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Cómo sigue el tratamiento de la Ley de Bases

📝 ¿Cómo sigue el tratamiento de la Ley de Bases?

En el medio de una brutal represión alrededor del Congreso, el proyecto de Ley de Bases fue aprobado en el Senado de la Nación. Por haber sufrido modificaciones, debe volver a su cámara de origen (Diputados) que debe sesionar nuevamente.

La Cámara de Diputados debe ahora considerar las modificaciones propuestas por el Senado. Hay tres posibles escenarios que pueden ocurrir:

  1. Aprobación de las modificaciones: Si las modificaciones son aprobadas por la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Bases se aprueba con los cambios realizados por el Senado.
  2. Rechazo de las modificaciones: Si no son aprobadas las modificaciones, la Cámara de Diputados insiste con la versión original del proyecto. Para aprobar el proyecto original, se requiere una mayoría absoluta (al menos la mitad más 1 de los miembros).
  3. Caducidad del proyecto: Si el proyecto no se trata nunca en Diputados este año y el próximo año por falta de quórum o cualquier otro motivo, se tendrá por caducado y no se convertirá en Ley.

Seguiremos más juntos y juntas que nunca, en la defensa de los territorios, de la Patria y la Naturaleza.

RIGI ley bases

PEDIMOS A SENADORES Y SENADORAS QUE NO APRUEBEN EL RIGI

El Senado tratará esta semana el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Un centenar de organizaciones solicitamos que se rechace este modelo de privilegios, que compromete los derechos humanos y el ambiente por los próximos 30 años.

El proyecto que el Senado tratará esta semana plantea que los beneficios otorgados a las empresas adheridas al RIGI tengan prioridad por sobre el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. Los proyectos de inversión no podrán ser afectados por regulaciones sobre el suministro, transporte y procesamiento de insumos que puedan afectar el proceso productivo.

De esta manera, en caso de escasez de agua o de energía, por ejemplo, la prioridad en el acceso a ambos recursos la tendrán las empresas beneficiadas por el RIGI, por sobre las personas. Tampoco habrá controles para las obras de infraestructura que realicen las empresas. Ninguna ley podrá afectar esas obras, incluso si se trata de leyes de protección de derechos o del ambiente. Además, si bien el dictamen incorporó requisitos vinculados a la protección del empleo y a la industria local, no incluyó ningún requisito referido a la evaluación de impacto y a la protección ambiental por parte de las empresas que se ampararon en RIGI.

El RIGI también contradice el derecho de las comunidades indígenas a tener información adecuada y suficiente y a participar en los procesos de toma de decisiones que van a afectar a los territorios donde viven desde siempre. Los cortísimos plazos que se establecen para la aprobación de proyectos -30 días con posibilidad de ampliarlo 15 días más- son incompatibles con los procedimientos necesarios para garantizar este derecho.

Por último, el proyecto establece que cualquier ley, provincial o nacional, que “limite,
restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” el RIGI será declarada “nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”. Esto supone un avasallamiento no sólo a las autonomías provinciales sino también a uno de los principios más básicos de la democracia: la posibilidad de definir mediante mecanismos de deliberación democrática las leyes bajo las cuales nos regimos como comunidad.

Por todas estas razones, le solicitamos a senadores y senadoras:

  • que defiendan sus territorios, sus recursos naturales y el derecho al ambiente sano de todos y todas los habitantes de este país,
  • que protejan los derechos de las comunidades campesinas e indígenas que viven en sus territorios desde hace generaciones,
  • que defiendan el derecho de todos y todas a definir nuestras leyes, sin quedar sujetos a las condiciones establecidas por el RIGI por los próximos 30 años,
  • que respeten el principio de equidad intergeneracional y eviten comprometer a las generaciones futuras con arquitecturas legales sin mirada social ni ambiental.

Organizaciones firmantes:

  • CELS
  • FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN)
  • MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA – SOMOS TIERRA
  • MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA CLOC VÍA CAMPESINA
  • MESA AGROALIMENTARIA ARGENTINA
  • EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN (ENDEPA)
  • CENTRO DE ESTUDIOS METROPOLITANOS (CEM)
  • CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SOCIALISMO (CEPPAS)
  • FUNDEPS
  • ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS Y ABOGADAS AMBIENTALISTAS (AADEAA) Y COLECTIVO DE ACCIÓN PARA LA JUSTICIA ECOSOCIAL (CAJE)
  • ABOGADAS Y ABOGADOS DEL NOA EN DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS SOCIALES (ANDHES)
  • FEDERACIÓN RURAL PARA LA PRODUCCIÓN Y EL ARRAIGO
  • HORA DE OBRAR
  • CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN POR LA IGUALDAD (CEAPI)
  • MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA
  • FUNDACIÓN ASOCIANA
  • MULTISECTORIAL POR LOS HUMEDALES PARANÁ
  • PROGRAMA DE ESTUDIOS REGIONALES Y TERRITORIALES / IGEO – UBA
  • JÓVENES POR EL CLIMA ARGENTINA
  • GREENPEACE ARGENTINA
  • ASOCIACIÓN CIVIL POR LA JUSTICIA AMBIENTAL
  • GRUPO DE APOYO JURÍDICO POR EL ACCESO A LA TIERRA (GAJAT)
  • FUNDACIÓN HUMEDALES
  • CONSCIENTE COLECTIVO
  • ASOCIACIÓN DE ABOGADAS/OS DE DERECHO INDIGENA
  • ASOCIACIÓN CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH)
  • INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (IADE)
  • PATAGONIA NATURAL
  • FUNDACIÓN CAUCE: CULTURA AMBIENTAL, CAUSA ECOLOGISTA
  • ASOCIACIÓN CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMANOS
  • RED DE DEFENSORAS DEL AMBIENTE Y EL BUEN VIVIR
  • ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
  • COLEGIO ABOGADOS SAN LUIS
  • ASAMBLEA DE ARTICULACIÓN DE PUEBLOS DEL QOLLASUYU
  • FUNDACIÓN IGUALDAD
  • FUNDACIÓN CON LOS PIES EN LA TIERRA
  • RED DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE MISIONES (RAOM)
  • ASOCIACIÓN DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
  • ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DESARROLLO (APCD)
  • ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE PUERTO MADRYN (APAM)
  • RED DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE MISIONES (RAOM)
  • AHORA QUE
  • ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD VERDE
  • COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA PARAJES UNIDOS
  • RED DE JARDINES SILVESTRES DE ALMIRANTE BROWN
  • ACUERDO BASADO EN PLANTAS
  • FUNDACIÓN YUCHAN
  • FUNDACIÓN HÁBITAT Y DESARROLLO
  • AGENDA PARA EL FUTURO
  • FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ARGENTINA
  • SURFRIDER ARGENTINA
  • ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA
  • ECO HOUSE GLOBAL
  • COMISIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA EN CHUBUT
  • ALIANZA X EL CLIMA
  • C.O.A. ALTE. BROWN
  • EL PARANÁ NO SE TOCA
  • FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL
  • FIBO ASOCIACIÓN CIVIL
  • PARTIDO SOLIDARIO
  • COMUNIDAD INDÍGENA DIAGUITA DE EL MOLLAR
  • BANCO DE BOSQUES
  • CEPT 29
  • UN ÁRBOL ONG
  • PROYECTAR ONG
  • MULTISECTORIAL GOLFO SAN MATÍAS
  • REVOLUCIÓN DE LAS VIEJAS
  • GRUPO UNIDO MTE – RAOM
  • INSTITUTO PATRIA
  • FEDERACIÓN RIOJANA DE COOPERATIVAS AUTOGESTIONADAS (FERCOA)

RIGI el caballito de batalla de Ley de Bases para la destrucción de Argentina

por Melisa Argento para RadioUNR

El RIGI, régimen de incentivo para las grandes inversiones que constituye uno de los núcleos centrales de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en verdad debería llamarse Reinado increíble de los grandes inversionistas. Dicho en palabras simples, en este momento se discute en la cámara de Senadores el otorgamiento de la media sanción que le falta a una Ley que -de aprobarse- entregará de manera no conocida en la historia de nuestro país, la soberanía total sobre territorio y bienes comunes al sector financiero especulativo.

El nivel de destrucción de las capacidades de control que tiene un Estado, en materia de derechos sociales, económicos, culturales y políticos que tiene esta versión reforzada de la dichosa Ley Ómnibus, excede toda capacidad de adjetivación que tengamos en la ya prolífica politología. Difícil es decir cuál de los capítulos y artículos de esta normativa ataca más la democracia -aun severamente imperfecta- que supimos conseguir y los derechos por los que luchamos generaciones enteras a lo largo, al menos del siglo XX y lo que va del XXI. En términos históricos retrocedimos dos siglos y sin duda, el mayor logro de La Libertad Avanza es el de tergiversar hasta su indefinición la propia noción de libertad, dinamitar por dentro todos los consensos históricos y llevarnos de nuevo a los imaginarios del siglo XIX, conservador, oligárquico y profundamente antidemocrático.

Mientras el poroteo legislativo y el “lobby del toma y daca” transcurre, amplios sectores de lo que es el heterogéneo campo popular analizan azorados los posibles impactos que esta normativa tendría sobre sus vidas cotidianas y sus proyecciones de futuro. La entrega de facultades extraordinarias (casi la suma total del poder público) a un presidente convirtiéndolo en un autócrata total que podría decidir en lo que atañe al sector económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, es uno de los más grandes golpes a la democracia. Hace no poco tiempo, para emprender este tipo de profundidad en las transformaciones fue necesario un régimen del terror, la más feroz dictadura militar de carácter institucional, con la desaparición forzosa de 30 mil almas y la persecución de millones más, en crímenes de lesa humanidad aún hoy sometidos a juicios políticos y condena social.

Esa doctrina del shock, como dice Naomi Kleim, era posible de implementarse sólo bajo ese despliegue de violencia de Estado y vulneración de todas las libertades políticas y sociales. Hoy en el nombre de esa libertad, se pretenden destruir el mundo del empleo, con una reforma laboral que implica entre otras cosas, la pérdida de las indemnizaciones por despidos, la mayor (aún) flexibilización y precarización en la contratación temporal laboral, la reducción del tiempo de las licencias por maternidades, la eliminación de la posibilidad de jubilación de miles de personas y, principalmente afectadas, las mujeres que han dedicado su vida al trabajo de la reproducción social y la producción del valor que sostiene al dichoso “dios mercado”. 

Entre los superpoderes del Ejecutivo estaría el de modificar toda la Administración Pública Nacional, eliminar cuánta institucionalidad crea que sobra, sabiendo que destruye aquellas políticas que son las únicas que han llegado hasta todos los rincones del interior, como la Secretaría de Agricultura Familiar y el programa Pro Huerta. El nivel de depredación ha quedado absolutamente claro en los ataques al sistema Nacional de Educación Pública y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dos instituciones que no sólo nos han dado los más grandes reconocimientos internacionales en el mundo entero sino que además representan la nada misma en materia presupuestal y gasto público -en comparación con la enorme cifra de subsidios al sector privado, corporaciones e incluso dietas públicas y judiciales.

En todo esto, el RIGI es sin duda el caballito de batalla de la destrucción. Este régimen, que fue reforzado en esta nueva versión de la Ley de Bases extendiéndose hacia todos los sectores económicos. La entrega total hacia el sector financiero se manifiesta en los enormes beneficios económicos como exención impositiva (IVA y retención de ganancias), eliminación de aranceles, excepción de pago de derechos de importación y después de tres años de exportación. Su implicancia pasa por encima de todos los niveles de estatalidad provincial, viola la condición federal de la Argentina y la propia Constitución Nacional (en su artículo 124 por nombrar solo uno, dado que se impone su implementación por sobre las autonomías provinciales). Por eso lejos de ser sólo una Ley, estamos frente a una reforma constitucional total camuflada, como plantean las voces de los constitucionalistas más relevantes y dentro de todo el amplio espectro político ideológico. El RIGI reafirma el poder del dinero por sobre el republicano, y dentro de un modelo extractivista y colonial.

Fomenta la inversión extranjera – pero también nacional- mayor de 200 millones de dólares en sectores como agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía, tecnología. Y aunque muchas de estos sectores ya estaban cubiertos por la normativa de los años 90 neoliberales y los tratados de inversiones, lo que el RIGI les otorga es el arbitraje internacional. Cualquier conflicto que tuviera una población o Estado en sus diversas escalas (por contaminación ambiental, evasión de impuestos, delitos o lo que fuera) deberá resolverse solo en arbitraje internacional. En el CIADI. El Estado Nacional entrega la posibilidad de arbitrio, todo litigio se dirime en esta institución que pertenece al Banco Mundial, tiene su sede en Washington y ha sido estructurada para legislar a favor del capital. Argentina es el país más demandado en el CIADI en la actualidad.

Por si esto fuera poco el articulo 191 ese que a Rodríguez Chirillo (secretario de Energía) no se le cae la cara en decir que no leyó bien, dice que los VPU no podrán ver alterado su suministro de recurso ni su regulación durante 30 años. Esto quiere decir, que, en contexto de crisis socioambiental donde cotidianamente vemos incrementarse las condiciones climáticas adversas (ola de calor o temperaturas extremas, sequias) y/o las lisas y llanas “catástrofes” inundaciones, incendios, ciclones, si una parte de la población de nuestro país se quedara sin agua o sin energía, como de hecho ya pasa en muchas ciudades, de todas formas el capital controlante de un proyecto extractivo tendría prioridad por sobre esa población. Es la radicalización de un sistema ecocida, al que no le tiembla el pulso para imaginar su violencia criminal, su necropolítica social y ambiental.

Por este motivo, 50 organizaciones de la sociedad han presentado una carta al conjunto de los senadores y senadoras denunciando que este proyecto contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes en materia ambiental e implica disminuir los niveles de protección existentes. [1] Los inversionistas no están obligados a la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. No hay separación posible entre la promoción de una matriz económica primario-extractiva exportadora y la degradación ambiental.

[1] https://aadeaa.org/organizaciones-rechazan-las-reformas-en-el-proyecto-de-ley-bases-por-afectar-la-proteccion-ambiental/

Como tampoco es escindible de la degradación social. Estos capitales no estarían obligados al encadenamiento productivo local, ni a la transferencia tecnológica ni de conocimientos, ni a la generación de trabajo local, provincial o nacional. Tampoco están obligados a declarar el origen de los capitales involucrados. De manera que, la destrucción del entramado socio productivo y las capacidades industriales del país tienen riesgos inmediatos, sobre los puestos de trabajo de 300 mil personas,  sobre la pérdida de respuesta soberana ante las necesidades y urgencias en materia de salud socio sanitaria (elaboración de kit para la detección de covid, barbijos, repelentes contra el dengue, vacunas, respiradores como ejemplos recientes) y, abre el juego al ingreso de capitales no declarados ni legales algo que en todas las economías completamente liberalizadas ha impactado en un crecimiento de la expansión del narcotráfico.

Es el experimento de lograr una Argentina de enclave total. Por eso la Ley de Bases para la destrucción no puede ser aprobada.

Ley Bases hacia un no país

Ley Bases: Hacia un no-país, el sueño libertario


Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Desde hace cinco meses, nos encontramos inmensos en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), de entrega explícita, sin pudor alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a la vista de todo el mundo. La denominada nueva Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados empeora notablemente la anterior, aquella que fuera retirada por el gobierno en febrero pasado. De ser aprobada por el Senado, la Ley Bases nos convertiría en un no-país, sin control del territorio, ni estado de derecho. Nos quedaría solo la bandera, el himno, el escudo y la selección nacional de futbol (¡si no la privatizan!).

La Ley Bases habilita, por un lado, lo que algunos políticos y políticas levantamanos parecen ya haber olvidado de febrero a esta parte, y es el hecho de que otorga facultades extraordinarias al presidente, casi la suma del poder público, convirtiéndolo en un autócrata consumado que podrá decidir por decreto, a gusto y piacere, en casi todos los campos (económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, cultural). Estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y antiderechos.

Por otro lado, la Ley Bases implica una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional. De aprobarse el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.

La Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio

En esta línea, la Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Ciertamente, podría decirse que la Argentina ya conoce y padece todo esto desde hace 40 años, cuando el régimen de Carlos Menen reconfiguró la sociedad en un sentido neoliberal, desmantelando el Estado y privatizando grandes empresas públicas. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.

La entrega y retrocesos que propone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes naturales y sociales perdidos. Fíjense con todo aquello que se entregó y se retrocedió durante la fiesta menemista de privatizaciones y nuevas normativas de saqueo. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados, pero también más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió todavía no pudo ser recuperado, como los trenes que vertebraban el país. Los retrocesos legales, relativos a la legislación minera de saqueo, continúan intactos.

La Ley Bases es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final. Profundizará hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental como la Administración de Parques Nacionales o Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y organismos científicos. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, además de ello, apunta a la limitación de los espacios de participación pública.

 Esta ley establece la prioridad a las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que usen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. Todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto, la minería del litio y el fracking en Vaca Muerta. Es decir que si en alguna provincia de Argentina escasea el agua (como sucede hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Agreguemos a esto lo que podría suceder o más bien, lo que ya está sucediendo en contextos repetidos de colapsos localizados, como los que se producen en la actualidad, provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios, tormentas, tornados) o por stress hídricos (sequías). Las consecuencias serán tan imaginables como catastróficas para el conjunto de la población, con un Estado inexistente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público. Solo existirán los intereses y necesidades de las empresas.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Finalmente, en medio de esta vorágine destructiva, uno se pregunta que se oculta en esta entrega de facultades extraordinarias, a un presidente que dice odiar el estado y la justicia social y que elogia todo el tiempo a empresarios llamándolos “héroes” y promoviendo que fuguen divisas. ¿Qué hay detrás del RIGI, que sorprende en su abierta y absoluta concesión que implica incluso una entrega de todo por nada?

En realidad, nos quieren convertir en una zona de “Crack-Up capitalismo”, concepto acuñado por el historiador Quinn Slobodian en un libro publicado en 2023. Con Crack-Up capitalismo (que se puede traducir como choque, desplome, desmoronamiento), el autor se refiere a la creación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, sin límite alguno, sin derechos sociales, sin regulaciones estatales, libres de impuestos. Canary Wharf en Londres, Liechtenstein, comunidades cerradas en Estados Unidos y enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, y Dubai entre otros, son ejemplos de esta peligrosa tendencia. No por casualidad el subtítulo del libro Crack-up Capitalism es “Los radicales del mercado y el sueño de un mundo sin democracia”.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas

Ciertamente,esa es la aspiración del anarco-capitalismo; la de convertirnos en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos, como Elon Musk o, en su versión local, el magnate dueño de Mercado libre, que no quieren regulaciones estatales y sociales que controlen el capital ni pagar impuestos al Estado. Lo notable hoy de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario se había animado con determinadas ciudades o zonas; nunca con un país completo. Pero Milei les devuelve el sueño hecho realidad, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio “libre” para un pancapitalismo en el cual solo existen el mercado y el derecho del capital.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas. En esa línea, la Argentina todavía no es un modelo del horror y de autoritarismo, como lo es Bukele (presidente de El Salvador) con sus cárceles, sino un experimento de liquidación del Estado y todo depende si en estos meses ese proyecto se consolida para que se convierta en un modelo a seguir internacionalmente. Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue muy de cerca, con mucha atención, porque está hecho a medida del deseo del pancapitalismo y de odio a la democracia.

Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta donde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que ésta diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie en un país aguante tanta demolición institucional y crueldad social. Le toca decidir al Senado Nacional en esta encrucijada mayor de nuestra historia nacional. Y está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento consolidado y empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente en cómo reconstruir derechos, estado y sociedad en clave de solidaridad, de sostenibilidad de la vida y de transiciones ecosociales justas.

MS-EV/MF

Organizaciones rechazan las reformas en el proyecto de Ley Bases por afectar la protección ambiental

En una carta  dirigida a senadores y senadoras, 50 organizaciones de la sociedad civil advierten que el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos atenta contra la protección ambiental. 

El Proyecto de Ley de Bases enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone cambios que implican un enorme retroceso para la protección del ambiente. 

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Senadoras y Senadores manifestando que el Proyecto contiene artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes. Entre otros puntos, resaltan que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Además, alertan que se trata de un proyecto que pretende beneficiar a las actividades económicas primarias y extractivas, lo que afecta el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales.  

Según la carta, el proyecto de ley permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector como la Administración de Parques Nacionales. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. La aprobación  de la Ley de Bases significaría una delegación legislativa imperdonable en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas sin contemplar una mirada social ni ambiental, y la limitación de los espacios de participación pública.

“Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no  destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, afirman al cierre de la carta.

Por eso, las organizaciones exhortan a la Cámara de Senadores a rechazar las propuestas del proyecto de Ley de Bases. Estas colisionan de lleno contra principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, y afectan los resultados económicos y productivos de diversas actividades que la norma pretende beneficiar.

Cuatro objeciones ambientales al proyecto de ley bases

  1. Reforma del Estado y reorganización administrativa

Importantes organismos de la administración centralizada y descentralizada corren riesgo de ver transformada su estructura jurídica, disminuidas sus competencias o, incluso, de ser eliminados. Entre ellas, la Administración de Parques Nacionales, la cual podría verse afectada de manera directa como consecuencia del art. 3 del proyecto de ley. Se trata de un organismo clave para la preservación de los espacios naturales y la biodiversidad, que articula políticas y acciones entre la nación y las provincias que han llevado décadas establecer. También podrían verse afectados otros organismos vinculados a cuestiones ambientales como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros. 

  1. Fondos Fiduciarios

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre los fondos de relevancia para la política ambiental se destacan el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y otros fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, como el FODER y el FODIS, respectivamente.

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir, de acuerdo a la Ley de Bosques, el 0,3% del Presupuesto Nacional. Sin embargo, a marzo de 2024, tiene programado un presupuesto 18 veces menor. Ante el incremento de incendios provocados de manera intencional o por el propio efecto de la crisis climática, el gobierno nacional no ejecutó ni un solo peso de los $12.101 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. A marzo de 2024, solamente se ejecutaron $275 millones dentro de la actividad Manejo del Fuego, que representan un 0,01% de lo erogado en pago de servicio de la deuda. Estos datos dan cuenta de que la disolución de estos fondos es una probabilidad cierta.

La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos (Ley 26.331): dejaría de existir el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan (art. 30) y a los titulares de tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de información de las diferentes jurisdicciones (art. 35). 

Estos fondos son los pilares de las políticas ambientales en Argentina: son fundamentales por la importancia que tiene la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, o el Fondo Nacional de Manejo de Fuego para dotar de las herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

  1. Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene por objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados. 

El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva. 

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología. 

No hay separación posible entre la promoción de un determinado modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador como lo hace el RIGI y la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y por ende la calidad democrática. 

  1. Reforma energética 

Es imperativo destacar que el proyecto contempla una serie de disposiciones relativas al sector energético que benefician exclusivamente a las principales empresas del sector hidrocarburífero. Se propone una modificación de al menos 72 artículos vinculados a la normativa energética, abarcando aspectos cruciales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley Gas Natural 24.076 modifica 6 artículos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741 también 2 artículos, y también en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica. Esta amplia reforma energética no solo destruye la poca soberanía nacional restante en el sector, sino que va absolutamente a contramano de los avances que creemos necesarios sobre el sistema energético.

Asimismo, se pretende avanzar sobre la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, permitiría las decisiones unilaterales e inconsultas, en un sector ya altamente concentrado.

Leer la carta completa enviada al Senado acá

ley bases

Carta a los Senadores/as por el Rechazo a la Ley de Bases

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de enero de 2024 
Presidencia de la Cámara De Diputados de la Nación Argentina  
Sr. Presidente Martín Menem  
Presidencias de Bloques 
Presidente del Bloque Unidad por la Patria – Germán Pedro Martinez 
Presidente del Bloque La Libertad Avanza – Oscar Zago 
Presidente del Bloque PRO – Cristian Adrián Ritondo 
Presidente del Bloque UCR – Rodrigo De Loredo 
Presidente del Bloque Hacemos Coalición Federal – Miguel Angel Pichetto 
Presidente del Bloque Innovación Federal – Pamela Calletti 
Presidente del Bloque Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad – Myriam Bregman Presidente del Bloque Por Santa Cruz – Sergio Edgardo Acevedo 
Presidente del Bloque Producción y Trabajo – Nancy Viviana Picón Martinez 
Presidente del Bloque Buenos Aires Libre – Carolina Píparo  
Presidente del Bloque Avanza Libertad – José Luis Espert 
Presidente del Bloque CREO – Paula Omodeo 
Presidente del Bloque La Unión Mendocina – Álvaro Martinez 

Diputadas y Diputados de la Nación Argentina 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA S / D 

Ref: Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos a 

Las organizaciones de sociedad civil aquí firmantes se dirigen a Ustedes, y piden hagan  extensiva esta nota a quienes integran sus bloques, en relación al Proyecto de Ley de Bases y Puntos  de Partida para la Libertad de los Argentinos (en adelante proyecto de ley), recientemente  remitido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para su tratamiento en sesiones extraordinarias  de esta Honorable Cámara (0025-PE-2023)

En primer lugar, expresamos nuestra más profunda preocupación por las medidas  contenidas en el proyecto de ley de referencia por cuanto suponen serios retrocesos en la  legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de  consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina

Deseamos recordar expresamente el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que  reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el  desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin  comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental  generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades  proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la  preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y  educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos  mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas  alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o  potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha  comprometido tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que,  aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre  el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social.  

Es importante destacar que la legislación ambiental vigente se ha desarrollado conforme  mandatos de la Ley General del Ambiente y respetando procesos participativos que han involucrado  a los más diversos sectores sociales.  

Además, queremos solicitar la ampliación de giros de comisión para el tratamiento del  proyecto dado que este abarca numerosos temas que no competen únicamente y en algunos casos  van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto  y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Relaciones Exteriores). En línea  con los temas analizados en este documento, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto  son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de  Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería. 

A continuación, puntualizamos una serie de aspectos del proyecto de ley, a saber: TÍTULO VI: INTERIOR, TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES. CAPÍTULO III, AMBIENTE.  

LEY 26.562 CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA 

ARTICULO 497.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de  Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. ARTICULO 498.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de  Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

El proyecto de ley propone reformas a la Ley 26.562 de presupuestos mínimos para el control de  actividades de quema. Mantiene la definición de “quema”, pero agrega una definición de  “aprovechamiento productivo” entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y  que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el  avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa,  plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.  

El proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, pero  estableciendo un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud.  En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”. De  esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar  con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo  del fuego, sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos  relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública, y sin sanciones en caso  de eventuales impactos negativos al quedar configurada como una “quema autorizada”.

Los incendios devastadores en numerosas provincias se han convertido en una problemática  ambiental en las últimas décadas que requiere de una implementación efectiva de la ley de control  de quemas vigente y el sistema nacional todo de manejo del fuego. El proyecto de ley lejos está de  brindar soluciones que construyan sobre los avances alcanzados y aportar a un robusto y  permanente monitoreo y accionar preventivo con la comunidad para prevenir quemas y hacer un  manejo responsable del fuego en territorio argentino.  

Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 497 y 498 del proyecto de Ley. LEY 26.331 DE BOSQUES NATIVOS  

ARTICULO 500.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de  Protección Ambiental de los Bosques Nativos ARTICULO 501.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de  Protección. 

La propuesta elevada por el PEN al Congreso implica el más grave retroceso que podría imaginarse  en materia de protección de Bosques Nativos. La Ley 26.331 impulsa la conservación, uso  sostenible y restauración de los bosques nativos y regula el desmonte con estrictos requerimientos  de participación ciudadana, como audiencias públicas, y procesos de evaluación de impacto  ambiental (EIA), sobre la base de un ordenamiento ambiental de los bosques nativos impulsados a  nivel provincial, con control de Nación.  

No cabe duda que el escenario nacional de los bosques nativos en Argentina sería muy diferente  al actual si el país no contara con la Ley 26.331. Esta norma logró visibilizar la problemática de  pérdida de los bosques nativos y difundir la importancia de estos y los beneficios ambientales y  sociales que proveen. También, aunque con muchas dificultades, se ha logrado crear y fortalecer la  institucionalidad nacional y local en materia de gestión. La mejor estrategia para afrontar la  problemática socioambiental que acarrean los desmontes en Argentina es trabajar con los  instrumentos que la Ley de Bosques Nativos prevé desde 2007, aplicándolos, financiándolos y  mejorándolos. 

Según datos oficiales la superficie total de bosques nativos en Argentina es de 53.184.501  hectáreas. En caso de aprobarse la modificación propuesta por el proyecto de ley, las exigencias  legales de EIA y participación ciudadana ya no serán requeridas para bosques categorizados en  verde (categoría III) que alcanzan las 10.192.063 has (19% del total de la superficie de bosque  nativo del país). Estos requerimientos son importantes porque si bien la categoría verde representa  bosques de bajo valor de conservación que legalmente pueden desmontarse, la norma nacional  asegura, por un lado, que haya una instancia de análisis de impactos sociales y ambientales y  participación del público que puede ser afectado por tal cambio de uso del suelo. Por el otro, de  contar la ley con los fondos correspondientes, podría ofrecerse apoyo financiero al titular del predio  para que invierta en su recuperación y manejo sostenible, desalentando un posible desmonte.  

1https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inf._de_implementacion_2023_-_r2.pdf

Sumado a esto, el proyecto de ley pretende habilitar desmontes hoy prohibidos por la Ley 26.331  en las categorías roja (I) y amarilla (II). Se tratan de bosques de muy alto valor de conservación a  proteger a perpetuidad que no debe transformarse) y II de mediano valor de conservación a  manejar de forma sostenible, respectivamente. Están categorizadas en rojo 10.992.353 has (21%),  mientras que están categorizadas en amarillo 32.000.085 has (60%)2. De esta manera, de aprobarse  el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, 71% de los bosques nativos de la  Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes  a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que  proveen a las personas.  

Por otro lado, el proyecto de ley elimina la mención específica al acceso a la información de los  pueblos indígenas y las comunidades campesinas, lo que contradice los derechos garantizados por  la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, el Acuerdo de  Escazú y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas

En materia de financiamiento, el proyecto de ley deroga la obligación del Estado Nacional de  constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos  con el 0,3 % del Presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos  agrícolas y forestales. Deja por lo tanto el financiamiento de la implementación de la Ley de  Bosques Nativos a merced de la asignación presupuestaria que desee realizar el PEN. 

En más de 15 años de vigencia de la Ley de Bosques Nativos, la asignación presupuestaria  comprometida en el artículo 31 vigente, nunca se constituyó enteramente. Los fondos asignados  oscilaron anualmente entre el 3 y el 15% de lo establecido por ley. Dotar de partidas suficientes al  fondo de la Ley 26.331 es fundamental para avanzar hacia una progresiva y definitiva protección  de nuestros bosques ya que de allí surgen los recursos para fortalecer las capacidades en territorio  de las provincias, contratando personal, adquiriendo materiales de trabajo, tecnología, vehículos y  otras herramientas prevenir desmontes ilegales e impulsar proyectos de conservación, uso  sostenible y restauración de bosques nativos.  

El establecimiento de zonas de protección mediante ordenamiento territorial y de un fondo para  la conservación de bosques nativos constituyen el corazón de la Ley de Bosques indispensables  para atender la emergencia forestal en la que el país aun permanece con una tasa promedio de  pérdida de bosque nativo que no baja del 0,5% anual (CIAM MAyDS), y que en 2022 se tradujo en  211.974 has de bosque perdidas, más de 96.000 has en zonas prohibidas (roja y amarilla)

El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y  modos de vida de comunidades enteras. Implica además anular las 23 leyes provinciales de  ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que fueron dictadas al ritmo de los  parámetros que la Ley 26331 y de las actividades permitidas y de las prohibidas.  

Pero no sólo esto, la norma propuesta contiene una gravedad inusitada para la economía del país,  de una dimensión no considerada. Nos referimos a la incidencia que la política en materia de lucha  contra la deforestación tiene en relación a las exportaciones en varios mercados del mundo, donde  se exige, para la introducción de productos, que el país muestre una fuerte política combatiendo la  

2https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inf._de_implementacion_2023_-_r2.pdf

deforestación y la degradación forestal. Tomemos como ejemplo el Reglamento Europeo sobre  productos libres de deforestación, adoptado en junio de 2023 que tiene efecto directo sobre las  exportaciones de Argentina en materia de, soja, ganado bovino y madera. En caso de confirmarse  una norma como la propuesta argentina tendría mayores posibilidades de ser considerada un país con  nivel de riesgo alto y por ende sus productos exportables ser sujeto de una mayor intensidad de  fiscalización y monitoreo por parte de la Unión Europea y demás mercados que evalúan normas  similares. 

Solicitamos a la Cámara Baja que rechace de plano estas reformas.  

LEY 26.639 DE GLACIARES 

ARTICULO 502.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 26.639, Régimen de presupuestos mínimos  para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial ARTICULO 503.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 26.639, Régimen de presupuestos mínimos  para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

El proyecto de ley pretende modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la preservación  de los Glaciares y del Ambiente y del Ambiente Periglacial con el fin explícito de habilitar la  actividad económica en la zona periglacial. Esto sugiere un cambio en la orientación de la ley hacia  consideraciones económicas en detrimento de los objetivos ambientales y de conservación, y  genera preocupación en tanto implicaría la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley.  

Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la  definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a  determinados glaciares. Ello da respuesta a un reclamo histórico del sector minero en detrimento  de la protección ecosistémica constituyendo una clara vulneración al principio de no regresión  ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú (en plena vigencia y ratificado por nuestro país).  

A su vez, la protección está condicionada a una serie de requisitos restrictivos y discrecionales que  redundan en la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley vigente como, por ejemplo, la  limitación a glaciares sólo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares en tanto éste es  incompleto por excluir pequeños glaciares; la existencia de una “función hídrica efectiva y  relevante” como condición necesaria para justificar la protección de glaciares y ambiente periglacial  a pesar de que ya estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros. Sumado a ello,  el mensaje presidencial al inicio del proyecto de ley señala que de este modo se revierte un  “avasallamiento” del poder federal sobre las provincias. Esta posición desconoce el mandato  constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección del ambiente (art. 41,  Constitución Nacional).  

El proyecto aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el  Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias. Como consecuencia de todo lo expuesto,  se vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como  reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio 

climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida  humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas.  

Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 502 y 503 del proyecto de Ley.  

TÍTULO III – REORGANIZACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO VIII – BIOECONOMÍA SECCIÓN III – RÉGIMEN FEDERAL DE PESCA (LEY 24922) 

LEY 24.922 REGIMEN FEDERAL DE PESCA (LFP) 

ARTÍCULO 242.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley No 24.922  ARTÍCULO 243.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley No 24.922  ARTÍCULO 244.- Derógase el artículo 25 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 245.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley No 24.922  ARTÍCULO 246.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 247.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la Ley No 24.922  ARTÍCULO 248.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley No 24.922  ARTÍCULO 249.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 250.- Derógase el artículo 34 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 251.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 252.- Derógase el artículo 40 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 253.- Se respetarán y serán válidos los permisos, autorizaciones de pesca y cuotas ya  otorgadas mediante la Ley No 24.922 hasta su vencimiento.

El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios  a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad  de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP). 

Asimismo, deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en  muelles argentinos pudiendo descargarse en otros puertos o mediante transbordos en alta mar  lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca.  

Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Para  esos estándares internacionales que han sido adoptados por Europa y Estados Unidos, una decisión  como la eliminación del artículo 25 de la Ley 24.922 o las varias medidas de desregulación en los  controles sobre la actividad en aguas de jurisdicción nacional provocará una pésima calificación en  materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de  ingreso a esos mercados.  

Otro aspecto muy grave de la reforma es el traslado de funciones desde el CFP hacia la autoridad de  aplicación nacional, lo que importa una mengua de los derechos de las provincias costeras que  participan en dicho órgano. El CFP adopta decisiones tanto para el sector de dominio provincial (art.  3 LFP) como en el sector de dominio y jurisdicción nacional (art. 4 LFP), es decir, la Nación y las  provincias costeras concertan y comparten las decisiones políticas de todos los espacios de  jurisdicción nacional. Una reforma unilateral como la propuesta de aspectos que atacan 

competencias exclusivas de las provincias que habían adherido mediante el mecanismo del artículo  69 LFP a un formato que ahora se les modifica, requerirá de una revisión y actualización de dichas  leyes provinciales aceptando el nuevo texto. Se abre todo un proceso con resolución incierta, que  podría provocar un colapso de la estructura normativa y económica del sector. 

La Ley 24.922 ya adolece de insuficientes previsiones en materia de externalidades negativas que  la pesca, como toda actividad productiva, puede tener sobre el ambiente, lo cual es necesario  atender con fines de mejora, entrecruzando los principios que trajo la legislación ambiental vigente,  particularmente el enfoque ecosistémico, el acceso a la información y la participación ciudadana. La  capacidad actual para fiscalizar las cuotas, la pesca incidental y las áreas de veda en la Zona  Económica Exclusiva ( ZEE) es de por si limitada, por ello el conjunto de reformas propuesto por la  ley ómnibus del PEN podría facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que  no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina

Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252  y 253 del proyecto de Ley.  

TÍTULO III – REORGANIZACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO IX – ENERGÍA SECCIÓN IX – DE LA  TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ARTICULO 320.- A los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases  Efectos Invernadero (GEI) comprometidos por la República Argentina en las Contribuciones  Determinadas a Nivel Nacional en el marco del Acuerdo de París, Facúltase al PODER EJECUTIVO  NACIONAL a asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía  compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para  el 2030 y sucesivas. ARTICULO 321.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer anualmente límites de  derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y  obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes  contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de  emisiones de GEI comprometidas por el país y asumiendo que existirá un porcentaje de nueva  capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión  sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio. ARTICULO 322.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a monitorear el avance en el  cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y en caso de incumplimiento penalizarlo. ARTICULO 323.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer un mercado de derechos  de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a  aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización. ARTICULO 324.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer las reglas del mercado de  derechos de emisión de GEI, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no  existan posiciones dominantes u oligopolio. La demanda y los responsables de actividades emisoras de GEI serán los encargados de dar  cumplimiento a las metas de emisiones de GEI del país para lo cual el Estado Nacional generará
condiciones e instrumentos para facilitar a las empresas privadas, al sector público y a otros  organismos, el logro de las mismas y el acceso a financiamiento climático.

Esta sección del proyecto de ley lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la  transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de  ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y  carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París

El proyecto se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto  invernadero (GEI), lo cual porta un potencial para estimular mayores niveles de emisión, y adolece  de una visión mercantilizadora de la naturaleza. Pretende asignar derechos de emisión de GEI a  cada sector y subsector de la economía “compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones  de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas”. Sin embargo, no hace referencia a la  necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que  el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT)  se llevan las porciones de la torta más grandes del Inventario Nacional de Gases de Efecto  Invernadero.  

Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de  GEI, establecimiento de límites de emisión, monitoreo de avances, establecimiento de un  mercado y sus reglas, además de la plataforma de registro, y penalización en caso de  incumplimiento. El interrogante que de aquí se desprende es: si estas actividades quedan  vinculadas al PEN, ¿cuál es el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no  gubernamentales competentes en la temática? 

Por otro lado, hace mención a la posibilidad de que exista un “porcentaje de nueva  capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión  sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio”. Esto,  además de resultar sumamente contradictorio con los objetivos de reducción de emisiones, no  queda claro si estaría asumiendo que el derecho de emisión será mayor para algún sector/subsector  en particular, o que se tendrían que reajustar los demás derechos de emisión para cumplir con los  compromisos internacionales a 2030 y 2050. 

Establece que se realizará un monitoreo del cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y que,  en caso de incumplimiento, se penalizará. Si bien este punto es importante, no establece el proyecto  de ley cómo y con qué metodologías realizará dicho monitoreo, ni tampoco hace alusión a cómo  serán establecidas las penas por supuestos incumplimientos.  

Los mecanismos de mercado de carbono pueden ser una herramienta válida, luego de agotadas  las medidas tendientes a la reducción de emisiones y deben estar enmarcados en una estrategia  que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad  a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores  fundamentales como academia, sociedad civil, comunidades originarias y locales, jóvenes, y 

grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. Esta sección del proyecto de ley no hace  referencia a cómo se articulará entre los diversos actores y sectores, además de no mencionar qué  sucederá con la Estrategia Nacional para el Uso de Mercados de Carbono sancionada a través de la  Resolución 385/2023 por el gobierno anterior. En esta línea, el Congreso debiera avanzar hacia una  discusión de una nueva Ley de Transiciones Energéticas que incorpore, entre otras cuestiones, la  contabilización de emisiones de GEI.  

Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 320, 321, 322 y 324 del proyecto de Ley.  

PALABRAS FINALES 

El proyecto de ley que nos convoca hace una lectura parcial y fragmentada de la Constitución  Nacional.  

Enfatiza en los beneficios de la libertad a los que se refiere el Preámbulo pero elude el derecho al  ambiente sano, equilibrado y sustentable y el deber de preservarlo reconocidos en el art. 41 del  texto constitucional. Es fundamental que, al momento de debatir el proyecto de ley objeto de  análisis, los diputados y senadores no pierdan de vista este derecho-deber. 

El principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) establece que la  legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance  y amplitud.  

El proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental dado que los cambios propuestos  a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya  alcanzados. 

Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando  destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Entre esos logros, se encuentran las normas que este  proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del  ambiente y los recursos naturales en la Argentina. 

Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente  alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional. 

Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno  contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los  resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden  beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en  los foros multilaterales ambientales.

Carta completa, con firmas.

ley de bases

Peor que en diciembre: Rechazo a la Ley de Bases

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en defensa de los derechos ambientales y sociales de la población, expresamos nuestro más enérgico repudio hacia el proyecto de Ley Bases. Instamos a cada miembro/a de la honorable Cámara de Diputados de la Nación que rechace el proyecto en su totalidad.

Esta legislación es impulsada bajo la falsa narrativa de una estabilización económica. Pero la realidad es que representa un grave retroceso para nuestro país; profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes y socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social.

Es de un profundo rechazo por la democracia y los valores sociales que este país ostenta como base en los últimos cuarenta años avanzar con una propuesta que otorga facultades extraordinarias al presidente. Se pretende así avanzar en la disolución de organismos nacionales clave. Entre ellos los destinados a la conservación o la investigación científica, como la Administración de Parques Nacionales, ACUMAR, CONICET e INTI.

En primer lugar, es imperativo destacar que el proyecto contempla una serie de disposiciones relativas al sector energético que están hechos a la medida de las grandes empresas petroleras. Se propone una modificación de al menos 72 artículos vinculados a la normativa energética, abarcando aspectos cruciales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley Gas Natural 24.076 modifica 6 artículos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741 también 2 artículos, y también en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica. Esta amplia reforma energética, no solo destruye la poca soberanía nacional restante en el sector. Sino que también va absolutamente a contramano de los cambios que sabemos necesarios al sistema energético.

Asimismo, resulta alarmante la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, abre la puerta a decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de un sector ya altamente concentrado en términos de poder. 

Por otro lado, el proyecto incluye el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual plantea una serie de beneficios fiscales y administrativos para que las corporaciones de gran escala tengan libre acción. El RIGI como está planteado, es la base para el saqueo. Fomenta la precarización laboral y la concentración de la riqueza. Debilita aún más los ya exiguos mecanismos de control y regulación del Estado sobre las actividades económicas. 

Dentro de este contexto, es importante resaltar que la Ley Bases también contempla disposiciones que afectarían negativamente la estructura administrativa y regulatoria del Estado. Se propone una modificación de 31 artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo que, en la práctica, favorece tajantemente a los grandes intereses corporativos.

Ante este panorama preocupante, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas instamos a los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados a rechazar la ley en su totalidad.

Colapso Ambiental y democratico

El colapso no es solo ambiental, sino democrático

Además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, hay una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades.

por Maristella Svampa para elDiarioAr

Aunque soy ecologista, estoy lejos de pensar que el colapso de las sociedades es o sólo puede ser ambiental. En realidad, si miramos con perspectiva histórica, la desaparición de determinadas sociedades no refleja solamente causas climáticas o ecológicas, como la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, la mala gestión del agua, entre otros factores, hoy agravados por el extractivismo y la crisis climática, así como por la gran escala de los fenómenos. El colapso involucra también factores determinantes de orden político y geopolítico. 

Autores como el ya fallecido español Ramón Fernández Durán, cofundador de Ecologistas en Acción (quien dejó una gran obra que analiza el rol de la energía en el declive del capitalismo global) incluyen, además de los límites ecológicos del planeta y el agotamiento de recursos, una fuerte erosión del sistema democrático y la tendencia a la refeudalización de las sociedades, en el marco de una clima de guerra.

De hecho, hoy está de moda hablar de policrisis para caracterizar el momento postpandémico, en el cual se entrecruzan crisis múltiples, desde la crisis social vinculada al aumento de las desigualdades, la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, la escalada de la guerra a nivel global y, por supuesto, la expansión de las extremas derechas, de fuerte vocación anti-igualitaria y antidemocrática. Asimismo suele decirse que la policrisis civilizatoria podría adquirir rasgos de “tormenta perfecta”, en la medida en que estas dimensiones tienden a superponerse y potenciarse, generando escenarios de mayor incertidumbre, incluso de (auto)destrucción política a gran escala. Así que, a la hora actual, las sociedades no solo se encaminan conscientemente al ecocidio, sino antes que nada, al suicidio político de sus instituciones democráticas. 

En Argentina, el triunfo de Javier Milei y los primeros meses de su gobierno nos han instalado de modo hiperbólico en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Nada mejor que recordar el libro “Cómo mueren las democracias”, escrito en 2018, en el cual S.Levitsky y D. Ziblatt, impulsados por el caso de Donald Trump, desarrollan cuatro indicadores de un comportamiento autoritario. Según los autores, el hecho de incurrir en uno solo de ellos, colocaría ya a un gobierno en la vía del autoritarismo. Sin embargo, en sólo cuatro meses Milei cumple acabadamente con los cuatro puntos, y pretende avanzar a pasos acelerados hacia un modelo autocrático.

El primer indicador se refiere al “rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas de juego”. Así, la escasa vocación republicana del nuevo presidente arrancó con el inconstitucional DNU (todavía vigente) y en la fracasada Ley Ómnibus; se hizo visible en el trato violento y despectivo hacia el Congreso Nacional (al que ha tratado de “nido de ratas”); También lo reflejan sus declaraciones previas acerca de si cree o no en el régimen democrático. Como otras extremas derechas hoy en boga, Milei dice creer en la libertad (a la que entiende como “libertad individual”, sobre la base de mercados libres y propiedad privada), pero no en la democracia (que en su formato constitucional requiere el equilibrio de poderes y de una mirada colectiva de la sociedad basada en el bien común).

El segundo indicador alude a la “negación de la legitimidad de los adversarios políticos”. En esto Milei ha dado más que pruebas suficientes, a través del insulto y la agresión reiterada. En el plano nacional, los adversarios políticos son tratados de “delincuentes”, “traidores”, “corruptos” y “extorsionadores”. En el plano internacional, tampoco ha ahorrado calificativos: se ha referido  a Gustavo Petro de Colombia como “asesino” y “terrorista”, y durante la campaña electoral había tildado a Lula da Silva de “corrupto” y “ladrón”. 

El tercero refiere a la “Tolerancia y /o fomento de la violencia”. Dicha intolerancia se manifiesta en una tendencia a la obscenidad serial, muy particularmente a través del uso de las redes sociales, en las que Milei invierte horas de su trabajo presidencial. Con estupor, hemos visto como repostea publicaciones vulgares y violentas contra gobernadores (como sucedió con el de Chubut, Ignacio Torres), o como en reuniones dejaba trascender la promesa de “mear a todos” los gobernadores, si no aprobaban su paquete de leyes. Hemos asistido al ensañamiento con algunos artistas (Lali Espósito) y en general para con todo aquel/la y que tenga cierta visibilidad pública y que critique o se atreva a discrepar con algunos de sus dichos o medidas.

El último indicador se refiere a la “predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”. En aras de ser expeditiva, enumero aquí solo dos elementos: uno, el alarmante dispositivo represivo puesto en marcha a nivel nacional para disuadir o no permitir movilizaciones sociales opositoras, de la mano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El llamado “protocolo antipiquetes” ha sido cuestionado por la totalidad de los organismos de Derechos Humanos, y ha generado en marzo de este año pedidos de informe de la OEA –y la CIDH– en relación “a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, así como por “las constantes agresiones a periodistas y obstáculos a la cobertura periodística”. Dos, los desaforados insultos a periodistas o medios que se atrevan a cuestionar mínimamente al presidente y sus políticas, más allá de cual sea la filiación político-ideológica. Lo escuchamos hablar con frecuencia de “periodistas ensobrados” (que cobran coimas), pese a lo cual no ha hecho ninguna denuncia judicial. Recientemente calificó el espacio periodístico como “corrompido, ensuciado, prostituido”; acusándolo de ejercer “la extorsión, la mentira, la difamación y la calumnia”. En fin, ya son más de veinte los periodistas de relieve nacional que han sufrido sus ataques de ira y vulgaridad.

Todo ello sin mencionar que en tan sólo cuatro meses Milei implementó una brutal política de ajuste económico neoliberal que potencia el fenómeno de la pobreza y la exclusión; que su política se encamina no solo a reducir sino decididamente a destruir la capacidad reguladora del Estado; y que su ataque virulento contra la educación pública, la ciencia y la cultura constituye un primer paso en la tarea de disciplinamiento de la sociedad. 

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Sin embargo, este inventario rápido que acabo de hacer, está lejos de ser secreto o clandestino; al contrario, opera a plena luz del día, con grandilocuencia y crueldad, frente a la sorpresa muchos, pero también de cara a la complicidad y el silencio de otros tantos. En este punto,  poco vale responsabilizar a la gestión anterior o al conjunto de las anteriores administraciones. Ningún fracaso político-económico anterior ni tampoco las disfunciones o problemas que pudiera tener el Estado argentino en sus diferentes facetas –político, social, de derechos humanos, cultural, educativo, sanitario, entre tantos otros- justifican la actual liquidación del legado democrático, que hoy el gobierno de Milei viene realizando con una brutalidad desenfrenada. 

Este es el punto que quisiera subrayar para cerrar este artículo. Las democracias no sólo se quiebran porque una sociedad harta de frustraciones decide votar a un presidente de abierta vocación autoritaria, y éste avanza sobre las instituciones. Las democracias mueren porque cuentan con la anuencia y complicidad de una parte importante del arco político- partidario; que en este caso involucra a las fuerzas de centroderecha y derecha; esas mismas fuerzas que hasta hace poco se consideraban a sí mismas como parte del campo democrático y republicano. Y que jamás hubieran permitido a un gobierno opositor ni el diez por ciento de los atropellos institucionales que a gran escala  está llevando a cabo Javier Milei. La centroderecha y la derecha argentina, que hoy están siendo absorbidas aceleradamente por la extrema derecha antidemocrática, son  corresponsables de esta tragedia mayor que estamos viviendo como país.  

En suma, los indicadores que proponen Levistky y Zibaltt para leer el quiebre de las democracias, son ante todo un mensaje-recordatorio que deberían tener en cuenta el conjunto de las fuerzas políticas argentinas que aun hoy se siguen diciendo y considerando democráticas.