modificó el mapa de protección de bosque nativo para habilitar la destrucción de casi un millón de hectáreas por parte del agronegocio y las tanineras. En Corrientes, el avance del RIGI supone el corrimiento de la poderosa industria de monocultivo forestal que ya domina medio millón de hectáreas rurales y va por los Esteros y humedales provinciales. Por su parte, avanza la privatización definitiva del río Paraná visto solamente como una ruta de transporte de mercadería, la vena mayor de desangrado y saqueo de nuestro país.

Y así, en la era de la demencia y la crueldad, el gobierno de Milei creó la Secretaría de Culto y Civilización. No es una fake news ni una broma de mal gusto; así se llama, por más de que no estemos en el siglo XIX, sino en el XXI. Allí pusieron a cargo de esta tragicómica secretaría a Nahuel Sotelo, un personaje ignoto cuyas primeras declaraciones fueron “ojalá Argentina contaminará más” y que pretende “declarar a Greenpeace como terrorista”, una denominación genérica, que por supuesto busca abarcar cualquier organización ambientalista. Esto es muy peligroso porque acusar a alguien de “terrorista” implica perseguirlo, encarcelarlo, considerarlo un enemigo que debe ser aniquilado, como sucedió en los años 70. Además, esta provocación resulta inaceptable en América Latina, que posee el récord mundial de asesinatos de defensores ambientales.

Queda claro que la ola libertaria, a la cual se han subido muchos de los gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos sino con toda resistencia social. Con el corrimiento del umbral de lo posible, se abre así un nuevo ciclo político de luchas para las organizaciones sociales en Argentina. Hay que ser consciente de ello.

Ciertamente, vivimos momentos de gran oscuridad, pero el acumulado de luchas en Argentina en defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales, de género y raciales no puede nunca ser desestimado. Hoy no se trata solo de “una lucha ambiental” sino de saber y ser consciente que el núcleo de las dramáticas políticas económicas del gobierno de Milei pasan medularmente por habilitar el saqueo a gran escala de los bienes naturales. Comprender esto reconfigura el escenario de lucha frente a las políticas de entrega y saqueo. Ellos lo saben, por eso el escarnio y la descalificación de parte de los diversos oficialismos hacia el movimiento ambiental.

En consecuencia, las resistencias vendrán de ahí, de los territorios, como lo fueron el Mendozazo y el Chubutazo. Allí puede estar el germen de resistencias más integrales que avancen hacia la construcción de propuestas de cambio que aborden la nueva situación y apunten a generosas articulaciones sociales y políticas en el plano de la justicia social y ambiental.

CAMINAR EN PAZ CON LA TIERRA: Requisito para la Paz entre los humanos

por Alberto Acosta, Enrique Viale¹

“No hay un camino para la paz, la paz es el camino”

Gandhi

Aceptemos, sin rodeos, que la Humanidad se encuentra en una encrucijada. Si seguimos por la misma senda, en el mejor de los casos, apenas una parte de sus miembros podrá sobrevivir el colapso ecológico. Aceptar ese destino nos resulta intolerable. Requerimos un golpe de timón, con transiciones que permitan, simultáneamente, paliar los impactos del colapso, que nos agobia, mientras apuntalamos, construimos y reconstruimos otras formas de vida acotadas a los ciclos ecológicos en clave de justicia social y de democracia radical.

Para lograrlo, construyamos alternativas de salida de la actual civilización de la mercancía y el desperdicio como lo haría Picasso, cuando pintaba sus grandes obras. El artista malagueño solía sobreponer varias perspectivas diferentes de una misma imagen hasta crear un cuadro donde lo bello y lo abstracto se unían magistralmente. Reconociendo lo complejo de la tarea, usemos su método para plantear opciones múltiples –superpuestas, temporales y sucesivas– ante el sinsentido creado por la civilización del capital.

Por eso, hoy más que nunca, creemos que se precisa multiplicar los esfuerzos para caminar en Paz con la Naturaleza en Nuestra América, que se encuentra tironeada por fuerzas contrarias, unas que alientan más y más destrucción y otras que la defienden. En Argentina, el gobierno refuerza el extractivismo y amenaza con desmontar las leyes ambientales, propone una cacería de ambientalistas, exacerbando la desigualdad y el conflicto social bajo un régimen autoritario que prioriza intereses corporativos. En Ecuador, un gobierno de transición celebra acuerdo con grandes corporaciones mineras mientras desata violentas acciones en contra de las comunidades que defienden sus territorios para así profundizar aún más la explotación de recursos naturales. En otros países, incluso con gobiernos progresistas, como Brasil y Colombia, se mantiene la expansión de extractivismos de todo tipo. Mientras tanto, en todas partes se multiplican las resistencias para proteger los territorios, en tanto espacios de vida.

Teniendo como telón de fondo este conflictivo escenario, celebramos el empeño del gobierno colombiano que prioriza la Paz con la Naturaleza como tema central en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad – COP 16, que se celebrará a fines del año en Cali, Colombia.

Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, una dupla de vida

La defensa y la protección de los territorios resulta fundamental para convivir en Paz. La destrucción de la Naturaleza afecta las bases mismas de la existencia y exacerba los conflictos sociales. En la práctica, para superar este camino hacia la autodestrucción, debemos impulsar la vigencia combinada de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza: se trata de una sumatoria de derechos existenciales para garantizar la vida digna de seres humanos y no humanos.

Como punto de partida, aceptemos que no puede existir ningún derecho que permita o aliente explotar inmisericordemente a la Madre Tierra y menos aún destruirla, sino solo un derecho a una convivencia ecológicamente sostenible. Las leyes humanas y las acciones de los humanos, entonces, deben armonizarse y concordar con las leyes de la Naturaleza. Desde esa perspectiva, la vigencia de estos derechos existenciales responde a las condiciones materiales que permiten su cristalización y no a un mero reconocimiento formal en el campo jurídico. Su proyección, por tanto, debe superar los enfoques que entienden los derechos como compartimentos estancos, pues su incidencia debe ser múltiple, diversa y transdisciplinar.

La tarea parece simple, pero es compleja. Bien sabemos que el derecho es un terreno en disputa. El reto es superar el divorcio entre Naturaleza y Humanidad. Hay que propiciar una suerte de reencuentro, algo así como volver a atar el nudo gordiano de la vida roto por la fuerza de una concepción civilizatoria depredadora e insostenible. Es decir, se trata de superar la división ideológica entre la Naturaleza y las culturas. Empalmando ambas, incluso la política cobra una renovada actualidad.

Y ese reconocimiento nos lleva a constatar cómo los humanos, sobre todo al estar organizados alrededor de la acumulación del capital, estamos ejerciendo múltiples violencias, es decir guerras contra la Tierra. Nos toca, entonces, superar tanta aberración.

Detener las guerras contra la Tierra y todos sus habitantes

Urge parar las guerras, sean de baja, mediana e incluso de alta intensidad. Guerras que provocan daños paulatinamente o de forma violenta, muchas veces con profundos e irreversibles impactos a la Naturaleza. Se trata de acciones bélicas derivadas de relaciones socioambientales que emanan de la codicia del capital, tanto como de estructuras asimétricas, opresivas y jerarquizadas, como lo es el patriarcado.

En este ámbito bélico la pérdida de biodiversidad es una constante. La fragmentación, degradación y hasta desaparición de selvas, bosques, ríos, páramos, humedales, manglares, salares y otros ecosistemas, que afectan sus funciones ecosistémicas, están a la orden del día. Las especies, en consecuencia, también desaparecen aceleradamente. Los incendios devastadores tanto como las gigantescas inundaciones alentadas por los cambios en el clima, la desertificación de la tierra a partir de los monocultivos, las fumigaciones con agrotóxicos, las extracciones de petróleo, la megaminería o los monocultivos, arrasan con territorios enteros. La huella ecológica de la especie humana -desigualmente distribuida- supera la capacidad biológica de la Tierra. Y la pobreza, tanto como la creciente inequidad social y la destrucción de comunidades, se agravan también como resultado de estas guerras suicidas desatadas por la codicia del capital.

Con justa razón, en la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en el año 2021, el Secretario General, Antonio Guterres, afirmó que

hacer las paces con la Naturaleza requiere comprender que nos enfrentamos a una triple crisis que entrelaza el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad; se trata de una guerra suicida contra la Naturaleza, ya que, sin ella, la Humanidad no podría existir en el planeta.

Para impulsar esas paces que reclama Guterres, tenemos que empezar por entender que “el modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”, en palabras del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverria.

Aceptémoslo, la desconexión del ser humano con la Naturaleza ha provocado una guerra encarnizada en su contra. No acabamos de entender que la Naturaleza tiene ciclos propios, que no pueden ser afectados por los humanos, sin que ella reaccione y se rebele. Entendamos que la creciente mercantilización y cosificación de la vida en todos sus órdenes configuran un sendero minado que conduce inexorablemente al terricidio.

Superar la civilización que sofoca la vida

Hacer las paces con la Tierra y desde la Tierra implica, entonces, disponer de agendas consensuadas por los pueblos para la acción teniendo en la mira superar los dispositivos de muerte imperante. Para lograrlo precisamos identificar con claridad todas las guerras que le agreden a la Tierra, en sus múltiples frentes y formas.

Tenemos como eje civilizatorio un sistema económico que sobreexplota y contamina sistemáticamente nuestra base de existencia. El productivismo y el consumismo bombardean inmisericordemente a la Madre Tierra. Los extractivismos representan brutales invasiones sobre múltiples territorios. Los monocultivos y las falsas soluciones, como son los mercados de carbono o las semillas transgénicas, cañonean brutalmente la biodiversidad. La homogeneización del consumo acelera los ritmos de destrucción con enormes impactos ambientales por el distante transporte de alimentos, para mencionar apenas un punto crítico.

A todo esto, se suman las conflagraciones propiamente dichas: entre los pueblos o contra los pueblos, como lo es el genocidio desatado por el Estado sionista en Palestina, que arrasa no solo con los humanos sino con la misma Naturaleza.

A la par debemos enfrentar aquellas guerras encubiertas. Nos referimos a las formas de percibir, interpretar y experimentar la Naturaleza, que parten, en concreto, de aquella suposición civilizatoria que considera a los humanos por fuera e incluso encima de ella para dominarla. Ese posicionamiento supone un impulso bélico inmerso en las violencias epistémicas y ontológicas que terminan por alentar el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, así como todo tipo de depredaciones a la Naturaleza, siempre en nombre del “progreso” y del “desarrollo”. Y todo con una reverencia perversa al potencial de la ciencia y la tecnología, que en muchas ocasiones actúan también cual armas de destrucción ambiental.

Estas visiones conducen al mantenimiento de un universo cultural, el que, en esencia, nos impone la idea de que sólo hay una forma de estar en el mundo. Al negar el pluriverso se invisibiliza, desprecia, violenta o incluso elimina las diversidades biológicas tanto como las diversidades culturales existentes. De allí surge la uniformización del concepto Naturaleza y con ello inclusive se cierra la puerta a otras visiones, muchas de ellas portadoras de potentes elementos transformadores. Por eso quizás mejor hablemos de Tierra, de Tierra en clave cósmica, antes que simplemente de Naturaleza, un concepto que puede tener diferentes lecturas, por lo demás.

Es decir, hay que asumir todos estos retos sin caer en la trampa de negociar simplemente límites o parches para seguir tolerando la contaminación y la destrucción de las bases de la vida misma, tal como se lo ha hecho en todas las COP hasta ahora. Ese sinsentido puede reeditarse en Cali, por más buenas intenciones que tenga el gobierno colombiano, pues bien sabemos que en el marco de Naciones Unidas se impone la voluntad de los gobiernos y de las corporaciones, y no necesariamente la de los pueblos.

Caminar con la Paz, en clave de pluriverso

En perspectiva de Paz con la Tierra debemos aceptar y respetar la diversidad en todos los órdenes: vidas, culturas, pensamientos y por supuesto biodiversidad. Es decir, la pluralidad de formas de estar con la Naturaleza y de ser Naturaleza, puesto que los humanos somos Naturaleza. Esa aceptación nos abre la puerta para entender las diversas formas de asumirla como Pacha Mama o Madre Tierra, así como muchas otras formas de relacionarse con la Naturaleza provenientes de la indigenidad: como la entendía nuestro amigo Aníbal Quijano. Aquí caben inclusive algunas lecturas que podríamos entenderlas como derivadas de la misma Modernidad, pero que, en esencia, también apuntan a su superación.

Todas estas no son aproximaciones que cierran los horizontes a visiones parciales, sino que, por el contrario, las abren potenciando otras cosmovisiones, alentando el pluriverso, es decir “un mundo donde encajan muchos mundos”, en el que puedan coexistir y prosperar en dignidad y respeto mutuo todos los seres humanos y no humanos. No más “un mundo desarrollado” que viva a expensas de los demás mundos, como sucede tan cruelmente en nuestro tiempo.

Dicho lo anterior, la Paz en la Tierra no implica solo el silencio de las armas. Demanda, por igual, frenar todos esos procesos que generan daños irreversibles sobre el entorno -del que formamos parte-, daños que afectan a las comunidades locales y a la Humanidad, daños que configuran muchas veces delitos de ecocidio. Esta tarea exige construir mundos sustentados en la reciprocidad, la relacionalidad, la complementariedad, la correspondencia, la resonancia, la solidaridad…

A la par que se detienen las acciones de destrucción precisamos alentar aquellas de construcción y reconstrucción de otras formas de vida social y ecológicamente sostenibles. Todo esto demanda un giro copernicano en todos los órdenes para dejar atrás la actual civilización, que debe ser estructuralmente superada. “Hay que poner el mundo patas arriba”, pues la Tierra “se podría sanar solo con la inversión de los valores establecidos y la revolución de las prioridades económicas”, concluye la filósofa ecofeminista Carolyn Merchant.

En la actualidad se multiplican las acciones alternativas en diversos ámbitos y desde diversos territorios. Si ponemos algo de atención y -figurativamente hablando- hacemos silencio, podemos escuchar el futuro respirar. Hay innumerables procesos sintonizados con el pluriverso, tanto como propuestas de cambios estructurales. En este punto, visiones, valores, principios, experiencias y prácticas como las de los buenos convivires provenientes de las culturas originarias, sin idealizarlas al nivel inútil de modelos o de esencializarlas desconociendo sus limitaciones, representan oportunidades para impulsar cambios profundos.

Hacer la Paz con la Tierra también significa reconocer su agencia y la red de relaciones socioculturales inmersas en ella. Se trata de reparar territorios contaminados y de desmantelar aquellas infraestructuras destructoras, tanto como cambiar los sistemas de producción y las prácticas de consumo depredadoras. Esto nos invita a apelar a la imaginación y a la audacia. Requerimos pasar, en palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra”.

Y en este contexto los Derechos de la Naturaleza -justicia ecológica-, caminando de la mano de los Derechos Humanos -justicia social-, nos dan pistas para enfrentar el colapso ecosocial, tanto como para impulsar y construir todas las alternativas que garanticen la vida digna para todos los seres en la Tierra. Es decir, estos derechos existenciales sirven para reparar y restaurar, tanto como para prevenir, al tiempo que sientan las bases para construir una justicia existencial global.

La Tierra condición básica para la vida, la equidad y la libertad

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en el planeta, nos toca aceptar que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos; esta aproximación articula la noción de la “igualdad biocéntrica”, en la que, según Eduardo Gudynas, todas las especies vivas tienen la misma importancia y por lo tanto merecen ser protegidas. Y en este empeño precisamos crear las condiciones que garanticen el respeto a las personas y comunidades que protegen sus territorios, lo que en realidad es una forma de autodefensa de la Tierra misma.

Definitivamente es el momento de entender que la Naturaleza es condición básica de nuestra existencia y, por tanto, que es también la base de los derechos colectivos e individuales de libertad. Así como la libertad individual solo puede ejercerse dentro del marco de los derechos de los otros humanos, la libertad individual y colectiva solo puede ejercerse dentro del marco de los Derechos de la Naturaleza. Si pensamos en nuestros nietos y en nuestras nietas, es decir en las futuras generaciones, bien podemos concluir que su existencia y su libertad dependen del respeto a la Naturaleza. Bien anota el jurista alemán Klaus Bosselmann, que “sin Derechos de la Naturaleza la libertad es una ilusión”.

Urge, por igual, desmontar las estructuras patriarcales y coloniales que provocan y reproducen violencias múltiples. Habrá que cristalizar el cobro de las deudas coloniales y ecológicas, en las que las naciones enriquecidas por la explotación de otros pueblos y otros territorios son las deudoras. Por igual habrá que desmontar el sistema económico mundial, con todas sus herramientas de dominación, como lo es la deuda externa, que configuran maquinarias depredadoras de la vida.

En este trajinar habrá avances y retrocesos. Pero, en la medida que se logre una amplia y diversa participación de pueblos, colectivos, organizaciones y personas, en ningún momento podemos perder la esperanza, que no la asumimos simplemente como la creencia de que algo indefectiblemente saldrá bien, pues preferimos asumirla como la certeza de que lo que hacemos tiene significado, independientemente del resultado.

Si los humanos no restablecemos la Paz con la Tierra, no habrá posibilidad de Paz para nosotros en la Tierra, que explicablemente se rebela frente a tanta destrucción que estamos provocando.

Tenemos la certeza de que, en este reencuentro armonioso y amoroso con la Madre Tierra contaremos con su enorme capacidad de resiliencia y recuperación, pues se trata de una verdadera Madre, que está de nuestro lado.

1 Economista ecuatoriano y abogado ambientalista argentino, coautores de un libro sobre estos temas de próxima aparición. Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Miembros del Pacto Ecosocial, Intercultural del Sur.

Ley Bases: Hacia un no-país, el sueño libertario

Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Desde hace cinco meses, nos encontramos inmensos en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), de entrega explícita, sin pudor alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a la vista de todo el mundo. La denominada nueva Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados empeora notablemente la anterior, aquella que fuera retirada por el gobierno en febrero pasado. De ser aprobada por el Senado, la Ley Bases nos convertiría en un no-país, sin control del territorio, ni estado de derecho. Nos quedaría solo la bandera, el himno, el escudo y la selección nacional de futbol (¡si no la privatizan!).

La Ley Bases habilita, por un lado, lo que algunos políticos y políticas levantamanos parecen ya haber olvidado de febrero a esta parte, y es el hecho de que otorga facultades extraordinarias al presidente, casi la suma del poder público, convirtiéndolo en un autócrata consumado que podrá decidir por decreto, a gusto y piacere, en casi todos los campos (económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, cultural). Estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y antiderechos.

Por otro lado, la Ley Bases implica una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional. De aprobarse el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.

La Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio

En esta línea, la Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Ciertamente, podría decirse que la Argentina ya conoce y padece todo esto desde hace 40 años, cuando el régimen de Carlos Menen reconfiguró la sociedad en un sentido neoliberal, desmantelando el Estado y privatizando grandes empresas públicas. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.

La entrega y retrocesos que propone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes naturales y sociales perdidos. Fíjense con todo aquello que se entregó y se retrocedió durante la fiesta menemista de privatizaciones y nuevas normativas de saqueo. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados, pero también más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió todavía no pudo ser recuperado, como los trenes que vertebraban el país. Los retrocesos legales, relativos a la legislación minera de saqueo, continúan intactos.

La Ley Bases es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final. Profundizará hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental como la Administración de Parques Nacionales o Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y organismos científicos. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, además de ello, apunta a la limitación de los espacios de participación pública.

Esta ley establece la prioridad a las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que usen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. Todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto, la minería del litio y el fracking en Vaca Muerta. Es decir que si en alguna provincia de Argentina escasea el agua (como sucede hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Agreguemos a esto lo que podría suceder o más bien, lo que ya está sucediendo en contextos repetidos de colapsos localizados, como los que se producen en la actualidad, provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios, tormentas, tornados) o por stress hídricos (sequías). Las consecuencias serán tan imaginables como catastróficas para el conjunto de la población, con un Estado inexistente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público. Solo existirán los intereses y necesidades de las empresas.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Finalmente, en medio de esta vorágine destructiva, uno se pregunta que se oculta en esta entrega de facultades extraordinarias, a un presidente que dice odiar el estado y la justicia social y que elogia todo el tiempo a empresarios llamándolos “héroes” y promoviendo que fuguen divisas. ¿Qué hay detrás del RIGI, que sorprende en su abierta y absoluta concesión que implica incluso una entrega de todo por nada?

En realidad, nos quieren convertir en una zona de “Crack-Up capitalismo”, concepto acuñado por el historiador Quinn Slobodian en un libro publicado en 2023. Con Crack-Up capitalismo (que se puede traducir como choque, desplome, desmoronamiento), el autor se refiere a la creación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, sin límite alguno, sin derechos sociales, sin regulaciones estatales, libres de impuestos. Canary Wharf en Londres, Liechtenstein, comunidades cerradas en Estados Unidos y enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, y Dubai entre otros, son ejemplos de esta peligrosa tendencia. No por casualidad el subtítulo del libro Crack-up Capitalism es “Los radicales del mercado y el sueño de un mundo sin democracia”.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas

Ciertamente,esa es la aspiración del anarco-capitalismo; la de convertirnos en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos, como Elon Musk o, en su versión local, el magnate dueño de Mercado libre, que no quieren regulaciones estatales y sociales que controlen el capital ni pagar impuestos al Estado. Lo notable hoy de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario se había animado con determinadas ciudades o zonas; nunca con un país completo. Pero Milei les devuelve el sueño hecho realidad, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio “libre” para un pancapitalismo en el cual solo existen el mercado y el derecho del capital.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas. En esa línea, la Argentina todavía no es un modelo del horror y de autoritarismo, como lo es Bukele (presidente de El Salvador) con sus cárceles, sino un experimento de liquidación del Estado y todo depende si en estos meses ese proyecto se consolida para que se convierta en un modelo a seguir internacionalmente. Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue muy de cerca, con mucha atención, porque está hecho a medida del deseo del pancapitalismo y de odio a la democracia.

Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta donde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que ésta diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie en un país aguante tanta demolición institucional y crueldad social. Le toca decidir al Senado Nacional en esta encrucijada mayor de nuestra historia nacional. Y está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento consolidado y empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente en cómo reconstruir derechos, estado y sociedad en clave de solidaridad, de sostenibilidad de la vida y de transiciones ecosociales justas.

MS-EV/MF

De madrugada, la Legislatura de Chaco habilitó el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo

En una sesión escondida y disimulada por la discusión de la ley Bases en Buenos Aires, los diputados provinciales elaboraron una nueva zonificación que revierte la protección de algunos territorios. Cambios a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma.

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH.

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó.

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores:

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena.

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino).

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

La era de los colapsos localizados necesita más Estado, no menos

por Maristella Svampa / Enrique Viale para elDiarioAr

19 de marzo de 2024

El colapso climático no se manifiesta por un click o un chasquido de dedos que de un día para otro, sostienen los autores. Es una sucesión de desastres naturales focalizados pero que se van potenciando entre sí que hacen que ciudades enteras se vuelvan imposibles de vivir. Ante esto, reclaman una nueva institucionalidad estatal.

Nos estamos acostumbrando a vivir en constante alerta metereológica. Hoy es la lluvia imparable, una lluvia intensa zarandeada por tormentas eléctricas cada vez más potentes, que hace que en distintas regiones de la Argentina numerosas ciudades y localidades se vean irreconocibles pero homogéneas, todas iguales, cada vez más pasadas por agua, viviendo de inundación en inundación. También son cada vez más frecuentes los vientos fuertes y los tornados que castigan la región pampeana, así como los megaincendios forestales (intencionales y no intencionales) a toda hora y en todas las provincias, cuando no la brusca oscilación entre temperaturas altas y bajas, y la sequía en los cuatro puntos cardinales, antes de que vuelvan una vez más las lluvias y las supertormentas…

No hay récord posible ni estable en esta olimpíada del desastre climático, tan asociada a la dinámica concentradora y excluyente del capitalismo contemporáneo y sus modelos de maldesarrollo. Los eventos extremos y los picos de temperatura se van superando día a día en todo el planeta. La Organización Metereológica Mundial ya dijo que el 2023 fue el año más caluroso de la historia, y que hemos tocado el umbral de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, tan cerca ya de convertir el Acuerdo de París en papel mojado, en pura letra muerta. Y aunque lo parezca, en esta cadena de eventos extremos, nada es circular. La flecha está yendo hacia un nuevo régimen climático inestable, peligroso y hostil para el mantenimiento de la vida humana, muy lejos de los ciclos de regeneración de la vida toda.

En este cuadro de situación quisiéramos apuntar a dos tesis generales, importantes de asimilar, para finalizar con una reflexión-desafío en relación al rol del Estado en la crisis.

En primer lugar, hay que entender el alcance y la dimensión del colapso ambiental. Decimos colapso, a condición de entender que éste no se traduce sin más por la desaparición del mundo, sino más bien por la transformación de sus condiciones de vida y muerte. Esto es, el colapso es el fin del mundo tal cual lo conocíamos antes. Sistémico y acelerado, el colapso climático no se manifiesta por un click o un chasquido de dedos que de un día para otro hace desaparecer el planeta (aunque Hollywood insista con esas imágenes catastrofistas), ni siquiera, creemos, en un blackout energético total (responsabilidad del o los villanos de turno). Es que en realidad el colapso ecológico ya está aquí, pero en forma de colapsos parciales. Su forma actual es lo que podemos llamar una persistente acumulación de “colapsos localizados”, que afectan ciudades y zonas aledañas y van erosionando las condiciones de vida, generando desastres cada vez más amplios y potenciándose entre si.

Van algunos ejemplos recientes de colapsos localizados, a nivel global. El 23 de octubre de 2023, el tornado Otis destrozó la ciudad de Acapulco. De un día para otro, la joya turística de México, que cuenta con un millón de habitantes, quedó devastada. En menos de 14 horas, el huracán Otis pasó de categoría 1 a categoría 5, lo que en términos meteorológicos se conoce como fenómeno de “intensificación rápida”. En esa ventana de tiempo, el huracán aumentó su velocidad en 185 km/h. Luego ya todo oscureció y Acapulco se convirtió en zona de guerra. Con más de 50 personas fallecidas, numerosos desaparecidos y una infraestructura de servicios destruida, la ciudad estuvo días y días sin luz, sin agua, sin víveres, asolada por los saqueos.

Poco antes, en agosto de ese mismo año, también otro conocido destino turístico internacional, Hawai, vivió un incendio forestal de proporciones dantescas, que hizo que sus habitantes huyeran hacia el mar. Los fuertes vientos y las condiciones climáticas secas crearon las condiciones para la expansión del fuego, en un contexto de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas se encuentran en medio de la vegetación. Más de un centenar de muertos, ecosistemas destruidos de raíz, el incendió acabó con histórica ciudad de Lahaina. Seis meses más tarde la Cruz Roja continúa con sus equipos de Transición para Residentes en refugios. Para esas personas que lo perdieron todo, nada volverá a ser igual.

Si volvemos a la Argentina, contamos con ejemplos recientes de colapsos localizados. Uno, que tuvo su epicentro en la ciudad de Bahía Blanca, luego del paso de una tormenta fuerte, con ráfagas de viento intensas que siguieron el mismo frente de tormenta, y que afectó varios cientos de kilómetros, incluyendo el AMBA y ciudad de Buenos Aires. La desaforada tormenta dejó al menos 13 personas fallecidas en Bahía Blanca, mientras el viento derribaba centenares de árboles, postes de luz, volaba techos, con múltiples anegamientos y masivos cortes de luz, que durarían varios días.

Otro caso, del que menos se habla, es la ciudad capital de Corrientes, donde a principios de marzo de este año llovieron 300 milímetros de agua sólo en cinco horas (más de lo previsto para todo el mes). Una catástrofe climática que dejó centenares de evacuados, cortes de luz masivos y en los barrios mas afectados protestas de los vecinos por la lentitud de la ayuda estatal. Ahí también el mismo escenario, personas –sobre todo pobres, sectores vulnerables- que lo perdieron todo; otras cuya vida no volverá a ser la misma de antes.

Recordemos que ya en 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, con los cuerpos de animales carbonizados y aquellos otros con el horror en los ojos, intentando escapar del fuego y la muerte. Ahora, a principios de marzo, la inundación en la capital correntina pasó casi desapercibida, casi normalizada. A esto se suma que en la última semana una ola de calor de varios días llevó la temperatura a 55º de sensación térmica. La segunda ola de calor en Corrientes en lo que va del año; la primera sucedió en los primeros días de febrero y se extendió durante 12 días. Ante este embate climático, las maestras pidieron suspender las clases, imposibles de realizar a la hora de la siesta.

Ciudades y regiones enteras se están convirtiendo en lugares imposibles de vivir. En estos días, en la ciudad de Río de Janeiro la sensación térmica superó los 60º. Si un horno de cocina arranca en 70º, parecería que casi –o literalmente– vivimos en un horno. Vamos de récord en récord y la única certeza que tenemos es que éste será el verano más fresco del resto de nuestras vidas. Mientras tanto, al compás del colapso ambiental, la salud empeora y las enfermedades infecciosas se esparcen. Por ejemplo, los casos de dengue se multiplican en todo el país, no sólo en el norte sino también en el AMBA. Tal como anticipaban los científicos hace décadas, el cambio climático va tropicalizando a gran parte del país, y llevando no sólo su errante clima sino también sus enfermedades. El dengue que tenía picos en el verano y solo en en el Norte de Argentina, después descendía y en época invernal no circulaba. Ahora la transmisión se da en todo el año, incluso en invierno, y en casi todo el país.

Y así van sucediendo y acumulándose, cada vez más regiones y ciudades que sufren colapsos, que se convierten en zona de guerra, sumando más sufrimiento ambiental y social, más afectación a la salud, y en ciertos casos –como en Corrientes– los eventos extremos, aunque diferentes, se potencian entre sí. Todo eso frente a la creciente naturalización de los fenómenos climáticos por parte de las autoridades, quienes parecen estar a la espera de que “el tiempo se normalice”.

Pero ya no hay nada normal. Eso que llamábamos “normalidad” ya no existe y ésta es la segunda tesis que debemos asimilar. Estamos, como afirman los españoles Juan Bordera y Antonio Turiel, en “El final de las estaciones”. Hemos roto el ciclo normal de la naturaleza, al que estábamos acostumbrados, nosotros, hijos de la Modernidad conquistadora, del Holoceno y la estabilidad climática. Por ejemplo, durante 2023, en la región de la Patagonia, el frío y la nieve no dejaron que terminara de cuajar la primavera. Así, mientras los turistas se enamoraban de una estupenda Bariloche cubierta tardíamente de nieve tupida, nada menos que a fines de octubre pasado, todo a su alrededor florecía a destiempo, ralentizado, desprogramado en sus ciclos naturales, y hay que decirlo -porque algunos ni se han dado cuenta-, hubo pocos cultivos y huertas que resistieran a tal oscilación y amplitud térmica.

Como los gobernantes terraplanistas que nos tocan ahora, el clima se exacerba en violencia y crueldad; cada fenómeno parece mucho peor que el anterior, se entrelaza y potencia con otros fenómenos extremos, mientras el desconcierto y la falta de preparación nos hace preguntarnos si tenemos que acostumbrarnos o rebelarnos…

Sabemos que los últimos informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), la experiencia acumulada acerca de la aceleración de la crisis climática y la multiplicación de eventos extremos, revelan que la ventana de tiempo con la cual contamos es cada vez más estrecha, antes de sobrepasar las fronteras planetarias, un punto de inflexión que conllevaría un cambio del régimen climático. Ese resquicio pequeño exige una gran imaginación y una audacia política para pergeñar y poner en práctica políticas públicas de adaptación y mitigación, en todas las escalas, con el objetivo de evitar que los colapsos localizados generen mayores impactos destructivos. Porque efectivamente no podemos evitar muchos de estos fenómenos extremos, pero sí podemos mitigar sus impactos, adoptando medidas de emergencia, de prevención y adaptación, que exigen una fuerte transformación del Estado, en todas sus escalas.

Los nuevos riesgos sociales y ambientales y los colapsos localizados harán que la tendencia estatalista, que reemergió durante la pandemia del Covid 19, se acentúe. Desde una óptica democrática, el cambio climático plantea, como sostiene el economista Ruben Lo Vuolo, la creación de un Estado Ecosocial que incorpore los riesgos ambientales. Se trataría de un Estado diferente del que conocemos, a partir de una reorganización del mismo, que ponga en jaque “las bases del Estado de bienestar, que por otro lado en los países del Sur nunca se consolidaron”. Ello implicaría reformas amplias, que apunten al corazón de las desigualdades existentes y de los riesgos ecológicos, que confronte con la doble injusticia –social y ambiental– de esta nueva realidad, desde la renta básica y la reforma tributaria, el reparto del trabajo, la creación de nuevos oficios y empleos verdes, hasta políticas de adaptación a los riesgos ambientales y un sistema nacional de cuidados, entre otras. Reformas profundas y complejas, que apunten a un horizonte de transición ecosocial justa y popular. Porque necesitamos más Estado y no menos, aunque un Estado diferente, con vocación democrática e igualitaria, que incorpore los desafíos ambientales globales y locales y vaya elaborando estrategias en clave de transición justa.

En definitiva, de cara al cambio climático, es el momento para imaginar y crear una nueva institucionalidad estatal, un Estado ecosocial que incorpore respuestas a los riesgos ambientales a través de nuevas políticas de infraestructura (viviendas seguras, protección de la salud, ordenamiento territorial, cuidados, ciencia pública) que vayan en la dirección de la adaptación y prevención del daño múltiple. Citando nuevamente a Lo Vuolo, “se trata de un sistema de políticas públicas cuya función es garantizar, en el contexto de la crisis climática, que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades sobre bases igualitarias”.

También exige el cuestionamiento de la ideología ciega del crecimiento económico, base del Estado de bienestar, como antiguo modelo de intervención sobre la sociedad, que no fomente modelos de maldesarrollo en los territorios que acentúan los efectos negativos de la crisis ecológica. Todo ello no hace más que reforzar la idea de que es la economía la que debe adaptarse a la crisis climática y ecológica y no al revés, como pretenden las élites dominantes.

Porque si la política de ajuste del actual Gobierno ya genera más pobreza y desigualdad, todo ello se potencia con un Estado ausente en un contexto de agravamiento de la crisis climática, que siempre golpea de modo mas feroz a los más excluidos y vulnerables. Por eso el peor escenario es reducir y triturar la capacidad reguladora del Estado, tal como hoy está haciendo el gobierno libertario de Javier Milei. Un gobierno que no solo destruye lo que queda de institucionalidad estatal, que no solo desprecia la ciencia, la salud y la cultura, sino también atenta contra las mismas posibilidades de sobrevida de las y los argentinos, y sobre todo, de los más pobres, en un contexto de crisis climática y colapsos localizados, cada vez más generalizados.

Nos proponen más extractivismo y menos democracia: hay que reaccionar ahora

El autor, abogado ambientalista, considera uno de los puntos del acuerdo ofrecido a los gobernadores habilita un “pacto para el saqueo” y señala la gravedad de querer declarar “organización terrorista” a Greenpeace, como propuso un legislador de LLA. Llama a la acción: “Lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos”.

por Enrique Viale para elDiarioAr

Ahora es la agencia Télam. Después será un hospital público, una Universidad también pública vallada, una escuela desmantelada. Hoy un diputado libertario sentencia que la organización Greenpeace es terrorista, mañana lo dirán de todas las organizaciones ambientalistas, pasado buscarán cerrarlas.

Hoy vacían el Conicet, la institución de investigación pública académica más prestigiosa de América Latina, después irán por ARSAT, como ya han ido por el INADI, el INAI, y quieren hacerlo con instituciones culturales.

Tenemos que reaccionar, urgente, ya.

En el marco de medidas económicas totalmente deshumanizadas que están destruyendo a la clase media, empujándola a la pobreza, y a la pobreza a la indigencia, la vertiginosidad de los retrocesos es alarmante. Solo anunciadas con “likes” en cuentas random en la frenética actividad orgiástica del Presidente en X (ex Twitter). El vaciamiento del Conicet es ya una realidad concreta y la imposibilidad de pagar los gastos corrientes de las universidades e institutos de investigación públicos hará inviable cualquier presente consistente.

Esta semana el propio Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunció en un comunicado oficial que se detuvo a un joven por una discusión en Instagram por su “pensamiento apegado a la propaganda de la ex Unión Soviética” y que “contaba con vínculos con grupos comunistas” (el entrecomillado es textual). 40 años de Democracia y se detiene a una persona por su ideología. En otras palabras, la persecución política ya es una realidad en la Argentina distópica de Milei.

En la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Milei anunció el denominado “Pacto de Mayo”. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Un “Pacto para el Saqueo” denuncian las organizaciones socioambientales. Reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales por el DNU o en el intento en la Ley Ómnibus (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), solo profundizan las crisis ecológica y apuntalan la desigualdad producida por el modelo extractivista. En definitiva nos proponen más extractivismo y menos democracia. Más colonialismo y reprimarización de la economía. Ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio.

Con este contexto preocupan las declaraciones del Legislador bonaerense de la Libertad Avanza, Agustín Romo, que pide declarar “organización terrorista” a Greenpeace. Sabemos que es un disparate, pero estamos rodeados de disparates que luego se consuman. Desde un Decreto Nacional para prohibir el “lenguaje inclusivo y la perspectiva de género”, hasta un Presidente que habla con el perro muerto (ojo que hablar con los perros, todos hablamos, pero no todos le entendemos cuando ladran y, seguro, ninguno puede hablar con un perro muerto). Por eso en el contexto actual las declaraciones del referente del partido de gobierno preocupan. Señalar de “terrorista” a una reconocida organización ambientalista, que lleva la palabra “paz” en su nombre, es parte de la construcción del enemigo. Y eso es peligroso, máxime en América Latina que ostenta el triste récord de más defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.

Y este ataque al movimiento socioambiental también viene de sectores de la ¿oposición? El exsenador eterno Miguel Pichetto, ahora devenido en diputado nacional señaló que el ambientalismo es una construcción “de la izquierda boutique de la Capital que llevó a todo el país al rechazo a la minería”. Cuando es exactamente al revés, los que más resisten al extractivismo son las poblaciones de las provincias, no son ambientalistas de CABA: Famatina (La Rioja) Esquel (Chubut) Mendoza Jachal (San Juan) Pueblos Fumigados Mar del Plata (PBA) Jujuy, son solo algunos ejemplos. De ellas tenemos que aprender a cuidar derechos y conquistas sociales. Fueron los movimientos populares más grandes y efervescentes de los últimos tiempos. Desde el Famatinazo, hasta los más recientes Chubutazos y Mendozazos. Con gran protagonismo de las mujeres y maestras.

Es fundamental comprender que lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos. Fijense con todo lo entregado, retrocedido y saqueado de la fiesta menemista. Todavía no pudo ser recuperado, desde los trenes hasta retrocesos legales que continúan aún hoy intactos como toda la legislación minera de saqueo.

¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo meros espectadores pasivos de este brutal retroceso de derechos y conquistas sociales? Lo abrumador de la realidad no puede quitarnos la solidaridad ni la ternura (si, la ternura, no hay nada más político que reivindicarla en estas épocas de crueldad). Tampoco la indignación, que debemos transformarla en acción. Resistir en este contexto es una obligación histórica. Hay que dejar de lado las especulaciones, las mezquindades y los cálculos políticos. Las bases mismas de la democracia y donde se asienta, están más que en peligro, ya están siendo vertiginosamente erosionadas.

La extrema derecha en el gobierno: en guerra contra el ambiente y la democracia

En medio del complejo entramado político actual en Argentina, se vislumbra una amenaza latente que compromete significativamente los avances alcanzados en materia ambiental y social. Sectores de extrema derecha, en alianza con los llamados sectores “dialoguistas” de otros partidos que han decidido abiertamente colaborar, han propuesto una serie de medidas regresivas que ponen en riesgo décadas de progreso en la protección de los ecosistemas y el bienestar de la sociedad.

La regresión ambiental impulsada por estos sectores busca desmantelar los logros alcanzados en materia de conservación ecológica y ambiental. A su vez, pretende erosionar los fundamentos mismos de la democracia y la institucionalidad republicana. Bajo el pretexto de una supuesta liberalización de los mercados financieros, estas acciones representan una amenaza directa. Tanto para el patrimonio natural, los bienes naturales, la salud pública, los equilibrios ecológicos como para el debido proceso democrático. En el camino socava cualquier intento de avanzar hacia una transición ecosocial que promueva el bienestar de las personas y las comunidades de nuestro país.

Ante este escenario crítico, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas han intensificado sus esfuerzos para enfrentar estas tendencias regresivas. A través de un exhaustivo análisis técnico y legal, hemos identificado las múltiples aristas de esta amenaza, poniendo de relieve los ataques directos a la legislación ambiental, legitimadas por ser producto de conquistas populares y sociales, y a los principios democráticos que estas propuestas conllevan.

Es crucial resistir con firmeza estas medidas que menoscaban las bases necesarias para avanzar en una verdadera transición ecosocial, que se sustente en la justicia social y ecológica, esenciales para construir un futuro para todos los argentinos y argentinas, así como para las generaciones venideras.

En este sentido, es imperativo que los representantes del pueblo actúen en consonancia con los intereses de la ciudadanía y se comprometan a salvaguardar el bienestar y la prosperidad de la nación y la región en su conjunto.

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enero 18, 2024

La Asociación de Abogadxs Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una “invitación a la destrucción”. La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. “Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza”, afirman.

*Exposición de Enrique Viale realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.

Publicada en Agencia Tierra Viva

Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.

Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosques y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.

Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.

Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.

Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.

También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.

En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.

Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.

Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

https://youtube.com/watch?v=DdfAoOCpj8s%3Ffeature%3Doembed

Una reforma a pedido de los empresarios

Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.

Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.

Los beneficiados por la Ley Omnibus tienen nombre y apellido: Eduardo Elsztain, Cresud — El multimillonario Eduardo Elsztain y el presidente Milei – Foto: Télam

Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.

Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.

Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.

En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.

Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.

Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

COMUNICADO DE PRENSA. 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile. Domingo 14 de enero de 2024

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad.

Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1.- Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;

2.- Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;

3.- Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;

4.- Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;

5.- Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;

6.- Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;

7.- Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;

8.- Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.

La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

Puede encontrar más información sobre la sesión haciendo click aquí.

Para acceder a la audiencia completa, haga click aquí.

Para acceder a la lectura del veredicto, haga click aquí.

CUÑAS VEREDICTO DE JUECES

– Claudio Donoso (Ingeniero Forestal, Chile)

“Cuando llegan las forestales cambia un poco ese escenario (deforestación en terrenos planos para uso agrícola) y se empieza a intervenir las cordilleras y las montañas, las grandes surtidoras de agua; allí es cuando comienza a notarse más el impacto sobre el equilibrio natural y los suelos, comenzando la escasez hídrica. En la medida que se sigue destruyendo ese territorio el tema del agua se va agravando, lo que se acrecienta con el monocultivo forestal de especies exóticas de rápido crecimiento, donde todos los árboles son de la misma especie y la misma edad, consumiendo enormes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. Estos monocultivos, que otorgan grandes utilidades para unos pocos, han secado gran parte del territorio, ya es escasa el agua y a pesar de que vemos los ríos correr, el suelo está seco y hoy día este territorio qué tratamos tan mal, se está quemando”.

– Lucio Cuenca (OLCA, Chile)

“Sin duda acá se ha repetido, y lo hemos constatado en terreno, que hay una omisión e irresponsabilidad del estado en la expansión de este modelo nefasto que lleva ya más de 50 años. Hay antecedentes que nos permiten aproximarnos a una conclusión: Existe una especie de captura de los grupos como Arauco y Mininco, CMPC, Masisa, para moldear la institucionalidad y la política en función de sus mezquinos intereses”.

– Jacqueline Arriagada (ANAMURI, Chile),

“Un agradecimiento profundo de cómo nos abrieron las puertas de casas, juntas de vecinos, espacios, en las cuales fuimos testigos presenciales y pudimos constatar el avasallamiento de lo que nos hacen vivir cada cierto tiempo, y de los infiernos en los que nos sumergen. Hoy los testimonios están diciendo que no lo imaginamos, que no nos pasa solo a pocos en un espacio, sino que es todo un territorio que viene siendo dañado por un modelo forestal que nos hace daño, y que no respeta los derechos de la naturaleza”.

– Karina Riquelme (Chile).

“Por muchos años las comunidades han realizado denuncias a través de la legislación y no han sido escuchadas, Desgraciadamente la feble legislación ambiental genera hoy día las terribles situaciones que hemos podido constatar en poco tiempo de manera presencial. El día de ayer vimos situaciones en las que no creo que sea posible en 24 horas, tener la capacidad espiritual de poder entenderla y poder comprenderla profundamente. La mayoría de los jueces nos encontramos en un estado de shock, por el gran dolor que quienes habitan estos territorios han tenido que sufrir durante gran cantidad de años”.

11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Regresión ambiental, desdemocratización y Estado de excepción

por Maristella Svampa, Enrique Viale para elDiarioAR

La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.

En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.

Digámoslo una vez más. Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.

En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).

Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.

El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.

Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas.

Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza.

En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera.

Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.

A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.

Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica

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