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Calcatreu: La resistencia de la ciudadanía frente a un modelo extractivista devastador

En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.

El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.

El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.

 Foto: Carolina Blumenkranc

El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.

También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas  y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.

Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.

Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.

Contacto de prensa: +541123904594

Audiencia Publica Calcatreu Jacobacci

El silencio en Jacobacci: Lo que la megaminería quiere callar del Proyecto Calcatreu

Maristella Svampa, investigadora Superior del Conicet y miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) participó recientemente en la audiencia pública en Jacobacci, Río Negro, para hablar sobre los impactos de la megaminería y el Proyecto Calcatreu. Lo que encontramos fue un bloqueo informativo por partida doble. Por un lado, los medios tradicionales decidieron ignorar las voces críticas. Por otro, gran parte de las asambleas locales decidieron no participar en la audiencia, lo que dejó fuera a muchas de las voces que denuncian los efectos nocivos de la minería.

La base de nuestra intervención hizo eje en el hecho de que la minería a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajos, no resuelve el problema de la pobreza y sus impactos en términos de desarrollo local son insignificantes.

La audiencia pública fue, como dijeron los obispos en peregrinación a Chimpay, “una obra de teatro con actores pagos”. En todo caso, se advirtió la fuerte manipulación política que el gobierno hace de las esperanzas y expectativas de la gente, que espera encontrar trabajo en la minería.

Cuando hablamos a nivel nacional de megaminería hay que ser claros: no genera mucho trabajo. La minería no es intensiva en mano de obra. A nivel global, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, de las 24 mil personas que trabajan en la megaminería (sin contar la extracción de rocas de aplicación), apenas 12 mil están empleadas en el sector. Eso representa solo el 0.15% del empleo privado registrado en el país. El empleo es una falsa promesa que nunca termina de concretarse. En Perú, país minero por excelencia, apenas llega  a emplear al 1,5% de la población económicamente activa..

En las provincias mineras, el empleo de la megaminería no ha logrado mover la aguja. En localidades mineras como Belén, solo el 1.5% de la población está empleada en minería, y en Jáchal, apenas el 3.3%. Los datos hablan por sí solos: la megaminería no ha resuelto la crisis de empleo. En Catamarca y San Juan, donde la minería tiene una fuerte presencia, los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes. En el segundo trimestre de 2023, Catamarca tenía una pobreza del 45%, y San Juan, del 41%. Incluso en Santa Cruz, donde las empresas mineras tienen una fuerte presencia, hay una crisis fiscal. El poco empleo que se crea, con salarios altos, solo beneficia a un puñado de trabajadores altamente calificados. El resto de los trabajos son precarios: construcción, comercio, trabajadoras domésticas. Y junto a la minería, llegan otros problemas: trata de personas y prostitución.

Otro punto clave es el uso del agua. No solo hablamos de una región árida, sino de una crisis climática que está multiplicando los eventos extremos y provocando más sequías. La adaptación a estos problemas será crucial para las comunidades. Sin embargo, el llamado “circuito cerrado” de agua que prometen las empresas mineras no está probado. En el informe de impacto ambiental de Newmont, de 2023, la minera de oro más grande del mundo, se menciona que han logrado reducir el consumo de agua a 400 litros por tonelada de mineral. Sin embargo, en Jacobacci prometen 154 litros por tonelada de mineral procesado, una cifra que no cierra por ningún lado. Y además, hay una alarmante falta de datos confiables.

A su vez, este avance en un contexto de aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) plantea enormes preocupaciones en relación al acceso y uso del agua. Este importantísimo recurso vital y bien común se encuentra en riesgo en el contexto de una megaminería que depende dle acceso al agua para mantener el funcionamiento y los márgenes de renta que el Estado le promete a las empresas. El RIGI otorga privilegios absolutos a las empresas mineras, permitiendo que “los insumos necesarios para sus operaciones”, incluyendo el agua, no estén sujetos a regulaciones preexistentes ni futuras. Esto significa que las empresas mineras van a tener acceso prioritario al agua, incluso en un país donde la escasez hídrica es un problema creciente.

El proyecto Calcatreu es solo la puerta de entrada para otros 53 proyectos mineros en Río Negro. Lo que estamos viendo es un intento de transformar la provincia en una zona de sacrificio a gran escala, basada en un modelo primario exportador centrado en el petróleo y la megaminería. Y lo peor es que este modelo también se está colando en la educación. El Ministerio de Educación publicó un manual que promueve la minería, que busca normalizar esta actividad en las escuelas. El Manual para quinto grado, Encontrarnos en Río Negro. Un viaje por nuestra provincia, se abre con una carta del gobernador actual; y tiene un capitulo sobre minería en el cual nos encontramos con una presentación sesgada de la actividad, sin hacer contrapeso o equilibro con los numerosos impactos sociales y ambientales de esta actividad. Se trata de un intento abusivo desde el poder por construir “licencia social”, buscando influir en niños y niñas de quinto grado, que están en esa edad configurando su aparto perceptual. Esto es algo que ningún docente puede pasar por alto.

La megaminería no ha logrado solucionar ninguno de los problemas que prometen. Sus profundos impactos socioambientales son evidentes y la profundización de un modelo primario de exportación de bienes naturales solo concentra más poder y riqueza en sectores financiarizados y extranjerizados.

Datos clave sobre la megaminería en Argentina

  • Empleo en la Megaminería: A pesar de la promoción de la minería como generadora de empleo, en el segundo trimestre de 2023, el empleo minero representó apenas el 0.15% del total del empleo en el país.
  • Pobreza en Provincias Mineras: En Catamarca, la pobreza alcanzó el 45% y en San Juan el 41% en 2023, a pesar de la fuerte presencia de la minería en estas provincias. Esto indica que la minería no ha sido efectiva en la reducción de la pobreza local.
  • Uso del Agua: Las promesas de un “circuito cerrado” de agua son cuestionables. La minería en Jacobacci promete un uso de 154 litros de agua por tonelada de mineral, cifra que no se alinea con los promedios que presentan otras operaciones mineras a nivel mundial. Ejemplo de esto es de la minera Newmont, que reporta, después de enormes esfuerzos, haber podido bajar su uso a 400 litros por tonelada. Esto plantea serias dudas sobre la rigurosidad del estudio de Calcatreu.
  • Impactos Ambientales: La minería metalífera implica el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, con riesgos de drenajes ácidos y contaminación del agua. Estos impactos son bien documentados y han llevado a la oposición de diversas asambleas socioambientales.
  • Profundización del Modelo primario-exportador en Río Negro: El avance del proyecto Calcatreu es parte de un modelo más amplio que busca transformar Río Negro en una zona de sacrificio a gran escala, priorizando la explotación de recursos naturales a expensas del bienestar de las comunidades locales y del medio ambiente

Lo sucedido en la audiencia de Jacobacci, y en torno al Proyecto Calcatreu y el avance de la megaminería en toda la Argentina, es un ejemplo de la forma de avanzar sobre los territorios que tiene la megaminería. No podemos permitir que el avance de proyectos en Argentina siga ocurriendo bajo estas condiciones. Invitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a seguir de cerca estos procesos y a denunciar nuevos intentos de manipulación de los espacios participativos.