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Tercer Malón de la Paz a la Buenos Aires en rechazo a la constitución de Jujuy.

Comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones de la sociedad civil impulsan acciones por la nulidad de la reforma constitucional

Llega el Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy. Más de 60 comunidades indígenas de la provincia y distintas organizaciones y expertos impulsan una acción de inconstitucionalidad para que la reforma se anule. En este marco, el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto estarán  realizando distintas actividades en el Congreso Nacional junto a legisladores y legisladoras, representantes de diferentes fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos. También han solicitado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reciba en una audiencia. 

Entre el lunes y el martes, comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz llegarán a Buenos Aires para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada y sancionada el pasado 20 de junio, entre otros reclamos. La movilización da continuidad a las manifestaciones que las comunidades indígenas vienen llevando adelante,  junto a otros actores sociales, en distintos puntos de la provincia de Jujuy desde hace más de 40 días. 

En este contexto, más de 60 comunidades indígenas junto a organizaciones de sociedad civil presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy contra la Constitución provincial. Solicitaron, además, una medida cautelar con el fin de que se suspenda la aplicación de dicha constitución hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los daños potencialmente irreversibles que su aplicación puede ocasionar hasta entonces. Esta medida cautelar ya fue rechazada por la justicia jujeña, con lo cual organizaciones y comunidades interpusieron un recurso por el modo irregular de su dictado y por los argumentos meramente formales que se indicaron para justificar su denegación. Este accionar suma un nuevo obstáculo en el acceso a la justicia solicitado por las comunidades y las organizaciones.

Acción de inconstitucionalidad de la reforma

Días atrás,más de 60 comunidades indígenas de la Provincia de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ENDEPA,  presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy una acción de inconstitucionalidad. Destacados expertos ya han presentado Amicus Curiae en la causa, y hay organizaciones y especialistas que se incorporarán a la acción en los próximos días. 

La acción presentada tiene como objeto la declaración de la nulidad e inconstitucionalidad de la Constitución de la Provincia de Jujuy (sancionada por la Convención Constituyente el 20 de junio de 2023) y de la Ley Nº 6.302 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.

Para el caso de que esto no suceda, las partes solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de determinados artículos que han excedido el mandato constituyente, al fijar prohibiciones a la protesta social y legislar vulnerando principios ambientales vigentes.

A su vez, organizaciones y comunidades solicitaron una medida cautelar a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto se dicte sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad. Como respuesta al rechazo de esta medida, por parte de la justicia jujeña, organizaciones y comunidades recurrieron la decisión por el daño que puede ocasionar la aplicación de la constitución cuestionada. Entre otros, se destaca que podrían dictarse leyes en su consecuencia, que produzcan daño y normas inválidas. Además, la resolución fue dictada por un único juez, cuando una resolución de tales características debe ser decidida por el Tribunal en pleno (conformado por nueve jueces), o –en última instancia- mediante la integración de la Sala Contenciosa Administrativa.

¿Qué está pasando en Jujuy?

El pasado 15 de junio la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy aprobó un texto constitucional que viola derechos garantizados en la Constitución de la Nación Argentina, tanto por su proceso como por su contenido. Este proceso, que requería de una discusión amplia, plural y transparente, se llevó adelante en menos de tres semanas entre la elección de los constituyentes y la aprobación del texto. La reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas. Tampoco aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.

Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, continuaron durante más de 40 días posteriores a la aprobación y tuvieron como respuesta intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social. Durante las semanas siguientes se llevaron adelante allanamientos y detenciones arbitrarias, con indicios de hostigamiento y dilaciones no justificadas. La intimidación a comunidades y miembros de la sociedad civil continúan a la fecha.

Acción de Inconstitucionalidad y otros materiales de prensa

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

AMAI Asociacion de Mujeres Abogadas Indígenas

Amnistía Internacional Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Consciente Colectivo

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ)

violación de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Repudio a la violación masiva de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:

  • Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
  • Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos 
  • Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
  • Violación del derecho a la protesta
  • Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
  • Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
  • Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
  • Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara

Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as. 

Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.

El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes. 

Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio. 

Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”

El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo. 

Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.

*Foto de portada: Julia Carrizo

Foto de Eduardo Sarapura en Purmamarca

El litio en conflicto: las demandas históricas de los pueblos que resisten el avance minero y la reforma judicial en Jujuy

Melisa Argento (CAJE) para Tiempo Argentino

Una de las columnas vertebrales del Tercer Malón de la Paz que se movilizó desde todos los rincones de la puna y quebrada jujeña durante estas jornadas de movilización social en Jujuy la constituye las comunidades en resistencia frente a la minería del litio en esta provincia.

Entender cuál es este reclamo sistemáticamente desoído ayuda a comprender cómo de una manera veloz se articularon por tercera vez desde el siglo XX todos los pueblos originarios de esta provincia, que se reconocen como kollas, atacameños, casabindos, quechuas, entre muchos otros.

Desde el año 2011 las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se encuentran organizadas para resistir el avance de la minería de litio en este territorio. Lo hacen porque esta actividad minera utiliza enormes cantidades de agua, perfora en pozos de hasta 400 metros los salares, altera los ciclos hídricos naturales de los humedales altoandinos, y puede por tanto ocasionar tanto la salinización de las fuentes dulces de agua como la sequía de pozos surgentes, vegas y bofedales que son el suministro de agua parala vida.

El riesgo de la destrucción de estos ecosistemas frágiles en zonas áridas y con escasas precipitaciones implicaría el desplazamiento de las poblaciones que allí habitan y la destrucción de sus actividades económicas productivas (cosecha de la sal, agricultura, ganadería, e incluso turismo).

Es por esto que hace años exigen que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales, reconocidos en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), así como el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada comprendido en el convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina.

Sales de Jujuy desde un Drone
Sales de Jujuy.

El sistemático incumplimiento de estas reglamentaciones a lo largo de más de una década, la escasa implementación sobre sus títulos territoriales de la Ley 21160 de tierras en sus reiterados plazos postergados, más la vulneración social y ambiental de la minería de litio en estos territorios, son los ejes de sus reclamos que la reforma provincial aprobada recientemente pretende erradicar, toda vez que mediante su artículo 50 otorga al Estado provincial todas las facultades vinculadas al tratamiento de los derechos de los pueblos originarios.

Con más de una década de enfrentamiento, donde el accionar de la provincia ha sido el de reconocer cómo únicos interlocutores válidos a aquellas comunidades que han cedido sus pedimentos y permitido la instalación de proyectos extractivos en Susques, en la cuenca de los salares Olaroz y Cauchari, es claro que lo que se pretende con esta reforma es eliminar el conflicto desconociendo directamente otros reclamos territoriales.

Al mismo tiempo en el nuevo artículo 36 se prohíbe la protesta social y específicamente los cortes de ruta, que son la principal forma de acción directa que tienen poblaciones que habitan tanto la Puna como la Quebrada, cuyas vías comunicantes son las rutas 52 hacia Chile y la ruta 9 hacia el límite con Bolivia.

La minería de litio en salares, impulsada en esta provincia, así como en el conjunto de la Puna que hace parte del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia con el 58% de los recursos globales) ha intensificado su presión extractivista.

La mayoría de los salares se encuentran pedimentados, y más allá de que en el país existen sólo tres proyectos activos en explotación, cerca de 40 proyectos en diferentes etapas se expanden con dominio del capital trasnacional y amplio margen de autonomía empresarial.

Larreta y Morales
Morales, precandidato a vice de Larreta.

Foto: Camila Godoy / TELAM

La normativa para la extracción de litio en nuestro país otorga un conjunto de facilidades económicas a las corporaciones que están entre los sectores más privilegiados, al tiempo que favorece el comportamiento especulativo sobre los proyectos, erosionando las capacidades regulatorias de control estatal tanto en lo económico como en lo que refiere a los impactos ambientales.

De hecho, no existen estudios hidrogeológicos que puedan dar cuenta del impacto acumulativo (es decir del conjunto de los proyectos en carpeta), ni siquiera cabal conocimiento de ellos tal y como ha quedado expreso en un fallo de la CSJN que compele a Estados provinciales y nacionales a regularizar y elevar toda la información sobre los emprendimientos proyectados, con especial mención a los usos de agua.

En un fallo histórico la Corte reconoce, a menos nominalmente, al territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como una cuenca única integral, tal y como demandan desde hace una década sus poblaciones. 

Comunidades de Jujuy
Foto: Eduardo Sarapura

Contra un Estado provincial que viene reforzando su perfil “verde” extractivista, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc a lo largo de estos años han agotado todos los canales judiciales y políticos para hacer oír sus reclamos, presentando demandas en las cortes provinciales de Salta y Jujuy (por tratarse de un territorio bi-provincial), han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, elevaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizaron su propio protocolo de implementación de la Consulta denominado Kachi Yupi en el año 2015 (que llevaron a las diferencias instancias locales, provinciales y nacionales del poder Legislativo así como a Defensoría del Pueblo de la Nación).

En el año 2019 la empresa provincial JEMSE, ligada de manera accionaria en la extracción de Sales de Jujuy, impulsó nuevamente la licitación de zonas de las Salinas. Ésta fue resistida durante varias jornadas por las comunidades, pero nuevamente el año pasado la provincia emprendió y logró una nueva licitación entregando 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal al capital privado a cambio de 3 millones de dólares.

El reclamo legítimo de los y las pobladoras de la provincia ha intentado hacerse escuchar por diferentes medios, llegando incluso a elevar una carta al reconocido cineasta James Cameron, quien estaba de visita en la provincia y compartía fotos con el gobernador Morales, donde explican las consecuencias destructivas de esta minería sobre los ecosistemas.

Hoy sus demandas se ligan a los sectores sindicales, docentes, bancarios y municipales movilizados durante más de 15 días, que expresan tanto la crítica que desde los territorios afectados emerge frente al extractivismo, así como los reclamos que desde el conjunto de la ciudadanía expresan que este modelo de desarrollo no redunda en mejoras de la calidad de vida para el conjunto de los sectores populares.

*Melisa Argento es investigadora de CONICET. Dra en Ciencias Sociales UBA. Integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC (GYBC) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).

Exigimos la suspensión de la reforma constitucional

El 15 de junio la Convención Constituyente de Jujuy presidida por Gerardo Morales con la vicepresidencia de Gabriela Burgos aprobó una reforma constitucional ilegítima, inconstitucional y que significa un retroceso en la garantía de derechos humanos.

La ciudadanía jujeña conoció la propuesta de la reforma recién ese día. Desde entonces, comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos se manifestaron en contra de la reforma.

El proceso fue incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos, como lo establece la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, y la decisión de la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat.

El proceso no aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos en materia ambiental, de conformidad con los términos del Acuerdo de Escazú.

Todas las protestas en contra de la reforma fueron reprimidas. La intervención de la policía provincial dejó más de 30 personas detenidas por ‘resistencia a la autoridad’, figura usada con frecuencia para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades.

Las organizaciones firmantes reclamamos de manera urgente:

  • La suspensión de la reforma constitucional y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
  • La interrupción de los operativos de represión policial sobre las manifestaciones, que se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas y se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
  • La investigación de las actuaciones policiales en todas las protestas y que se aseguren las condiciones de atención de las personas heridas.

foto: Telam

carta abierta a gerardo morales

Carta Abierta al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales

Salinas Grandes, martes 13 de junio de 2023


Al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales
Sr. Gobernador,
Nos dirigimos a Ud. con el fin de responder su carta pública (vía twitter) del domingo pasado al Sr. James Cameron, a propósito de sus declaraciones en favor de la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en relación con la megaminería del litio.
Durante siglos esta Cuenca ha sido nuestra “casa” y, tanto nosotros como nuestros antepasados, hemos convivido en armonía con su ecosistema, cuidando y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. Lamentamos profundamente que, a pesar de haber planteado el cumplimiento de nuestros derechos de manera formal e informal, desacreditar a a nuestras comunidades cuando una figura internacional se interesó por nuestros reclamos.
En primer lugar, es importante aclarar que la persona que lleva la voz de nuestras preocupaciones y demandas no lo hace a título personal sino colectivo. Por lo tanto, cualquier señalamiento o respuesta de carácter individual no hace más que poner en riesgo a una persona defensora del ambiente en una región en la que defender a la naturaleza la vuelve vulnerable, y en un país en que la estigmatización es la primera forma de violencia.
Afortunadamente, los defensores de la naturaleza estamos ahora protegidos por el Acuerdo de Escazú que ya ha entrado en vigencia.
En su respuesta pública, Ud. afirma que los derechos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc han sido respetados y garantizados por la provincia de Jujuy mediante la consulta a algunas comunidades para la explotación del litio. También sugiere que se brindó información y se obtuvo su consentimiento. Esto no es así, Sr. Gobernador. Nunca se realizó un proceso de consulta previa e informada a las comunidades de la Cuenca, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 24.071) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina. Por el contrario, debimos recurrir a instancias provinciales, federales e internacionales, a fin de que se nos garanticen los derechos que el Gobierno de Jujuy nos niega sistemáticamente desde hace más de 13 años. En 2010, debimos acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ordene a las provincias de Jujuy y Salta la aplicación de estos derechos. En marzo de este año, finalmente, el máximo tribunal nacional ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera del litio otorgados en cada una de las provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos. Esta información no ha sido aportada hasta el día de hoy.

Hemos elevado también esta demanda ante la ONU y, luego de su visita al país, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, recomendó que Argentina garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en Salinas Grandes en su informe del año 2012 al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
En el ámbito de la provincia de Jujuy hemos tenido que recurrir a la justicia frente a la denegación injustificada de información que pedimos sobre pedimentos y permisos mineros planificados en nuestro territorio. En base al acuerdo de Escazú, el juzgado ambiental de Jujuy señaló que el gobierno provincial no cumplió con su deber de garantizar el acceso efectivo a la información y ordenó que nos sea entregada dicha información en forma completa e integral.
Sin embargo, apenas pudimos lograr que nos informaran de forma incompleta sobre los más de 32 proyectos mineros previstos en nuestro territorio y no nos fue permitido acceder a los informes de impacto ambiental.
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Jujuy a todos nuestros pedidos, en 2015 elaboramos participativamente un Protocolo para la implementación de la consulta previa que llamamos Kachi Yupi. Es posible que Ud. lo recuerde, porque hace ocho años, cuando asumió como Gobernador, lo invitamos a la Cuenca y, en una asamblea realizada en la comunidad de Alfarcito, le planteamos nuestra preocupación por la negativa a su aplicación por parte de los gobiernos anteriores. Usted mismo nos prometió que firmaría un decreto para implementarlo.
Sin embargo, ocho años más tarde, nos apena comprobar que eso nunca ocurrió.
Creemos que, de ninguna manera, entregar una carpeta técnica con informes de impacto ambiental y de planes de trabajo de exploración y explotación significa el cumplimiento de nuestros derechos, como usted sostiene en su carta pública. Es una ofensa para nosotros pretender que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido por nuestro país, se reduzca a la entrega de una carpeta. Entendemos por lo tanto que este derecho nunca se respetó en nuestro territorio. Si realmente existe la voluntad en el Gobierno de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, debería incluirse como un derecho en las reformas constitucionales que se están debatiendo en estos días en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, como todo el pueblo jujeño sabe y lo manifiesta en estos días en las calles, este proceso se está haciendo a puertas cerradas, sin consultas a ningún sector y tampoco a los pueblos indígenas. Todo hace suponer que el derecho a la consulta tampoco será parte de la reforma constitucional.
Sostiene Ud. también en su carta que el desarrollo minero a través de la evaporación no ha provocado alteraciones ecosistémicas ni pérdida de biodiversidad. Sin embargo, existe incontable cantidad de estudios científicos, geológicos e hidrogeológicos que validan nuestros reclamos, dejando en claro que la minería de litio es una minería de agua que puede provocar enormes riesgos para la vida ecosistémica en las cuencas hídricas de la puna porque se trata de cuencas endorreicas. Estas son cosas que nosotros sabemos porque vivimos allí.
Es importante que Ud. entienda que el mayor impacto de esta industria extractiva es el uso de
grandes cantidades de agua. No hace falta recordarle que nos encontramos ante una gran crisis hídrica en nuestro país y en el mundo. Basta observar la sequía sin precedentes debida al impacto del uso de grandes cantidades de agua para extraer el litio. El agua del fondo de la cuenca es un enorme humedal de altura, una reserva de agua necesaria para toda la provincia, imposible de reponer. De hecho, aunque la cifra puede variar según las condiciones específicas, se utilizan alrededor de dos millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio. Este bombeo permanente, provoca la ruptura del equilibrio hídrico natural, generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida de nuestras comunidades, de nuestros animalitos y de las especies microbacterianas que alimentan a las aves. Toda la cadena de la vida se pone en peligro por la megaminería de litio en estos territorios. El riesgo para nosotros
es el desplazamiento de nuestras poblaciones y la eliminación de nuestra cultura, saberes y conocimientos ancestrales. Para nosotros el agua es la vida. Podemos seguir viviendo sin litio, pero no sin agua. Quisiéramos también recordarle que los pueblos indígenas son apenas el 5 por ciento de la población del mundo y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo son responsables de preservar el 80 por ciento de la diversidad que vive en la Tierra.
Por último, afirma Ud. en su respuesta pública al Sr. Cameron que “no es cierto que haya una destrucción de la cultura; las empresas han sido respetuosas de la cosmovisión y prácticas comunitarias, incorporando en su cultura empresarial ese capital cultural ancestral de las comunidades originarias”.
Sr. Gobernador, hace catorce años que sufrimos la presión de funcionarios gubernamentales, nacionales e internacionales, y también de representantes de corporaciones transnacionales muy poderosas cuyo único objetivo es extraer el litio que se encuentra en nuestro territorio, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que lo habitan. Estas presiones nos han cambiado la vida y nos obligan a un continuo estado de alerta pues nos sentimos amenazados permanentemente. Nuestros temores al daño concreto y real que puedan hacerle a Mamita
Pacha no han sido despejados por su gobierno, sino todo lo contrario.
Esta situación destruye la armonía de nuestra vida comunitaria y amenaza transformar nuestra cultura. Queremos vivir en paz, realizando proyectos sustentables y respetuosos de nuestras costumbres y de la Pacha, que nos permitan seguir viviendo en este lugar respetando la tierra, el agua y la vida como lo hicieron nuestros abuelos y muchas generaciones durante siglos.
Aprovechamos entonces esta oportunidad, Sr. Gobernador, para pedirle nuevamente que su gobierno nos escuche y garantice nuestros derechos. Estamos abiertos y dispuestos a reunirnos con Ud., en caso de que crea que el diálogo puede servir para avanzar en ese camino para el bien de todos.
Lo saludamos atentamente,

Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc

James Cameron y Veronica Chavez

El director de cine James Cameron se reunió con Veronica Chavez, representante de las comunidades de Salinas Grandes que resisten al avance del litio en Jujuy. Ambos coincidieron en que “el agua vale más que el litio”

La fundación Avatar se comprometió a acompañar a las comunidades originarias que resisten el avance de la industria del litio sin consulta previa a las comunidades.

Buenos Aires, sábado 10 de junio de 2023

El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- solicitó reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio. Verónica Chávez, representante de la Comunidad Santuario Tres Pozos, llevó al director el mensaje de las comunidades de la Cuenca que defienden el agua y la vida, en tensión contra los proyectos de litio que avanzan ilegalmente en la zona. Luego de que ella le contara cómo es la vida de las comunidades en la cuenca, los dos coincidieron en el rol vital que tienen las Salinas en su modo de vida milenario, en el respeto las tradiciones ancestrales y cuidado del territorio: 

En el territorio de las Salinas Grandes vivieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, respetando sus vicuñas, sus plantas, y sus ojos de agua. Nosotros queremos cuidar la Mamita Pacha de la misma manera, para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos“.

El director visiblemente conmovido, admitió que era la primera vez que tomaba conocimiento y contacto con las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. También reconoció que al recibir la invitación por parte del gobierno provincial de Jujuy a conocer proyectos de energía solar y sustentabilidad, no le habían informado de la existencia de comunidades indígenas que resisten la explotación del litio. Dijo estar realmente honrado de conocerla y que el encuentro lo inspiró a aprender más acerca de la lucha de los pueblos originarios de la región.

James Cameron se disculpó frente a Verónica y a todas las comunidades por no haberlas contactado previamente y al expresar su deseo de recorrer el territorio afectado, y prometió visitar pronto a las comunidades de la cuenca. El director brindó su apoyo personal a la defensa del territorio y la vida. También el compromiso futuro de la Fundación Avatar para contribuir en defensa de las comunidades originarias que resisten el avance de la industria en la zona, en contra de la voluntad y sin consulta alguna con las comunidades.

Con respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada, Verónica le relató a James Cameron cómo el consentimiento debe ser aprobado de manera colectiva con todas las Comunidades, y no mediante el consentimiento individual de Comunidades aisladas. Relató algunas de las prácticas del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que consisten en otorgar beneficios a algunas comunidades y negárselos a otras. James Cameron entendió lo irregular y peligroso de esta situación. Y compartió que ya había visto este tipo de prácticas en otros países, como el caso del pueblo originario Xingú, en territorio brasilero. 

Verónica le obsequió una bufanda de lana de llama confeccionada en su comunidad que Cameron agradeció y, expresó que se sentía bendecido de haber conocido a Verónica. El director le confesó que estaba impresionado por la luminosidad y transparencia que ella transmite. La comunera Verónica quedó satisfecha con el encuentro y el compromiso de Cameron con la lucha de las Comunidades. 

El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- quiso reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio.

Desde el año 2011 las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denuncian que las perforaciones realizadas por las empresas mineras de litio provocan graves consecuencias sobre el sistema salino. Esto afecta la provisión de agua y su derecho a habitar su territorio ancestral y a una vida digna. 

En el marco de un intento de reformar la Constitución Provincial de Jujuy, los pueblos y comunidades se han organizado en defensa del agua, los salares y el territorio como bienes comunes. Exigen que se resguarde la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, políticos, indígenas, ancestrales y ambientales que tienen quienes habitan todos los territorios. 

Desde el año 2020 que declaran a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc “Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios y zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de la vida”.

Contacto de prensa: 

Veronica Chavez +54 9 388 512-9658

Alejo di Risio +54 9 11 23904594

litio

Gran encuentro intercultural e interdisciplinario en Jujuy rechazó al avance del litio

Se realizó un encuentro interdisciplinario e intercultural llevado a cabo entre el 14 y 15 de enero en la comunidad de Alfarcito, Jujuy, entre las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y diversos colectivos de abogades, artistas, escritoras, investigadorxs y activistas. Representantes de las comunidades indígenas de la zona afectadas por el avance de la industria del litio sobre sus comunidades. asistieron al encuentro para compartir sus experiencias, denunciar las múltiples violaciones a los derechos y articular distintas formas de resistencia. 

El encuentro fue co-organizado por la Comunidad Aerocene y su fundador, el reconocido artista internacional Tomás Saraceno, con el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, el colectivo Mirá Socioambiental, el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la abogada Alicia Chalabe, las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf, Graciela Esperanza y la curadora Inés Katzenstein. La agenda de actividades incluyó activaciones artísticas y talleres de trabajo en torno a las claves urgentes para la Transición Ecosocial justa desde el Sur global y la centralidad de los Derechos de Naturaleza en la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. 

Se presentó un corte de Pacha, 2020 dirigida por Tomás Saraceno y Maximiliano Laina. La película documenta el vuelo de Aerocene Pacha, que flotó en enero 2020, sin combustibles fósiles ni baterías de litio, con el mensaje “El agua y la vida valen más que el litio”, escrito con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Aerocene Pacha rompió 32 récords mundiales reconocidos por la FAI y se convirtió en el vuelo más sostenible de la historia. Pacha es una película sin fin que seguirá siendo expandida y modificada en diálogo contínuo con las comunidades, la cambiante situación en las Salinas Grandes, y la evolución de estrategias locales y globales ante la crisis ambiental. Una escultura aerosolar de la comunidad Aerocene flotó nuevamente el día domingo, esta vez con el mensaje “En complementariedad, cuidamos el agua. Cuenca de Guayatayoc – Salinas Grandes, Argentina”, escrito por miembros de las comunidades presentes. Al igual que Aerocene Pacha, la escultura flota solo con la energía del sol, sin combustibles fósiles ni baterías de litio, creando una imagen de futuro para una justicia ecosocial.

Dice Saraceno: Los pueblos indígenas y sus conocimientos ecológicos tradicionales se consideran esenciales en los esfuerzos mundiales para combatir la emergencia climática. Aunque los pueblos indígenas representan solo el 5 % de la población mundial, habitan el 22 % de la superficie de la Tierra y son guardianes del 80 % de la biodiversidad del planeta. Su manera de gestionar el territorio garantiza la sostenibilidad, sus prácticas agrícolas minimizan las emisiones derivadas de la deforestación y sus estrategias de adaptación pueden utilizarse para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, estos conocimientos tradicionales -y los medios de vida de las comunidades indígenas basados en los recursos- se ven amenazados por el avance del capitalismo extractivista. Y agrega: Hoy en día, en cada momento, hay 1,3 millones de personas en el aire, liberando más de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. En un mundo que enfrenta una emergencia climática, el sueño de volar se ha convertido en una pesadilla. Es en este contexto distópico, en el que la colaboración, las alianzas y la unión de conocimientos ante la crisis ambiental es esencial, que en 2015 emerge Aerocene: una era, una comunidad interdisciplinaria, una iniciativa abierta que constela saberes y culturas para, de forma colectiva, crear herramientas, implementar y apoyar proyectos ambientales por la justicia ecosocial!

Un diálogo intercultural de saberes alrededor del litio, mineral promesa

En los talleres se discutió la coyuntura nacional con referentes a nivel nacional y regional de las problemáticas económicas, sociales y ambientales aparejadas a la extracción a gran escala de minerales. Distintos enfoques sobre la temática fueron abordados en conjunto con las comunidades, las cuales debatieron cómo proseguir en sus procesos de resistencia y fortalecer su organización interna para garantizar los derechos humanos y ambientales en la región.

En la inauguración del primer taller el fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas Enrique Viale definió La visión de los pueblos originarios es clave para romper el falso consenso que han creado estos últimos tiempos. Esa noción de que el litio sea el nuevo fantasma que va a salvar a Argentina.” El integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial continuó: “La visión de la naturaleza como algo solamente a ser explotado es lo que ha creado la crisis en la que estamos. Las dos ideas más importantes que contrarrestan estas nociones son las del Buen Vivir y la de los Derechos de la Naturaleza. Tienden puentes entre pasado y futuro, entre matriz social y matriz ecologista, nuevas formas de relación con los seres humanos y con la Pachamama. Deja en desuso el paradigma antropocéntrico y pasa a uno de carácter sociobiocentrico. El ser humano como parte de la naturaleza. 

Por su parte, Gastón Chillier, integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, destacó la importancia de aprovechar al máximo los recursos y estrategias legales ya existentes como el derecho a la consulta previa e informada. Remarco en este contexto: “La corte interamericana de derechos humanos emitió una opinión en Colombia donde estableció que no se pueden respetar los derechos humanos si no se respeta un ambiente sano. Esta relación se vincula y tiene un impacto en muchos derechos que se encuentran en las constituciones.” El abogado y ex-director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) prosiguió a enumerar: “El principal es el derecho a la vida. Sin un ambiente sano hay una amenaza a la vida de todos nosotros. Luego el derecho a la vivienda y, particularmente, el derecho a los territorios. Por otro lado también existe una vulneración a participar en la vida cultural o el derecho a la alimentación. Y es fundamental remarcar la violación al derecho al agua, a la integridad de las personas, a la salud y el derecho a la propiedad colectiva. Todos estos derechos están también de alguna manera u otra protegidos por el sistema judicial del continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay un derecho colectivo a la propiedad que tiene una relación con su identidad cultural y una propiedad diferente a la propiedad individual.”

Maristella Svampa, investigador del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Mirá Socioambiental, introdujo cuatro puntos clave para entender el contexto social y político alrededor del litio. Es un debate muy complejo, porque no tenemos respuestas certeras para muchas de las profundas preguntas. Lo que sí tenemos son rumbos, valores, narrativas. Y eso no podemos cederlo. La investigadora, que estuvo presente durante la gesta que remontó la obra aerosolar Aerocene Pacha de Tomás Saraceno en 2020, continuó: No podemos seguir siendo hablados por el norte global, somos nosotros los que tenemos que diseñar nuestras transiciones. Tenemos voces propias y tenemos que usarlas para diálogos interculturales locales. Y agrega: Hay que tener imaginación, que muchas veces nos brinda el arte, para pensar en otros futuros posibles, en qué tipo de sociedad queremos vivir. 

El investigador Bruno Fornillo, integrante del Grupo de Geopolítica y Bienes comunes, detalló la presión internacional, focalizada en Estados Unidos y China, que existe sobre una mayor extracción de Litio. “En Argentina somos el país que en peores condiciones estamos, y por eso el nivel de avance de las empresas que vienen. Acá no dejan nada y se llevan todo, declaran un precio inferior, se venden a sí mismos. En La Rioja se acaba de demostrar que suspender todas las concesiones es posible. La instancia de repensar qué vamos a hacer con el litio es necesaria y debería hacerse en todo el país, con todas las concesiones.” 

La investigadora Melisa Argento, del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, detalló en su intervención la forma de operar de las empresas en la región. “Existen procesos en las comunidades, impactos socioambientales de los salares, herramientas legales y políticas para la defensa de los salares y los humedales altoandinos. La promesa de desarrollo alrededor del litio como un mineral estrella, como el oro blanco, de la Arabia Saudita del litio.” La investigadora, que visita hace casi una década la región para conocer y visibilizar los impactos reales de la minería en el territorio agregó también: “Este pacto logra que las empresas puedan intervenir con mucha facilidad en los territorios. El primer paso es los Estudios de Impacto Ambiental que son hechos por científicos pagados por las mismas empresas y bajo los lineamientos definidos por las mismas empresas. A su vez definen cuáles aportes hacen a que comunidades y fragmentan la comunidad regional y la visión de cuenca.”

“Para ellos no valemos y por eso está el país como está”, dijo Juan Groso. Se llevan el oro pero te dejan el cerro contaminado. Me parece muy bien lo que propusieron de la deuda. Quién paga? Nosotros pagamos impuestos. El pueblo es el estado, nosotros pagamos. Esto es una dictadura legal.” 

“Lo que necesitamos que se sepa, a nivel nacional e internacional, es que en este territorio hay mucha gente que vive. Y sólo queremos que se respete nuestro derecho a trabajar y a vivir bien, como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos,.” dijo Don Luis Quipildor, de la comunidad de Alfarcito.

Para mantener la continuidad de la lucha es fundamental poder mantener las tradiciones de nuestros abuelos. Ya no tenemos cabras, ya no tenemos rastrojos, ya no sembramos tanto. Y es ahí cuando el gobierno dice para qué quieren las tierras.” Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener en nuestros jóvenes. No para sembrar a gran escala ni pretender grandes haciendas. Sino para mantener y sobrevivir, defender nuestro derecho a la tradición.

Durante la tarde, la curadora Inés Katzenstein, la escritora Graciela Speranza y el artista Tomás Saraceno guiaron talleres de arte con les niñes de las comunidades presentes, para compartir imaginarios y formas de expresión, y explorar el arte y la creatividad como medios para notar los colores, las formas y las texturas de los entornos que habitamos. Tomás Saraceno, guió el taller “Dibujar en el aire”, que retoma y renueva la práctica de leer los mensajes dibujados en el cielo para leer futuros posibles, recurriendo al fenómeno de la “pareidolia”: el impulso que nos lleva a reconocer patrones significativos en información aleatoria. ¿Qué vemos en las nubes? ¿Qué latencias encierran sus aguas? Les niñes, aquellas personas que van a continuar viviendo con las repercusiones de los consumos y extractivismos de hoy, qué imaginan cuando viajan, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, acompañando a las nubes en constante movimiento? 

Comparte Graciela Speranza: “Los niños pudieron ver otras obras de artistas que abrieron el diálogo con la naturaleza y dibujaron inspirados por esas obras. También imaginaron figuras en fotos de nubes, las dibujaron y les dieron voz. Un pez doce “Estoy nadando”; “El león dice -me duele la muela-”. La imaginación de los niños es una buena aliada del arte.”  Y agrega: “En el discurso de la política, de la economía e incluso a veces en el de la ciencia reina un realismo craso, incapaz de imaginar el futuro. Pero es precisamente en el arte, donde esa noción empobrecida de realismo está menos a gusto. El arte revela los límites de la imaginación y vuelve realistas fantasías a primera vista impracticables: volar sin combustibles fósiles, por caso como en el vuelo que Tomás Saraceno y Aerocene hicieron posible en Salinas Grandes.” 

La actividad pública final contó con las escritoras y activistas Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Aboaf, del Colectivo Mirá Socioambiental, quienes dicen: No existe un mundo. Hay millones. Y cada uno es el tejido de las historias y el territorio. Contar las historias de un pueblo en un territorio es dar cuenta de su cosmovisión.  En las maravillosas coplas, en pequeños relatos, en marcas alrededor de la Laguna, en la cuenca entera.  La poesía se hilvana con los Apus sagrados. El nieto vive el tiempo de la abuela en que los ojos de agua eran salvajes y ahora en esta historia resultan saqueados por las mineras. En la trama de historias y territorio está la vida de estas comunidades en lucha. Las escritoras invitaron a integrantes de las comunidades a compartir y realizar pequeños textos poéticos basados en la memoria ancestral de los pueblos de la región, en vivencias cotidianas y en sus experiencias en el vínculo con la tierra y la sal. También a realizar dibujos y pequeñas obras visuales que instaban a las personas a poder retratar el paisaje social y cultural que se vive en la reunión y a entender las unidades artísticas como coplas, historias personales o recuerdos como parte de una memoria a ser mantenida, alimentada y recuperada. 

Encuentro Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc 2023

Encuentro en San Salvador de Jujuy y la cuenca de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc

CONFERENCIA DE PRENSA

En el marco del encuentro en San Salvador de Jujuy y la cuenca de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la comunidad internacional Aerocene convocan a una conferencia de prensa el día 13 de enero de 2023 a las 11:30 hs. en el salón en Unión de trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), seccional Jujuy, ubicado en calle Benito Bárcena 676 de San Salvador de Jujuy. 

Este encuentro marca la continuación de una relación de muchos años entre la comunidad de investigación y artivismo ambiental Aerocene, fundada en 2015 por el artista Tomás Saraceno, y las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. En enero de 2020, la escultura aerosolar Aerocene Pacha se elevó en las Salinas Grandes, permitiendo a su pilota, Leticia Noemi Marqués, flotar libremente, sin uso de combustibles fósiles, ni helio o litio, convirtiéndose en el vuelo más sostenible de la historia de la humanidad y estableciendo 32 récords mundiales reconocidos por la FAI. El globo  elevado ese día llevaba el mensaje propuesto por las comunidades “El agua y Laila vida valen más que el litio”. El proyecto Fly with Aerocene Pacha contó con el apoyo del grupo de música BTS, curado por DaeHyung Lee.

En esta oportunidad el equipo de Aerocene viajará junto a representantes del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), entre ellxs Maristella Svampa, Enrique Viale, Gastón Chillier, Melisa Argento y Alejo Di Risio, así cómo también la abogada Alicia Chalabe, Bruno Fornillo del grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la curadora Inés Katzenstein, y las escritoras y ambientalistas Claudia Aboaf, Gabriela Cabezón Cámara y Graciela Speranza.

Entre el 14 y 16 de enero se desarrollarán talleres y grupos de trabajo junto con las comunidades en Alfarcito (declarado sitio de patrimonio histórico y cultural), de Salinas Grandes, cuyo objetivo es debatir sobre los escenarios regionales y globales de la transición energética, así como sobre los impactos e injusticias socioambientales de la minería de litio y la organización de las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. 

En conjunto con una agenda de actividades que incluyen la realización de talleres de trabajo en torno a las claves urgentes para la Transición Ecosocial justa desde el Sur global y la centralidad de los Derechos de Naturaleza en la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, se presentará el primer corto de Pacha (Dir: Tomás Saraceno y Maximiliano Laina, Argentina/Alemania, 2020), una película sin fin que seguirá siendo expandida y modificada en diálogo contínuo con las comunidades, la cambiante situación en las Salinas Grandes, y la evolución de estrategias locales y globales ante la crisis ambiental, presentándose un nuevo corte en junio 2023 en Serpentine, Londres. 

Estamos en tiempo de descuento. De cara al agravamiento de la crisis climática y la urgencia de encarar la transición energética, nuestro primer mensaje es: No queremos ser más zona de sacrificio. Necesitamos hacer la transición, pero no podemos aceptar cualquier transición energética, como la que quieren imponer actualmente a los pueblos del Sur, a través de la minería del litio, que amplifica las desigualdades sociales, étnicas y ambientales. Debemos escuchar las voces de los territorios, en la defensa del agua, salares y nuestros bienes comunes.

15 mitos y realidades de la minería

15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina

15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina es un libro pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley de protección de glaciares,[1] sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos, muchas veces mentirosos, esgrimidos por el lobby minero.

En ese entonces, varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore,[2] publicado en la Revista Memoria de México en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la minería transnacional”.Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.            

Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dosieres especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.

El texto sintetiza, así, diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Estas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata solo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, y a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.

Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar, como el propio objeto lo requiere, intentando con ello, también, desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares– sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo, participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.

Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 –un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública–, a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica. En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada, pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.

Desde Voces de Alerta, cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general.

Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad, si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza), que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.

Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, y dentro de una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, la vida y el futuro de las próximas generaciones. Desde Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Tandil, Abril de 2011