Las posibles transformaciones que podrían imprimirse en el territorio nacional son inconmensurables pero existe suficiente evidencia para prever su rumbo. Desde el negacionismo de la crisis climática hasta la financiarización absoluta de todo lo material, un triunfo de Milei-Villarruel podría marcar un profundización extrema de las desigualdades ambientales.
por Alejo di Risio para elDiarioAr
Entrevistado en el programa Gelatina hace unos días, Martín Kohan describió al candidato Javier Milei como una persona que no concibe a un ser humano como otra cosa que alguien que intercambia bienes según oferta y demanda. A partir de esta definición, podemos deducir rápidamente otra: para Milei y la gente que lo rodea, cualquier objeto o vida no humana puede verse solamente como un activo financiero para ser intercambiado según oferta y demanda. Según esta premisa, todo aquello que no pueda ser financiarizado no sólo puede desaparecer sino que debe. Una especie de darwinismo financiero: la supervivencia, no de los más fuertes, sino de los más rentables.
Con ese mismo argumentó el diputado electo por la Provincia de Buenos Aires Alberto Benegas Lynch (n) justificó la extinción diaria de especies animales. Fue en una entrevista con Julio Leiva, en la cual también elogió la privatización y concesión del Mar Argentino. Esta propuesta se encuentra inscripta en la plataforma electoral oficial de La Libertad Avanza presentada ante la Justicia. Para la extrema derecha, la conservación de ecosistemas no tiene sentido en términos ambientales ni culturales. Incluso ignoran los beneficios para la salud pública o la dependencia de los sistemas productivos de las condiciones ambientales. Conciben cualquier tipo de bien común como un recurso a ser explotado. Una financiarización absoluta de la vida.
Esta subjetividad transforma inmediatamente cualquier tipo de regulación o consenso logrado sobre la protección del ambiente en una barrera a ser destruida. El derecho de un privado a maximizar sus ganancias no puede ser obstruido por ninguna razón, ni ética ni moral. Es de notar lo contradictorio de pregonar esta mirada ya que niega los servicios ecosistémicos que muchos sistemas productivos tienen especialmente en nuestro país. El más estructural y relevante en este momento es la enorme sequía que afectó a nuestro país este año. La misma devastó las exportaciones del agronegocio, afectando con pérdidas de hasta el 50% a los principales cultivos y teniendo un fuerte impacto en la macroeconomía nacional.
Sin embargo, fue precisamente en La Rural que Javier Milei dijo que el valor del agua “es cero” en tanto y en cuanto los ríos no sean apropiados por privados. Mientras cerraba el Congreso Económico Argentino el candidato explicó cómo una empresa puede contaminar un río “todo lo que quiera”. En sintonía con las narrativas bolsonaristas y trumpistas, el binomio Milei-Villarruel también afirma que las políticas ambientales son “parte de la agenda del marxismo cultural”, lo que ha derivado en un discurso fuertemente anti-ciencia, que niega los límites planetarios. El mismo también se refleja en el negacionismo climático que llevó a EEUU a retirarse del Acuerdo de París, tratado internacional sobre el calentamiento global.
El candidato Milei volvió a corroborar su creencia en el “anarcocapitalismo” y a afirmar la premisa que postula que destruir el Estado es una prioridad. Es necesario explicitar que el desmantelamiento del paisaje de instituciones estatales, genera amenazas sustanciales para la protección ambiental. Si bien hoy en día existen profundas injusticias sociales y ambientales en todo el territorio, deslegitimar y desfinanciar la estructura estatal sólo puede empeorar la situación. La existencia misma de instituciones democráticas es un punto de partida en la institucionalidad necesaria para garantizar verdadera justicia social y ambiental a mediano y largo plazo.
Estos ataques constantes erosionan la legitimidad necesaria para que el Estado supervise y responda ante las injusticias sociales y ambientales. Esto puede ser terreno fértil para una escalada de impunidad corporativa. Incrementaría la cantidad de delitos ambientales, de empresas que sobrepasan la institucionalidad local y provincial o la falta de remediación ante derrames o accidentes. Además, tendría graves repercusiones sobre la capacidad de respuesta del Estado a eventos de clima extremo como inundaciones, o catástrofes ambientales como incendios de humedales o bosques.
A su vez, la creciente escalada de violencia genera una preocupación adicional para la integridad de defensores y defensoras ambientales en el territorio. En una columna publicada en Infobae, el referente intelectual libertario, Benegas Lynch (hijo), es decir el padre del diputado electo, declaró al ambientalismo como enemigo absoluto de la propiedad privada.
Esta extrema derecha viene cargada de un autoritarismo que intentará disolver a los sindicatos, erradicar la protesta social y suprimir la organización territorial de comunidades que se manifiestan en un marco democrático. Sólo en los últimos días, las amenazas y amedrentamientos virtuales contra figuras públicas varias se multiplicaron hasta llegar a la presidenta de la Cámara de Diputados.
La habilitación de un régimen de violencia multiplica y expande, a nivel institucional, mediático y político, un entorno propicio para explosiones cotidianas de la democracia. Quienes adopten como propio este legado de hostigamiento y demonización e identifiquen en el ambientalismo y los movimientos territoriales un enemigo se sentirán legitimados para violentar y hostigar a aquellos a quienes responsabilizan de sus propias miserias.
¿Cómo se darían fenómenos de protesta socioambiental regional como el Chubutazo o el Mendozazo si las Fuerzas Armadas estuvieran habilitadas a involucrarse en Seguridad Interior? ¿Cuánto se multiplicarían las violaciones de derechos humanos y ambientales en caso de disminuir las garantías estatales? ¿Cómo se van a desarrollar las provocaciones de fuerzas de choque locales a defensorxs del territorio cuando la tenencia de armas de fuego no esté regulada?
El avance del binomio Milei-Villarruel condiciona la estabilidad política y democrática de nuestro país. Plantea amenazas sustanciales para los defensores y defensoras ambientales en todo el territorio. Estos retrocesos ambientales son una dimensión más de un proyecto de país que va en retroceso. Al sumarse al rechazo a la salud y educación pública, las propuestas de dolarización e hiperinflación, el apoyo a las políticas de la dictadura, entre otras están suscitando el apoyo a Sergio Massa de un amplio espectro de actores que nunca lo hubieran votado en otro contexto.
Como el propio Massa dijo en el debate, esto no es necesariamente traducible como un acompañamiento al proyecto massista. Pero sí puede entenderse como un voto estratégico para el apoyo a la democracia. Un punto de partida para que las políticas ambientales sigan expandiéndose y hacer políticamente posible lo socioambientalmente necesario. Probablemente, la negativa a acompañar a Milei no alcance para frenar el avance de una subjetividad financiarizada de la vida. Pero avanzar hacia una construcción de una subjetividad solidaria, de una ética del cuidado mutuo o de nociones comunitarias la democracia es necesaria.
