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Ley Bases hacia un no país

Ley Bases: Hacia un no-país, el sueño libertario


Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

Desde hace cinco meses, nos encontramos inmensos en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), de entrega explícita, sin pudor alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a la vista de todo el mundo. La denominada nueva Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados empeora notablemente la anterior, aquella que fuera retirada por el gobierno en febrero pasado. De ser aprobada por el Senado, la Ley Bases nos convertiría en un no-país, sin control del territorio, ni estado de derecho. Nos quedaría solo la bandera, el himno, el escudo y la selección nacional de futbol (¡si no la privatizan!).

La Ley Bases habilita, por un lado, lo que algunos políticos y políticas levantamanos parecen ya haber olvidado de febrero a esta parte, y es el hecho de que otorga facultades extraordinarias al presidente, casi la suma del poder público, convirtiéndolo en un autócrata consumado que podrá decidir por decreto, a gusto y piacere, en casi todos los campos (económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, cultural). Estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y antiderechos.

Por otro lado, la Ley Bases implica una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional. De aprobarse el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.

La Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio

En esta línea, la Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Ciertamente, podría decirse que la Argentina ya conoce y padece todo esto desde hace 40 años, cuando el régimen de Carlos Menen reconfiguró la sociedad en un sentido neoliberal, desmantelando el Estado y privatizando grandes empresas públicas. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.

La entrega y retrocesos que propone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes naturales y sociales perdidos. Fíjense con todo aquello que se entregó y se retrocedió durante la fiesta menemista de privatizaciones y nuevas normativas de saqueo. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados, pero también más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió todavía no pudo ser recuperado, como los trenes que vertebraban el país. Los retrocesos legales, relativos a la legislación minera de saqueo, continúan intactos.

La Ley Bases es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final. Profundizará hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental como la Administración de Parques Nacionales o Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y organismos científicos. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, además de ello, apunta a la limitación de los espacios de participación pública.

 Esta ley establece la prioridad a las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que usen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. Todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto, la minería del litio y el fracking en Vaca Muerta. Es decir que si en alguna provincia de Argentina escasea el agua (como sucede hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Agreguemos a esto lo que podría suceder o más bien, lo que ya está sucediendo en contextos repetidos de colapsos localizados, como los que se producen en la actualidad, provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios, tormentas, tornados) o por stress hídricos (sequías). Las consecuencias serán tan imaginables como catastróficas para el conjunto de la población, con un Estado inexistente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público. Solo existirán los intereses y necesidades de las empresas.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Finalmente, en medio de esta vorágine destructiva, uno se pregunta que se oculta en esta entrega de facultades extraordinarias, a un presidente que dice odiar el estado y la justicia social y que elogia todo el tiempo a empresarios llamándolos “héroes” y promoviendo que fuguen divisas. ¿Qué hay detrás del RIGI, que sorprende en su abierta y absoluta concesión que implica incluso una entrega de todo por nada?

En realidad, nos quieren convertir en una zona de “Crack-Up capitalismo”, concepto acuñado por el historiador Quinn Slobodian en un libro publicado en 2023. Con Crack-Up capitalismo (que se puede traducir como choque, desplome, desmoronamiento), el autor se refiere a la creación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, sin límite alguno, sin derechos sociales, sin regulaciones estatales, libres de impuestos. Canary Wharf en Londres, Liechtenstein, comunidades cerradas en Estados Unidos y enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, y Dubai entre otros, son ejemplos de esta peligrosa tendencia. No por casualidad el subtítulo del libro Crack-up Capitalism es “Los radicales del mercado y el sueño de un mundo sin democracia”.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas

Ciertamente,esa es la aspiración del anarco-capitalismo; la de convertirnos en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos, como Elon Musk o, en su versión local, el magnate dueño de Mercado libre, que no quieren regulaciones estatales y sociales que controlen el capital ni pagar impuestos al Estado. Lo notable hoy de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario se había animado con determinadas ciudades o zonas; nunca con un país completo. Pero Milei les devuelve el sueño hecho realidad, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio “libre” para un pancapitalismo en el cual solo existen el mercado y el derecho del capital.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas. En esa línea, la Argentina todavía no es un modelo del horror y de autoritarismo, como lo es Bukele (presidente de El Salvador) con sus cárceles, sino un experimento de liquidación del Estado y todo depende si en estos meses ese proyecto se consolida para que se convierta en un modelo a seguir internacionalmente. Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue muy de cerca, con mucha atención, porque está hecho a medida del deseo del pancapitalismo y de odio a la democracia.

Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta donde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que ésta diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie en un país aguante tanta demolición institucional y crueldad social. Le toca decidir al Senado Nacional en esta encrucijada mayor de nuestra historia nacional. Y está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento consolidado y empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente en cómo reconstruir derechos, estado y sociedad en clave de solidaridad, de sostenibilidad de la vida y de transiciones ecosociales justas.

MS-EV/MF

Organizaciones rechazan las reformas en el proyecto de Ley Bases por afectar la protección ambiental

En una carta  dirigida a senadores y senadoras, 50 organizaciones de la sociedad civil advierten que el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos atenta contra la protección ambiental. 

El Proyecto de Ley de Bases enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone cambios que implican un enorme retroceso para la protección del ambiente. 

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Senadoras y Senadores manifestando que el Proyecto contiene artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes. Entre otros puntos, resaltan que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Además, alertan que se trata de un proyecto que pretende beneficiar a las actividades económicas primarias y extractivas, lo que afecta el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales.  

Según la carta, el proyecto de ley permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector como la Administración de Parques Nacionales. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. La aprobación  de la Ley de Bases significaría una delegación legislativa imperdonable en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas sin contemplar una mirada social ni ambiental, y la limitación de los espacios de participación pública.

“Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no  destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, afirman al cierre de la carta.

Por eso, las organizaciones exhortan a la Cámara de Senadores a rechazar las propuestas del proyecto de Ley de Bases. Estas colisionan de lleno contra principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, y afectan los resultados económicos y productivos de diversas actividades que la norma pretende beneficiar.

Cuatro objeciones ambientales al proyecto de ley bases

  1. Reforma del Estado y reorganización administrativa

Importantes organismos de la administración centralizada y descentralizada corren riesgo de ver transformada su estructura jurídica, disminuidas sus competencias o, incluso, de ser eliminados. Entre ellas, la Administración de Parques Nacionales, la cual podría verse afectada de manera directa como consecuencia del art. 3 del proyecto de ley. Se trata de un organismo clave para la preservación de los espacios naturales y la biodiversidad, que articula políticas y acciones entre la nación y las provincias que han llevado décadas establecer. También podrían verse afectados otros organismos vinculados a cuestiones ambientales como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros. 

  1. Fondos Fiduciarios

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre los fondos de relevancia para la política ambiental se destacan el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y otros fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, como el FODER y el FODIS, respectivamente.

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir, de acuerdo a la Ley de Bosques, el 0,3% del Presupuesto Nacional. Sin embargo, a marzo de 2024, tiene programado un presupuesto 18 veces menor. Ante el incremento de incendios provocados de manera intencional o por el propio efecto de la crisis climática, el gobierno nacional no ejecutó ni un solo peso de los $12.101 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. A marzo de 2024, solamente se ejecutaron $275 millones dentro de la actividad Manejo del Fuego, que representan un 0,01% de lo erogado en pago de servicio de la deuda. Estos datos dan cuenta de que la disolución de estos fondos es una probabilidad cierta.

La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos (Ley 26.331): dejaría de existir el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan (art. 30) y a los titulares de tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de información de las diferentes jurisdicciones (art. 35). 

Estos fondos son los pilares de las políticas ambientales en Argentina: son fundamentales por la importancia que tiene la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, o el Fondo Nacional de Manejo de Fuego para dotar de las herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

  1. Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene por objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados. 

El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva. 

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología. 

No hay separación posible entre la promoción de un determinado modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador como lo hace el RIGI y la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y por ende la calidad democrática. 

  1. Reforma energética 

Es imperativo destacar que el proyecto contempla una serie de disposiciones relativas al sector energético que benefician exclusivamente a las principales empresas del sector hidrocarburífero. Se propone una modificación de al menos 72 artículos vinculados a la normativa energética, abarcando aspectos cruciales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley Gas Natural 24.076 modifica 6 artículos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741 también 2 artículos, y también en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica. Esta amplia reforma energética no solo destruye la poca soberanía nacional restante en el sector, sino que va absolutamente a contramano de los avances que creemos necesarios sobre el sistema energético.

Asimismo, se pretende avanzar sobre la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, permitiría las decisiones unilaterales e inconsultas, en un sector ya altamente concentrado.

Leer la carta completa enviada al Senado acá

ley de bases

Peor que en diciembre: Rechazo a la Ley de Bases

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en defensa de los derechos ambientales y sociales de la población, expresamos nuestro más enérgico repudio hacia el proyecto de Ley Bases. Instamos a cada miembro/a de la honorable Cámara de Diputados de la Nación que rechace el proyecto en su totalidad.

Esta legislación es impulsada bajo la falsa narrativa de una estabilización económica. Pero la realidad es que representa un grave retroceso para nuestro país; profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes y socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social.

Es de un profundo rechazo por la democracia y los valores sociales que este país ostenta como base en los últimos cuarenta años avanzar con una propuesta que otorga facultades extraordinarias al presidente. Se pretende así avanzar en la disolución de organismos nacionales clave. Entre ellos los destinados a la conservación o la investigación científica, como la Administración de Parques Nacionales, ACUMAR, CONICET e INTI.

En primer lugar, es imperativo destacar que el proyecto contempla una serie de disposiciones relativas al sector energético que están hechos a la medida de las grandes empresas petroleras. Se propone una modificación de al menos 72 artículos vinculados a la normativa energética, abarcando aspectos cruciales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley Gas Natural 24.076 modifica 6 artículos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741 también 2 artículos, y también en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica. Esta amplia reforma energética, no solo destruye la poca soberanía nacional restante en el sector. Sino que también va absolutamente a contramano de los cambios que sabemos necesarios al sistema energético.

Asimismo, resulta alarmante la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, abre la puerta a decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de un sector ya altamente concentrado en términos de poder. 

Por otro lado, el proyecto incluye el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual plantea una serie de beneficios fiscales y administrativos para que las corporaciones de gran escala tengan libre acción. El RIGI como está planteado, es la base para el saqueo. Fomenta la precarización laboral y la concentración de la riqueza. Debilita aún más los ya exiguos mecanismos de control y regulación del Estado sobre las actividades económicas. 

Dentro de este contexto, es importante resaltar que la Ley Bases también contempla disposiciones que afectarían negativamente la estructura administrativa y regulatoria del Estado. Se propone una modificación de 31 artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo que, en la práctica, favorece tajantemente a los grandes intereses corporativos.

Ante este panorama preocupante, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas instamos a los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados a rechazar la ley en su totalidad.

Organizaciones Ambientalistas Denuncian Lobby Minero Contra La Ley De Glaciares

Desde las organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la escandalosa maniobra de lobby que están realizando las grandes mineras transnacionales en el Congreso Nacional en el tratamiento de la Ley Ómnibus. 

El intento de modificar regresivamente la Ley de Glaciares es un claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos de nuestro país. La Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de nuestra población. Este ataque es inaceptable y evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional. Estas modificaciones regresivas buscan autorizar la actividad minera en zonas actualmente protegidas, donde se encuentran glaciares y ambiente periglaciar, permitiendo su destrucción, perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales. No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio. Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero. 

Desde las organizaciones sociales y ambientales de todo el país, exigimos a los diputados nacionales (de todos los partidos) que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares. La mirada vigilante de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial. 

#LaLeyDeGlaciaresNoSeToca

ADHESIONES ORGANIZACIONALES

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y Presidente Honorario del Servicio Paz y Justicia

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA)

Greenpeace Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Multisectorial Humedales (MH)

Multisectorial Golfo San Matías

Rebelión Científica Argentina

Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur

Colectiva Ecofeminista y Socioambiental Mirá

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra – UTT

ANDHES (Abogados y abogadas del noroeste argentino derechos humanos y estudios sociales)

Frente Popular Darío Santillan (FPDS)

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)

Asamblea en defensa del Agua y del Territorio, Ing. Jacobacci, Río Negro

Asamblea No a la Mina Esquel. Chubut

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC – UBA- IEALC) 

Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas)

Pañuelos en Rebeldía

XR Argentina
Asamblea El Algarrobo. Andalgalá 

Tierra para Vivir – Marabunta”

Museo del Hambre

Observatorio Petrolero Sur

El Paraná no se Toca

Asociación Patrimonio Natural

Viernes por el Futuro Rosario

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Frente Rural La Dignidad Córdoba

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Poder Popular

Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos

Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir

Grupo Güerta y Energía Concepción del Uruguay Entre Ríos

Taller de Comunicación Ambiental (Rosario)

Movimiento político ecológico de raíz 

Alianza por el Clima.

Movimiento para el reconocimiento y transformación del pueblo Mrtp

Campaña Fuera Mekorot 

Ambiente en Lucha

Espartaco (organización de jóvenes humanistas)

Asamblea por un Mar Libre de petroleras, Mar del Plata

Defensores del Pastizal
Multisectorial Comarca Marítima Viedma-Patagones-El Cóndor

Asamblea Vecinal Ramallo 

Observatorio de Derecho Indígena

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea por la Tierra y el Agua Fiske Menuco

Asociación civil por la Justicia ambiental AJAM

Asamblea no a los Agrotóxicos en San Jose y Colon (Asamblea de Perucho). Entre Rios

Asamblea de trabajadores del arte Nicoleñx 

Kula Earth Asociación Civil

Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC)

Asamblea En Comunidad por la Cultura. Las Grutas

Asamblea Agüita Pura para San Juan

Ecoderecho ar

Asamblea vecinal autoconvocada “Yo amo a mis sierras”, de san Francisco del monte de oro, san Luis.

Nodo Argentina de la REd latinoamericana Iglesias y Minería

Be. Pe. – Bienaventurados los Pobres, asociación civil de Catamarca y Santiago del Estero, Personería Jurídica N° 108/85

Asociación Civil Tierra Unida Activa (Alpa Corral. Córdoba)

Comunidades Eclesiales de Base de Catamarca 

Paren de Fumigarnos Mar del Plata

Red de Jóvenes en Defensa de los Territorios

Somos Monte Chaco

SoliVerde – Collectif 

Consciente Colectivo

Movimiento Popular la Dignidad Córdoba

Movimiento Agroecológico de Córdoba

Equipo de Animación Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Misioneros Claretianos Provincia San José Del Sur

Fundación R.E.VERDECER-SALTA , la Creación. Misioneros Claretianos, Provincia San José del Sur

En Comunidad por la Cultura de del Golfo San Matías
Asamblea por la Tierra y el Agua Las Grutas
COLECTIVO LGBTTTIQ+ Golfo Diverso

Colectivo Organizado por la Salud de los Pueblos.

Centro Ecuménico de Educación Popular CEDEPO

Correntinos contra el cambio climático

Comunidad Warpe Lahue Xumec Hijos del Sol Colectivo Ciencia y Territorio (Puerto Madryn, Chubut)

Ecos de Mar, Mar del Plata

Asamblea Abierta en Defensa de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte

Red Ecosocialista 

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones

Multisectorial Humedales – Paraná

Asociación Ambientalista del Partido de Escobar ( Buenos Aires)

Asociación Ambientalista Los Talares (Maschwitz, Buenos  Aires)

Agenda para el Futuro

Asamblea Vecinos de Viedma y Patagones
Asamblea Riojana Capital

Árbol de Pie, Bariloche

Asamblea Ecoambiental Luján  (bs as)

Asociación Civil Un Árbol Más

Asamblea por la vida Chilecito

Defensoras del Agua del Famatina

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) 

Agrupación Alternativa del CURZA, Universidad Nacional del Comahue

Red Bosques Políticas y Territorios

Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 

Asociación Civil Vamos A Hacerlo

Asociación Civil Circuito Verde Bariloche

Salvemos los Humedales Villa Constitución

Somos Monte Chaco 

Asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú

Organización de Ambientalista Autoconvocados

Colectivo de investigación-acción “Al Borde. Construyendo pensamiento indisciplinado” (CIG/IdHICS – UNLP/CONICET)

Asociación civil Mujeres Emprendedoras Mendoza 

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) 

Mesa Provincial de Barrios Populares Mendoza 

Fundación Cebil – Salta

Unión de Escritoras y Escritores 

Sustentabilidad sin Fronteras

Vecinos en defensa de Los Cardales y Río Luján – Asociación Civil- Vecinos 

del Humedal 

Autoconvocades Ushuaia 

Colectivo del Orgullo LGBTTIQ+ TDF (comisión organizadora de la marcha LGBTTIQ+)

Red Diversa Positiva (ONG)

Vecinos por la Ecología

Movimiento Político Ecológico De Raíz 

Círculo Soberanía Alimentaria UNSAM
Revista Mutante, Mendoza. Medio de comunicación desde estudiantes y egresadxs de carreras audiovisuales y artísticas.

Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.

SaSa (Tucumán)

Asamblea Popular Ushuaia

Movimiento por el agua (MoPEA), Santa Fe

Vecinos Autoconvocados por la vida.

Proyecto Montecito

Andalgalá Mujeres del silencio. Andalgalá.

Asamblea Agua Clara . Choya.  Andalgalá

Defensas de la Costa, Santa Fe

Cooperativa Eco-Candioti, Santa Fe

Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente
Asociación Defensa del Ciudadano (ADECI), Santa Fe

Alianza x el Clima 

Asamblea del Mallín en Defensa del Agua y la Tierra (Comarca Andina, Rio Negro y Chubut)

RedGFU, Instituto de yoga Acuarius, Asociación civil sin fines de lucro Tunuyán, Mendoza.

Asamblea Popular por el Agua, Mendoza

Asociación De Profesionales De Salud La Matanza (A.P.S- La Matanzas)

Humedales La Plata, Berisso, Ensenada

Cátedra Ambiente y Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

Asamblea por el Agua San Rafael.                  

Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza 

Asamblea Tupungato por Agua pura

Las Pibas del Agua. Mendoza

Asamblea de Técnicos en Conservación de la Naturaleza. Mendoza

Asamblea de Pibes Autoconconvocades San Carlos Mza

Conciencia Ecológica

AmbientArg 

Adhesión Foro INFANCIA ROBADA-Comodoro Rivadavia-Chubut

Centro de Protección a la Naturaleza. CeProNat Santa Fe.

CADA (Cerro Azul Despierta Asamblea) Sierras Chicas de Córdoba

Asamblea Maipucina por el Agua (Maipú, Mendoza)

Fundacion Pedemonte-Mendoza

350 América Latina – Argentina

SOS Adoquines Platenses 

Verdesierto: Divulgación Geológica y Natural 

Vecinas Autoconvocadas Humedal Urbano Génova (VACHUG) 

Red Plurinacional de Pueblos Fumigados

Asamblea por el Árbol – Mendoza

Asamblea de Gaiman en defensa del medioambiente (Chubut)

Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, Capilla del Monte

Asociación Be. Pe. Bienaventurados los Pobres, de Catamarca y Santiago del Estero, Personería jurídica N° 108/85

Asamblea Inundados Tolosa (AIT) de la ciudad de  La Plata 

Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires 

Propuesta Sur (Rosario)

Asociación Civil Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad (Santa Fe)

Red Jarilla de Plantas de la Patagonia

Kalu Verde (comercializadora Agroecologica de Mendoza)

Asamblea por el Valle de Uspallata

Movimiento Político Ecológico De Raíz 

Taller Ecologista

Ambiente Plurinacional (FPDS CP)

 Colectiva corazón del tiempo

Asamblea en defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE) Asociación Civil (Chubut) 

Federación Argentina de Espeleología, Malargüe, Mendoza

Fundación Cullunche – Mendoza

Asamblea Ambiental Vecinal de Villa Las Selvas ( Córdoba, Salsipuedes)

Ecoasamblea El Boquerón (Pcia de bs as)

Exaltación Salud

Preservando el Parque de la Vida

Asamblea Provincial Pucará, Catamarca

Artículo 41

SUBVERSIÓN

Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza.

Radio Semilla – CABA

Asamblea barrial Sicardi, Garibaldi, Correas y Arana

Organización Ambientalista Unidos por Nuestras Acequias (Córdoba) 

Pueblos por el Agua.  Quebrada y Puna Jujeña 

Comunidad por la Naturaleza, Santa F

Coordinadora por el Cambio Social  

Federación Argentina de Espeleología

VECINOS POR EL AMBIENTE PUNILLA (CÓRDOBA) 

Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado. La Plata, Provincia de Buenos Aires.Comarca Sustentable – El Bolsón – Río Negro

Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes

Madre Tierra – Grupo de estudio sobre Ecología Profunda – El Bolsón – Río NegroDaniel Gutiérrez

Un Árbol Asociación Civil

La Champa, Brigada Forestal Comunitaria – Traslasierra, Cba. 

Liga Argentina por los Derechos Humanos Santa Fe 

Área Protegida Ambá 

Asociación de Medicina Rural

Asociación Civil Germinar Zona Norte

Asociación ambientalista Ecochutunzo de San Francisco del monte de oro prov. San Luis

Mercadito Agroecológico del Valle de Uco, Mendoza

Asamblea Por El Monte Salsipuedes Córdoba 

Asamblea Salsipuedes Nopuede Dormir Córdoba 

Asambleón de Asambleas Ambientales de Sierras Chicas Córdoba

Asociación. CIVIL Palabras santa fe

Asamblea Vecinal Inundados Villa Elvira ( AVIVE ) de la ciudad de La Plata.

Asociación civil Bahía Encerrada – Ushuaia (Tierra del Fuego)
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa 

Observatorio del Derecho a la Ciudad

El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

Colectivo Reciclador

El Reciclador Urbano

Escuela de Agroecología Urbana La Margarita

Conciencia Agroecológica 9 de Julio

Cátedra Libre de soberanía Alimentaria 9 de Julio

Red del Río Luján (Buenos Aires)

Conciencia Solidaria ONG – Al Cuidado del Medio 

Mesa provincial no a las Represas(Misiones) Ambiente, El Equilibrio Ecológico y los DD.HH  Asociación Civil

Museo del Hambre

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho a la Alimentación Adecuadachacra

Cátedra libre de Soberanía Alimentaria. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Mendoza

Asociación Civil Monte Vivo, Salsipuedes

GEA: Grupo de Ética Ambiental. SADAF

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Naturaleza de Derechos

Movimiento Agroecológico de Chaco

Consejo Ambiental Cuenca  del Anisacate 

Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz.

Movimiento Antinuclear Zárate Campana

MARA Movimiento Antinuclear de la República Argentina

El Paraná No Se Toca- Rosario, Santa Fe.

Colectivo Marcha Plurinacional de los Barbijos.

Paren de Fumigarnos-Tucumán

Asociación Civil El Buen Vivir Luján 

Feria Agroecológica El Buen Vivir Luján 

MAyA – Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia  (Córdoba)

Colectivo Social Todxs por Nuestros Arroyos  (Alta Gracia, Córdoba)

Grupo de Etnobiología-FCEyN-UBA

Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL, IEALC)

Multisectorial Bariloche

Ecos de Saladillo

Defensa Animal Asociación Civi

La Dársena, Plataforma de Arte y Pensamiento Situado. 

Grupo de estudio y trabajo junto a comunidades indígenas FAUBA

Multisectorial Somos Ambiente Colón Entre Ríos

Coop Feria Popular Colonense Ltda Colón ER

Asociación Civil CASa – Comunidad de Artistas de Salta. P. J. N° 7322 

Consejo Ambiental Cuenca del Anisacate

Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)

La Dársena Plataforma de Arte y Pensamiento Situado 

Círculo Argentino de Agroecología. CirAA. 

Grupo Interdisciplinario de Trabajo por la Salud Ambiental (GITSA, Trenque Lauquen, provincia de Buenos AiCEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las personas Aves Silvestres)

Asamblea  Semillas Libres YA!

Multisectorial contra el Agronegocio- La 41

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir

Coordinación Multisectorial Bariloche 

Espacio Intercuencas

Asamblea Barrial de Beccar

Asociación Civil para Todos lo que es de todos, San Isidro, Provincia de Buenos Aires

FAI – Feminismo Antiespecista Interseccional 

Adarsa, Asociación de Amigos del Río San Antonio, San Antonio de Arredondo, Córdoba.

Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe

Asociación Civil Pro Eco grupo ecologista, RENACE

Xumek, Asociación civil para la promoción y protección de derechos humanos, Mendoza.

AMPU – Asamblea Multisectorial de Punilla – ONG  Libera Tucumán 

Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA)

Asamblea Vecinal de Valle Hermoso, Córdoba

Brigada de Defensa Ambiental Valle Grande, Córdoba

Somos Más Río, Menos Basura

COA (Club de Observadores de Aves) Calandria, Rafaela. Aves Argentinas.

Attac Argentina 

Periódico Virginia Bolten 

Comunidad verde/ Reserva natural Tigre

Asamblea Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Sastre/María Juana – pcia. Santa FE)

Colectivo Paren de Fumigar Cordoba

Batuqueres La Plata

Espacio EnRED contra las violencias hacia las mujeres y diversidades – INTA AMBA

Armando redes contra la violencia de género – Sáenz Peña, Chaco

Asociación Cultural Argentino Brasilera A Turma da Bahiana

Afrovoces

Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM)

Columna Antiracista

Red Feminista de Trabajadoras del Estado en Territorio – Chaco

Fundación Estepa Viva, Río Grande, Tierra del Fuego

Fundación Alas de las Yungas Tucumán

Asamblea Socioambiental de El Trapiche, San Luis.

Asocacion de Medicina Rural 

Escritores Insurgentes y defensores de los bienes comunes y Derechos de los Pueblos Originarios

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Asamblea Ecoambiental Luján  (bs as)

Asamblea Autoconvocada Marcos Paz

Asamblea Vecinos del Chavascate. Sierras Chicas de Córdoba

Instituto de Salud Socioambiental, Asociación civil Salud Socioambiental

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Un Mundo de Dueños que viene por los superpoderes

1 de febrero de 2024. Por Maristella Svampa para elDiarioAr

No deja de sorprender que en un mundo en donde el 1% de los superricos acapara más del 50% de la riqueza generada; dónde el 10% más rico genera la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero; pese a todos los privilegios y superganancias que estos sectores obtienen, ya no se conformen con ello. No basta con seguir incrementando sus fortunas de modo infinito y de contaminar el planeta hasta el colapso: buscan también destruir toda resistencia y más aún, avanzar en lo que llaman la “batalla cultural”, legitimando el Mundo de Dueños, en nombre de la Libertad, del Individuo y el Mercado.

En Argentina, sin arrogarnos el rol de pioneros, actualmente nos erigimos en una de las expresiones más exacerbadas de este voraz Mundo de Dueños, que busca reformatear la sociedad, amoldándola a sus intereses y valores. Un Mundo de Dueños que viene por la destrucción del Estado y de sus regulaciones protectoras, por la derogación de los derechos sociales, culturales, económicos, de género y diversidades, ya semisocavados o maltratados, por los recientes derechos ambientales, y, más aún, por la aniquilación del primer derecho, el Derecho a la Protesta.

Este Mundo de Dueños que se erigió sin pudores de clase, al calor de la globalización neoliberal, no adviene como un rayo en un día de sol. Ni a nivel global ni en nuestra Argentina querida. Así como a nivel global, los partidos que se dicen de izquierda, democráticos y/o socialdemócratas fueron periclitando, y muchos ya no existen o están en manos de una clase política incoherente, poco audaz y muchas veces cooptada y enriquecida, alejada de los sufrimientos de las grandes mayorías; en Argentina tampoco venimos del mundo feliz de la Justicia social. Esa estructura de sentimiento que el peronismo supo alimentar en nombre de la Justicia Social y con el que las izquierdas trotskista y social vernácula no dejan de soñar de modo empecinado, hace rato que no es lo que supo ser.

Como en otras latitudes, la extrema derecha que representa Javier Milei logró capturar gran parte de ese descontento social, frente a un Estado extendido pero deficiente, que deja mucha gente afuera, que tolera mucha corrupción, agravado por los multiefectos de la crisis inflacionaria y el largo encierro de la pandemia. Pese a que el peronismo continúa controlando parte de la estructura política partidaria, ya no interpela aquella estructura del sentimiento que supo movilizar –sea en términos de baja o alta intensidad- en otros tiempos en clave de justicia social, de igualdad y de protagonismo de los sectores subalternos.

Milei rearticuló estos pesares y aspiraciones bajo una ideología extrema, cuyos ejes, la “libertad”, “el orden”, y la crítica a la “casta política” supieron ser altamente eficaces, contra la idea de una justicia social e igualdad cada vez más vaciada y sobreactuada. Y para ello cuenta con el apoyo de otros sectores conservadores y de derecha, ávidos de revancha social y política; cuenta con el declive republicano y recurrente de fuerzas históricas como la UCR, que siempre se dobla, pero no se rompe; y con el apoyo volátil de sectores dichos “federales” -una debilitada liga de gobernadores- capaz de venderse al mejor postor.

Hoy, mientras seguía el por momentos muy desalentador debate parlamentario por la llamada ley ómnibus, recordaba dos cosas: una, un reciente artículo de The Guardian, en el cual se menciona a los grupos que operan en las sombras, como Atlas Network y que está en el origen de los programas de shock de las extremas derechas. No hablamos ya de “Think Tanks”, sino de “Junktanks”, grupos/tanques de operadores abocados a la destrucción, que elaboran estos “programas de trituración” o “doctrinas de shock” (concepto de Naomi Klein).

La historia remite a Margaret Thatcher en Inglaterra y a Pinochet en Chile. Cercanamente está el ejemplo de Liz Truss, primera ministra inglesa, en 2022, que buscó implementar un “programa de shock” pero que solo duró 45 días. En Argentina la memoria mediana nos invita a recordar varios programas de shock: Martínez de Hoz bajo la última dictadura cívica-militar, (invocado varias veces hoy en la sesión de Diputados), el giro neoliberal de Menem en los 90, y el más cercano y fallido intento de Mauricio Macri.

Hoy es el caso de Javier Milei, que se propone con un mega DNU y una monstruosa ley ómnibus triturar derechos, aniquilar el Estado social (más allá de sus limitaciones) y a erigir al actual presidente en poderoso autócrata. El mismo Milei que recientemente en su discurso en Davos, trató a los dueños del mundo como “héroes”…

Hace tres años, en medio de la pandemia, ya se planteaba que, ante el incremento de las desigualdades sociales, seguramente se multiplicarían las protestas sociales en todo el mundo. Mucho más en países tradicionalmente desiguales, dependientes y periféricos, como los que abundan en la región latinoamericana. Ante tal realidad se abrían dos escenarios: uno, encarar una reforma social redistribucionista, lo cual implica tocar en serio los intereses de los superricos (una reforma tributaria progresiva muy amplia y profunda); dos, sencillamente apostar a la represión de las manifestaciones y continuar modificando la sociedad y el Estado a medida de sus “dueños”. Lograr un cambio de régimen, un estado de excepción, mientras se reprime en la calle, se ignora la emergencia social y ambiental y se profundiza la concentración económica.

Vemos que este segundo escenario es el que se va consolidando a nivel internacional. Y en Argentina, lamentablemente, somos pioneros. En suma, un país con el Congreso vallado y militarizado, que parece encaminarse a aprobar la media sanción de los superpoderes que exige este Mundo de Dueños. ¿Será que nos convertiremos en un monstruoso experimento libertario-patronal a cielo abierto?

El ambiente también era la casta

Gonzalo Vergez, 30 de Enero de 2024.

Al final la casta eran las tierras rurales productivas que hoy puede comprar sin limite cualquier extranjero adinerado. Al final, la casta eran los glaciares y los bosques que se entregan sin vueltas a las empresas, en un contexto de grave crisis hídrica y climática de la cual son los bosques quienes nos protegen. 

Al final la casta eran las tierras y humedales que protegíamos, y que pronto van a poder quemar para cambiarles “el uso de suelo”: dejará de ser un humedal, para luego de ser rellenado, cultivar más soja o maíz con todo el paquete químico que fomenta la agricultura agro-oncológica. Si, esa forma de hacer cultivar que produce cáncer y que mata a los niños y adultos. 

Al final la casta eran la tierra de Neuquén y el Mar Argentino, de donde se saca el petróleo, que pronto se va a extraer a un ritmo desconocido, impensado hasta ahora. Todo eso mientras los vecinos de vaca muerta no tienen gas ni asfalto y los nenes se despiertan asustados cuando les tiembla la cama por los sismos del fracking.

Al final la casta eran los minerales, el cobre, plomo, uranio, la plata y el litio, sobre los que la industria extractiva ya no tiene que informarnos. Todo, mientras las cuencas se hídricas se secan.   

La casta terminó siendo nuestra casa común. La tuya, la mía y la de los otros animales y seres vivos. 

Sepamos que, si esto avanza, si la “libertad avanza”, no hay vuelta atrás. No es posible restituir los glaciares a donde estaban. No podemos devolver los humedales. Reforestar nos llevará una vida, o dos.  Los daños ambientales son, en general, irreversibles. Tengámoslo claro: donde hubo fuego, apenas cenizas quedan.

Hoy es un día para reflexionar, cada quien como pueda. Algunos marchan, yo escribo. Lo que no se puede hacer, lo que no está permitido es no hacer nada. 

¿Se necesitan cambios? Seguro. Pero seguro que así no. 

Tampoco podemos entregar “facultades extraordinarias” a una persona que niega el cambio climático, para que haga a su gusto y necesidad lo que quiera con lo de todos.

Tenemos la obligación de proteger las leyes ambientales que tanto nos costaron, que no son perfectas, pero que aún con su imperfección, ofrecían un resguardo a nuestros bienes comunes. A nuestros bosques, glaciares, humedales, tierras productivas, minerales y a nuestros recursos energéticos.  

A los nuestros, y a los de los que vienen al lado, adelante y atrás. 

Por eso, gritemos fuerte: señoras y señores “representantes”, TIENEN EL DEBER DE PRESERVAR nuestro derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

Que quede claro: no se nos ocurre a nosotros caprichosamente, sino que los obliga el Art. 41 de nuestra Constitución Nacional. 

Gonzalo Vergez, Enero de 2024.

Dictamen de Ley Ómnibus

Rechazo al Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus

Lunes 22 de Enero 2024

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NACIONALES POR EL DICTAMEN DE LEY ÓMNIBUS

Estimadas y estimados diputados y diputadas nacionales,

Nos dirigimos a ustedes en representación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación y rechazo categórico hacia la versión de dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se encuentra en circulación. Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte 

Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales. 

De manera concreta nos referimos a:

  1. Ley de Glaciares:  Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
  2. Ley de Bosques: A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.   
  3. Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
  4. Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social. 

En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y  humedales.

OTRAS REGRESIONES AMBIENTALES QUE SE MANTIENEN EN EL PROYECTO 

Adicionalmente, este proyecto representa otros peligros en materia socioambiental que por sí solos ameritarían su rechazo. 

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización total (aunque si aparecen sujetas a privatización parcial) en este proyecto, la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas. Esto no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Todo esto posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico. 

Se propone la privatización de la Administración General de Puertos (en adelante “AGP”), consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

A su vez son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.

Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto. 

FACULTADES DELEGADAS, DEMOCRACIA Y CRISIS ECOLÓGICA 

Por otra parte, queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes -sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas”- puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la  situación de volver a imponer -ya sin la intervención del Congreso de la Nación- las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras).  

Las Facultades Delegadas -expresamente prohibidas por la Constitución Nacional- provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación -por decisión del parlamento- adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y  ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional. El mismísimo Art. 29 de la Constitución originaría de 1853, advirtió que “…actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio.

Por último, la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX.  

Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza.

Agradecemos su atención a este asunto crítico y confiamos en que tomarán la decisión que mejor responda a los intereses del pueblo argentino y la preservación de nuestros ecosistemas y sociedades que dependen de ellos.

Quedamos a entera disposición ante cualquier duda o consulta. 

Atentamente,

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Beneficiados por la Ley Omnibus

Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

enero 18, 2024

La Asociación de Abogadxs Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una “invitación a la destrucción”. La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. “Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza”, afirman.

*Exposición de Enrique Viale realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.

Publicada en Agencia Tierra Viva

Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.

Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosques y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.

Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.

Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica. 

Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo. 

También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.

En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente. 

Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.

Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

https://youtube.com/watch?v=DdfAoOCpj8s%3Ffeature%3Doembed
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Una reforma a pedido de los empresarios

Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.

Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.

Los beneficiados por la Ley Omnibus tienen nombre y apellido: Eduardo Elsztain, Cresud
El multimillonario Eduardo Elsztain y el presidente Milei – Foto: Télam

Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar. 

Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.

Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.

En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.

Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.

Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Ley Omnibus Rogelio Frigerio

No se comprende, gobernador Rogelio Frigerio

por Jorge Daneri para Analisis

Es importante que nuestro pueblo, pueda saber de lo que se trata, ser claros, muy claros en semejante crisis de credibilidad, de la palabra, angustia social, cultural, ambiental, laboral y particularmente, constitucional, en un contexto de cambio de época, de crisis de civilización.

Las palabras tienen mucha significación, relevancia e impacto. Seguramente lo tienen muy claro.

En la reunión que el primer mandatario de Entre Ríos mantuvo hace horas con el ministro del Interior, “(…) el gobernador manifestó su apoyo “a la mayoría de las leyes enviadas al Congreso”, y afirmó que “Argentina necesita avanzar con reformas profundas”. Además, subrayó que “es un momento histórico para generar cambios que sean sostenibles en el tiempo y terminen con los privilegios de unos pocos”. Así se expone en el sitio oficial del Gobierno de la Provincia (1).

Parece se refiere entonces a las reformas profundas enviadas no en leyes, sino en el proyecto de Ley ómnibus ingresado al Congreso de la Nación, por medio del cual se intenta derogar, reformar, cientos de leyes vigentes. Y se manifiesta a favor de generar cambios, no se dicen puntualmente a cuáles se refiere; se manifiesta la convicción de terminar con los privilegios de unos pocos. No se identifican a los privilegiados, los pocos. No se comprende entonces quiénes son esos pocos.

En resumen, sería trascendente saber, conocer muy puntual y detalladamente, cuales cambios de la mega ley acompaña el Señor Gobernador, cuáles son las reformas profundas que apoya y los pocos privilegiados que dejarán de serlo, muy bien identificados.

Ensayamos una lectura, ¿sería entonces que Frigerio acompaña las siguientes reformas profundas impulsadas por el Presidente Javier Milei en su iniciativa legislativa?: Realmente, ojalá estemos equivocados.

1) La propuesta del Presidente de la Nación implica el más grave retroceso posible en materia de protección de bosques nativos .”El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras, atenta con una norma paradigmática de consensos alcanzados entre diversos actores para que prosperara en el Parlamento tras largos debates legislativos y condicionaría las leyes provinciales de ordenamiento territorial de bosques nativos”.

Aquí mejor ni comentar los tres años de incendios en el delta y la Provincia toda, el descontrol, falta de presupuestos y equipamientos, etc. Ni hablar de selvas en galerías y montes nativos. Menos de fondos que con la propuesta de la mega ley, desaparecen y queda la ley protectoria de los montes, totalmente desfinanciada. ¿Esto apoya el Gobernador?

2) El proyecto de ley pretende modificar la ley de presupuestos mínimos de protección de Glaciares “con el fin explícito de habilitar la actividad económica en la zona periglacial. Lo expuesto es una respuesta al constante lobby del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica y constituye una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú.

¿Se acompaña violar el Acuerdo de Escazú en el ejercicio de sus herramientas de democracia participativa y ambiental?

3) El Señor Gobernador ¿acompaña la propuesta de reformas a la ley de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema (Ley 26.562)? El proyecto mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, pero establece una trampa infernal, precisamente. Determina un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud de autorización. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”. Notable privilegio, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego, sin ponderación de parámetros ambientales de ningún tipo.

Y así podríamos seguir, detallando los verdaderos privilegiados de las reformas, el poder de unos pocos personajes miembros del sindicato de las corporaciones del agronegocio, la mega minería y los combustibles fósiles, entre otros conglomerados de intereses, algunos aún impensados en la cultura de los paraísos fiscales.

Como la lista es interminable, incluso hace unos pocos días aún el Gobernador no había terminado de leer el DNU y el proyecto de mega ley que parece todo lo puede, recomendamos a la máxima autoridad constitucional de la provincia pueda acceder con sus equipos técnicos, donde se designó -en algunos casos- a seres humanos interesantes y competentes, se acceda a tres documentos relevantes, para no cansar al lector y observador interesado en tan delicado contexto que no se puede dejar de calificar, como brutal, ya lo hemos dicho, de terapia de Shock, en palabras de Naomi Klein:

https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/01/FARN-sobre-Ley-Omnibus.pdf

https://aadeaa.org/la-sociedad-civil-le-dice-no-a-la-ley-omnibus/ (2)

Finalmente, el proyecto de mega Ley y el DNU atentan contra lo estipulado por acuerdos internacionales y los principios fundamentales del derecho ambiental reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Usted sabe, o el Fiscal de Estado sin lugar a duda alguna, le puede narrar la historia social y judicial sobre la derrota legal de la provincia en el caso liderado por el colega Julio Majul y los derechos de la naturaleza de la cuenca del río Gualeguaychú. 

Este intento de retroceder en la protección y preservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional si logra, Señor gobernador, con el apoyo así manifestado en estas horas, ser sancionado por el Congreso de la Nación, lo que además, demostraría que las bases más sólidas e inapelables de la Unión Cívica Radical, se habrían fundido en el magma del mayor vacío ideológico de la historia argentina, en lo que ya dejaría de ser el centenario Partido de Alem, Yrigoyen, Ilia y Alfonsín.

El proyecto de Ley y el DNU, Señor Gobernador, es un ataque final frente a la posibilidad del ejercicio de la ética del cuidado de los territorios argentinos en todas nuestras fronteras, Entre Ríos, una de ellas, nacientes de cuencas, soberanía alimentaria y de nuestros ríos. La vida no se privatiza, sus reinos menos. No sea usted cómplice con todo su gobierno, de semejante agravio a la Constitución Argentina y al Programa Constitucional de nuestra provincia, una de las normas reformadas (2008) más avanzadas sobre ambiente y sustentabilidad de sus ecosistemas, de su territorio. Es éste su contrato y mandato social e institucional, no puede apoyar reformas nacionales extremas que violan groseramente la Constitución que el Señor Gobernador juró defender.

Referencias

1) https://noticias.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=76703

2) El presente texto se redactó sobre la base de los tres documentos citados en el mismo.

(*) Jorge Daneri es miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, (CAJE).

Ley de Glaciares: Nuestro patrimonio hídrico en Riesgo

Hace más de trece años, Argentina dio un paso crucial en la preservación de sus bienes naturales, cuando decidió sancionar la Ley de Glaciares N°26.639. Esta legislación ambiental se destaca como una de las más trascendentales del país, por ser producto de una conquista de la sociedad civil. La norma establece presupuestos mínimos para que el Estado garantice la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. También reconoce su papel estratégico en la preservación de las cuencas hídricas, al declarar a los cuerpos glaciares como bienes de carácter público.

La promulgación de leyes orientadas a la protección ambiental en Argentina representa un desafío monumental. Los poderosos intereses de la economía extractiva poseen una considerable capacidad e influencia política. La defensa del ambiente implica un interés colectivo, por lo cual debe ser abrazado por la población en su conjunto para hacer frente los lobbys. Al alcanzar niveles altos de legitimidad social es que se puede avanzar hacia legislaciones más comprometida con la justicia social y ecológica.

El interés de las personas por proteger nuestros ecosistemas se enfrenta a las ambiciones de grandes corporaciones internacionales y élites locales, ansiosas de apropiarse del territorio y de los bienes comunes. Esta apropiación implica sacrificar estos recursos para convertirlos en commodities destinados a la exportación, sin que los supuestos beneficios económicos lleguen a la ciudadanía.

Bajo este modelo, la salud de la población local se ve afectada. Los ríos se contaminan y los ecosistemas sufren una explotación desmedida, todo en nombre de un progreso nacional, que nunca logra mejoras tangibles para la sociedad.

Es por eso que la Ley de Glaciares marcó un hito significativo en la historia legislativa argentina. Es producto de las luchas populares y de la organización de la sociedad civil. Fueron fundamentales estos impulsos para que el Congreso promulgue una norma que no favorecía a los grandes intereses corporativos. Esta legislación, la segunda de presupuestos mínimos tras la Ley de Bosques, enfrentó incluso un veto presidencial en 2008.

Avances y Desafíos

Desde su implementación, la ley ha enfrentado recibió varios ataques de intereses de empresas mineras, en connivencia con ciertas autoridades provinciales. Logró resistir gracias al apoyo popular y su legitimidad.

Los embates legales y estrategias para limitar su alcance llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en procesos legales para confirmar su vigencia. Empresas mineras, como Barrick Gold, intentaron desafiarla judicialmente, evidenciando su desdén por la legislación ambiental argentina.

A pesar de los avances significativos, como la re-evaluación de 44 proyectos mineros que pretendían operar en áreas en las cuales afectarían directamente a los glaciares o sus cuencas, las amenazas que buscan eludir su aplicación vuelven.

En defensa del Agua

Esta legislación es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que alimentan el 70% del agua dulce de Argentina y son necesarios para la vida y el desarrollo de actividades económicas. A pesar de esto, la presión constante del sector minero para modificar las normativas provinciales suele desencadenar movilizaciones sociales en diversas provincias. Las más recientes son el Chubutazo (2021) y el Mendozazo (2022) evidenciando la preocupación que tiene la población por sus fuentes de agua.

Desafíos Pendientes:

A pesar de que en 2018 se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, este aún está incompleto y excluye ciertos glaciares, dejándolos desprotegidos. En un contexto de crisis climática y ecológica mundial, la implementación plena de esta ley se convierte en una decisión estratégica de nuestro país, no solo para preservar el ambiente, sino para garantizar el acceso vital al agua de toda la población.

Minería y Derechos Humanos:

Derogar esta ley sería abrir las puertas al avance de una minería que, históricamente, ha basado su rentabilidad en violaciones de derechos humanos y ambientales. Contrario a las afirmaciones de beneficios para las poblaciones locales, la realidad muestra que las comunidades no han experimentado mejoras económicas significativas debido a la minería.

Beneficios para la Población

La ley no solo protege nuestros glaciares como reservas estratégicas de agua sino que también resguarda la biodiversidad, proporciona información científica y contribuye al atractivo turístico. La preservación de los glaciares y de las cuencas hídricas de nuestro territornio no puede ser interpretado solamente como un condicionamiento a la minería. Es una decisión estratégica superior para preservar la fuente vital para las presentes y futuras generaciones.

La Ley de Glaciares es un hito en las conquistas ambientales argentina, pero su plena implementación es esencial. A medida que las consecuencias de la crisis climática se hacen más intensas sobre nuestros territorios, proteger los ecosistemas que nos otorgan resiliencia no es solo una elección ambiental, sino un compromiso con el bienestar y el futuro de la población argentina. Mantener y fortalecer esta legislación es crucial para resguardar la integridad de nuestros glaciares y garantizar un acceso sostenible al agua, un recurso invaluable para todos.