La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales solicitaron a la Justicia Federal la suspensión inmediata de las obras del complejo de gas licuado proyectado frente a la costa de Río Negro.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una acción preventiva de daño ambiental contra el megaproyecto de gas licuado (GNL) que busca instalarse en el Golfo San Matías, área de la costa atlántica de la Patagonia clave para la biodiversidad del Mar Argentino. La demanda solicita a la Justicia que ordene la suspensión inmediata de las obras y de toda actividad vinculada al proyecto, hasta que se cumpla con lo requerido en la demanda.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una acción preventiva de daño ambiental contra el megaproyecto de gas licuado (GNL) que busca instalarse en el Golfo San Matías, área de la costa atlántica de la Patagonia clave para la biodiversidad del Mar Argentino. La demanda solicita a la Justicia que ordene la suspensión inmediata de las obras y de toda actividad vinculada al proyecto, hasta que se cumpla con lo requerido en la demanda.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitó formalmente la elevación a juicio en la causa de los Basureros Petroleros de Vaca Muerta, contra la empresa COMARSA por contaminación peligrosa para la salud, usurpación de tierras públicas y simulación de tratamiento de residuos peligrosos. En el mismo sentido se expidió la Fiscalía de Delitos Ambientales.
Se trata de uno de los casos más graves de contaminación vinculados a la industria del petróleo y gas de Vaca Muerta. Los hechos investigados ocurrieron entre 2013 y febrero de 2025 y están directamente relacionados con la expansión del megaproyecto de hidrocarburos Vaca Muerta y la explosión en la generación de residuos petroleros.
La acusación sostiene que COMARSA gestionó de manera inadecuada residuos peligrosos provenientes de la industria hidrocarburífera, arrojándolos y almacenándolos a cielo abierto en el Parque Industrial Neuquén Oeste, excediendo los límites territoriales y temporales para los cuales estaba habilitada.
La empresa fue autorizada en 2009 por la Secretaría de Ambiente de Neuquén. En 2011 obtuvo habilitación para tratar suelos contaminados con hidrocarburos (cuttings, lodos, fondos de tanque, entre otros).
A partir de 2013, tras el acuerdo YPF–Chevron y el inicio de la explotación no convencional, la generación de residuos se disparó. En 2014 el negocio se cuadruplicó respecto de 2012. Sin embargo, la capacidad de tratamiento no creció en la misma proporción.
La acusación es clara: la empresa se expandió territorialmente sobre predios vecinos y arrojó allí residuos peligrosos que no tenía capacidad técnica de tratar.
Usurpación de tierras públicas
Entre mediados de 2013 y mediados de 2014, la empresa avanzó sobre tierras de propiedad de la Provincia y del Municipio de Neuquén Capital, ocupando más de 17 hectáreas hacia el oeste y el sur del predio original. Esa expansión excedió ampliamente los límites de su habilitación ambiental.
El escrito de acusación detalla que se habrían utilizado maniobras para disimular la cantidad real de residuos acopiados. Se emitieron certificados de tratamiento para aparentar cumplimiento ante clientes y autoridades, manteniendo así la habilitación y los contratos comerciales.
En 2017, COMARSA tenía 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos acopiados a cielo abierto sin tratamiento completo.
217.000 m³ estaban depositados en tierras ocupadas ilegalmente.
70.000 m³ se encontraban en nueve piletas que operaron sin habilitación ambiental.
Todo ello excedía los riesgos permitidos por las licencias otorgadas.
¿Qué contienen esos residuos?
Los suelos contaminados con hidrocarburos son residuos peligrosos. Contienen hidrocarburos totales de petróleo y compuestos volátiles como benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), además de hidrocarburos aromáticos policíclicos como naftaleno, fluoreno y fenantreno. También metales pesados como bario, arsénico y plomo.
El almacenamiento masivo a cielo abierto provocó contaminación del suelo —que continúa hasta hoy— y de la atmósfera por volatilización de componentes tóxicos y por humos negros provenientes de hornos que funcionaron entre 2013 y 2018.
No estamos ante una infracción administrativa menor. Estamos ante una conducta que generó y genera riesgo para la salud de la población de Neuquén Capital y para los ecosistemas del área.
La acusación también señala ocultamiento de información, omisión de registros y maniobras contables que habrían permitido ventajas patrimoniales personales a partir de la distribución de honorarios y dividendos. Se detectaron numerosas salidas de dinero no documentadas.
Mientras tanto, la población convivía con montañas de residuos petroleros a cielo abierto. Las pruebas incluyen:
87 testigos propios.
8 testigos de procedimientos.
99 documentos, informes, expedientes, órdenes de servicio, planos, mapas, actas y análisis periciales contables y financieros.
Elementos secuestrados como documentación, cuadernos y computadoras.
La dimensión probatoria refleja la gravedad del caso y el tiempo que llevó construirlo.
Próximos pasos
Las defensas tienen diez días para contestar. Luego se realizará la audiencia de control de acusación conforme al artículo 168 del Código Procesal Penal de Neuquén. Allí se definirá si el caso avanza a juicio oral.
El caso COMARSA no es un episodio aislado. Es la expresión concreta de cómo el modelo hidrocarburífero descarga sus residuos sobre territorios urbanos y periurbanos, y traslada los costos ambientales y sanitarios a la población.
Durante años advertimos que los basureros petroleros de Neuquén eran una bomba ambiental. Hoy la Justicia tiene la oportunidad de establecer responsabilidades penales claras.
La justicia ecosocial exige algo básico: que quienes lucran con las industrias energéticas respondan por los daños y riesgos que generan. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas se seguirá actuando como querellante hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Comunicado de prensa acciones judiciales DIA – San Jorge
En ellas se plantea declarar la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley 9684 y la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Minero San Jorge. Es falso que haya habido aval judicial para el PSJ. Durante la feria del mes de enero, la justicia civil solamente ha rechazado las medidas cautelares planteadas en los amparos, aunque ello no implica pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo que recién comienza y se analizará luego de la feria.
Las acciones judiciales en defensa del agua y el ambiente siguen plenamente vigentes y el Poder Judicial debe avanzar en su tratamiento.
En el Segundo Tribunal de Gestión Asociada a cargo de la Jueza Dra. Iermoli Blanco se encuentran:
En ellas se plantea declarar la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley 9684 y de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Minero San Jorge (PSJ). Es falso que haya habido aval judicial para el PSJ. Durante la feria del mes de enero, la justicia civil únicamente rechazó las medidas cautelares planteadas en los amparos, lo cual no implica pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo, que recién comienza y será analizada luego de la feria judicial. En el Segundo Tribunal de Gestión Asociada, a cargo de la jueza Dra. Iermoli Blanco, se encuentran los siguientes expedientes: Expediente N.º 287132. Amparo presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil de Uspallata “El Suri” e integrantes de Vecinos Autoconvocados de San Carlos, Autoconvocados por el Agua Tunuyán, Asamblea del Pueblo de Alvear y Asamblea Popular por el Agua, con el patrocinio del Dr. Emiliano Bustos Sarmiento. La acción refiere a una DIA condicionada, incompleta y carente de estudios esenciales, así como a la falta de transparencia de la audiencia pública. Expediente N.º 287138. Amparo presentado por la Comunidad Huarpe Guaytamari de Uspallata y la Fundación Cullunche, con el patrocinio de la Dra. Agustina Chaves, Lucio Chaves, Antonella Barnes, Martín Berlanga Darder, Florencia Alderisi y Carime Mercado. Refiere al incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado a los pueblos originarios, establecido en el Convenio 169 de la OIT; a la violación de la Ley Provincial N.º 6599 (Monumentos Naturales Provinciales); y a la omisión, en todo el proceso del PSJ, de la existencia del proyecto de ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata–Polvaredas, presentado por vecinos de Uspallata y actualmente con estado parlamentario. Expediente N.º 287141. Amparo presentado por un vecino de Uspallata, con el patrocinio de la Dra. Julieta Lavarello, Martina Barraza Orsini (XUMEK) y Enrique Jasid (CeProDH). Refiere al agotamiento del caudal del arroyo El Tigre y a su insuficiencia como fuente de agua para abastecer al PSJ, siendo este arroyo el principal afluente de la Ciénaga del Yalguaraz. Asimismo, ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se tramitan las siguientes acciones de inconstitucionalidad: Expediente N.º 238274. Acción de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos de la provincia de Mendoza, con el patrocinio del Dr. Luis Gabriel Escobar Blanco, referida a incumplimientos del Código de Minería. Expediente N.º 238528. Acción de inconstitucionalidad presentada por Oikos Red Ambiental, con el patrocinio del Dr. Agustín Sánchez, Juan Carlos Nievas y Manuel Linares, referida a una DIA condicionada, incompleta y carente de estudios esenciales. Expediente N.º 239042. Acción de inconstitucionalidad presentada por José Luis Ramón y Jenina Johana Gutiérrez, de la Asociación Civil Progreso Mendoza, y por el Lic. Eduardo Sosa, referida a una DIA condicionada, incompleta y carente de estudios esenciales, y a la falta de transparencia de la audiencia pública. Expediente N.º 239054. Acción de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos de la provincia de Mendoza, con el patrocinio del Dr. Luis Gabriel Escobar Blanco, referida a la contaminación por arsénico. En síntesis, las distintas acciones judiciales sostienen el riesgo de daño ambiental irreversible por la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental incompleta, condicionada y carente de estudios esenciales, que impiden determinar tanto la factibilidad del uso del agua como los riesgos de contaminación del río Mendoza y otros recursos hídricos. Asimismo, se plantea el riesgo de agotamiento del caudal del arroyo El Tigre, principal aportante del ecosistema de la Ciénaga del Yalguaraz; el incumplimiento de la consulta a pueblos originarios establecida en el Convenio 169 de la OIT; la falta de transparencia y de consulta pública debido a las irregularidades de la audiencia pública realizada en el ámbito de la empresa; y el riesgo de liberación de arsénico, entre otros aspectos. Entre las normas constitucionales y convencionales vulneradas se encuentran los artículos 28, 33, 41, 43 y 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional; tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad federal, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1, 2 y 25); el Protocolo de San Salvador (art. 11); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2.1, 11 y 12); y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 6 y 14), todos vinculados de manera directa con la tutela del derecho a la vida, la salud, el agua y el ambiente sano, así como con el acceso efectivo a la justicia. También se encuentra comprometido el Acuerdo de Escazú (Ley N.º 27.566), en particular sus artículos 1, 4, 6 y 8 (incisos 1, 2 y 3), que imponen obligaciones reforzadas al Estado en materia de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, se vulneran la Ley General del Ambiente (Ley N.º 25.675), la Ley Provincial N.º 5961, la Ley Provincial N.º 7722 y el Código de Minería. La Justicia de Mendoza debe dar rápido tratamiento a todas estas acciones judiciales, que forman parte de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Uspallata y toda la provincia de Mendoza en defensa del agua y de los bienes comunes.
Contactos de los equipos interdisciplinarios que trabajan en las acciones legales: – ONG Progreso Mendoza: Lic. Cristina Patiño – Tel. 260 4332765 Lic. Eduardo Sosa – Tel. 261 4183715 – Dra. Julieta Lavarello – Mat. Prov. Mendoza N.º 10.108 – Tel. 261 3071804 – Dr. Enrique Jasid – Mat. N.º 9968 – Tel. 261 6636751 (CeProDH) – Lic. Federico Soria – Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata – Tel. 261 5333477 – Gonzalo Vergez – Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas – Tel. 223 4268927 – Ariadna Fajner Correa – Tel. 261 5933400 (XUMEK) – Dr. Luis Gabriel Escobar Blanco – Cel. 261 2576066 – Carlos Russo – Cel. 261 3475597
El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono, pero con un potencial de calentamiento mucho mayor en el corto plazo. A nivel global, se estima que causa el 30% del calentamiento asociado a las actividades humanas.
En Argentina representa el 32% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, principalmente provenientes de la ganadería (60%) y los combustibles fósiles (20%). Las emisiones de metano del sector de petróleo y gas se deben a fugas, venteo intencional y quema en antorcha, además de los pozos abandonados. Argentina es considerada un “super emisor” regional, junto con Brasil, Venezuela y Colombia.
En cuanto a la normativa en el país, a pesar de los compromisos internacionales asumidos —como el Global Methane Pledge y la participación en la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y la Iniciativa Global del Metano (GMI)—, la regulación nacional aún es incipiente y fragmentada.
A nivel nacional, el marco normativo se apoya en leyes generales de cambio climático (Ley 27.520) y planes estratégicos (Planes Nacionales de Adaptación, Mitigación y Transición Energética). Las normas específicas son escasas: la Resolución 143/1998 regula el venteo y la quema de gas, mientras que la Resolución 970/2023 crea el Programa Nacional de Medición y Reducción de Emisiones Fugitivas, aún pendiente de reglamentación.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos busca llenar ese vacío, proponiendo la creación de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano, planes de gestión empresariales, programas de detección y reparación de fugas, y la introducción de créditos compensatorios. Sin embargo, el proyecto carece de metas cuantificables y mecanismos sancionatorios robustos.
Las provincias comenzaron a avanzar con regulaciones propias. Chubut aprobó en 2024 una resolución que obliga a las empresas a presentar planes anuales de gestión de emisiones y a realizar monitoreos y reportes públicos. Neuquén y Mendoza implementaron programas piloto y registros provinciales de gases de efecto invernadero, mientras que Río Negro y Santa Cruz incorporaron exigencias ambientales generales en sus marcos hidrocarburíferos. Varias provincias participan además del Sistema de Alerta y Respuesta al Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, que utiliza datos satelitales para detectar emisiones.
A nivel internacional, la tendencia regulatoria muestra un endurecimiento progresivo. Canadá y Estados Unidos han establecido metas nacionales de reducción y exigencias tecnológicas estrictas; la Unión Europea aprobó en 2024 el primer reglamento específico de metano para el sector energético, con obligaciones de monitoreo, reparación de fugas y prohibición del venteo y flaring, mientras que China y Brasil avanzan en estándares técnicos y planes sectoriales.
El documento concluye que Argentina necesita fortalecer su marco jurídico y de política pública con metas de reducción claras, sanciones efectivas y mayor articulación institucional entre Energía, Ambiente y Salud. Asimismo, advierte que el enfoque actual —centrado en la mitigación de fugas y la valorización del gas— reproduce la dependencia de los combustibles fósiles. Propone avanzar hacia una desfosilización progresiva y una transición energética justa, que reduzca emisiones y proteja los derechos de las comunidades.
Se recomienda el documento “Metano en Argentina: una guía básica para entender desde cero” como una primera aproximación clara y accesible para comprender el metano, su vínculo con el sector de petróleo y gas y por qué es urgente hablar de él en Argentina.
Recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, como representante de la Asamblea Jachal No Se Toca, declara su profunda preocupación ante la prescripción de la causa penal, por parte de la Jueza Servici de Cubría, contra los funcionarios nacionales responsables de haber frenado, manipulado e incumplido la Ley de Glaciares, en el marco del derrame tóxico de Barrick Gold en Veladero (Jáchal, San Juan) ocurrido en 2015.
El desastre de Jachal es el mayor derrame minero de la historia argentina y sigue impune a más de diez años: no hay juicio oral, no hay condenas y la minera Barrick Gold continúa operando en plena cordillera, dentro de la zona periglaciar protegida por ley.
La decisión de la jueza Cubría es un retroceso grave. No solo abandona la obligación del Estado de proteger las nacientes de agua de alta montaña, sino que además desconoce una década de pruebas que demuestran el rol del propio Gobierno Nacional de entonces en la manipulación del Inventario de Glaciares para permitir que Barrick operara donde la ley lo prohíbe. Sin esa intervención deliberada, Veladero no habría funcionado jamás: el derrame de cianuro, mercurio y metales pesados sobre la cuenca de Jáchal simplemente no habría ocurrido.
Por eso, desde la querella recurrimos ante la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir el Juicio Oral contra los responsables nacionales.
El juicio de Jachal es la única vía para terminar con la impunidad política e institucional que rodea a Veladero desde hace años. Allí deben rendir cuentas quienes, desde el Estado Nacional, bloquearon la aplicación de la Ley de Glaciares y habilitaron la explotación minera en territorios que debían estar resguardados como reservas estratégicas de agua.
El pueblo de Jáchal carga con la contaminación, la incertidumbre y la negación sistemática de información. Su lucha es la que mantuvo viva esta causa cuando todos los resortes del poder quisieron cerrarla.
Veladero es el símbolo de un modelo extractivo basado en la desprotección de los territorios de alta montaña, el desprecio por el agua y el blindaje de las corporaciones mineras. La prescripción dictada por Servini solo fortalece ese modelo.
Por eso vamos a Casación: para impedir que esta causa se archive y para que, de una vez por todas, se escuche en un tribunal la verdad completa sobre cómo se violó la Ley de Glaciares para habilitar un proyecto que nunca debía haber existido.
La Argentina necesita justicia social y ambiental, transparencia y responsabilidad de las corporaciones mineras. Esta causa es una prueba decisiva: o se sostiene la impunidad minera, o se abre el camino para proteger de verdad los glaciares, el agua y las comunidades que dependen de ellos.
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) informa que, a pedido de esta querella y de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Justicia autorizó el allanamiento en la planta de COMARSA, ubicada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, en la capital provincial. Este paso clave se da en el marco de la causa por los Basureros Petroleros del proyecto Vaca Muerta. Se realiza para avanzar en la investigación penal por usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa en uno de los mayores pasivos petroleros del país y del cual las empresas petroleras son responsables.
El operativo tiene un objetivo concreto: permitir las tareas de campo necesarias para el informe técnico del perito agrimensor designado por la querella, cuyo trabajo es indispensable para reconstruir los límites reales del predio y su expansión.
Esta nueva inspección judicial busca despejar una pregunta central ¿hasta dónde avanzó Comarsa sobre tierras públicas que nunca le fueron cedidas?
Desde la querella afirmamos, en base a lo evidenciado en años de documentación: COMARSA no solo operó dentro del inmueble concedido a precio vil por la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante, sino que extendió ilegalmente sus actividades sobre terrenos públicos no cedidos, ampliando su huella operativa por fuera de toda autorización estatal.
Esa expansión no es inocua. Sobre esas tierras usurpadas, la empresa acumuló a cielo abierto residuos petroleros tóxicos, provocando la degradación del territorio y afectando el aire, el suelo y la salud de las comunidades que viven y trabajan en las zonas aledañas. A su vez, el lixiviado de estos residuos corre peligor de afectar las napas que existen en la región. Es exactamente el tipo de manejo que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil denuncian hace años: montañas de residuos, vapores tóxicos, derrames y un modelo energético que deja contaminación y precariedad donde debería haber controles, reparaciones y políticas públicas serias.
Con este allanamiento, la fiscalía espera demostrar el delito de usurpación, al demostrar la ocupación y el uso ilegal de tierras públicas por parte de la empresa. Y también el delito de contaminación peligrosa, al evidenciar que COMARSA acumuló residuos petroleros en esas mismas tierras, agravando la afectación territorial y social a las comunidades cercanas.
La investigación avanza en un contexto donde Neuquén convive con basureors petroleros abiertos, pozos abandonados sin remediación y zonas saturadas de la infraestructura petrolera sin que ninguna autoridad provincial regule cómo afecta esto a la población. Frente a esa desidia estructural, el allanamiento puede recaba r más evidnecias y avanzar hacia terminar la impunidad actual sobre el entramado que sostiene el proyecto Vaca Muerta.
Desde AAdeAA, como parte querellante, vamos a seguir impulsando las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos, se identifiquen las responsabilidades y se garantice la reparación de los territorios y de las comunidades afectadas.
La contaminación petrolera no es un daño abstracto, ni puede seguir haciéndose en nombre de las divisas y el interés nacional. Las comunidades están afectadas en sus cuerpos y territorios y quienes las afectan deben responder ante la ley
Salud y enfermedad son parte de un proceso social complejo. Los daños en salud asociados al metano no son “accidentes” inevitables, sino consecuencias estructurales de una forma de desarrollo que privilegia la rentabilidad sobre la sustentabilidad socioambiental.
El metano actúa como precursor del ozono troposférico, constituyendo un contaminante atmosférico con efectos adversos comprobados sobre la salud respiratoria, cardiovascular, reproductiva entre otros. La exposición al ozono troposférico se asocia a aumento de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, exacerbaciones de asma y EPOC, y mayor vulnerabilidad en niños, personas mayores y poblaciones con enfermedades de base. Asimismo, se han documentado alteraciones en la fertilidad masculina y femenina, y efectos negativos en el desarrollo fetal.
Los estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Canadá han evidenciado un aumento del riesgo de un tipo de leucemia en comunidades ubicadas en cercanía de pozos de fracking, así como posibles incrementos en linfomas y otros cánceres hematológicos. También se han descrito alteraciones endocrinas, disrupciones reproductivas, entre otras.
En este contexto, la combinación de incertidumbre científica, exposición múltiple a contaminantes y proximidad entre pozos y comunidades plantea la necesidad de adoptar medidas regulatorias preventivas. La falta de datos oficiales accesibles y la magnitud de la exposición comunitaria hacen imperativa la aplicación del principio precautorio y las evaluaciones de riesgo integrales en territorios afectados por fracking.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció el miércoles 22 de octubre una fuga de hidrocarburos a partir de la explosión de un ducto de la empresa Pan American Energy (PAE) en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra a orillas del lago Mari Menuco.
Esta fuga de hidrocarburos “creó una nube tóxica que se veía desde las comunidades mapuche aledañas y que claramente contaminó la orilla del lago”, alertaron desde la Confederación.
Estos desastres ambientales, con graves impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las comunidades cercanas, no son accidentes aislados, sino una consecuencia ineludible de la actividad hidrocarburífera extractiva –tanto convencional como no convencional–. Entre 2015 y marzo de 2022, se registraron 9,242 incidentes, muchos de los cuales incluyen derrames de petróleo, contaminación del agua y gases de efecto invernadero altamente peligrosos. En este contexto, la técnica de fracturación hidráulica –conocida como fracking– no solo intensifica los riesgos, sino que lo hace a un ritmo alarmante: entre enero y septiembre de este año se realizaron 18.263 etapas de fractura, un aumento significativo respecto de las 14.722 registradas en 2023.
A esto se suma la falta de control y transparencia en la información sobre la magnitud real de los daños, como quedó demostrado en desastres anteriores, donde las empresas reportaron afectaciones mínimas o inexistentes de las superficies contaminadas, lo que resulta inverosímil dada la envergadura de los derrames.
El lago Mari Menuco es un embalse que, junto a Los Barreales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es una de las principales fuentes de agua potable de la Patagonia norte. Los Barreales abastece el acueducto que provee a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, mientras que el Mari Menuco suministra agua a Neuquén capital, Centenario y, con la ampliación de la planta potabilizadora, también a Plottier y Vista Alegre.
En febrero de este año el gobierno de Rolando Figueroa le extendió la concesión de Lindero Atravesado a PAE a través del decreto N° 228/2025, que autoriza a la empresa a realizar fracturas en el entorno del lago hasta el año 2060. Además, el decreto N° 276/2025, habilitó el fracking en La Angostura Sur I y II, incluyendo el istmo de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, y prevé más de 500 pozos en esa frágil zona.
La extracción de hidrocarburos en estos territorios pone en riesgo una fuente de agua potable vital para más de 600 mil personas. La explosión y fuga del pasado 22 de octubre es una muestra más de está situación. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por este nuevo desastre ambiental y reiteramos el reclamo por el cierre de todas las actividades extractivas en la zona.
Firma:
Campaña “Salvemos el Mari Menuco”
Acompañan:
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Observatorio Petrolero Sur
Confederación Mapuche de Neuquén
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
Tierra para Vivir – Marabunta
Izquierda Socialista – Ambiente en Lucha – FITU
Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha – Neuquén
Alerta Roja Ambiental / PTS – FITU
Red Ecosocialista – MST en el FITU
Colectiva Feminista La Revuelta
Multisectorial Golfo San Matías
APDH Neuquén
Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones
Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS
Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego, AeIAS
Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande
Asamblea Mar Libre de Petroleras Partido de la Costa
Asamblea por un Mar Libre de petroleras Uruguay
APDH EL BOLSON
ASAMBLEA MULTISECTORIAL de Cipolletti. Río Negro
RED de DDHH de CIPOLLETTI
Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn
Comunidad Katrawletuain, Rawson, Chubut
Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa, Chubut
APDH ESQUEL TREVELIN
APDH Tucumán
Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca
Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata
Observatorio de Sismicidad Inducida
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones
Red de Comunidades Costeras
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
La Revuelta Comunicacion, Mar del Plata
Asociación Mane’kenk
APCA Neuquen
FASE Espírito Santo
ANAFAE Honduras
CEDIB, Bolivia
Más datos sobre desastres ambientales de la industria petrolera:
Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2049 incidentes ambientales. Un promedio de 5,6 por día, más del doble de los que constan para 2017, cuando el promedio diario era de 2,8 (información extraída a partir de los datos oficiales de incidentes ambientales declarados por empresas operadoras de la Dirección Provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales).
Entre los principales desastres ambientales de los últimos años se encuentran el del yacimiento Bandurria Sur, del 19 de octubre de 2018, operado por YPF S.A. y Schlumberger, que afectó entre 47,6 (según la empresa) y 80 hectáreas (según Greenpeace y FARN), y por el cual fueron succionados 4076 m³ de hidrocarburos y removidos 22.529 m³ de suelo contaminado; y el incendio en Pozo Loma la Lata Oeste, el 15 de septiembre de 2019, con llamas de 30 metros cerca del lago Los Barreales, controladas en un mes por Wild Well Control.
A esta accidentalidad propia de la industria petrolera se le debe sumar los más de 500 sismos producidos en la zona desde el 2019 por el fracking, de acuerdo a la información producida por el Observatorio de Sismicidad Inducida. Esta actividad sísmica afecta a las comunidades y poblaciones cercadas, en particular a las localidad de Sauzal Bonito y Añelo, con daños materiales, impactos en la salud y seguridad.
La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad del proceso y la suspensión de juicio a prueba solicitados por La Regina.
Trelew, 21 de mayo 2025.- Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, las organizaciones que integran la querella de la causa por la matanza de los pingüinos de Punta Tombo, han reconocido la decisión de la Cámara de Apelaciones de Trelew que confirmó hoy la sentencia condenatoria del Tribunal Colegiado de Juicio de Rawson contra Ricardo La Regina el 20 de noviembre de 2024.
La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de nulidad del proceso y la suspensión de juicio a prueba solicitados por La Regina.
“Celebramos la decisión del tribunal. Una vez más, queda demostrado que este caso fue un claro ejemplo de daño directo a los pingüinos y la naturaleza y, gracias al accionar de la justicia, no quedó impune. Sin embargo, la protección al ambiente debe ampliarse y respetarse y por eso es necesario avanzar a nivel nacional en la penalización de los delitos ambientales”, explicó Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La sentencia que impuso el tribunal de primera instancia en noviembre pasado ya había acreditado la responsabilidad del acusado por el desmonte de flora nativa y la apertura ilegal de caminos mediante el uso de maquinaria pesada ocurrida entre agosto y diciembre del 2021. Esto produjo la destrucción de nidos, la muerte de más de un centenar de pingüinos y el daño a una colonia entera en plena temporada reproductiva.
“Este fallo no solo impuso una condena ejemplar, sino que también sienta un precedente en la defensa de los ecosistemas del país. El uso del término “ecocidio” por uno de los jueces del tribunal es innovador. Es un término que el campo ecosocial impulsa desde hace años, pero que la legislación argentina aún no tipifica como delito”, sostuvo Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Con este caso probamos que nadie es dueño de la naturaleza. Si bien los bienes comunes están dentro de propiedad privada, quien destruye los ecosistemas comete un delito contra toda la sociedad. Este nuevo fallo lo evidencia, y marca un límite frente al avance de prácticas extractivas y destructivas”.
El tribunal de primera instancia condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso estrictas reglas de conducta, como la prohibición de transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema, la obligación de colaborar con tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla, que es lugar donde se perpetraron los hechos y la prohibición de realizar obras sin autorización e informes de impacto ambiental aprobados por las autoridades provinciales.
Además, la sentencia ordenó, como habían solicitado las organizaciones querellantes durante el juicio oral, el decomiso de la retroexcavadora utilizada para perpetrar los delitos constatados, reconociendo su rol instrumental en la ejecución de los hechos.
“Con esta decisión, la justicia es clara; cualquier actividad que atente contra la protección de los ecosistemas y su biodiversidad no quedará impune. Este es un caso testigo. Es un ejemplo que esperamos se aplique en el resto de la Patagonia en un principio para establecer normas claras para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad”, agregó José María Musmeci, presidente de Fundación Patagonia Natural.
La ciudadanía responsabiliza a las empresas de petróleo y gas, de gestión de residuos y grandes productores agropecuarios por los daños ambientales
BUENOS AIRES – Una nueva encuesta muestra que en Argentina hay un apoyo abrumador a las acciones para minimizar los impactos del cambio climático (91% de apoyo total, incluyendo un 45% de apoyo firme), incluyendo medidas específicas contra la contaminación por metano (82% de apoyo total, con un 33% de apoyo firme). El estudio internacional, realizado en Argentina y en otros 16 países, fue encargado por el Global Methane Hub para conocer el nivel de respaldo público a soluciones climáticas, en particular la reducción de las emisiones de metano.
Si bien temas económicos como la reducción de la pobreza y la generación de empleo encabezan las prioridades políticas de la población, las personas encuestadas expresaron un fuerte apoyo a políticas que reduzcan la contaminación por metano en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, actualizar el plan nacional de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para incluir una meta específica de reducción de emisiones de metano (82%) o crear un programa de monitoreo y medición de metano en el sector agropecuario (84%) despertaron un respaldo sustancial. Este apoyo supera incluso el nivel de creencia en el cambio climático causado por actividades humanas (78%).
“El metano es uno de los contaminantes climáticos más potentes, y reducirlo es una de las herramientas más eficaces y eficientes que tenemos para limitar el calentamiento global, limpiar el aire, proteger la salud pública y generar oportunidades económicas”, afirmó Marcelo Mena, Director Ejecutivo de Global Methane Hub. “Tenemos una gran oportunidad de trabajar con responsables políticos para canalizar este apoyo social hacia soluciones colaborativas que mejoren el bienestar colectivo”.
En un contexto de ciudades que enfrentan inundaciones y un país golpeado por olas de frío antártico sin precedentes, el 97% de las personas encuestadas manifestó creer en el cambio climático, y 9 de cada 10 apoyan acciones para minimizar sus efectos. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina, en Argentina se perciben menos impactos personales: solo 3 de cada 10 personas dijeron sentir impactos fuertes o extremos, frente a 6 de cada 10 en Brasil, Colombia y México.
“Esta encuesta confirma lo que sostenemos hace tiempo: la sociedad argentina respalda claramente acciones concretas frente a la crisis climática. Sin embargo, el país aún carece de metas específicas y mecanismos rigurosos para reducir el metano, un gas sumamente nocivo vinculado al avance de la industria fósil. Proyectos como Vaca Muerta operan con niveles alarmantes de fugas de metano y sin control estatal real. Esta ausencia de regulación efectiva es, en la práctica, una licencia para contaminar. Necesitamos una política climática basada en la ciencia, el interés público y el mandato popular para frenar el calentamiento global”, declaró Lucas Micheloud, Codirector Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Los resultados de esta encuesta confirman una verdad cada vez más evidente: existe un consenso social amplio que exige una acción climática urgente, con medidas específicas para reducir las emisiones de metano y desmantelar el modelo basado en fósiles. Esta voluntad popular debe orientar políticas que prioricen la justicia ecológica y social, respeten los derechos territoriales y promuevan transiciones ecosociales justas. Es hora de que los gobiernos escuchen este mandato y actúen con firmeza frente a los intereses corporativos que perpetúan la crisis.
La ciudadanía argentina responsabiliza a las grandes corporaciones por los daños ambientales y respalda planes de acción climática
Consultadas sobre quiénes son los principales responsables de los daños ambientales como el cambio climático, las personas en Argentina señalaron en primer lugar a las grandes empresas de petróleo y gas, seguidas por las compañías de gestión de residuos y los grandes productores agropecuarios. Recién después aparece la ciudadanía individual.
En la pregunta relacionada sobre quiénes tienen mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, las mismas corporaciones (petróleo y gas, gestión de residuos) encabezan el listado, seguidas por organizaciones internacionales no gubernamentales.
Encuesta internacional revela fuerte apoyo global a la mitigación del metano
La encuesta se realizó en 17 países de cinco continentes: Argentina, Botsuana, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, Kazajistán, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Se recopilaron al menos 600 respuestas por país mediante encuestas online, incluyendo preguntas sobre percepciones del cambio climático, preocupaciones ambientales, conocimiento sobre el metano y apoyo a políticas específicas para reducir sus emisiones.
Los resultados globales muestran una tendencia clara y positiva: una gran mayoría apoya la reducción del metano, con un 82% de apoyo promedio en los países encuestados. En momentos donde sectores de alta emisión amenazan con retrocesos en las políticas climáticas, este respaldo amplio y sostenido confirma que la opinión pública respalda el avance climático.
Aunque las preocupaciones económicas siguen siendo prioritarias, los países del Sur Global —más golpeados por los impactos del cambio climático— tienden a mostrar mayor apoyo a la mitigación del metano, mientras que en el Norte Global, donde los impactos se perciben menos, el apoyo es más moderado.
La urgencia de reducir el metano
Las emisiones de metano han sido responsables de aproximadamente la mitad del calentamiento actual. Reducirlas es clave para enfriar el planeta luego del año más caluroso registrado. Un recorte del 45% en las emisiones de metano permitiría reducir el calentamiento global en 0,3°C para 2040, acercándonos a un futuro saludable y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.
El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono:
86 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años
28 veces más potente que el CO₂ en un período de 100 años
“Esta encuesta, encargada por Global Methane Hub y realizada por Burson, brinda una mirada sin precedentes sobre las actitudes del público frente al metano y el cambio climático. Aporta información clave para que quienes toman decisiones entiendan mejor las perspectivas sociales sobre la reducción del metano”, explicó Bob Torongo, Vicepresidente Ejecutivo de Burson.
Global Methane Hub y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas están disponibles para entrevistas. Para solicitar más información o coordinar una entrevista, escriba a jerralyn.davis@berlinrosen.com
Sobre Global Methane Hub
Global Methane Hub coordina a filántropos, expertos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos para garantizar una estrategia conjunta de máxima reducción del metano. Ha recaudado más de 200 millones de dólares de más de 20 de las principales organizaciones filantrópicas climáticas del mundo para acelerar la mitigación del metano a escala global. Más información en nuestro sitio web.
Sobre la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Desde hace más de veinte años, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsa la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de justicia ecológica, climática y social. Fundada por profesionales y activistas de todo el país, integra saberes interdisciplinarios, militancia territorial e incidencia pública para acompañar a comunidades y organizaciones en conflictos socioambientales. Su trabajo combina litigio estratégico, debates públicos, construcción legislativa colectiva y apoyo territorial. Ha sido protagonista en luchas históricas como la Ley de Glaciares, las prohibiciones a la megaminería y las acciones contra desmontes, basurales petroleros, destrucción de humedales y exploración offshore. También impulsa propuestas de transición ecosocial en energía, producción y hábitat, desafiando proyectos fósiles como Vaca Muerta y promoviendo la justicia climática. Más información en nuestro sitio web.
Metodología de la encuesta
La encuesta fue realizada por Burson Insights, Data & Intelligence (anteriormente BSG) mediante entrevistas online de 10 minutos entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 2025, traducida a 14 idiomas y aplicada en 17 países de América, Europa, África y Asia.
Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años, residentes en cada país y con acceso a internet. Se aplicaron ponderaciones por edad, género, geografía y nivel educativo para que la muestra sea representativa de la población adulta con acceso a internet en cada país.
Se recolectaron al menos 750 respuestas en 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Francia, Alemania, Indonesia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido), con un margen de error de ±3,58%. En los otros 5 países (Marruecos, Omán, Botsuana, Kazajistán y Pakistán), se obtuvieron al menos 600 respuestas, con un margen de error de ±4,00%.
Nota: Cuando se mencionan cifras “globales” o del “estudio total”, se refieren al promedio de los 17 países encuestados.
