por Maristella Svampa para Revista Otra Parte

Hace tiempo que el progresismo gubernamental, no sólo argentino, sino también latinoamericano, se halla en estado de implosión. No es ninguna novedad. Primero se fue apagando como ciclo, hacia 2015, cuando dejó de ser un ambicioso movimiento regional que alineaba diferentes gobiernos sudamericanos en pos de una lengua común; luego se fue deshilachando como campo, al compás de una concentración del poder en los ejecutivos y una polarización vertiginosa y sin retorno, frente a la emergencia de las derechas antiprogresistas; hoy, a la luz de lo que sucede en varios países de la región, parecería extinguirse como relato. Esta crisis de los progresismos gubernamentales —que es más un estallido, una implosión, que un cierre silencioso o un gemido—, nos preocupa y desvela porque afecta no sólo el legado progresista de los que fueron o continúan siendo gobierno, sino el conjunto de las narrativas de cambio, vinculadas a derechos, incluso de aquellos que nunca fueron ni fuimos prooficialistas, en un contexto que pretende cuestionar su legitimidad y catapulta aún más a las extremas derechas radicales y autoritarias.

En la olimpíada de desastres latinoamericanos, la Argentina parece haber picado en punta, ilustrado por un lado en la entronización de una extrema derecha ultraliberal y, por otro, en la debacle de la oposición del progresismo kirchnerista. Si hasta ayer el balance político del gobierno de Alberto Fernández era devastador, la reciente revelación de sus agresiones (violencia de género) contra Fabiola Yáñez terminó por hacer implosionar lo último que quedaba en pie del relato progresista del anterior gobierno: la política de género. Mientras en el país se profundiza la recesión económica, empeoran los índices sociales del hambre y la pobreza, y las encuestas indican la caída de la imagen de Javier Milei por debajo del cincuenta por ciento de apoyo, el centro de la agenda pública lo ocupa esta sensación del fin, de la debacle absoluta del progresismo, y la pregunta acerca de si puede sobrevivir o no la narrativa progresista, frente a tanta derrota política, a tanta ofensa moral.

Así, en estos días en que nos indignamos y escandalizamos ante lo que sucede en la Argentina, con Alberto Fernández, o ante lo que ocurre en Venezuela, país que vive un atronador fraude electoral, bien vale la pena excavar en las narrativas y proyectos de los progresismos gubernamentales, ahondar hasta dónde llegan las esquirlas de esa brecha explosiva instalada entre hechos y relatos, para indagar si estamos o no ante el fin de aquello que genéricamente podemos llamar narrativas de derechos.

Mi hipótesis, spoiler mediante, es que resulta imperioso reaccionar y reposicionarse colectivamente, aprender a ser realistas y autocríticos, no tirar al niño con el agua sucia de la bañera —perdón por utilizar esta frase decimonónica—, pues todavía hay mucha tela para cortar, mucha red sana por tejer, mucho acumulado de luchas por derechos para reivindicar. Sin embargo, si no lo hacemos de modo urgente, creíble y solidario, si no apuntamos a la creación de una nueva narrativa colectiva tentacular de cambio, nos arriesgamos efectivamente a un colapso mayor.

Promesas de los progresismos. Déjenme hacer un poco de historia, sucinta y abreviada. El ciclo progresista, la llamada “marea rosa”, arrancó en el año 2000 en el Cono Sur y generó grandes expectativas políticas de cambio. Una lingua franca se construyó en torno a varios ejes compartidos: la crítica al neoliberalismo, la promoción de políticas económicas heterodoxas, la promesa de la inclusión social, el rol creciente del Estado; el latinoamericanismo desafiante, y también, no debemos olvidarlo, la expansión del neoextractivismo y sus impactos.

Uno de los elementos más relevantes del ciclo progresista es que sus gobiernos fueron traccionados por fuerzas y energías sociales muy movilizadas que apostaban a más democracia, nunca a menos. Así, hubo nuevas constituciones fundacionales —como la de Ecuador, que sancionó los derechos de la Naturaleza, o la de Bolivia, que incluyó la plurinacionalidad del Estado—; en Venezuela, se crearon consejos comunales en los tiempos de Chávez (algo así como soviets sentados sobre barriles de petróleo), y en Brasil, un Lula todavía vigoroso desde su origen obrero-sindical prometía un programa que terminaría con la extendida pobreza.

El kirchnerismo, como progresismo peronista, ancló su promesa fundacional a la crisis de 2001, una crisis sistémica e hiperbólica, que casi se lleva puesto al conjunto de la clase política y económica; hoy diríamos la “casta”. Sin la radicalidad de otros regímenes latinoamericanos, pero al calor de una crisis extraordinaria, la promesa de Néstor Kirchner no fue la de dinamitar a la casta, sino la de acercar a representantes y representados; junto con la voluntad de controlar las movilizaciones plebeyas y de clase media, para volver a poner la política en el centro de la esfera institucional. Por eso su apuesta política inicial fue la de remover a una Corte Suprema de Justicia desacreditada y vincularse con la narrativa de derechos humanos. Esto conllevó una revalorización del progresismo, también en clave de “justicia social”, asociado a una política de empleo, de reducción de la pobreza y de contención e incorporación de movimientos piqueteros mediante una batería de planes sociales.

A partir de 2008, Cristina Fernández de Kirchner le daría su impronta personal al progresismo peronista desde el poder, en el que convergía un liderazgo casi magnético en el uso de la palabra con un populismo nacionalista más centralizado y un estilo político rígido, con escasa capacidad de gestión del conflicto y de diálogo con actores diferentes. Igualmente, el progresismo de CFK, aunque extremadamente vertical, apuntaba a una narrativa de derechos. A la política de la inclusión social —por la vía del consumo— y la de derechos humanos en relación con el pasado dictatorial, se sumaría aquella de la diversidad sexual (matrimonio igualitario) y, ya sin CFK en el gobierno, la potente narrativa feminista, que no tardaría en convertirse en un movimiento de movimientos y que lograría, en su segundo intento, bajo el gobierno de Alberto Fernández, la legalización del aborto y la promoción de una política activa de género y diversidades.

Pueblos originarios y movimientos territoriales antiextractivistas quedaron por fuera del universo progresista kirchnerista, aun cuando la tensión inestable del gobierno con las comunidades indígenas siempre abriría espacios de geometría variable. Pero no fue así con el ambientalismo de raíces territoriales; me refiero a ese ambientalismo polifónico de base federal que pone el cuerpo en los territorios, que apenas si tuvo puntos de encuentro con el progresismo gubernamental en el nivel nacional. No porque aspirara al desencuentro; sino porque el kirchnerismo, una vez sorteada la instancia de vivir como oposición (como sucedió durante el período macrista, entre 2015 y 2019, cuando hubo acercamiento), volvía a las políticas de siempre, mostrando con ello su indiferencia ante el agravamiento de la crisis climática y su apego a las políticas extractivistas, en nombre de las exportaciones y el pago de la deuda externa. Esta selectividad del progresismo gubernamental —como ya lo analicé en otros textos—, no es atributo exclusivo de la Argentina, y con sus variantes y especificidades, tiene un alcance regional.

Pero volvamos a la escala latinoamericana, porque durante esos quince años de hegemonía (2000-2015) mucha agua corrió bajo el puente. La crisis llegó no solo por la caída del precio de los commodities (en 2011) sino por la ausencia misma de transformaciones estructurales (no hubo reformas fiscales progresivas), mientras la pobreza, que se había reducido en tiempos de vacas gordas, volvía a crecer, y la concentración de la riqueza aumentaba. En ese quinquenio excepcional pudimos ver cómo se iba haciendo más rígido el campo de los progresismos gubernamentales al compás de la negación de la nueva institucionalidad democrática radical, de procesos de concentración del poder en manos de líderes cada vez más todopoderosos, más verticalistas, de dinámicas de corrupción de alto vuelo e impacto regional (caso Odebrecht).

Aun así, aunque los resultados finales eran desiguales según los países, el desmembramiento del campo progresista latinoamericano no alcanzaba hasta ahí para borrar esa impronta primera que coloreó la marea rosa, en su articulación con organizaciones del campo popular, a saber, la promesa de más democracia, de igualdad, de más derechos, en el marco de una nueva institucionalidad, en países atravesados por tantas dictaduras, por tantas desigualdades sociales, por tantos procesos de exclusión multidimensionales. Más simple: los progresismos realmente existentes parecían haber cumplido su ciclo, había decepción y desencanto, traiciones y manipulaciones, y sobre todo, mucho desajuste entre políticas y discursos. Como le escuché decir al sindicalista Julio Fuentes en 2017, “entre el relato y la realidad hubo mucha diferencia: todos queríamos vivir en el país del otro, porque lo que estábamos viendo era el relato”. La distancia entre relato y realidad era cuestionable, pero no así la narrativa de derechos en sí misma, que sobrepasaba esas experiencias y seguía siendo legítima.

Polarización y cambio de época. Uno de los elementos más relevantes del ciclo progresista fue el surgimiento y la consolidación de escenarios de polarización política que enfrentaron a los oficialismos con una reacción antiprogresista de amplio espectro. Esta polarización fue configurando “campos de acción”, “en los cuales se expresaban corrientes sociales que incluían no sólo movimientos sociales sino también partidos políticos y otros grupos en disputa”, como dice el colega brasileño Breno Bringel. Estas corrientes sociales compitieron con los progresismos gubernamentales en masividad en las calles y fueron una ventana de oportunidad en la que se iría decantando una derecha política, que buscaría barrer no sólo con los gobiernos sino también con las banderas sostenidas por la narrativa progresista.

A partir de 2015 el giro a la derecha fue más pronunciado y el backlash fue adquiriendo configuraciones abiertamente electorales, mientras los progresismos gubernamentales acentuaban su declive. Uno de casos más dramáticos fue el de Brasil, con el impeachment contra Dilma Roussef (2016) y el encarcelamiento de Lula (2018-2019), a lo que se sumó el triunfo electoral de Jair Bolsonaro (2019). También hubo mutaciones internas, como la de Lenín Moreno en Ecuador (2017-2021), quien pese a ser ungido por Rafael Correa, una vez que llegó al gobierno dio un giro a la derecha. O la deriva del gobierno de Nicolás Maduro, luego de la muerte de Chávez (2013), que desarrollaría una minuciosa y perversa estrategia —casi capilar— de bloqueo electoral, ante una derecha agresiva y clasista; y cuya crisis económica y política llevó a la expulsión/emigración de cerca de ocho millones de venezolanos. Hace años que Maduro consolidó un “neoliberalismo autoritario y criminal” —como dice un amigo venezolano de izquierda—, pese a la utilización grotesca que hace su gobierno de la narrativa progresista. Ni que hablar de Nicaragua, donde el matrimonio Ortega-Murillo instauró una dictadura implacable, desarrollando un sistema represivo que desinstaló la institucionalidad democrática y abarca todos los sectores de la sociedad civil.

Mucho se habló también del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, un Evo de raíces campesinas-indígenas, pero cuyo infatigable deseo de perennidad en el gobierno volvió a despertar en Bolivia el peor de los demonios, el racismo antiindígena. Pese a ello, el régimen de facto no pudo consolidarse y debió llamar a elecciones libres, que permitieron al Movimiento al Socialismo (MAS), aunque no a Evo Morales, volver una vez más al gobierno. Hoy el progresismo boliviano se ve reducido a una lucha vergonzosa entre el liderazgo de Evo y el del actual presidente, Luis Arce, en medio de una crisis económica atada al fin (¿temporario?) de la abundancia del gas.

Por otro lado, a nadie se le escapa —y menos a la derecha— que los giros autoritarios de los progresismos —como en Venezuela y Nicaragua— han sido muy mal procesados en el campo de las izquierdas prooficialistas, dentro del cual todavía hay sectores que leen estos procesos en clave exclusivamente conspirativa, empeorando el daño que ya hacen tales derivas. Siempre hubo conspiraciones de la derecha, nadie lo está negando de plano, pero estas no pueden borrar las tensiones y los errores políticos desencadenados por procesos endógenos, y mucho menos justificar la falta de autocrítica.

Todo indica un nuevo cambio de época, cuyos impactos políticos a largo plazo son enormes, impredecibles en un contexto de policrisis civilizatoria, que se refleja no sólo en el empoderamiento de las derechas sino además en el claro agotamiento de los progresismos gubernamentales. La emergencia más reciente de un polo progresista inorgánico no ha sido suficiente para contrarrestar el nuevo clima de época. Este muestra la coexistencia de figuras innovadoras como Gustavo Petro en Colombia (el único líder latinoamericano que une articuladamente lo social con lo ambiental), otras más o menos continuistas como Gabriel Boric en Chile, y la vuelta de Lula da Silva en Brasil, fuertemente cercado por fuerzas conservadoras y de derecha. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, portador de una mirada desarrollista-estatista casi propia de los años setenta, siempre funcionó como un “progresismo tardío”, como dice el ítalo-mexicano Massimo Modonesi, con nulos vínculos con el ciclo progresista anterior.

En este escenario político divergente, sin hegemonías claras, lo novedoso del período es a todas luces el surgimiento de una derecha radical autoritaria con Bolsonaro en Brasil, y algunos años más tarde, el triunfo de Javier Milei en nuestro país. Así, el clima político en América Latina fue mutando y enrareciéndose cada vez más: hoy la tendencia es la normalización de los autoritarismos, la expansión de estructuras criminales, como el narcotráfico, y el retorno en fuerza de las recetas neoliberales como “única” salida económica y social.

A escala global, todo parece ir en favor de la expansión de las extremas derechas y sus discursos antiinmigrante. En pleno agravamiento de la crisis climática, líderes negacionistas han gobernado países como Estados Unidos, Australia y Brasil; han surgido extremas derechas con un discurso ecofascista, como la que estuvo a punto de entronizarse en Francia, mientras la derecha autoritaria continúa siendo gobierno en países como Hungría e Israel, entre otros. El caso es que las extremas derechas se han convertido en una alternativa peligrosísima de poder.

La Argentina y la gran vaca peronista. Después de doce años de kirchnerismo (2003-2015), el progresismo gubernamental ya afrontaba una crisis y un agotamiento profundo. La primera alternancia electoral postkirchnerista, entre 2015 y 2019, con Mauricio Macri, se propuso aplicar un programa de políticas neoliberales, pero aún se insertaba en un clima político y social dominado por la narrativa progresista en torno a los derechos. Sabemos del fracaso del gobierno macrista: aumentó las tarifas de los servicios públicos, potenció la pobreza y el deterioro del salario, no logró bajar la ya alta inflación, que venía impactando en sectores medios y populares, y encima tomó un préstamo multimillonario con el FMI que sirvió para exacerbar la fuga de capitales por parte de empresarios y amigos del poder.

No es extraño entonces que, tras el fracaso neoliberal, en 2019 volviera a ganar una coalición política con una connotación progresista controlada por el kirchnerismo, pero en un escenario político diferente de aquel de 2015. El Frente de Todos, autodefinido como “una coalición peronista y progresista”, nació bajo el control férreo de CFK, quien eligió como candidato a presidente, sin consulta con sus socios partidarios, a Alberto Fernández, a quien sólo conocíamos como un hábil operador y jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, y cuyo vocación “negociadora” revelaba una intención que muchos, en aquel momento, encontraban como “razonablemente conservadora”… La crisis económica, agravada por la pandemia de covid-19, las fotos de la fiesta privada en Olivos y una sequía prolongada que afectaría al sector agroexportador irían configurando no sólo la imagen de un presidente débil, pusilánime, mentiroso y sin autonomía, sino también, como contracara, la imagen de una vicepresidenta (CFK) políticamente mezquina, incapaz de asumir la responsabilidad por los resultados negativos de la gestión en curso.

Milei supo captar gran parte de este descontento frente al fracaso de los diferentes gobiernos —tanto del progresismo gubernamental como el de la derecha mainstream— rearticulando las humillaciones, agravios y aspiraciones bajo una ideología ultraliberal y antiestatal, en la que la apelación a la “libertad” y la supuesta batalla contra la “casta política” resultaron muy eficaces frente a la idea de una justicia social cada vez más erosionada.

Y en este punto me parece importante subrayar que, en su afán por confrontar y vencer a la derecha en el plano electoral, el kirchnerismo terminó por absorber e incorporar todo lo que quedaba del espacio de la centroizquierda partidaria independiente en el país. La gran “vaca peronista” (no hay otro rumiante que simbolice mejor la perennidad del peronismo y su centralidad en el modelo político-económico argentino) deglutió y digirió en alguno de sus cuatro estómagos todo lo que quedaba de las fuerzas de centroizquierda e izquierda nacional partidaria, que al menos se había mantenido con cierta independencia desde 2003. El caso es que en 2019, si hablamos de opciones partidarias de izquierda/centroizquierda, fuera del espacio poligástrico panperonista/panprogresista, sólo quedaba el trotskismo, el cual, pese a tener líderes/lideresas políticos de fuste y estar presente en una gran cantidad de conflictos sociales, cuenta con una representatividad política menor.

El futuro y el campo social. Si el o la lectora ha llegado hasta aquí, además de agradecer su paciencia, quisiera aclarar que mi objetivo no es contar la historia reciente, pero sí escarbar y comprender algunos (sólo algunos) de los aspectos simbólicos de la implosión del “relato progresista” y preguntarme hasta dónde la debacle del progresismo de gobierno (con sus cuatro estómagos) afecta o no las narrativas de derechos, de corte emancipatorio.

La gran vaca peronista deglutió varios de los esfuerzos progresistas que se gestaron en las últimas décadas en la Argentina, al menos en el campo político partidario, pero no así en el amplio campo de lo social, que siempre es más dinámico, polifónico y fluido que el partidario. Y aunque nadie en sus cabales podría negar que hay experiencias de derechos humanos, de organizaciones campesinas y piqueteras, y de feminismos que fueron incorporadas en las diferentes fases del gobierno kirchnerista y que probablemente no tengan punto de retorno, estemos atentos a la tentación metonímica y no caigamos en ella. No hay que tomar la parte por el todo. La Argentina tiene un gran acumulado de luchas por la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos ambientales, de los derechos indígenas, de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, que sobrepasa largamente el progresismo gubernamental y sus límites. Tampoco todas esas experiencias que se mantuvieron fuera del espacio progresista gubernamental son de radicalidad. Pero muchas viven y se reproducen en el campo social bajo dinámicas moleculares de resistencia, cuentan con largas trayectorias que oscilan entre la latencia y la presencia masiva en las calles; buscan tejer redes e instancias de diálogo y articulación entre ellas, construir horizontes de justicia social y sostenibilidad digna. Es contra ese músculo social, contra esa energía pluridimensional de las resistencias contra lo que apuntan Patricia Bullrich y Javier Milei, no sólo mediante la brutal política económica de ajuste, sino a través del disciplinamiento represivo, la deslegitimación y la política del miedo.

Voy cerrando esta reflexión en voz alta, con la idea de abrir al intercambio y tejer redes entre las narrativas que proponen perspectivas de cambio político y ecosocial integral. La parábola de la gran vaca peronista nos puede servir para repensar el presente agónico argentino respecto de los progresismos gubernamentales, para recuperar la sensatez y al mismo tiempo la radicalidad política que exigen estos tiempos oscuros y dar por cerrado el ciclo kirchnerista-progresista; para apuntar a construir otros horizontes políticos desde una articulación respetuosa y democrática. Es momento de transicionar, de repensar estratégicamente discursos y prácticas, y de avanzar en la construcción de nuevas propuestas de cambio que aborden el contexto de crisis entrelazadas que vivimos: crisis climática, aumento de las desigualdades, crisis energética, expansión de las extremas derechas, erosión de los valores democráticos, crisis de los cuidados, consolidación del patriarcado y del belicismo. Es el momento de encontrar nuevos lenguajes, incluso tal vez de abandonar términos como “progresismo”, si es que tienen más lastre que potencialidad. Momento para que movimientos y articulaciones políticas abran el espacio a narrativas tentaculares en torno a los derechos, ancladas en diferentes experiencias sociales, con propuestas en el plano de la justicia social, la justicia ambiental, la justicia de género y la justicia racial. Imposible mirar para otro lado. Habrá que apostar a la imaginación política y no quedarnos anclados en el lenguaje de la resignación; abrirnos a una lucha multidimensional que inevitablemente debe involucrarnos a todas y todos, sin liderazgos rígidos ni selectividades imperdonables.

Agradezco los comentarios de Melisa Argento, Graciela Speranza y Enrique Viale.

Imagen: ///////))_lo))), de Osías Yanov, 2014, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.