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La dignidad de la impermanencia

La civilización en la que vivimos en estos tiempos paso los límites que su madre, la Tierra, puede tolerar. Hemos violado la dignidad del mundo que nos dio la vida, a los unos y tantas otras madres que cultivaron amores para la perpetuidad de los seres humanos y no humanos. Los reinos de vida diversos están en proceso de extinción.

Somos parte de una civilización que perdió el sentido de la ternura, el respeto y la dignidad en la relación con la diversidad de seres de los cuales depende.

Perdió el sentido, la conciencia de su impermanencia y la ética en la continuidad convivencial de sus hijos, nietos, generaciones futuras de sueños posibles y amorosos; sí, del por-venir.

No respeta los límites naturales reconocidos por su propia ciencia. No politiza el amor por lo otro no humano. No lo quiere pensar, desarrollar, escribir, exponerlo en plataformas políticas, enriquecer ideologías, menos aún conformar propuestas, proyectos, tránsitos.

El problema, que es enorme, es que aún esta civilización, su paradigma de dominación productivista consumista (“La razón productivista”¹), resulta ser mayoría en su representación política y en proceso de profundización, no solo en Argentina, en gran parte del planeta.

Es un suicidio colectivo, gestionado por la voracidad demencial de poderes retrógrados, casi dioses² que buscan hasta la eternidad espacial, nanotecnológica y biotecnológica, o las dos integradas a la inteligencia artificial, quizás la mayor manifestación de la derrota casi final del ser humano que aún somos. Derrota de ese diálogo amoroso entre sentimientos y conciencia pensante.

Y en la alienación de esta cápsula tripulada en sus comandos por unas pocas corporaciones sin banderas ni escrúpulos, somos dependientes de las órdenes del fondo monetario internacional y la cultura de los paraísos fiscales (unos pocos mercenarios del mundo financiero) y negamos que somos totalmente dependientes de la Pachamama (madre tierra).

Es tal la magnitud de esta interdependencia y su negación, que bailamos la fiesta del extractivismo como un éxito, como una salvación. Nos constituimos en zonas de sacrificio y exclusión (enorme porcentaje de pobreza cultural, educativa y de las necesidades básicas insatisfechas) para exportar todo y corromper hasta la propia dignidad de las ideologías que nos conformaron como nación.

En este vacío ideológico «Nacional y Popular» –como gravemente del Radicalismo de la superestructura, sin olvidar al Socialismo argentino–, se necesita urgentemente recuperar sus «sistemas de ideas relacionados con las acciones», retomando el camino de construcción social y política de un «tercer movimiento histórico» nacional como lo esculpía y promovía Raúl Alfonsín.

El tercer movimiento que rescata los mayores valores y principios de la Unión Cívica Radical, el Socialismo y el Peronismo, en aquel sueño posible del preámbulo constitucional recitado por el presidente democrático, nos interpela provocando una revisión radical del sentido de nuestra Democracia, de los sentidos de vida de los movimientos políticos de las juventudes como de la diversidad de colectivos sociales. Aquellas comprometidas con los territorios y sus culturas, desde Ecologías Políticas expresadas por el ecosocialismo, el ecofeminismo, los movimientos indígenas, los colectivos asamblearios territorializados en la búsqueda de justicia ecosocial, que van entretejiendo sentido movimientista brindando la mística de vuelos convivenciales³ para las mayorías diversas que tanto lo necesitan.

La impermanecia política de los actuales candidatos, como de la vida de cada uno de nosotros, la impermanencia de la maldita grieta, como será también de la corrupción de las ideas y los dineros de los pueblos, nos permite, quizás nos posibilita, tomar conciencia de la gravedad de este cambio de época y la dignidad y lealtad de poner en la mesa del diálogo de saberes políticos, la crisis de civilización y el cómo transitar con más y más democracia participativa, salidas honorables, soberanas de nuestros territorios Abya yala.

DIÁLOGOS Y AUSENCIAS

Nuestro contrato social mayor nos brinda este camino. «Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina».

La conversación política sobre la ética y ejercicio de la equidad intergeneracionales para sostener los reinos de vida de los que somos parte y totalmente dependientes, es la gran ausente en las propuestas políticas mayoritarias³ para las elecciones de octubre.

Sin un ejercicio comprometido del preámbulo constitucional, sin poner en valor y marcha las herramientas de la conversación política hacia la unidad nacional desde el respeto a la diversidad, no vamos a salir en esta escala nacional, de semejante crisis de civilización.

Las expresiones del candidato a la Presidencia Javier Milei sobre la libertad para la contaminación de los ríos desde la lógica de la mercantilización de un derecho humano «vital» existencial, son las únicas que de modo brutal ponen en el tapete de las propuestas la problemática de la gestión de las aguas. Sus declaraciones desnudan la responsabilidad por irresponsables de los unos y los otros en la falta de cuidado, aplicación y cumplimiento de las convenciones ambientales internacionales, la Constitución nacional y las provinciales que todo lo dicen, como las Leyes de presupuestos mínimos ambientales, los principios rectores de la política hídrica nacional, como la ley de adaptación al cambio climático, reitero, en todo lo que hace a la gestión democrática de las cuencas y sus ecosistemas asociados.

Nada han hecho, solo cambiarle el nombre al río en un grave proceso de artificialización, lo llaman hidrovía para los cerebros de los mercados concentrados y privados.

Finalmente, este mal ejemplo de la gestión de ríos, se entrelaza con el rizoma de «los ríos voladores» que nos llueven, que nos lloran, que acarician y llenan de vida nuestras selvas, montes, llanuras, cuencas.

Los gobiernos de Brasil y Colombia vienen liderando los inicios de un renovado acuerdo amazónico para lograr deforestación cero en el territorio que hace llover en el cono sur y nuestra tierra (Argentina).

Es el campeonato del mundo el que allí se juega, el de la continuidad de la vida en la tierra que amamos más al sur de amazonia. No tenemos selección nacional alguna en esa cancha de la diplomacia política por excelencia y aquí, un fundamentalista, con rasgos marcadamente totalitarios, convoca a privatizar la razón de ser de los reinos de vida y sus amores.

Como la palabra se encuentra amenazada (Ivonne Bordelois) y las aguas de los seres aún no nacidos también, rescatamos sabiduría mazateca⁴ sobre los efectos de la palabra, del habla en el espacio habitado: «La palabra embellece, santifica. Cae como rayos donde se habla, penetra el lugar. Las palabras están haciendo su misión. Cuando la palabra es buena hace maravillas, y cuando la palabra es mala destruye: destruye no sé hasta donde alcanza a destruir, adentro en el fondo de la Madre Tierra…»

https://www.editoriallahendija.org.ar/autor/carlos-merenson/ Carlos Merenson. «El camino de la Transición. Del productivismo a la convivencialidad». Y https://aadeaa.org/maldesarrollo/

Maristella Svampa y Enrique Viale. «Maldesarollo. La Argentina del extractivismo y el despojo».

Yuval Noah Harari, «Homo Deus». Byulg-Chun Han, «La sociedad del cansancio» y «No cosa».
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/plataformas_paso2023.php
Omar Felipe Girarldo, Ingrid Toro. «Afectividad ambiental». Ed. Universidad Veracruzana y Ecosur. 2020, pág. 139.

Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo

Maristella Svampa y Enrique Viale. «Maldesarollo. La Argentina del extractivismo y el despojo».

(*) Jorge Oscar Daneri. Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, Paraná.

Organización para romper el consenso extractivista

Por Enrique Viale para Agencia Tierra Viva

El humo de incendios forestales y de humedales se ve, se siente y se respira fuerte en las grandes ciudades del país. Interminables olas de calor con temperaturas récord en el marco de la mayor sequía de la que se tenga memoria. Incendios de pastizales que, además de la destrucción natural, provocaron un apagón en medio país. No, no es el comienzo de una novela futurista distópica. Es ahora, es acá. Época de colapso que en Argentina se invisibiliza, se rehúsa el debate y se profundiza aún más en un espiral sin fin.

Es inaceptable que todo esto no se lo vincule con el modelo de maldesarrollo imperante. Desmonte récord —solo en 2022 fueron 200 mil hectáreas de bosque nativo—, más la destrucción de humedales. El mapa de los incendios coincide mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas que crece destruyendo humedales y pastizales. Pero los medios solo hablaron del lado pintoresco de la ola de calor.

Y nos dicen que haciendo más de lo mismo vamos a salir de lo que nos trajo hasta acá.

Para dar vuelta todo hay que romper el “consenso extractivista” que coloca a América Latina en proveedor de Naturaleza para el norte global como si fuese un destino y no, como es, una decisión geopolítica mundial que nos pone colonialmente en este lugar.

Romper con los “consensos” requiere mucha determinación y convicción. Oponerse tiene un costo alto porque la ridiculización y la “cancelación” son las armas para mantener el statu quo. “¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta si nos va a salvar?” “¿Y la soja? Si somos líderes en el mundo.” Nadie puede discutir esto bajo pena de ser despreciado y atacado. Se califica de insensato e irrazonable a quienes cuestionan los modelos de maldesarrollo que nos trajeron a la actual crisis ecológica y económica. Instalan un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al modelo extractivista.

Lo cierto es que Argentina con fracking, agronegocio y megaminería tiene más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza. No pareciera razonable que profundizando ese modelo vayamos a tener resultados distintos. No hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, glaciares, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones del Norte Global.

Marcha por un mar libre de petroleras – Foto: Greenpeace

Colonialismo verde y ambientalismo extractivista

Con este contexto, un nuevo capítulo de saqueo y devastación ambiental se cierne sobre nuestra región. La “transición energética” se convierte en un nuevo altar para que, nuevamente, América Latina se convierta en una zona de sacrificio para que cada estadounidense tenga su automóvil/camioneta Tesla eléctrico o un europeo su BMW a baterías de litio.

Es que esta transición energética no es la nuestra. Es una de características corporativa, de mercado, que sólo tiene en cuenta las necesidades del Norte global sin importar las consecuencias en nuestras tierras. “Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños”, dijimos desde el Pacto Ecosocial del Sur en el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Energética Justa y Popular.

“Colonialismo verde” se ha denominado a esta nueva dinámica y preocupa la cerrazón e invisibilización de los enormes impactos locales que conlleva. Este tipo de transición corporativa aumenta la deuda ecológica del Norte sobre el Sur.

Europa realizó el listado global de los recursos estratégicos críticos. Los europeos consumen el 19 por ciento de los recursos naturales mundiales, pero en sus territorios extraen solo el tres por ciento. El colonialismo europeo requiere nuevamente a América Latina como zona de sacrificio. El norteamericano también, por ello la desesperación de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, quien visitó el país dos veces sólo en los últimos meses.

Este “colonialismo verde” necesita la construcción de un nuevo “ambientalismo” que esté totalmente desconectado de los territorios, que sea indiferente de las consecuencias locales. Los medios se encargarán de poner a este novedoso “ambientalismo” como interlocutor para invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales. Los gobiernos harán su parte, dándoles lugar y mostrándolos en (falsos) diálogos para legitimar el nuevo avance sobre la naturaleza y las comunidades.

Este novedoso “ambientalismo”, a contramano de la totalidad del movimiento socioambiental de América Latina, no cuestionará el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, ni el fracking en Vaca Muerta, ni el avance de la minería trasnacional de litio sobre las comunidades indígenas en el norte de nuestro país (incluso son defensores del nuevo trigo transgénico y la minería metalífera, con la excusa de los minerales para la transición).

No sólo no cuestionará a estas figuras extremas del extractivismo sino que las impulsará abiertamente en nombre del “desarrollo” (aunque con esto atrasen 30 años). Esto es realmente novedoso e inédito. Como si dentro del movimiento feminista apareciera una corriente que no apoye el aborto y esté en contra de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En realidad no sería una corriente feminista.

Planificadas y costosas campañas publicitarias para influir en la opinión pública se realizan para disfrazar de soberanía nacional este nuevo ciclo de saqueo neocolonial. Se esconderán las transnacionales (de siempre) que están detrás y seguirán hablando de soberanía aún con casos extremos, como que una de las directoras de la petrolera Equinor (que hará explotación offshore en nuestro mar) es asesora del ilegal gobierno kelper en las Islas Malvinas. ¡Y tendrá a cargo el mapeo de los recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino!

Así, el objetivo es mantener intacto el modelo colonial extractivista sin discutir el modelo extractivista, solo importa la oportunidad de ser (nuevamente) proveedores de materias primas para la denominada transición (del Norte). Un proceso impulsado por las corporaciones y orientado a la exportación de commodities hacia las grandes potencias (Europa, China, Estados Unidos) que encuentra así legitimación interna.

Consenso extractivista, economía para la vida y justicia social

Salir de este modelo no solo es posible, sino que es un deber en América Latina donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del saqueo y la degradación ambiental. No por casualidad es la región más desigual del planeta.

El modelo extractivista empobrece y desiguala. Siempre fue así en el Sur Global. Urge cambiar esta matriz. Son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños en la pobreza en nuestro país. Por ello, confrontar al extractivismo es luchar por la justicia social.

Para ello es fundamental que todo ecologista conozca y respete los territorios, su gente y comunidades. Es esencial esto porque no sólo te da conocimiento sino que, fundamentalmente, te ubica y contiene. No por casualidad es que el “ambientalismo extractivista”, sin territorio mas que las redes sociales, plantea desde la ciudad de Buenos Aires disparates como si fueran estadistas.

Como dijimos con Maristella Svampa, la salida a la crisis ecológica y climática es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política.

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. Convertir la distopía en utopía. El socio ambientalismo es una gran disputa de sentido, tenemos que revalorizar otras experiencias que existen y crear nuevos relatos alternativos a ese destino extractivista que nos imponen desde el Norte.

Como plantea el presidente colombiano Gustavo Petro, necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Una economía que garantice acceso a la tierra y genere posibilidades de progreso a la población y no que la expulse y condene a malvivir en los cordones de las grandes ciudades.

Es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae devastación, saqueo y exclusión.

Vamos a la justicia: no hay licencia social para que contaminen nuestro Golfo San Matías

Vecinos, vecinas y organizaciones de todo el país nos presentamos hoy 28 de diciembre de 2022 a la justicia en el Superior Tribunal de Justicia n°4 de Río Negro: pedimos que se declare como inconstitucional la modificación de la ley 3308 que protege al golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos.
La causa quedó radicada en la Secretaría Causas Originarias y Constitucional STJ N° 4 de Río Negro.

El pasado 9 de septiembre la legislatura de Río Negro votó a puertas cerradas y sin consultar a la sociedad un proyecto que desprotege al ambiente y habilita a YPF a construir un oleoducto que atravesará toda la provincia de Río Negro desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en pleno Golfo San Matías

La modificación viola principios constitucionales, legislación nacional y acuerdos internacionales.

Lxs legisladorxs no tuvieron en cuenta a la hora de votar nuestro derecho al acceso a la información y nuestro derecho a la participación pública. Además violaron el principio de no regresión y el principio de progresividad en materia ambiental que establecen la imposibilidad de retroceder en los niveles de protección ambiental ya adquiridos. Nos presentamos a la justicia para defender nuestro golfo y detener este atropello a la democracia.

En la costa de Río Negro existen actualmente cuatro áreas naturales y un parque nacional que protegen la biodiversidad de la zona y a especies en peligro de extinción. La actividad de los megabuques petroleros tendrá impacto en un sitio de cría y reproducción de la merluza (principal especie de la industria pesquera junto con el langostino) y afectará la ruta de la ballena franca austral. Debido a las corrientes marinas interconectadas con el golfo San José en Chubut el impacto ambiental llegará a Península Valdés, patrimonio mundial de la humanidad.

En 1995 las comunidades costeras de la provincia nos levantamos y rechazamos un proyecto de oleoducto. Los fundamentos detrás del triunfo popular que originó la sanción de la ley 3308 siguen vigentes: preservar el entorno y apostar por un desarrollo que no destruya el ambiente. El proyecto que YPF quiere llevar adelante estipula 100 puestos de trabajo a largo plazo pero las comunidades costeras vivimos de los miles
de puestos de trabajo que generan la pesca y el turismo.

Las organizaciones nucleadas para ir a la justicia junto a la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas no queremos proyectos contaminantes que destruyan nuestro ecosistema, nuestras fuentes de trabajo y el planeta que habitamos.

La ley 3308 no se toca. A nuestro Golfo lo defendemos entre todxs.
Multisectorial Golfo San Matías

Contactos de prensa: Fabricio Di Giacomo 1173623820// Suyhay Quilapán 2934460520// Cecilia Salcedo 2920 62-4702

Multisectorial Golfo San Matías / Fundación Inalafquen / Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas / Fundación Greenpeace Argentina / Fundación Patagonia Natural / Pastoral Social Diócesis de Bariloche /Pastoral Social Diócesis de Viedma / Pastoral Social Diócesis del Alto Valle / Radio Comunitaria La Korneta/ Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas / Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Mar del Plata / Feria de artesanos “Víctor Menjolou” Las Grutas / UTEP Sao / Asamblea Socioambiental Cipolletti / Partido Socialista Río Negro

Se realizó el lanzamiento del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

El día de ayer, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) amplió sus horizontes y lanzó el ‘Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial’ (CAJE). El evento se realizó el martes 8 de noviembre en el Centro de Investigación y Documentación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI).

El lanzamiento contó con la presencia y acompañamiento de Nora Cortiñas y Vera Jarach, co-fundadoras de Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora, referentas de la Asamblea No a La Mina Esquel, de la Red de Jovenxs por los Territorios, la diputada Nacional Florencia Lampreabe, la adhesión de los diputados nacionales Nicolás del Caño, Leonardo Grosso y Miryam Bregman, Centro de Estudios Legales y Sociales, Capibara NDS, Multisectorial por los Humedales Paraná, El Paraná No Se Toca, Paren de Fumigarnos, Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, Ojo Verde Cine Socioambiental y con personas referentes de las luchas socioambientales, de la política y de la investigación de todo el país.

El colectivo se lanza con el objetivo de proteger y cuidar los bienes comunes y recuperar el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales de las comunidades que se ven afectadas por diversas actividades y proyectos de la matriz extractiva contaminante en el Sur Global.

“Ha llegado la hora del diálogo de saberes. Nos dimos cuenta que la pata jurídica es necesaria, pero no alcanza.” – inauguró el lanzamiento Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. – “Nunca perder esa pata en el territorio, más allá de lo jurídico. Por eso nos animamos a lanzar este Colectivo que junta justicia ecológica con justicia social.”

En una actualidad atravesada por múltiples crisis, el diagnóstico sobre la expansión de la matriz extractivista y neocolonial en América Latina y en el mundo es contundente.

“Durante tantos años hemos tenido problemas para que la problemática ambiental sea entendida en términos de Derechos Humanos” – continuó Maristella Svampa, miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. – “También creemos que es necesario incorporar a cada vez más artistas para narrar la crisis y para interpelar a la sociedad. El CAJE nace con esa expectativa, con ese horizonte de transdisciplinariedad”.

En este contexto, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) orientará toda su potencia de trabajo a desacelerar los procesos de maldesarrollo, profundizar los debates en la región y el mundo y acompañar la acción colectiva y estratégica hacia formas de transición ecosocial justa.

“El objetivo de este espacio también es fortalecer la red que se va activando con las urgencias que van sucediendo en cada lugar y poder institucionalizar una telaraña de apoyos.” – explicó Sofía Nemenmann, co-directora de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. – “Es una invitación a, desde distintas disciplinas, cosmovisiones y experiencias, que demos vida a la disputa de sentidos necesaria para que demos vida y podamos construir una propuesta vital de transición justa”.

También se presentaron las autoridades y nuevo organigrama interno, así como el flamante programa de acción a nivel nacional y regional. Con una agenda organizada a través de distintas áreas y subáreas de trabajo que ligan la Justicia Ambiental con la Justicia Ecológica, y los Derechos Humanos con los Derechos de la Naturaleza. Para ello consolidarán equipos interdisciplinarios para diseñar formas integrales de abordar problemáticas socioambientales, de estimular el bienestar para toda la población, de fortalecer las luchas territoriales y de incidir con mayor efectividad hacia transiciones justas.

“El colectivo plantea o propone un plan de trabajo como una propuesta o carta abierta a todos los territorios.” – concluyó Lucas Micheloud, co-director de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. – “Este espacio intenta consolidar los estudios de investigación bajo la línea programática estratégica para poder tener una incidencia técnica, partiendo de la sinergia que se genere a través de una investigación interdisciplinaria”.

Expresaron la decisión de seguir ampliando, más allá del derecho, el campo de acción e incidencia, iniciando un proceso de fortalecimiento institucional y ampliación temática y programática de la organización para brindar una mejor respuesta a la crisis ecosocial que atraviesan los territorios. La presentación también contó con el acompañamiento del flamante equipo inicial del Colectivo, compuesto por Enrique Viale, Maristella Svampa, Sofía Nemenmann, Jorge Daneri, Lucas Micheloud, Rafael Colombo, Gastón Chillier, Melissa Argento, Alejo di Risio, Enzo Culasso Orué, Juan Pablo Chiapero, Anabella Museri y Romina Araguas.

Propuestas urgentes para la regeneración del Delta del Paraná y sus humedales

Desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, el Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial, Fundación la Hendija y Unidad de Vinculación Ecológica lanzamos el informe “Propuestas urgentes hacia la sanación del Delta Argentino”. Un núcleo de propuestas para recuperar los ecosistemas afectados del Delta del Paraná y sus humedales asociados. Tras las múltiples afectaciones recibidas los últimos años, como los devastadores incendios, la bajante de la cuenca del Paraná o los procesos de pampeanización, los ecosistemas de la región se encuentran altamente afectados y en riesgo. Por esto el informe plantea una hoja de ruta en las políticas públicas necesarias para lograr el punto máximo posible de recuperación de estos ecosistemas, fundamentales en prevenir inundaciones y otras funciones socioambientales.

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INFORME

El término sanación, podría acercarse al concepto de restauración, como al de recomposición de ecosistemas. Su utilización pretende comprensiones sociales y políticas sobre la necesidad y urgencia de un tratamiento humilde, de igualación con los otros seres de los reinos de vida que intentan aún habitar, sobrevivir, perdurar.

Esta batería de propuestas, frente al ecocidio producido en el Delta Argentino, es una herramienta en construcción social y política, por lo tanto, dinámica en sus objetivos de sanación del sistema de humedales de agua dulce que lo conforma. El objetivo del mismo es construir un conjunto de propuestas que buscan el desarrollo de una transición ecosocial destinada a lograr la restauración integral del Delta.

Nos ponemos a disposición de los pueblos en los territorios involucrados y de funcionarios públicos en todas las escalas. Para crear caminos que rescaten historias recientes, recuperen la memoria social y política sobre procesos institucionales y sociales casi olvidados y ponerlos en valor democrático. El objetivo es llegar al Gobierno de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, a la autoridad PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná), al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Concejos Deliberantes y Parlamentos en el ámbito del Delta. También a organismos de control, universidades, y a los responsables judiciales de las investigaciones penales en desarrollo que conciernen al Delta y a los ecosistemas del Paraná.

Revelamos la necesidad de fortalecer la acción estatal con perspectiva ecológica frente al ecocidio producido en el Delta Argentino. Presenta un catálogo de propuestas de política y gestión ambiental interjurisdiccional para los tomadores de decisiones. Tanto para el territorio del PIECAS DP, en sus distintos niveles y escalas, para enriquecer la participación sistemática y buscar soluciones inmediatas para sanar nuestros humedales en el Delta Argentino, sus ecosistemas y sistema de cuencas asociados, como de las comunidades que necesitan la preservación y restauración ecológica de estos territorios para su bienestar.

Contactos de prensa:

Jorge Daneri +54 9 3435 11-3491
Alejo di Risio +5491123904594

Argentina – 1 de Noviembre 2022

Fotografía: Pablo Cantador, El Paraná no se toca.

INFORME

propuestas-de-sanacion Descarga

Adhesiones:

TEDx

Agrupación Ríos Sanos

ANP Don Sebastián

La Paraná que queremos

UBA

Conciencia Ecológica

Taller de Comunicación Ambiental

Asamblea por la Vida de Chilecito

Propuesta Sur

Marcha Plurinacional de los Barbijos

Salvemos Los Humedales Villa Constitución

Asociación Maestros Rurales Argentinos Delegación BS.AS.

Pañuelos en Rebeldía

ysyry, aguas que corren

CoNA (comunidad nicoleña por el ambiente(

Centro Cultural Almacén de los 33, Territorio de Culturas

grupo de autoconvocadxs “El Paraná no se toca – el río nos une”

Soberanxs

Inta

Comision Permanente por los DDHH.

Biblioteca San Juan Castelar Sur. RADIO BIBLIOTECA ON LINE de Barrio San Juan. Biblioteca Popular Tupac Amaru de Castelar Sur. Huerta vecinal comunitaria de Barrio San Juan Castelar Sur

Espacio Cultural ” La Otra Casa”

Naturalistas en acción

Ale Ciancio, Artivista

Profesional independiente

ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur

Paren de fumigar nos

Marcha plurinacional de los barbijos

Frente Grande Comisión de ambiente

Asociación argentino-uruguaya de Economía Ecológica

Asamblea Ambiental Cosquín Auténtica

Multisectorial Provincial Paren de Fumigarnos

Yo mismo

Fundacion Otra Puerta

EcoAsamblea Parque Camet

ECOFEMINISMO GEN. NOSOTRAS

Colectivo Marcha Plurinacional de los Barbijos

Sociedad civil

Vecinos Auto-convocados Suardi ( Por la Salud y Ambiente)

Grupo Socioambiental Lotos

Multisectorial Humedales Rosario

Geopolítica y Bienes Comunes

Soberanxs

Área de ecofeminismos y reproducción social. CIFEG

ASAMBLEA CIUDADANA ONCORDIA

Nexo Comunicación para la Reducción del riesgo de desastres

Geopolítica y Bienes Comunes

Campaña Agua para la Vida

Convenio entre la APDH Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

La Asociación Argentina de Abogadoas/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Asamblea Popular por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén firmaron un convenio de colaboración mutua y aprendizaje para que, una vez al mes, se cuente con el asesoramiento de profesionales especializados en la afectación del ambiente provocada por la actividad humana.

Con la comprensión global de que el cuidado y garantía de los derechos de la naturaleza y ambientales están intrínsecamente ligados con su contracara, los derechos humanos de las personas que también forman parte de los ecosistemas y de las sociedades que dependen de ellos.

Cuando el modelo de maldesarrollo extractivista afecta a los ecosistemas, se minan directamente los derechos humanos.

El convenio de colaboración mutua entre AAdeAA y APDH Neuquén regirá por un año entre ambas agrupaciones y, entre otros, tiene como objetivos desarrollar programas en las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, un programa transversal de introducción a los Derechos Humanos y Ambientales.

En la firma del convenio participación referentes y referentas históricos de la APDH Neuquén y los abogados Enrique Viale y Gastón Chillier. También se realizaron actividades de difusión y concientización sobre la gravedad de la afectación al ambiente y la colaboración ante problemáticas ambientales que están impactando en la zona.

Entrevista a Enrique Viale en Radio Nacional

El Lanín como sitio sagrado: un rechazo que atrasa la discusión

Por Maristella Svampa y Enrique Viale para elDiarioAr

La revocación en tiempo récord de la decisión de declarar al volcán Lanín como “sitio natural sagrado” para la comunidad mapuche es parte de la campaña racista contra el pueblo. Un acto sin ningún costo político ni para la derecha ni para el oficialismo, sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale en esta columna. Además que impide la discusión sobre la interculturalidad, golpea la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza y alienta el discurso de odio contra un pueblo originario.

Asistimos, una vez más, a una campaña racista contra el pueblo Mapuche, ahora con la excusa de una simple declaración del volcán Lanín como “sitio natural sagrado” en la provincia de Neuquén. Una declaración hecha por la Administración de Parques Nacionales (APN), pero revocada en tiempo récord, esto es, en menos de 24 horas.

No nos cansaremos de decirlo: en Argentina el hecho de discriminar a las comunidades mapuches no solo pareciera estar “permitido”, sino que no conlleva costo político alguno. Incluso para muchos es rentable mediáticamente, sea desde sectores de la derecha dura y refractaria a la ampliación de derechos, aunque también desde un oficialismo débil y temeroso en estas cuestiones. El primero es el caso del eterno funcionario público Miguel Angel Pichetto, acostumbrado a mensajes de odio y discriminación contra las comunidades indígenas y otras minorías o disidencias. El segundo es el de un funcionario como Juan Cabandié, quien dejó sin efecto la declaración desde la jefatura del Ministerio de Ambiente, de la cual depende la APN.

Hasta Mauricio Macri tuiteó sobre el tema. Justo él que pasó sus primeras vacaciones como Presidente, a los días de haber asumido, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis quien tiene secuestrado el Lago Escondido, a pesar de su carácter público y de la infinidad de fallos judiciales que lo obligan a permitir su libre acceso y uso.

Es sorprendente el odio que despiertan los Mapuches. Trasciende la grieta, incluso en el periodismo, donde no sólo los medios y caras acostumbrados a replicar mensajes de derecha y destrato con las minorías, sino también con jóvenes periodistas “progres” que hace unos días ironizaban en las redes sociales acerca de la quietud del Volcán y el “problema” en el que se habría metido el gobierno, ignorando (la base de la discriminación) el valor sagrado, inmaterial y espiritual que éste tiene para las comunidades mapuches.

¿Se animarían a discutir el valor sagrado de religiones más poderosas o su valentía discriminatoria es sólo un discurso recurrente contra las minorías oprimidas? Peor aún, es ahí donde afloran la hipocresía y la doble vara. Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio, muy especialmente contra los Mapuches, a quienes se acusa de todo, incluso de buscar una suerte de “Estado paralelo”.

Muchos de esos sectores ligados al progresismo no dudan en reconocer los derechos de los pueblos indígenas cuando esto ocurre en otros países como Bolivia o Ecuador, pero se alinean con la derecha a la hora de alimentar campañas de odio

En realidad, tal como hemos dicho en este diario, en una Patagonia hipermercantilizada, aquellos que han logrado crear un Estado dentro del Estado no son precisamente los mapuches, a los cuales se los condena a vivir en la pobreza, sino esos poderosos apellidos de los super-ricos como Benetton -el mayor latifundista del país- o el del ya citado Lewis, quienes crean sus propias reglas, por encima de la ley nacional.

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país. Sino que, además, atrasa la discusión varias décadas pues viola legislación internacional, nacional y provincial, que lleva vigente ya más de 30 años (la propia Constitución Nacional –art. 75 inc. 17- y el Convenio 169 de la OIT, entre muchas otras normas). En función de esta normativa es que el pueblo mapuche, como otros de los tantos pueblos indígenas que habitan la Argentina y de tantos otros países de América Latina, demanda el reconocimiento de su cultura, su lengua y territorio, proponiendo como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional que los contenga.

Estos mensajes anti-indígenas alientan la cancelación, la idea de que no existen «otros» ni «otras» culturas. Solo existe una cultura válida, la occidental y europea. Y esto no solo muestra el deterioro del debate democrático en nuestro país.

Tampoco es que dicha declaración como “sitio sagrado”, asociado a un pueblo originario, sea único en el mundo. Incontables son los casos y la legislación internacional, muy extensa. Por ejemplo, en Colombia existe un decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen.

Este decreto de 2018 fue resultado de un acuerdo entre los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el gobierno derechista de Santos. Agreguemos a esto que, al mismo tiempo que el Gobierno argentino revocaba de manera vergonzosa la declaración en relación al volcán Lanín y la derecha mediática y política se alineaba en las descalificaciones; en Colombia, Gustavo Petro y Francia Marquez participaban de una ceremonia ancestral, de asunción de cargos, poco antes de la asunción oficial, junto a los pueblos indígenas que habitan Sierra Nevada, su sitio Sagrado.

Por su parte, en Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2012, cinco agencias federales (los Departamentos de Defensa, Interior, Agricultura, Energía y el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica (ACHP) firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la protección y el acceso de los indígenas a sitios sagrados a través de la coordinación y colaboración entre agencias. Ya en 1996, la legislación federal reconocía los sitios sagrados indígenas.

En Bolivia los sitios sagrados más conocidos se encuentran en Uyuni, en Potosí; en el Volcán Thunupa de Oruro; en Peñas y la Isla del Sol de La Paz, en Waraco Apacheta de El Alto; en el parque Piñata de Pando y Tarija. De hecho, ya en 2006 Evo Morales asumió ante las autoridades originarias también en el sitio sagrado de Tiahuanacu.

Como destaca la legislación mexicana, “Los sitios sagrados son parte importante del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio”.

En México existen aproximadamente 45 sitios sagrados correspondientes a 18 pueblos originarios. En el estado de Baja California existen sitios sagrados de los pueblos indígenas cochimí, kumiai, paipai y cucapah; en Sonora, sitios de los tohono-o’otam, comca’ac y yoreme (mayos); en Sinaloa, al pueblo indígena yoreme; en Nayarit y Jalisco, del pueblo wirrarika (huichol); en San Luis Potosí existen sitios correspondientes a los pueblos indígenas teenek, nahua, wirrarika y pame; en Michoacán, al pueblo indígena purépecha; en Morelos y Guerrero, al pueblo nahua; en Hidalgo, al pueblo ñhañhu (otomí); en Veracruz, al pueblo totonaco; en Oaxaca, a los pueblos ñuu savi (mixteco), ben’zaa (zapoteco) y ha shuta enima (mazateco), y en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, al pueblo maya.

Tampoco en Argentina esto aparece como una excepción. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), basado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce sitios sagrados asociados a los pueblos indígenas “referidos a la identidad y la integridad cultural, a los recursos culturales que forman parte de su territorio y hacen a su vida como pueblo y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses que les afecten”.

En lo que va de 2022, ya se han declarado diez sitios sagrados de forma oficial, con el objetivo de recuperar una parte fundamental de la identidad y memoria de los pueblos originarios. Desde Las Grutas, donde hay un cementerio ancestral de más de 6000 años, a Napalpí, lugar de la masacre contra los pueblos Qom y Moqoi (declarado crimen de lesa humanidad) hasta el lugar donde fuera enterrado un personaje histórico como Ceferino Namuncurá.

En respuesta a la marcha atrás del gobierno, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado, del cual transcribimos dos párrafos:

“…INFORMAMOS a la sociedad de la región y del mundo que al igual que nosotros valora la presencia de nuestro Pijan Mawiza Volcán Lanín, que la declaratoria de Sitio Sagrado no cierra puertas. Por el contrario abre nuevas puertas como es incorporar un nuevo valor a todo lo que conoce y disfruta la sociedad argentina. A lo paisajístico, científico, turístico se agrega todo el potencial cosmogónico mapuche que hasta hoy no se conoce. ¿Alguien se animará a oponerse a esta valoración cuando es parte de la identidad de la región?”
Por último, y de acuerdo a lo expresado por el gobierno federal, la nueva convocatoria que realizará debe apuntar a respaldar el reconocimiento de “LANIN SITIO SAGRADO del PUEBLO MAPUCHE”. Es urgente que tanto Nación como Provincia dejen de utilizar los derechos del pueblo mapuche como moneda de cambio y se decidan a salir de la ilegalidad de no cumplir con un marco normativo y constitucional al que están obligados respetar. De allí ya no retrocedemos porque es una vergüenza como se suceden los gobiernos y administraciones y siguen acumulando deudas con el pueblo Mapuche….“
Confederación Mapuche de Neuquén

En esa línea, la significación de esta declaración sobre el volcán Lanín como sitio sagrado es también una propuesta de interculturalidad que nos abre la puerta hacia otras miradas sobre la naturaleza, no occidentales, en un momento de colapso ambiental y emergencia climática. Se trata de una mirada que postula un horizonte relacional y espiritual, que puede servirnos de punto de partida para afrontar y salir de la crisis socioecológica que atravesamos.

Finalmente, tengamos en cuenta que en esta campaña anti-indígena no hay solo ignorancia y una ausencia total de mirada comparativa. No solo es falta de coraje y fragilidad de convicciones en sostener una declaración trabajada, en diálogo intercultural y durante años, entre el Estado Nacional y las comunidades indígenas. Luego del genocidio perpetrado por el ejército argentino, en el siglo XIX, gran parte de los pueblos indígenas fueron empujados a territorios considerados zonas marginales o de fronteras.

Pero, desde hace un tiempo esos territorios han sido revalorizados por el capital, en función de la expansión de la gran minería, la explotación petrolera (Vaca Muerta), la frontera agropecuaria y los megaemprendimientos turísticos y urbanísticos, los latifundios, entre otros. Eso hace que hoy, nuevamente, los mapuches se encuentren en el ojo de la tormenta. Su demonización está directamente ligada al nivel de desafío que éstos representan respecto del mandato extractivista, pues en tanto pueblo originario estos tienen otra relación con la tierra y la naturaleza, que cuestiona su mercantilización.

En fin, el rechazo de esta declaración del Volcán Lanin como sitio sagrado mapuche, atrasa la discusión sobre la interculturalidad, y golpea contra la posibilidad de pensar y asumir otras miradas no occidentales sobre la Naturaleza. Asimismo, alienta el discurso de odio y de discriminación contra un pueblo originario. Ante esta campaña racializada, el verdadero desafío es no tener miedo de emprender una batalla cultural para romper con las visiones y discursos demonizantes. No podemos permanecer indiferentes, necesitamos un compromiso decidido de parte de la sociedad en apoyo a los pueblos indígenas. Debemos tender puentes, desmontar mitos y falsedades, descolonizar nuestras mentes y palabras, para comenzar a saldar la enorme deuda histórica que el Estado nacional y gran parte de nuestra sociedad tenemos hacia los pueblos indígenas.

MS/EV

¿Hacia un progresismo ambiental? Colombia y la renovación política de las izquierdas

La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia colombiana puede marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Los desafíos de la transición ecosocial en la renovación política de Colombia.

Por Maristella Svampa y Enrique Viale para El Diario Ar

“Paz, Justicia Social, Justicia Ambiental y liderar el Diálogo con los progresismos de América Latina, sin exclusiones, para dejar los fósiles, cambiar el rumbo para salvar a la humanidad…”

“Le hablo al mundo queremos que desde la diplomacia Colombia se coloque al frente de la lucha contra el Cambio Climático”

“Necesitamos transitar de la vieja economía extractivista, que mata el agua y la vida, a una economía colaborativa en armonía con el ambiente…”

Estas son algunos de las numerosas menciones al extractivismo y a la problemática socioambiental de parte del flamante presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de victoria, pronunciado ante un una multitud exultante el domingo pasado. Petro no es un recién llegado ni a la política colombiana ni al ambientalismo. Ex alcalde de Bogotá, varias veces candidato a presidente, su llegada parecía imposible en un país atravesado por la violencia política y caracterizado por alternar de modo recurrente gobiernos conservadores con gobiernos ultraliberales, o ambas cosas.

La vicepresidencia de Colombia Francia Márquez EFE/ Carlos Ortega

Pese a la existencia de poderosas organizaciones y movimientos sociales (campesinos, antiextractivistas, juveniles, antirracistas, urbanos y feministas, movimientos de paz y de derechos humanos) que se han venido manifestando de modo muy visible y masivo en las calles en los últimos años, Colombia nunca antes tuvo la oportunidad histórica de vivir su “momento progresista”. Pero no hay que engañarse. Petro no propone ser un gobierno progresista más, tal como está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador en México, marcado por un progresismo que se cree inaugural, que nunca se refiere a la historia reciente de la región, o como ocurre con los actuales progresismos débiles de Argentina y de Bolivia, que persisten en su ceguera extractivista y no debaten ni siquiera en términos de modelo de desarrollo. Todo lo contrario: “Al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas”, dijo también en su discurso como presidente electo.

No es tampoco la primera vez que Petro interpela y desafía a los progresismos fósiles. En 2018, en el “Foro de Pensamiento Crítico” de Clacso, realizado en Buenos Aires, fue la única voz crítica que desde la clase política instó a pensar el desafío ambiental y en contra de los extractivismos, ante el consignismo ruidoso y autocomplaciente que marcaría el encuentro, del cual participaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Roussef y Alvaro García Linera, entre otros.

Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos en Colombia

“Vamos por los derechos de la Madre Tierra. A cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad”, dijo también en esa misma noche la vicepresidenta electa Francia Márquez, una reconocida lideresa ambiental en defensa de los territorios de la Colombia profunda.

Francia, quien desde hace veinticinco años viene luchando contra el racismo estructural y por la defensa de la tierra y el territorio, es originaria del Cauca, una región en disputa por el avance de los extractivismos y el conflicto armado. En 2015 obtuvo el premio nacional de la defensa de los derechos humanos en Colombia, y en el año 2018, fue distinguida con el prestigioso premio Goldman, conocido a nivel internacional como el Nobel ambiental.

Francia sufrió varias amenazas de muerte y un atentado, en el país más letal del mundo para los y las defensoras de la Naturaleza. Aunque acá en Argentina algunos defensores del progresismo fósil sigan hablando de “ambientalismo bobo” o “falopa”, y sean indiferentes a la estrecha asociación que hay entre extractivismo y violencia, entre extractivismo y ausencia de democracia, los datos son incontestables. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales. En 2020, último año de registro de Global Witness 227 activistas por la tierra y el ambiente fueron asesinados, la peor cifra desde que se tiene registro. Colombia volvió a ser el país con más ataques registrados, con 65 defensores asesinados. Todavía resuena el horrendo asesinato en Brasil de Bruno Pereira y Don Phillips, ambos defensores de la Amazonía, una de las fronteras de muerte en la región.

En 2020, Francia Márquez, quien siempre se ha ocupado de ampliar los horizontes de lucha, se recibió de abogada en la Universidad de Cali y fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020, donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.

La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida
Gustavo Petro

Hemos dicho acá que Gustavo Petro declaró durante la campaña presidencial que “La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína”. En esta línea se destaca el programa de gobierno del Pacto Histórico, una propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:

“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]

La propuesta de Transición gradual y justa contempla suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 35% de las exportaciones de Colombia). Implica no solo cambios en la matriz energética, sino también la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia. Y sería un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la experimentación de nuevos caminos, al proponer dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.

Al otro lado del miedo está el país que soñamos

El debate acerca de la transición ecosocial y más específicamente sobre la transición energética, aparece muy poco en los discursos de los progresismos existentes. Seguimos siendo hablados por el Norte, mientras avanza el colonialismo energético de la mano de una transición corporativa (como en el llamado Triángulo del Litio o en la tala indiscriminada de madera de balsa en Ecuador para la industria eólica), o mientras los gobiernos del sur compiten entre sí para obtener contratos internacionales para la producción y exportación de hidrógeno, el nuevo Eldorado a escala global, sin tener en cuenta la cuestión de la soberanía energética (en un mundo en crisis energética y rumbo a una desglobalización) ni la licencia social (frente a la destrucción de territorios y criminalización creciente de las poblaciones que resisten a los megaproyectos), ni los impactos locales (nuevamente América Latina es zona de sacrificio, ahora en nombre de la transición energética del norte).

En su largo discurso de victoria, Petro propuso un diálogo americano que contempla dos ejes: uno, el de la relación Norte/Sur, con Estados Unidos; otro, hacia adentro, hacia América Latina; en ambos casos para sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático. Claves necesarias de una transición sostenible, que habrá que pensar desde los ejes de la justicia ambiental, la deuda ecológica y la integración regional, en sintonía con las propuestas del “Pacto Ecosocial del Sur” del que formamos parte.

El caso es que la sinergia de ambos discursos, el de Petro y el de Francia, pueden marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Nunca hubo una vicepresidente que encarnara ella misma la apuesta a la interseccionalidad: mujer, de origen popular, afro, antiracista, ecologista y feminista. Por eso la victoria de este binomio plurinacional que apuesta a la “economía de la vida” y a “la vida sabrosa” genera hoy tantas expectativas. Una militante muy joven de Colombia, exiliada y amenazada de muerte por defender su territorio del avance del fracking, nos escribió emocionada: “les enviamos todo el amor que nos está invadiendo, somos niños crecidos en medio de miedo y violencia, pero hoy vemos un nuevo amanecer y hay que mirar al sol”

La victoria colombiana viene a oxigenar una política latinoamericana caracterizada por las repeticiones y la ausencia de visiones políticas renovadoras, visible en los progresismos refractarios, que como en Argentina, Bolivia y muy probablemente Brasil –si Lula triunfara en las próximas elecciones-, no se interesan por abrir la agenda socioambiental ni discutir una Transición Justa, y consecuentemente, reducen de manera significativa los horizontes de la democracia y de la vida digna y sostenible. Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda. Ambas gestiones representan la esperanza de un “progresismo de segunda generación” en América Latina, donde democracia y problemática socioambiental puedan por fin expresarse transversalmente en el programa de gobierno y no solamente como compartimento estanco.

“Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda.”

Justamente la semana pasada el gobierno chileno anunció, como parte de la “transición socioecológica justa”, contenida en la promesa electoral, el cierre definitivo de la fundición de Ventanas que “se realizará mediante un proceso gradual y responsable junto a la población y las y los trabajadores” y asegurando que “ningún trabajador quedará desamparado producto de esta decisión”. Ventanas es una fundidora, perteneciente a la empresa estatal Codelco, denunciada hace décadas por sus altísimos niveles de contaminación, es por ello que “esta decisión se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”. Ventanas se encuentra en el polo industrial más contaminado del país, cerca de Valparaíso, donde en 1964 comenzó a funcionar la primera fundición y refinería de cobre de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). En 2016, cuando visitamos la zona, el parque industrial albergaba más de 17 empresas entre las que se destacan siete termoeléctricas a carbón, una refinería y una fundición de cobre, tres empresas relacionadas a la distribución de hidrocarburos, dos empresas almacenadoras de químicos, tres empresas distribuidoras de gas. Ahí nació la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quintero, que ha realizado un trabajo enorme de desnaturalización de la contaminación, denunciando la injusticia ambiental y los impactos sobre la salud.

En suma, ojalá este resultado electoral en Colombia abra una nueva etapa en ese país y para toda la región. Nadie dice que será fácil, pues los desafíos políticos y sociales son enormes y complejísimos. El marco de las alianzas establecidas por Petro a nivel nacional (la presencia de maquinarias y figuras políticas tradicionales), la posibilidad de apertura de nuevos espacios regionales de integración en clave de progresismos de nueva generación (crisis climática y transición justa), las relaciones con el Norte (muy particularmente con Estados Unidos), tensarán al nuevo gobierno e irán definiendo su rumbo en esos varios andariveles. Y sin dudas el programa de transición ecosocial es el desafío más complicado, tanto por razones políticas como económico-productivas, que tendrá el nuevo gobierno. Además, dado que Petro tiene un horizonte de solo cuatro años en el poder (no hay reelección en Colombia), en el mejor de los casos sentará las bases para el futuro y lograr extender la discusión sobre el modelo de desarrollo al conjunto de la sociedad colombiana y de América Latina.

Pero algo nuevo se viene forjando, al calor de grandes movilizaciones sociales. Petro y Francia aparecen como la poderosa encarnación de un nuevo binomio disrruptivo y plurinacional que esta vez integra la cuestión socioambiental transversalmente en sus políticas y narrativas. No sólo tienen “conciencia ambiental”, son también decididos militantes con una trayectoria ambientalista y de defensa de los territorios. Vienen a desafiar al “neodesarrollismo” de la región porque cuestionan directamente las bases ideológicas del extractivismo (aún para redistribuir) y desnudan así la verdadera grieta: seguir con las recetas del pasado o apostar por un futuro igualitario e inclusivo, social y ecológico.

Rechazo ante el avance de la megaminería sobre la institucionalidad democrática

Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149, promulgada a través del Decreto 1285/21.

La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut.

En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.

A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales. En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio. Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos y la democracia.

15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina

15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina es un libro pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley de protección de glaciares,[1] sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos, muchas veces mentirosos, esgrimidos por el lobby minero.

En ese entonces, varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore,[2] publicado en la Revista Memoria de México en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la minería transnacional”.Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.

Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dosieres especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.

El texto sintetiza, así, diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Estas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata solo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, y a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.

Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar, como el propio objeto lo requiere, intentando con ello, también, desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares– sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo, participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.

Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 –un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública–, a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica. En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada, pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.

Desde Voces de Alerta, cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general.

Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad, si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza), que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.

Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, y dentro de una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, la vida y el futuro de las próximas generaciones. Desde Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Tandil, Abril de 2011

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Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas // Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Justicia Social y Ecológica