Argentina – 28 de Septiembre, 2023
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del gobierno de Chaco de “adecuar” el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Consideramos que esta convocatoria representa una nueva artimaña que socava los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.
La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Ministerio de Producción de Chaco en estas irregulares audiencias públicas viola flagrantemente los principios fundamentales de la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley General de Ambiente. Esta propuesta no cumple con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo, lo que significa que áreas de alto valor de conservación están siendo categorizadas como de bajo valor, permitiendo su desmonte total y favoreciendo al agronegocio.
Además, esta convocatoria no cumple con las condiciones requeridas para consultar a la población sobre asuntos ambientales, como lo establecen acuerdos internacionales a los que Argentina se ha comprometido, como lo es el Acuerdo de Escazú. La falta de información previa a la población sobre la materia a discutir y la elección de espacios que no son públicos y seguros para las audiencias públicas (insólitamente las audiencias públicas se llevarán a cabo en las sedes de las entidades empresariales del agronegocio que desmontan).
Este proceso ilegal se lleva a cabo en el contexto de una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco que carece de sustento legal, y que desde sus inicios fue caracterizado por la violencia, discriminación y amenazas a defensores y defensoras ambientales. El intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento por decreto requería la ratificación del Poder Legislativo, un paso que nunca se cumplió. Además, esta nueva actualización se promueve unilateralmente desde el Ministerio de Producción, excluyendo la participación del Ministerio de Ambiente, que junto al primero conforman el Consejo Provincial de Ambiente encargado de administrar los bosques del Chaco.
Lo aquí expuesto hiere de muerte la transparencia, legitimidad y legalidad del proceso, convirtiéndolo en nulo de nulidad absoluta.
Por todas estas razones, exigimos la inmediata suspensión de esta convocatoria y llamamos al gobierno de Chaco a respetar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. Es inaceptable que se permita el desmonte ilegal en una región que ha perdido más de 8.000.000 de hectáreas en los últimos 30 años, siendo Chaco la provincia que más deforestaciones tuvo el primer semestre de 2023 con 24.522 hectáreas de bosques nativos. La dirigencia política del Chaco debe detener el saqueo de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de flora y vida silvestre.
Estas son medidas realizadas al servicio del poder del agronegocio, que terminan siendo quien efectúa presión al estado para garantizar sus propios intereses, pero también con graves conflictos de intereses de algunos ex funcionarios de la provincia del área de bosques que durante su gestión avanzaron los desmontes en Chaco y ahora se sumaron al proceso en carácter de productores forestales y en representación de empresas tanineras ligadas al agronegocio. Instamos al gobernador Capitanich a tomar medidas coherentes y decididas en favor de la protección de los bosques nativos y de los derechos sociales y ambientales de la población. En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, no hay margen para políticas ambiguas que permitan la expansión de la frontera agropecuaria sobre estos ecosistemas vitales.
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