Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial – CAJE nos sumamos al pedido de ABSOLUCIÓN YA para 8 vecinos y vecinas de Chubut que fueron enjuiciados y que se encuentran esperando que la Jueza Eve Ponce dicte sentencia. Este martes 22 de abril vence el plazo y exigimos que primen en la resolución judicial los derechos constitucionales y convencionales por sobre los intereses políticos-corporativos que se vieron expuestos en una causa estructurada para desalentar y adoctrinar el espíritu de lucha del pueblo chubutense.
Las jornadas de movilización masiva en contra de la ley de rezonificacion minera aprobada el 15 de diciembre de 2021 que habilitaba la minería en Chubut, sucedieron en toda la provincia y fueron reprimidas de manera excesiva y abusiva por las fuerzas de seguridad, en operativos violentos con el único fin de garantizar la imposición de la actividad extractiva a un pueblo que desde 1996, con el rechazo al basurero nuclear y la megaminería metalífera en 2003, ha marcado un claro camino de rechazo a la megamineria que ha sido sostenido inclaudicablemente hasta a la actualidad.
El Chubutazo fue una expresion aútentica y valiente de toda la sociedad rechazando una vez mas la Megamineria que se intentó imponer de espaldas a la ciudadania. No obstante la represión desmedida, las movilizaciones y reclamos se mantuvieron durante siete días hasta que la ley debió ser derogada. Durante esos días cientos de heridos fueron construyendo el saldo de las jornadas que paralizaron la provincia en torno a la aprobación de una ley escrita a la medida de las grandes trasnacionales mineras del mundo.
A 4 años de los hechos, se lleva adelante un juicio injusto e irregular, donde todos los testigos de la Fiscalía, a cargo de Florencia Gomez, son policías. Durante estos años, y especialmente durante el proceso se expuso, estigmatizó, persiguió y hostigó a vecinos y vecinas que salen a las calles para defender el agua y los territorios. Es inadmisible que quien aspira a ocupar el cargo titular ante la posible creación de una Fiscalía Ambiental de Chubut haya actuado de este modo, persiguiendo a defensores y defensoras ambientales, en abierta contradicción con los principios de la democracia ambiental y del Acuerdo de Escazú.
En contrapartida, las denuncias presentadas por el ilegal accionar de las fuerzas de seguridad y los operativos policiales violentos y desmedidos no han prosperado. Insólitamente se ha condecorado a algunos policías. Incluso no se investigaron las denuncias por coimas y ofrecimiento de lobby a favor de la megaminería, por parte de diputados en vigencia de sus cargos.
Este juicio es sólo un eslabón en la cadena de persecución a las asambleas, vecinos y vecinas de Chubut para intentar doblegar el espíritu de resistencia y el derecho constitucional a manifestarse, ya que el poder judicial está sosteniendo -y forzando- dos procesos de criminalización más. Uno en torno a reclamos por la aprobación del RIGI donde 6 vecinos y vecinas están siendo acusados de “amenazas” (el propio vicegobernador Gustavo Menna es uno de los denunciantes) y otro juicio con fecha aún no definida donde 5 vecinos y vecinas fueron acusados por el corte de la Ruta Nacional N°3 en 2021, cuando la legislatura provincial rechazó sin tratamiento la 2da Iniciativa Popular.
Este escenario de criminalización no es aislado, se inscribe en una tendencia más amplia marcada por el avance de gobiernos de ultraderecha que, abiertamente, promueven una cultura política autoritaria que busca disciplinar y amedrentar a quienes defienden los territorios. En Chubut, la actual administración provincial se alinea con esta lógica, vulnerando derechos y persiguiendo activistas ambientales, desconociendo el alcance supralegal del Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de personas defensoras del ambiente, evitando consecuentemente su persecucion, criminalización y/o judicialización.
Es por ello que, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas/CAJE exigimos la inmediata absolucion de los defensores procesados y el cese de la criminalizacion de la protesta en Chubut a defensores del agua y la tierra. La democracia ambiental jamás puede consolidarse sobre la base de la persecucion a quienes ejercen legitimamente el derecho a manifestarse
Contacto de prensa: Lucas Micheloud 3413042305