En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.
El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.
Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.
El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.
Foto: Carolina Blumenkranc
El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.
También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.
Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.
Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.
Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) celebra los resultados exitosos del tercer festival “Pueblos Puentes de Agua”, realizado en la localidad de Jachal, San Juan. Se posiciona este festival como un acontecimiento emblemático en la lucha por la justicia ambiental en Argentina.
Durante los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo, una amplia gama de asambleas, organizaciones y ciudadanxs autoconvocadxs se congregaron en un espacio de diálogo y acción colectiva en defensa del ambiente y los derechos humanos. Este evento, celebrado en la carpa de la dignidad de Jachal, no solo sirvió como un punto de encuentro, sino también como una plataforma para el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias en la ecología política latinoamericana.
Los talleres temáticos abordaron aspectos fundamentales como la coyuntura actual, la autodefensa de los territorios, la formación ambiental y la importancia de la conversación en los procesos de resistencia y transformación social. Además, se conmemoraron hitos importantes, como el vigésimo primer aniversario del plebiscito en Esquel, que marcó tendencia a nivel regional e internacional. El mismo fue fundamental para la aprobación de las siete leyes provinciales que regulan la megamineria y el cianuro en la Argentina. Luego se realizó una marcha en honor a los 30.000 desaparecidxs presentes, en el marco de un Día de la Memoria y la Verdadera Justicia muy especial debido al contexto político argentino.
Destacamos especialmente el homenaje realizado por la asamblea de Jachal, que no solo representa la lucha local contra la explotación minera irresponsable, sino también un símbolo de resistencia en el contexto de la defensa del territorio. La solidaridad entre comunidades y la búsqueda de soluciones colectivas reflejan el espíritu de resistencia y lucha que impulsan nuestros esfuerzos en toda la región.
Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Asamblea de Jachal por su solidaria recepción y excelente organización, así como a todos los participantes por su compromiso y contribución a defensa de los derechos sociales y ambientales en todo el país.
Estos encuentros no solo marcan un hito en la consolidación de redes ecoterritoriales de resistencia y acción, sino que también ponen en valor la solidaridad y la colaboración mutua en tiempos de invididualismo, y de de ataques a la defensa ambiental en América Latina.
Entre las organizaciones asistentes al 3ºer festival Puentes de Agua se encuentran:
Asamblea Agüita Pura para San Juan
Asamblea Jáchal no se Toca
Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones
Red Ecosocialista San Juan
Asamblea Agua Pura Valle Fértil
Rebelión o Extinción Argentina
Asamblea Mar libre de petroleras mar del plata
Red de Comunidades Costeras
Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego AeIAS
Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial-CAJE
“Yo Amo a Mis Sierras” asamblea vecinal autoconvocada
Encuentro de Asambleas Socioambientales de San Luis
Después de la Deriva
Centro comunitario yakacuaha
Asamblea popular por el agua San blas de Los Sauces
Por el Monte Salsipuedes
Asamblea No a la Mina Esquel
Asamblea de Famatina
Asamblea el Algarrobo
La Revuelta
Red Plurinacional de Pueblos Fumigados
Asamblea Exaltación Salud
Ambiente en Lucha San Juan (iuniversitariasanjuan)
Campaña Plurinacional en defensa del Agua para la Vida
Campaña Fuera Mekorot
Colectivo de trabajadorxs del CENPAT, Ciencias y Territorios
La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia colombiana puede marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Los desafíos de la transición ecosocial en la renovación política de Colombia.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale paraEl Diario Ar
“Paz, Justicia Social, Justicia Ambiental y liderar el Diálogo con los progresismos de América Latina, sin exclusiones, para dejar los fósiles, cambiar el rumbo para salvar a la humanidad…”
“Le hablo al mundo queremos que desde la diplomacia Colombia se coloque al frente de la lucha contra el Cambio Climático”
“Necesitamos transitar de la vieja economía extractivista, que mata el agua y la vida, a una economía colaborativa en armonía con el ambiente…”
Estas son algunos de las numerosas menciones al extractivismo y a la problemática socioambiental de parte del flamante presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de victoria, pronunciado ante un una multitud exultante el domingo pasado. Petro no es un recién llegado ni a la política colombiana ni al ambientalismo. Ex alcalde de Bogotá, varias veces candidato a presidente, su llegada parecía imposible en un país atravesado por la violencia política y caracterizado por alternar de modo recurrente gobiernos conservadores con gobiernos ultraliberales, o ambas cosas.
Pese a la existencia de poderosas organizaciones y movimientos sociales (campesinos, antiextractivistas, juveniles, antirracistas, urbanos y feministas, movimientos de paz y de derechos humanos) que se han venido manifestando de modo muy visible y masivo en las calles en los últimos años, Colombia nunca antes tuvo la oportunidad histórica de vivir su “momento progresista”. Pero no hay que engañarse. Petro no propone ser un gobierno progresista más, tal como está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador en México, marcado por un progresismo que se cree inaugural, que nunca se refiere a la historia reciente de la región, o como ocurre con los actuales progresismos débiles de Argentina y de Bolivia, que persisten en su ceguera extractivista y no debaten ni siquiera en términos de modelo de desarrollo. Todo lo contrario: “Al progresismo latinoamericano le propongo dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas”, dijo también en su discurso como presidente electo.
No es tampoco la primera vez que Petro interpela y desafía a los progresismos fósiles. En 2018, en el “Foro de Pensamiento Crítico” de Clacso, realizado en Buenos Aires, fue la única voz crítica que desde la clase política instó a pensar el desafío ambiental y en contra de los extractivismos, ante el consignismo ruidoso y autocomplaciente que marcaría el encuentro, del cual participaron Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Roussef y Alvaro García Linera, entre otros.
“Vamos por los derechos de la Madre Tierra. A cuidar nuestra casa grande y cuidar la biodiversidad”, dijo también en esa misma noche la vicepresidenta electa Francia Márquez, una reconocida lideresa ambiental en defensa de los territorios de la Colombia profunda.
Francia, quien desde hace veinticinco años viene luchando contra el racismo estructural y por la defensa de la tierra y el territorio, es originaria del Cauca, una región en disputa por el avance de los extractivismos y el conflicto armado. En 2015 obtuvo el premio nacional de la defensa de los derechos humanos en Colombia, y en el año 2018, fue distinguida con el prestigioso premio Goldman, conocido a nivel internacional como el Nobel ambiental.
Francia sufrió varias amenazas de muerte y un atentado, en el país más letal del mundo para los y las defensoras de la Naturaleza. Aunque acá en Argentina algunos defensores del progresismo fósil sigan hablando de “ambientalismo bobo” o “falopa”, y sean indiferentes a la estrecha asociación que hay entre extractivismo y violencia, entre extractivismo y ausencia de democracia, los datos son incontestables. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales. En 2020, último año de registro de Global Witness 227 activistas por la tierra y el ambiente fueron asesinados, la peor cifra desde que se tiene registro. Colombia volvió a ser el país con más ataques registrados, con 65 defensores asesinados. Todavía resuena el horrendo asesinato en Brasil de Bruno Pereira y Don Phillips, ambos defensores de la Amazonía, una de las fronteras de muerte en la región.
En 2020, Francia Márquez, quien siempre se ha ocupado de ampliar los horizontes de lucha, se recibió de abogada en la Universidad de Cali y fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020, donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.
La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida
Gustavo Petro
Hemos dicho acá que Gustavo Petro declaró durante la campaña presidencial que “La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida… No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: Petróleo, Carbón y Cocaína”. En esta línea se destaca el programa de gobierno del Pacto Histórico, una propuesta de transición denominada “Colombia Sin Fósiles” que contempla:
“Un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón.”
“Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.”
Se destinará “la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles (…) al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético”.[1]
La propuesta de Transición gradual y justa contempla suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles (el 35% de las exportaciones de Colombia). Implica no solo cambios en la matriz energética, sino también la oportunidad para impulsar la diversificación y desconcentración económica de Colombia. Y sería un verdadero ejemplo para la región y el mundo en la experimentación de nuevos caminos, al proponer dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.
El debate acerca de la transición ecosocial y más específicamente sobre la transición energética, aparece muy poco en los discursos de los progresismos existentes. Seguimos siendo hablados por el Norte, mientras avanza el colonialismo energético de la mano de una transición corporativa (como en el llamado Triángulo del Litio o en la tala indiscriminada de madera de balsa en Ecuador para la industria eólica), o mientras los gobiernos del sur compiten entre sí para obtener contratos internacionales para la producción y exportación de hidrógeno, el nuevo Eldorado a escala global, sin tener en cuenta la cuestión de la soberanía energética (en un mundo en crisis energética y rumbo a una desglobalización) ni la licencia social (frente a la destrucción de territorios y criminalización creciente de las poblaciones que resisten a los megaproyectos), ni los impactos locales (nuevamente América Latina es zona de sacrificio, ahora en nombre de la transición energética del norte).
En su largo discurso de victoria, Petro propuso un diálogo americano que contempla dos ejes: uno, el de la relación Norte/Sur, con Estados Unidos; otro, hacia adentro, hacia América Latina; en ambos casos para sentar las bases de una “transición energética” ante los estragos causados por el cambio climático. Claves necesarias de una transición sostenible, que habrá que pensar desde los ejes de la justicia ambiental, la deuda ecológica y la integración regional, en sintonía con las propuestas del “Pacto Ecosocial del Sur” del que formamos parte.
El caso es que la sinergia de ambos discursos, el de Petro y el de Francia, pueden marcar un punto de inflexión en la región. Nunca hubo en América Latina un presidente electo que apostara abiertamente a un progresismo ambiental. Nunca hubo una vicepresidente que encarnara ella misma la apuesta a la interseccionalidad: mujer, de origen popular, afro, antiracista, ecologista y feminista. Por eso la victoria de este binomio plurinacional que apuesta a la “economía de la vida” y a “la vida sabrosa” genera hoy tantas expectativas. Una militante muy joven de Colombia, exiliada y amenazada de muerte por defender su territorio del avance del fracking, nos escribió emocionada: “les enviamos todo el amor que nos está invadiendo, somos niños crecidos en medio de miedo y violencia, pero hoy vemos un nuevo amanecer y hay que mirar al sol”
La victoria colombiana viene a oxigenar una política latinoamericana caracterizada por las repeticiones y la ausencia de visiones políticas renovadoras, visible en los progresismos refractarios, que como en Argentina, Bolivia y muy probablemente Brasil –si Lula triunfara en las próximas elecciones-, no se interesan por abrir la agenda socioambiental ni discutir una Transición Justa, y consecuentemente, reducen de manera significativa los horizontes de la democracia y de la vida digna y sostenible. Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda. Ambas gestiones representan la esperanza de un “progresismo de segunda generación” en América Latina, donde democracia y problemática socioambiental puedan por fin expresarse transversalmente en el programa de gobierno y no solamente como compartimento estanco.
“Es cierto que podría decirse que Petro no estará solo, pues Chile con Boric y la alianza que lo llevó al gobierno, también muestra una renovación política desde la izquierda.”
Justamente la semana pasada el gobierno chileno anunció, como parte de la “transición socioecológica justa”, contenida en la promesa electoral, el cierre definitivo de la fundición de Ventanas que “se realizará mediante un proceso gradual y responsable junto a la población y las y los trabajadores” y asegurando que “ningún trabajador quedará desamparado producto de esta decisión”. Ventanas es una fundidora, perteneciente a la empresa estatal Codelco, denunciada hace décadas por sus altísimos niveles de contaminación, es por ello que “esta decisión se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”. Ventanas se encuentra en el polo industrial más contaminado del país, cerca de Valparaíso, donde en 1964 comenzó a funcionar la primera fundición y refinería de cobre de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). En 2016, cuando visitamos la zona, el parque industrial albergaba más de 17 empresas entre las que se destacan siete termoeléctricas a carbón, una refinería y una fundición de cobre, tres empresas relacionadas a la distribución de hidrocarburos, dos empresas almacenadoras de químicos, tres empresas distribuidoras de gas. Ahí nació la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificioen Resistencia de Puchuncaví-Quintero, que ha realizado un trabajo enorme de desnaturalización de la contaminación, denunciando la injusticia ambiental y los impactos sobre la salud.
En suma, ojalá este resultado electoral en Colombia abra una nueva etapa en ese país y para toda la región. Nadie dice que será fácil, pues los desafíos políticos y sociales son enormes y complejísimos. El marco de las alianzas establecidas por Petro a nivel nacional (la presencia de maquinarias y figuras políticas tradicionales), la posibilidad de apertura de nuevos espacios regionales de integración en clave de progresismos de nueva generación (crisis climática y transición justa), las relaciones con el Norte (muy particularmente con Estados Unidos), tensarán al nuevo gobierno e irán definiendo su rumbo en esos varios andariveles. Y sin dudas el programa de transición ecosocial es el desafío más complicado, tanto por razones políticas como económico-productivas, que tendrá el nuevo gobierno. Además, dado que Petro tiene un horizonte de solo cuatro años en el poder (no hay reelección en Colombia), en el mejor de los casos sentará las bases para el futuro y lograr extender la discusión sobre el modelo de desarrollo al conjunto de la sociedad colombiana y de América Latina.
Pero algo nuevo se viene forjando, al calor de grandes movilizaciones sociales. Petro y Francia aparecen como la poderosa encarnación de un nuevo binomio disrruptivo y plurinacional que esta vez integra la cuestión socioambiental transversalmente en sus políticas y narrativas. No sólo tienen “conciencia ambiental”, son también decididos militantes con una trayectoria ambientalista y de defensa de los territorios. Vienen a desafiar al “neodesarrollismo” de la región porque cuestionan directamente las bases ideológicas del extractivismo (aún para redistribuir) y desnudan así la verdadera grieta: seguir con las recetas del pasado o apostar por un futuro igualitario e inclusivo, social y ecológico.
Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Catamarca
Ante la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, que el día de ayer reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a vecinos y vecinas de Choya que realizaban un acampe pacífico, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclamamos la liberación inmediata de la detenida Karina Orquera y el libre ejercicio del derecho a la protesta en todo el territorio nacional.
La minería, como cualquier otra actividad, no debe realizarse sin consulta previa, libre e informada a las comunidades locales. El pueblo de Andalgalá ha realizado más de 600 manifestaciones pacíficas desde 1996 para exigir el cese de las actividades mineras en el cerro Aconquija. Se ha proclamado de manera irresoluta y persistente en contra de la minera canadiense Yamana Gold que se encuentra instalada en su territorio. Desde el año 1997 que, de una forma u otra, la megaminería intenta avanzar en la cuenca del Río Andalgalá en detrimento del marco democrático.
A pesar de encontrarse en zona periglaciar (expresamente prohibido por la Ley de Glaciares) el Proyecto MARA por Yamana Gold ha logrado avanzar en diversas etapas. En los últimos 20 años de lucha contra la megaminería en el país, mediante un ejercicio de democracia directa, la sociedad ha logrado incluir en el marco regulatorio siete leyes provinciales que prohíben la megaminería con uso de sustancias tóxicas. A 45 años de la primera caminata de las Madres de Plaza de Mayo, recuperamos y reivindicamos el derecho a la protesta pacífica como ejercicio de la voluntad popular. La construcción de una verdadera democracia exige el freno de esta práctica extrema del extractivismo, que precisa degradar los marcos institucionales y democráticos para poder avanzar.
La violencia institucional ejercida desde el estado contra defensores ambientales y asambleas constituidas en defensa de sus territorios y bienes comunes, reduce dramáticamente la democracia participativa socio-ambiental, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Argentino. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la construcción institucional de las decisiones políticas, compromete la realización de los más elementales derechos humanos ambientales del pueblo catamarqueño, cuya determinación en defensa del agua, la vida, y el valor inherente de sus cerros se impone contra el avance de la megaminería.
Para lograr restituir la legitimidad democrática y el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Carta Fundamental, es necesario que la provincia de Catamarca garantice la voluntad popular y, no solamente le de un freno al proyecto MARA, sino que también avance en el contexto institucional y jurídico y en la defensa de los bienes comunes del territorio
Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149, promulgada a través del Decreto 1285/21.
La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut.
En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.
A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales. En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.
El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio. Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos y la democracia.
15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina es un libro pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley de protección de glaciares,[1] sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos, muchas veces mentirosos, esgrimidos por el lobby minero.
En ese entonces, varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.
Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore,[2] publicado en la Revista Memoria de México en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la minería transnacional”.Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.
Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dosieres especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.
El texto sintetiza, así, diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Estas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata solo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, y a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.
Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar, como el propio objeto lo requiere, intentando con ello, también, desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares– sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo, participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.
Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 –un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública–, a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica. En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada, pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.
Desde Voces de Alerta, cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general.
Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad, si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza), que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.
Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, y dentro de una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, la vida y el futuro de las próximas generaciones. Desde Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Tandil, Abril de 2011
Por: Maristella Svampa y Enrique Viale paraEl diario AR.
A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.
Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería.
Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.
Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.
Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.
Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.
Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.
¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.
En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.
¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental.
Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca.
El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.
15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina está pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley nacional de protección de los glaciares, sancionada por el Congreso nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos muchas veces mentirosos esgrimidos por el lobby minero.
En ese entonces varios investigadores que desde hace años y desde diversas provincias del país acompañamos a las luchas socioambientales que cuestionan la megaminería transnacional en Argentina, comenzamos a sistematizar información sobre el tema. Nuestro propósito era deconstruir los discursos y los lugares comunes del imaginario prominero, desmontar y desactivar dichos “mitos” que sobre la minería a gran escala repiten cotidianamente y con total impunidad sus defensores más acérrimos (corporaciones mineras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias promineras, voceros periodísticos), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.
Fue entonces que nos encontramos con el artículo de Jennifer Moore (1), periodista canadiense, publicado en la Revista Memoria, de México, en octubre-noviembre de 2009, titulado “Mitos y realidades de la Minería Transnacional”.
Retomamos de esta fuente inspiradora el formato y partes de sus enunciados (bajo la forma de mitos), a los cuales ampliamos con más desarrollos, datos, ejemplos y otros tantos mitos.
Las semanas agitadas que pasamos en el Congreso, entre audiencias públicas, visitas a senadores, declaraciones, escritos periodísticos y dossier especiales, junto con numerosas organizaciones ambientalistas, vecinos de asambleas y representantes parlamentarios de diversos bloques y partidos políticos en defensa de la ley nacional de protección de los glaciares, nos convenció de la necesidad urgente de cerrar esta tarea y publicarlo bajo la forma de libro.
El texto sintetiza así diferentes saberes y discursos. La argumentación que se desarrolla combina consideraciones teóricas y de tipo general con referencias específicas a casos concretos. Éstas no aluden necesariamente a los casos más “graves”, “resonantes”, ni a los “únicos” disponibles; por el contrario, se trata sólo de algunos ejemplos tomados aleatoriamente de la vasta casuística disponible por su relevancia y cercanía a nuestra experiencia, a los solos fines de ilustrar con casos concretos el modus operandi, los impactos y las consecuencias de este tipo de explotaciones.
Asimismo, atendiendo a la complejidad de la problemática, se ha procurado construir una mirada eminentemente multidisciplinar como el propio objeto lo requiere, intentando con ello también desmontar las raíces epistémicas –profunda y primitivamente positivistas, encuadradas en perspectivas jerárquicas y unidisciplinares- sobre las que se suelen construir las falacias cientificistas y tecnicistas de las visiones “oficiales”. De tal modo, en la elaboración de este trabajo participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas, periodistas, entre otros, muchos de los cuales conformamos el colectivo Voces de Alerta.
Dicho espacio, compuesto por científicos, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales, surgió de un episodio en el ámbito científico argentino ocurrido en 2009 -un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública- a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica.
En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, que hace tiempo trabajamos coordinada pero informalmente en diferentes espacios, decidió expresarse públicamente, asumiendo el nombre de Voces de Alerta.
Desde Voces de Alerta cuestionamos radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general. Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza) que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian.
Por último, deseamos dedicar este texto a quienes creemos son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, en una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, por la vida, por el futuro de las próximas generaciones.