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Defendemos y acompañamos a las poblaciones y asambleas que luchan por defender al agua pura del avance de la minería y megaminería.

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza: Persecución judicial y detenciones a Defensores del Agua

Mendoza, 25 de febrero de 2025

Ante las detenciones a Defensores del Agua en Mendoza. — Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial exigimos la liberación inmediata de los detenidos y el cese de los allanamientos y hostigamientos contra defensores del agua en Mendoza. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier perjuicio ocasionado a quienes ejercen su derecho a la protesta y defenderemos a quienes protegen el agua contra las amenazas al bienestar colectivo.

El pasado 24 de enero se dio inicio a una jornada que deja una huella nefasta en la provincia. En simultáneo a la inauguración de la Oficina Minera, se realizó una movilización ciudadana en rechazo al avance minero. La cabeza de cuenca del Río Mendoza fue así testigo de un entramado de intereses que busca vulnerar el derecho a manifestarse y hostigar a las personas que lo intenten.

Ante esta situación, grupos vinculados a la UOCRA y barras bravas de clubes de fútbol, actuando a órdenes del gobierno provincial, boicotearon la protesta y, en el proceso, se registraron episodios de violencia física.

En este marco, nos encontramos en articulación con Marcelo Romano, a cargo de la defensa, citados para una audiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de recurrir a un amparo judicial que garantice la libertad y seguridad de todos los afectados.

Exigimos, además, un Estado a la altura de la crisis ecológica y climática actual, que garantice los derechos humanos y la voluntad popular mendocina de cuidar el agua. Es imprescindible que las decisiones que afectan a la ciudadanía y a nuestros bienes comunes naturales sean tomadas en un marco de respeto a la legalidad, la transparencia y la participación democrática.

Ante estas detenciones a defensores del agua, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas convoca a la sociedad a acompañar a las personas afectadas y no permitir cualquier abuso de poder. Seguiremos informando novedades del caso y sobre las acciones legales que acompañaremos para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Abrir el futuro

El agua vale más que el oro: exigimos justicia ambiental para Ingeniero Jacobacci

Viedma, 23 de diciembre de 2024. 

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, nos hemos presentado como Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. En articulación con diversas comunidades territoriales, respaldamos el plebiscito impulsado por el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci, que busca dar voz a la comunidad sobre la instalación de la megaminería con el llamado Proyecto Calcatreu.

El proyecto Calcatreu es un emprendimiento de megaminería aurífera que pretende operar en las cercanías de la ciudad de  Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. Este proyecto propone la extracción de oro mediante el uso de cianuro, un compuesto químico altamente tóxico que representa un riesgo crítico para los sistemas hídricos de los cuales dependen las comunidades y para los ecosistemas locales. La extracción a cielo abierto implica remover grandes volúmenes de tierra, un proceso que consume enormes cantidades de agua en una región caracterizada por su aridez y vulnerabilidad hídrica.

Calcatreu no solo amenaza con contaminar las napas subterráneas y reducir la disponibilidad de agua para las comunidades, sino que también perpetúa un modelo extractivista que históricamente ha dejado destrucción ambiental, pobreza y dependencia económica en las regiones afectadas. Este proyecto, presentado como una promesa de desarrollo, pone en riesgo la salud, la biodiversidad y las actividades productivas tradicionales de Ingeniero Jacobacci, como la ganadería y la agricultura, comprometiendo su sostenibilidad y calidad de vida a largo plazo. No podemos aceptar que se avance sin la licencia social de quienes sufrirán las consecuencias directas.

A su vez, las comunidades indígenas y territoriales, principales guardianas de estos ecosistemas, no han sido consultadas, en flagrante violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige su participación en decisiones que afecten sus territorios. Este atropello no solo desconoce sus derechos constitucionales, sino que perpetúa una lógica colonial para justificar el saqueo de sus tierras.

La participación ciudadana no es negociable. El plebiscito es una herramienta fundamental para garantizar la participación ciudadana, derecho consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Estas normativas no son adornos legales, son pilares de una democracia que reconoce que el ambiente no es un recurso, sino uno de los comunes necesarios como base de la vida misma.

A su vez, rechazamos rotundamente las recientes afirmaciones del intendente Mellado de que la audiencia pública realizada sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es suficiente. Las audiencias no son vinculantes y se limitan a recibir opiniones, mientras que el plebiscito pone en manos del pueblo la decisión final sobre el futuro de su territorio. No permitiremos que las autoridades confundan deliberadamente a la población para evitar que ejerza su derecho a decidir.

En nuestro país los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. La historia reciente de Argentina y de América Latina nos enseña que, sin participación ciudadana efectiva, los intereses mineros avanzan a costa de las comunidades y los ecosistemas. El plebiscito en Jacobacci es una oportunidad histórica para demostrar que otro camino es posible, uno que respete la vida, el agua y la dignidad de las personas.

La megaminería como la que propone el proyecto Calcatreu no solo pone en riesgo el ambiente local; perpetúa un modelo económico insostenible basado en exportar nuestros bienes naturales a costos irrisorios, sin beneficios reales para las comunidades afectadas o el país. A su vez, Calcatreu es un emblema en Río Negro ya que detrás de este proyecto se encuentran en puerta 53 proyectos mineros más.

Exigimos al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ratifique el plebiscito de Calcatreu, asegurando el respeto por el derecho de los habitantes de Ingeniero Jacobacci a decidir sobre su futuro. Este caso es un símbolo de la lucha por una Argentina que priorice la vida sobre la ganancia, el cuidado del ambiente sobre la explotación, y la participación ciudadana sobre los intereses corporativos.

Calcatreu: La resistencia de la ciudadanía frente a un modelo extractivista devastador

En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del “Proyecto de explotación minera Calcatreu”, desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ejercemos nuestro derecho a participar y opinar, conforme lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y el Acuerdo de Escazú. Esta participación no es un mero trámite, es un derecho fundamental para garantizar que las decisiones sobre nuestro entorno sean tomadas de manera democrática y justa.

El Proyecto Calcatreu forma parte de un modelo minero a gran escala que genera una creciente oposición social en toda América Latina y, particularmente, en Argentina. La minería metalífera a cielo abierto, como la que se propone en Calcatreu, utiliza sustancias químicas altamente contaminantes, como cianuro y ácidos, que han demostrado tener graves impactos sobre la salud de las poblaciones y el ambiente. Estos efectos, que incluyen contaminación del agua y del suelo, son muchas veces transfronterizos, lo que significa que no solo afectan a la región donde se realiza la explotación, sino también a áreas vecinas.

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno y las empresas mineras es que este modelo extractivo traerá progreso y desarrollo a las regiones más relegadas. Sin embargo, la experiencia muestra una realidad distinta. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía, y compite directamente con otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, que sostienen a las economías regionales. Esta competencia por los recursos no solo desplaza a las comunidades locales, sino que también reorienta completamente la vida de estas poblaciones, afectando su bienestar y generando una dependencia económica que deja poco o ningún beneficio duradero.

El Proyecto Calcatreu pretende ser la “puerta de entrada” de más de 50 proyectos mineros, para convertir a la provincia de Río Negro en la provincia con una gran cantera a cielo abierto, con la mayor cantidad de proyectos mineros en el país. El modelo minero no avanza solo. En el contexto de una política extractivista, desde hace más de diez años se han instalado plataformas de fracking en el Alto Valle, sobre todo en la localidad frutícola de Allen. En la actualidad, el gobierno ha redoblado la apuesta a través de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y la instalación de un puerto petrolero y una planta de GNL en la zona del golfo. Esta combinación de minería y explotación de hidrocarburos está reconfigurando completamente la matriz productiva de Río Negro, transformándola en una “zona de sacrificio” para la exportación de recursos naturales, en desmedro del ambiente y de las comunidades locales.

 Foto: Carolina Blumenkranc

El gobierno rionegrino, junto con las empresas transnacionales, ha intentado justificar estos proyectos mediante la obtención de lo que llaman “licencia social”. Sin embargo, lo que vemos es un uso del aparato del Estado para imponer dichos proyectos sin una verdadera consulta ciudadana, con la anulación de voces disidentes y la aprobación de leyes regresivas que permiten estas actividades. La reciente derogación de la Ley 3308, que protegía el Golfo San Matías, es un claro ejemplo de cómo se ha violado la obligación de no retroceder en la protección del ambiente (principio de no regresividad ambiental) y de cómo se ha incumplido el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan el ambiente.

También observamos cómo el gobierno está utilizando el sistema educativo para intentar legitimar la minería a gran escala. Un claro ejemplo es el manual “Encontrarnos en Río Negro”, publicado este año por el Ministerio de Educación,que presenta la minería de manera sesgada, omitiendo los impactos negativos comprobados de esta actividad. Este tipo de intervenciones educativas no busca informar de manera imparcial, sino crear un relato que legitime un modelo extractivo que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos devastadores.

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y ambiental, y la defensa de los ecosistemas  y de las comunidades que dependen de él. La minería a gran escala y el fracking no son las únicas alternativas de desarrollo para Río Negro ni para nuestro país. Existen otros modelos de producción, más equitativos y sustentables que pueden garantizar modelos de bienestar sin sacrificar nuestra salud, nuestros bienes comunes y nuestras comunidades.

Es por ello que exigimos un proceso real de evaluación ambiental. Exigimos que realmente se escuche a las comunidades y se respete los principios fundamentales y democráticos de la protección ambiental. La sociedad toda tiene el derecho a ser informada de manera completa y transparente, y a participar efectivamente en las decisiones que afectarán su entorno, sus ecosistemas vitales y su calidad de vida.

Invitamos a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta lucha, a informarse y a ejercer su derecho a opinar y participar. Solo así podremos evitar que proyectos como Calcatreu sigan avanzando sin el necesario control ciudadano y sin tener en cuenta el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras.

Contacto de prensa: +541123904594

Audiencia Publica Calcatreu Jacobacci

El silencio en Jacobacci: Lo que la megaminería quiere callar del Proyecto Calcatreu

Maristella Svampa, investigadora Superior del Conicet y miembro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) participó recientemente en la audiencia pública en Jacobacci, Río Negro, para hablar sobre los impactos de la megaminería y el Proyecto Calcatreu. Lo que encontramos fue un bloqueo informativo por partida doble. Por un lado, los medios tradicionales decidieron ignorar las voces críticas. Por otro, gran parte de las asambleas locales decidieron no participar en la audiencia, lo que dejó fuera a muchas de las voces que denuncian los efectos nocivos de la minería.

La base de nuestra intervención hizo eje en el hecho de que la minería a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajos, no resuelve el problema de la pobreza y sus impactos en términos de desarrollo local son insignificantes.

La audiencia pública fue, como dijeron los obispos en peregrinación a Chimpay, “una obra de teatro con actores pagos”. En todo caso, se advirtió la fuerte manipulación política que el gobierno hace de las esperanzas y expectativas de la gente, que espera encontrar trabajo en la minería.

Cuando hablamos a nivel nacional de megaminería hay que ser claros: no genera mucho trabajo. La minería no es intensiva en mano de obra. A nivel global, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, de las 24 mil personas que trabajan en la megaminería (sin contar la extracción de rocas de aplicación), apenas 12 mil están empleadas en el sector. Eso representa solo el 0.15% del empleo privado registrado en el país. El empleo es una falsa promesa que nunca termina de concretarse. En Perú, país minero por excelencia, apenas llega  a emplear al 1,5% de la población económicamente activa..

En las provincias mineras, el empleo de la megaminería no ha logrado mover la aguja. En localidades mineras como Belén, solo el 1.5% de la población está empleada en minería, y en Jáchal, apenas el 3.3%. Los datos hablan por sí solos: la megaminería no ha resuelto la crisis de empleo. En Catamarca y San Juan, donde la minería tiene una fuerte presencia, los niveles de pobreza siguen siendo alarmantes. En el segundo trimestre de 2023, Catamarca tenía una pobreza del 45%, y San Juan, del 41%. Incluso en Santa Cruz, donde las empresas mineras tienen una fuerte presencia, hay una crisis fiscal. El poco empleo que se crea, con salarios altos, solo beneficia a un puñado de trabajadores altamente calificados. El resto de los trabajos son precarios: construcción, comercio, trabajadoras domésticas. Y junto a la minería, llegan otros problemas: trata de personas y prostitución.

Otro punto clave es el uso del agua. No solo hablamos de una región árida, sino de una crisis climática que está multiplicando los eventos extremos y provocando más sequías. La adaptación a estos problemas será crucial para las comunidades. Sin embargo, el llamado “circuito cerrado” de agua que prometen las empresas mineras no está probado. En el informe de impacto ambiental de Newmont, de 2023, la minera de oro más grande del mundo, se menciona que han logrado reducir el consumo de agua a 400 litros por tonelada de mineral. Sin embargo, en Jacobacci prometen 154 litros por tonelada de mineral procesado, una cifra que no cierra por ningún lado. Y además, hay una alarmante falta de datos confiables.

A su vez, este avance en un contexto de aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) plantea enormes preocupaciones en relación al acceso y uso del agua. Este importantísimo recurso vital y bien común se encuentra en riesgo en el contexto de una megaminería que depende dle acceso al agua para mantener el funcionamiento y los márgenes de renta que el Estado le promete a las empresas. El RIGI otorga privilegios absolutos a las empresas mineras, permitiendo que “los insumos necesarios para sus operaciones”, incluyendo el agua, no estén sujetos a regulaciones preexistentes ni futuras. Esto significa que las empresas mineras van a tener acceso prioritario al agua, incluso en un país donde la escasez hídrica es un problema creciente.

El proyecto Calcatreu es solo la puerta de entrada para otros 53 proyectos mineros en Río Negro. Lo que estamos viendo es un intento de transformar la provincia en una zona de sacrificio a gran escala, basada en un modelo primario exportador centrado en el petróleo y la megaminería. Y lo peor es que este modelo también se está colando en la educación. El Ministerio de Educación publicó un manual que promueve la minería, que busca normalizar esta actividad en las escuelas. El Manual para quinto grado, Encontrarnos en Río Negro. Un viaje por nuestra provincia, se abre con una carta del gobernador actual; y tiene un capitulo sobre minería en el cual nos encontramos con una presentación sesgada de la actividad, sin hacer contrapeso o equilibro con los numerosos impactos sociales y ambientales de esta actividad. Se trata de un intento abusivo desde el poder por construir “licencia social”, buscando influir en niños y niñas de quinto grado, que están en esa edad configurando su aparto perceptual. Esto es algo que ningún docente puede pasar por alto.

La megaminería no ha logrado solucionar ninguno de los problemas que prometen. Sus profundos impactos socioambientales son evidentes y la profundización de un modelo primario de exportación de bienes naturales solo concentra más poder y riqueza en sectores financiarizados y extranjerizados.

Datos clave sobre la megaminería en Argentina

  • Empleo en la Megaminería: A pesar de la promoción de la minería como generadora de empleo, en el segundo trimestre de 2023, el empleo minero representó apenas el 0.15% del total del empleo en el país.
  • Pobreza en Provincias Mineras: En Catamarca, la pobreza alcanzó el 45% y en San Juan el 41% en 2023, a pesar de la fuerte presencia de la minería en estas provincias. Esto indica que la minería no ha sido efectiva en la reducción de la pobreza local.
  • Uso del Agua: Las promesas de un “circuito cerrado” de agua son cuestionables. La minería en Jacobacci promete un uso de 154 litros de agua por tonelada de mineral, cifra que no se alinea con los promedios que presentan otras operaciones mineras a nivel mundial. Ejemplo de esto es de la minera Newmont, que reporta, después de enormes esfuerzos, haber podido bajar su uso a 400 litros por tonelada. Esto plantea serias dudas sobre la rigurosidad del estudio de Calcatreu.
  • Impactos Ambientales: La minería metalífera implica el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio, con riesgos de drenajes ácidos y contaminación del agua. Estos impactos son bien documentados y han llevado a la oposición de diversas asambleas socioambientales.
  • Profundización del Modelo primario-exportador en Río Negro: El avance del proyecto Calcatreu es parte de un modelo más amplio que busca transformar Río Negro en una zona de sacrificio a gran escala, priorizando la explotación de recursos naturales a expensas del bienestar de las comunidades locales y del medio ambiente

Lo sucedido en la audiencia de Jacobacci, y en torno al Proyecto Calcatreu y el avance de la megaminería en toda la Argentina, es un ejemplo de la forma de avanzar sobre los territorios que tiene la megaminería. No podemos permitir que el avance de proyectos en Argentina siga ocurriendo bajo estas condiciones. Invitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a seguir de cerca estos procesos y a denunciar nuevos intentos de manipulación de los espacios participativos.

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental

Peor que en los 90s: DNU, autocracia, extranjerización y regresión socioambiental 

Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. 

Compartimos a la sociedad un primer análisis (ver abajo link a documento completo) de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: 

Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.

La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto.

Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas  (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial

Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación.

Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria

Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría. 

Contacto de Prensa: +541123904594

violación de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Repudio a la violación masiva de derechos humanos y democráticos en Jujuy

Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) repudiamos la violación masiva de derechos humanos y ambientales que está sucediendo en Jujuy. En los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Gerardo Morales ha llevado a cabo una serie de acciones planificadas contra las personas, líderes de organizaciones sindicales y de comunidades indígenas que están ejerciendo el derecho a la protesta contra la sanción de una reforma de la constitución inconsulta y que afecta sus derechos, incluyendo:

  • Allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
  • Más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos 
  • Detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados
  • Violación del derecho a la protesta
  • Persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas
  • Presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes
  • Detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy
  • Amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara

Las movilizaciones sociales comenzaron a raíz de la aprobación durante la noche del jueves 15 de una reforma constitucional con una absoluta irregularidad en el procedimiento. No se respetó el derecho a la consulta, ni se respetaron los plazos previstos, ni permitieron la participación de distintos sectores sociales. El procedimiento es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en asuntos que les afectan de manera directa. Tampoco se tuvieron en cuenta los detalles de los artículos que modifican el derecho a la protesta de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y de trabajadores/as. 

Todas estas acciones se dan en rechazo a la aprobación de una reforma constitucional que, desoyendo los legítimos reclamos populares, intenta aprobarse a espaldas del pueblo. A su vez, pretende sostenerse en el ejercicio de un poder ilegítimo pese a que cada vez más localidades, por medio de sus concejos deliberantes o comisiones municipales, han rechazado esta reforma. Esto incluye, hasta ahora, a los departamentos de Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín.

El Gobierno está utilizando el poder estatal para silenciar las movilizaciones y acciones legítimas en una sociedad democrática contra la reforma constitucional. Estas acciones, sumadas a todas las registradas desde el inicio de la movilización social, constituyen una violación masiva de los derechos humanos y del consenso democrático por parte del gobierno de Jujuy. Este objetivo fue anunciado por el Fiscal del Estado (que anunció que había más de 100 causas), el Ministro de Seguridad y el Procurador General de la provincia, que detallaron los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieron identificar como participantes de las protestas. El gobierno provincial se ha querellado en todas las causas abiertas, ha solicitado la unificación de todas las causas en dos grandes causas y está buscando estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles para los/as manifestantes. 

Se conoció también la información de que se libraron órdenes de detención para varios abogados y abogadas que en las últimas semanas defendieron a manifestantes criminalizados/as y/o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional. Se los acusa del delito de sedición. Al menos uno de ellos (el Dr. Alberto Nallar) ya fue detenido. Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados. Esto se encuentra también en clara violación del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina y que protege a los defensores y defensoras ambientales en el territorio. 

Instamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tanto a nivel provincial como nacional, a cumplir con las normas fundamentales del Estado de Derecho. En particular, como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.”

El gobierno de Gerardo Morales debe cesar inmediatamente las represiones, respetar los derechos humanos de la población y dar espacio a los reclamos populares. A su vez, debe tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la reforma inconstitucional que su gobierno llevó a cabo. 

Exigimos al gobierno de Gerardo Morales que cese inmediatamente las represiones, respete los derechos humanos de la población y de espacio a los reclamos populares para que se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional que su gobierno intenta llevar a cabo.

*Foto de portada: Julia Carrizo

Foto de Eduardo Sarapura en Purmamarca

El litio en conflicto: las demandas históricas de los pueblos que resisten el avance minero y la reforma judicial en Jujuy

Melisa Argento (CAJE) para Tiempo Argentino

Una de las columnas vertebrales del Tercer Malón de la Paz que se movilizó desde todos los rincones de la puna y quebrada jujeña durante estas jornadas de movilización social en Jujuy la constituye las comunidades en resistencia frente a la minería del litio en esta provincia.

Entender cuál es este reclamo sistemáticamente desoído ayuda a comprender cómo de una manera veloz se articularon por tercera vez desde el siglo XX todos los pueblos originarios de esta provincia, que se reconocen como kollas, atacameños, casabindos, quechuas, entre muchos otros.

Desde el año 2011 las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se encuentran organizadas para resistir el avance de la minería de litio en este territorio. Lo hacen porque esta actividad minera utiliza enormes cantidades de agua, perfora en pozos de hasta 400 metros los salares, altera los ciclos hídricos naturales de los humedales altoandinos, y puede por tanto ocasionar tanto la salinización de las fuentes dulces de agua como la sequía de pozos surgentes, vegas y bofedales que son el suministro de agua parala vida.

El riesgo de la destrucción de estos ecosistemas frágiles en zonas áridas y con escasas precipitaciones implicaría el desplazamiento de las poblaciones que allí habitan y la destrucción de sus actividades económicas productivas (cosecha de la sal, agricultura, ganadería, e incluso turismo).

Es por esto que hace años exigen que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales, reconocidos en la Constitución Nacional (artículo 75 inc. 17), así como el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada comprendido en el convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina.

Sales de Jujuy desde un Drone
Sales de Jujuy.

El sistemático incumplimiento de estas reglamentaciones a lo largo de más de una década, la escasa implementación sobre sus títulos territoriales de la Ley 21160 de tierras en sus reiterados plazos postergados, más la vulneración social y ambiental de la minería de litio en estos territorios, son los ejes de sus reclamos que la reforma provincial aprobada recientemente pretende erradicar, toda vez que mediante su artículo 50 otorga al Estado provincial todas las facultades vinculadas al tratamiento de los derechos de los pueblos originarios.

Con más de una década de enfrentamiento, donde el accionar de la provincia ha sido el de reconocer cómo únicos interlocutores válidos a aquellas comunidades que han cedido sus pedimentos y permitido la instalación de proyectos extractivos en Susques, en la cuenca de los salares Olaroz y Cauchari, es claro que lo que se pretende con esta reforma es eliminar el conflicto desconociendo directamente otros reclamos territoriales.

Al mismo tiempo en el nuevo artículo 36 se prohíbe la protesta social y específicamente los cortes de ruta, que son la principal forma de acción directa que tienen poblaciones que habitan tanto la Puna como la Quebrada, cuyas vías comunicantes son las rutas 52 hacia Chile y la ruta 9 hacia el límite con Bolivia.

La minería de litio en salares, impulsada en esta provincia, así como en el conjunto de la Puna que hace parte del triángulo del litio (Chile, Argentina y Bolivia con el 58% de los recursos globales) ha intensificado su presión extractivista.

La mayoría de los salares se encuentran pedimentados, y más allá de que en el país existen sólo tres proyectos activos en explotación, cerca de 40 proyectos en diferentes etapas se expanden con dominio del capital trasnacional y amplio margen de autonomía empresarial.

Larreta y Morales
Morales, precandidato a vice de Larreta.

Foto: Camila Godoy / TELAM

La normativa para la extracción de litio en nuestro país otorga un conjunto de facilidades económicas a las corporaciones que están entre los sectores más privilegiados, al tiempo que favorece el comportamiento especulativo sobre los proyectos, erosionando las capacidades regulatorias de control estatal tanto en lo económico como en lo que refiere a los impactos ambientales.

De hecho, no existen estudios hidrogeológicos que puedan dar cuenta del impacto acumulativo (es decir del conjunto de los proyectos en carpeta), ni siquiera cabal conocimiento de ellos tal y como ha quedado expreso en un fallo de la CSJN que compele a Estados provinciales y nacionales a regularizar y elevar toda la información sobre los emprendimientos proyectados, con especial mención a los usos de agua.

En un fallo histórico la Corte reconoce, a menos nominalmente, al territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como una cuenca única integral, tal y como demandan desde hace una década sus poblaciones. 

Comunidades de Jujuy
Foto: Eduardo Sarapura

Contra un Estado provincial que viene reforzando su perfil “verde” extractivista, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc a lo largo de estos años han agotado todos los canales judiciales y políticos para hacer oír sus reclamos, presentando demandas en las cortes provinciales de Salta y Jujuy (por tratarse de un territorio bi-provincial), han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, elevaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizaron su propio protocolo de implementación de la Consulta denominado Kachi Yupi en el año 2015 (que llevaron a las diferencias instancias locales, provinciales y nacionales del poder Legislativo así como a Defensoría del Pueblo de la Nación).

En el año 2019 la empresa provincial JEMSE, ligada de manera accionaria en la extracción de Sales de Jujuy, impulsó nuevamente la licitación de zonas de las Salinas. Ésta fue resistida durante varias jornadas por las comunidades, pero nuevamente el año pasado la provincia emprendió y logró una nueva licitación entregando 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal al capital privado a cambio de 3 millones de dólares.

El reclamo legítimo de los y las pobladoras de la provincia ha intentado hacerse escuchar por diferentes medios, llegando incluso a elevar una carta al reconocido cineasta James Cameron, quien estaba de visita en la provincia y compartía fotos con el gobernador Morales, donde explican las consecuencias destructivas de esta minería sobre los ecosistemas.

Hoy sus demandas se ligan a los sectores sindicales, docentes, bancarios y municipales movilizados durante más de 15 días, que expresan tanto la crítica que desde los territorios afectados emerge frente al extractivismo, así como los reclamos que desde el conjunto de la ciudadanía expresan que este modelo de desarrollo no redunda en mejoras de la calidad de vida para el conjunto de los sectores populares.

*Melisa Argento es investigadora de CONICET. Dra en Ciencias Sociales UBA. Integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del IEALC (GYBC) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).

Letter to Gerardo Morales

Open Letter to the Governor of the Province of Jujuy, Gerardo Morales

Salinas Grandes, Tuesday, June 13, 2023

To the Governor of the Province of Jujuy, Gerardo Morales

Mr. Governor,

We are writing to you in order to respond to your public letter (via Twitter) last Sunday to Mr. James Cameron, regarding his statements in favor of the struggle of the communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc in relation to lithium mega-mining.

For centuries this Basin has been our “home” and we and our ancestors have lived in harmony with its ecosystem, caring for and respecting the vital cycles of nature. We deeply regret that, despite having raised the fulfillment of our rights formally and informally, our communities were discredited when an international figure took an interest in our claims.

First of all, it is important to clarify that the person who voices our concerns and demands does not do so in a personal but in a collective capacity. Therefore, any individual reprimand or response only puts at risk a person who defends the environment in a region where defending nature makes her vulnerable, and in a country where stigmatization is the first form of violence.

Fortunately, nature defenders are now protected by the Escazú Agreement, which has already entered into force.

In your public response, you state that the rights of the communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc have been respected and guaranteed by the province of Jujuy through consultation with some communities for the exploitation of lithium. It also suggests that information was provided and their consent was obtained. This is not so, Mr. Governor. There was never a process of prior and informed consultation with the communities of the Basin, as established by Convention 169 of the International Labor Organization (Law 24,071) and the Escazú Agreement (Law 27,566), despite the fact that both are part of the legal system in force in Argentina. On the contrary, we had to resort to provincial, federal and international instances, in order to be guaranteed the rights that the Government of Jujuy has systematically denied us for more than 13 years. In 2010, we had to go to the Supreme Court of Justice to order the provinces of Jujuy and Salta to enforce these rights. In March of this year, finally, the highest national court ordered the provinces of Salta and Jujuy to provide all the information related to the lithium exploration and mining authorizations granted in each of the provinces, as well as information on citizen participation, complaints and challenges against such permits. This information has not been provided to date.

We have also raised this claim before the UN and, after his visit to the country, the Special Rapporteur on Indigenous Peoples, Dr. James Anaya, recommended that Argentina guarantee the right to free, prior and informed consultation in Salinas Grandes in his 2012 report to the UN Human Rights Council.

In the province of Jujuy, we have had to resort to the courts due to the unjustified denial of information that we requested regarding mining permits and mining claims planned in our territory. Based on the Escazú agreement, the environmental court of Jujuy stated that the provincial government did not comply with its duty to guarantee effective access to information and ordered that this information be delivered to us in a complete and integral manner.

However, we were only able to obtain incomplete information on the more than 32 mining projects planned in our territory and were not allowed access to the environmental impact reports.

Given the lack of response from the government of Jujuy to all our requests, in 2015 we developed a participatory Protocol for the implementation of prior consultation that we call Kachi Yupi. You may remember it, because eight years ago, when you took office as Governor, we invited you to the Basin and, in an assembly held in the community of Alfarcito, we raised our concerns about the refusal to implement it by previous governments. You yourself promised us that you would sign a decree to implement it.

However, eight years later, we are sad to see that this never happened.

We believe that, in no way, delivering a technical folder with environmental impact reports and exploration and exploitation work plans means the fulfillment of our rights, as you claim in your public letter. It is an offense for us to pretend that the right to prior, free and informed consultation to indigenous communities, recognized by our country, is reduced to the delivery of a folder. We therefore understand that this right has never been respected in our territory. If there really exists the will in the Government to guarantee the right to prior, free and informed consultation, as established by ILO Convention 169, it should be included as a right in the constitutional reforms that are being debated these days in the province of Jujuy. Unfortunately, as all the people of Jujuy know and are demonstrating in the streets these days, this process is being carried out behind closed doors, without consultation with any sector or with the indigenous peoples. Everything suggests that the right to consultation will not be part of the constitutional reform either.

You also state in your letter that mining development through evaporation has not caused ecosystemic alterations or loss of biodiversity. However, there are countless scientific, geological and hydrogeological studies that validate our claims, making it clear that lithium mining is a water mining that can cause enormous risks for the ecosystemic life in the water basins of the puna because they are endorheic basins. These are things that we know because we live there.

It is important for you to understand that the greatest impact of this extractive industry is the use of large quantities of water. There is no need to remind you that we are facing a major water crisis in our country and in the world. Just look at the unprecedented drought due to the impact of the use of large quantities of water to extract lithium. The water at the bottom of the basin is a huge high altitude wetland, a necessary water reserve for the entire province, impossible to replenish. In fact, although the figure may vary according to specific conditions, about two million liters of water are used per ton of lithium carbonate. This permanent pumping causes the rupture of the natural water balance, generating the risk of water stress, the possible salinization of fresh groundwater and the drying up of natural “water eyes”, which are the aquifer sources for the life of our communities, our small animals and the microbacterial species that feed the birds. The whole chain of life is endangered by lithium megamining in these territories. The risk for us is the displacement of our populations and the elimination of our culture, knowledge and ancestral knowledge. For us, water is life. We can continue to live without lithium, but not without water. We would also like to remind you that indigenous peoples make up only 5 percent of the world’s population and occupy less than a third of the planet’s territories, yet they are responsible for preserving 80 percent of the Earth’s biodiversity.

Finally, you state in your public response to Mr. Cameron that “it is not true that there is a destruction of culture; the companies have been respectful of the worldview and community practices, incorporating in their corporate culture the ancestral cultural capital of the native communities”.

Mr. Governor, for fourteen years we have been under pressure from government officials, both national and international, and also from representatives of very powerful transnational corporations whose sole objective is to extract the lithium found in our territory, without taking into account the rights of the communities that inhabit it. These pressures have changed our lives and force us to a continuous state of alert because we feel permanently threatened. Our fears of the concrete and real damage that may be done to Mamita Pacha have not been allayed by your government, quite the contrary.

This situation destroys the harmony of our community life and threatens to transform our culture. We want to live in peace, carrying out sustainable projects that are respectful of our customs and the Pacha, that allow us to continue living in this place respecting the land, water and life as our grandparents and many generations have done for centuries.

We take this opportunity, Mr. Governor, to ask you once again that your government listen to us and guarantee our rights. We are open and willing to meet with you, in case you believe that dialogue can serve to advance along this path for the good of all.

Sincerely yours,

Indigenous Communities of Salinas Grande Watershed and Laguna de Guayatayoc

carta abierta a gerardo morales

Carta Abierta al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales

Salinas Grandes, martes 13 de junio de 2023


Al Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales
Sr. Gobernador,
Nos dirigimos a Ud. con el fin de responder su carta pública (vía twitter) del domingo pasado al Sr. James Cameron, a propósito de sus declaraciones en favor de la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en relación con la megaminería del litio.
Durante siglos esta Cuenca ha sido nuestra “casa” y, tanto nosotros como nuestros antepasados, hemos convivido en armonía con su ecosistema, cuidando y respetando los ciclos vitales de la naturaleza. Lamentamos profundamente que, a pesar de haber planteado el cumplimiento de nuestros derechos de manera formal e informal, desacreditar a a nuestras comunidades cuando una figura internacional se interesó por nuestros reclamos.
En primer lugar, es importante aclarar que la persona que lleva la voz de nuestras preocupaciones y demandas no lo hace a título personal sino colectivo. Por lo tanto, cualquier señalamiento o respuesta de carácter individual no hace más que poner en riesgo a una persona defensora del ambiente en una región en la que defender a la naturaleza la vuelve vulnerable, y en un país en que la estigmatización es la primera forma de violencia.
Afortunadamente, los defensores de la naturaleza estamos ahora protegidos por el Acuerdo de Escazú que ya ha entrado en vigencia.
En su respuesta pública, Ud. afirma que los derechos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc han sido respetados y garantizados por la provincia de Jujuy mediante la consulta a algunas comunidades para la explotación del litio. También sugiere que se brindó información y se obtuvo su consentimiento. Esto no es así, Sr. Gobernador. Nunca se realizó un proceso de consulta previa e informada a las comunidades de la Cuenca, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 24.071) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), a pesar de que ambos son parte del ordenamiento legal que rige en la Argentina. Por el contrario, debimos recurrir a instancias provinciales, federales e internacionales, a fin de que se nos garanticen los derechos que el Gobierno de Jujuy nos niega sistemáticamente desde hace más de 13 años. En 2010, debimos acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ordene a las provincias de Jujuy y Salta la aplicación de estos derechos. En marzo de este año, finalmente, el máximo tribunal nacional ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera del litio otorgados en cada una de las provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos. Esta información no ha sido aportada hasta el día de hoy.

Hemos elevado también esta demanda ante la ONU y, luego de su visita al país, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, recomendó que Argentina garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en Salinas Grandes en su informe del año 2012 al Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
En el ámbito de la provincia de Jujuy hemos tenido que recurrir a la justicia frente a la denegación injustificada de información que pedimos sobre pedimentos y permisos mineros planificados en nuestro territorio. En base al acuerdo de Escazú, el juzgado ambiental de Jujuy señaló que el gobierno provincial no cumplió con su deber de garantizar el acceso efectivo a la información y ordenó que nos sea entregada dicha información en forma completa e integral.
Sin embargo, apenas pudimos lograr que nos informaran de forma incompleta sobre los más de 32 proyectos mineros previstos en nuestro territorio y no nos fue permitido acceder a los informes de impacto ambiental.
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Jujuy a todos nuestros pedidos, en 2015 elaboramos participativamente un Protocolo para la implementación de la consulta previa que llamamos Kachi Yupi. Es posible que Ud. lo recuerde, porque hace ocho años, cuando asumió como Gobernador, lo invitamos a la Cuenca y, en una asamblea realizada en la comunidad de Alfarcito, le planteamos nuestra preocupación por la negativa a su aplicación por parte de los gobiernos anteriores. Usted mismo nos prometió que firmaría un decreto para implementarlo.
Sin embargo, ocho años más tarde, nos apena comprobar que eso nunca ocurrió.
Creemos que, de ninguna manera, entregar una carpeta técnica con informes de impacto ambiental y de planes de trabajo de exploración y explotación significa el cumplimiento de nuestros derechos, como usted sostiene en su carta pública. Es una ofensa para nosotros pretender que el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido por nuestro país, se reduzca a la entrega de una carpeta. Entendemos por lo tanto que este derecho nunca se respetó en nuestro territorio. Si realmente existe la voluntad en el Gobierno de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT, debería incluirse como un derecho en las reformas constitucionales que se están debatiendo en estos días en la provincia de Jujuy. Lamentablemente, como todo el pueblo jujeño sabe y lo manifiesta en estos días en las calles, este proceso se está haciendo a puertas cerradas, sin consultas a ningún sector y tampoco a los pueblos indígenas. Todo hace suponer que el derecho a la consulta tampoco será parte de la reforma constitucional.
Sostiene Ud. también en su carta que el desarrollo minero a través de la evaporación no ha provocado alteraciones ecosistémicas ni pérdida de biodiversidad. Sin embargo, existe incontable cantidad de estudios científicos, geológicos e hidrogeológicos que validan nuestros reclamos, dejando en claro que la minería de litio es una minería de agua que puede provocar enormes riesgos para la vida ecosistémica en las cuencas hídricas de la puna porque se trata de cuencas endorreicas. Estas son cosas que nosotros sabemos porque vivimos allí.
Es importante que Ud. entienda que el mayor impacto de esta industria extractiva es el uso de
grandes cantidades de agua. No hace falta recordarle que nos encontramos ante una gran crisis hídrica en nuestro país y en el mundo. Basta observar la sequía sin precedentes debida al impacto del uso de grandes cantidades de agua para extraer el litio. El agua del fondo de la cuenca es un enorme humedal de altura, una reserva de agua necesaria para toda la provincia, imposible de reponer. De hecho, aunque la cifra puede variar según las condiciones específicas, se utilizan alrededor de dos millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio. Este bombeo permanente, provoca la ruptura del equilibrio hídrico natural, generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida de nuestras comunidades, de nuestros animalitos y de las especies microbacterianas que alimentan a las aves. Toda la cadena de la vida se pone en peligro por la megaminería de litio en estos territorios. El riesgo para nosotros
es el desplazamiento de nuestras poblaciones y la eliminación de nuestra cultura, saberes y conocimientos ancestrales. Para nosotros el agua es la vida. Podemos seguir viviendo sin litio, pero no sin agua. Quisiéramos también recordarle que los pueblos indígenas son apenas el 5 por ciento de la población del mundo y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo son responsables de preservar el 80 por ciento de la diversidad que vive en la Tierra.
Por último, afirma Ud. en su respuesta pública al Sr. Cameron que “no es cierto que haya una destrucción de la cultura; las empresas han sido respetuosas de la cosmovisión y prácticas comunitarias, incorporando en su cultura empresarial ese capital cultural ancestral de las comunidades originarias”.
Sr. Gobernador, hace catorce años que sufrimos la presión de funcionarios gubernamentales, nacionales e internacionales, y también de representantes de corporaciones transnacionales muy poderosas cuyo único objetivo es extraer el litio que se encuentra en nuestro territorio, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades que lo habitan. Estas presiones nos han cambiado la vida y nos obligan a un continuo estado de alerta pues nos sentimos amenazados permanentemente. Nuestros temores al daño concreto y real que puedan hacerle a Mamita
Pacha no han sido despejados por su gobierno, sino todo lo contrario.
Esta situación destruye la armonía de nuestra vida comunitaria y amenaza transformar nuestra cultura. Queremos vivir en paz, realizando proyectos sustentables y respetuosos de nuestras costumbres y de la Pacha, que nos permitan seguir viviendo en este lugar respetando la tierra, el agua y la vida como lo hicieron nuestros abuelos y muchas generaciones durante siglos.
Aprovechamos entonces esta oportunidad, Sr. Gobernador, para pedirle nuevamente que su gobierno nos escuche y garantice nuestros derechos. Estamos abiertos y dispuestos a reunirnos con Ud., en caso de que crea que el diálogo puede servir para avanzar en ese camino para el bien de todos.
Lo saludamos atentamente,

Comunidades Indígenas de Cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc

James Cameron y Veronica Chavez

El director de cine James Cameron se reunió con Veronica Chavez, representante de las comunidades de Salinas Grandes que resisten al avance del litio en Jujuy. Ambos coincidieron en que “el agua vale más que el litio”

La fundación Avatar se comprometió a acompañar a las comunidades originarias que resisten el avance de la industria del litio sin consulta previa a las comunidades.

Buenos Aires, sábado 10 de junio de 2023

El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- solicitó reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio. Verónica Chávez, representante de la Comunidad Santuario Tres Pozos, llevó al director el mensaje de las comunidades de la Cuenca que defienden el agua y la vida, en tensión contra los proyectos de litio que avanzan ilegalmente en la zona. Luego de que ella le contara cómo es la vida de las comunidades en la cuenca, los dos coincidieron en el rol vital que tienen las Salinas en su modo de vida milenario, en el respeto las tradiciones ancestrales y cuidado del territorio: 

En el territorio de las Salinas Grandes vivieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, respetando sus vicuñas, sus plantas, y sus ojos de agua. Nosotros queremos cuidar la Mamita Pacha de la misma manera, para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos“.

El director visiblemente conmovido, admitió que era la primera vez que tomaba conocimiento y contacto con las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. También reconoció que al recibir la invitación por parte del gobierno provincial de Jujuy a conocer proyectos de energía solar y sustentabilidad, no le habían informado de la existencia de comunidades indígenas que resisten la explotación del litio. Dijo estar realmente honrado de conocerla y que el encuentro lo inspiró a aprender más acerca de la lucha de los pueblos originarios de la región.

James Cameron se disculpó frente a Verónica y a todas las comunidades por no haberlas contactado previamente y al expresar su deseo de recorrer el territorio afectado, y prometió visitar pronto a las comunidades de la cuenca. El director brindó su apoyo personal a la defensa del territorio y la vida. También el compromiso futuro de la Fundación Avatar para contribuir en defensa de las comunidades originarias que resisten el avance de la industria en la zona, en contra de la voluntad y sin consulta alguna con las comunidades.

Con respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada, Verónica le relató a James Cameron cómo el consentimiento debe ser aprobado de manera colectiva con todas las Comunidades, y no mediante el consentimiento individual de Comunidades aisladas. Relató algunas de las prácticas del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que consisten en otorgar beneficios a algunas comunidades y negárselos a otras. James Cameron entendió lo irregular y peligroso de esta situación. Y compartió que ya había visto este tipo de prácticas en otros países, como el caso del pueblo originario Xingú, en territorio brasilero. 

Verónica le obsequió una bufanda de lana de llama confeccionada en su comunidad que Cameron agradeció y, expresó que se sentía bendecido de haber conocido a Verónica. El director le confesó que estaba impresionado por la luminosidad y transparencia que ella transmite. La comunera Verónica quedó satisfecha con el encuentro y el compromiso de Cameron con la lucha de las Comunidades. 

El director de cine James Cameron -luego de su encuentro con Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy- quiso reunirse con las comunidades de los pueblos originarios de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, para enterarse de las luchas y las resistencias ante el avance de las empresas de litio.

Desde el año 2011 las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc denuncian que las perforaciones realizadas por las empresas mineras de litio provocan graves consecuencias sobre el sistema salino. Esto afecta la provisión de agua y su derecho a habitar su territorio ancestral y a una vida digna. 

En el marco de un intento de reformar la Constitución Provincial de Jujuy, los pueblos y comunidades se han organizado en defensa del agua, los salares y el territorio como bienes comunes. Exigen que se resguarde la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, políticos, indígenas, ancestrales y ambientales que tienen quienes habitan todos los territorios. 

Desde el año 2020 que declaran a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc “Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios y zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra las formas de la vida”.

Contacto de prensa: 

Veronica Chavez +54 9 388 512-9658

Alejo di Risio +54 9 11 23904594